viernes, 30 de octubre de 2015
El movimiento nacional / Ramón Cotarelo *
En dos días Rajoy ha hablado con más
políticos ajenos al PP que en sus cuatro años de gobierno. Estos
independentistas catalanes van a acabar consiguiendo que en España
reviva la gloria del Imperio y el orgullo de la raza.
El
presidente del gobierno, siguiendo su natural querencia, empezó por
llamar a La Moncloa a los suyos, Sánchez y Rivera, gente de orden.
Alguien debió de decirle que no estaba bien dejar fuera a Iglesias, pues
luego va largando por los platós. Y algún otro le forzó la mano para
que llamase asimismo a Garzón y Durán. Fuera se quedó Rosa Díez, sin
duda porque, siendo mujer y no del PP, para Rajoy es perfectamente
invisible. En cuatro años no se ha molestado en pronunciar bien su
apellido, que es Díez y no Díaz, como dice él, no por ignorancia, sino
por afán de humillar. Ninguno de los cinco machos convocados ha dicho
ni pío sobre la exclusión de Díez, lo que permite calibrar su
sinceridad cuando hablan de igualdad de género. Lógico: no están para
tonterías políticamente correctas sino para atender a la Patria
en peligro y forjar una unión sagrada en su defensa, un verdadero
movimiento nacional, que es cosa de hombres, con el que el genio de La
Moncloa aspira a ganar de nuevo las elecciones, como su inspirador
ideológico, Franco, ganó una guerra civil.
Se
acabaron los disimulos. Nada de votos, escaños, elecciones,
plebiscitos, porcentajes, mayorías, minorías. Los independentistas no
pueden salirse con la suya aunque alcanzaran el 100 por ciento de los
votos y de los escaños, porque no. Todo lo demás, sobra. Unión sagrada
nacional que, por cierto, han roto estos bellacos de la izquierda valenciana. Nada
de contemplaciones: ley, orden, constitución, soberanía, una, grande
libre y, si la cosa se complica, prohibición, inhabilitación, represión,
prisión y lo que sea menester. Desde luego, todos estos guerreros están
dispuestos a hablar cuanto haga falta con los soberanistas catalanes
siempre que depongan su actitud, haciendo a un lado la experiencia obvia
de que, cuando deponen su actitud, nadie habla con ellos. En todo caso,
para amenazarlos o llamarlos nazis.
La
melopea del PP y su jefe es siempre la misma: los independentistas han
de acatar la ley y las decisiones de los tribunales. Que sea la misma
ley que Rajoy y el PP cambian cuando, como y donde les da la gana sin
consensuar nada con nadie, y los mismos tribunales con militantes de su
partido, no es óbice para aplicárselas a los catalanes, según el
principio del embudo. Felices de esta ocasión, las derechas
neofranquistas encaran unas elecciones en las que no se hablará de
cuánto han robado y cómo han destrozado el país, sino de la integridad
territorial de la sagrada Patria.
El
discurso de C's es idéntico al del PP: ley y tentetieso. El mimetismo
de estos con el partido de Rajoy es tan completo que, según parece,
también Ciudadanos tiene las cuentas poco claras. Quería presentarse
como el relevo de una derecha corrupta pero, según parece, no podrá ser.
Además, quizá ni sea necesario: la defensa de la gran nación española
pondrá sordina a los escandalazos de corrupción de esta asociación de
presuntos malhechores muy patriotas.
El
PSOE matiza su triste papel de comparsa de la derecha neofranquista
balbuceando algo sobre una imprecisa reforma de la Constitución que los
socialistas saben de sobra que jamás conseguirán. Y, caso de
conseguirla, tampoco serviría para nada porque la dinámica constituyente
catalana está en otra galaxia.
Podemos
habla de referéndum catalán vinculante mientras se bizma los chichones
de las elecciones catalanas. Trata de ganarse las simpatías en el campo
españolista asegurando que es el mejor modo de conservar la unidad de
España, creyendo quizá que va a engañar a los descendientes del caudillo
que lo era por la gracia de Dios. En todo caso, tendrá que aclarar si
se encuadra en el frente nacional o no. Todavía no han gobernado y ya
están metidos en el baile de las medias verdades y las medias mentiras.
Hasta
Garzón defiende la unidad de España frente a las termitas catalanistas
porque, ha descubierto que Rajoy y Mas tienen los mismos intereses:
ocultar sus vergüenzas. El hecho de poner a Mas a la bajura de Rajoy,
como hacen también el PSOE y Podemos, es la prueba definitiva de que la
izquierda española no ha entendido nada del independentismo catalán, que
no es cosa de una persona, un grupo o una pandilla, sino otro
movimiento nacional, pero popular. Y, desde luego, una revolución.
Durán, supongo, acudirá a La Moncloa a pedir cristiana clemencia con los que desea ver vencidos.
Y
Díez, cuya oposición al nacionalismo catalán ha sido siempre frontal,
al verse excluida por el patriarcado, a lo mejor acude a los tribunales.
No sería disparatado.
Este
intento de fraguar un frente nacional no servirá para nada porque solo
tiene una funcionalidad simbólica. Pero su consecuencia será muy
real: uncir a los demás partidos, empezando por el PSOE, al carro de la
derecha y hacerlos corresponsables de los dislates que esta continuará
cometiendo. Resulta curioso cómo la oposición, en especial el PSOE, no
entiende que, al sumarse a la polarización y la confrontación,
admite carecer de discurso propio frente al independentismo y que, por
lo tanto, ya ha perdido.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
Aprobada una enmienda de 'Cambiemos Murcia' para la eliminación de la tasa por el informe de reagrupación familiar
MURCIA.- El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una enmienda
presentada por Cambiemos Murcia a las ordenanzas fiscales para la
eliminación de la tasa por la emisión del informe municipal sobre
condiciones de habitabilidad de vivienda por reagrupación familiar.
La formación municipalista ha explicado que la mencionada tasa, en
vigor desde hacía cuatro años y que ascendía a 100 euros por informe,
afectaba en especial a inmigrantes con pocos recursos. Esto, en palabras
del concejal Sergio Ramos, demuestra el carácter "discriminatorio,
xenófobo y racista" de la misma.
También se ha dado luz verde, con los votos a favor de PSOE, Ahora
Murcia y Ciudadanos, a una moción de Margarita Guerrero, concejala de
Cambiemos, para la elaboración de un plan contra la pobreza energética
al objeto de garantizar que ninguna familia se quede sin el suministro
de servicios básicos como son la luz, el gas natural y el butano.
Otra de las propuestas presentadas por Cambiemos Murcia y aprobadas
en este Pleno ha sido la que solicitaba la defensa de los Servicios
Sociales municipales ante el riesgo que corren por la Ley de Reforma y
Sostenibilidad de la Administración Local, del Partido Popular.
Esta reforma, ha recordado Guerrero en la sesión de hoy, prevé la
retirada de competencias a los ayuntamientos en materia de los servicios
sociales, exceptuando la evaluación inicial y las situaciones de riesgo
de exclusión social en el caso de los municipios de más de 20.000
habitantes, como el de Murcia.
Sin embargo, se han rechazado tanto la moción en la que Cambiemos
solicitaba que el municipio de Murcia fuera declarado opuesto al TTIP,
que ha sido tumbada por los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos,
como la de Sergio Ramos para que no se realice el traslado del centro
médico de Los Ramos al centro cultural de la pedanía.
Por su parte, Nacho Tornel ha retirado su moción para la supresión
del canon por vertidos de agua de achique al alcantarillado que afecta
desde hace más de una década a comunidades de propietarios por la
inundación de segundos sótanos con el fin de consensuar entre todos los
grupos y Emuasa una mejor aplicación de la propuesta.
El Pleno ha sacado adelante, con todos los votos favorables, una
moción conjunta de apoyo a la Marcha Estatal contra las violencias
machistas que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en Madrid. El
acuerdo municipal consiste, entre otros asuntos, en "sostener todos los
días del año, todos los años, los recursos personales, materiales y
políticos para la igualdad y para la prevención y atención jurídica,
social y psicológica a las víctimas de violencia machista", así como la
erradicación del sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos
sexuales en todas las actuaciones y servicios del Ayuntamiento.
Como acto simbólico, se colocará el 7 de noviembre en la fachada de
la casa consistorial una pancarta violeta con el lema "Contra las
violencias machistas".
Destinar una parte de la Cárcel Vieja a honrar la memoria de los
cientos de presos que pasaron por aquella prisión en la dictadura
franquista, en consonancia con las peticiones de la Asociación de
Memoria Histórica, era el objetivo de una moción suscrita por Cambiemos
Murcia, PSOE y Ahora Murcia que finalmente ha sido retirada porque la
intención del PP y Ciudadanos era vaciarla de contenido y obviar el
recuerdo a los represaliados por el franquismo.
Cambiemos Murcia ha planteado una reunión entre todos los grupos para
que la moción sea aprobada de forma consensuada, pero ni PP ni
Ciudadanos han estado por la labor.
El PSOE logra el compromiso de un IBI social para las familias con menos recursos en el municipio de Murcia
MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista ha logrado este jueves el compromiso
del Ayuntamiento de Murcia para que en los Presupuestos de 2016 se
reserva una partida económica para familias con escasos recursos y
puedan hacer frente al pago de la contribución, el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), conocido como 'IBI social. Esta ha sido una de las
principales iniciativas del PSOE en el Pleno Municipal del Ayuntamiento
de Murcia.
Cuatro de las siete mociones presentadas por el Grupo Socialista han
sido aprobadas por unanimidad. Entre esas mociones se encuentran la de
crear una Mesa del Transporte Público en la que estén representados
todos los agentes implicados y que tenga como finalidad la elaboración
de un verdadero Plan de Movilidad para el municipio; la petición de que
los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Murcia, personados como
acusación particular en el Caso Umbra, colaboren con la Justicia y
trabajen activamente por los intereses del consistorio y del municipio; y
la exigencia de que se aseguren las garantías jurídicas para los
vecinos y vecinas afectado por la reclasificación de los terrenos de
Joven Futura, declarada ilegal por el Tribunal Supremo.
Asimismo, y a petición de la Plataforma Pro Soterramiento, el Grupo
Municipal Socialista ha presentado una moción para instar al Gobierno de
España a licitar las obras de una tercera vía férrea para el transporte
de mercancías a su paso por Murcia, consiguiendo el voto unánime del
Pleno.
A pesar de los votos en contra del PP, la moción para la elaboración
de un proyecto de soterramiento integral que respete el acuerdo de 2006,
defendida en el Pleno por el portavoz socialista, José Ignacio Gras, se
ha aprobado por los votos a favor de toda la oposición tras refundir la
moción presentada por Ahora Murcia y Cambiemos Murcia en este sentido y
votarla de forma conjunta.
Con el voto a favor de PP y Ciudadanos se ha aprobado también la
moción presentada por el PSOE reclamando soluciones ante la creciente
ola de inseguridad ciudadana en la pedanía de Espinardo. Ahora Murcia y
Cambiemos Murcia se han abstenido.
La moción para la ampliación del Centro Municipal de Nonduermas no ha
salido adelante como consecuencia del voto negativo de PP y C's, a
pesar de haber recibido el apoyo del resto de grupos políticos.
En cuanto a las mociones conjuntas en las que el Grupo Municipal
Socialista ha formado parte, se ha aprobado por unanimidad la solicitud
al Gobierno regional de tomar medidas en cuanto a las competencias
impropias del consistorio; el compromiso del Ayuntamiento con la lucha
contra la violencia de género y la marcha del 7 de noviembre y la
petición a la Consejería de Educación de construir un comedor escolar en
el CEIP Ciudad de La Paz de El Palmar y el mantenimiento y puesta en
valor del Museo del Ferrocarril.
El Grupo Municipal Socialista ha puesto como condición al voto
favorable de las Ordenanzas Fiscales el compromiso del equipo de
Gobierno de poner en marcha un IBI social, pensado para aquellas
familias del municipio que atraviesan dificultades económicas.
Fomento priorizará la utilización del sistema de concurso en las licitaciones para las grandes obras públicas
MURCIA.- El consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, ha
indicado que se ha
acordado priorizar la utilización del sistema de concurso en el marco
de un procedimiento de adjudicación del contrato de obras públicas.
Con
esta fórmula, ha explicado Francisco Bernabé, "se pretende evitar el
empleo del sistema de subasta con el que se suele incurrir en bajas
temerarias de las ofertas y que luego ocasionan muchos problemas durante
la ejecución de las obras".
De este modo, ha resaltado que con el
método de concurso, "los contratistas presentan el proyecto y unos
precios cerrados y es la Administración la que valora las propuestas
técnicas y económicas, así como todas aquellas mejoras introducidas en
el proyecto, los plazos y otras cuestiones a tener en cuenta".
El
titular de la Consejería de Fomento ha apuntado que esta iniciativa,
"pese a que incide en una cuestión de técnica administrativa, contribuye
de forma decidida a la sostenibilidad económica del sistema y pretende
evitar las bajas temerarias en las ofertas, cuyas consecuencias pueden
ser graves en el desarrollo y ejecución de las obras".
Esta
iniciativa forma parte de las propuestas recogidas en el texto del
capítulo del Libro Blanco de la Construcción dedicado a Obras Públicas,
en el que están trabajando un equipo redactor que recoge las sugerencias
de los 24 colectivos y asociaciones que forman parte de esta
iniciativa, que pretende marcar el desarrollo de la Región en todos los
ámbitos de la construcción en el horizonte 2015-2025.
El consejero
ha explicado que el Grupo de Trabajo de Obras Públicas del Libro Blanco
de la Construcción estableció en la reunión como línea prioritaria
finalizar las obras de los principales ejes de comunicación por
carretera de la Región, como las autovías del interior del Altiplano,
con la A-33 en su trazado completo que comunicará Yecla con Fuente la
Higuera; la de El Reguerón; la de Zeneta a Santomera, más conocida como
la 'autovía del bancal'.
Asimismo, ha enumerado como necesarias el
desarrollo de las autovías regionales que conecten Lorca con Caravaca
de la Cruz y Venta del Olivo y la autovía del Mar Menor pasando por
Torre Pacheco entre la A-30 y la AP-7, y los Arcos Norte y Noroeste de
Murcia.
Otras de las obras públicas destacadas son la llegada de
la Alta Velocidad a la Región, en primer lugar a la capital, Murcia,
para continuar su extensión a Cartagena y Lorca, la conexión con el
Corredor Mediterráneo, cuya línea ferroviaria permitirá mejorar el
transporte tanto de personas como de mercancías con el resto de Europa,
la apertura del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el
desarrollo de las Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) en Murcia y
Cartagena.
Igualmente, Bernabé ha resaltado la importancia de
fomentar la incorporación de la accesibilidad en el proceso de ejecución
de todas las obras públicas.
jueves, 29 de octubre de 2015
Eduardo Mendoza: "Tenemos los delincuentes que nos merecemos"
MADRID.- El escritor Eduardo Mendoza dijo hoy que
España tiene "los delincuentes que nos merecemos" al presentar
su novela "El secreto de la modelo extraviada".
Su nueva obra es la quinta entrega del detective loco y sin
nombre que Mendoza (Barcelona, 1943) comenzó con "El misterio de
la cripta embrujada" en 1979.
En "El secreto de la modelo extraviada" (Seix Barral) el escritor se adentra en los "oscuros tejemanejes de los poderosos" mientras el detective resuelve el caso del asesinato de una modelo y muestra la evolución de Barcelona en manos de un gobierno codicioso.
"No sé si tenemos los gobernantes que nos merecemos, pero sí tenemos los delincuentes que nos merecemos: unos estafadores de muy poca monta. En vez de ingeniería financiera hacen lampistería financiera", comentó Mendoza en referencia a los políticos y empresarios corruptos en la presentación del libro.
El escritor muestra una Barcelona de hace 30 años, sin turistas, cuando La Pedrera, diseñada por Antonio Gaudí, hoy día uno de los lugares más visitados de Barcelona, donde se presentó el libro, era un edificio abandonado, y después llega a la ciudad actual, "convertida en destino turístico por excelencia en todo el mundo". Cuando él pasea por el Paseo de Gracia ya no se encuentra a sus amigos de juventud o del servicio militar: "Ahora ya no te encuentras a nadie ni de tu ciudad ni de tu raza".
En sus novelas "siempre hay una irritación por el toque publicitario de esta Barcelona, ciudad de celebraciones y congresos" cuando en realidad es "una ciudad con muchos problemas y conflictiva, con potencial de convertirse en algo terrible tras su máscara de amabilidad".
Su detective, también protagonista de "El laberinto de las aceitunas", "La aventura del tocador de señoras" y "El enredo de la bolsa y la vida", "consigue hacer casi todo, viajar, dormir, comer, sin dinero. Tampoco tiene teléfono" y por no tener no tiene nombre porque así ha querido el escritor. Preguntado por si se imagina a su detective en una Barcelona capital de una república catalana, respondió que no se lo imagina porque "los novelistas vamos a rastras de la realidad".
Para Mendoza el personaje central de su novela es la señorita Westinghouse, "que sufre una evolución de Guardia Civil, a travesti y a defensor de la patria. Un personaje bastante simbólico de todos nosotros porque baila al son que tocan", afirmó.
Mendoza, que comenzó en 1975 su carrera literaria con "La verdad sobre el caso Savolta", pensó en escribir sus memorias "pero vi que mi vida era muy aburrida, que no me pasó nada de interés, así que decidí no escribirlas".
El Ayuntamiento de Madrid gravará más a los grandes propietarios
MADRID.- El Ayuntamiento de
la capital española, gobernado por la plataforma ciudadana Ahora Madrid,
ingresará el próximo año 100 millones de euros más al eliminar
bonificaciones a ciertos edificios históricos y elevar la fiscalidad a
los inmuebles no residenciales de mayor valor catastral.
Las nuevas medidas tributarias y la reducción de la
partida de la deuda permitirán elevar el gasto social de la ciudad un 24
por ciento, hasta 640 millones de euros.
Los nuevos responsables municipales de Madrid -que
gobiernan desde junio y entre los que hay representantes del partido
antiausteridad Podemos- aprobaron el jueves las ordenanzas fiscales para
2016 con el objetivo de repartir de forma más equitativa los tributos
de la ciudad.
El Ayuntamiento reducirá un 7 por ciento el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI) para todas las viviendas y mayoría de
locales comerciales, pero lo subirá entre un 7 y un 9 por ciento para
los inmuebles de uso no residencial con valores catastrales más elevados
-el 0,3 por ciento del total-, lo que permitirá aumentar la recaudación
en 48 millones de euros.
Otra medida que permitirá elevar los ingresos fiscales
afectará a las familias numerosas con rentas más altas cuya vivienda
habitual supera los 204.000 euros de valor catastral, alrededor del 28
por ciento del total, que dejarán de obtener unas actuales
bonificaciones en el IBI que oscilan entre el 60 y 90 por ciento.
Además, el responsable del Área de Economía y Hacienda
del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, explicó que se
eliminará la actual exención del 80 por ciento a los edificios
históricos que albergan negocios, sumando otros 12,26 millones más a las
arcas municipales.
Estas ordenanzas tendrán que recibir el respaldo del
pleno, para lo que se prevé que Ahora Madrid cuente con el apoyo de los
socialistas, que ya respaldaron la elección de Manuela Carmena como
alcaldesa.
Un Pedro Antonio patético e incapaz hace gala de sus carencias como político ante la Asamblea Regional
CARTAGENA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, ha señalado, en su discurso en la Asamblea Regional y ante la negativa de la oposición a aprobar el techo de gasto, que "se equivoca quien cree que puede castigar al PP castigando a los murcianos".
Sánchez ha
informado a la Cámara de que ha dedicado parte de su tiempo a "situar
los problemas de la Región de Murcia como problemas fundamentales de la
Nación". En ese sentido ha apuntado que el presupuesto necesita la
aprobación de "todos los grupos" de la Cámara y que "no es de recibo de
que no se puedan aumentar las prestaciones sociales o pagar a los
funcionarios", ha dicho.
Tras lo que ha enumerado los acuerdos que
se han conseguido y que figurarán en el borrador de los presupuestos.
Entre ellos ha destacado el Plan de Financiación Plurianual 2016-2020
para las universidades públicas de la Región, dotado con 910 millones de
euros.
"Murcia será la primera Comunidad Autónoma en poner en
marcha un plan tan ambicioso", ha señalado. En el proyecto de
presupuestos ha expuesto que planean incluir incentivos fiscales para
las personas que apuesten por la cultura y que en dicho texto se refleja
la aportación extra del Gobierno nacional de 8,2 millones hacia Murcia.
"Estoy
orgulloso de mi Gobierno, trabajamos con honradez y honestidad". Así de
contundente se ha mostrado esta tarde el presidente de la Comunidad
Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, su comparecencia en el pleno de la
Asamblea Regional, durante la cual ha hecho un balance de los 100
primeros días de gobierno y ha informado, a petición del PSOE, de los
encuentros mantenidos con el Gobierno de España.
Sánchez considera
que han sido 100 días de decisiones "valientes, reformistas y de
avances". En este sentido, ha asegurado que durante su gestión se han
avanzado proyectos como la llegada del AVE a Murcia, Cartagena y Lorca,
el aeropuerto internacional de Corvera o la variante de Camarillas.
El
presidente regional ha hecho un repaso a las principales políticas que
ha puesto en marcha su ejecutivo como el aumento del número de becas, la
bajada de impuestos, como el de sucesiones y donaciones, del cual se
beneficiarán 28.000 familias; la supresión de tasas o la mejora de la
transparencia en la Administración.
Durante su alocución ha
recordado que logró arrancar un acuerdo del presidente del Gobierno
nacional, Mariano Rajoy, para abaratar el precio del agua desalada y
ampliar un año más el Decreto de Sequía.
En sus palabras, han sido
días en los que se han exigido al Gobierno de España cuestiones
relativas al agua y a la financiación autonómica. "Han sido días de
resultados", ha asegurado tras explicar que estos acuerdos posibilitarán
que el próximo año la Región perciba 200 millones de euros más para
financiar los servicios públicos.
Asimismo, ha señalado que a
finales del mes de julio se constituyó el consejo de alcaldes para
recoger las propuestas directas de los regidores municipales. A este
órgano ya se han unido cinco ayuntamientos de la Región.
En
materia de transparencia, se ha referido al portal informático que se ha
puesto en marcha, mediante el cual los ciudadanos pueden conocer todo
tipo de información de la Administración Regional.
En ese sentido,
ha manifestado que a estas acciones de transparencia se unen
actuaciones como el impulso del proyecto de ley que limita el mandato de
los consejeros a ocho años.
En cuanto a sus retos futuros, en
materia de Sanidad espera reducir las listas de espera para lo que ha
informado de que se ha puesto en marcha un plan para que en los próximos
3 meses pasen por quirófano 3.000 personas.
En materia de empleo,
quiere que al finalizar la legislatura haya 600.000 ocupados más en la
Región. A esto ha añadido que se están poniendo en marcha iniciativas
para generar empleo de calidad, como es un programa con el que se
destinará 14,4 millones de euros para jóvenes con baja cualificación.
En
definitiva, asegura que han sido 100 días de "pactos y acuerdos. Nada
lo hemos hecho solos". Cree que su gobierno es "reformista y ambicioso" y
augura cuatro años "de prosperidad y avances para atender a quienes más
lo necesitan".
La Oposición ve al presidente Sánchez "desgastado e incapaz" de acabar con la corrupción
CARTAGENA.- PSOE, Podemos y Ciudadanos (C's) ven al presidente de la Comunidad
Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, "desgastado e incapaz" de acabar con la
corrupción y de llevar a cabo las políticas prometidas.
Así lo han expuesto los tres portavoces parlamentarios durante el
primer pleno de la Asamblea Regional en el que ha comparecido el
presidente regional tras su investidura el pasado mes de julio.
Los
grupos no olvidan las recientes imputaciones como la de la alcaldesa de
Torre Pacheco, Josefina Marín, por un presunto delito de prevaricación o
los 17 imputados que ya hay por el 'caso Auditorio', de Puerto
Lumbreras, durante cuya gestión era alcalde de dicho municipio Pedro
Antonio Sánchez.
Desde la tribuna, el portavoz de Ciudadanos
(C's), Miguel Sánchez, le ha recordado que él no hubiese llegado a ser
presidente de la Comunidad si no hubieran pactado con su formación
política.
Un acuerdo entre ambos partidos facilitó que esto fuera
así. En dicho documento, figuraban una serie de puntos que debía cumplir
el Gobierno regional, el primero de ellos consistía en apartar a los
imputados de cargos públicos, ha recordado.
"Los puntos han dejado
de cumplirse", ha apuntado el portavoz de Ciudadanos, "todos los
imputados están acusados de delitos muy graves. Hay por fraude,
prevaricación, falsedad documental y encima hay quienes como la
alcaldesa de Torre Pacheco que se jacta de lo que ha hecho".
Desde
la formación naranja han afirmado que su grupo ha sido coherente "en
todo momento", aunque los acuerdos y las negociaciones "las está
generando el PP, no nosotros. El acuerdo firmado lo pone claramente,
pero parece que son incapaces para regenerar la política".
"El Ejecutivo muestra un rostro amable, pero guarda bajo siete llaves lo que es: un Gobierno que no quiere regenerarse". Miguel Sánchez insistió en que el Gobierno ha incumplido el acuerdo «de investidura, no de legislatura» que firmó con su partido. En el mismo figuraban, según señala, algunos de los éxitos del Ejecutivo, "como la rebaja del Impuesto de Sucesiones y la financiación plurianual de las universidades". Asimismo, destacó que se ha reformado la Ley Electoral. "En su partido hay gente buena. No condicione usted la gobernabilidad de la Región de Murcia a su horizonte penal", advirtió Sánchez al presidente de la Comunidad.
"El Ejecutivo muestra un rostro amable, pero guarda bajo siete llaves lo que es: un Gobierno que no quiere regenerarse". Miguel Sánchez insistió en que el Gobierno ha incumplido el acuerdo «de investidura, no de legislatura» que firmó con su partido. En el mismo figuraban, según señala, algunos de los éxitos del Ejecutivo, "como la rebaja del Impuesto de Sucesiones y la financiación plurianual de las universidades". Asimismo, destacó que se ha reformado la Ley Electoral. "En su partido hay gente buena. No condicione usted la gobernabilidad de la Región de Murcia a su horizonte penal", advirtió Sánchez al presidente de la Comunidad.
Desde
el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, Rafael González Tovar,
ha hablado de una percepción negativa de los primeros cien días de
Gobierno de Sánchez. "En la calle tampoco se percibe una sensación
positiva. Tenemos a un presidente desgastado y en la cuerda floja, sin
fuerza moral para hacer limpieza democrática", ha advertido.
Para
el parlamentario, Sánchez está "debilitado" porque, según dicen, "no
aporta soluciones reales". Para ellos, además, se están "dando retoques y
poniendo parches donde hay que hacer cirugía".
Tovar estima que el Gobierno regional "vende muchas veces la piel del oso antes de cazarlo", como en el caso del AVE y la variante de Camarillas, y observa al presidente regional "desgastado, en la cuerda floja, desacreditado por la falta de autoridad y al que le tiembla la mano para combatir la corrupción".
Tovar critica que las reuniones del jefe del Ejecutivo con los ministros "no han servido para nada" y que solo han sido "un maratón de selfies". Denuncia que hay más parados que hace cien días, que se bajan los impuestos a los más ricos y pidió, entre otras cosas, la creación de un observatorio independiente para asegurar que el Ejecutivo cumple los mandatos de la Asamblea. "Usted vende humo. Humo nuevo, es cierto, pero humo al fin y al cabo", señaló.
Tovar estima que el Gobierno regional "vende muchas veces la piel del oso antes de cazarlo", como en el caso del AVE y la variante de Camarillas, y observa al presidente regional "desgastado, en la cuerda floja, desacreditado por la falta de autoridad y al que le tiembla la mano para combatir la corrupción".
Tovar critica que las reuniones del jefe del Ejecutivo con los ministros "no han servido para nada" y que solo han sido "un maratón de selfies". Denuncia que hay más parados que hace cien días, que se bajan los impuestos a los más ricos y pidió, entre otras cosas, la creación de un observatorio independiente para asegurar que el Ejecutivo cumple los mandatos de la Asamblea. "Usted vende humo. Humo nuevo, es cierto, pero humo al fin y al cabo", señaló.
El portavoz de
Podemos, Óscar Urralburu, también ha dedicado buena parte de su discurso
a hablar de la corrupción política. Le ha pedido que "reconozca que
todos le apuntan a usted", en relación al 'caso Auditorio', donde se ha
imputado a parte del gobierno local que había cuando Sánchez era alcalde del
municipio. "El caso del auditorio de Puerto Lumbreras será su batalla de Waterloo particular. Todo apunta hacia usted".
Según Urralburu, el presidente regional debería
plantearse renunciar "al constatar que todo su Consejo de Gobierno está
imputado por el caso Auditorio" y le ha recomendado ir al juzgado a
declarar voluntariamente para que "no nos haga perder el tiempo".
Por
otro lado, los grupos de la oposición han valorado la gestión del
Gobierno regional en los últimos meses. Han criticado que en los
presupuestos del Estado haya bajado la inversión a la Región de Murcia
un 22,75 por ciento, lo que supondrá 96 millones de euros menos.
Así,
le han recordado que la Región "ha sufrido" con la financiación
autonómica y consideran que no se ha puesto el empeño suficiente para
mejorar la situación.
En este sentido, Tovar ha declarado que la
Región "está igual o peor" que antes, destacando las 22.477 personas que
han dejado de estar afiliadas a la Seguridad Social o los 2.522 parados
más que hay en la Región de junio a septiembre.
"La Región es la
Comunidad de España en la que menos ha crecido el empleo", ha dicho
antes de añadir que Sánchez (PP) es "un riesgo para la Región de Murcia"
y de denunciar que el Gobierno regional no ha respetado los
acuerdos adoptados en la Asamblea Regional.
Para Urralburu, las
promesas del presidente regional en el discurso de investidura "han
caído en saco roto" y es que "se comprometió a abrir una etapa de
diálogo y consenso y nada de esto se ha producido", entre lo que ha
destacado la aplicación de mínimos de la LOMCE o la promesa de regenerar
la vida política.
Urralburu defiende que la prórroga de los presupuestos de este año, en contra de lo que dicen en el Gobierno, no supondría la paralización de la Región. "La Ley 1/1999 cuenta con instrumentos para impedir el caos. Eso sí, toda modificación presupuestaria deberá aprobarla la Asamblea, así conoceremos la letra pequeña de los Presupuestos". Recordó que hay precedentes en la Región, cuando gobernaba el PSOE en los años 90, de presupuestos prorrogados. "Dé un paso atrás para no atascar la Región", sugirió al presidente autonómico.
Urralburu defiende que la prórroga de los presupuestos de este año, en contra de lo que dicen en el Gobierno, no supondría la paralización de la Región. "La Ley 1/1999 cuenta con instrumentos para impedir el caos. Eso sí, toda modificación presupuestaria deberá aprobarla la Asamblea, así conoceremos la letra pequeña de los Presupuestos". Recordó que hay precedentes en la Región, cuando gobernaba el PSOE en los años 90, de presupuestos prorrogados. "Dé un paso atrás para no atascar la Región", sugirió al presidente autonómico.
Por otro lado, desde el PP, el portavoz Víctor
Manuel Martínez, ha asegurado que han sido cien días de "decisiones
valientes, de hechos frente a una oposición dedicada a confrontar".
Martínez
ha defendido la gestión del Gobierno regional y ha denunciado que la
oposición "se ha quitado la careta" y se dedica a "entorpecer" la acción
del Gobierno.
Por último ha señalado que detrás de cada decisión
"se ha producido una mesa de diálogo" para alcanzar compromisos como el
plan de financiación plurianual de las universidades, la llegada del
AVE, la ampliación del Decreto de Sequía un año más o el desbloqueo de
la ley de Dependencia.
"Saben que el Gobierno tiene un buen presupuesto y temen que se apruebe antes de las elecciones generales". El portavoz del Grupo Popular también exhibió un tono combativo con el resto de portavoces de la oposición, a los que definió como "el tripartito obstruccionista". Martínez espetó: "Tienen miedo, señorías, porque saben que el Gobierno tiene un buen presupuesto y temen que se apruebe antes de las elecciones generales".
Especialmente duro fue con Rafael González Tovar, a quien reprochó su ansiedad por gobernar "porque sabe que se le escapa su último tren", así como su "doble moral" con el asunto de los imputados, recordando a exdirigentes socialistas implicados en casos de corrupción como Juan Escudero, Manuel Hurtado y Bartolomé Soler. "Su irritación me da alas. Quítense las caretas e intenten ser útiles. Defiendan los intereses de la Región y no los suyos personales".
"Saben que el Gobierno tiene un buen presupuesto y temen que se apruebe antes de las elecciones generales". El portavoz del Grupo Popular también exhibió un tono combativo con el resto de portavoces de la oposición, a los que definió como "el tripartito obstruccionista". Martínez espetó: "Tienen miedo, señorías, porque saben que el Gobierno tiene un buen presupuesto y temen que se apruebe antes de las elecciones generales".
Especialmente duro fue con Rafael González Tovar, a quien reprochó su ansiedad por gobernar "porque sabe que se le escapa su último tren", así como su "doble moral" con el asunto de los imputados, recordando a exdirigentes socialistas implicados en casos de corrupción como Juan Escudero, Manuel Hurtado y Bartolomé Soler. "Su irritación me da alas. Quítense las caretas e intenten ser útiles. Defiendan los intereses de la Región y no los suyos personales".
Pataleta del Colegio de Arquitectos sobre la recuperación de la Cárcel Vieja en campaña electoral
MURCIA.- Ante las noticias difundidas referentes a la posible recuperación del edificio que fue la Prisión Provincial (La "nueva" cárcel vieja) y tras el simultáneo desmentido y a la vez confirmación, dependiendo de la Concejalía que se consultase, el Colegio de Arquitectos ha de manifestar:
"Hace ya 16 años, en 1999, ante la amenaza de demolición para el
edificio de la antigua cárcel, incluso con licencia obtenida, fue el
Colegio de Arquitectos la única Institución que planteó con contundencia
su protección y recuperación para la ciudad de Murcia, oponiéndonos a
su inminente destrucción y fueron las acciones del Colegio, junto a
otros profesionales y ciudadanos, las que consiguieron su conservación.
Aunque quizá sea más preciso decir "su no demolición", que "su
conservación", porque hemos tenido que asistir impotentes a una
situación de verdadero abandono, perdida la iniciativa en la maraña de
trámites burocráticos hasta que pasase a ser finalmente propiedad
municipal coincidiendo con el derrumbamiento de la cúpula central del
panóptico.
En 2011, tras producirse esa lenta, casi inalcanzable transmisión y
pasar a dominio municipal, el alcalde y el concejal de cultura del
Ayuntamiento, pidieron la colaboración del Colegio en el desarrollo de
los procedimientos que habrían de llevar a la rehabilitación del
edificio y su puesta a disposición de la ciudad como equipamiento de
primer orden.
El Colegio emitió un informe-memoria sobre ello proponiendo la
determinación de los usos a que se destinaría el edificio mediante el
procedimiento de consulta y participación profesional y ciudadana que
concluiría con un concurso de anteproyectos de amplia convocatoria una
vez fijado el o los destinos de los espacios a rehabilitar.
Desde entonces y a pesar de las distintas ocasiones en que reiteramos
nuestra disposición para ello, en realidad nada efectivo se ha hecho.
Aunque es cierto que el llamado "problema de la cárcel vieja", al que
preferimos llamar la "oportunidad que ofrece la cárcel vieja", ha
formado parte de casi todos los comentarios, propuestas y debates.
En la primera visita a la nueva corporación, en la persona de su
alcalde y el concejal de urbanismo, la rehabilitación de la antigua
prisión provincial fue uno de los temas singulares que expusimos
obteniendo la promesa, confirmada después por las declaraciones en
prensa de los asistentes, de la convocatoria del concurso para obtener
la mejor de las soluciones posibles.
Hoy sabemos, con gran sorpresa y sin aviso alguno, que se ha decidido
habilitar un presupuesto de 5,3 millones de euros para su
rehabilitación, que el proyecto lo va a realizar la empresa Urbanizadora
Municipal S.A., y que los honorarios que se asignan para dicho trabajo
son de 318.000 euros.
También que no se sabe cuál será el o los usos, recurriendo al equívoco concepto de "contenedor flexible".
Bienvenida sea la dotación presupuestaria para acometer, de una vez y
por todas, la ansiada recuperación tanto del edificio como del espacio
urbano.
Pero quizá cabría recordar que, por muy municipal que sea,
Urbanizadora Municipal S.A. es eso: una sociedad anónima, es decir, una
mercantil como otra sean cuales fueren sus accionistas. Al menos eso se
desprende de la lectura de sus estatutos.
Y como tal y dadas las características de la contratación que se
indica, si es que no se alcanza a entender que se trata de una obra con
categoría de intervención en espacio y edificio protegido, que merece,
de una vez y por todas, resolver la situación de los últimos años, con
un Concurso de amplia convocatoria que "ponga a Murcia en el mapa" como
en el pasado estuvo; si es que no se entiende que la Arquitectura, el
Patrimonio y la Urbanística de la Ciudad merece un trato mejor, en ese
caso, al menos que se cumpla la ley y se permita la concurrencia a la
contratación pública de todos quienes puedan estar habilitados para
hacerlo, en igualdad de condiciones".
También protesta un sindicato
El sindicato municipal Somos considera que tanto el proyecto de la Cárcel Vieja como el de San Esteban (en total más de un millón de euros sólo para la redacción de ambos) deben ser redactados por los funcionarios municipales.
Este sindicato afirma que el Ayuntamiento dispone de una plantilla con 114 técnicos cualificados, que no tienen una gran carga de trabajo y que podrían hacer estos proyectos. Somos pide al Gobierno local que utilice a funcionarios y no encarezca los presupuestos en beneficio de «chiringuitos»
También protesta un sindicato
El sindicato municipal Somos considera que tanto el proyecto de la Cárcel Vieja como el de San Esteban (en total más de un millón de euros sólo para la redacción de ambos) deben ser redactados por los funcionarios municipales.
Este sindicato afirma que el Ayuntamiento dispone de una plantilla con 114 técnicos cualificados, que no tienen una gran carga de trabajo y que podrían hacer estos proyectos. Somos pide al Gobierno local que utilice a funcionarios y no encarezca los presupuestos en beneficio de «chiringuitos»
'Podemos' denuncia que "en la Región no hay dinero para becas de comedor a familias en riesgo de exclusión y sí para proyectos megalómanos"
MURCIA.- Desde la Secretaría de Políticas Publicas para el Cambio de Podemos
RM, , cuya titular es María Marín, se denuncia lo ocurrido con la
moción que presentó Podemos en la Asamblea Regional, solicitando la
dotación de Becas de Comedor, a la totalidad de familias en riesgo de
Exclusión que la Consejería de Educación deja fuera de cobertura, con la
dudosa tranquilidad de que será el Ayuntamiento quien se haga cargo de
estas, empeño harto difícil, dado el menor presupuesto que este dispone
para tal efecto.
Por otro lado, mientras se deja a los niños sin
beca de comedor en la asignación presupuestaria, si que se incluye
dentro de otras dotaciones proyectos como:
- El Aeropuerto
Internacional de Murcia, otro aeropuerto cerrado sin aviones, de los
muchos que coleccionamos en España, aeropuerto que tiene cerca el de San
Javier, en la misma Región, y muy cercano el de Alicante, el de
Albacete y el de Valencia, más de 180 millones de euros tirados a la
basura, 180 millones de euros que pagamos todos los ciudadanos/as de la
Región.
- El rescate de la AP-7. Proyecto que se ejecutó, en su
momento rápido y mal, con prisas, y con una calidad cuestionable en
muchos de los tramos, uno de ellos, de los más caros del país (el tramo
de Mazarrón a Cartagena). Infraestructura que iba a servir para que
acudiera el turismo de alto standing y que ha quedado, en una gigantesca
acumulación de deudas que ha tenido que pagar la ciudadanía de la
Región, deuda privada de miles de millones de euros, que a pesar de
haber sido "repagada" por los ciudadanos sigue estando en manos
privadas".
- El AVE a Murcia, otro proyecto antieconómico,
demostrado ya incluso por estudios, que dicen que este país tiene el
dudoso honor de ser donde menos pasajeros hay en relación a los
kilómetros de AVE construido, todo un ejemplo de reprobable gestión
económica y de ineficacia en el uso de recursos públicos.
Desde la
Secretaría de Políticas Públicas y desde el circulo de Educación de
Podemos RM no se entiende cómo hay dinero para despilfarrar, pero no lo
hay para atender necesidades básicas de la población, como es el caso de
las becas comedor para familias desfavorecidas.
"Estas políticas
que no miran a la ciudadanía , tienen en la actualidad consecuencias,
con nombres y apellidos, tienen rostro", dice Podemos.
Ballesta comienza a sacar conejos de su raida chistera estrenada como consejero para Corvera y AVE
MURCIA.- El Pleno municipal ha aprobado, con los votos a favor del Grupo
Municipal Popular y del Grupo Municipal Socialista, el expediente de
Suplemento de Crédito extraordinario, con cargo al remanente de
Tesorería para gastos generales, gracias al cual puede comenzar el
proceso de recuperación del yacimiento de San Esteban y de la Cárcel
Vieja.
De esta forma, se reserva una partida de 2,1 millones de
euros para rehabilitar y acondicionar la Cárcel Vieja y de 900.000 euros
para comenzar el proceso de recuperación de San Esteban que conlleva la
realización de un Plan Director antes de realizar el proyecto de obras.
Según
el concejal de Fomento, Roque Ortiz, "hoy en el Pleno municipal se da
el primer paso para que los murcianos recuperen estos dos espacios
culturales y turísticos. Gracias a esta partida, podemos comenzar la
adecuación de los distintos espacios de la Cárcel Vieja y reservar la
financiación para la elaboración del Plan Director de San Esteban que
será fruto de las conclusiones de un grupo de trabajo"
Ortiz ha
explicado que este remanente de tesorería "se da credibilidad al
proyecto y es la garantía de que el Equipo de Gobierno apuesta por la
recuperación de estos dos espacios, que se realizará a través de un
proceso totalmente transparente de participación ciudadana".
González Tovar: "El PP no es de fiar ni siquiera en los temas en los que da su palabra, como en el AVE"
CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar
ha mostrado su preocupación ante la noticia aparecida hoy en la que se
desvela que Adif desoye el pacto político y se resiste a cambiar la
fases del AVE. "Esto demuestra que el PP no es de fiar y lo ha
demostrado incumpliendo su palabra con el soterramiento".
El portavoz socialista afirmó que el consejero de Fomento ha mentido,
pues hace 35 días Francisco Bernabé aseguró que tenía un acuerdo
cerrado con Adif y con el Ministerio en el que se eliminaban todos los
inconvenientes (quitar el puente sobre la senda de Los Garres,
expropiaciones, etc) para que el AVE llegara a la ciudad de Murcia
soterrado, desde el principio.
Rafael González Tovar manifestó que el consejero le dijo
personalmente que no había ningún problema, que el tema estaba cerrado y
acordado con Adif y el Ministerio. "Ahora el consejero queda en
evidencia cuando dice que va a hablar con ellos para ver si detiene las
expropiaciones. Ahora se entiende que no supiéramos nada de reuniones
desde Adif y la Sociedad Murcia Alta Velocidad, porque sencillamente no
existieron", subrayó.
Este hecho habla "de la poca fiabilidad del Gobierno regional con la
llegada de la Alta Velocidad a la Región, así como de como está
gobernando a salto de mata, con una credibilidad cada vez más en
entredicho".
El PSOE ha pedido en todo momento garantías en el tema del
soterramiento en la ciudad de Murcia y "ha quedado demostrado que no
solo no había garantías sino que la oferta del consejero era un engaño
más".
El portavoz socialista mostró su rechazo a esta forma de hacer
política, al tiempo que se solidariza con los vecinos, sobre todo con
aquellos que ayer vivieron momentos duros ante el atropello de
pretender expropiar sus tierras a un precio tan bajo "y para un proyecto
que,
El Ayuntamiento de Lorca recibe un nuevo golpe de 1,3 millones por las denuncias contra convenios urbanísticos
LORCA.- El concejal de Economía en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil,
ha informado que los lorquinos han recibido esta semana un nuevo golpe
derivado de los convenios urbanísticos "trampa" aprobados en solitario
por el PSOE en el transcurso de un pleno municipal en el año 2005.
Se
trata de una nueva condena referida a un convenio suscrito en noviembre
de ese año sobre unos terrenos ubicados en la pedanía de Avilés, ha
explicado, "estamos hablando de una superficie superior a los 5,2
millones de metros cuadrados, en la que preveían edificar 9.360
viviendas".
A este revés judicial, "el séptimo de la escandalosa
lista de los convenios trampa", tendrán que hacer frente los ciudadanos
de nuestro municipio, suponiendo un importe de 1.357.986,99 euros. "Con
este nuevo golpe a los intereses de los lorquinos, la cantidad a la que
vamos a tener que hacer frente durante 2016 supera ya el millón de
euros", ha lamentado el edil.
El
importe total de estos casos asciende ya a 5.220.806,61 euros, cantidad
"de la que los lorquinos hemos tenido que pagar hasta la fecha
1.591.822,70 euros", permaneciendo pendiente de pago la cifra de
3.628.983,91 euros.
Fulgencio Gil ha señalado que a este ritmo,
"hasta nuestros nietos van a nacer hipotecados por culpa de la losa de
los convenios del PSOE" y añade que Lorca es el municipio español "que
más sufre los desmanes de los convenios urbanísticos".
La
situación económica del Ayuntamiento "se está comprometiendo a medida
que pasan los meses". El edil de Economía ha explicado que a lo largo de
estos años, "hemos logrado rescatar este Ayuntamiento en los peores
escenarios". Primero "destapamos una deuda de 105 millones de euros, que
algunos negaron hasta la extenuación incluso cuando se les pusieron
sobre la mesa los resultados de la auditoría", ha detallado.
Esa
"púa" hoy la hemos reducido en más de un 40%, y ya puedo anticipar que
al cierre del presente ejercicio 2015 "el recorte que le vamos a
propinar va a ser histórico". Después, en 2011, las consecuencias de los
terremotos obligaron al Ayuntamiento a realizar esfuerzos económicos
para evitar el colapso del municipio. Un contexto, ha recordado, que
empeoró por los efectos de las inundaciones de 2012.
"Todo ello
acentuado por la peor crisis económica y laboral que España ha sufrido
en su historia, lo que supuso la caída en picado de los ingresos
municipales al tiempo que se multiplicaban las necesidades sociales de
los ciudadanos", ha subrayado Fulgencio Gil.
Ahora que hemos
conseguido equilibrar la situación, ha enfatizado, "nos llega un nuevo
batacazo por culpa de los convenios trampa del PSOE" y es que "llevamos
ocho años purgando los excesos de la etapa peor gestionada de la
historia de nuestra ciudad".
El concejal ha afirmado que "la
realidad es que este Ayuntamiento sigue en pie gracias a que tomamos
medidas desde el primer día, si no a día de hoy, estaríamos
intervenidos", lamentando que "cada una de las familias lorquinas
tendremos que pagar 520 euros por los convenios trampa", que son "un
campo de minas que está explotando".
El Pleno municipal de Murcia aprueba la modificación de las ordenanzas fiscales y de los precios públicos
MURCIA.- El Pleno municipal ha aprobado en su sesión de esta mañana los proyectos
de modificación de las ordenanzas fiscales y de los precios públicos
del Ayuntamiento de Murcia.
De esta forma, las principales novedades de las Ordenanzas
Fiscales para 2016 son la reducción de un 2% el tipo impositivo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.
Además, y a
propuesta de Ciudadanos, se incluye una modificación de la bonificación
de Familia Numerosa en el IBI, que oscilará entre el 45 y el 90 por
ciento, dependiendo del valor catastral y categoría.
Según han
informado fuentes municipales, otra de las novedades es la supresión de
la Tasa por la tramitación administrativa de Licencia municipal de
Actividades, actuaciones derivadas de procedimientos de comunicación
previa de inicio de actividades y otras autorizaciones ambientales.
Además
se reducirá la tasa por aprovechamiento especial o utilización
privativa de las vía pública con mercadillos semanales, las tarifas
mensuales por metro lineal que varía según en el lugar donde se celebra
el mercadillo y se ampliarán los supuestos de no sujeción a la tasa de
ocupación de la vía pública.
Otra novedad será la supresión de la
tasa por prestación de servicios urbanísticos a entidades sin ánimo de
lucro que presten un servicio de carácter social básico o esencial. A
propuesta de Ahora Murcia y Cambiemos Murcia, se elimina la cuota del
informe sobre condiciones de habitabilidad de vivienda para reagrupación
familiar.
A esto se une la supresión de la tasa por expedición de
certificados municipales de servicios sociales, necesarios para
acreditar la posible situación de dificultad económica y/o social y la
congelación del resto de tasas y precios públicos municipales.
Se
ampliará el Plan Personalizado de Pago a las tasas de cobro periódico
(mercadillos semanales, mesas y sillas, puestos y casetas en los
mercados de abastos, quioscos) y se incorpora el teléfono móvil como
nuevo medio de pago telemático.
Igualmente, se ha aprobado el
expediente de modificación de Precios Públicos del Ayuntamiento, con los
votos a favor del Grupo Municipal Popular y Ciudadanos.
Así, se
ha aprobado la modificación de los precios públicos de Escuelas
infantiles, Servicios y Alquiler de instalaciones deportivas
municipales, Ayuda a Domicilio, servicios a emprendedores para fomento
del empleo y la actividad económica en instalaciones municipales,
servicios de respiro familiar en domicilios, de teleasistencia
domiciliaria y de estancias diurnas.
Cartagena reclama la participación de los ayuntamientos en el Consejo de Dirección del Área de Salud II
CARTAGENA.- El Gobierno municipal de Cartagena, encabezado por su alcalde,
José López, anuncia que va a enviar un escrito a la Consejería de
Sanidad, denunciando ante su titular, Encarna Guillén, el incumplimiento
normativo por parte de la Comunidad con respecto a la participación de
las corporaciones locales en el Consejo de Dirección del Área de Salud.
Y
es que, denuncian, los ayuntamientos pertenecientes al Área II,
Cartagena, La Unión, Fuente Álamo y Mazarrón, no tienen representación
allí ya que ni siquiera ha sido creado.
De tal forma, se incumple
la Ley 14/1986 General de Sanidad, Capítulo III, artículo 56, donde reza
que Las Áreas de Salud serán dirigidas por un órgano propio, donde
deberán participar las Corporaciones Locales en ellas situadas.
Así
como la Ley 4/94 de Salud de la Región de Murcia, Título III, artículo
14, donde se habla de cuatro representantes de los ayuntamientos del
territorio del Área de Salud.
Según José López, "queremos
reivindicar no sólo la presencia del Ayuntamiento de Cartagena en el
Consejo de Dirección, lo que nos corresponde por derecho, sino la de
nuestros municipios vecinos de la Comarca, puesto que el Gobierno
regional jamás nos ha tenido en cuenta".
"Ésta es una muestra más
del maltrato sanitario al que nos someten desde Murcia, ya que no nos
dejan ni opinar ante la toma de decisiones", ha declarado el primer edil
de Cartagena.
Igualmente, el Gobierno municipal denuncia que no
se da la participación democrática ciudadana en el Consejo de Salud de
Área, como establece la normativa básica estatal Ley 14/1986 de 25 de
abril, General de Sanidad y la regional, Ley 4/94 de Sanidad de la
Región de Murcia.
Al respecto, López añade que, al no existir el
Consejo de Dirección del Área ni el Consejo de Salud del Área, la figura
del Gerente toma decisiones sin el respaldo, el aval o las garantías de
que son admitidas y consensuadas de forma democrática. Por lo tanto,
"las decisiones no son conocidas previamente por los ayuntamientos de la
Comarca de Cartagena, ni por los colectivos sociales y vecinales a los
que afectan".
Así pues, el Consistorio de Cartagena reclama la
participación de los ayuntamientos y de la sociedad civil, así como el
cumplimiento de las leyes "en favor de una participación real y efectiva
en la toma de decisiones", cuestión hasta ahora "vetada" por la CARM.
La Asamblea convalida el decreto con el que 1.305 personas percibirán los atrasos desde 2013 por cuidados a dependientes
CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha convalidado esta mañana el decreto ley
con el que se permitirá acceder a la prestación por cuidados en el
entorno a los dependientes a 1.305 personas, que tenían reconocido este
derecho desde antes de junio de 2013.
En junio de 2013 entró en
vigor una ley de medidas en materia tributaria del sector público, de
política social y otras medidas administrativas en la que se modificó el
régimen de acceso a la prestación económica de cuidados a dependientes y
de apoyo a cuidadores no profesionales. Esta medida afectó a las
solicitudes anteriores a dicha fecha que aún no habían sido resueltas,
lo que obligó a que más de un millar de personas en la Región se
quedaran sin dicha prestación.
La consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, Violante Tomás, ha presentado en la Cámara este
decreto-ley, aprobado el pasado 7 de octubre en Consejo de Gobierno. Se
estima que con esta medida, los afectados por la supresión de la
prestación perciban en su conjunto 5,8 millones de euros. Según Tomás,
se "ha redotado de personal la sección de la dependencia" para atender
estas solicitudes y proceder al pago de las ayudas, que se realizarán
entre este año y 2016.
El decreto ley establece que a partir de
ahora, si las solicitudes han sido resuletas negativamente por no
cumplir los nuevos requisitos de acceso a esta prestación, se revoque
dicha resolución y se reconozca la prestación solicitada siempre y
cuando se cumplan los requisitos establecidos en la norma anterior.
Además
de eso, el texto establece la periodificación de los atrasos derivados
de los efectos retroactivos de la prestación económica de cuidados en el
entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
Tomás ha
aclarado que el cuidador no familiar, "ahora sí puede trabajar, mientras
que antes no". A lo que ha añadido que si el dependiente se encuentra
en un centro educativo "también se puede percibir esa prestación porque
entendemos que están los fines de semana, están las vacaciones de Semana
Santa y Navidad y debe cuidarlo. Es importante que las familias estén
protegidas".
Del mismo modo, se regula el derecho de los herederos
de los dependientes a reclamar los atrasos devengados y no percibidos
cuando el afectado ha fallecido. Es decir, se recobra la posibilidad de
que las comunidades hereditarias que hubieran tenido derecho a las
prestaciones correspondientes, de conformidad con la normativa estatal,
puedan reclamarlas.
Los
grupos parlamentarios han apoyado la convalidación de este decreto ley
aunque grupos como Ciudadanos (C's) y PSOE han solicitado que se tramite
como proyecto de ley para "mejorar" aspectos del mismo. Esta petición
ha sido aprobada por unanimidad, por lo que a partir de ahora se abre un
plazo de 15 días para que los grupos parlamentarios puedan presentar
enmiendas parciales.
Desde el PSOE, Consuelo Cano ha explicado que
ellos abogan por recoger en el texto la situación especial de los
dependientes que no están vinculados familiarmente con los dependientes.
"Hay mucha gente que pierde los derechos a las prestaciones solo por no
tener a nadie de la familia cerca", ha advertido. Además, los
socialistas quieren que se modifique el punto que alude a que si después
de seis meses, la solicitud no ha recibido respuesta por parte de la
Administración, se desestime esta. "En todo caso debería ser al
contrario, que sea estimatorio", ha pedido.
Por su parte, el
diputado de Ciudadanos (C's), Juan José Molina, también ha estado de
acuerdo con el PSOE en este punto. "Hay que cambiar eso de que en el
caso de que en el plazo de seis meses no se resuelva un expediente, que
se desestime. Debe de darse una valoración favorable, en ese caso", ha
expuesto.
A su vez, ellos quieren que se tramite el decreto ley
como proyecto de ley para incluir otras mejoras en referente al número
de horas que han de hacer los cuidadores. "El dinero que se paga es muy
bajo, por lo que habría que reducir ese número de horas para que se
equilibre", ha dicho.
El portavoz del PSOE, Rafael González Tovar,
ha indicado que este decreto "restituye el tijeretazo a la murciana"
del Gobierno regional a la dependencia. A su juicio, "el Gobierno no
aplica bien la ley de dependencia, la recorta". Los socialistas aseguran
que la Región tiene "el mayor" porcentaje de personas en lista de
espera para que se les reconozca el derecho a la prestación, con 30,83
por ciento, frente al 16 por ciento del resto de España.
Asimismo,
han recordado que en la Región hay 13.859 personas con derecho a
percibir ayudas de la ley de dependencia que no están recibiendo la
prestación. "Esto demuestra un mal hacer del Gobierno regional y desde
el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2015 hay 3.652
personas menos acogidas al sistema de prestación. Es una situación muy
oscura", han añadido.
Por otro lado, desde Podemos, han expresado
su conformidad a que se convalide el decreto ley porque entienden que
"devuelve el derecho a familias dependientes" a percibir estas ayudas
después de que la justicia estableciera que ha de aplicarse esta ley.
En
cuanto al PP, han recalcado la "gran importancia" de la convalidación
de este decreto ley para que el millar de dependientes cobren dichas
ayudas y que se reconozca el derecho de los dependientes que ya
fallecieron. A su vez, la popular Inmaculada González, ha anunciado que
su grupo ha registrado una moción para que se regule la figura del
asistente personal del dependiente para que estos puedan tener una
persona que le guíe a lo largo del día, teniendo en cuenta requisitos de
los profesionales.
La Asamblea pide al Gobierno regional una auditoría energética en todos los edificios públicos
CARTAGENA.- Los grupos parlamentarios piden al Gobierno regional que realice
una auditoría energética en todos edificios públicos a fin de reducir
las emisiones contaminantes a la atmósfera e incentivar el ahorro
energético en estas instalaciones.
La iniciativa originaria del
grupo Ciudadanos pedía que esta auditoría se realizara solamente en las
instalaciones deportivas por entender que son las que "más visibilidad e
impacto" tienen. Según el diputado de Ciudadanos Luis Francisco
Fernández, existen "un gran desaprovechamiento" del potencial de las
energías renovables que se hace patente en los centros deportivos.
No
obstante, a través de las propuestas de PSOE y PP, la Cámara ha
consensuado un texto en el que se hace extensible dicha petición a todos
los edificios públicos exceptuando aquellos en los que ya se ha
realizado la auditoría y se ha incluido la petición de elaborar un plan
de uso eficiente de la energía para el periodo 2016-2020 en el que se
contengan objetivos concretos, aun calendario de acciones, así como una
memoria económica.
Desde el PSOE, el diputado Alfonso Martínez, ha
recordado que el uso de la energía de una manera más eficiente "es un
reto de todos los ejercicios públicos". A su vez, ha aportado datos del
año 2010 en los que se reflejan una previsión de ahorro del 9,24 por
ciento en materia energética, en 2011 ese ahorro es menos, un 0,4 por
ciento y achaca que la consejería no aporta datos a partir de esa fecha,
"tal vez porque la eficiencia es nula".
Por su parte, el popular
Juan Luis Pedreño ha reconocido que no existe ningún registro energético
sobre las instalaciones deportivas, pero ha informado a los grupos de
que la dirección general ya está elaborando un plan público. A lo que ha
añadido que antes de presentar mociones "es importante acercarse a ver
qué está haciendo la dirección general y esto ha de abordarse desde el
punto de vista presupuestario".
En cuanto a Podemos, Antonio
Urbina ha afirmado que esta medida le parece "un paso importante" y que
la inversión económica que supondrá realizar dichas auditorías "se podrá
recuperar pronto y se podría hacer más rápido si en el país hubiera una
normativa que impulsara las energías renovables y que nos ayudaría a
cumplir antes los objetivos que pone Europa".
Martínez-Cachá destaca que el trasvase autorizado "es una buena noticia para las necesidades de los regantes"
MURCIA.- La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela
Martínez-Cachá, se ha referido hoy a la autorización por parte del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de un trasvase
de ocho hectómetros cúbicos de agua correspondiente al mes de octubre, a
través del acueducto Tajo-Segura, para atender las necesidades hídricas
de las cuencas receptoras y garantizar los suministros de agua de la
cuenca cedente, así como el abastecimiento de 2,5 millones de personas
de las provincias de Murcia, Alicante y Almería.
Martínez-Cachá ha
destacado que "es una buena noticia, porque las previsiones se alejaban
de estos ocho hectómetros, lo que demuestra, una vez más, el compromiso
de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, ante la situación de los regantes murcianos".
"Agradecemos el esfuerzo para que los agricultores murcianos, aunque
poco, reciban algo de agua del trasvase Tajo-Segura", ha añadido.
La
consejera ha subrayado que "el Gobierno regional es consciente de que
la situación de los embalses de cabecera es muy compleja". De acuerdo
con el Memorándum Tajo-Segura, aprobado en 2013, para 2015 se preveía
que los trasvases son legalmente posibles si las reservas de la cabecera
del Tajo (Entrepeñas y Buendía) no están por debajo del umbral de 304
hm3. El pasado 1 de octubre estos embalses almacenaban un total de
331,54 hm3.
El trasvase de 8 hm3 de agua que hoy publica el
Boletín Oficial del Estado, se autoriza en cumplimiento de la normativa
establecida y de acuerdo a la propuesta de la Comisión Central de
Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que ha tenido muy en cuenta la
situación excepcional, nivel 3, en la que se encuentran los embalses de
cabecera a la hora de fijar la cantidad a trasvasar, para lograr un
equilibrio entre las necesidades actuales de los usuarios y la garantía
de abastecimiento de agua en otoño.
Además del agua trasvasada,
continúan en marcha las medidas excepcionales de emergencia contempladas
en los Reales Decretos de Sequía de las cuencas del Segura y del Júcar
para paliar los efectos de la escasez de agua.
Se trata de
iniciativas para el uso de pozos de emergencia, el agua laminada en
embalses, medidas de control de usos y pérdidas de agua. Así mismo, el
Ministerio está llevando a cabo obras de emergencia en estas cuencas,
por un importe total de 50 millones de euros, para atenuar los efectos
de la sequía. Todas estas obras ya se encuentran en fase de ejecución.
Luz verde a una moción para abaratar el coste de la electricidad en desaladoras, pese a las críticas
CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Popular ha conseguido sacar adelante una moción
para reducir el precio de la tarifa eléctrica para el uso de las
desaladoras, a pesar de las críticas de los socialistas por no haber
llevado este tema primero a debate en la Comisión especial de Agua,
donde consideran que "se habría consensuado un texto entre todos y
hubiera habido unanimidad".
Los populares han modificado su propuesta inicial para intentar
alcanzar un consenso generalizado, aunque al final solo han obtenido el
apoyo del PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de
Podemos.
En el texto final se pide que se aplique la tarifa P6 a los usuarios de las desaladoras, esto es, la más barata todos los días y a cualquier hora y que se estudie la aplicación de energías alternativas para reducir el precio de la tarifa eléctrica de las desaladoras.
Durante el debate parlamentario, el popular Jesús Cano ha indicado que esta rebaja sería principalmente para regantes y agricultores, "que son los que ahora tienen más problemas" y ha pedido al Gobierno nacional que estudie la posibilidad de rebajar el precio.
En ese sentido, se ha puesto en duda la propuesta del PSOE de construir Plantas Fotovoltaicas adscritas a las desaladoras para reducir el precio, pues dudan de su rentabilidad.
"Las plantas fotovoltaicas tienen en la Región entre 1.600 y 1.800 horas de producción al año, mientras que una planta desaladora tiene unas 8.000 horas al año y necesita una extensión de terreno bastante considerable", ha aclarado Cano, quien ha dejado la puerta abierta a estudiar esta cuestión.
Desde el PSOE, Jesús Navarro, ha apostado por una tarifa social y sostenible del agua desalada y que "se use la energía fotovoltaica para que se mantenga el precio estable en el tiempo".
Por parte de Podemos, Antonio Urbina considera que el precio del agua desalada ya se abordó en la Cámara "de forma más seria y aportando soluciones técnicas" en la que se incluían medidas como la energía solar fotovoltaica y la renegociación de las amortizaciones.
A su vez se han mostrado sorprendidos al conocer que el PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad a la propuesta del PP "y es la misma propuesta que presentó aquí Podemos y ante la que se abstuvo".
Por último, los diputados de Ciudadanos han explicado que se han abstenido en la moción porque habían presentado una enmienda a la totalidad que "iba más allá" y en la que pedían la reducción del importe de la potencia, el cobro por potencia consumida y no por potencia contratada y la bonificación hasta el 99 por ciento en el importe del Impuesto Eléctrico.
En el texto final se pide que se aplique la tarifa P6 a los usuarios de las desaladoras, esto es, la más barata todos los días y a cualquier hora y que se estudie la aplicación de energías alternativas para reducir el precio de la tarifa eléctrica de las desaladoras.
Durante el debate parlamentario, el popular Jesús Cano ha indicado que esta rebaja sería principalmente para regantes y agricultores, "que son los que ahora tienen más problemas" y ha pedido al Gobierno nacional que estudie la posibilidad de rebajar el precio.
En ese sentido, se ha puesto en duda la propuesta del PSOE de construir Plantas Fotovoltaicas adscritas a las desaladoras para reducir el precio, pues dudan de su rentabilidad.
"Las plantas fotovoltaicas tienen en la Región entre 1.600 y 1.800 horas de producción al año, mientras que una planta desaladora tiene unas 8.000 horas al año y necesita una extensión de terreno bastante considerable", ha aclarado Cano, quien ha dejado la puerta abierta a estudiar esta cuestión.
Desde el PSOE, Jesús Navarro, ha apostado por una tarifa social y sostenible del agua desalada y que "se use la energía fotovoltaica para que se mantenga el precio estable en el tiempo".
Por parte de Podemos, Antonio Urbina considera que el precio del agua desalada ya se abordó en la Cámara "de forma más seria y aportando soluciones técnicas" en la que se incluían medidas como la energía solar fotovoltaica y la renegociación de las amortizaciones.
A su vez se han mostrado sorprendidos al conocer que el PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad a la propuesta del PP "y es la misma propuesta que presentó aquí Podemos y ante la que se abstuvo".
Por último, los diputados de Ciudadanos han explicado que se han abstenido en la moción porque habían presentado una enmienda a la totalidad que "iba más allá" y en la que pedían la reducción del importe de la potencia, el cobro por potencia consumida y no por potencia contratada y la bonificación hasta el 99 por ciento en el importe del Impuesto Eléctrico.
El Ministerio de Agricultura autoriza un trasvase de 8 hm3 para el mes de octubre a través del Tajo-Segura
MURCIA.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha
autorizado un trasvase de ocho hectómetros cúbicos (hm3) de agua para el
mes de octubre, a través del acueducto Tajo-Segura, para poder atender
las necesidades hídricas de las cuencas receptoras.
Este nuevo
trasvase, al igual que lo anteriores, "garantiza todos los suministros
de agua de la cuenca cedente así como el abastecimiento de 2,5 millones
de personas de las provincias de Murcia, Alicante y Almería", según
informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.
El
trasvase de ocho hectómetros cúbicos de agua, que este jueves publica
el Boletín Oficial del Estado (BOE), se autoriza según el Ministerio "en
cumplimiento de la normativa establecida y de acuerdo a la propuesta de
la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura,
responsable de aplicar las reglas de explotación de esta
infraestructura".
Así, remarca que se ha tenido "muy en cuenta la
situación excepcional (nivel 3) en la que se encuentran los embalses de
cabecera a la hora de fijar la cantidad a trasvasar para lograr un
equilibrio entre las necesidades actuales de los usuarios y la garantía
de abastecimiento de agua en otoño".
El
Ministerio recuerda que el informe de la Comisión Central de
Explotación del Acueducto Tajo-Segura se ciñe a las reglas de
explotación fijadas en el Real Decreto 773/2014, que definen un
mecanismo claro de aplicación en función del volumen almacenado en los
embalses de Entrepeñas y de Buendía en las provincias de Guadalajara y
Cuenca, aportaciones hídricas recibidas, valores de consumo de
referencia y desembalses necesarios para atender a la cuenca cedente.
Los
acuerdos alcanzados en 2013 entre el Gobierno y las cinco Comunidades
Autónomas de las cuencas cedentes y receptoras del trasvase
(Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad
Valenciana y Región de Murcia), elevados a rango de ley (Ley de
Evaluación Ambiental de 2013), permitieron aumentar el umbral del
trasvase en defensa de la cuenca cedente de 240 Hm3 a 400 Hm3.
De
acuerdo con el régimen transitorio previsto, en 2015 "los trasvases son
legalmente posibles en tanto las reservas de la cabecera del Tajo
(Entrepeñas y Buendía) no estén por debajo del umbral de 304 hectómetros
cúbicos", según la Delegación, que recuerda que el pasado 1 de octubre
estos embalses almacenaban un total de 331,54 hectómetros cúbicos.
Al
margen de la aprobación de este nuevo trasvase, el Gobierno afirma que
continúa aplicando las medidas excepciones contempladas en los Reales de
Decretos de Sequía de las cuenca del Segura y del Júcar para paliar los
efectos de la escasez de agua en ambas demarcaciones hidrográficas.
Unas
medidas, limitadas en el tiempo, que permiten incrementar el agua
disponible en la zona: permitiendo el uso de pozos de emergencia, el
agua laminada en embalses, medidas de control de usos y pérdidas de
agua, etc.
El Ministerio, además, afirma que está ejecutando las
actuaciones contempladas en el crédito extraordinario aprobado por el
Gobierno para financiar las actuaciones que con carácter urgente deben
acometerse en las cuencas del Júcar y del Segura, por un importe total
de 50 millones de euros, para atenuar los efectos de la sequía. Todas
estas obras ya se encuentran en fase de ejecución.
Esta
declaración de sequía fue prorrogada el pasado mes de septiembre por el
Consejo de Ministros hasta el 30 de septiembre del próximo año, con el
objeto de que el Gobierno pueda seguir aplicando en la próxima campaña
de riego medidas excepcionales para paliar los efectos de la sequía en
las demarcaciones del Júcar y del Segura.
Las ventas del comercio minorista aumentan un 2,3% en septiembre en la Región de Murcia
MURCIA/MADRID.- La ventas del comercio minorista aumentaron un 2,3 por ciento en la
Región de Murcia durante el pasado mes de septiembre, frente al
crecimiento del 4,4 por ciento de la media nacional.
El índice creció en
todas las comunidades, y el aumento en la Región es el segundo menor de
los registrados, según se desprende de los Índices de Comercio al por
Menor (ICM) publicados este jueves por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Por su parte, el empleo en el sector del
comercio minorista registró en la Región de Murcia un aumento de un 1,6
por ciento, el quinto mayor por CCAA junto con Cataluña, solo inferior
al de la Comunidad Valenciana (2,8 por ciento), Baleares (2,5 por
ciento), Cantabria (2,2 por ciento) y Castilla-La Mancha (1,9 por
ciento).
En el conjunto del país, las ventas del comercio minorista aumentaron
un 4,4% en septiembre respecto al mismo mes de 2014, encadenando así 13
meses consecutivos de crecimiento, según los datos publicados este
jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este avance
interanual de las ventas del comercio minorista, el más elevado desde
diciembre de 2014, es 1,3 puntos superior al logrado en agosto, cuando
la facturación del sector creció un 4,1%.
Eliminados los efectos
estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista
aumentó un 4,3% en tasa interanual, tasa también 1,3 décimas superior a
la de agosto.
El empleo en el sector del comercio minorista
aumentó un 1,3% en septiembre respecto al mismo mes de 2014, con lo que
ya encadena 17 meses consecutivos de ascensos. La tasa de septiembre es
dos décimas superior a la de agosto, cuando la ocupación repuntó un 1,1%
interanual.
En tasa mensual (septiembre sobre agosto), las ventas
del comercio minorista aumentaron un 0,6%, frente al repunte del 0,1%
del mes anterior y del retroceso del 0,6% de hace un año.
La CUP no quiere esperar más. Ruptura ya / Antonio Sánchez-Gijón *
Aunque la
coalición ganadora de las elecciones catalanas del 27 se septiembre
anunció el martes pasado su programa de ruptura con el Estado español,
que se pondría en marcha tan pronto como se formase el nuevo parlamento,
la Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido anticapitalista y
secesionista que tiene, con sus diez diputados, la llave para la
formación de un nuevo gobierno, quiere la desconexión de Cataluña con el Estado español “ya”.
Sin
embargo, el proyecto de declaración de la mayoría
independentista presentado el martes 27 ante la mesa del
parlamento, y que se aprobará tan pronto como éste se forme, da un
plazo de 30 días para aprobar las leyes que aseguren el “proceso de
desconexión democrática”.
La impaciencia de la CUP con ese plazo se ha puesto de manifiesto al
denunciar, en un comunicado emitido este miércoles, “la
decisión del gobierno en funciones, de la Generalidad de Cataluña,
de que los Mossos (d’Esquadra) ejecuten órdenes de la Audiencia
Nacional”. La nota se refería a la operación de la policía
autonómica contra un grupo anarquista acusado de la comisión de
actos terroristas, operación ordenada por el tribunal
encargado de la lucha contra el terrorismo, y que se llevó a cabo el
miércoles 28 mediante la detención de ocho personas.
Como protesta por la “colaboración” de la policía catalana con un tribunal español, la CUP suspendió una reunión prevista con portavoces de la coalición electoral Junts pel Si (JpS) para seguir negociando la formación del gobierno resultante de las urnas del 27 de septiembre, y la confirmación o no del presidente en funciones, Artur Mas como nuevo ‘president’, que la CUP rchaza. La presidencia de Mas fue condición necesaria para que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) se decidiera a formar con Esquerra Republicana (ERC) la coalición electoral JpS, que resultó, con 62 diputados, ganadora aunque sin mayoría suficiente para gobernar.
La coalición anticapitalista se ha transformando en un movimiento que se presenta como, además de secesionista, revolucionario. El comunicado de la CUP avisa claramente: “Cualquier proceso de ruptura con España consideramos que debe incluir la desobediencia a tribunales españoles represores y herederos del Tribunal de Orden Público”, y declara que en la República Catalana “la represión contra los movimientos populares no debe tener cabida”, para pedir a continuación “una transformación de raíz y la democratización del cuerpo de los Mossos”.
La realización de esta propuesta está en contradicción directa con el planteamiento de la ruptura según la formula la “Declaración de inicio del proceso para el estado catalán”. Su punto 7 dice: (El Parlament) ”Adoptará las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión democrática masiva, sostenida y pacífica con el Estado”. Es evidente que los autores de este texto han evitado suscitar la idea de “desobediencia a las leyes”. Siguen, pues, jugando con las palabras para encubrir lo que no se atreven a pronunciar, por miedo a la reacción de las instancias internacionales, pues de ellas esperan la sanción aprobatoria de Cataluña como nuevo estado democrático.
Es inconcebible que un estado reconocido internacionalmente, y secularmente establecido sobre un territorio, como España, admita nuevas fronteras, nuevas legitimidades, daños incalculables sobre sus recursos, merma de su libertad de acción sobre una gran parte de su territorio, población y economía, más pérdida del control de sus comunicaciones con los otros estados, incumplimiento parcial forzado de sus obligaciones internacionales y de sus obligaciones sobre sus propios ciudadanos residentes en ese supuesto nuevo estado, etc. Son todos motivos para el empleo de los recursos más directamente coercitivos y, llegado el momento, para la intervención en fuerza.
Piénsese en la pérdida del control español sobre la frontera francesa, o sobre el puerto de Barcelona, o sobre la red eléctrica, la de ferrocarriles, los aeropuertos, las comunicaciones inalámbricas… O las obligaciones bajo los tratados de la Unión, o con las de la OTAN. Qué decir de un sistema bancario seccionado y forzado a ponerse al margen de la supervisión del Banco de España y del Banco Central Europeo. Lo mismo sobre el sistema de seguridad social o el de justicia…
Cabe, pues, la pregunta: ¿cómo unas fuerzas políticas, que han sido ‘de gobierno’ por más de treinta años, se meten en una vía formalmente revolucionaria, con escasas posibilidades de producir la desconexión, y nulas para formar “un estado legítimo, democrático, pacífico y próspero”, y sobre todo reconocido internacionalmente?
Estas son las preguntas que JpS no está en condiciones de contestar, porque su estrategia no es tanto de choque como de amenaza de choque, consistente en empujar al estado a una situación próxima a una crisis interna de régimen, con riesgo para las conquistas económicas y sociales de su población, confiando en que el estado encontrará, tarde o temprano, más conveniente ceder lo que, según creen, está de todos modos condenado a perder. O ese es el cálculo. Es como el que amenaza a otro con hacerle perder un brazo, “aunque yo me quede cojo. Seamos, pues, razonables y dame lo que te pido...”
En ese sentido, la palabra elegida por Mariano Rajoy para calificar la declaración parlamentaria de JpS es acertada: “provocación”. El estudio de esta figura, sin embargo, indica que la provocación no tiene ninguna relación de causalidad suficiente con las exigencias o amenazas que se insinúan. En lenguaje coloquial, la provocación suele ser “un farol”. Para cumplir sin más dilación su propia amenaza, los diputados de JpS deberían dejarse arrastrar por la minoritaria CUP. Es posible que lo hagan, pero ya no tendrán una independencia pacífica, sino una revolución. Y la independencia demorada ad kalendas graecas.
(*) Periodista
Como protesta por la “colaboración” de la policía catalana con un tribunal español, la CUP suspendió una reunión prevista con portavoces de la coalición electoral Junts pel Si (JpS) para seguir negociando la formación del gobierno resultante de las urnas del 27 de septiembre, y la confirmación o no del presidente en funciones, Artur Mas como nuevo ‘president’, que la CUP rchaza. La presidencia de Mas fue condición necesaria para que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) se decidiera a formar con Esquerra Republicana (ERC) la coalición electoral JpS, que resultó, con 62 diputados, ganadora aunque sin mayoría suficiente para gobernar.
Entregar o no la cabeza de Mas
El nuevo obstáculo formal a los planes de JpS puesto por la CUP indica que la figura de Mas ya no es, ante sus ojos, un activo político útil, y que debe quitarse de en medio como candidato a la Generalidad. La aceptación de las exigencias de la CUP podría suponer la ruptura de la coalición ganadora, dado que Mas es el activo de mayor talla política de Convergencia Democrática de Cataluña, el auténtico líder del proceso soberanista, además de garante de la hegemonía social de la burguesía y la clase media acomodada de Cataluña, y que fue aceptado a regañadientes por ERC, un partido pequeño-burgués. La estrecha colaboración CDC-ERC en el proceso soberanista ha supuesto el debilitamiento electoral de Convergencia; un debilitamiento que Mas ha tratado de compensar con una radicalización de su discurso soberanista. La CUP apuesta, pues, por aprovechar su posición de fiel de la balanza para debilitar el pacto CDC-ERC, y ha forzado a esta coalición a romper cuanto antes con el estado, con olvido de cualquier cálculo, como el de esperar a la celebración de las elecciones generales del 20 de diciembre al objeto de reevaluar la estrategia independentista a la luz de los resultados electorales en España.La coalición anticapitalista se ha transformando en un movimiento que se presenta como, además de secesionista, revolucionario. El comunicado de la CUP avisa claramente: “Cualquier proceso de ruptura con España consideramos que debe incluir la desobediencia a tribunales españoles represores y herederos del Tribunal de Orden Público”, y declara que en la República Catalana “la represión contra los movimientos populares no debe tener cabida”, para pedir a continuación “una transformación de raíz y la democratización del cuerpo de los Mossos”.
La realización de esta propuesta está en contradicción directa con el planteamiento de la ruptura según la formula la “Declaración de inicio del proceso para el estado catalán”. Su punto 7 dice: (El Parlament) ”Adoptará las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión democrática masiva, sostenida y pacífica con el Estado”. Es evidente que los autores de este texto han evitado suscitar la idea de “desobediencia a las leyes”. Siguen, pues, jugando con las palabras para encubrir lo que no se atreven a pronunciar, por miedo a la reacción de las instancias internacionales, pues de ellas esperan la sanción aprobatoria de Cataluña como nuevo estado democrático.
El lugar de la provocación
Y es evidente también que esa ruptura no puede ser pacífica, puesto que un estado que ve desafiada su soberanía tiene derecho, y está obligado, a usar todos los recursos legales, incluida la fuerza.Es inconcebible que un estado reconocido internacionalmente, y secularmente establecido sobre un territorio, como España, admita nuevas fronteras, nuevas legitimidades, daños incalculables sobre sus recursos, merma de su libertad de acción sobre una gran parte de su territorio, población y economía, más pérdida del control de sus comunicaciones con los otros estados, incumplimiento parcial forzado de sus obligaciones internacionales y de sus obligaciones sobre sus propios ciudadanos residentes en ese supuesto nuevo estado, etc. Son todos motivos para el empleo de los recursos más directamente coercitivos y, llegado el momento, para la intervención en fuerza.
Piénsese en la pérdida del control español sobre la frontera francesa, o sobre el puerto de Barcelona, o sobre la red eléctrica, la de ferrocarriles, los aeropuertos, las comunicaciones inalámbricas… O las obligaciones bajo los tratados de la Unión, o con las de la OTAN. Qué decir de un sistema bancario seccionado y forzado a ponerse al margen de la supervisión del Banco de España y del Banco Central Europeo. Lo mismo sobre el sistema de seguridad social o el de justicia…
Cabe, pues, la pregunta: ¿cómo unas fuerzas políticas, que han sido ‘de gobierno’ por más de treinta años, se meten en una vía formalmente revolucionaria, con escasas posibilidades de producir la desconexión, y nulas para formar “un estado legítimo, democrático, pacífico y próspero”, y sobre todo reconocido internacionalmente?
Estas son las preguntas que JpS no está en condiciones de contestar, porque su estrategia no es tanto de choque como de amenaza de choque, consistente en empujar al estado a una situación próxima a una crisis interna de régimen, con riesgo para las conquistas económicas y sociales de su población, confiando en que el estado encontrará, tarde o temprano, más conveniente ceder lo que, según creen, está de todos modos condenado a perder. O ese es el cálculo. Es como el que amenaza a otro con hacerle perder un brazo, “aunque yo me quede cojo. Seamos, pues, razonables y dame lo que te pido...”
En ese sentido, la palabra elegida por Mariano Rajoy para calificar la declaración parlamentaria de JpS es acertada: “provocación”. El estudio de esta figura, sin embargo, indica que la provocación no tiene ninguna relación de causalidad suficiente con las exigencias o amenazas que se insinúan. En lenguaje coloquial, la provocación suele ser “un farol”. Para cumplir sin más dilación su propia amenaza, los diputados de JpS deberían dejarse arrastrar por la minoritaria CUP. Es posible que lo hagan, pero ya no tendrán una independencia pacífica, sino una revolución. Y la independencia demorada ad kalendas graecas.
(*) Periodista
La soledad del PP / Antonio Balsalobre
Autoproclamarse 'vencedor' en unas elecciones puede no ser suficiente
para gobernar. Que se lo pregunten a Mas. Que no será investido
presidente pese a haber ganado en votos. Para gobernar, en democracia,
se necesita además poder articular mayorías estables. Algo que, por lo
que parece, ni el presidente de la Generalitat en funciones ni el PP
regional están en condiciones de conseguir, ni Rajoy tiene visos de
alcanzar tras las próximas elecciones. Pasado el tiempo de las mayorías
absolutas, el panorama se ensombrece ¡y de qué manera! para los
populares. En un escenario de pactos más que previsible, el Partido
Popular está abocado a quedarse fuera de juego. ¿Por qué? Esa es la
pregunta.
Imaginemos por un momento que la formación de Rajoy
llega primera con un 27% de sufragios frente a un 73% del resto. Es una
opción más que probable. Lejos de la mayoría absoluta, esos votos sólo
le permitiría gobernar si articula una mayoría que, descartados los
nacionalismos independentistas, pasa hoy por hoy por Ciudadanos. El
tiempo de los Pujol o Arzallus echándole una mano al PSOE o al PP ha
pasado a mejor vida. Sin embargo, todo apunta a que el único partido que
podría facilitarle el Gobierno no va a mover ni un dedo. El pletórico
Rivera no va a rescatar al PP que se hunde, como un Titanic, por la
sencilla razón de que ha venido para quedarse con su clientela. Al
menos, con gran parte de ella. La fagocitación electoral ya ha empezado -se ha visto en Cataluña- y continuará en las próximas elecciones.
En
la región ocurre tres cuartos de lo mismo. Aquí sobra un Sánchez. A
medio plazo no hay espacio para los dos. Así que uno tendrá que quitar
al otro. Será cuando la izquierda recupere, después de la larga noche
absoluta del PP, la posición que le corresponde, y en la derecha el
espacio electoral se haya reducido considerablemente. Para ser
hegemónico, el partido naranja tendrá que hacer con el PP lo mismo que
hizo el PP con UCD: tragárselo. Miguel sólo puede crecer a costa de
Pedro Antonio. Esto no es Cataluña donde Rivera pesca en casi todos los
caladeros. Aquí la batalla política no está pervertida por el fantasma
del independentismo. Y a políticas económicas similares, Ciudadanos sólo
puede marcar la diferencia con el PP mostrándose intratable en temas de
corrupción y regeneración, y asfixiándolo políticamente en la Asamblea.
Eso es lo que estamos viendo estos días en que -¡sorpresas te da
la vida!- el Gobierno regional, cambiando de caballo a mitad de
carrera, se ha ofrecido a recoger las propuestas de Podemos a cambio de
su apoyo al techo de gasto. O lo que le ocurre a Ballesta, que ve cómo
se desbarata la red clientelar del Partido Popular forjada durante años
en las pedanías, y agarrándose a un enlucido quiere sacar adelante una
moción para que gobierne el partido más votado. Todo un secuestro
democrático, si no se hace con elecciones a segunda vuelta, que
afortunadamente no corre visos de prosperar.
No debería a estas
alturas rasgarse las vestiduras el PP con falsos victimismos. En
política, los pactos son tan antiguos como la política misma, forman
parte de nuestro sistema democrático y el propio PP siendo partido
minoritario los ha utilizado o propuesto cuando le ha convenido.
Lo que debería preguntarse el PP es cómo ha gobernado esta región en los últimos veinte años y cómo lo ha hecho en España en esta última legislatura. Por qué la imagen del PP se asocia indefectiblemente a la corrupción, a la especulación urbanística, a los pelotazos, a las desigualdades sociales, al aumento de la pobreza y a los recortes de derechos laborales. Por qué, a estas alturas, son muchos los militantes que se avergüenzan de ser de este partido (dicho por Montoro). O por qué su formación ha llegado a un punto en que va a ser desbancada por Ciudadanos y pasar a ser una fuerza testimonial, no sólo en Cataluña, en el País Vasco o Andalucía, sino prácticamente en toda España.
Trabajadores autónomos, de la magia a lo real / Andrés Pedreño *
Muy pocas veces se habla de las condiciones reales de vida de los
trabajadores autónomos. Lo real de este colectivo ha quedado desplazado
por lo ideológico. Así todos esos cánticos de ´la magia de emprender´,
´las aventuras de el emprendedor´ y similares. Se trata de apuntalar una
noción profundamente ideológica del ´emprendedor´, en el que se nos
viene a decir que en la actual crisis del empleo, «si estas sin trabajo,
no te preocupes, aprovecha las oportunidades, emprende, haz de ti mismo
un emprendedor, ponte las pilas y conviértete en pro-activo». De tal
forma que los parados o los precarios serían aquellos poco activos o
pasivos, que no aprovechan las oportunidades. Si leen a los ideólogos
económicos del PP o de Ciudadanos, encontrarán ese programa de hacer del
´emprendedor´ el sujeto neoliberal por excelencia.
Podemos quiere
hablar de lo real, de lo que afecta realmente al colectivo de los
trabajadores autónomos. Pues bajo ´la magia´, esta la realidad de un
colectivo cuyas necesidades y problemas requieren de nuestra atención.
En reciente Pleno de la Asamblea Regional tuvimos la oportunidad de
empezar a debatir sobre las condiciones reales de estos trabajadores.
Desde hace treinta años se vienen repitiendo tantos tópicos en la
política hacia este colectivo que hemos de empezar a plantearnos algunos
cambios. Por ello, cuando desde Podemos hemos propuesto un programa de
medidas de apoyo y rescate a los trabajadores autónomos, se ha basado en
los siguientes desplazamientos:
1. De las actuaciones puntuales a
las actuaciones planificadas e integrales. Proponemos un programa que
intervenga no sólo en el terreno de las bonificaciones fiscales o en de
la seguridad social, sino que de forma transversal atienda también al
crédito, las ayudas y la participación de capital, la cooperación
institucional. Esto, por supuesto, requiere de actuaciones integradas
que involucren a las competencias de las tres Administraciones: estatal,
autonómica y municipal. De esta forma hablaremos de cuestiones de las
que normalmente no se habla, por ejemplo del crédito (en este sentido,
desde Podemos propusimos ya en nuestro programa electoral la dotación de
un crédito vía Instituto de Crédito Regional que afecte a creación de
pymes y nuevos proyectos empresariales (relacionados con el sector
industrial o I+D+i), rediseñando el concepto y concesión de esos
créditos y con una dotación mínima de veinte millones de euros).
2. De la cultura de las subvenciones a la cultura de las inversiones.
Desde hace treinta años estamos instalados en una política de empleo de
la subvención que es necesario superar. ¿Porqué no inversión en lugar de
subvención? Pues mediante la creación de un modelo de ayudas que supere
el actual marco de subvenciones y que prime la inversión de la
Comunidad Autónoma en empresas sin limitación cuantitativa pero que se
materialice en capital a fin de poder recuperarlo una vez la empresa
esté en funcionamiento.
3. De la visión recaudatoria mediante las
licencias de actividad a una visión de cooperación y asesoramiento.
Desde Podemos defendemos la modificación del tratamiento de las
licencias de actividad y de inscripción de establecimientos a fin de que
los técnicos de Sanidad, Turismo, Industria o Medio Ambiente se
conviertan en asesores de los autónomos previamente al inicio de
actividad y que no constriñan su participación a la mera labor policial.
Las labores de asesoramiento deberán incluir la visita a los
establecimientos y la fijación de pautas que favorezca la posterior
inscripción en sus registros o la concesión de las licencias y permisos
en el ámbito de sus competencias y todo ello con carácter previo al
inicio de actividad y con tiempos de tramitación preestablecidos y que
respeten las necesidades de la iniciativa empresarial.
También
proponemos elaborar un catálogo de actividades de emprendimiento
prioritario para fortalecer el tejido empresarial murciano, en especial
actividades medioambientales, turismo, industria agroalimentaria y
aquellas otras que impliquen el uso de una fuerza intensiva de trabajo, a
fin de favorecer a las mismas con la elaboración de oficio de estudios
de impacto ambiental, ayuda a la concesión de licencias, confección de
estudios de mercado e incluso participación mediante aportación de
capital en aquellos proyectos valorados de importancia estratégica. Al
mismo tiempo, hemos de implementar un plan de desarrollo y mercado para
cooperativas o sociedades profesionales integradas por grupos de
técnicos y profesionales asociados (ingenieros, arquitectos,
informáticos, artistas...) a fin de que puedan ofertar servicios e
incluso internacionalizar esa oferta evitando así su migración.
4. De una gestión de los tiempos burocratizada a la agilidad
administrativa. Para ello es necesario el establecimiento generalizado
de trámites online mediante el sistema de firma digital que reduzca los
tiempos de tramitación de los expedientes.
5. Del tratamiento
uniformizador del colectivo de autónomos a la óptica del rescate
ciudadano de aquellos que lo necesiten. El colectivo de trabajadores
autónomos es muy heterogéneo y diverso. No lo podemos considerar desde
las políticas como una realidad uniforme. De hecho muchos de estos
pequeños empresarios pasan periodos de mucha vulnerabilidad y también la
crisis les ha afectado enormemente. Desde Podemos proponemos medidas de
rescate ciudadano:
En primer lugar, respecto a la regulación de
las bonificaciones para autónomos, debe mantenerse la bonificación no
tanto por períodos objetivos sino en función de las pérdidas y ganancias
que el autónomo tenga como resultado de su actividad. Podría
establecerse el abono de 50 euros mensuales de cuota de autónomos
mientas la facturación sea inferior al salario mínimo interprofesional
(esto es, 9.086 euros anuales aproximadamente), y progresivamente ir
subiendo la cuota en función de la facturación con unos mínimos en
función del tiempo que se ha permanecido de alta para evitar el fraude
(por ejemplo, a partir de tres o cuatro años se abona una cuota mínima
más elevada).
En segundo lugar, una menor tributación en IRPF en
los primeros años de inicio de actividades. Podría considerarse una
reducción sobre rendimientos de actividades económicas del 40% que
permitiera la capitalización de esos rendimientos exentos a fin de
potenciar nuevas inversiones o contrataciones de trabajadores.
En
tercer lugar, aprobar una rebaja del IVA a aquellas actividades que
vieron subir el mismo en trece puntos porcentuales, en especial las
actividades relativas a peluquería, servicios veterinarios y servicios
incluidos en el denominado ´IVA cultural´ (servicios ténicos facturados a
productoras, entradas de cine y teatro).
En cuarto lugar,
establecer un subsidio de desempleo de 600 euros mensuales por un
período mínimo de 24 meses para aquellos autónomos que hayan estado en
alta ininterrumpida al menos diez años y cesen en la actividad.
En
definitiva, con estas medidas, y otras que se requerirán, podemos
establecer una mejora sustancial de las condiciones reales de vida de
los autónomos y emprendedores. Menos apelar a la magia, y más atender a
la realidad de este colectivo crucial en la economía de nuestras
regiones.
(*) Diputado regional por 'Podemos'
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