Lo que ahora se está discutiendo es permitir que la Comisión Europea,
que cuenta con un Presupuesto anual de unos 160.000 millones
(equivalente aproximadamente al de las cuatro mayores comunidades
autónomas españolas), se endeude, con la anuencia de los estados que la
financian -España aporta unos 12.000 millones anuales-, para reunir en
varios años alrededor de 300.000 millones adicionales que los propios
estados invertirían para cebar la bomba del crecimiento.
¿De dónde sale
entonces el billón y medio de euros? Pues de un acto de fe. De confiar
en que cada euro invertido por los estados pueda movilizar cinco de
inversión privada. Se trata en definitiva de reeditar de alguna manera
el denominado Plan Juncker, pero no hay milagro ni va a ser posible
eludir sacrificios si los diferentes estados quieren superar este
difícil trance. Y lo que es fundamental. De ese mayor presupuesto de la
Comisión Europea, van a tener que responder los contribuyentes de cada
país.
Ahí estriba uno de los problemas. Los alemanes o los holandeses,
que han llegado a este momento con las cuentas saneadas se niegan a
compartir el riesgo, aunque sólo sea colateralmente, con otros que no
han sido tan diligentes y que llegan con déficits en el entorno
peligroso del 3%, como España o Francia.
Los "tecnócratas" del Norte no
están dispuestos a tragar que mientras ellos saneaban sus estados
financieros Macron jugara a ganar adeptos con dinero público atrayéndose
la simpatía de los chalecos amarillos y que Sánchez e Iglesias hicieran
lo mismo subiendo el salario mínimo o las pensiones. Estar en Europa
tiene muchas ventajas, pero exige tener unas pautas de comportamiento,
que alguno había olvidado.
España debe ser consciente por tanto de que no va a disfrutar de una
barra libre si quiere estar en el euro. Ya le ocurrió a Grecia cuando
la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza) ascendió al poder en enero
de 2015. A pesar de rozar la mayoría absoluta, tuvo que plegarse a las
condiciones que le puso Europa para obtener la financiación necesaria
para superar la crisis.
Aquello provocó la dimisión del carismático
ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, y la escisión de 25 diputados
del partido. Pero Syriza tuvo que asumir las condiciones de Bruselas y
adoptar eso que la izquierda denomina peyorativamente austericidio pero
que no es otra cosa que un ejercicio de realismo para ajustar tus gastos
a tus ingresos, para poder superar la crisis. España tendrá tarde o
temprano que seguir el mismo camino y tendrá que elegir el modo de
hacerlo.
España parte con un déficit en 2019 del 2,8% y sólo Francia entre
las grandes economías europeas empeora este dato con un 3%. Ambos
países, que acumulan una abultada deuda sobre PIB del 98,1% y 95,8%,
respectivamente, estarían en estos momentos en la base de la pirámide, a
punto de ser apercibidos por la Comisión Europea. La situación no sería
alarmante en condiciones normales, pero el tsunami económico derivado
de la crisis del coronavirus ha desatado todas las alarmas. El deterioro
de los números a partir de ahora va a ser alarmante.
Mientras países
que en su momento estuvieron señalados como Irlanda, Portugal o Grecia
enfocan la crisis con equilibrio o superávit, España y Francia son ahora
los alumnos más rezagados, peor incluso que Italia. Empieza a ponerse
de manifiesto, además, que la crisis económica será especialmente dura
con nuestro país debido fundamentalmente a la dependencia de sectores
muy sensibles al confinamiento como el turismo o la hostelería.
Y no hay
en este momento recursos en Europa para paliar los efectos
devastadores.
El impacto de la crisis supondrá que España necesitará emitir
300.000 millones de euros al año (200.000 millones para hacer frente a
los vencimientos de deuda y alrededor de 100.000 millones más cubrir el
déficit que se prevé), cuando el fondo del MEDE apenas dispone de
400.000 millones para asistir a todos los estados miembros.
Es en estos momentos cuando España llega a su laberinto y la prima
de riesgo de nuestro país ya empieza a notar la tensión. Va a necesitar
recursos para superar la crisis y tiene que contar con el respaldo o
bien de los mercados o bien de Europa para conseguirlos y todos le van a
exigir garantías, en términos de sacrificios, para otorgarle ese apoyo.
Y eso pasa por sacrificar esa renta mínima permanente que está
vendiendo el Gobierno y posiblemente el mantenimiento de poder
adquisitivo de funcionarios y pensionistas. Hay otro camino. Que la
fiesta nos la paguemos nosotros con una subida masiva de impuestos.
Alguien cree que habrá tejido productivo para sostener nuestro Estado de
Bienestar si se elige esa opción.
(*) Periodista y director adjunto de Expansión
