'Cambiemos Murcia' denuncia que la escombrera ilegal de San Ginés continúa recibiendo gran cantidad de residuos

MURCIA.- Cambiemos Murcia ha denunciado hoy que la escombrera ilegal situada entre San Ginés y El Palmar, cuya existencia fue denunciada por esta formación política el pasado octubre, sigue recibiendo gran cantidad de escombros de todo tipo y residuos no autorizados.

Ginés Mirón, vocal de Cambiemos Murcia en San Ginés, ha sido testigo de nuevos vertidos a la escombrera, a la que muchos camiones acceden por una puerta desde el nuevo tramo de la Costera Sur que transcurre entre El Palmar y Alcantarilla.

Mirón ha recordado que tras la denuncia de hace tres meses el concejal responsable anunció que se llevarían a cabo actuaciones para poner fin a esta ilegalidad, pero lo cierto es que "los camiones siguen haciendo vertidos".

Ha explicado que gran parte de estos residuos proviene de obra pública, como restos de baldosas, bordillos o asfalto, por lo que es posible que algunas de las empresas a las que se adjudican obras, tanto por parte del Ayuntamiento como por las juntas municipales, "acaben tirando los residuos en este tipo de vertederos no autorizados".

Esto se produce a pesar de que "en sus presupuestos estas actuaciones contemplan, o al menos deberían contemplar obligatoriamente, una tasa de recogida de escombros con la finalidad de que estos sean depositados en vertederos autorizados".

Cambiemos Murcia ha advertido de la posibilidad de que se trate de un fraude a las arcas municipales, ya que algunas empresas podrían estar ahorrando costes mediante este tipo de actuaciones. 

"En algunos casos, es el propio Ayuntamiento el que termina limpiando solares repletos de escombros, por lo que al final, los vecinos y las vecinas de Murcia acabamos pagando dos veces por la retirada del mismo residuo", ha sostenido Mirón.

Ante esta situación, Cambiemos Murcia ha pedido tanto al Ayuntamiento como a las juntas municipales un mayor control sobre lo que sucede con los escombros que generan las obras municipales, así como que se habiliten fórmulas para comprobar que estos son efectivamente depositados en los vertederos autorizados para ello.

Los servicios de limpieza recogen más de 105.000 kilos de cartón y papel tras las fiestas en el municipio de Murcia

MURCIA.- La Concejalía Fomento del Ayuntamiento de Murcia, a través de Ferrovial Servicios, recogió un total de 105.600 kilos, entre papel y cartón, los días 5, 6, 7 y 8 de enero. Para poder llevar a cabo esta acción especial, se estableció un servicio extraordinario de limpieza consistente en reforzar el servicio de recogida ordinaria de papel y cartón.

También se complementó con dos rutas de recogida que incluían seis camiones adicionales y diez operarios que recogieron manualmente cartón y papel procedentes de los envoltorios de los regalos en su mayoría.

Los equipos de limpieza también se reforzaron tras la cabalgata de Reyes, en los que varias cuadrillas de operarios y diversos vehículos limpiaron inmediatamente las calles del centro una vez la cabalgata finalizó.

Entre la noche del domingo y el pasado lunes, se recogieron 45.400 kilos de papel y cartón, pero el servicio especial continúa hasta mañana miércoles. Estas cifras suponen un 10 % más respecto a lo recogido en las mismas fechas del año pasado.

Respecto a la limpieza de la vía pública, continúa con el dispositivo especial diseñado para estas fechas y ya comenzó el plan de limpieza intensivo en aquellos lugares donde más concentración de eventos y afluencia de ciudadanos hubo durante estas fechas.

Así, el pasado lunes, se realizaron estos trabajos en La Glorieta de España, donde estaba instalado el mercadillo navideño, que continuarán hasta el próximo 20 de enero en el siguiente orden de actuación: Trapería y adyacentes, Santo Domingo-calle Basabé, la zona comercial de avenida Libertad, plaza Circular, Alfonso X-Pérez Casas, Alfonso X-plaza Preciosa, Cuartel de Artillería y, finalmente, la plaza de La Merced.

El concejal de Fomento, Roque Ortiz, explicó que «se han elegido estas zonas por ser las de mayor afluencia de personas y en las que se han desarrollado más actividades».

Ortiz agradeció «a los comerciantes murcianos su trabajo para engalanar la ciudad durante estas fechas y su colaboración en el sistema de recogida de papel y cartón que ha permitido que la ciudad muestre una buena imagen durante el periodo navideño».

La apertura de centros de trabajo crece un 10% durante 2017 en la Región, según defiende la CARM

MURCIA.- En 2017 se abrieron en la Región de Murcia más de 8.400 nuevos centros de trabajo, un 10 por ciento más que el año anterior, en los que se dio empleo a unas 46.300 personas, un 20 por ciento más que en 2016, según las cifras que defiende la CARM.

El consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, y la directora general de Relaciones Laborales y Economía Social, Nuria Fuentes, ofrecieron este martes esos datos en una rueda de prensa en la que han hecho un balance "positivo" sobre la generación de empresas a lo largo del año.

Estos nuevos centros de trabajo, un total de 8.408 (745 más de los que se abrieron en 2016), corresponden tanto a nuevas empresas, como a otras ya en marcha que han ampliado sus sedes, así como a compañías que cesaron su actividad con la crisis y que ahora la retoman, lo cual es el caso de 200 sociedades. 

En estos centros de trabajo nuevos se da empleo a un total de 46.330 trabajadores, 9.400 más que los que se contabilizaron el año anterior.

La apertura de nuevos centros de trabajo ha afectado a todos los sectores, pero el que más crecimiento experimentó fue el de la construcción, y un 53 por ciento de los nuevos centros laborales corresponden a ese sector, con unos 4.500 empleados. Le siguen el sector servicios, el comercio, la industria y, por último, la agricultura.

En cuanto a los lugares de apertura, ha habido nuevos centros de trabajo en los 45 municipios de la Región, encabezados por la ciudad de Murcia (un 32 por ciento), seguida de Cartagena, Lorca, Lorquí y Alcantarilla, estas dos últimas, gracias a sus polígonos industriales consolidados, ha explicado Fuentes.

Además, el 30 por ciento de los nuevos centros de trabajo corresponden a empresas de otras comunidades autónomas de España, con procedencias de un total de 47 provincias lideradas por Madrid, Valencia, Alicante y Albacete.

Hernández destacó que estos datos demuestran que la Región de Murcia es un polo de atracción no solo para empresas locales, sino también de otras zonas de España, lo que está ayudando a la creación de empleo, y ha recordado que en 2017 se generaron 20.500 puestos de trabajo, 1.400 más que el año anterior.

En su opinión, 2018 será el año para la recuperación del sector de la construcción, que perdió en torno a la mitad de su peso con la crisis, y será de nuevo uno de los sectores económicos más importantes, junto con la industria y los servicios, a la espera de la recuperación del sector agrícola.

Los concursos empresariales registran en la Región la segunda mayor subida en España, con un 38%

MADRID.- La construcción, el comercio, los servicios empresariales, el transporte y la industria, fueron los sectores de actividad que lideraron la cifra de concursos y disoluciones empresariales de la Región de Murcia durante 2017. 

Un estudio realizado por Informa D&B S.A.U., filial de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), revela que la cifra de concursos experimentó en Murcia una variación anual al alza del 37,84%, al pasar de 111 procesos, en 2016; a 153, el pasado año. La cifra de disoluciones también creció un 7,87%, al dejar atrás las 572 de 2016, y alcanzar 617, durante el anterior ejercicio.

Por comunidades autónomas, la Región de Murcia se anotó la mayor variación anual en la cifra de concursos y el séptimo mayor repunte porcentual en el caso de las disoluciones. No obstante, el estudio advierte de que al relativizar el número de procesos concursales con la cifra de empresas activas en cada autonomía, la tasa de concursalidad más alta se la anotó el País Vasco y las cifras más elevadas del acumulado del año se dieron en Cataluña (893 concursos), Madrid (801) y Valencia (667).

Las disoluciones las lideraron Madrid (6.569), Andalucía (5.593) y Valencia (2.790). En el conjunto del país, el año se despidió con un total de 4.546 concursos y 26.983 disoluciones. Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B, subrayó ayer que «el 2 % de incremento en el número de concursos en 2017 rompe la tendencia de descenso que seguían los datos desde 2013, año en el que se alcanzó la cifra más elevada registrada hasta el momento, con 9.310 concursos».

El perfil de las empresas que se declararon en concurso en la mayoría de autonomías, según el informe, respondió al de una microempresa (en el 83% de los casos); con más de 6 años de antigüedad (79%) y que se constituyó como una sociedad limitada (75 %). En la Región, la cifra de concursos de acreedores fue liderada durante el pasado año por la construcción (42 procesos), seguida del comercio (35), la industria (20), los transportes y los servicios empresariales (10), así como la agricultura (7).

En cuanto a las disoluciones, la mayor cantidad de casos fue acaparada al cierre de 2017 por las actividades inmobiliarias (160 casos); el comercio (152); los servicios empresariales (65); la industria (56) y la energía (35). Gianease destacó que «los empresarios individuales utilizan muy poco los procesos concursales, suponen el 47% del tejido empresarial, pero su tasa de concursalidad es del 0,04%».

El SMS y la desaladora de Escombreras, registraron las mayores desviaciones contables de la CARM

MURCIA.- El Tribunal de Cuentas detectó en 2015 «debilidades y deficiencias de control interno en áreas relacionadas con la planificación, la programación presupuestaria y la gestión contable, así como en la gestión patrimonial de bienes y derechos y en la gestión de las subvenciones concedidas por la Comunidad Autónoma, que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar y revisar los procedimientos aplicados en la gestión de la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma».

El informe recalca que en 2015 la Comunidad Autónoma incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria del 0,7% de su PIB regional, al haberse registrado en el mismo un déficit del 2,44% del PIB regional, e incumplió la regla de gasto en dicho año al haber sido la variación del gasto computable (6,4%) superior a la tasa de referencia de crecimiento del PIB para 2015, fijada en el 1,3%.

Como consecuencia de estos incumplimientos, la Comunidad Autónoma presentó un plan económico financiero (PEF 2016-2017) que, una vez informado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, fue remitido al Ministerio de Hacienda; si bien, no llegó a aprobarse al no haberse reunido para ello el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por el contrario, la Administración regional cumplió en 2015 el objetivo de deuda, puesto que el volumen de esta a 31 de diciembre de ese ejercicio, ascendió a 7.601 millones de euros, lo que representó el 27,5% del PIB regional, equivalente al límite fijado por el Gobierno.

La deuda comercial creció un 31%
El último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas también hace un reproche a la Comunidad Autónoma por el incremento de su deuda comercial, ya que creció un 31% respecto al ejercicio anterior. La deuda comercial pasó de 223 millones de euros a 1 de enero de 2015 a 324 millones a 31 de diciembre de ese año. 

El 68,5% procede del sector sanitario. El máximo órgano fiscalizador señala, además, que el periodo medio de pago acumulado de las deudas, por operaciones comerciales del conjunto del sector público regional, superó el plazo máximo de 30 días establecido por ley, situándose en 87 días. 

La planta desaladora de Escombreras (con plazos de pago de 341 días) y el SMS (102 días) registraron las mayores desviaciones.

El Tribunal de Cuentas reprocha el repunte del gasto sanitario de la Comunidad Autónoma de Murcia

MURCIA.- La sostenibilidad financiera de la sanidad pública en la Región de Murcia se ha convertido en una preocupación constante para el Tribunal de Cuentas. El último informe de fiscalización de la Comunidad Autónoma, relativo al año 2015 y que fue hecho público ayer, incide de nuevo en el déficit acumulado del Servicio Murciano de Salud (SMS), que al cierre de ese ejercicio ascendía a 1.656 millones de euros. 

El informe señala que las aportaciones efectuadas para la actividad ordinaria del SMS y la prestación de los servicios de la sanidad pública resultaron insuficientes en 421 millones para cubrir las necesidades generadas durante ese año.

Este desequilibro no es exclusivo de la Región. Como sucede en el resto de comunidades desde el traspaso de las competencias sanitarias, el crecimiento del gasto sanitario en la Región ha sido muy superior al crecimiento de su PIB autonómico, «provocando una situación financieramente insostenible a largo plazo que requería una intervención inmediata que garantizase una paulatina pero constante reducción del mismo, sin que ello implicase una reducción de la calidad asistencial». 

El informe del organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda reprocha, en este sentido, que mientras de 2010 a 2014 se logró una reducción del gasto sanitario del 7%, en 2015, una vez superada la fase de recortes y ajustes presupuestarios, el gasto total del Servicio Murciano de Salud experimentó un crecimiento en 72 millones de euros, «que en términos relativos supone un 4% respecto al ejercicio anterior, rompiendo así la tendencia de reducción y contención del gasto observador desde 2012». 

A juicio del Tribunal de Cuentas, los datos de 2015 constatan «de nuevo, la enorme rigidez del gasto corriente sanitario, especialmente en materia farmacéutica». El informe destaca que algunas recomendaciones propuestas por el Tribunal de Cuentas han sido llevadas a cabo por el Servicio Murciano de Salud, aunque sigue existiendo un grave problema de fondo.

El órgano fiscalizador no solo examinó las cuentas de la sanidad pública regional, sino también algunos de sus resultados. 2015 no fue un buen año para las listas de espera. La demora media de las consultas del SMS se incrementó, a diferencia de la reducción registrada en la media del conjunto del sistema nacional de salud. 

Mejoró la lista de espera quirúrgica, pero todavía se encontraba por encima de la media del conjunto de comunidades. En informes anteriores, el Tribunal de Cuentas había aconsejado a la Comunidad que reforzase los mecanismos de control de presencia del personal y que establecería un sistema de turnos de mañanas y tarde «que facilite la prestación continua de los servicios asistenciales» en quirófanos y consultas. 

También proponía reducir el precio de las guardias médicas y de la atención continuada para equiparlo a la media nacional (las guardias en el SMS se sitúan entre las mejor pagadas de España). El Tribunal de Cuentas consideraba necesario continuar avanzando en la integración de los sistemas de información, especialmente en los relativo al seguimiento y control de los pacientes derivados de Atención Primaria a Especializada, y también en materia de conciertos sanitarios.

La desaladora de Escombreras arrojó pérdidas por valor de 17 millones de euros en 2015

MURCIA.- El informe del Tribunal de Cuentas sigue analizando con preocupación la situación financiera de la desaladora de Escombreras. «En el ejercicio fiscalizado (2015), la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A. ha continuado presentando pérdidas significativas por importe de 17.325.000 euros, lo que ha determinado que la sociedad se encuentre nuevamente incursa en la causa de disolución prevista en el art. 363.1.c de la Ley de Sociedades de Capital. A la finalización de la fiscalización, seguía sin alcanzarse una solución para la planta, no teniéndose evidencia de la adopción de acuerdo alguno entre la empresa titular de la planta, las entidades prestamistas y la Administración de la Comunidad», señala un informe hecho público.

El Tribunal de Cuentas apunta que durante el ejercicio 2015 (y posteriormente) han continuado instrumentándose convenios para la venta del agua por Desaladora de Escombreras, S.A.U., que sustituyen el antiguo abastecimiento a núcleos urbanos por el abastecimiento de agua para uso agrícola. 

«El cambio en los usos y venta del agua desalada por la planta, si bien garantiza un aumento importante en la producción y venta del agua, supone una reducción del margen de venta al pasar de un precio de 0,69 euros/m3 a 0,5 euros/m3, impacto que, de alcanzar la producción de pleno rendimiento prevista por la entidad en varios ejercicios, podría reducir el margen, según los cálculos efectuados en la fiscalización, en más de 3 millones de euros por año», señala el informe. 

«Esta modificación del abastecimiento del agua tiene su origen, por una parte, en el decreto de sequía, en el que se prevé que, ante la situación de extrema necesidad derivada de la reducción de caudales y la ausencia de un suministro alternativo al agua desalada procedente de Escombreras, se destine la producción de forma íntegra al uso agrícola, y, por otra parte, en la suspensión temporal de la distribución de agua para consumo humano en 2016, como medida de prudencia adoptada por la propia entidad hasta que se encuentre operativa una nueva captación del agua en mar abierto, lo que por otra parte ya se ha llevado a efecto».

El Tribunal señala que la producción y venta del agua desalada, que inicialmente comenzó en 2009 y para la que se preveía un pleno rendimiento (21 hectómetros cúbicos ) al cuarto año de producción, ha reflejado en el año 2015 un volumen de 7,57 hectómetros y de 10 en 2016, no alcanzándose el pleno rendimiento, en el mejor de los supuestos, antes de 2018.

«La decisión de Castejón llega 30 meses tarde», según el PP de Cartagena

CARTAGENA.- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cartagena, Francisco Espejo, ha considerado que la decisión de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, de anunciar oficialmente la ruptura con su socio de Gobierno, Movimiento Ciudadano, "llega 30 meses tarde" ya que el pacto "estaba roto como ha repetido el Partido Popular en numerosas ocasiones durante esta legislatura".

"Llevamos dos años y medio de paralización permanente que se van a convertir en 4 años desastrosos para el municipio de Cartagena", según Espejo, quien considera que esto "es consecuencia de la mala gestión de un Gobierno dividido desde el inicio de la legislatura, que ha estado más preocupado en vigilarse mutuamente y ponerse zancadillas que en gestionar y trabajar por Cartagena y los cartageneros".

Espejo ha dicho que "la decisión de Castejón llega 30 meses tarde y es el resultado de forzar pactos antinatura sin pensar en si son beneficiosos para los ciudadanos, con el único objetivo de apartar de las instituciones al PP", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Espejo ha recordado a Castejón que no llegó al Gobierno en junio de 2017 sino que ha sido parte de él desde junio de 2015, como vicealcaldesa y concejal de Área, y apoyó todas las decisiones que López adoptó cuando era alcalde.

 "Permitió los insultos y menosprecios a la Oposición, al Gobierno regional y a los medios de comunicación, y lo hizo porque quería ser alcaldesa a toda costa", ha señalado.

"Ahora, cuando los insultos se han vuelto contra ella y afectan a su gestión, rompe con Movimiento Ciudadano, y ambos partidos condenan a Cartagena a un futuro incierto, sin proyectos ni inversiones y sin capacidad para tomar decisiones", ha finalizado el portavoz popular.

Crecen las reclamaciones de los consumidores murcianos contra las aerolíneas

MURCIA.-Los consumidores de la Región de Murcia realizaron durante el recién acabado año 2017 un total de 1.772 reclamaciones ante la Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Thader Consumo, lo que supone una media de 34,07 reclamaciones por semana, un 9% más que el ejercicio anterior.

La mayoría de las reclamaciones (76%) estaban relacionadas con los servicios básicos (telefonía, electricidad, servicios financieros), frente al 21,64% que se referían a productos y bienes, así como un pequeño porcentaje (1,8%) que están relacionadas con la alimentación (la mayoría referidas a los productos frescos en mal estado). De las reclamaciones resueltas, el 85% fueron favorables al consumidor, frente al 15% que la razón la tuvo el empresario.
La presidenta de la federación Thader Consumo, Juana Pérez, presentó esta mañana, durante un desayuno informativo con los medios de comunicación, el balance de las actuaciones realizadas durante 2017, destacando que hubo, sobre todo en el último trimestre del año, una subida del 70% de las reclamaciones interpuestas contras varias aerolíneas, principalmente Monarch y Ryanair, por problemas que tuvieron este año y que hicieron que dejaran a pasajeros en tierra.

Además, siete de cada diez reclamaciones han sido por temas de telefonía, "aunque este año le siguen de cerca los trámites bancarios, por cláusulas suelo, gastos notariales o intereses reclamados", así como los de electricidad.

Y es que, ha acentuado Juana Pérez, "las campañas por parte de las eléctricas para captar consumidores al mercado libre han sido muy agresivas, lo que ha ocasionado que muchos consumidores no estuvieran conformes, quisieran resolver sus contratos y volver a lo que tenían contratado con anterioridad".
Al respecto la presidenta de Thaderconsumo resalta que "la mayoría de los usuarios se dan cuenta tarde que cuenta con 15 días para resolver el contrato y volver al punto de origen".

Entre las reclamaciones curiosas, la presidenta de Thader Consumo destaca que en los últimos tiempos se ha puesto de moda el adiestramiento de animales, algo que aprovechan algunas personas que carecen de titulación alguna al respecto para engañar a los clientes. "Un ciudadano de Murcia pagó 1.800 euros por el adiestramiento de su perro, a una persona que luego no tenía ni idea de adiestrar animales", afirmó Juan Pérez. Pérez señaló también que Thader ha participado en 85 arbitrajes llevados a cabo en la Junta Arbitral de Consumo, donde participan también representantes de la Administración regional y de los empresarios. La gran mayoría tuvieron lugar en el primer semestre del año, reduciéndose bastante a partir del verano.
Se trata de un número relativamente bajo comparado con los aproximadamente 1.500 procedimientos que ha llevado a cabo la Comunidad Autónoma que, según la presidenta de Thader Consumo, ha decidido apostar últimamente por el arbitraje único. "No ven lo mismo seis ojos que solo dos". Juana Pérez insistió además en la necesidad de fomentar la educación en consumo desde los colegios, algo que se ha olvidado en los últimos años.

El Estado recortó 10.000 empleos en 2017 mientras los municipios crearon 18.000

MADRID.- El distinto grado de saneamiento de las administraciones se deja sentir en el aumento de plantillas de cada subsector. El Estado recortó sus plantillas un 2% en 2017 frente a un año antes, según publicó ayer el Registro central de personal de las administraciones de julio del año pasado y recoge hoy Abc. 

La Administración Central emplea a 514.372 personas, por lo que entre julio de 2016 y de 2017 redujo su plantilla en 10.536 empleados. En este mismo período comunidades y ayuntamientos aumentaron sus trabajadores, lo que provocó que el conjunto de las administraciones elevara sus plantillas un 0,5%, 12.080 personas más, hasta los 2,535 millones de trabajadores. Las cifras del registro de personal que publica el Ministerio de Hacienda no incluye el personal de entes y empresas públicas.De esta forma, los municipios fueron el gran motor de creación de empleo público el año pasado, al elevar su personal un 3,3%, es decir, 18.316 trabajadores más. Las corporaciones locales emplean a 567.295 trabajadores, un 22% del total. Si se compara con enero de 2017, han aumentado sus empleados en 23.031 trabajadores, mientras que el Estado los ha reducido en 8.040. Este año, al igual que el pasado, los ayuntamientos contemplan cerrar con un excedente récord en sus cuentas. El año pasado los ayuntamientos alcanzaron un superávit récord de casi 7.000 millones de euros, es decir, un 0,62% del PIB, lo que cubrió el déficit del resto de administraciones.
La mayor parte de los trabajadores públicos, el 51% en concreto, engrosan las plantillas autonómicas que cuentan con 1,3 millones de empleados. Las comunidades elevaron su personal un 0,4% en 2016, en 5.509 personas, si bien los datos del registro central de personal, al ser de julio, no incluyen a los profesores que las comunidades contratan una vez arranca el curso escolar. Por ello, las cifras bailan considerablemente con la estadística de enero: desde entonces, las comunidades pierden 3.717 trabajadores por este efecto. Las universidades también redujeron sus empleados en 1.261 personas frente a 2016, un 0,82% menos.

Curiosamente, el Gobierno aprobó el año pasado la mayor oferta de empleo público desde 2008. Además, ha ampliado el número de colectivos de la Administración que pueden reponer todas las bajas, con una tasa del 100% e incluso superior en ámbitos como la Agencia Tributaria. Estas convocatorias entran con retraso: muchas de las de 2017 se registrarán este año.
Como sea, pese al repunte de personal de este año las corporaciones locales son las administraciones que más plantilla han perdido desde que estalló la crisis en 2008: desde entonces han recortado un 8,7% de personal, 53.806 empleados. Comunidades autónomas son las que más cerca se encuentran del nivel de 2008, tienen un 1% menos de empleados (13.042 menos), mientras que el Estado los ha reducido un 7,7% (42.991)
Precisamente, en los peores años de la crisis el Gobierno tenía previsto ceder funciones de ayuntamientos a diputaciones y comunidades autónomas y fusionarlos, con la Ley de reforma local, ante las presiones de que había demasiados ayuntamientos (8.126 en concreto).
Finalmente, sin embargo, los ayuntamientos le dieron la vuelta a la tortilla: ya en 2012 salieron del déficit y desde entonces han acumulado superávit año a año. Ahora mismo son la administración más saneada, aunque hay unos 700 ayuntamientos que tienen una deuda no sostenible, y en conjunto acumulan más de 21.871 millones en cuentas bancarias y depósitos. «No tenían razón los que decían que había que cerrar miles de ayuntamientos», presumió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hace unas semanas en la Cámara Baja.

El primer peaje para camiones de España empieza a cobrarse este martes en Guipúzcoa

MADRID.- El primer peaje que se cobrará en España sólo a la circulación de camiones comenzará a aplicarse este martes, 9 de enero, en tramos de las carreteras N-1 y A-15 a su paso por la provincia de Guipúzcoa. 

Unos 12.000 vehículos pesados de más de 3,5 toneladas afrontarán diariamente el pago de esta tasa, impuesta por la Diputación Foral, de los que unos 8.000 corresponden al tráfico internacional de mercancías que entran y salen del país por el paso fronterizo de Biriatou, según datos del sector.

Las asociaciones de transportistas de mercancía que conforman el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) prevén convocar nuevas movilizaciones en contra del nuevo peaje, que serán continuación del paro secundado la pasada semana en esta provincia vasca.

Se trata de la primera ocasión en que se aplica en España un peaje de este tipo, exclusivo para vehículos pesados, a pesar de que ha sido introducido en otros países europeos.

En concreto, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda y Suiza aplican el peaje en función de los criterios fijados por la UE, lo que se denomina "Euroviñeta". 

Otros países la cobran en determinados tramos de varias de sus carreteras. Se trata de Polonia, Alemania, Portugal, Bélgica, Austria, Eslovaquia y Bulgaria.

En España, el Gobierno central mantiene que imponer este tipo de tasas no está actualmente en sus planes más inmediatos.

Las concesionarias despidieron al 37% de los empleados mientras subían los peajes un 17%

MADRID.- ¿Quién fue el máximo responsable de que miles de vehículos quedaran atrapados por la nieve el pasado sábado en la AP-6: la concesionaria de la autopista de peaje (Iberpistas, filial de Abertis), la Dirección General de Tráfico o los conductores que se lanzaron a la carretera pese a las inclemencias del tiempo?, se pregunta El Confidencial.

A la espera de lo que pueda dictaminar el expediente anunciado por el Ministerio de Fomento y las posibles demandas judiciales, desde un primer momento los cientos de afectados han criticado la escasez de máquinas quitanieves y la falta de personal e información por parte de la empresa y la DGT. Los informes ministeriales consultados por El Confidencial ponen de manifiesto que estos problemas denunciados por los conductores no es algo aislado en las autopistas de peaje. Es más, todo el sector ha aplicado una fuerte cura de adelgazamiento en los últimos años.

Como si se tratara de una dieta post-Navidad, las concesionarias de las autopistas de peaje españolas han aplicado en el período 2011-2015 unas severas medidas de adelgazamiento a sus plantillas. En estos cuatro años, el sector pasó de emplear a más de 5.100 personas a apenas 3.200. 

O lo que es lo mismo: las empresas despidieron a uno de cada tres trabajadores. En paralelo, incrementaron las tarifas de los peajes a los conductores, de 10,6 a 12,4 céntimos por kilómetro en el caso de las autopistas estatales y de 15,6 a 17 céntimos en las de concesión autonómica. La red nacional de autopistas de peaje se mantuvo inalterable en 3.307 kilómetros.

Estos datos figuran en los informes sobre el sector elaborados por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, organismo dependiente de Fomento encargado de supervisar estas vías de pago. 

La entidad presidida por el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño González, será la encargada de recabar toda la información del caos del fin de semana en la AP-6 en el expediente anunciado por el ministro Íñigo de la Serna. Desde 2005, la delegación nunca ha sancionado a las concesionarias por irregularidades en la prestación del servicio, tal y como reveló el diario asturiano ‘El Comercio’.

Entre sus más de 200 páginas, los informes ministeriales esconden numerosos datos de interés sobre los fuertes recortes llevados a cabo por las concesionarias en estos años de crisis. Como la pérdida de personal de mantenimiento, al pasar de emplear a 1.200 personas a menos de 900. O la caída del 42% en los trabajadores que ocupaban los puestos de peaje, merced a la proliferación del telepeaje y de las máquinas automáticas de cobro con tarjeta.

Los recortes de plantilla en las autopistas de peaje se traducen en que el ratio de empleados por kilómetro apenas supera la unidad (en 2011 era 1,59). Mientras en aquel año solo cuatro concesionarias tenían un ratio por debajo de uno, la cifra aumentó hasta las trece en 2015. El caso más llamativo es el de Audasa, concesionaria de la gallega AP-9, que en tan solo un año pasó de 256 a 80 trabajadores. La empresa anunció recientemente un incremento de casi el 4% de sus tarifas para 2018, justificando la subida por la ampliación del puente de Rande en Vigo y la circunvalación de Santiago. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inauguró ambas obras en cuatro días la pasada semana.

La AP-6, la más cara y con la mayor subida

La concesionaria de la autopista de peaje entre Villalba y Adanero (además de las ramificaciones a Segovia y Ávila) también ha tirado de recortes de personal para sanear sus cuentas. La quinta empresa con mayor plantilla del sector pasó de emplear a 270 trabajadores en 2011 a 192 cuatro años más tarde, lo que se traduce en una pérdida del 29% de la mano de obra. Mientras en aquel año Iberpistas contaba con 96 trabajadores para mantenimiento y 107 para los puestos de peaje, en 2015 estas cifras bajaron hasta los 79 y 73, respectivamente.

Sin embargo, los recortes de personal no se tradujeron en una rebaja de los peajes para los miles de conductores que cada día utilizan la vía de pago que une la Comunidad de Madrid con Castilla y León en dirección al noroeste peninsular. De aquellas concesiones administrativas adjudicadas por el Ministerio de Fomento, el tramo Villalba-Adanero es el más caro para los conductores por kilómetro de peaje, al costar más de 20 céntimos. 

Le siguen de lejos la autopista de pago que une Asturias con León y la que lleva al aeropuerto de Barajas. Y no solo eso. La AP-6 es la vía de pago donde más se han elevado las tarifas en el período 2011-2015, con un incremento del 23% (la subida media fue del 17%).

Tanto el aumento de las tarifas como el incremento del tráfico han servido para que los ingresos por peaje de Iberpistas hayan repuntado en los últimos años. En 2015, la filial de Abertis recaudó casi 95 millones de euros abonados por los conductores de la AP-6, mientras que Castellana de Autopistas ha vuelto a superar los 10 millones de euros de recaudación por primera vez desde 2011. 

En los años previos a la crisis y tras actualizar el IPC al dato de 2015, Iberpistas llegó a ingresar más de 120 millones de euros por los dos peajes –uno en cada sentido– de la AP-6.

La AP-6, una concesión de 1968 que genera 178.000 euros al día 'limpios' en peajes

MADRID.- La AP-6 es una de las pocas carreteras de peaje en España que ha sabido sobreponerse a la crisis de tráfico sufrida por el sector durante los últimos años. Se trata de una de las concesiones más rentables del país, con un beneficio que sólo en 2016 ascendió a 65,3 millones de euros. Esto equivaldría a alrededor de 178.000 euros limpios al día, ya descontados los costes de gestión y financieros, revela hoy El Mundo. 

Por esta carretera de 70 kilómetros que une las localidades de Villalba y Adanero circulan cada día una media de 29.258 vehículos, un nivel que se aproxima ya al récord de 34.381 automóviles registrado en 2007, antes de que la crisis financiera se llevara por delante una gran parte del tráfico de las infraestructuras de pago.

Su buena ubicación y su ventaja comparativa con respecto a las alternativas de circulación gratuita han hecho que en los dos últimos años su tráfico se haya recuperado un 20% al calor de la mejora económica. El incremento del volumen de circulación ha ido ligado a un aumento de la facturación de la compañía, que sólo a través de peajes ingresa al día 285.000 euros. Un trayecto completo del recorrido tiene un coste de 12,5 euros para un vehículo ligero.

Por el lado contrario, la sociedad ha sabido reducir sus costes con una reducción de personal en los últimos años. La plantilla ha menguado de 267 a 178 empleados entre los años 2008 y 2016, según su informe de resultados.

Este escenario ha mantenido a la AP-6 lejos del fantasma del rescate que sobrevuela otras infraestructuras de peaje, muchas concentradas también en los alrededores de Madrid. La concesión de la carretera se registró en el año 1968, antes incluso de la instauración de la democracia en el país, y fue firmada por el entonces ministro de Obras Públicas, Federico Silva. El contrato inicial contemplaba un periodo de 50 años para recuperar la inversión que vencería el próximo 28 de enero.

No obstante, en 2008 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero alcanzó un acuerdo con la concesionaria para alargar la vida de explotación a cambio de la realización de un tercer carril en una parte del recorrido. Esto ha prorrogado la concesión hasta, como mínimo, el año 2025.

La alcaldesa de Cartagena gobernará en minoría pero confía en la "responsabilidad de toda la oposición para alcanzar acuerdos"

CARTAGENA.-La alcaldesa socialista de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha anunciado este martes la redistribución de competencias entre los seis concejales del PSOE en la Corporación Municipal, tras la ruptura este lunes del pacto de gobierno con MC. Se trata del Equipo con el que la regidora pretende concluir la legislatura gobernando en "solitario y en minoría" pero con "diálogo y llegando a acuerdos con todos los grupos municipales para sacar adelante su labor", tarea para la que confía en la "responsabilidad de todos".

"Yo voy a hacer uso de esa responsabilidad que sé que tienen los grupos municipales", ha anunciado Castejón, quien ha señalado que no tiene "miedo" para afrontar esta nueva etapa en la que ha asegurado que no se va a "arrinconar" en la soledad de su despacho, sino que quiere "gobernar con toda la Corporación".
Aunque ha anunciado que los seis concejales socialistas se van a redistribuir las competencias que, hasta ahora, mantenían sus compañeros de Movimiento Ciudadano, Castejón no ha cerrado la puerta a incorporar al equipo de Gobierno a algún funcionario, ya que la Ley de Grandes Ciudades le da la posibilidad de nombrar directores generales. No obstante, ha aclarado que "esa enorme responsabilidad conlleva estudiarlo muchísimo".
En una rueda de prensa, Castejón ha dado a conocer la reestructuración del nuevo Gobierno con el que le "toca" afrontar en esta nueva etapa de la legislatura, en la que la maquinaria administrativa "no se detendrá" y en el que estará acompañada con Juan Pedro Torralba como primer teniente de alcalde, y Francisco Aznar como segundo teniente de alcalde.
En este sentido, Francisco Aznar, que hasta ahora era cuarto Teniente de Alcalde y concejal del Área de Hacienda e Interior, Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana y Vía Pública, se va a ocupar ahora del área de Desarrollo Sostenible y de Función Pública, que va a incluir las competencias de Interior, Seguridad, Transparencia y Urbanismo.
María del Carmen Martín del Amor, que hasta ahora ejercía de concejala delegada de Servicios Sociales y Mediación Social, se va a encargar a partir de ahora de dirigir toda el área de Estrategia Económica, que va a incluir las competencias de Hacienda Pública, Comercio y Turismo.
Obdulia Gómez, que hasta ahora era concejala delegada de Industria, Turismo, Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural y Litoral, va a dirigir en adelante el área de Calidad de Vida y Bienestar, que va a incluir Consumo, Sanidad, Medio Ambiente, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Deportes.
Por su parte, David Martínez Noguera, que hasta ahora era concejal delegado de Cultura, Educación e Igualdad, va a hacer frente a la Concejalía de Educación y Cultura, que va a asumir también las competencias de Juventud y Patrimonio Arqueológico.
Juan Pedro Torralba, que era segundo Teniente de Alcalde y concejal del Área de Participación Ciudadana y Buen Gobierno se hará cargo del área de Servicios Municipales, Participación Ciudadana y Festejos, que incluye Descentralización, Litoral, Infraestructuras y Festejos.
Finalmente, la propia Castejón, que era regidora y concejala del Área de Estrategia Económica, de Empleo, Innovación, Empresa y Comercio, va a dirigir de aquí en adelante el área de Servicios Sociales y de Igualdad.
La alcaldesa ha querido transmitir tranquilidad a los cartageneros asegurando finalmente que, tras este cambio de gobierno, “nada va a cambiar”.
“Como vicealcaldesa trabajé de forma incansable para sacar a adelante grandes cuestiones de este ayuntamiento que afortunadamente salieron a adelante y como alcaldesa en estos meses que llevo lo he hecho y lo voy a seguir haciendo”, ha manifestado.
Castejón ha asegurado que buscará en todo momento el consenso y colaboración con el resto de los grupos municipales para que el Ayuntamiento no se pare y ha expresado su agradecimiento y confianza en los funcionarios municipales para sacar adelante este difícil reto de gobernar en minoría.
“Hoy se abre una etapa apasionante para el Gobierno de Cartagena y para todos los ciudadanos”, ha indicado la regidora, quien ha explicado que todavía debe seguir “culminando y perfilando” las características del nuevo Gobierno municipal para “no dar ningún paso en falso”. 

El SMS no reserva la plaza en la bolsa de trabajo a las sanitarias embarazadas

MURCIA.- El sindicato médico CESM ha denunciado que, desde el pasado mes de diciembre, "el Servicio Murciano de Salud ha dado instrucciones de que las sanitarias que se queden embarazadas o aquellas que están en situación de baja laboral por maternidad, y tengan que renovar un contrato en bolsa de trabajo, no tendrán reserva de plaza".

Desde el sindicato han mostrado su "rechazo absoluto a esta medida, ya que se trata de un ataque frontal contra las mujeres, la maternidad y la lactancia, y los derechos de las trabajadoras que desean ser madres".

"Esta decisión de la Administración somete a una evidente falta de protección a las mujeres y, además, se suma a una larga lista de restricción de derechos laborales a los empleados públicos que está caracterizando a nuestro Gobierno regional", criticaron.

El sindicato lamenta "este agravio a las mujeres, que es una nueva muestra de la precariedad reinante en el empleo médico, un hecho que ha quedado demostrado y que ha ido empeorando en los últimos años y que afecta a todos los profesionales y a colectivos muy vulnerables como el personal eventual o, en este caso, las mujeres".

El Servicio Murciano de Salud, "para atacar a las mujeres en pleno siglo XXI, se escuda en un supuesto informe jurídico". 

En dicho informe, según indican desde el CESM, "se refleja una situación que ya suponía un grave perjuicio y es que, hasta ahora, se permitía a las gestantes puntuar en bolsa de trabajo y mantener la reserva de plaza durante el embarazo y la baja por maternidad, pero sin cotizar a la Seguridad Social".

Así, el Sindicato Médico exige a Sanidad que "vele por los derechos de sus trabajadores y lleve a cabo políticas en recursos humanos que defiendan a la mujer, la maternidad y la lactancia y se adapten a la realidad social actual, en la que más de un 80 por ciento de nuevos colegiados en Medicina cada año son mujeres".

Protesta de los taxistas de Alicante contra la liberación del transporte en la estación del AVE

ALICANTE.- Centenenares de taxistas de la ciudad de Alicante participaron ayer en la manifestación organizada por la asociación Radio Tele Taxi para protestar por la modificación del artículo 22 de la nueva Ley del Taxi que liberaliza el trabajo en la parada del AVE de Alicante permitiendo que taxista de cualquier punto de la provincia puedan llevar y recoger pasajeros, previa comunicación a la Conselleria de Transportes, según relata el diario Información. 

Los taxistas -más de 500 profesionales afectados- denuncian que esta es la puntilla para la desaparición de muchos taxistas, ya presionados por la competencia deseal y las licencias VTC. La concentración ha partido desde la estación y finaliza en la Montañeta.
El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha mostrado su apoyo al sector del taxi que se manifiesta en contra del artículo 22 de la nueva Ley del Taxi la Comunidad Valenciana, y se ha comprometido a mediar con la Generalitat Valenciana para solicitar su modificación. 

El alcalde ha señalado que esta es una 'buena Ley para el sector en su conjunto', destacando que 'cumple con los objetivos que vienen reivindicando desde hace años el sector del taxi y el artículo 22 desvirtúa la filosofía con la que nace la nueva norma legal'.

 Echávarri recuerda que el sector del taxi en nuestra ciudad ha estado en los últimos años muy castigado tanto con el conflicto por la concesión de nuevas autorizaciones de Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC,s), como por la crisis económica, y necesita todo el apoyo de las administraciones públicas.

En este sentido, Echávarri se suma al rechazo de la entrada en vigor de la nueva medida porque considera que es necesario 'arbitrar una solución' al problema que puede generar el que legalmente puedan operar taxistas de cualquier municipio en nuestra ciudad para 'garantizar que la administración les ampare y los servicios se realicen con los taxistas de Alicante como es justo'.

'Debemos garantizar así un equilibrio en un sector que ya ha sufrido mucho y no crear un nuevo conflicto entre los propios taxistas, ya que la administración no cuenta con los medios suficientes para garantizar que los taxistas que viene de otros municipios sólo realicen los servicios de los clientes del AVE', asevera el primer edil.

'No hay medios para que esta medida se ponga en marcha tal y como la regula el artículo 22 de la Ley con todas las garantías que debe ofrecer la administración' señaló Echávarri quién a su vez aseguró que por ello tratará de ayudar al sector para que se adopte lo antes posible una solución y evitar un conflicto en nuestra ciudad.

Ximo Puig exige al Gobierno que pague ya los 1.500 millones de la liquidación de 2016

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha exigido este lunes al Gobierno que pague ya para que sean "una realidad" los 1.500 millones de euros correspondientes a la liquidación del sistema de financiación de 2016 y no en el mes de julio. "Son recursos que tiene el Estado y que son de los valencianos y sin ellos no podemos pagar a tiempo a proveedores ni a empresas", ha subrayado. 

Así lo ha indicado Puig en una comparecencia ante los medios de comunicación, tras la reunión de la comisión mixta de seguimiento de la reforma del sistema de financiación para analizar la situación actual después de que no se haya cumplido el compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de renovar el modelo en 2017.
Tras el encuentro, en el que han participado los grupos parlamentarios, la Confederación Empresarial Valenciana, sindicatos, universidades y la Federación de Municipios, Puig ha criticado el "incumplimiento" de Rajoy con la reforma del sistema de financiación, que espera que se "subsane en las próximas semanas".
"No se puede continuar en esa dinámica. Esto no es ganar tiempo como algunos dicen, sino perderlo para resolver el problema territorial de España, que no es solo Cataluña y la financiación es clave para solucionar los problemas de España", ha reivindicado.
Además, el 'president' ha subrayado que no va a permitir "la amenaza" ni el "chantaje" del Gobierno de recortar a la Comunitat 353 millones de las entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación del ejercicio 2018. "Eso no puede ser la solución", ha subrayado.

BMN se despide de sus clientes subiendo las comisiones

GRANADA.- La última decisión de los gestores de BMN, el banco del que participaba la desaparecida CajaGranada, ha sido comunicar a sus clientes la subida de las comisiones, después del cierre de oficinas, según revela El Independiente de Granada. 

Si es usted cliente de BMN, el fallido banco que crearon Caja Murcia, CajaGranada, la balear Sa Nostra y Caixa Penedès, luego vendida al Sabadell, le habrá sorprendido la última comunicación que está mandado por carta: la subida de comisiones. La última decisión antes de ser absorbida por Bankia, el otro banco nacionalizado.

A partir del 19 de febrero prepárese: por mantener una cuenta, le cobrarán 60 euros al año, con liquidación trimestral desde la fecha de apertura, muy por encima de la media de la banca. 

Pero además, anuncian que por comisión de administración le detraerán 0,50 euros por apunte, con liquidación trimestral desde la fecha de apertura. Y 35 euros por reclamación de saldos deudores.

Si en algún momento mantiene un descubierto en su cuenta, 4,50 por ciento, con un mínimo de 15 euros.

Y cuidado: el tipo de interés deudor será 2,5 veces el tipo de interés legal del dinero, incluyendo la comisión de descubierto, más el tipo de interés deudor, actualmente, en el 7,37 por ciento.

La liquidación de intereses acreedores, deudores y comisión de descubierto se efectuará semestralmente a contar desde la fecha de apertura de la cuenta.

Pero hay más: a partir del 19 de febrero se "dejará de aplicar" el "programa actual de bonificaciones de comisiones", si bien anuncian que comunicará otro "más beneficioso".

Estos son los párrafos finales de la misiva enviada a los clientes.

Ahora Bankia deberá decidir si mantiene o no estas elevadas comisiones a los antiguos clientes de BMN,  dado que puede ser un agravio comparativo tras la aborción puesto que de momento no las aplica tan elevadas a sus proipios clientes. 

El que fuera presidente de CajaGranada y, posteriormente, de la Fundación, Antonio Jara, dimitió el pasado 18 de diciembre, dejándo tras de sí una cuestionable gestión de siete años en la entidad que fulminó. Lo sustituyó al frente de la Fundación, el socialista José Montilla, que Jara incorporó al banco.

Bankia y BMN culminan la fusión

Bankia y BMN culminaron ayer su fusión con la inscripción en el Registro Mercantil de la operación, con lo que a partir de ahora comenzará el canje de títulos de BMN por acciones de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri.

Bankia, que inicialmente pensaba inscribir la fusión el pasado 5 de enero, finalmente lo efectuó este lunes después de recibir todas las autorizaciones requeridas por los reguladores y las autoridades, según ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Con la fusión de las dos entidades participadas mayoritariamente por el Estado, Bankia se consolida como el cuarto banco español en número de activos, ya que gestionará 223.000 millones de euros después de que BMN aporte al grupo unos 38.000 millones.

El canje de las acciones de BMN, que comenzé este lunes y que el banco pretende cerrar el próximo viernes 12 de enero, se realizará con una relación de un título de Bankia nuevo por cada 7,82 acciones de BMN, con un valor nominal en ambos casos de un euro, que empezarán a cotizar el próximo lunes 15 de enero.

Del total de 1.613,7 millones de acciones de BMN, Bankia canjeará 1.610 millones, ya que el resto están en manos de la propia entidad absorbida y se procederá a su amortización.

Para hacer frente a la fusión, Bankia debe emitir 205,6 millones de nuevas acciones y la compañía GVC Gaesco Beka ejercerá como agente del canje y como "agente de picos", con el fin de adquirir las acciones o partes de acciones de BMN que, tras la ecuación de canje, no den lugar a recibir una acción entera de Bankia.

La fusión de Bankia y BMN, aprobada por sus accionistas en junta el pasado 14 de septiembre, permitirá al nuevo grupo aumentar su volumen de créditos un 20 % y el de depósitos un 28 %, mientras que la base de clientes se incrementa en un 26 %.

Al mismo tiempo, la operación lleva aparejada una reducción de más de 2.500 empleados, que actualmente se negocia con los sindicatos y que afecta principalmente a los servicios centrales de ambas entidades ya que sus redes de oficinas apenas se solapan.

Bankia fue creada por la fusión de Caja Madrid, Bancaja, la Caja de Canarias y las de Ávila, Segovia y La Rioja, mientras que el banco BMN es el resultado de la unión de Caja Murcia, Caja Granada y la balear Sa Nostra.

Ambos recibieron cuantiosas ayudas del Estado para evitar su quiebra.

Una promotora de Torrevieja compra suelo para 1.200 pisos en Benidorm

MADRID.- El año 2018 ha arrancado con fuerza desde el punto de vista inmobiliario. TM Grupo Inmobiliario, compañía con sede en Torrevieja (Alicante), especializada en la construcción y comercialización de grandes residenciales en la costa mediterránea, ha adquirido un total de 165.000 metros cuadrados en Benidorm sobre los que invertirá 260 millones de euros para levantar 1.200 viviendas. Tres cifras que, sin duda, la convierten en una de las mayores operaciones de suelo de la última década en España, a juicio de El Confidencial.

Para que nos hagamos una idea de la dimensión de la transacción, en la Comunidad de Madrid, InmoGlaciar y el fondo de inversión alemán Aquila Capital se hicieron a mediados de 2015 con unos terrenos que albergaron las instalaciones militares del antiguo Parque Central de Ingenieros, con una edificabilidad de 120.000 metros cuadrados y más de 1.200 viviendas de protección. Por ellos, pagaron a Sepes —propietaria del suelo— 50 millones de euros. En este caso, la inversión total ronda los 200 millones.

Otro dato, la operación Calderón contempla una edificabilidad de 147.000 metros cuadrados y 1.300 pisos. Eso sí, en este caso, solo la compra de suelo podría alcanzar los 200 millones de euros.

El suelo adquirido se encuentra en segunda línea de la playa Poniente de Benidorm, justo enfrente del mediático rascacielos InTempo —recientemente adquirido por un fondo oportunista— y junto a la promoción Sunset Drive, uno de los proyectos de TM en Benidorm, que se encuentra completamente vendido. En este nuevo ámbito, la mayor parte del suelo será destinada a viviendas, el 90% de las mismas tendrá vistas al mar, según señalan desde TM, que espera que las primeras viviendas estén a la venta en el verano de 2019, lo que supondría entregar la primera fase de viviendas construidas a mediados de 2020. Además se prevé una parcela de 15.000 metros cuadrados de superficie destinada a uso sanitario asistencial y 2.750 metros, aproximadamente, para un centro comercial.

El Ayuntamiento de Benidorm desbloqueaba a finales de 2017 la bolsa de suelo más importante de la ciudad, al aprobar en su último pleno del año el Plan Parcial 2/1 de Poniente, -ya fue aprobado en el pleno del 23 de abril de 2011-, después de que os los técnicos municipales contestaran a todas las alegaciones al mismo. Se trata del único sector que quedaba por desarrollar en la primera línea de playa. El agente urbanizador el ámbito -figura urbanística que contempla la normativa en la Comunidad Valenciana- es, precisamente, Bahía de Alicante, propietaria mayoría de los terrenos hasta su venta a TM y ella será la encargada de redactar el proyecto de urbanización y reparcelación.

“Se trata de una apuesta estratégica de presente y futuro de TM por el municipio de Benidorm y la Costa Blanca, que además nos posiciona como líderes inmobiliarios en la capital turística de Europa, siendo la promotora con más suelo en el municipio de Benidorm", señala Pablo Serna, director general de TM Grupo Inmobiliario.

Esta operación es la cuarta de TM en el municipio alicantino en los últimos tres años y permitirá a la compañía no solo completar con sus ventas el plan estratégico de 2015-2019, sino que asegura su actividad en la zona durante los próximos 10 años, con la promoción de unas 1.200 viviendas en residenciales destinados tanto al mercado nacional como europeo.

En este plazo, la promotora estima una inversión en torno a los 260 millones de euros, "con diferentes fases de ejecución de dos años cada una, lo que supondrá un importante impulso a la economía local, generando en torno a 800 empleos", señalan desde la compañía.

En los últimos tres años, TM Grupo Inmobiliario ha llevado a cabo la promoción, ejecución y comercialización de otras importantes promociones en Benidorm. Además del mencionado Sunset Drive, cuenta con el proyecto Ocean Drive y la Ermita del Mediterráneo en el Tosal, todos con muy buenas cifras de comercialización.

Para que nos hagamos una idea, en el primer fin de semana en que se puso a la venta Sunset Drive, los ritmos de ventas fueron muy fuertes, lo que llevó a la compañía a incrementar los precios hasta un 20%. Los precios de sus 265 unidades oscilaban entre un mínimo de 255.000 y un máximo de 766.000 euros, a una media de unos 2.600 euros el metro cuadrado.

'Boom' inmobiliario en Benidorm

Situada en la provincia de Alicante, Benidorm es una de las zonas en clara recuperación inmobiliaria del mercado residencial español. Ostenta el precio por metro cuadrado más caro de la región, con una media de 1.585 euros —obra nueva y segunda mano—, por encima de lo que se paga en sus vecinos Altea, Calpe o l'Alfàs del Pi, según datos de Tinsa. 

Aunque los precios han corregido casi un 44% desde máximos, es uno de los puntos de la geografía española con el viento a favor. En el último año, los precios han subido un 11%, según el último informe de costa de esta tasadora.

La recuperación también es evidente en cuanto al número de transacciones. En 2016, las ventas crecieron casi un 18% impulsadas por la vivienda de segunda mano (25% al alza), frente al desplome de la obra nueva (-55,8%). Ese es, precisamente, el gran caballo de batalla de la localidad, la enorme escasez de proyectos nuevos en marcha, situación a la que contribuyó la locura constructora en los años del 'boom', que agotó prácticamente todo el suelo edificable en primera línea de playa.

Una situación que está provocando que los escasos proyectos en marcha se vendan en cuestión de meses a precios que incluso en plena burbuja habrían parecido disparatados, al tiempo que se está generando un efecto alcista de los precios sobre las propiedades de segunda mano. 

Para que nos hagamos una idea, según datos de Idealista, el precio de los pisos usados se movía en torno a los 1.900 euros el metro cuadrado en septiembre de 2017, un 7,6% más que hace un año y por encima de lo que se paga en la actualidad en algunos distritos de Madrid como Carabanchel, Latina, Puente de Vallecas, Usera, Vicálvaro y Villaverde.

"El mayor problema de este mercado es que no se ha generado suelo. En 2006-2007, los mecanismos para crear suelo a nivel legislativo eran mucho más ágiles, pero ahora, además de que la ley ha cambiado hasta en dos ocasiones, parece que hay miedo a desarrollar suelo", explicaba recientemente Jaime Martín Calleja, técnico de Tinsa en Benidorm. "Hay bolsa de suelo que se podía haber desarrollado durante la crisis y, sin embargo, el mercado está paralizado.", añade.

"Benidorm es un mercado muy demandado a nivel vacacional, como también lo son localidades cercanas como l'Alfàs del Pi, Vilajoiosa o Finestrat, donde se está promoviendo fundamentalmente vivienda unifamiliar para un perfil de comprador medio o medio alto. 

Sin embargo, hay muy poca obra nueva, y lo que hay es fundamentalmente en altura", explica a El Confidencial José Martínez, bróker de RE/MAX Grupo Inmomas en Alicante. "El comprador nacional suele preferir Benidorm, pero el extranjero tiende a la vivienda unifamiliar en zonas más alejadas. No les importa tanto la distancia respecto de la playa".

Precio de la vivienda (nueva y segunda mano) en Alicante

X.1	1T. 2016 (€/m2)	1T. 2017 (€/m2)	Variación (%)	Variación desde máximos (%)
Alicante, Capital	1.040	1.162	11,70	-40,7
Benidorm	1.429	1.585	10,9	-43,90
Alfàs del Pi (l')	1.323	1.340	1,3	-45,40
Alicante (provincia)	1.074	1.098	2,2	-44,5
Altea	1.591	1.542	-3,1	-35,30
Calpe/Calp	1.362	1.429	4,9	-41,2
Campello (el)	1.389	1.426	2,7	-30,6
Dénia	1.337	1.467	9,70	-40,80
Elche/Elx	898	886	-1,3	-48,80
Guardamar del Segura	1.256	1.275	1,5	-40,90
Jávea/Xàbia	1.504	1.514	0,70	-38,90
Orihuela	1.352	1.192	-11,8	-45,6
Pilar de la Horadada	1.221	1.230	0,70	-44,40
Santa Pola	1.302	1.222	-6,10	-43,6
Torrevieja	1.295	1.238	-4,4	-44,5
Villajoyosa/Vila Joiosa (la)	1.123	1.130	0,60	-49,80

Fuente: TINSA

Aviso amarillo por fuertes vientos en el Altiplano y el Noroeste a partir de mañana miércoles

MURCIA.-La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento mañana miércoles en la comarca del Noroeste y a partir del jueves también en el Altiplano de la Región, según fuentes de la Aemet.

En concreto, el aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora estará activa en el Noroeste desde las 14.00 horas de este viernes hasta las 14.00 horas del jueves, con una probabilidad de que se llegue a producir que oscila entre el 40 y el 70 por ciento.

En la comarca del Altiplano, el aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora estará activo desde las 00.00 horas a las 15.00 horas del jueves, también con una probabilidad que oscila entre el 40 y el 70 por ciento.

A la atención del Sr. Goirigolzarri / Cartas de los Lectores

Estimado Señor Goirigolzarri:

    En respuesta a su atenta misiva de fecha 8 de enero de 2018, y para su conocimiento e información oportunos, tengo a bien mantenerle informado de asuntos relativos a su flamante (y seguro que merecidísimo) nuevo "Consejero Externo" y a su equipo que tan hábilmente han ido colocando en las redes de su "horizontal" nuevo organigrama, que ha causado las delicias de propios y extraños al ver colocados a todos los responsables de la nefasta gestión y hundimiento de BMN. Debe ser lo que usted llama en su atenta carta "crear oportunidades para el desarrollo de las personas y la gestión del talento".

    Sin duda han sabido colocar a los mejores talentos de BMN sin cuya gestión hubiese sido casi imposible esta absorción. Un gran mérito para ellos, sin duda, que merece un premio en el organigrama horizontal. Horizontales se van a quedar los 2.510 despedidos por ustedes que simplemente obedecían órdenes de los tan bien recolocados en su fantástico organigrama. Felicidades de nuevo.

    Al hilo de tan magníficas noticias para la plantilla, tengo a bien recomendarle la lectura de varios artículos relativos a unos curiosos complementos a los planes de pensiones de algunos directivos, que se instrumentalizaron en forma de pólizas de vida con la compañía CASER, SA, por cierto, muy interesada en facilitar toda la información que se le precise en los juzgados.

    Ya es noticia (escandalosa) que en una Caja o Banco, como BMN quebrados, se formalizasen pólizas para garantizar el retiro dorado de sus directivos, con el beneplácito del Consejo de Administración y presidido, cómo no, por su nuevo Consejero Externo sin cuyos parabienes hubiese sido imposible tal acción.

    Una de las dos pólizas a las que hago referencia, en concreto la número, 54.561 con efecto (atento a la fecha) desde el 31 de diciembre de 2010, dotada con una prima única de la insignificante cantidad de 2.065.062,09 euros y destinada a cubrir las contingencias de los desafortunados directivos incluidos en la misma es quizá la más escandalosa. Sí, porque existe otra anterior, de 2001.

    Es innecesario recordarle, porque su memoria da para eso y para más, que CajaMurcia-BMN recibe el 29 de junio de 2010 una inyección de dinero público del entonces llamado FROB-1 de otra cantidad insignificante de 915.000.000 euros.

    ¿Blanco y en botella podría ser leche? Quizá sea agua con polvos pero si usted recibe en junio 915 millones para su rescate y 6 meses más tarde formaliza una póliza por algo más de 2 millones para sus directivos, parece cuanto menos altamente sospechoso, ¿verdad?

    Sin duda que la honradez ha presidido todas estas actuaciones. Pero por si así no fuera, pongo en su conocimiento que con fecha 7 de noviembre de 2017 estos hechos fueron puestos en conocimiento del FROB con todo lujo de documentación anexa.

    Existiendo, por otra parte, un colectivo de más de 100 reclamantes en el juzgado de lo Social número 7 de Murcia para aclarar este tema y cuyas diligencias previas llevan abiertas más de un año recabando información por parte del Juzgado.

Debo suponer que usted está informado de este tema, ¿verdad? Carlos se lo habrá comentado, sin duda.

    Y habiendo sido enviado, también, un extenso informe a la Unidad de Contencioso del Banco de España para que sea investigado y puesto a disposición del Banco Central Europeo, donde ya se están dirimiendo posibles irregularidades cometidas bajo la batuta de su merecido Consejero Externo y que se encuentran en la actualidad en la Fiscalía y Juzgado de Instrucción 7 de Murcia por posible administración desleal. También se lo ha explicado Carlos, ¿cierto?

No obstante ese tema ya saldrá a la luz por parte de la propia Justicia, llegado el momento.

    Para ilustrar un poco mejor el tema que le indicaba anteriormente, le remito unos enlaces a unos artículos publicados en un conocido blog económico de Murcia y también en nuevodiario.es, y que han tenido una gran repercusión mediática y causado una gran indignación a un colectivo de más de 1.000 empleados, posibles reclamantes de sus derechos, y que supone un inevitable Caballo de Troya salido de las mugrientas alfombras de BMN y que Bankia debe acometer ahora con todas sus consecuencias... , y lo que quedará por venir que usted aún desconoce. Pero saldrá. Estoy seguro de que Carlos lo tiene muy bien informado de estos temas, sin duda. La confianza en el Consejero Externo debe ser máxima. Por eso se le nombra, ¿verdad?
 

Habría otros particulares, pero por hoy, sin otro particular, me despido atentamente.

Como dice un amigo de un pariente mío: "Señor Presidente, este fichaje suyo - Carlitos Egea- ya ha hundido 4 Cajas y un Banco él solito. Lleve cuidado, que los "Consejeros Externos" los carga el diablo".

Fernando Cascales Salas

nuevodiario.es/noticia/2423/nacional/numerosos-ex-empleados-de-caja-murcia-ya-en-marcha-para-cobrar-lo-establecido-en-el-seguro-colectivo-de-vida.html

nuevodiario.es/noticia/2449/nacional/unos-1.100-ex-empleados-de-caja-murcia-anteriores-a-1987-pueden-exigir-a-caser-su-complemento-para-la-jubilacion.html

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El denunciante fiscal: ¿un héroe o un chivato? / Pablo Tejedor *

En 2007 Bradley Birkenfeld, antiguo directivo de la entidad bancaria UBS de la que había sido despedido meses antes, contactó con el Ministerio de Justicia de EEUU para denunciar el sistema de evasión de capitales del banco suizo que permitió a la Hacienda americana recuperar la nada desdeñable cifra de 780 millones de dólares. 

En un primer momento, pagó muy cara su colaboración con las autoridades fiscales pues fue llevado a tribunales y finalmente condenado a 40 meses de prisión por participar en las actividades fraudulentas de UBS.

Sin embargo, una vez cumplida su condena recibió más de 100 millones del fisco estadounidense, al ser ese el porcentaje que por ley le correspondía del dinero recuperado, convirtiéndose de esa manera en una de las mayores recompensas pagadas a un delator fiscal.

Inspirados en esa figura, los inspectores de Hacienda del Estado presentaron en su congreso anual, celebrado el pasado mes de octubre, una serie de medidas destinadas a potenciar la lucha contra el fraude fiscal incorporando en su propuesta de Estatuto, entre otras peticiones, la remuneración del denunciante fiscal y el pago a confidentes para supuestos de denuncia de delitos. En cuanto al pago a los denunciantes, la medida no dejaría ser la reincorporación a nuestro ordenamiento jurídico de un sistema de incentivos vigente en materia tributaria desde 1964 hasta 1987 donde el delator podía percibir entre el 20% y el 30 % de las sanciones firmes y cobradas.

Como demuestra el caso concreto de UBS, la figura del delator o confidente fiscal ya existe en los países más desarrollados, concibiéndose como un medio para combatir el fraude fiscal y no con el exclusivo fin de incrementar la recaudación de la Hacienda Pública sino también como una vía de cumplimiento de la ética empresarial. En Estados Unidos, Reino Unido y otros países anglosajones se ha desarrollado una auténtica cultura de los denunciantes (conocidos como “whistleblowers”), implantándose, además, en las empresas canales de denuncia con el doble propósito de, por un lado, reforzar la buena práctica empresarial y, por otro, eximirlas de responsabilidad en el supuesto de la comisión de un delito.

El caso de Estados Unidos resulta especialmente paradigmático el arraigo de la institución y la conciencia ciudadana a la hora de denunciar, en nombre del gobierno, actuaciones fraudulentas de compañías o particulares. Habría que remontarse al mandato de Lincoln para encontrar los orígenes de dicha regulación, siendo la False Claims Act de 1863 la primera ley que recompensaba a los empleados que facilitaran pruebas de los actos ilícitos de sus empresas. 

A pesar de sufrir diferentes vaivenes normativos, donde se mantuvo el derecho a denunciar, pero se suprimió la recompensa, fue en el año 2006 cuando el Congreso aprobó, con carácter más específico, la IRS Whistleblower Law, estableciendo un procedimiento independiente de denuncia, fijando umbrales monetarios para el ejercicio de la acción y concediendo a los delatores o confidentes un porcentaje de la cantidad recuperada que oscilará entre un 15 y 30 % del montante total.

En Europa, no son pocos los países que conviven tanto con la figura del denunciante como con la de la retribución de las administraciones a confidentes. Sin ir más lejos, enorme repercusión tuvo el pago de las autoridades alemanas de 7,3 millones de euros a un empleado de banca de Liechtenstein para que le suministrara la información de cientos de evasores. 

Más enfocado en el denunciante voluntario, el Reino Unido cuenta desde 1998 con la Public Interest Disclosure Act, norma creada para proteger a aquellos individuos que revelen información de interés público y permitir que estos emprendan acciones en caso de acoso. Las recompensas, sin embargo, no son regladas, sino que se fijan de manera discrecional por las autoridades fiscales siendo sensiblemente inferiores a las pagadas en función de un porcentaje.

Más allá de la mera remuneración económica, lo llamativo de la cultura anglosajona es la concepción del supuesto delator y el esmero del legislador en intentar brindarle cobertura jurídica, garantizando su puesto de trabajo, su anonimato a la hora de denunciar e incluso su integridad física y psicológica. 

El delator o confidente no encierra la carga peyorativa con la que nosotros asociamos a esta figura, concibiéndose como un ciudadano valiente que actúa de forma correcta por el interés general. Sin ir más lejos, en el año 2002 la revista TIME otorgó a dos ejecutivas que revelaron las irregularidades contables de sus compañías la tan célebre distinción de personajes del año.

En lo que nos afecta, consideramos que la posible implantación de esta la figura no debería sustentarse exclusivamente en el beneficio económico o utilidad que pudiera proporcionar a las actuaciones de comprobación sino que, con carácter previo, debería valorarse nuestra propia realidad tributaria (complejidad, conflictividad), muy diferente a la de los países antes mencionados, ponderando también el riesgo inherente al tipo de negocio que se podría generar con esa actividad dadas las cuantiosas recompensas que reporta. 

Y ello sin adentrarnos, pues escaparía al objeto de este artículo, en la licitud de la prueba que pudieran obtener esos denunciantes y que a la larga serviría de base para inculpar al presunto defraudador.

Y si después de ese recomendable estudio se concluyese que el denunciante remunerado tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, lo que parece evidente es que será necesario un marco legal que diese protección al ejercicio de esa acción pero que también penalice aquellas denuncias falsas o infundas que únicamente persiguieran perjudicar al denunciado. Aunque parece una obviedad recordar que es necesaria la lucha contra el fraude no siempre el fin justifica los medios.

(*) Asociado Senior de Procedimiento Tributario de Deloitte Legal



https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/08/midinero/1515412335_662481.html