viernes, 27 de abril de 2018

Esto no tiene arreglo / Ramón Cotarelo *

La sentencia sobre La Manada ha soliviantado al país de modo tan fulminante como multitudinario y por primera vez ha puesto a todos los políticos a largar lindezas más o menos acicaladas sobre los jueces navarros; hasta los de C's, que siempre esperan a ver de dónde sopla el viento para adoptar una posición de principios, han mostrado su consternación. También han salido los habituales maestros ciruelos a avisar de los peligros de la ley de lynch y lo que llaman los "juicios paralelos". 
 
Así razonan también los tres jueces que, sin duda, se sienten víctimas de un atropello por haber aplicado escrupulosamente la ley, sin atender a las pasiones del momento. Raro será que no pidan amparo al Consejo General, que se lo concederá encantado. 

La reacción social, además de multitudinaria, ha sido muy meticulosa en fundamentar el encendido rechazo con razones de peso. Los medios y las redes se han llenado de copias de los documentos procesales, sobre todo los hechos que se dan como probados. Múltiples juristas los han analizado, escandalizados. Algunos no han podido terminarlos. Y, ¿por qué indignan los "hechos probados"? Según entiendo porque reflejan, muestran, evidencian la presencia de violencia y la violación. Si hay violencia, hay violación. Pero el tribunal ha descartado la segunda porque no encuentra la primera.  No hay violación en donde no hay violencia.

Y ya estamos en el tema de nuestro tiempo, el de la violencia y sus interpretaciones. Si el tribunal navarro hubiera querido informarse habría podido preguntar al juez Llarena, que ve violencia incluso en la no-violencia. Pero esto no sería oportuno. En un caso se trata de asegurar que hubo violencia en donde no la hubo y en el otro, todo lo contrario, que no hubo violencia en donde la hubo. 

Al margen de la cuestión en sí misma de la violencia, que es interesante, resulta patente la pauta que sientan los tribunales: la existencia o no de violencia depende de quién sea el acusado, si indepes pacíficos o una manada de jóvenes borrachos entre los cuales había un guardia civil y un militar. Es decir, violencia es lo que los jueces dicen que es, aunque no coincida con la ley ni con el sentido común. Esta situación solo sería admisible en el caso de que los jueces fuesen justos e infalibles.

Pero no es así. Para demostrarlo basta mirar el juicio de Altsasu que tiene toda la pinta de ser un proceso amañado, cargado de pruebas falsas y prácticas dudosas con una petición fiscal desmesurada y una acusación de terrorismo a unos chavales por una pelea de un bar realmente absurda e inhumana.

Seguimos con la portada de El País. Sube el paro; baja la población activa. Radiografía de la recuperación que vende este gobierno de incompetentes y corruptos. El último en la lista de imputados ayer mismo, el ex-ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón.

Y, para ennegrecer el horizonte resulta que el PP se hunde en intención de voto por el inenarrable episodio de Cifuentes que deja detrás dos bombas de relojería: la corrupción en la URJC y el departamento de juego sucio interno al PP. Un hundimiento que, para desesperación general, favorecerá a C's. El joven partido de extrema derecha (según la prensa francesa) que, con reminiscencias falangistas, aspira a la conquista del Estado. O de lo que quede después del paso del PP.

La izquierda, irrelevante. Tan irrelevante que no merece comentario. Ni crítico. 


 
Los de El Hurón, periodismo de investigación han hecho una entrevista a Palinuro para hablar de los asuntos que les son caros: la corrupción de la política española, la triste función de los medios de propaganda de la oligarquía y las condiciones de explotación del neoliberalismo. Todos temas que también preocupan a Palinuro y sobre los cuales lleva este años trabajando.

Diría que el momento está muy bien escogido, cuando el país asiste atónito a: 1) la dictadura del 155 en Catalunya y el conjunto del Estado; 2) la existencia de presos y exiliados políticos; c) la negación de la libertad de expresión (casos Valtonyc, Pablo Hasel, Pesarrodona, etc); d) las farsas judiciales estilo "manada" o "jóvenes de Altsasu" que llevan casi dos años en la cárcel acusados de un delito fabricado por los acusadores; e) toda la farsa judicial anti-independentista, causa político-inquisitorial; f) la vergonzosa alianza nacional-española (o sea, franquista) entre PP, PSOE, C's y Podemos en lo tocante a Catalunya; g) la dimisión de la falsaria Cifuentes; h) la citación como imputado al presunto ladrón Ruiz-Gallardón; i) la próxima sentencia en la que se condena al PP por lucrarse de un delito; j) el apogeo de un periodismo infame hecho por esbirros y pistoleros al servicio de la oligarquía nacional-católica, etc., etc. 

 
 
Aquí, mi artículo de elMón.cat titulado La necesaria comisión Chomsky. Hace unos días, Noam Chomsky y un centenar de académicos de varias universidades occidentales publicaron una carta-manifiesto pidiendo la inmediata liberación de los presos políticos en España. Me pareció tan importante que la comenté en dos posts, (Cosmópolis el 22 de abril y Contra Catalunya vale todo, el 23) porque es una vía espléndida de seguir internacionalizando el conflicto España-Cataluña y darle visibilidad no solo en Europa sino en todo el mundo. 
 
Una carta de intelectuales con gran audiencia por el peso de sus firmantes. Los medios españoles, alineados con quienes tienen a la gente encarcelada por sus opiniones políticas, la silenciaron. Hacían lo mismo que los intelectuales y académicos del país, ninguno de los cuales ha estampado su firma en el documento.

Sigo pensando que es un hecho importante que invita a los firmantes y al propio Chomsky a dar un paso más, vista su falta de eco en España, y convertirse en un organismo, a modo de comisión internacional, que defienda la causa catalana, víctima de un tratamiento inicuo en España. Una "Comisión Chomsky de defensa de Catalunya", en la línea del famoso Tribunal Russell durante la guerra del Vietnam. Su cometido, en el que Chomsky es autoridad, sería, entre otros, el análisis de los medios en los conflictos políticos. Por eso, el artículo de elMón.cat.

Desde ayer se han producido tres hechos nuevos que han de tenerse en cuenta al leer el artículo: 1º) el gobierno puede, en efecto, llevar su ineptitud a verse obligado a rechazar a Puigdemont a una semana de que venza el plazo de las nuevas elecciones que quiere evitar. 2º) C's recurrirá la delegación de voto de Comín (y Puigdemont) ante el Tribunal Constitucional
 
El resultado, de prosperar el recurso, será el mismo: elecciones. 3º) la Universidad Politécnica, realiza un acto en defensa de los derechos civiles en Catalunya con el apoyo de la ANC, Ómnium, UGT y CC.OO que es de esperar se extienda en ámbitos académicos e intelectuales.

La versión castellana

La necesaria comisión Chomsky

El otro día fue noticia que Noam Chomsky y cien académicos de muy diversas universidades habían firmado un manifiesto pidiendo algo de justicia elemental como la libertad de los presos políticos catalanes en España. No la busquen en los medios españoles, esos que tanto jalean al profesor emérito del MIT cuando habla de Vietnam, los medios y la censura en los EEUU. La ocultaron, la censuraron, como hacía Franco, del que han aprendido comunicación democrática. Es tal su servilismo al corrupto gobierno de la derecha que censuran incluso las noticias que aumentarían sus ventas.

La noticia también traía una lección moral para los intelectuales españoles, ese gremio de siervos abajo firmantes, capaces de protestar hasta de las más alejadas injusticias en el planeta, pero no de la que se está dando en Catalunya ante sus narices y en beneficio de su mediocre condición. Ayer mismo estaba una nutrida representación de estos farsantes babeando la mano del rey y haciéndose mieles con Cifuentes a costa de la memoria del pobre Cervantes. Un patio de monipodio de estos lacayos de unos gobernantes ladrones. Ni uno ha tenido el valor de protestar por la dictadura del 155 en Catalunya; ni uno por la violación de los derechos humanos a los presos políticos; ni uno porque haya presos y exiliados políticos.

Es más, los que han hablado ha sido para afirmar su sumisión a la arbitrariedad de los franquistas y humillar el gesto de quienes tienen mil veces más valor e integridad moral que ellos. Una docena de cantantes, músicos, escritores, comediantes, cineastas vomitando su envidia y odio en contra de las víctimas y a favor de los victimarios. Los demás, vergonzoso silencio. En la lista encabezada por Chomsky, ni un español, ni un catalán, ni una universidad española, ni una catalana. Estadunidenses, mexicanos, ingleses, alemanes, franceses y ni un español o catalán. De nuevo las brigadas internacionales solo que esta vez no hay ya nadie en la península que defienda la libertad y la dignidad.

En la situación actual necesitamos de nuevo esta generosa y esclarecida ayuda exterior en pro de la causa democrática en Catalunya. Necesitamos que se expanda, que resuene por doquier y, sobre todo, que se institucionalice. Es urgente que esa carta se convierta en el germen de una comisión permanente de personalidades de la talla moral de Chomsky que sirva para amparar y dar a conocer la lucha de un pueblo por su libertad. Necesitamos que un foro internacional de proyección mediática no deje que la dictadura franquista española del 155 con el apoyo de los cuatro partidos dinásticos del congreso, ahogue la voz de la revolución popular de nuevo tipo que está dándose en Europa gracias a Catalunya.

Lo necesitamos para contrarrestar la propaganda del régimen monárquico y oligárquico español en todos los frentes. Este Estado corrupto hasta la raíz, vive de saquear y reprimir a Catalunya como una colonia, dedica recursos ingentes a la guerra sucia criminal contra los catalanes, a comprar esbirros mal llamados periodistas para mentir a la opinión, y tiene a los jueces sumisos a su servicio. 
 
Asimismo, emplea enormes cantidades de dinero en sobornar publicistas, políticos, funcionarios, lobbies extranjeros para conseguir pronunciamientos favorables a la dictadura española; manda a sus ministros al exterior a mentir y amenazar a las autoridades extranjeras con dineros públicos, como ese Dastis, capaz de decir al fotógrafo que tomó imágenes de la represión en España que esa imágenes son falsas. 
 
Manda igualmente a los líderes de la oposición de “izquierda” en giras de propaganda por Europa en la esperanza de que las mentiras sobre Catalunya contadas por un oportunista y arribista sin escrúpulos como Pedro Sánchez tengan más efecto en la opinión pública internacional que las mentiras habituales de su propia fabricación.

Se trata de la guerra sucia de un Estado neofranquista en pleno proceso de fascistización, sostenido por los cuatro partidos dinásticos españoles, PP. PSOE, C’s y Podemos, pues, al tratarse de la unidad del régimen heredado, no hay diferencias ideológicas entre españoles. Y eso es lo que un referente intelectual y moral de nuestro tiempo como una Comisión Chomsky de apoyo a la libertad y la democracia en Catalunya tiene que contrarrestar. 
 
Como lo hizo la Comisión Russell con el Vietnam. Un foro internacional que sirva como vigilancia de las barbaridades y sevicias que el franquismo español comete con el independentismo catalán. Y demuestre por fin que no se ha perdido la dimensión moral y crítica de los intelectuales a pesar de la pocilga española.

Dictadura de hecho con ley de plenos poderes (art. 155) a favor de un tirano ignorante; procesos políticos arbitrarios a cargo de jueces prevaricadores; castigos y penas inhumanas y crueles (torturas, vaya) a los presos políticos; castigos a sus familias obligadas a desplazarse miles de kilómetros a verlos; opresión de los detenidos; supresión de libertades públicas; guerra sucia contra el independentismo; impunidad y amparo de las provocaciones fascistas muchas veces iniciadas por la misma policía más o menos disfrazada; castigos y penas desmesurados; supresión de la libertad de expresión; persecución ilegal de manifestantes; amenaza, chantaje, latrocinio y crimen.

Dictadura, en definitiva, la vieja querencia de la derecha nacionalcatólica española apoyada (como siempre lo ha estado) por una seudoizquierda anticatalana y unos intelectuales egoístas y cobardes.

Necesitamos una comisión Chomsky.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Asco / José Antich *

Sentencia número 000038/2018
(Abusos sexuales, no violación)

Páginas 16 y 17:
"Cuando la denunciante accedió al primer rellano, la puerta de acceso estaba abierta, tenía delante de ella a uno de los procesados y detrás a otros. De este modo fue dirigida por los procesados al habitáculo que se acaba de describir donde los acusados la rodearon.

Al encontrarse en esta situación, en el lugar recóndito y angosto descrito, con una sola salida, rodeada de cinco varones de edades muy superiores y fuerte complexión, conseguida conforme a lo pretendido y deseado por los procesados y querida por estos, 'la denunciante' se sintió impresionada y sin capacidad de reacción. 

En ese momento notó como le desabrochaban la riñonera que la llevaba cruzada, como le quitaban el sujetador sin tirante abriendo un clip y le desabrochaban el jersey que tenía atado a la cintura; desde lo que experimentó la sensación de angustia, incrementada cuando uno de los procesados acercó la mandíbula de la denunciante para que le hiciera una felación y en esa situación, notó como otro de los procesados le cogía de la cadera y le bajaba los leggins y el tanga.

'La denunciante' sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados.
Los procesados conocieron y aprovecharon la situación de la denunciante en el cubículo al que la habían conducido, para realizar con ella diversos actos de naturaleza sexual, con ánimo libidinoso, actuando de común acuerdo.

En concreto y al menos 'la denunciante' fue penetrada bucalmente por todos los procesados, vaginalmente por (...) y (...), este último en dos ocasiones, al igual que (...) quien la penetró una tercera vez por vía anal, llegando a eyacular los dos últimos y sin que ninguno utilizara preservativo".

Páginas 72 y 73:
"No se puede apreciar ninguna actividad de la denunciante; apreciamos que el gemido agudo refleja dolor y fue emitido por ella. Estimamos que los tres gemidos agudos que reflejan dolor fueron emitidos.

La denunciante en estos últimos vídeos está agazapada, acorralada contra la pared por dos de los procesados, expresó gritos que reflejan dolor y no apreciamos ninguna actividad de ella; estas imágenes evidencian que la denunciante estaba atemorizada y sometida de esta forma a la voluntad de los procesados.

(...) En concreto observamos que el procesado tiene apoyados sus glúteos sobre la cara de la denunciante situada en un plano inferior.

(...) En este escenario, valoramos que la situación que muestran las fotos, revelan el episodio final en que se manifiesta la situación de sometimiento y sumisión de la denunciante a la voluntad de los procesados. De otra parte no podemos dejar que subrayar la actitud que apreciamos en dichas fotografías de (...), quien con su gesto manifiesta jactancia, ostentación y alarde, por la actuación que está realizando con desprecio y afrenta a la dignidad de la denunciante".

Juez Ricardo González, voto particular pidiendo la absolución:
"De mayor relevancia me parece el hecho de que, en ninguna de las imágenes percibo en su expresión, ni en sus movimientos, atisbo alguno de oposición, rechazo, disgusto, asco, repugnancia, negativa incomodidad, sufrimiento, dolor, miedo, descontento, desconcierto o cualquier otro sentimiento similar. 

La expresión de su rostro es en todo momento relajada y distendida, y precisamente por eso, incompatible a mi juicio con cualquier sentimiento de miedo, temor, rechazo o negativa. Tampoco aprecio en ella esa "ausencia y embotamiento de sus facultades superiores" que se afirma en la mayoría de la Sala; por el contrario, lo que me sugiere (sic) sus gestos, expresiones y sonidos que emite es excitación sexual".

 El fuego amigo y las cloacas de Interior

Decía Giulio Andreotti, seguramente el político que protagonizó más vendettas en la política italiana del siglo XX, que, en este oficio hay "amigos, enemigos y compañeros de partido"; y que estos últimos siempre eran los más peligrosos. 

La carrera política de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, estaba en coma irreversible desde hacía semanas. Lo sabía todo el mundo en la capital española por el cúmulo de mentiras y falsedades alrededor del máster ficticio de la Universidad Rey Juan Carlos.

Un muy buen trabajo periodístico de Eldiario.es había ido acorralando a Cifuentes hasta dejarla sin oxígeno político y había puesto patas arriba la carrera de la aspirante a suceder a Mariano Rajoy en competencia con su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el líder gallego, Alberto Núñez Feijóo. Cifuentes picaba alto, muy alto, y ahí debe estar también una de las claves de su muerte política súbita de este miércoles.

En un país serio, el tema del máster hubiera sido suficiente para su dimisión. Pero en la España de hoy, abierta en canal por el descrédito en el exterior que le ha proporcionado la invención de todo el denominado dossier judicial de Puigdemont, y con múltiples agujeros por la corrupción del PP, en que unos se aguantan las vergüenzas a los otros, por lo visto no era suficiente.

Han tenido que venir a rematar la faena las cloacas de Interior rescatando un vídeo de hace siete años en que Cifuentes aparece robando en un supermercado unas cremas de 40 euros. No era suficiente. Faltaban las cremas. Demasiada vergüenza ya acumulada para quien era a todas luces un cadáver político.

En definitiva, la prueba de cómo se aparta a los compañeros de partido. Hay que tomar nota.
Y, a todo esto, Rajoy, granítico, presidiendo el duelo: “Ha hecho lo que tenía que hacer. Era obligado que dimitiera”. Una vez más, el método Mariano: Alea jacta est.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


En qué democracia vivimos / Félix de la Fuente *

De los 19 países de todo el mundo que aprueban el examen de democracia, es decir que tienen una nota media de 8 sobre 10, exceptuados los muy pequeños, España se encuentra en el último lugar con el número 19, según la calificación del The Economist Intelligence Unit (EIU). Pero ¿es esto acaso un consuelo? ¿Es acaso un consuelo que estemos por delante de Francia, Portugal, Italia y de los EE. UU.? ¿Quiere esto decir que tenemos medianamente resueltos los graves problemas sociales?
Democracias plenas, según EIU

Países considerados “democracias plenas” y puntos

Noruega

9.87

Islandia

9.58

Suecia

9.39

Nueva Zelanda

9.26

Dinamarca

9.22

Irlanda

9.15

Canadá

9.15

Australia

9.09

Finlandia

9.03

Suiza

9.03

Países Bajos

8.89

Luxemburgo

8.81

Alemania

8.61

Reino Unido

8.53

Austria

8.42

Mauricio

8.22

Malta

8.15

Uruguay

8.12

España

8.08

Prescindiendo de que este informe no tiene en consideración los graves problemas del paro, sueldos-miseria, corrupción, despilfarro, desigualdades sociales…etc., España aprueba solamente en 2 de los cinco criterios que aplica el EIU. Aprueba en procesos electorales y grado de pluralismo del sistema de partidos y en el criterio número cinco - las libertades civiles y personales-, pero suspende en cuanto al funcionamiento del gobierno y las Administraciones, a la participación ciudadana en política y a la cultura democrática de cada país. 

Por tanto, hay tres de los cinco aspectos fundamentalísimos de la democracia en la que España suspende. Voy a fijarme solamente en los dos últimos suspensos: la participación ciudadana y la cultura democrática. Y al respecto habría que preguntarse, por qué no participa el ciudadano español en la vida pública. ¿Es solo porque no quiere o porque no le dejan?

“No te metas en política” este es uno de los consejos más frecuentes que dan los padres a sus hijos. Otro de los tópicos más oídos es también “Yo no quiero saber nada de política”. Ambas frases, además de ser propias de una dictadura (efectivamente, en una dictadura los padres tienen miedo por sus hijos y los gobernantes no quieren que nadie les ponga el menor reparo o les haga la menor crítica), nos están demostrando que a los gobernantes actuales les va muy bien que estos tópicos sigan vivos, para tener ellos todo el poder en sus manos.

Por otro lado, en cultura democrática creo que los españoles dejamos mucho que desear. Todavía no hemos superado el maniqueísmo de buenos y malos, de derechas y de izquierdas, de catalanoparlantes y de hispanoparlantes, de vencedores y vencidos. La mayoría de los españoles pasamos de estos enfrenamientos, pero hay sectores interesados en fomentarlo. Felizmente ya no se habla de practicantes y no practicantes en el campo religioso. Pero si el grado de democracia se mide por el grado de respeto a las minorías, creo que nuestra democracia está en mantillas. 
 
Cuando nos sentimos dentro de una minoría, reivindicamos nuestros derechos, pero nos olvidamos de que dentro de nuestras minorías hay otras subminorías que merecen respeto en cuanto personas que son. El rodillo de “hago lo que quiero porque somos mayoría” no solamente se da en los parlamentos. Se da también en los partidos políticos, en las grandes poblaciones e incluso en los pueblos más pequeños

Democracia, palabra que viene del griego, significa “gobierno del pueblo” y no “gobierno de los partidos políticos”. Va siendo hora de que el pueblo deje de verse obligado a actuar únicamente a través de los partidos políticos. Incluso en al ámbito judicial no siempre es obligatorio recurrir a un abogado y en este caso somos nosotros los que lo elegimos, porque nosotros lo pagamos. No es el colegio de abogados el que nos lo impone.

No siempre son los ciudadanos los que no quieren intervenir directamente en política. Son los partidos políticos los que tienen copado el monopolio de la política. Y si en economía están prohibidos los monopolios, también en política deberían estarlo. Mientras tanto, no utilicemos la palabra democracia, hablemos de partitocracia.
 
 
(*) Ex funcionario de la Comisión Europea

Revista de Prensa / Alfredo López-Luque *


En el co­mienzo del ma­cro­puente del 1 de Mayo, las por­tadas son ab­so­lu­ta­mente uná­nimes al re­flejar el ru­gido de clamor y la in­dig­na­ción po­pular por la sen­tencia ju­di­cial que en 370 fo­lios con­dena a La Manada por 'abusos' y no por 'violación', con ti­tu­lares que in­cluso edi­to­ria­li­zan, como La Razón '(‘¿No es esto una vio­la­ció­n?’) o El Periódico al re­fe­rirse al fallo (‘Esto sí es abu­so’). La va­lo­ra­ción en las pá­ginas de opi­nión está más di­vi­dida entre los que se es­can­da­li­zan, los que la con­si­deran sim­ple­mente po­lé­mica o dis­cu­tible y los que la con­si­deran ajus­tada a de­recho sin de­jarse in­fluir por la ca­lle, aunque no pocos des­tacan el len­guaje a veces son­ro­jante del ma­gis­trado dis­cre­pante Ricardo Rodríguez. 

Otros ejes de ac­tua­li­dad: la re­saca de la di­mi­sión de Cristina Cifuentes y la ma­re­jada en el PP de Madrid, sa­cu­dido además por la impu­tación de Gallardón; el doble va­ra­palo del TC y el Consell de Garanties de Cataluña a la nueva in­ten­tona de in­ves­ti­dura te­le­má­tica de Puigdemont; el paso ade­lante par­la­men­tario de los Presupuestos al re­cha­zarse las en­miendas a la to­ta­li­dad; la ca­ta­rata de re­sul­tados em­pre­sa­ria­les, desde Telefónica, Sabadell y Gas Natural a Bankinter y Kutxabank; el con­sejo de Sacyr con cam­bios pero sin dar más si­llas a Moreno Carretero; la de­nuncia de Iberdrola ante Bruselas por com­pe­tencia des­leal de Enel tanto en la puja por Eletropaulo como en la propia Italia; la ra­len­ti­za­ción del em­pleo y subida del paro en el peor primer tri­mestre desde 2013; la subida de re­cau­da­ción por IRPF y des­censo del dé­fi­cit. 

EN LA PRENSA INTERNACIONAL. El his­tó­rico cruce este viernes de la línea de de­mar­ca­ción de la Zona Desmilitarizada por los pre­si­dentes de las dos Coreas para su pri­mera reunión de un pro­ceso del que se es­pera mu­cho. • Jeff Bezos gana 12.000 mi­llones en un día al dis­pa­rarse Amazon un 7% en Bolsa tras pre­sentar re­sul­tados es­pec­ta­cu­la­res. • Otro cla­mor, ahora en Reino Unido, por la oferta de un mul­ti­mi­llo­nario pa­kis­ta­ní-­nor­te­ame­ri­cano para com­prar el le­gen­dario es­tadio de Wembley por 600 mi­llones de li­bras, lo que desata a toda la prensa bri­tá­nica y pro­duce tí­tulos pa­trió­ticos como el de Daily Express: '¿Es que ya no hay nada sa­grado? ¿Cómo de­mo­nios se le ocurre a la Federación de Fútbol in­cluso pa­sár­sele por la ca­beza vender Wembley cuando los con­tri­bu­yentes pa­garon para cons­truirlo dos ve­ce­s?'. 

OTROS TITULARES DESTACADOS. ABC: El Gobierno ex­pli­cará en Bruselas cómo va a ce­rrar el agu­jero de las pen­sio­nes. La Información.com: Nadal y Tejerina chocan por la re­dac­ción de la fu­tura ley de transición ener­gé­tica: de­bate sobre el ca­len­ta­miento global (Santiago Carcar). El Economista: La ga­so­lina, en má­ximos de cuatro años por el pe­tró­leo. 

Otro ti­tu­lar: Deloitte duda de la via­bi­lidad de ACS en Escombreras: de­niega la opi­nión a la dueña de la desala­dora. Otro ti­tu­lar: La CNMV pide que baje del 0,2% el mí­nimo para co­mu­nicar los cor­tos: Albella quiere ‘reforzar la trans­pa­ren­cia’. 

Otro ti­tu­lar: El mer­cado la­boral al­canza el ré­cord his­tó­rico de 16 mi­llones de inac­ti­vos: el INE cree que la po­bla­ción mayor de 65 años será el 34% del total en 2066 (Cristina Alonso). El País: Iberia ex­ten­derá su ta­rifa más ba­rata por viajar sin ma­leta a todos los vuelos de largo ra­dio: busca com­petir con las com­pañías de bajo coste en el largo radio como Norwegian (Ramón Muñoz). 

Capital Madrid: Banco Sabadell pre­para la su­ce­sión de Oliú (José Luis Marco). Otro ti­tu­lar: Endesa crea SAVIA, lan­za­dera para que los se­niors en­cuen­tren em­pleo, porque 'queremos apoyar al mi­llón de per­sonas ma­yores de 50 años en riesgo de ex­clu­sión la­bo­ral', dice Borja Prado (J. González). 

Vozpopuli: Telefónica se abre a acuerdos con ter­ceros en México ante la ‘agresividad’ de AT&T y Slim (Rubén Arranz). Otro ti­tu­lar: Santander con­trata a Bluecap y Deloitte para ace­lerar la in­te­gra­ción de Popular (Jorge Zuloaga). Expansión: ING y Abanca avivan la guerra hi­po­te­caria para clientes sol­ventes (E. Utrera). 

Otro ti­tu­lar: OCDE: 'En España faltan per­files con com­pe­ten­cias en tec­no­lo­gías de la in­for­ma­ción, ma­te­má­ticas y elec­tró­nica' (M. G. Mayo). Cinco Días: : Ferrovial pro­vi­siona 236 mi­llones por pe­na­li­za­cions a su fi­lial bri­tá­nica Amey. Otro ti­tu­lar: Jorge Sanz, pre­si­dente de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética: ‘Si lim­piamos todos los pea­jes, la luz puede bajar hasta un 30%’. Otro ti­tu­lar: Alerta contra un chi­rin­guito de Benidorm que pro­metía ganar un 11% en la­dri­llo. 

OPINIÓN. Editorial en El País: ‘Polémica sen­ten­cia‘. Gloria Lomana en el mismo dia­rio: ‘Escándalo, es­tupor y es­car­nio'. Jorge Galindo en el mismo dia­rio: ‘Cuestionar una sen­ten­cia’. Ignacio González Vega en el mismo dia­rio: ‘¿Intimidación o pre­va­li­mien­to?’. Jesús Mota en el mismo dia­rio: ‘Vuelve el aná­lisis eco­nó­mico com­pla­cien­te'. Editorial en El Mundo: ‘Unas cuentas con sabor agri­dul­ce‘. 

Otro edi­to­rial: ‘Una fallo dis­cu­tible de un tri­bunal le­gí­ti­mo’. Editorial en El Periódico: 'La in­dig­nidad de una sen­ten­cia'. Editorial en La Razón: ‘La Justicia sólo se hace con jus­ti­cia‘. Editorial en ABC: ‘La Manada sa­cude a la Justicia‘. Editorial en El Español: ‘De lobos y ove­jas: una sen­tencia errónea y de­cep­cio­nan­te’. 

Editorial en Cinco Días: ‘Un Presupuesto in­quie­tante que se aleja del ca­mino de la dis­ci­plina fis­cal‘. Víctor Moreno en Vozpopuli: ‘Sentencia de La Manada: ¿benevolencia ju­di­cial o pul­critud pro­ce­sa­l?’. María Pilar Llop Cuenca en El Confidencial: ‘Intimidación y con­sen­ti­miento, una cues­tión de gé­ne­ro’. Henar Álvarez en el mismo me­dio: ‘Fuera ma­chistas del sis­tema ju­di­cial: con­sentir no es desear’. Javier Caraballo en el mismo me­dio: ‘Una sen­tencia ejem­plar’.


(*) Periodista


https://www.capitalmadrid.com/news_links/2627

miércoles, 25 de abril de 2018

'Ecologistas en Acción' denuncia el desmantelamiento de la Dirección General de Medio Ambiente


MURCIA/CARTAGENA.- Ecologistas en Acción denuncia que desde el Gobierno Regional se quiere vaciar de contenido la Dirección General de Medio Ambiente para contentar al sector empresarial. Advierten de que un primer elemento ha sido cese de los funcionarios clave en la evaluación y control ambiental, como ha sido la anterior Directora de Medio Ambiente, posteriormente la Jefa de Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental y más reciente la del jefe de Servicio de Planificación y Evaluación Medioambiental.

Los ecologistas advierten que sin las estructuras necesarias, será imposible la correcta actividad en materia de medio ambiente, incluyendo la elaboración de los informes de calificación ambiental, la supervisión y el control de las autorizaciones ambientales, la gestión de residuos, los suelos contaminados o la calidad del aire, entre otros.
Para la organización ecologista no cabe duda de que estamos ante un claro intento de desmantelamiento de competencias clave, y ven con preocupación estos ceses, ya que temen que puestos clave acaben ocupándolos personas más afines a las políticas del gobierno regional y de la patronal de la región, y sobre todo, que el personal se precarice y sea más influenciable por presiones políticas a la hora de emitir informes técnicos.
Ecologistas en Acción denuncia que un ejemplo palpable de este desmantelamiento en las políticas de Medio Ambiente por parte de este Gobierno es la ausencia intencionada durante casi una década de medios, infraestructuras y recursos humanos para desempeñar el complicado y crucial trabajo en la Dirección General de Medio Ambiente, lo que además ha sobrecargado de trabajo y responsabilidad a funcionarios y personal adjunto.
Carencias que han sido recientemente criticadas por los funcionarios de esa Dirección, que han expresado su malestar.
En este contexto, la creación de la llamada Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA) a propuesta de la patronal CROEM, significa plegarse a los interéses de esta patronal y constituye un claro desmantelamiento de la Dirección General de Medio Ambiente, a la carta de las exigencias de un sector empresarial cuya visión del Medio Ambiente, la Sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa está anclada en una mentalidad del siglo pasado.
Además, supone abrir la puerta a mayores externalizaciones, con el consiguiente negocio para algunas empresas, en detrimento de la seguridad jurídica y la calidad, así como un paso más a la precarización del personal, como ha sucedido con otras privatizaciones y externalizaciones de la administración.
Ecologistas en Acción denuncia que la creación de la ARCA se ampara además en una nueva “simplificación de la burocracia”, una más. Esto supone despreciar la función de prevención y control de la legislación ambiental, y supone tratar de evitar la salvaguarda del interés público por encima del interés privado, reduciendo el control de los elementos de planificación y evaluación ambiental. En la práctica, significa dejar en manos de la patronal y sus expectativas de negocio los recursos naturales y la riqueza ambiental de la Región de Murcia.
Esto tendrá como consecuencia el aumento de las agresiones a los espacios naturales y especies protegidas de nuestro territorio, así como consecuencias sociales.
Ecologistas en Acción considera inaceptable el escaso valor que el Gobierno de López Miras da al patrimonio ambiental del que dependemos y a la legislación que lo regula y lo protege de las expectativas e intereses privados.
Falta de interés que en la última década ha llevado a cabo un mayor estrangulamiento de la Dirección General de Medio Ambiente, infradotándola de personal, presupuesto y medios materiales, de manera que luego se pueda justificar su “externalización” y la simplificación de las “trabas burocráticas”, que en realidad son garantía de que se cumple legislación ambiental crucial. 
Legislación que, por ejemplo, trata de evitar la contaminación del aire que respiramos, o la contaminación y muerte del Mar Menor.
Legislación que los sucesivos Gobiernos del Partido Popular se han empeñado en que no se cumpla, reduciendo la capacidad de control de la administración sobre el sector privado, con desastrosas consecuencias para el Medio Ambiente.
Para Ecologistas en Acción estos cambios abundan en la estrategia de desregulación del sector empresarial, y abren un horizonte de inseguridad jurídica, de falta de transparencia política y administrativa, y un deterioro significativo de los mecanismos, las normativas y salvaguardas que suponen la protección del medio ambiente en nuestra región.

Podemos acusa en la Asamblea al PP de 
«dejar en manos de la Croem» el trámite medioambiental 

Por otra parte, la diputada de Podemos María Giménez denunció que el PP «quiere dejar en manos de los empresarios de la Croem» la tramitación medioambiental. La formación morada reaccionó así al cese del jefe de servicio de Evaluación Medioambiental, José Mora.
María Giménez advirtió de que el consejero Javier Celdrán «abandona al cuerpo técnico de Medio Ambiente para vaciar de contenido su labor. El PP da un paso más en la precariedad laboral y la falta de medios para dejar morir de forma lenta y desmantelar a la administración medioambiental en la Región». 
Podemos acusa al PP de «ultimar» con Croem la nueva Agencia Regional del Clima y del Medio ambiente (ARCA).

Podemos considera que el PP "sigue enredado" en políticas de agua peores que las de hace 20 años

CARTAGENA.- María Giménez, diputada regional de Podemos, ha señalado que el gobierno "continua con la ceguera" acerca de la necesidad de incorporar la desalación como recurso fundamental a la política hídrica de la Región de Murcia. Desde Podemos "lo hemos dicho desde que entramos en la Asamblea, ahora parece que otros partidos empiezan a entenderlo. El agua desalada es el recurso por el que pasa el futuro de esta Región. Lo lamentable es que en el PP hasta con esto especulen y monten tramas corruptas".

Giménez ha asegurado que la Comisión Especial de Agua está "estancada" puesto que Francisco Cabezas "no ha aportado nada que ya no conozcamos". Si bien, ha dicho la diputada, el nuevo consejero de Agua, Agricultura y Pesca "a pesar de conocer perfectamente el tema y haber estado en la primera línea de la Consejería durante los últimos años, Miguel Ángel del Amor ha preferido esconderse y no dar la cara acerca de algo tan importante como es nuestra política hídrica".
Asimismo, María Giménez ha recordado que el Pacto Regional del Agua "representa las políticas fallidas y fracasadas que no han traído una gota de agua a la Región. Es más de lo mismo". 
Por ello, ha pedido al gobierno regional "que se pongan a trabajar en la política del agua de la Región de Murcia del año 2018 hacia delante. No podemos seguir anclados en los años más negros de esta comunidad autónoma en materia de agua".
Además, la diputada de Podemos ha pedido al gobierno del Partido Popular que "deje de mentir acerca de los trasvases. Nosotros no estamos en contra del Tajo Segura pero lamentablemente, no llueve lo suficiente en la cabecera del Tajo y nos podemos encontrar con tarde o temprano no hay agua para trasvasar". 
En este sentido, María Giménez también ha exigido al PP "que no manipulen más a la gente con la frase de donde sobra a donde hace falta. Todos sabemos, el PP, sus técnicos, etc, que es imposible que esa agua llegue a Murcia. Es inviable desde el punto de vista técnico, económico y legislativo. 
Por tanto, basta ya de usar y manipular. No podemos perder más tiempo y tenemos que trabajar todos y todas en consolidar políticas de sentido común para gestionar el agua en nuestra Región. Pongamos las desaladoras a trabajar al 100% y apliquemos la energía solar a las mismas para que tengamos un sistema innovador, eficiente y un coste aceptable".

'Cambiemos Murcia' pide al PP que cumpla con el realojamiento de las personas en situación de exclusión residencial

MURCIA.- Cambiemos Murcia ha presentado una moción que se debatirá en el Pleno de mañana para que el Consistorio inste a la Comunidad Autónoma a cumplir con su obligación de proponer a los ayuntamientos los mecanismos para garantizar el realojamiento adecuado de personas en situación de exclusión residencial,regulado en la Ley de Vivienda de la Región de Murcia, y combatir la pobreza energética.

La concejala Margarita Guerrero ha explicado que el Gobierno autonómico tendría que haber llevado a cabo esa acción hace 16 meses, es decir, tres meses después de la entrada en vigor de la modificación de la ley tras su aprobación en mayo de 2016 en el seno de la Asamblea regional con los votos favorables de PSOE, Podemos y Ciudadanos.
La citada ley contempla en su disposición final primera que "la Comunidad Autónoma debe proponer a la Administración local, en un plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor, los mecanismos para garantizar el realojamiento adecuado regulado por la Ley 6/2015 de Vivienda de la Región de Murcia".
Guerrero ha señalado que el Ejecutivo murciano incumple, además, otras cuestiones recogidas en la norma como la presentación y aprobación, también a los tres meses, de los documentos en los que se contengan los coeficientes que ponderen los ingresos para determinar las situaciones de riesgo de exclusión residencial.
Igualmente, no ha cumplido con otra de las disposiciones de la ley 10/2016 que apunta que el Gobierno desarrollará mediante un reglamento "las previsiones incluidas en la presente respecto de los procedimientos de mediación en ella previstos, los contenidos mínimos obligatorios de los convenios entre administraciones públicas y empresas suministradoras de agua, electricidad y gas".
Estos, juntos al incumplimiento de otros compromisos legales, demuestran que el Ejecutivo presidido por Fernando López Miras "vuelve a hacer caso omiso a los acuerdos normativos aprobados en la Asamblea regional, parlamento que, por otro lado, es el que le otorga su legitimidad como gobierno", ha sostenido la edil.
Para la formación municipalista, "se trata de un gesto más de irresponsabilidad del PP", a quien "no le importan en absoluto las necesidades básicas de las personas más desfavorecidas" y el cumplimiento de la Constitución, que reconoce el derecho al acceso a una vivienda y a una vida digna, entre otros.
Además, ha recordado que el PP recurrió, "en su proceso de insumisión a esta ley", dos de sus artículos ante el Tribunal Constitucional, que ya ha sido rechazado en una parte, mientras que la otra se encuentra en estudio. Ninguno de sendos artículos tiene que ver con las medidas mencionadas anteriormente.

Diego Conesa: "Los socialistas consideramos vital e irrenunciable el Tajo-Segura, junto a la desalación"

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha afirmado que las y los socialistas de la Región de Murcia consideran vital e irrenunciable el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura, junto con la desalación y demás aportes para garantizar la autosuficiencia.

"Más de dos millones de españoles bebemos agua del Tajo-Segura. Y creemos firmemente en avanzar, desde un uso racional, sostenible, público y transparente del agua, hacia la autosuficiencia hídrica que nos garantice la seguridad de suministro que hoy no tenemos", ha señalado.
Este es uno de los puntos de la resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva Regional (CER) del PSRM. "La forma de trabajar que quiero transmitir desde la CER es la de buscar consensos dentro y fuera de mi partido. Las guerras, las batallas, utilizar los medios para generar falsos conflictos y no plantear soluciones a la ciudadanía es lo que ha hecho, precisamente, que la sociedad hoy esté harta de la política".
"Lo que tenga que solucionar, lo solucionare en una mesa, con el convencimiento de trabajar para el interés general de la Región de Murcia", ha añadido el líder socialista.
Ha explicado que otro de los puntos aprobados por la CER es que el PSRM-PSOE mantiene su apuesta firme por una escucha activa y debate social sobre los grandes desafíos que ha de afrontar nuestra Región.
Por ello, el PSRM-PSOE sigue apostando por la culminación del Pacto Regional del Agua y el Pacto Nacional en esta materia, donde se planteen propuestas para resolver, a medio y largo plazo y en igualdad de condiciones que el resto de españoles, el déficit hídrico estructural de la cuenca del Segura.
Según Diego Conesa, a corto plazo, la gestión de las necesidades de agua para beber y para vivir de la Región de Murcia, le corresponde al Gobierno de España.
"En definitiva, las propuestas de la resolución son las que hicimos en febrero y que seguimos manteniendo en el PSRM-PSOE, llueva o no llueva", ha concluido.

Las enfermedades profesionales en la Región tienen rostro de mujer, según CC OO

MURCIA.- El próximo 28 de abril es el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y desde CCOO lo vamos a reivindicar con el lema "Es tu salud, es tu derecho", en relación a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que sufren las plantillas en sus empresas.

Si analizamos los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social vemos que la incidencia media de accidentes laborales a nivel nacional durante el 2017 se sitúa en 3.338,8 accidentes por cada cien mil trabajadores, estando la incidencia media en Murcia en 3.535,5 accidentes laborales. Este dato sitúa a Murcia entre las 10 Comunidades Autónomas que están por encima de la media nacional.
Lo mismo ocurre con la incidencia media por accidentes mortales, que a nivel nacional es de 3,20 mientras que en Murcia dicha incidencia es de 5,42 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores.
Si nos centramos en las enfermedades profesionales tenemos que Murcia es la octava comunidad autónoma que más partes presenta por enfermedades profesionales con un total de 1.156 en el año 2017 de las 21.188 partes que hubo a nivel nacional. Estamos después de Valencia, Pais Vasco, Cataluña, Madrid, Navarra y Aragón.
De los 1.156 partes presentados durante el año 2017, 497 corresponden a hombres y 659 corresponden a mujeres, por lo que podemos afirmar que las enfermedades profesionales en nuestra Región tiene rostro de mujer y se da en sectores muy feminizados como son comercio al por menor, servicios de comidas y bebidas, servicios a edificios y actividades de jardineria.
Si analizamos las causas que las provocan nos encontramos que las causadas por agentes químicos son las que se producen por trabajar en contacto con metales y las ocasionadas por agentes físicos son debido a enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo, donde se produce inflación de las articulaciones.
Con estas dos causas sumamos que se dan 1.031 enfermedades profesionales en nuestra Región durante el 2017, de las 1.156 obtenidas, siendo insignificante el resto de causas.
El rango de edad entre los mujeres donde más enfermedades profesionales se producen se da entre 45-49 años, mientras que en los hombres se dan por igual entre los 40-44 años y los 50-54 años.
CCOO denuncia que existen muchas enfermedades profesionales sin detectar por derivarse al sistema público de salud como enfermedad común y aboga porque los instrumentos negociados, como el Protocolo de detección de enfermedades profesionales, creados para este fin, se pongan en marcha para visualizar las enfermedades profesionales reales existentes.

IU-Verdes Lorca denuncia que abortar con dolor es una imposición del PP por causas ideológicas

LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha tachado de trato "cruel, degradante e inhumano" obligar a las mujeres que interrumpen su embarazo antes de la semana 12 de gestación a hacerlo "con dolor" o a pagar de su bolsillo el coste de la sedación. 

Es "aberrante" que tengan que abonar entre 90 y 100 euros para pagarse la anestesia, tal y como ha denunciado la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia (ADSP-RM).
Con su decisión de no financiar la anestesia en los abortos quirúrgicos, la Consejería de Salud del Gobierno murciano también alienta la "inseguridad jurídica médica" ya que fuerza a los ginecólogos a incumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como el propio Código de Ética y Deontología Médica, lo que supondría "incurrir en falta disciplinaria tipificada en los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial". 
Esto podría afectar a los facultativos de las cinco clínicas concertadas que realizan interrupciones voluntarias del embarazo en la Región de Murcia, una de ellas radicada en Lorca.
Martín recordó que en la Región se practican más de 3.000 abortos al año es la sexta comunidad con mayor tasa por cada mil mujeres de los que prácticamente el 90% son derivados a estas clínicas concertadas. 
"La excusa oficial es la objeción de conciencia del personal sanitario, pero la realidad es que el Servicio Murciano de Salud se niega a poner los medios suficientes para garantizar que este servicio sanitario reconocido se pueda practicar en los centros públicos de manera segura, gratuita y respetando el criterio de proximidad", dijo. 
En ese sentido, recordó que algunas mujeres son derivadas a Madrid para ser sometidas a un legrado. "En una situación de gran vulnerabilidad las mandan a 400 kilómetros con un billete de tren, lo que infringe un terrible desamparo por parte de las autoridades sanitarias regionales", lamentó.
Según la edil de IU-Verdes, la causa de todo ello es "puramente ideológica". 
"Utilizar el dolor de las mujeres como moneda de cambio para contentar a los sectores más integristas del Partido Popular y a la Iglesia Católica es indecente", aseguró Martín quien también criticó el "silencio cómplice" de Ciudadanos, que sustenta al PP en el Gobierno murciano. 
"Elegir sobre nuestra maternidad es un derecho fundamental de las mujeres y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios", aseguró.

La Justicia investigará a la alcaldesa por vulnerar presuntamente los derechos fundamentales de MC Cartagena

CARTAGENA.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Cartagena ha informado de la admisión a trámite del recurso contencioso administrativo por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de MC Cartagena a la participación en los asuntos públicos, reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución Española.

Con este auto se confirma que la Justicia investigará a la alcaldesa de la ciudad Ana Belén Castejón por cercenar los derechos fundamentales de la formación cartagenerista. En este caso, a raíz de vetar la participación del portavoz de MC Cartagena, José López, tras la reanudación del Pleno municipal del 26 de febrero, un hecho que impidió la defensa de las mociones planteadas por su Grupo municipal.
Aquel día, entre los asuntos evitados por la Alcaldía se encontraban las veintisiete preguntas relacionadas con el suministro de agua potable, tras no haberse respondido éstas en el Pleno del 12 de febrero, cuando fueron presentadas.
Tras tener conocimiento del auto, Isabel García ha manifestado que "la Justicia empieza a refrendar lo que venimos denunciando desde hace meses. La persecución a la que Castejón somete a MC, utilizando una vara de medir para nosotros y otra más benévola y sonriente para el resto. Nos congratula que el proceso siga su cauce. Todos han comprobado su obsesión por torpedear nuestra labor y, de manera casi obsesiva, con nuestro portavoz".
"Realmente, más allá de impedirnos continuar con el debate de las iniciativas, aquel día, Castejón trató de evadir responder las veintisiete preguntas sobre el contrato del agua y la revisión de las tarifas para 2018, presentadas el 12 de febrero", ha continuado la edil.
"Este jueves tendrán una nueva oportunidad, la cuarta, para responder a lo que le planteamos hace más de dos meses. Esperamos que se contradigan y, por una vez, abandonen su obcecación por ocultar los datos sobre el contrato del agua y nos faciliten la información que no nos dieron ni cuando formábamos gobierno", ha concluido García.

Podemos considera que el panorama del empleo en la Región es "defraudador"

CARTAGENA.- Andrés Pedreño, diputado regional de Podemos en la Asamblea, ha señalado que hay mucho fraude en las contrataciones y esto ha defraudado las expectativas y esperanzas de mucha gente trabajadora que se ha esforzado por sacar a la Región de la crisis".

 Tras la comparecencia del secretario general de UGT, Pedreño ha explicado que la crisis económica "se la han cargado sobre sus espaldas los trabajadores y trabajadoras de esta Región. El gobierno en vez de salir por la vía de la recuperación de los salarios y las condiciones dignas, castiga a los murcianos y murcianas a la precariedad y a muchos de ellos a no llegar a final de mes a pesar de tener trabajo".
Pedreño ha lamentado que el gobierno del Partido Popular "no se preocupe por devolver a las personas de esta Región todo el esfuerzo y el sacrificio que han hecho durante la crisis en forma de derechos y salarios. El mercado de trabajo al que nos enfrentamos es el de la pérdida de derechos, salarios miserables, contratos precarios y sin derechos sociales. Muy alejados también de la prevención de derechos laborales".
"Lo que también se ha demostrado" ha dicho el diputado de Podemos es que "la pérdida de todo lo anterior ha creado una red empresarial que prefiere contratar mano de obra barata a invertir en la innovación y el desarrollo tecnológico de sus empresas".
Asimismo, Andrés Pedreño ha señalado que el gobierno "no hace nada por la distribución de la riqueza entre la mayoría de la población y esto lo que provoca es que no haya incentivos para ser una Región que estimula la innovación productiva y tecnológica. Es más, se estimula los contratos baratos y el fraude laboral".
Para Andrés Pedreño, diputado de Podemos, el nuevo consejero de empleo trasmite una "falsa imagen" del mercado laboral al de ir que han crecido los contratos indefinidos. 
"Por un lado, el consejero oculta que lo que más crecen son los empleos temporales y ya estamos por encima del 35% de la tasa de temporalidad. Por otro, falsea la realidad también pues los contratos indefinidos que están creciendo son pocos y encima los que más crecen son los menos estables dentro de los indefinidos (como los fijos-discontinuos)" ha detallado.
Por último, Pedreño ha confirmado que Podemos va a apoyar las movilizaciones sindicales con motivo del 28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo y se va a presentar una iniciativa para recuperar el Instituto de Seguridad y Salud Laboral como organismo autónomo, con presupuestos y personal propio, para que este sea "la autoridad en la Región que puede frenar el fraude en las empresas sobre riesgos laborales".

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Guillamón, ha afirmado que "la reforma laboral del Gobierno de Rajoy ha supuesto un claro retroceso en la estabilidad y calidad del empleo, al tiempo que ha propiciado la construcción de un mercado de trabajo con los pies de barro, con un claro predominio de la temporalidad, bajos salarios y precariedad laboral".
Guillamón hizo estas declaraciones al término de la Comisión Especial de Empleo, donde ha comparecido el secretario general de Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia (UGT) Antonio Jiménez Sánchez.
El diputado socialista manifestó que con la inestabilidad actual es muy difícil crear empleo de calidad. Una preocupación que ha quedado patente es desempleo de larga duración, que constituye ya el 43 por ciento -según datos del cuarto trimestre de la EPA de 2017-frente al 17 por ciento del cuarto trimestre de 2008.
"Con esta situación es muy difícil promover los objetivos que pretende el Gobierno regional para conseguir un empleo de mayor calidad, porque habría que empezar por cambiar las políticas y actuar de manera diferente".
También se ha puesto de manifiesto que el gasto dedicado a la política de fomento del empleo se ha recortado al 50 por ciento desde que gobierna Rajoy. "Esta rebaja tan sustancial en las políticas activas de empleo fomenta un mercado laboral incierto e injusto para los trabajadores".
Otra de los temas abordados ha sido el de la siniestralidad laboral. Antonio Guillamón indicó que desde 2013 se ha registrado un aumento del número de accidentes laborales en la Región, debido al recorte presupuestario dedicado al fomento de la prevención y porque no contamos con un Plan regional de riesgos laborales.
Para el diputado socialista "es necesaria voluntad política para solucionar este grave problema, además de partidas suficientes en los presupuestos regionales".

Fiscalía archiva la denuncia del PSOE contra Roque Ortiz y confirma que 'no cometió delito alguno'

MURCIA.- La Fiscalía ha archivado la denuncia que presentaron los concejales del PSOE de Murcia contra el ex concejal del PP, Roque Ortiz, quien dimitió tras filtrarse unas grabaciones de una reunión interna celebrada fuera del Ayuntamiento.

El Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma ha notificado la resolución acordada en las diligencias de investigación incoadas a raíz de la denuncia del PSOE por un presunto delito de prevaricación, procediendo a su archivo por estimar que los hechos objeto de la denuncia 'no son constitutivos de delito alguno'. 
Contra esta resolución, además, no cabe recurso.
De esta forma se corroboran las manifestaciones que realizó Ortiz cuando presentó su dimisión pese a no estar imputado ni investigado en ninguna instancia judicial, ni de carácter administrativo ni penal.
El Partido Popular, de forma general, y Roque Ortiz, en particular, demuestran que saben estar a la altura de las circunstancias y responder a las demandas que exigen los vecinos, pero los hechos confirman que 'el listón ético y la exigencia moral no es igual en unos y otros", expresó Rebeca Pérez, quien esta mañana ha exigido a los grupos de la oposición que pidan disculpas.
En enero, cinco de los seis concejales socialistas -Susana Hernández, Enrique Ayuso, Begoña García Retegui, Juan Vicente Larrosa y Maite Espinosa- montaron un espectáculo ante las puertas de los juzgados para presentar una demanda que, como se ha comprobado, no tenía ninguna justificación, salvo, quizá, su desmesurado afán por acaparar la atención mediática. Por eso, ahora, tres meses después, la portavoz del PP reclama que organicen 'un festín similar pero, en este caso, para reconocer su error y pedir disculpas públicas a Roque Ortiz y al Partido Popular'.
'El postureo se les ha ido de las manos. Acusaron si base alguna con el único objetivo de hacer daño, y en justa medida ahora deben retractarse ante los murcianos, porque no puede ni debe salirle gratis', asevera Rebeca Pérez, quien añade que en Partido Popular 'jamás tuvimos un ápice de duda respecto al proceder de nuestro compañero en el Equipo de Gobierno hasta hace tres meses, y la ejemplaridad y generosidad que demostró adquieren ahora, si cabe, una mayor dimensión'.
Ha recordado que Roque Ortiz abandonó el Ayuntamiento 'única y exclusivamente para no poner en riesgo el proyecto de ciudad que hemos impulsado', insistiendo en que Ortiz salió del Ayuntamiento con la cabeza muy alta, después de haber puesto en marcha los proyectos estratégicos de transformación de la ciudad. 'Y lo hizo apelando a la tan demandada regeneración democrática que, cuando llega el momento, hay partidos que no se aplican a sí mismos', explica la portavoz.
'Otros partidos no pueden decir lo mismo. Si por algo destacan es por su intento de judicializar la política siempre que encuentran un resquicio, buscando en los tribunales el respaldo que no obtienen de los vecinos', añade Pérez, quien ha invitado a los grupos de la oposición a 'reflexionar y comenzar a aplicarse su propia receta'.

Ciudadanos exige al Gobierno regional una línea de ayudas específica para el sector de la flor cortada

CEHEGÍN.- Ciudadanos va a llevar al Pleno una propuesta para que el Gobierno regional estudie la implantación de una línea de ayudas específicas para el sector de la flor cortada, “en la que se deben incluir recursos para la ampliación y modernización de las instalaciones, así como dotar al sector de fondos para potenciar su I+D+i, así como fomentar su participación en ferias internacionales sectoriales”. 

Así lo ha explicado el portavoz local, Jerónimo Moya, que también quiere recabar del Pleno un apoyo sin fisuras para reclamar al Ejecutivo “la redacción y desarrollo del Plan Estratégico de Apoyo a la Flor Cortada, que fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Regional en mayo de 2017 y del que todavía no tenemos noticia alguna”. 
“Hay que convertir en realidad este proyecto, aprobado por unanimidad y que queremos que no quede en papel mojado o un brindis al sol del Gobierno regional”, ha añadido Moya, quien ha transmitido su preocupación al no encontrar en los presupuestos regionales de este año las partidas que deberían dotar este Plan Estratégico.
Ciudadanos refuerza con esta iniciativa a nivel local y regional su compromiso con el sector, para el que también ha pedido ayudas de carácter nacional, tal y como trasladó recientemente a las cooperativas y empresas afectadas el diputado Miguel Garaulet
Por su parte, el portavoz local considera que el apoyo y el respaldo de los grupos políticos locales “será clave para incentivar la inversión en un sector estratégico para nuestro municipio y toda la comarca”. 
“Ciudadanos siempre ha estado con el sector de la flor cortada, como demuestra su apuesta por la mejora de la carretera de Cañada García. Es un sector clave para Cehegín, el Noroeste y la Región, que fija la población y crea empleo y riqueza. El año pasado, las empresas murcianas de la flor cortada exportaron 20,5 millones de euros, pero esa cifra, aun siendo importante, representa una caída del 8% respecto al anterior año, cuando el resto del sector nacional creció un 11%”, ha añadido Moya.
En la Región de Murcia, la producción de flor cortada se concentra en las pedanías ribereñas del Argos en Cehegín, así como en Puerto Lumbreras y Alhama de Murcia. Con una facturación anual que supera los 60 millones de euros, de los que 20,5 millones en 2017 proceden de la exportación, que ha experimentado un retroceso del 8%, único dato negativo en toda la geografía española. 
El clavel ocupa el 50% de la producción para un regional total de 350 hectáreas dedicadas al cultivo de la flor cortada, de las que algo más de 200 hectáreas se ubican en las pedanías de Cehegín, que destacan por la calidad de la flor producida. 
En la Región de Murcia no existen líneas de apoyo a las que puedan acogerse cooperativas y empresas dedicadas a la floricultura desde el año 2011, más allá de las ayudas genéricas para nueva implantación de jóvenes agricultores.

Jesús Navarro: "El Partido Popular en materia de agua lecciones, ninguna"

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Jesús Navarro ha manifestado que el Partido Popular en temas de agua no puede dar lecciones ningunas ni reprocharle al PSOE nada. "En los últimos años, el PP no ha traído ni agua ni infraestructuras para paliar la sequía ni soluciones para mitigar el déficit hídrico de la cuenca del Segura. Además, el PP es el responsable de que las desaladoras del Arco Mediterráneo no estén funcionando al cien por cien de su capacidad".

Navarro reprochó el doble discurso del PP en materia de agua, ya que mientras en la Región sigue manipulando con el tema del trasvase del Ebro, en Aragón piden a Rajoy que nunca más se incluya. Y lo mismo ocurre con el Trasvase del Tajo en Castilla-La Mancha.
Esta mañana ha comparecido en la Comisión Especial del Agua, el director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas.
El diputado socialista se mostró en desacuerdo con Cabezas sobre su defensa del Memorándum y afirmó que esa Ley tan restrictiva ha ocasionado muchos perjuicios a la Región de Murcia. 
"Es injusto que el Trasvase del Tajo-Segura sea el único que tiene un límite trasvasable fijado para su cabecera, mientras otros trasvases no tienen impuesto ningún límite. Nos parece imperdonable esa cesión que se hizo a Cospedal y a Castilla-La Mancha en detrimento de las necesidades de nuestra Región".
Otra de las quejas que ha expresado Jesús Navarro ha sido la ausencia del nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca en la Comisión Especial del Agua, tal y como estaba previsto.
"La Comisión se ha quedado descafeinada y nos molesta que el nuevo consejero no haya venido excusándose en los cambios del gobierno regional y prefiera esconderse en lugar de dar explicaciones en la Asamblea".
Agregó que esta ausencia no tiene excusa, ya que el nuevo consejero no es nuevo en este ámbito y ha participado y es conocedor del documento suscrito por los grupos políticos PSOE, Ciudadanos y Podemos en el Pacto del Agua.
En este sentido, le preguntó por el motivo por el que después de dos meses sigue sin aprobar el documento regional del Pacto del Agua, que tiene que ser remitido al Gobierno de España para que se apruebe el Pacto Nacional del Agua.

Casi la mitad de los 7.673 habitantes que gana la Región son extranjeros

MURCIA.- La Región ganó un total de 7.673 habitantes durante 2017, lo que supone un aumento del 0,5% con respecto al año anterior, con lo que su padrón se sitúa en 1.477.946 personas. Es una de las ocho autonomías donde creció la población, según el avance de la Estadística del Padrón Continuo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total de habitantes, 202.034 de ellos son extranjeros, a fecha 1 de enero de 2018, lo que supone 3.769 más que el año anterior (un 1,9% más). De acuerdo a estos datos, los extranjeros representan el 13,7% de la población total de la Región de Murcia, por encima de la media nacional, que está en el 10,1%.
En España, el padrón suma 46.698.569 habitantes. De este total, 41.979.151 personas tienen nacionalidad española (el 89,9% del total de inscritos) y 4.719.418 son extranjeros (el 10,1%). El incremento supone un aumento de 126.437 personas (un 0,3%) respecto a los datos a 1 de enero de 2017 y representa el primer crecimiento que se produce en el país desde hace cinco años. 
En términos absolutos, Madrid (68.825 personas más), Cataluña (40.301 más) y Canarias (18.658 más) experimentaron las principales subidas, mientras que las mayores reducciones se registraron en Castilla y León (18.151 personas menos), Extremadura (7.861 menos) y Galicia (7.369 menos).
Durante 2017, el número neto de españoles inscritos descendió en 20.174 personas (un -0,05%), pero el de extranjeros aumentó en 146.611 (un 3,2%). Entre estos últimos, los pertenecientes a la Unión Europea (UE-28) se incrementaron en 2.709 (un 0,2%) y los no comunitarios crecieron en 143.902 personas (un 5,1%).
El INE recuerda que, desde que en 1998 se comenzaron a publicar las cifras de población provenientes de la revisión padronal, la población empadronada en España había aumentado todos los años hasta 2012. 
A partir de ese año empezó a disminuir, manteniéndose esa tendencia hasta 2016. En 2017 se produjo una nueva inflexión al aumentar en 126.437 personas, según los datos provisionales.
Desde el año 2000 el aumento fue debido, fundamentalmente, a la inscripción de extranjeros, cuya cifra pasó de 923.879 ese año a 5.751.487 a 1 de enero de 2011. A partir de ese momento la cifra de extranjeros comenzó a descender, produciéndose el mayor descenso durante 2013 (-522.751). 
Esta tendencia, detalla el INE, se mantuvo en los años siguientes aunque en 2016 el saldo (-45.774) fue el de menor intensidad. En 2017 el número de extranjeros volvió a crecer, con un aumento de 146.611 personas.
Entre los españoles hay más mujeres (51,1%), mientras que en los extranjeros el porcentaje de hombres es mayor (50,2%). Por edades, el 15,8% de la población tiene menos de 16 años, el 36,7% entre 16 y 44 años, el 28,4% tiene entre 45 y 64 y el 19,1%, 65 o más años.

Murcia se persona en la causa contra ACS por la 'trama' de la desaladora

MADRID.- El Gobierno de la Región de Murcia, que preside el popular Fernando López Miras, se ha personado en la causa abierta contra ACS por el supuesto amaño en el contrato de una desaladora en la localidad de Escombreras, según publica El Economista

La titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia, María del Mar Azuar, está investigando, en concreto, si bajo el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, también del PP, se creó una trama para la adjudicación a dedo de la planta a Cobra, una filial del grupo que preside Florentino Pérez, con un compromiso de desembolsar 600 millones de euros en 25 años. Es un importe que multiplicaría por cinco el importe real de la construcción.
Fuentes del Ejecutivo regional, consultadas por este periódico, confirmaron que "nos hemos personado como parte interesada", entre otras cosas para tener acceso a la información, insistiendo, no obstante, en que "la desaladora de Escombreras es una infraestructura imprescindible para cubrir las necesidades hídricas y que, actualmente, está al máximo de su rendimiento".
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional implica en un informe, adelantado por El Confidencial, a altos cargos del Ejecutivos autonómico, entre los que se encuentra el que fuera hasta 2015 consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, imputado el pasado mes de marzo; así como distintos directivos del grupo ACS, empresarios locales y bufetes de abogados. Supuestamente, todos ellos habrían participado en el presunto amaño, cargando las deudas de la desaladora a los presupuestos regionales con contratos y facturas falsas.
La investigación se abrió a raíz de una querella presentada por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales de Murcia, que fue admitida a trámite en 2015 a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura, "lo que fue el origen de la desaladora, contratos, cláusulas y si se perjudicó o no al erario público".
 La juez considera que podrían haberse cometido posibles delitos de malversación de fondos públicos, fraude y administración desleal, entre otros.
En su último auto, la magistrada apunta ya que, aunque la planta fue creada con capital privado, el propósito inicial era transformarla en empresa pública, "asumiendo así el erario público todas las operaciones millonarias buscadas sin aplicación de la legislación sobre contratación pública, sin garantizar que los contratos suscritos por ella se ajustasen a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia". 
En la instalación de Murcia se habría replicado así, supuestamente, según la investigación llevada a cabo, el mismo esquema que con el almacén de gas Castor en Castellón.