MURCIA.- El Fiscal Superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha anunciado que
está estudiando la posibilidad de que puedan ingresar en prisión
"algunos o todos" los 13 condenados el pasado miércoles por la Audiencia
Provincial de Murcia por su participación en una red de prostitución de
menores.
Cabe destacar que, de esos 13 acusados, siete eran
empresarios de la Región de Murcia que reconocieron que pagaron a cambio
de mantener sexo con menores de edad pero evitarán ir a la prisión tras
pactar con la Fiscalía una pena de cinco meses de cárcel por cada uno
de los delitos cometidos.
En la causa figuraban otros seis
acusados que pertenecían a la red de captación y prostitución, que
también pactaron con la Fiscalía para evitar la prisión.
En
declaraciones concedidas a Onda Regional,
Díaz Manzanera ha admitido la posibilidad de convocar la Junta de
Fiscales para tomar la decisión de penar con cárcel a los responsables
de esta red de prostitución de menores.
Díaz Manzanera ha
puntualizado que, debido precisamente el "retraso" que acumula la
Justicia, sucede de forma "reiterada" que se aplica lo que se conoce
como "atenuante de dilaciones indebidas" que puede conllevar la rebaja
de la pena en uno o en dos grados en función de la demora del
procedimiento y de otras circunstancias. De hecho, ha señalado que esto
es lo que ha sucedido en el caso de la red de prostitución de menores.
En relación a este proceso de la red de prostitución de menores, Díaz
Manzanera ha abierto la puerta a la posibilidad de que ingresen en
prisión "algunos o todos los condenados" y ha recordado que es un asunto
que, precisamente, se encarga de estudiar la Junta de Fiscalía.
"Tengo intención de convocar una Junta de Fiscalía, ya veremos a ver
en qué términos y a qué fiscales, para poder debatir esta cuestión",
según Díaz Manzanera, quien ha afirmado que su propósito es que el
Ministerio Público "tenga una opinión común y clara al respecto de si
procede o no procede el ingreso en prisión y respecto de quién".
A su vez, ha anunciado que la Fiscalía General está trabajando en
una circular en la que se va a tratar la protección de las víctimas y,
dentro de esta circular, Díaz Manzanera espera que se trate también
"algunas directrices de carácter general de obligado cumplimiento para
todos los fiscales en los casos de conformidades como el que se ha
producido en el presente caso".
En este sentido, ha advertido
que la redacción de un documento de estas características, que es
vinculante para todos los fiscales de España en base al principio de
unidad de actuación en el que se rigen, "tiene su complejidad y sus
matices".
"Imagino que no es un documento fácil de redactar,
pero estoy convencido de que el Fiscal General va a dar un impulso final
a esta instrucción para que podamos tener unas directrices más claras
al respecto", según Díaz Manzanera.
En concreto, el Fiscal
Superior de la Región espera que este documento establezca unas
directrices más claras "no solamente para las conformidades", sino
también para la posibilidad de que los fiscales se opongan o no al
cumplimiento de la pena, en este caso privativo de libertad.
Por otro lado, Díaz Manzanera ha señalado que el índice de conformidades
en la Región de Murcia y a nivel nacional "es muy grande", lo que
"también está esto relacionado con que la inmensa mayoría de esas
conformidades se están produciendo en los juicios rápidos que se están
celebrando en los propios juzgados de instrucción, en los servicios de
guardia".
"Porque hay muchísimos delitos, fundamentalmente,
delitos contra la seguridad vial, básicamente, que normalmente se
resuelven vía pacto y vía conformidad", según Díaz Manzanera. No
obstante, ha puntualizado que en la "inmensa mayoría" de estos casos "no
se aplica la atenuante por dilaciones indebidas".
Así, ha
señalado que la atenuante por dilaciones indebidas "se aplica en casos
en los que el procedimiento se retrasa demasiado en el tiempo", algo que
"por desgracia está pasando mucho".
"Y eso está relacionado también
directamente con que, obviamente, la justicia tiene que mejorar, y la
mejor manera de que esto suceda es dotándola de medios, fundamentalmente
de medios personales".
El objetivo es "evitar que esas
respuestas que se están dando por parte de la justicia sean, en
numerosos casos, demasiado tardía".
Despliegue de pancartas
El Colectivo Fuste ha desplegado este viernes por la mañana dos
pancartas frente a la sede del Palacio de Justicia de Murcia contra la
sentencia de la Audiencia Provincial que "libra de la cárcel a los 13
acusados de prostituir menores en Murcia", según informaron fuentes de
esta organización en un comunicado.
Cabe destacar que, de esos
13 acusados, siete eran empresarios de la Región de Murcia que
reconocieron que pagaron a cambio de mantener sexo con menores de edad
pero evitarán ir a la prisión tras pactar con la Fiscalía una pena de
cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos cometidos. En la causa
figuraban otros seis acusados que pertenecían a la red de captación y
prostitución, que también pactaron con la Fiscalía para evitar la
prisión.
'No es justicia, sentencias machistas' es el lema
que se podía leer en una de las pancartas colocadas esta la madrugada en
la barandilla sobre el río Segura, frente a la Audiencia Provincial, en
"repulsa por el acuerdo de conformidad al que llegaron esta semana la
Fiscalía y la defensa de los acusados que rebaja sustancialmente las
condenas solicitadas al inicio del proceso", tal y como afirma el
Colectivo Fuste.
Otra pancarta, colocada en la barandilla
anexa, destaca que las víctimas de la trama organizada de explotación
sexual 'Eran menores'. Las víctimas, que tenían entre 14 y 17 años
cuando se produjeron los hechos, eran captadas en centros escolares y
locales de ocio juvenil y "procedían generalmente de hogares
vulnerables", según las mismas fuentes.
"Valiéndose de su
posición de poder y aprovechándose de situaciones de necesidad y gran
vulnerabilidad, los ocho empresarios demandaban constantemente 'chicas
nuevas', a las que los responsables de la trama --había seis proxenetas
acusados-- instruían para que manifestaran que tenían incluso menos
edad", tal y como ha subrayado el Colectivo.
Se trata de "un
abuso de poder inaceptable que no recibe ahora un castigo
proporcionado", tal y como han subrayado las responsables de la
colocación de las pancartas, del Colectivo Fuste.
Las
pancartas llaman la atención sobre el desarrollo y finalización del
proceso judicial, que se ha prolongado durante diez años, y el Colectivo
ha lamentado que "la dilación del procedimiento ha servido como
atenuante para los acusados, pero nadie ha llamado la atención sobre el
hecho de que la ausencia de un plazo razonable para tramitar una causa,
que nos exige el Derecho, ha sido todavía más lesiva para las víctimas".
Y es que las víctimas "han debido someterse a procesos de
revictimización durante el juicio, ya como mujeres adultas, y han visto
vulnerada su dignidad con las condenas dictadas, incluido el pago de
multas e indemnizaciones a las víctimas que resultan irrisorias para la
posición económica de los empresarios acusados", tal y como han señalado
las portavoces del grupo feminista.
Asimismo, han llamado la
atención sobre otras circunstancias del proceso judicial. "Además del
insuficiente castigo penal que el acuerdo alcanzado evidencia, produce
consternación ver cómo los propios acusados se han mostrado en el
juicio", ha aseverado.
"Estamos acostumbrados a ver a los
acusados en casos de explotación, abuso y agresión sexual taparse y
ocultarse durante las vistas o cuando llegan a los juzgados", según el
Colectivo. Sin embargo, ha lamentado que "en esta ocasión los hemos
podido ver a cara descubierta, lo que nos hace pensar que tampoco temen
la sanción social de su entorno".
"Y esto es muy grave, pues
parece indicar que esos comportamientos --marcados por la masculinidad
hegemónica y el abuso de poder-- puedan tener aceptación hoy en día",
según las mismas fuentes.
El Colectivo feminista pretende de
esta manera protestar contra una sentencia que, "lamentablemente nos
recuerda a otras recientes en las que procesos que tratan distintas
formas de violencia contra las mujeres, como agresión, abuso o
explotación sexual, muestran la persistencia de patrones machistas en la
administración de justicia y que han recibido una rotunda contestación
social en los últimos, como sucedió en la primera sentencia de la
Audiencia Provincial de Navarra por el caso conocido como de la manada".
Postura de Vox
Pedimos cárcel, prisión permanente revisable para los violadores, pederastas y asesinos, dice Vox Región de Murcia en un comunicado.
Desde
Vox recuerdan que su posicionamiento es cadena perpetua y que hay que
modificar las leyes "para que estos violadores no vean la luz del día".
Vox es el único partido que defiende penas más duras para violadores, pederastas y asesinos.
