MURCIA.- Representantes sindicales de los trabajadores de las ITV
reiteraron este miércoles su exigencia de que la ITV de Alcantarilla
mantenga su carácter público y pusieron en duda que el sector pueda regularse mediante un decreto pues, aseguraron, la legislación europea establece que este tipo de normativa debe tener rango de ley.
Una
decena de miembros de los sindicatos CSIF, CC.OO., UGT, Intersindical
Servicios Públicos y FSES, junto con algunos trabajadores, se reunieron
este miércoles a las puertas del Palacio de San Esteban, donde se estaba
celebrando el Consejo de Gobierno.
En declaraciones a
los medios de comunicación, José López, inspector mecánico de la ITV
pública de Alcantarilla con unos 25 años de experiencia en el sector,
consideró que el nuevo decreto que prepara el Ejecutivo para regular el sector es "ilegal", puesto que una directiva europea establece que este tipo de normativa debe regularse con rango de ley.
Además, lamentó que el
Gobierno regional no cumplió sus compromisos en relación con la
recuperación de los puestos de trabajo de los empleados interinos,
que no fueron reasumidos, y tampoco se reunió con los representantes de
los trabajadores ni les ha informado sobre el proceso que se está
llevando a cabo, dijo.
También criticó la falta de
información Ignacio Álvarez, de Intersindical; Encarna Espín, de UGT, y
Juan Miguel López, de CSIF, que pidieron la dimisión del consejero de
Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, por incumplir sus
compromisos de reunirse con el sector y negociar una salida para el
mismo.
Además, insistieron en que los informes técnicos
demuestran que la ITV pública de Alcantarilla es la más rentable para
las arcas públicas y la más económica para los ciudadanos, por lo que no tiene sentido avalar la privatización del sector.
Por
su parte, la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, explicó en
declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Consejo
de Gobierno que el decreto en el que aún se está trabajando recoge "el
consenso social" de empresarios, taxistas, agricultores, autonómos y
también de los sindicatos, que están representados en la mesa de función
pública y cuentan con toda la información al respecto.
Arroyo insistió en que los 30 trabajadores de la ITV de Alcantarilla no tienen que tener preocupación alguna,
pues no corren peligro ni sus puestos de trabajo ni sus condiciones
laborales, y añadió que el Ejecutivo está buscando una solución viable
para el conjunto de los 200 trabajadores del sector para garantizar su
"estabilidad".
La portavoz recordó que, dado que el
decreto-ley que estaba previsto aprobar en la Asamblea Regional no fue
finalmente convalidado porque no contó con el apoyo de la oposición, seguimos en una situación de "vacío legal" en la que rige la ley estatal y "la única manera" que tiene el Gobierno para salir de esa situación es por la vía del decreto.
Si
existe algún problema jurídico con el mismo, dijo, lo determinará el
Consejo Jurídico de la Región, al que se remitirá el texto tras su
aprobación por el Consejo de Gobierno, lo que espera que se pueda llevar a cabo en la reunión del próximo miércoles.
En
cualquier caso, insistió en que se garantizará la estabilidad de los
trabajadores e indicó que los usuarios que pasaron la ITV en este
periodo no deben temer por su validez, pues están amparados por la ley
básica estatal.
