Ya le tengo advertido a Anse, y en especial a su líder
Pedro García, de que su conducta viene dejando mucho que desear: por su
comportamiento crematístico cada vez se distancian más de la ética
ecologista (nada que ver con la primigenia Anse, esforzada e intachable)
y con su ambición desmedida de poder y protagonismo se entremezclan,
con pasmosa soltura, en tramas y marrullerías que unas veces los
implican con instituciones tramposas (el Gobierno regional,
singularmente) y otras con empresas abominables; y en alguna ocasión,
con ambas a la vez.
Anunciando la compra de Cabo Cope
(noticia espectacular que ha alterado el sopor de la cuarentena con un
titular de impacto), Anse se marca un buen tanto y consigue, como es de
suponer que pretende, ser protagonista de una operación rodeada de
simbolismo y que no puede dejar insensibles a tantos y tantos que
acusamos muy directamente cualquier noticia o suceso en torno al Cabezo y
su entorno.
Tengo que decir, en primer lugar, que cuando he visto en la
prensa regional a los firmantes de la compraventa protegidos con sus
mascarillas de ordenanza, la evocación me ha atrapado y no he podido
evitar –Dios me perdone– imaginarme a un trío de encapuchados repasando
el botín tras un asalto exitoso al correo del rey.
Porque resulta que Cabo Cope, propiedad de Bankia ya
cuando era Caja de Madrid, es decir, banca pública, pasó a ser propiedad
privada tras privatizar las cajas de ahorros la canalla del PP, pero
regresó a patrimonio público cuando esa caja, administrada por aquella
caterva de pillos y manirrotos, tuvo que ser rescatada y nacionalizada.
Lo que compra Anse es, pues, una propiedad pública que, en la
encrucijada urdida por un Estado depredador, la institución encargada de
administrar la banca nacionalizada (la famosa Sareb) enajena y
malvende, sin el menor escrúpulo social o ecológico.
Por
supuesto que a los burócratas de la Sareb nadie les pide que sean
sensibles a otra cosa que al interés –en definitiva– de las futuras
instituciones financieras por cuya saneada privatización trabajan. Pero
el Gobierno de la nación, muy en concreto el Ministerio para la
Transición Ecológica, no debería permitir esa transacción tan perversa,
digna de acabar en los Tribunales.
Ni los de Anse debieran haber acudido
a aprovecharse de la coyuntura, por más que se quieran proteger con
ampulosas e hipócritas protestas de autobombo: “Una Junta Directiva de
apasionados por la conservación…”, dicen en su nota, a la que acompaña
la histórica foto de los enmascarados que llevan también a imaginar unos
negociantes clandestinos que prevén desplumar a alguien (o algo: en
este caso, los bienes públicos).
Cabo Cope está
protegido y a salvo de construcciones y actuaciones contra el medio
ambiente por su antigua calificación como no urbanizable de especial
protección, y las más recientes declaraciones como LIC (Lugar de Interés
Comunitario) y ZEPA (Zona de especial protección de las Aves).
¿A
cuenta de qué, la compra por los salvadores de Anse de este espacio?
Convirtiendo en privada una propiedad pública, como es en la actualidad,
tanto Anse como la Sareb (el Estado) se cubren de ignominia, ya que se
alían para enajenar un bien público y perjudicar a los contribuyentes.
¿Vamos
a asistir, como me temo, a que ese característico gigante, apenas
perturbado en su pétreo y paciente silencio por andarines amantes de la
naturaleza, se vea colonizado, al transformarse en propiedad privada,
por la fanfarria –carteles, casetas, proyectos– del estilo de la que
puntea un poco por toda la Región, con actuaciones tantas veces hueras,
ridículas o fracasadas? Porque este viene siendo el sello de Anse
demasiadas veces, desde que su objetivo principal es crematístico.
Vaya,
vaya. En su festiva nota, Anse no deja de expresar su “empeño” por
desterrar definitivamente el proyecto de urbanización de 'Marina de
Cope', pero su operación inmobiliaria en nada contribuye a esta
encomiable declaración.
Para obstaculizar directa y eficazmente esa
maldita urbanización lo que podían haber hecho, con el poderío
financiero que demuestran, era comprar en medio del Parque Natural una
de las fincas llamadas a ser urbanizadas: la mayoría de esos
agricultores de la Marina de Cope, activos y diarios depredadores
ambientales, estarían encantados de abandonar las lechugas y hacer caja.
Así, Anse habría actuado limpia y lealmente.
¿Sensibilidad ecologista?
No
veo, pues, el menor asomo de sensibilidad ecologista en la operación
comercial de Anse, sino todo lo contrario: actúa de depredadora de lo
público y negocia, en secreto y sin que le importe lo más mínimo la
opinión de las organizaciones ecologistas regionales, con los peligrosos
e insensatos agentes anti-Estado de la Sareb. Dirigiendo sus ambiciones
hacia una propiedad pública, los de Anse muestran maneras de avezados
especuladores acudiendo al olor del pelotazo.
Cuando
se le pida a la ministra para la Transición Ecológica (con la que me
dicen que Pedro García, el manager triunfador, tiene línea directa) que
obstaculice esta desvergüenza y, si llega tarde, expropie Cabo Cope a
esos oportunistas llamados ecologistas, no nos debiera extrañar que el
justiprecio a aplicar dé lugar a una jugosa plusvalía para las bien
provistas arcas de Anse. Evitar que acabe Cabo Cope 'en manos de un
fondo especulativo', como proclaman, tienen mucho de desfachatez.
No
cabe duda, nos encontramos ante un caso singularísimo de admirable
capacidad empresarial y de agudeza especulativo-inmobiliaria
personificadas, ambas, en un ecologista antiguo, tenazmente empeñado en
transitar el (peligroso) itinerario de la impostura. A los ecologistas
no les vale todo, y mucho menos practicar las artes de empresarios y
mercaderes por muy ecológico que parezca el objetivo.
Como
gentes de negocios y negocietes, Pedro García y los suyos están
ganándose profundas y bien fundadas antipatías en el mundo ecologista,
lo que no parece que les turbe gran cosa, atribuyéndolo a 'envidia' y,
supongo, a conspiraciones de frustrados.
Con el despegue como sociedad
inmobiliaria (o fundación: lo mismo da), que es un paso importante en su
estrategia íntimamente vinculada con su evolución a empresa de
servicios, estos prósperos emprendedores se adhieren a la idea, grotesca
por interesada, de que “para protegerla, a la naturaleza hay que
privatizarla”, con lo que envilecen social y políticamente al
ecologismo.
Sobre esto ya advertí fraternalmente en su
día a Pedro García, ya que se trata de una perversa ideología que el
ecologismo más social debe combatir, la exhiba quien la exhiba.
La
tarea de conservación implica a toda la sociedad, principalmente a los
poderes públicos y sobre ellos –decisores, administradores,
legisladores…– hay que concentrar el esfuerzo exigiendo que cumplan con
sus obligaciones; pero no negociando con ellos el levantamiento de sus
deberes privatizando lo que es, o merezca ser, público.
El ecologismo de
Anse se ha convertido ya en un no-ecologismo, y no se le deberá
considerar en adelante como grupo ecologista: como mucho, y de momento,
comercial-conservacionista.
En nuestra propia Región hay ejemplos de
otros conservacionismos, mucho más claramente ecologistas, gestionando y
cuidando territorios valiosos mediante acuerdo con sus propietarios
sensibles, sin caer en el vicio de poseer y acumular.
Entre los listillos de Anse y los vende patrias de la Sareb hemos hecho un pan como unas hostias.
(*) Ingeniero, profesor y activista ambiental
