Inspectores del BdE advierten de graves deficiencias en la supervisión europea / José Hervás *

La res­puesta de la pre­si­denta del con­sejo de su­per­vi­sión del Banco Central Europeo (BCE), Danièle Nouy, a la pre­gunta de si puede ejercer por si mismo sus com­pe­ten­cias sobre las dis­cu­tidas fun­ciones de su­per­visón asu­midas por Fráncfort, no sa­tis­facen las ex­pec­ta­tivas de los ins­pec­tores del Banco de España. 

Esta posición se ha hecho pública solo horas antes de que se conozca la decisión de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre si se mantiene la imputación a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Javier Aríztegui, Julio Segura y Fernando Restoy.

Nouy dice que el BCE está facultado para exigir a cualquiera de las entidades que supervisa directamente, aquellas que superan los 40.000 millones de activos, a que adopten todas las medidas necesarias para solucionar cualquier problema y garantizar su viabilidad.

Entre los problemas que menciona la presidenta del consejo supervisor del BCE está el cumplimiento de los requisitos prudenciales, la solidez de la gestión y la cobertura suficiente de los riesgos. Añade que estas medidas tienen como objetivo asegurar la viabilidad de cualquier entidad a la que se exija cumplir estos requisitos.

La respuesta no satisface las demandas planteadas por la Asociación de Inspectores del Banco de España (AIBE). En un comunicado con fecha del 6 de junio señalaban que transcurrido más de un año desde la puesta en funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) consideran necesaria una profunda reflexión.

Para la AIBE la puesta en funcionamiento del MUS presenta importantes deficiencias que pueden comprometer la eficacia de la labor supervisora. Ante la posibilidad de que los españoles tengamos que seguir asumiendo al menos una parte del coste de una hipotética crisis bancaria, las autoridades españolas, “en especial el Banco de España, deberían abandonar la pasividad y autocomplacencia que han venido mostrando desde la entrada en vigor del MUS”.

Los inspectores consideran que dentro de los límites que permite el Reglamento europeo, España podría salvaguardar su modelo supervisor.

Para los inspectores el aspecto que resulta más relevante es que el enfoque de “supervisión prudencial” que se está aplicando constituya una respuesta adecuada y suficiente a los errores del pasado. Los resultados son conocidos de todos, pero advierten que éstos podrían volver a repetirse.

Admiten el valor de haber centrado el foco supervisor en reforzar la posición de capital y las medidas de resolución para afrontar una eventual crisis, pero consideran que la decisión es insuficiente. Y plantean incorporar medidas que puedan “abordar la pronta identificación de los problemas como el análisis detallado de las carteras de activos o la realización de procesos de conciliación y verificación de la integridad y fiabilidad de la información contable proporcionada por las entidades”.

Añaden además los inspectores que para mejorar la calidad de la supervisión habría que incorporar cambios en la estructura organizativa que se ha impuesto en el Mecanismo Único de Supervisión, como en cómo se ha articulado la colaboración entre el Banco Central Europeo y el Banco de España.

Piden más consideración a la experiencia del trabajo de los inspectores en España y a contrastar más la información facilitada por las entidades, en lo que parece una alusión directa a todo lo que ha sucedido en el caso del Banco Popular.

Sobre nada de esto se ha manifestado Danièle Nouy que también ha respondido a una pregunta de Enrique Calvet Chambón, miembro del Parlamento Europeo, sobre las fundaciones bancarias en España, de las que recuerda que no son entidades supervisadas por el BCE al no considerarse entidades de crédito.

Quienes siguen teniendo el conocimiento más detallado de las entidades financieras española consideran imprescindible que se sigan aplicando los procedimientos supervisores que se han llevado a cabo en España. No estaría de más oír la voz de la experiencia. La comisión de investigación de la crisis bancaria ofrece una oportunidad a los partidos políticos para que oigan la voz de los inspectores. Sobre todo después de que el Gobernador, Luis María Linde, haya admitido que el Banco de España no hizo todo lo que pudo hacer para evitarla.

(*) Periodista

De entradas y salidas / Ramón Cotarelo *

O de salidas y entradas, pues el orden de los factores no altera el producto final de la ponzoña y la corrupción del reino.

Salida de Blesa, al más puro estilo del teatro de fines del XIX, el subgénero llamado "drama de pistola". La adaptación española, siempre más montaraz, podría llamarse "drama de escopeta". El de pistola es típico del teatro burgués, estilo Ibsen o Strindberg o Chejov o Tennessee Williams, más reciente. En España, en donde la burguesía apenas existe, el drama va más de nobles, caciques, señoritos y oligarcas, todos ellos aficionados a la caza. En las dos vertientes, el personaje conflictivo salía de escena en el desenlace y, a continuación, se oía un disparo. Y Blesa ya es historia. Su vida fue tan lamentable que hasta la muerte le pareció una opción mejor. Y eso de creer el resultado de una autopsia hecha a la carrera y una incineración que más parece haber sido producida por un rayo.

Leo que la muerte pone a salvo el supuestamente ilegal patrimonio de Blesa. Imagino que no es así. La muerte extingue la responsabilidad penal, pero no la civil, si la hay. Otra cuestión es si existe una voluntad de ir tras ese patrimonio como la hay, parece, de ir contra el de los independentistas. Pero de esto, más abajo.

Blesa no actuó solo. Sus cómplices supérstites siguen encausados. Además, no se nombró a sí mismo para el cargo desde el que perpetró los presuntos delitos. Lo nombró Aznar porque era amigo suyo y lo mantuvo años en el cargo que aquel ejerció a satisfacción del presidente y para holgura económica de su fundación FAES, de la fundación "Nación y libertad", de Aguirre y, en general, del PP. Todos ellos deben dar explicaciones públicas de estos enredos aparentemente criminales.

La entrada corresponde a la Guardia Civil (GC) en el Parlament, el Palau y una conselleria. Sin duda, la GC no actúa por su cuenta, sino a las órdenes de la autoridad civil, judicial, y se ha presentado en los tres puntos con un mandato expreso, aunque no esté totalmente claro en todos los casos. No se cuestiona aquí la pertinencia de la operación, sino su cronología e impacto mediático. Por su contenido, este registro sin duda es tan pertinente como el que el juez ordenó hacer en su día en la sede del PP en la c/ Génova. Con una diferencia: en el registro al PP, este llevaba meses incumpliendo los autos del juez y desoyendo sus peticiones de aportación de pruebas mientras que, en el caso catalán, esta es la primera actuación que se registra. Y en un procedimiento, el del 3%, que lleva más de tres años en marcha.

Es decir, la entrada de la GC está calculada por su efecto mediático, su impacto en una opinión pública catalana y española muy sensibilizadas. Un efecto para tapar el terremoto que ha sido el documental sobre las cloacas de Interior en el que quedan claras muchas cosas oscuras, especialmente dos: a) que el ministerio del Interior tenía (¿tiene?) una policía política encargada de fabricar pruebas para criminalizar a adversarios políticos. b) que Rajoy lo sabía.

Para tapar eso no basta con enviar dos docenas de guardias civiles, algunos enmascarados, como en los mejores tiempos de ETA. En el punto en el que estamos, así no se amenaza ni se atemoriza. La "Operación Cataluña" de Interior acabará en los tribunales. Tiene que ser porque ningún Estado civilizado puede sobrevivir si las fuerzas de seguridad delinquen.

Y sus máximos responsables políticos. Esa monstruosa intención de ir contra los patrimonios personales y familiares de los responsables independentistas es inmoral y probablemente delictiva. La decisión del Tribunal de Cuentas la firma Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia de Aznar e hija de un magistrado del Tribunal de Orden Público de la dictadura. La locura de estos irresponsables llega al extremo de prohibir que, en caso de ser multados, los procesados puedan recurrir a la solidaridad colectiva. Han de pagar con sus patrimonios, los de sus hijos y nietos.

Y esto lo preteden quienes han aprobado una amnistía fiscal ilegal para sus amiguetes y ellos mismos por valor de cientos de millones de € y contra cuyo patrimonio habrá que proceder. Los miembros de un gobierno y un partido que han malversado y estafado otros cientos de millones del erario cobrando sobresueldos de la caja B, licitando obra pública fraudulenta, malversando caudales públicos. Si vamos contra el patrimonio personal y familiar, aunque no tenga nada que ver con la naturaleza del delito, con ánimo confiscatorio, va a resultar que el PP es de verdad el partido de los pobres.

Es asombroso que nadie denuncie esta persecución arbitraria por razones políticas contra el independentismo catalán, en la que se emplea todo el ordenamiento jurídico y parte (por ahora) de las fuerzas de seguridad. Realmente, la responsabilidad de las izquierdas españolas por inacción e incompetencia es pavorosa. Al no comprender la cuestión catalana que, en el fondo, es una revolución y por eso no la comprenden, cada vez es más irrelevante en Cataluña. Y, precisamente por ello, también es cada vez más irrelevante en el Estado. ¿Por qué? Porque todavía no ha entendido que, sin Cataluña,  no llegará jamás al poder. 

El problema es que ese apoyo tiene el precio del referéndum. Pero, ¿qué menos pueden pedir unos independentistas a un partido, el PSOE, que lideró la última reforma del Estatuto pero, al final dejó a todos en la estacada, incluso al PSC y permitió que la derecha triturara la reforma y hasta la ayudó a hacerlo? 

Ahora piden los socialistas volver al Estatuto de 2006, el triturado. Pero eso es anacrónico. Ahora toca referéndum. En el entendimiento de que, de no celebrarse, mañana también puede ser anacrónico si se declara una DUI.

Hoy estaré en Cartagena

PD.- A un curso de la Universidad Internacional del Mar, de la Universidad de Murcia sobre el muy amplio tema de Retos del Sistema Político Español y en el cual se tratarán diversos temas desde perspectivas académicas y (sin duda) políticas distintas, desde los aspectos jurídicos de la investidura de gobierno hasta talleres de liderazgo político o seminarios sobre la corrupción. Todo un vergel. 

Por fortuna, cuenta con unos participantes de mucho nivel, de forma que el éxito está garantizado. La intervención de Cotarelo, probablemente el que más desmerezca, a las 09:45 versará sobre la política de la postverdad, un curioso, aunque no muy reciente, fenómeno que hoy se hace patente. Doy una pista: en ella se relaciona la posverdad con la burbuja inmobiliaria y el saqueo de España. 



(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Revista de Prensa / A. R. Mendizabal *

Viernes con por­tadas y grandes ti­tu­lares co­pados en primer lugar por Cataluña, en se­gundo por la ape­la­ción de Draghi a ser 'paciente y pru­dente' antes de mover tipos y en ter­cero por la cárcel para Villar e hijo. 

Otros ejes de ac­tua­lidad in­cluyen el cer­ti­fi­cado fo­rense de sui­cidio de Blesa, los re­sul­tados de Iberdrola; el fin hoy del plazo de la sus­crip­ción de am­plia­ción del Santander; y el nom­bra­miento de Ramon Laguarta como pre­si­dente de PepSico, un nú­mero dos que es­taba va­cante desde hace tres años y que in­cor­po­rará bas­tantes fun­ciones eje­cu­ti­vas; y esto a toda primer plana en Expansión: 'ACS es­tudia lanzar una con­traopa sobre Abertis: la cons­truc­tor, que fue hasta 2012 ac­cio­nista de Abertis, ana­liza en­trar en pugna con Atlantia'. 

Por fin pa­rece que el frac­tu­rado Gobierno bri­tá­nico de Theresa May se ha puesto de acuerdo en algo: buscar un pe­riodo de transición largo tras el Brexit. Según unos, será de dos años, o de cuatro según The Guardian. Con ello, la li­bertad de cir­cu­la­ción de bie­nes, ser­vi­cios y per­sonas se­guiría hasta 2023. Toda la prensa bri­tá­nica re­coge la reunión de Theresa May con los em­pre­sa­rios en la que la pri­mera mi­nistra pidió calma, pro­metió no llevar al país a un riesgo in­ne­ce­sario y ga­ran­tizó esa transición que ella llama 'fase de im­ple­men­ta­ción'. 

Trump está cada día más crea­tivo. A me­dida que se ex­pande la in­ves­ti­ga­ción sobre la co­ne­xión rusa con nuevas fil­tra­ciones y des­cu­bri­mientos de vínculos per­so­nales y eco­nó­mi­cos, el pre­si­dente de EEUU au­menta su en­fado. Pero junto a sus crí­ticas y ame­nazas con des­ti­tuir a quienes le in­ves­ti­gan, con­trata abo­gados y busca fór­mulas de salir de ato­lla­dero. La úl­tima la re­vela este viernes The Washington Post en pri­mera plana: Trump y su equipo de abo­gados están es­tu­diando ya la po­si­bi­lidad de echar mano de los lla­mados ‘perdones eje­cu­ti­vos’ o in­dultos a sus co­la­bo­ra­do­res. Incluyéndose a sí mismo… 

CATALUÑA

La Vanguardia: La nú­mero dos de Ensenyament di­mite a dos meses del re­fe­réndum del 1-O. Otro ti­tu­lar: El TSJC busca el rastro del 3% y Gordó en la Generalitat: la Guardia Civil re­clama en el Palau datos sobre la agenda del con­se­ller; Turull ofrece co­la­bo­ra­ción pero 'sin es­pec­táculos ni hu­mi­lla­cio­nes' (Quico Sallés y Luis B. García). Otro ti­tu­lar: Rajoy re­ceta ‘empatía’ ante ‘los ca­minos de rup­tura que no llevan a nin­guna parte’ (Luis. B. García y Rosa Matas). Otro ti­tu­lar: El largo pe­riplo ju­di­cial que tendrá a Mas en vilo en el Tribunal de Cuentas (Leonor Mayor Ortega). La Razón: La Generalitat obs­truye la in­ves­ti­ga­ción de la trama del 3%. Libertad Digital: La Guardia Civil des­miente a Turull: fuentes de la in­ves­ti­ga­ción niegan que los Mossos les hayan im­pe­dido la en­trada (Pablo Planas). Otro ti­tu­lar: Puigdemont planta a Rajoy y éste evita ofrecer un dis­curso duro en su re­greso a Cataluña (P. Montesinos). 

El Periódico: La Guardia Civil ras­trea en el Palau y el Parlament (J. G. Albalat y Júlia Regué). Otro ti­tu­lar: La nú­mero dos de Ensenyament tam­bién cae antes del 1-O: Maria Jesús Mier era una pieza clave para ga­ran­tizar la aper­tura de los co­le­gios elec­to­rales (Fidel Masreal). Otro ti­tu­lar: Rajoy pro­clama su tran­qui­lidad ante un 1-O que ‘no se ce­le­bra­rá’. 

ABC: La Justicia no se de­tiene ante las ins­ti­tu­ciones to­madas por el na­cio­na­lismo (Àlex Gubern). Otro ti­tu­lar: Rajoy no verá a Puigdemont antes del 1-O porque no ofrece al­ter­na­tivas al re­fe­réndum (Mariano Calleja). Otro ti­tu­lar: La con­fron­ta­ción por la lengua salta a la calle en Casteldefells: el pleno aprueba una mo­ción de apoyo a la in­mer­sión lin­güís­tica im­pul­sada por el PSC (E. Armora y A. Cabeza). Otro ti­tu­lar: Las en­ti­dades so­be­ra­nistas con­fían en un 11-S ‘decisivo para de­rrotar al Estado’. 

El País: La Guardia Civil busca in­for­ma­ción sobre el 3% en el Parlament y la Generalitat. Otro ti­tu­lar: Rajoy cree que el em­peño de Puigdemont por el re­fe­réndum im­pide el diá­logo (Javier Casqueiro). Otro ti­tu­lar: La ‘número dos’ del de­par­ta­mento ca­talán de Enseñanza deja el cargo (Jessica Mouzo Quintáns). El Mundo: El le­trado mayor del Parlament tumba la le­gi­ti­midad del 'procés' (Germán González). Otro ti­tu­lar: Los jueces buscan pruebas del 3% n el Parlament y la Generalitat. El Confidencial: Nuevos tes­tigos de­latan a Gordó: se reunía en el Palau y Justicia con la trama del 3% para pactar do­na­ciones ile­gales a Convergència (J.M. Olmo y A. Fernández). 

Confidencial Digital: Doscientos guar­dias ci­viles del Servicio de Información, en­viados a Cataluña: in­ves­tigan a dipu­tacio­nes, ayun­ta­mientos y or­ga­nismos que tra­bajan por el re­fe­rén­dum. Otro ti­tu­lar: El di­rector de los Mossos tiene un plan para que los agentes no sean san­cio­nados el 1-O: Pere Soler, es­pe­cia­lista en Derecho Procesal, re­dac­tará una orden de des­pliegue que no cite el re­fe­réndum y aluda solo a 'concentraciones en co­le­gios'. 

OTRA INFORMACIÓN NACIONAL

Vozpopuli: Sánchez eleva el tiro: pe­dirá la di­mi­sión de Rajoy por la po­licía po­lí­tica’ (Gabriel Sanz). El País: El Congreso dic­ta­mina que el PP montó una po­licía po­lí­tica (Óscar López-Fonseca y Fernando Garea). El Independiente: PSOE y Podemos ocultan que go­ber­narán juntos en sus con­sultas a los mi­li­tantes (Carmen Torres). Público: Díaz re­clama para Andalucía una 'quita' de deuda que Rajoy sondea para Catalunya (Daniel Cela). El País: Sánchez pide al PNV que le acom­pañe en su plan para re­formar la Constitución (Mikel Ormazabal). ABC: Sánchez pro­mete al PNV hacer de España una ‘nación de na­cio­nes’. El Mundo: La Comunidad de Madrid eli­minó datos clave del nú­mero 3 de Cifuentes (Q. Alsedo y P. Herráiz). 

ECONOMÍA

El Confidencial: Hacienda des­carta con­donar deuda au­to­nó­mi­ca..., pero se abre a apla­zarla si el PSOE pacta la nueva fi­nan­cia­ción (Carlos Sánchez). ABC: La Comisión sobre la fi­nan­cia­ción pro­pondrá ar­mo­nizar Sucesiones y que las au­to­no­mías puedan subir el IVA. La Razón: España in­ver­tirá 3.200 mi­llones de euros en em­pleo ju­venil hasta 2023. El Economista: España re­cibió de Europa 837 mi­llo­nes, un 35% más, para im­pulsar el em­pleo ju­ve­nil. Otro ti­tu­lar: Energía su­birá la luz para co­brar los tri­butos de 2013 de las au­to­no­mías (Rubén Esteller). El País: La eco­nomía ca­ta­lana bate ré­cords, pero con 438.000 em­pleos menos (Camilo S. Baquero). La Vanguardia: Catalunya deja atrás la crisis antes que España: re­cu­pera el PIB previo a la re­ce­sión, pero con 438.000 tra­ba­ja­dores menos que en 2007. Cinco Días: Las fa­mi­lias des­tinan el 7% de su renta a in­tereses frente al 11,5% de 2007 (J. Viñas). 

EMPRESAS

Capital Madrid: Argentina y Brasil vuelven a ser un factor de riesgo para las em­presas es­paño­las: los pro­blemas po­lí­ticos de la pri­mera eco­nomía de la zona son el prin­cipal ca­ta­li­zador ad­verso, pero Santander, Telefónica, Mapfre, DIA o Iberdrola re­sis­tirán el tirón como lo hi­cieron antes Héctor C. Llamas). Otro ti­tu­lar: Avangrid se con­vierte en el gran pilar de los re­sul­tados de Iberdrola: la fi­lial es­ta­dou­ni­dense aportó casi un 25% de los 1.518 mi­llones de be­ne­fi­cios re­gis­trados hasta junio (Julián González). El Confidencial: Sequía, im­puestos y Brexit: tres puntos que ex­plican las cuentas ‘débiles’ de Iberdrola (Juan Cruz Peña). El Economista: El Gobierno frenó la opa sobre Abertis para no pri­va­tizar Aena: la ope­ra­ción podía im­plicar la pér­dida de con­trol pú­blico del gestor ae­ro­por­tua­rio. Otro ti­tu­lar: Oryzon se hunde en Bolsa: Roche no apo­yará el desa­rrollo de su fár­maco para el cáncer he­ma­to­ló­gi­co’. 

Expansión: Iberdrola gana 1.518,4 mi­llones en el primer se­mes­tre, un 4% más: confía a EEUU y Brasil su cre­ci­miento en 2017. Otro ti­tu­lar: Axa re­co­noce a sus em­pleados la des­co­ne­xión di­gi­tal: pri­mera em­presa que re­gula no coger el móvil en el tiempo libre (M. Valverde). Otro ti­tu­lar: Así serán las lu­josas vi­viendas de Canalejas: los pisos cos­tarán 4,5 mi­llones (Rocía Ruiz). Otro ti­tu­lar: Entrevista a Miguel de Jaime, di­rector ge­neral de ne­go­cio: Deoleo: ‘Tenemos un fondo de­trás con todo el di­nero del mundo que cree en no­so­tros’ (Víctor M. Osorio). Cinco Días: Iberdrola y Endesa rompen en Nuclenor cual­quier acuerdo sobre Garoña. Otro ti­tu­lar: Galán des­carta la par­ti­ci­pa­ción de Iberdrola en una fu­sión con ener­gé­ticas eu­ro­peas. Otro ti­tu­lar: La lo­gís­tica urge un plan para po­ten­ciar Barajas como ae­ro­puerto de carga. 

Vozpopuli: Hacienda re­clama 122 mi­llones a Duro Felguera en plena re­fi­nan­cia­ción (Alberto Ortín). Vozpopuli: ¿Veto a la alta ve­lo­cidad es­pañola? Las grandes cons­truc­toras pierden con­tratos en Australia y UK por 11.000 mi­llones (Raúl Pozo). El Correo: Fagor CNA se pro­pone ce­rrar la planta de Mondragón y re­forzar la de Basauri. EFE y to­dos: La so­cimi de Hispania y Barceló saldrá al MAB va­lo­rada en casi 500 mi­llo­nes. Eldiario: Iberdrola re­co­noce en EEUU que el au­to­con­sumo es un 'riesgo' ante la po­sible 'deserción' de sus clientes (Antonio M. Vélez). 

SECTOR FINANCIERO

Capital Madrid: Inspectores del BdE ad­vierten de graves de­fi­cien­cias en la su­per­vi­sión eu­ro­pea: el BCE ase­gura que puede exigir todo tipo de me­didas a cual­quier en­tidad (José Hervás). El País: El BCE man­tiene los es­ti­mulos a la eco­nomía pese al cre­ci­miento: Draghi dice que la re­cu­pe­ra­ción aún no ha llegdo ni a los sa­la­rios ni a los pre­cios y de­mora el cambio de rumbo (Claudi Pérez). Cinco Días: Draghi aleja el fin de los es­tí­mu­los: ‘Hay que ser pa­ciente y pru­dente’ (G. Escribano y C. Castelló). El Economista: Draghi sos­tiene la es­ca­lada del euro. Otro ti­tu­lar: Barceló e Hispania sacan al MAB su so­cimi con 790 mi­llones en ho­te­les. Otro ti­tu­lar: Cesce ne­gocia la entrda de Bankia y CaixaBank en su ac­cio­na­riado: las únicas de las grandes que no están en el ca­pital (Eva Díaz). 

Vozpopuli: Aseguradoras y 'vips' ul­timan una de­manda de 100 mi­llones contra Santander (Jorge Zuloaga). El Mundo: El Popular perdió el 100% de su col­chón de li­quidez en dos meses (Carlos Segovia). Otro ti­tu­lar: Los ac­cio­nistas de Banco Popular acu­mulan re­cursos contra las au­to­ri­dades eu­ro­peas (María Hernández). Invertia: Afectados del Popular: todos los plazos clave para re­cu­rrir por dis­tintas vías ju­di­ciales (Clara Alba). Europa Press y to­dos: Popular su­frió una fuga de de­pó­sitos de 9.300 mi­llones entre abril y mayo. Expansión: Santander y Popular: sin trabas de com­pe­ten­cia. Otro ti­tu­lar: Santander acorta dis­tan­cias por ca­pi­ta­li­za­ción con Indite (R. Martínez). Otro ti­tu­lar: Liberbank ne­ce­sita más de mil mi­llones de euros en ca­pi­tal, según Mint Partners (Roberto Casado). 

OPINIÓN

Editorial en El Mundo: ‘Sentido común y va­lentía del le­trado mayor del Parlament’. F. Sosa Wagner y M. Fuertes: ‘Responsables con­ta­bles en Cataluña’. Otro edi­to­rial: ‘Las ‘naciones’ de Sánchez no son nin­guna so­lu­ción’. Otro edi­to­rial: ‘La fac­tura del Brexit en­calla la ne­go­cia­ción’. Editorial en El Periódico: ‘La Guardia Civil, el Parlament y el 3%: la ope­ra­ción po­li­cial nada tiene que ver con el 'procés', sino con la in­ves­ti­ga­ción por un caso de co­rrup­ción’. Antonio Franco en el mismo dia­rio: ‘La tranca lí­quida: los úl­timos nom­bra­mientos e Puigdemont pa­recen res­ponder al slogan del Todo por la Patria’. Editorial en La Vanguardia: ‘Catalunya re­cu­pera el PIB per­di­do’. Àlex Tort en el mismo dia­rio: ‘La Diada que de­cide el 1-O’. Rafael Jorba en el mismo dia­rio: ‘El len­guaje del pro­ce­so’. 

Editorial en ABC: ‘Hacer cum­plir la Ley en Cataluña’. Manuel Marín en el mismo dia­rio: ‘Cataluña, en fase de de­rribo: la pre­sencia la Guardia Civil en el Parlamento ca­talán se saldó con nula co­la­bo­ra­ción ins­ti­tu­cional y con una orden ex­presa de Jordi Turull de no co­la­borar con la Justicia’. Otro edi­to­rial: ‘España no debe re­nun­ciar a Abertis’. Editorial en Libertad Digital: 'El es­per­pento ca­ta­lán'. Cristina Losada en el mismo me­dio: ‘Artur Mas se va a de­clarar in­sol­vente: su otra in­sol­ven­cia, la po­lí­tica, la había puesto de ma­ni­fiesto hace tiem­po’. José María Marco en el mismo me­dio: ‘Nacionalismo y po­pu­lismo: el in­de­pen­den­tismo no na­cio­na­lista de Podemos’. 

Editorial en El País: ‘Secesión o co­rrup­ción: el nuevo con­se­jero de la Presidència de la Generalitat, Jordi Turull, pro­ta­go­niza un amago ri­dículo de re­be­lión contra la Justicia’. Rubén Amón en el mismo dia­rio: ‘Letizia, la reina per­fec­ta’. Otro edi­to­rial: ‘El desafío po­laco: la UE está obli­gada a frenar la de­riva au­to­ri­taria del Gobierno de Varsovia’. Editorial en Cinco Días: ‘Las tres ‘pes’ de la hoja de ruta de Mario Draghi para Europa’. Santiago Carbó en el mismo dia­rio: ‘Lo que hemos apren­dido de los errores de Caja Madrid’. Editorial en El Imparcial: ‘Cuatro graves pro­blemas de nuestra eco­no­mía’. Moisés Romero en La Carta de la Bolsa: 'Liberbank o cómo los hedge funds pu­dieron que­brar un banco y poner en duda el sis­tema. Los hedge funds no son ren­ta­bles'. 

(*) Periodista


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La Universidad de Murcia investiga la clave para acabar con la corrupción

MURCIA.- El grupo Análisis Político de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia abre camino en una investigación que pretende dar con las pautas para luchar con éxito contra la corrupción política en España y otros países basándose en tres factores imprescindibles: una coyuntura crítica favorable, reformas institucionales que sirvan de palanca y, ante todo, una coalición de fuerzas políticas y sociales que consiga promover los cambios oportunos.

Anteriores investigaciones muestran que la corrupción es un proceso que genera algunos ganadores, pero que afecta negativamente al desarrollo de toda la sociedad, no solo en cuanto a su crecimiento económico, sino también en la manera en que se reparte equitativamente esa riqueza. Este equipo analiza los requisitos de los que depende el éxito de las políticas anticorrupción: tres factores que raramente aparecen conjuntamente, lo que explica los fracasos constantes de estas políticas.

El primer factor, la existencia de una coyuntura crítica, estaría presente en el caso español a partir de la crisis económica. De hecho, algunos indicadores dan la impresión de que estamos en un momento que ha resquebrajado los alineamientos políticos tradicionales. Uno de esos indicadores es la preocupación por la corrupción, que se ha convertido en el segundo problema público con una media por encima del 40% desde 2012.

Un segundo factor es que se hayan producido con anterioridad algunas reformas institucionales, es decir, nuevas leyes (como la Ley de Transparencia de 2013) o el reforzamiento de la independencia y los medios de algunos órganos de control (tribunales, fiscalía, agencias reguladoras, etc.), aunque sea por motivos cosméticos, pero que pueden ser por aquellos actores que impulsan la lucha contra la corrupción.

El último factor es el más importante y también el más difícil de medir: la formación de una coalición de fuerzas políticas y sociales convencida de la necesidad de luchar contra la corrupción. Se trata de que una masa crítica de ciudadanos sean consciente de que se está ante el momento oportuno para cambiar las reglas del juego político de manera definitiva y de que tengan voluntad para empujar el cambio. 

"Este es nuestro principal objetivo en el proyecto, conocer si está presente este factor en el caso español"Solo si se vencen los problemas de acción colectiva, será posible avanzar en el control de la corrupción y en la reducción de los espacios sociales en los que rige el particularismo", comenta el investigador Fernando Jiménez Sánchez. Queremos medir también qué juego dan las reformas que se han hecho hasta ahora"

La primera hipótesis que se plantea en el caso español es que para que esas medidas tengan efecto deben ser suficientemente creíbles, es decir, que los ciudadanos noten que las reglas han cambiado. Tal y como explica el investigador de la UMU, "muchas de estas reformas tienen una motivación cosmética, son para salir del paso tras los escándalos en los medios de comunicación, pero no son convincentes y la gente sigue funcionando con la misma lógica particularista, buscan soluciones para tus propios problemas o los de su grupo más cerrado, sin preocuparse de buscar unas soluciones diferentes para las que no haga falta recurrir a cultivar los contactos oportunos".

"Tradicionalmente, los dos partidos clásicos han dado la espalda a la lucha contra la corrupción, aunque era bastante obvio que teníamos un problema, porque sus fuentes de financiación siempre han sido irregulares. Por tanto, no han tenido incentivos para luchar contra ello. Eso empieza a cambiar una vez que el comportamiento electoral varía. Cuando ven peligrar su situación deciden adaptarse pero, ¿cuánto hay de retórica y cuánto de cambio real?" nos cuenta Jiménez Sánchez.

A lo largo del proyecto, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad hasta 2019, se seguirá una metodología que mezcla diversas técnicas de investigación como el análisis de contenido de prensa, el estudio de las sentencias judiciales por delitos de corrupción, las entrevistas con líderes políticos, empresariales, sindicales o los miembros de asociaciones de lucha contra la corrupción. 

 Se trata de detectar cómo se han reflejado los casos de corrupción y qué discursos se han establecido sobre cómo actuar, si se propone cambiar a unos actores por otros o, más bien, las reglas de juego por completo.

Durante la década de los 60, el politólogo Samuel Huntington sostenía que la corrupción podría ser buena en el proceso de transformación de las sociedades agrarias hacia una sociedad industrial. Esta corrupción presente en las comunidades más atrasadas servía, según la tesis de la grasa de engranajes, como el aceite sobre aquellos mecanismos de gobierno que no funcionan. Permitía un empujón, pero a la larga no favorece al desarrollo sostenible.

En el proyecto también se compara el caso italiano. Su enorme crisis política tras la caída del muro, a mediados de los años 90, con Manos Limpias, Mani pulite, una operación de lucha contra la corrupción que implicaba a todos los grupos políticos del momento. Esta revolución de jueces y fiscales cambió por completo su sistema político. Desaparecieron los viejos partidos, aparecieron nuevos, pero las reglas del juego político se mantuvieron iguales, sin embargo. Esto muestra que tener una coyuntura crítica abre oportunidades, pero no es suficiente ni quiere decir que ese cambio vaya a darse.

 "Tenemos miles de ejemplos donde ha habido grandes crisis y no se han aprovechado para cambiar reglas de juego", comenta.

Según narra el politólogo, durante los últimos años los casos más exitosos en el control de la corrupción han sido Uruguay y Chile. En estos países no ha habido grandes rupturas con los modelos tradiciones de relación política, sino que una acumulación de reformas institucionales ha dado lugar a un cierto progreso, pero no basta. Hace falta que haya una presión desde abajo, de los ciudadanos.

El proyecto 'Acción colectiva y corrupción en España: límites y posibilidades de las reformas institucionales' se realiza de manera multidisciplinar con otras universidades.

Los grandes almacenes rechazan la propuesta de apertura de festivos del Ayuntamiento de Murcia

MADRID.- La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) mostró su rechazo a la propuesta del Ayuntamiento de Murcia para la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) "porque resulta extremadamente restrictiva. La medida permite sólo cuatro días de apertura al año y es discriminatoria con respecto a las empresas comerciales, ya que únicamente autoriza abrir las tiendas ubicadas una pequeña parte de la ciudad", según afirmó la asociación en un comunicado. 

Anged considera que con dicha propuesta "se está impidiendo al sector comercial beneficiarse de todo el potencial turístico de la ciudad y, por tanto, la posibilidad de dinamizar la actividad económica y la creación de más puestos de trabajo en la ciudad". En opinión de Anged, la ZGAT debería, por un lado, abarcar todo el municipio para "evitar problemas legales derivados de una actuación discriminatoria" y, por otro, "establecer periodos de tiempo más amplios que coincidan con la mayor afluencia de turistas".

"En Anged entendemos que el Ayuntamiento debería velar porque todos los comerciantes dispongan del mismo derecho que el resto de actividades del sector servicios (bares restaurantes, hoteles, transporte o espectáculos) para atender a los miles de turistas que visitan la ciudad cualquier día de la semana, sin distinción alguna". La asociación hace referencia a Cartagena y la zona del litoral, donde ya se produce la apertura comercial de la ciudad en domingo. 

Al Ayuntamiento de Bullas no le consta que se vaya abrir el pozo de Corral de Comba y velará por el interés de los bulleros

BULLAS.- El Ayuntamiento de Bullas no tiene constancia acerca de la noticia publicada hoy por el periódico de "La Opinión de Murcia" sobre la solicitud por parte de partidos políticos en la asamblea regional y alcaldes de la comarca del Río Mula de abrir de urgencia el pozo de Corral de Comba para regar, dada la falta de recursos hídricos por extrema sequía.

Para el concejal de Medio Ambiente y Agricultura, Juan Valera "preocupa que la Confederación Hidrográfica del Segura tomará la decisión ahora de abrir un pozo que es ilegal según una sentencia judicial". El edil añade que "a nosotros nos consta que con el pozo del Pradillo hay suficiente para regadío en campos que no son de secano".

Sobre las declaraciones del alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, en las que según el periódico regional piden al comisario de Aguas que se abra de emergencia el pozo de Corral de Comba, a Juan Valera no le consta que esto sea así ya que desde el Ayuntamiento de Bullas al igual que desde otros ayuntamientos de la comarca se lucha porque exista un caudal ecológico natural y, por tanto, medidas como el cierre en su día por orden judicial del Corral de Comba ayudan a ello.

"Nosotros velaremos por los intereses de los bulleros e instaremos a la Confederación a que no abra pozos ilegales y que proteja así los intereses de todos, así como que cuide más el Río Mula y su caudal natural. Estaremos, pues, alerta y vigilantes para que cumpla con la sentencia judicial y recordamos que llevamos desde inicio de legislatura exigiendo a la CHS caudal ecológico en todo su tramo, desde el inicio", manifiesta Juan Valera.

Educación adelanta el proceso de adjudicación del profesorado al 31 de julio para mejorar el inicio del próximo curso escolar

MURCIA.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes ha adelantado el proceso de adjudicación de los centros de destino de los profesores al 31 de julio para mejorar el inicio del próximo curso escolar 2017/18, según anunció la consejera Adela Martínez-Cachá durante el pleno del Consejo Escolar de la Región de Murcia, celebrado hoy.

En este sentido, Martínez-Cachá explicó que "la medida aporta una mayor tranquilidad de los profesores, que antes del mes de agosto conocerán el centro al que se incorporarán en septiembre, y permitirá a los directores conocer y estructurar funciones de la plantilla de sus centros para organizar el proyecto educativo de cara al próximo curso".

La titular de Educación explicó que "la medida posibilitará que se inicie el próximo curso con mayor normalidad y que el profesorado de los centros esté en sus destinos desde el principio de la actividad docente". 

Martínez-Cachá agradeció la labor del personal de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y del Servicio de Personal Docente por el trabajo que permite agilizar el proceso de adjudicación de plazas.

De este modo, permitirá a los centros educativos disponer desde el primer momento de los horarios y de la programación asegurando así la normalidad en el comienzo del curso.

Martínez-Cachá explicó que "estamos haciendo un gran esfuerzo para lograr que el profesorado conozca lo antes posible su destino para planificar su trabajo, el proyecto de centro y la organización del mismo, y dar la mejor respuesta a la comunidad escolar con los más de 25.000 profesionales que trabajan en la Educación, que se distribuirán en las más de 11.000 aulas".

Consejo Escolar

Durante la jornada, Martínez-Cachá y el presidente del Consejo Escolar de la Región de Murcia (CERM), Juan Castaño, presidieron el último pleno del curso 2016/2017. Entre los temas abordados, destaca la memoria anual de actividades del curso 2015/2016, el informe bienal sobre la situación del sistema educativo en la Región de Murcia durante los años 2012/2014 y el plan anual de trabajo para el próximo curso 2017/18.

El plan de trabajo engloba las actividades que desarrollará el Consejo el próximo curso, entre las que destaca la participación en encuentros, jornadas y reuniones, campañas informativas, publicaciones digitales, acciones de difusión, redacción de la memoria económica, así como las actividades de los consejos escolares municipales, entre otros asuntos.

Martínez-Cachá agradeció la labor de este órgano y presentó el proyecto de gestión para los próximos años, "basado en el diálogo, el respeto y el impulso a la adopción de acuerdos en beneficio de la calidad educativa".

El Consejo Escolar tiene como función velar por el sistema educativo y representa a todos los sectores implicados en el mismo: docentes, alumnos, padres y madres, sindicatos, universidades y organizaciones educativas y empresariales.

El PSOE denuncia la "falta de capacidad" para solucionar el problema del Museo 'Ramón Gaya'

MURCIA.- "No existe ningún informe por escrito que explique porque no se soluciona el reparo de la intervención que permitiría pagar a los trabajadores del Museo Ramón Gaya", así lo ha indicado la concejala del Grupo Municipal Socialista de Murcia, Begoña García Retegui, quien ha asegurado que "ni el consistorio ni el patronato no han recurrido por ninguna instancia el acuerdo suscrito entre el Patronato Ramón Gaya y los trabajadores en el acto de conciliación, sino que además los empleados están dados de alta en la Seguridad Social, por lo que el problema con el pago de las nóminas lo está generando el propio ayuntamiento".

La concejala socialista ha recordado que los trabajadores del Museo Ramón Gaya llevan seis meses sin cobrar y que, de continuar la situación, el museo podría cerrar sus puertas. "Es inaceptable la inacción del gobierno del PP para resolver un escenario que viene propiciado por su mala gestión y por una cesión ilegal de trabajadores de la que ya advertimos hace más de un año. En enero, tras el término del contrato con la empresa concesionaria del servicio y al haber habido cesión ilegal, el Patronato, con mandato expreso para avenirse, llegó a un acuerdo con los trabajadores, un acto de conciliación que dio como resultado su alta en la Seguridad Social y su continuación en la prestación del servicio", ha explicado García Retegui.

"El Ayuntamiento de Murcia no paga y alega que no puede hacerlo, pero no presenta ningún informe que respalde esa decisión. No podemos aceptar ni entender cómo se mantiene a trabajadores sin cobrar seis meses sin visos de resolver la situación y permitiendo que el cierre del Museo Ramón Gaya esté cada vez más cerca".

En la última Comisión de Hacienda y Asuntos Generales, el Grupo Socialista solicitó una respuesta por escrito para saber si cualquier instancia del Ayuntamiento de Murcia ha impugnado el acta de conciliación entre el Patronato y los trabajadores. 

"Recordamos también que dicha acta ya se ha cumplido parcialmente al haberse dado de alta en la Seguridad Social a empleados y empleadas, por lo que si la respuesta es negativa y no se ha presentado recurso alguno contra el acta de conciliación, no entendemos por qué no se ha tramitado el expediente para poder pagar las nóminas, levantando el reparo puesto por la Intervención por la inexistencia de plantilla orgánica. Esa competencia, la de levantar el reparo, le corresponde al alcalde, que debe ser quien lo lleve al pleno para ser aprobado".

"Resulta llamativo -ha insistido García Retegui- que no se haya recurrido el acta de conciliación, se ha dado de alta en la Seguridad Social a los trabajadores y se les mantenga en el puesto de trabajo sin cobrar y sin resolver el reparo de la Intervención. La falta de capacidad para resolver el problema es alarmante".

"El Ayuntamiento de Murcia tiene que actuar y resolver una situación que ha ocasionado él mismo. De lo contrario, a la infracción de haber tenido trabajadores en cesión de contrato ilegal, tal y como también ha reconocido la Inspección de Trabajo (que ha impuesto sanción al Ayuntamiento de Murcia), se une la ilegalidad de no pagar los salarios", ha concluido.

C's-CT aclara que el único partido que ha utilizado a los funcionarios en el debate político municipal ha sido MC

CARTAGENA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cartagena ha querido aclarar que los únicos miembros de la Corporación municipal que han usado a los empleados municipales como arma arrojadiza en el debate político han sido los que pertenecen al partido Movimiento Ciudadano, especialmente el concejal de Desarrollo Sostenible, José López. 

El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, cree que es importante "ser escrupulosamente claros en este tema porque de lo contrario puede dar la sensación de que todos somos culpables o responsables de esta instrumentalización bochornosa del trabajo que realizan los trabajadores municipales". 

"Fue MC quien insinuó que los trabajadores de la ADLE fueron los culpables de la pérdida de ayudas públicas a los desempleados en 2016, fue MC quien señaló a un funcionario como uno de los responsables del retraso en la licitación de los chiringuitos, y es MC el que acusa a la oposición de criticar el trabajo de los técnicos cuando en realidad está fiscalizando la gestión y las decisiones de los responsables políticos", ha asegurado Manuel Padín, que considera que "aquí, el único que utiliza caprichosamente a los funcionarios para su beneficio político es el partido de José López".

Por otra parte, Ciudadanos quiere celebrar que todos los grupos municipales aceptaran ayer que el registro de iniciativas se realice una semana antes de la sesión plenaria y que la Junta de Portavoces se convoque tres días antes, "puede parecer una cuestión menor, pero va a tener unas consecuencias tremendamente positivas para el trabajo de todos los grupos municipales, no sólo vamos a tener el tiempo necesario para analizar las propuestas sino que vamos a tener la oportunidad de enmendarlas, y la Junta de Portavoces va a poder cumplir su función de ordenar el pleno", ha explicado Manuel Padín, que asegura que el modelo que se ha seguido hasta ahora no tiene ningún sentido y obstaculiza el trabajo de los todos los grupos, "las iniciativas se presentan sólo 20 horas antes del Pleno, todas son consideradas de urgencia y es imposible que se produzca un debate con garantías democráticas con ese plazo tan ajustado". 

"Las mociones de urgencia tienen que ser una excepción y no la norma, y presentarse en la Junta de Portavoces previa justificación", ha explicado Manuel Padín.

La formación naranja también ha agradecido que el Gobierno tenga previsto celebrar a finales de año un debate sobre el estado del municipio cumpliendo así con el acuerdo plenario promovido por Ciudadanos, "era necesario que marcáramos en nuestro calendario una fecha para que el Gobierno municipal tuviera la oportunidad de rendir cuentas de su gestión anual y de informar, por un lado, de aquellas acciones estratégicas cumplidas, y por otro, de aquellos asuntos que no hubieran podido dirimirse en los plazos previstos. Y que a su vez los grupos de la oposición pudieran trasladar a los ciudadanos las deficiencias detectadas en el funcionamiento del Ejecutivo, y de los distintos servicios que presta, así como valorar en su conjunto el estado económico y social de Cartagena y sus perspectivas de futuro", ha explicado el portavoz de C's.

Por otra parte, Ciudadanos también quiere aclarar que en la última sesión de la Comisión de Investigación del Auditorio El Batel, que presentó las conclusiones, sí decidió apoyar la reprobación de los representantes políticos que han actuado en esta tramitación por su falta de control hasta la creación de la comisión de seguimiento en 2007, tres años después de empezar la ejecución del proyecto. 

Ciudadanos también se sumó a la solicitud de encargar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento un informe sobre las posibles acciones a seguir en cuanto a las irregularidades detectadas. La formación naranja ha asegurado que la reprobación contará con su voto favorable en el Pleno del 25 de julio.

La alcaldesa de Cartagena, nombrada vicepresidenta de la FMRM

CARAVACA DE LA CRUZ.- La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha tomado hoy jueves, 20 de julio, posesión de su cargo de vicepresidenta de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) durante la asamblea general ordinaria que se ha celebrado en Caravaca y que ha presidido Joaquín Hernández Gomaríz, primer edil de Lorquí.

En dicha reunión, se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la financiación de los ayuntamientos de la Región, ya que son la administración más cercana a la ciudadanía y la que mejor conoce sus necesidades y, sin embargo, no cuenta con el respaldo económico que requiere.

 “Son muchas las competencias que asumimos los consistorios y, en la mayor parte de los casos, no recibimos el dinero necesario para poder hacerles frente”, ha indicado la alcaldesa, que también ha recordado que en la reunión mantenida en Cartagena el pasado martes entre cerca de una veintena de alcaldes y el presidente de la FEMP, Abel Caballero, también quedó patente esta reclamación.

Por otra parte, Ana Belén Castejón ha celebrado que se haya llegado a un acuerdo con el Gobierno regional para incrementar en un millón de euros el gasto de los Servicios Sociales, que soportan los ayuntamientos de la Región pese a estar fuera de sus competencias, aunque ha recordado que se trata de una cuantía insuficiente.

En materia de pobreza energética, la asamblea ordinaria de la FMRM ha iniciado los trámites para suscribir un convenio con la Comunidad Autónoma y las empresas suministradoras de gas, agua y luz, para evitar que se produzcan cortes de suministro a familias en situación de vulnerabilidad social.

Por último, la FMRM ha aprobado una resolución para que los ayuntamientos incluyan cláusulas sociales en los pliegos de condiciones. “Se trata de una medida muy importante en la que el Ayuntamiento de Cartagena ha sido pionero desde el comienzo de esta legislatura”, ha explicado Castejón.

La Región es la comunidad autónoma en la que más crece el empleo turístico en junio

MURCIA.- El conjunto de las actividades de Hostelería y Agencias de Viajes daba empleo a finales de junio en la Región de Murcia a 41.127 trabajadores, un 7,6 por ciento más que en el mismo período del año anterior, lo que supone 2.913 trabajadores más, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Este ritmo de crecimiento superó en 1,5 puntos el crecimiento del conjunto de España, lo que sitúa a la Región como la comunidad que encabeza en junio el crecimiento de la afiliación turística junto a Cantabria (7,6 por ciento). "El empleo turístico en la Región mantiene una senda de crecimiento sostenido con tasas interanuales positivas que ya alcanza 50 meses consecutivos", apuntó el director general del Instituto de Turismo, Manuel Fernández-Delgado.

El director general señaló que "este aumento interanual en la creación de puestos de trabajo tiene sus causas en la apertura de nuevos alojamientos en la Región, así como en la trayectoria ascendente de los índices de ocupación".

Respecto a éstos, la Región cerró el mes de junio con una ocupación del 71 por ciento en sus establecimientos hoteleros, un dato que supera en tres puntos al registrado en 2016 y casi en 6 puntos al que se alcanzó en 2015, según el último sondeo realizado por el Instituto de Turismo.

El comportamiento del mercado nacional, que ha ido subiendo en los alojamientos turísticos reglados de la Región a un ritmo del 10,5 por ciento, (duplicando el dato del conjunto de España), así como el volumen de turistas extranjeros aportados por las operativas lideradas por la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente en 2017 y las campañas puestas en marcha por la Comunidad para mejorar la percepción del destino "están resultando determinantes para elevar la ocupación durante esta temporada", afirmó.

En el primer semestre de 2017, la afiliación en la Región de Murcia en hostelería y agencias de viajes, en valor medio, ha sido de 38.667 trabajadores. El ritmo de generación de empleo en el sector turístico se acelera en esta primera mitad del año con un crecimiento del 5,3 por ciento interanual, (1.963 afiliados nuevos), 1,1 puntos superior al crecimiento interanual medio para 2016 que fue del 4,2 por ciento.

El incremento de la actividad turística en el primer semestre del año se está trasladando con intensidad a la generación de empleo. Estos registros positivos de afiliación a la Seguridad Social se corroboran con los datos de la última Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur correspondiente al segundo trimestre de 2017, según los cuales el 96,5 por ciento de los empresarios del subsector relacionado con el alojamiento en la Región de Murcia manifiestan haber mantenido o incrementado sus plantillas entre abril y junio, al tiempo que un 90 por ciento de ellos esperan mantener o mejorar sus beneficios entre los meses de julio y septiembre.

'Ahora Murcia' demanda que el Ayuntamiento recepcione ya el castillo de Monteagudo para poder solicitar el 1,5% cultural

MURCIA.- Ahora Murcia demanda que el Ayuntamiento recepcione ya el Castillo de Monteagudo para poder solicitar la ayuda del '1,5% Cultural' que otorga el Ministerio de Fomento. La concejala Alicia Morales explica que la convocatoria de estas ayudas apareció publicada en el BOE el pasado 19 de julio (ayer) y que "el plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles, es decir, expira el 17 de agosto". 

Dado que la convocatoria de estas ayudas señala que el beneficiario deberá ostentar la titularidad del inmueble, Ahora Murcia llevará al próximo Pleno una moción para que el Ayuntamiento formalice, a la mayor brevedad posible, la recepción del Castillo de Monteagudo, "para por fin ser el titular de este bien cultural y completar la solicitud de fondos del '1,5% Cultural', llevando a cabo la rehabilitación y puesta en valor que este complejo necesita".

Morales apunta que la convocatoria de estas ayudas indica expresamente que "podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas aquellas personas o entidades, públicas o privadas sin ánimo de lucro, que ostenten la titularidad de un inmueble que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 3 de la orden de bases reguladoras".

La portavoz de Ahora Murcia explica que el Programa '1,5% Cultural' lo promueve el Ministerio de Fomento "para ayudar a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, categoría a la que pertenece el Castillo de Monteagudo, y que por tanto tiene derecho a ser receptor de estos fondos".

El programa del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento posibilita que los ayuntamientos, al igual que otras administraciones y entidades, soliciten fondos para la restauración de monumentos mediante proyectos que cumplan determinadas características, como su uso público, calidad técnica de la intervención o localización en el entorno de obras que realice el Ministerio de Fomento.

 "Este programa podría dotar de fondos las necesarias actuaciones que requiere el Castillo de Monteagudo", afirma Morales.

La concejala recuerda que "se ha conocido recientemente una Resolución de Transparencia del director general de Patrimonio del Estado, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, donde reconoce sobre el Castillo de Monteagudo que 'no consta inversión alguna sobre el citado inmueble, ni se tiene conocimiento de que algún órgano del Estado tenga previsión de ello".

De la misma forma, acerca de la actuación inspectora que la Ley de Patrimonio Cultural otorga a la Consejería de Cultura, el director general de Patrimonio del Estado ha señalado que "tampoco consta en esta unidad requerimiento o comunicación alguna de parte de la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia".

Morales resalta, además, que sobre la actuación del Ayuntamiento de Murcia, el Ministerio de Hacienda señala que a pesar de estar aprobada en 2008 la Orden Ministerial que acordó la cesión del Castillo a nuestro municipio, el Consistorio no la ha formalizado "en escritura pública o documento administrativo, pese a varios requerimientos efectuados desde la Delegación de Economía y Hacienda en Murcia".

La edil lamenta "el estado de este monumento, que se sigue degradando día a día, haciéndose necesaria una actuación sin más dilación para su conservación y restauración, así como para acondicionar los accesos al mismo y permitir su visita pública".

La FMRM pide a la CARM una Ley de Financiación Autonómica para los ayuntamientos que regule su asignación económica

CARAVACA DE LA CRUZ.- La Federación de Municipios de la Región de Murcia ha celebrado su Asamblea General Ordinaria abordando una de las principales reivindicaciones de este órgano municipalista: la petición al Ejecutivo de la Comunidad Autónoma de una Ley de Financiación de Gobiernos Locales que regule definitivamente la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la CARM y que garantice así la autonomía de las administraciones locales para decidir y gestionar.

Así se lo ha manifestado el presidente de la FMRM, Joaquín Hernández, durante su intervención al Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, quien ha compartido el acto con los alcaldes y alcaldesas de la Región, acompañado también por el director general de Administraciones Locales, Manuel Durán, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. 

"Los ayuntamientos necesitamos una estabilidad presupuestaria para hacer frente y prestar los servicios que asumimos desde nuestros consistorios, por eso no vamos a dejar de trabajar hasta que se apruebe una ley de financiación de municipios con una distribución justa y equitativa, como ocurre ya en otras comunidades. No hay autonomía local real sin competencias ni financiación", ha destacado.

En esta línea se viene trabajando desde finales de 2016 a través de la Comisión Interinstitucional que se creó junto al Ejecutivo Regional y que pretende abordar la clarificación de las competencias de las entidades locales y de su financiación. 

"Los ayuntamientos estamos dispuestos a asumir competencias, ya que somos la administración más cercana y la que mejor conoce las necesidades de los ciudadanos, pero siempre con una financiación que nos permita atender y prestar estos servicios con garantías de calidad. Son muchas las competencias delegadas que tenemos, pero en la mayoría de los casos no recibimos la asignación necesaria para hacerles frente, lo que hace que el peso más importante recaiga sobre nosotros. Soportamos la mayor parte del gasto de competencias impropias", tal y como ha expuesto el presidente.

Asimismo, ha puntualizado que durante este año se ha realizado un importante esfuerzo porque los ayuntamientos tengan el peso que se merecen en el día a día de la actividad política y la toma de decisiones en la Región de Murcia ya que "estar cerca de los ciudadanos nos legitima para ser parte importante de la futura configuración de nuestra Región". 

Para ello se ha establecido un importante trabajo de colaboración y coordinación con la Comunidad Autónoma y la Asamblea Regional para trabajar por los ciudadanos de la Región de Murcia, pero también ha mantenido una labor de reivindicación y denuncia velando por los intereses de los mismos.

El presidente de la Federación también ha destacado algunas de las principales líneas de trabajo que se han mantenido durante el ejercicio, como la recuperación de la actividad formativa de la FMRM con un total de 35 cursos y talleres que han permitido que más de 870 trabajadores locales puedan acceder a procesos formativos. 

Asimismo, también se ha creado la Mesa General de Administración Local, junto a los sindicatos mayoritarios, para trabajar de forma conjunta por la mejor del empleo público, la creación de un acuerdo marco de mínimos que regule las relaciones laborales en los ayuntamientos y la defensa de los servicios públicos de calidad que prestan los ayuntamientos.

El factor social ha sido una de las principales preocupaciones de la FMRM. Así, en materia de pobreza energética se han iniciado las gestiones para suscribir un convenio con marco con las empresas suministradoras de luz, agua y agua en nuestra Región y la Comunidad Autónoma que evite la suspensión del suministro de energía a ninguna familia de nuestra Región. Asimismo, se ha llegado a un acuerdo con la Consejería de Familia que destinará un millón de euros a paliar el gasto de los servicios sociales por este concepto en los ayuntamientos.

En esta misma línea, la Federación de Municipios ha trabajado estrechamente con el Tercer Sector para convertirse en un referente e impulsora en el cumplimiento de las administraciones públicas con las cláusulas sociales. Así, se ha aprobado una resolución para instar a los ayuntamientos a que las incluyan en sus contrataciones y para crear una crear una comisión técnica que asesore a los mismos a la hora de incluirlas y redactar los pliegos de condiciones.

En materia económica, a FMRM trabaja en un modelo de Ordenanza que, a instancias de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de la jurisprudencia, posibilite a los ayuntamientos tener una tasa por aprovechamiento y utilización del dominio público local, en suelo rústico, efectuado por las empresas que llevan a cabo el transporte de suministros, como electricidad, gas, agua o hidrocarburos. 

Por otro lado, se ha conseguido el compromiso de la CARM para que esta asuma la competencia en materia Extinción de Incendios y Salvamento en la Región en un periodo de dos años, haciendo frente este ejercicio al 50% del presupuesto en los municipio de menos de 20.000 habitantes y del 100% en los de menos de 5.000 habitantes.

Entre los proyectos puestos en marcha por la Federación de Municipios de la Región de Murcia se incluye la creación de una Red de Municipios Sostenibles que den visibilidad a aquellas poblaciones que apuestan por el desarrollo sostenible, ofreciendo apoyo técnico a los gobiernos locales y que sea un referente para la creación de iniciativas legislativas que favorezcan el desarrollo sostenible.

Durante este año la FMRM ha firmado numerosos convenios como el suscrito con la Facultad de Económicas de la Universidad de Murcia para el asesoramiento económico a los ayuntamientos, ya que es una de las principales necesidades detectadas; el firmado con UNICEF para impulsar el trabajo en los 45 municipios de la Región para convertirse en Ciudades Amigas de la Infancia; el rubricado con el Colegio de Ingenieros de Caminos para la formación de los técnicos municipales; o el aprobado en la Asamblea General con el Colegio de Farmacéuticos para posibilitar la adquisición de los medicamentos en cualquier farmacia a los usuarios de Servicios Sociales.

La FMRM ha querido trasladar esta mañana la celebración de su Asamblea General a Caravaca de la Cruz para manifestar su apoyo "a la magnífica celebración del Año Jubilar en este municipio y al trabajo que están haciendo desde el Consistorio" y por otro lado, "para continuar con el propósito, que nos planteábamos hace un año, de acercar la institución a todos los municipios, de abrirla, de hacerla más cercana y participativa", tal y como ha destacado el presidente. Ya son varias las actividades y citas que hemos trasladado a otro puntos y sedes de la Región.

Asimismo, Hernández también ha aprovechado la ocasión para dar la bienvenida a los nuevos alcaldes que se han incorporado en los últimas semanas: Ester Hortelano, Blanca; Fulgencio Gil, Lorca; Pedro Noguera, Pliego; Jesús Amo, Moratalla; Ana Belén Castejón, Cartagena y Andrés García, Totana; y destacar y agradecer la labor de los que dejan su puesto.

El TSJ rechaza el recurso de un vecino de Cartagena contra las tarifas del agua

CARTAGENA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia desestimó este jueves el recurso presentado por un vecino contra la orden de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de marzo de 2012 que aprobó las nuevas tarifas del servicio de agua potable de Cartagena.

La demanda fue planteada, según se recoge en la sentencia, contra la Comunidad Autónoma y, como codemandadas, contra el ayuntamiento de la ciudad portuaria y contra la empresa Hidrogea.

Para el demandante, la orden recurrida era nula de pleno derecho por lesionar derechos y libertades, por haber sido dictada prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y porque las tarifas debieron haber sido aprobadas por el Ayuntamiento.

La Comunidades Autónoma y las codemandadas se opusieron a la estimación de la demanda, y alegaron, entre otras consideraciones, que el recurso había sido presentado fuera de plazo y que el demandante carecía de legitimad para entablarlo.

Ahora, la Sala del TSJ ha rechazado esas alegaciones, y dijo que la orden estuvo ajustada a Derecho, por lo que mantiene su legalidad.

Lucas Jiménez augura disputas entre Murcia, Alicante y Almería porque la escasez de agua "es muy preocupante"

MURCIA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, augura para el próximo otoño, si no llueve, disputas por el agua desalada entre el regadío de Murcia, Alicante y Almería y el abastecimiento humano de las tres provincias porque, según él, la escasez de agua es "muy preocupante".

Jiménez considera probable que, cuando pase el verano, "nos enfrentemos a un escenario de disputa por el agua desalada por parte del abastecimiento y los regadíos", y reconoce "lógica" la preocupación que existe en el Ministerio y el sector del regadío por esa situación.

El presidente de los usuarios del trasvase aseguro ayer que el final de la presente campaña agrícola va a ser "malísimo" y el inicio de la próxima "incierto", y subrayó que no hay infraestructuras que puedan paliar la situación y que a día de hoy se depende exclusivamente de la lluvia.

Jiménez avanzó también que las exigencias de los regantes, que han pedido sin éxito una entrevista con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, van a ir "a más" porque "nacen de una necesidad".

Además, apeló a los ciudadanos a que tengan memoria dentro de dos años "cuando efectúen su voto".

El fiscal Díaz Manzanera cree que en septiembre puede presentarse la acusación contra PAS

MURCIA.-El fiscal superior del TSJ de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha explicado hoy que en septiembre puede estar presentado el escrito de acusación del caso Auditorio en el que están procesados el expresidente de la Comunidad Autónoma y diputado regional Pedro Antonio Sánchez y el arquitecto Martín Lejárraga.

Según ha explicado, prevé que en los próximos días se resuelvan los recursos presentados contra el auto del magistrado instructor, Julián Pérez-Templado, que decidió procesar solo a Sánchez y a Lejárraga y dejó fuera a una veintena de investigados, entre ellos altos cargos del ayuntamiento de Puerto Lumbreras y los integrantes de la corporación que aprobaron el concurso del auditorio en la época en la que Sánchez era alcalde.

El fiscal superior ha dicho que confía en que prospere el recurso que han presentado para que se procese también al aparejador y a la secretaria del Ayuntamiento, y que el instructor reconsidere así su postura inicial.

El fiscal superior ha sido preguntado sobre la situación en que se encuentra la pieza separada abierta en un juzgado de instrucción de Lorca para investigar la tramitación de los seis millones de euros concedidos por la Comunidad Autónoma para subvencionar la construcción del auditorio.

Díaz Manzanera ha asegurado que la titular del juzgado lorquino analiza la documentación que ya ha recibido, y que la pieza separada cree que continúa secreta.

Por otra parte, el magistrado Pérez-Templado, que tenía previsto iniciar sus vacaciones a comienzos de esta semana, ha decidido aplazarlas para dar respuesta a los recursos que se han presentado contra su auto anterior, y entre los que se encuentra el planteado por Podemos.

La Región acoge a seis sirios y suma un total de 377 refugiados

MURCIA.-La Región de Murcia acoge desde hoy a seis personas más de nacionalidad siria, dos adultos y cuatro menores procedentes de Líbano, en el marco del programa de reasentamiento de solicitantes de asilo en la Unión Europea, informa la Comunidad de Murcia. 

La entidad que se encargará de su acogida en Cartagena es CEPAIM, en el marco del Sistema de Acogida e Integración de solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional.

Sumando el contingente de hoy, la Comunidad acoge a un total de 377 personas refugiadas procedentes de 32 países, entre los que destaca el número de ciudadanos procedentes de Venezuela, Ucrania y Siria.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Murcia, Violante Tomás, presidió el pasado viernes una reunión de coordinación de atención a los refugiados con las cuatro entidades que trabajan diariamente con ellos, Accem, Cepaim, Murcia Acoge y Cruz Roja, ayuntamientos y Amnistía Internacional, como organización invitada.

Tras la reunión, anunció que la Comunidad impulsará un Plan de atención a personas beneficiarias de protección internacional en la Región de Murcia que será un instrumento de coordinación entre los diferentes agentes que intervienen en este proceso como son la Administración del Estado, la Comunidad, la Administración local, las ONG de atención a personas refugiadas, así como universidades, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas que tengan interés en trabajar en favor de la acogida e integración de las personas necesitadas de protección internacional.

El objetivo es proporcionarles una acogida adecuada, agilizar la tramitación administrativa, ofrecer los servicios adecuados e integrarlos social y laboralmente en la sociedad.

El Estado tiene la competencia exclusiva en materia de asilo y protección internacional, y dispone del Sistema Nacional de Acogida e Integración con una intervención en tres fases: acogida, integración y autonomía.

Estas tareas se realizan a través de las ONG que cuentan con una subvención del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La actuación regional en materia de atención a personas refugiadas es complementaria a la del Estado, y la Comunidad Autónoma la está realizando siguiendo las directrices de la Unión Europea y en coordinación con los municipios y las organizaciones de la sociedad civil.

El intercambio de información y la coordinación entre administraciones y también con las ONG es fundamental en la atención a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.

El nuevo Plan analizará la situación internacional, la actuación de la Unión Europea, los compromisos de España con la UE, la asistencia a los solicitantes de asilo en España y en la Región. En cuanto a las actuaciones que debe recoger, se distribuirán en ejes de: Coordinación, Primera acogida, Ciudadanía, Educación, Salud, Empleo, Vivienda, Sensibilización y Cooperación al desarrollo.

Las reuniones del Gobierno regional con los ayuntamientos y ONG involucradas en la atención a solicitantes de asilo están dando buenos resultados, como la resolución de dificultades en la Tarjeta Sanitaria, el protocolo de inserción laboral para refugiados o un curso específico con la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública.

La Región de Murcia cuenta, además, desde el pasado mes de junio con un protocolo específico, pionero a nivel nacional, para la inserción laboral de las personas procedentes de otros países que se encuentran en condición de refugiados. Uno de los objetivos es que puedan superar el trámite administrativo de inscribirse como demandantes de empleo, para después seguir un itinerario personalizado de inserción en las oficinas del Servicio Regional de Empleo y Formación.

Villar habría "comprado" a Monje Carrillo para obtener el voto de la Federación Murciana

MURCIA.- A la misma vez que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretaba este jueves el ingreso en prisión incondicional para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, su hijo Gorka y el vicepresidente económico Juan Padrón, por desvío de fondos, la publicación del auto de prisión ponía a temblar a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, que hasta el momento había escapado de la tormenta generada por la Operación Soule, que ha destapado un escándalo de corrupción promovido por el máximo responsable del fútbol nacional, recoge La Opinión.

Según el auto de prisión, la Federación de Fútbol de la Región de Murcia fue una de las favorecidas por las maniobras de Ángel María Villar para comprar votos que le permitieran seguir al frente de la Española. Para conseguir el 'sí' de la Territorial liderada por José Miguel Monje Carrillo, el vasco solo tuvo que darle dos premios, uno de ellos el amistoso España-Colombia que se celebró el 7 de junio en Nueva Condomina, y por otro, prometerle un cargo en la comisión de la UEFA. Así queda comprobado en distintas conversaciones que han sido recogidas en el mencionado auto de prisión.

La primera conversación corresponde al 21 de abril de 2017, la directora de la Sefútbol le relata al presidente de la Española su conversación con un miembro de la Policía Nacional: "ahora me tienes que ayudar a que sea Murcia... pero no me jodas eh,,, esto es lo que hay... el presidente quiere que sea Murcia y voy a intentar que sea Murcia".

Posteriormente, el seleccionador nacional de fútbol sala le dice a Gorka Villar, hijo del máximo responsable de la Española: "Yo tenía dudas de la murciana, entonces la murciana nos ha votado, nos ha votado... salen, salen todos los nuestros, con eso, con la murciana".

En una conversación en la que se refiere a las recientes elecciones a la Federación Española, en la que Villar volvía a salir reelegido.

El 28 de abril se recoge otra llamada en la que el secretario de la Federación Murciana le dice a Gorka Villar que Monje Carrillo se había enfadado porque el índice de participación electoral no era de su agrado, incluso reconoce que la FFRM había puesto autobuses para que los afiliados pudieran acudir a votar.

 "Si hemos, he cogido autobuses... pero si la gente no, no... La gente no quiere votar, o la gente vota... ¿qué vamos a hacer".

Un día después, Monje Carrillo se pone en contacto con Gorka Villar para criticar la actitud de su secretario. "¡Qué capullo, está todo controlado! ¡Si los jugadores son todos unos indolentes que no mueven el culo si no vas a por ellos!", informando a Gorka que ha convencido a un jugador para que vote a Villar.

El agradecimiento del presidente de la Federación Española por el apoyo de la Murciana no se hace esperar. De hecho, según se puede leer en el mencionado auto de prisión, el 5 de mayo, Ángel María Villar se pone en contacto con Monje Carrillo para hacerle una proposición de lo más interesante. "¿Te interesa que te proponga a la comisión de la UEFA en sustitución de Eduardo Herrera?, pregunta a la que el máximo responsable de la Federación Murciana contesta con un "hombre, ¡claro!". Dicho y hecho, porque el vasco no duda ni un segundo. "Vale, pues venga, va tu nombre".

Hasta Javier Clemente, al conocer todos estos movimientos, se muestra sorprendido. El ex seleccionador nacional y uno de los principales defensores de Ángel María Villar le dice a Juan Padrón: "Pues ha entrado el de Murcia. ¿Te dije yo que entraba el de Murcia? Ya han metido al de Murcia también... Le han metido al de Bilbao, al caradura de Bilbao, el de Murcia, el otro... han metido a muchos más".

Y la conversación sigue con un Javier Clemente que señala que "son votos comprados, joder Juan, apoyos comprados... Decir amén, amén, por llevarse unos dineros".

Este último diálogo es del 3 de junio, solo unos días antes de que la selección española de fútbol jugase un amistoso en Nueva Condomina frente a Colombia. De ese choque también dan datos en el auto de prisión, en el que se puede leer lo siguiente: "El encuentro de carácter internacional España-Colombia genera unas altas expectativas e interés mediático, que se traducen en beneficio económico para la región de Murcia con el consecuente provecho para el Sr. Monje y su federación, que a su vez podrá rentabilizar la celebración del partido en Murcia como mérito propio ante autoridades locales u otras fuentes de financiación de su federación.

Así el Sr. VILLAR provocaría que el Sr. MONJE CARRILLO esté en deuda con él, máxime si se atiende a la circunstancia añadida de que le beneficia personalmente con el nombramiento para un puesto en una comisión de la UEFA. En este caso, la finalidad sería doble: de castigo hacia el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), que se ha posicionado a favor de un cambio de presidencia en la RFEF, y de recompensa hacia el presidente de la FFRM. La concesión de los citados beneficios al presidente de la FFRM tiene, de manera indiciaria, una contrapartida: que se haya favorecido al Sr. VILLAR LLONA, influyendo en su reelección. La ayuda al investigado por parte de los responsables de la FFRM y el empeño en esta causa se advierte en varias de las llamadas interceptadas, que son indicativas de que desde la FFRM se está haciendo un importante esfuerzo en conseguir el voto para Ángel María VILLAR, poniéndose en evidencia asimismo que han empleado autobuses para el traslado de los electores, servicio cuyos gastos podrían haberse sufragado con fondos federativos".

Además de a la Federación Murciana, Villar también favoreció a la Cántabra. Al presidente de esta última le habría pagado 300.000 euros para conseguir que votase la candidatura del vasco.

Tras destapase todo el escándalo el martes, desde la Federación de Fútbol de la Región de Murcia explicaban a La Opinión que estaban "tranquilos", porque no tenían nada que ocultar.

El cadáver del murciano hallado muerto cerca de una discoteca de Marrakech, a la espera de su repatriación

MURCIA.-El cadáver del joven murciano fallecido en la madrugada del pasado viernes en Marrakech en circunstancias que están siendo investigadas por la policía marroquí se encuentra a la espera de su repatriación una vez terminada la autopsia, según desveló hoy el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez Solís. 

A preguntas de los periodistas el delegado informó de que esta misma mañana habló con el cónsul honorario de España en Marrakech, Khadija El Gabsi, quién le informó que la autopsia estaba ya realizada, por lo que los trámites que permiten la repatriación del cadáver serán inmediatos.
Por el momento se desconocen detalles de la investigación policial que logre determinar lo ocurrido en la madrugada del pasado viernes cuando Agustín G. fue hallado muerto cerca de una discoteca de Marrakech durante sus vacaciones en ese país.
El joven viajó a Marruecos acompañado de cuatro amigos y en un momento determinado sus compañeros le perdieron de vista y comenzaron a buscarle, siendo hallado en un terraplén cercano al local de ocio.  
Agustín, conocido tapicero en el barrio de San Antolín, se precipitó por la pared de bajada al aparcamiento desde una altura de unos seis metros.
 El delegado lamentó "las condiciones tan trágicas" en las que se ha producido este hecho, al tiempo que transmitió las condolencias a su familia, a la que le brindó todo el apoyo que necesiten. 

El juzgado no adopta las medidas cautelares solicitadas por la acusación popular en el Mar Menor

CARTAGENA.-La titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Cartagena ha denegado, en un auto notificado este jueves, las medidas cautelares solicitadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos, Usuarios y Consumidores de Cartagena y Comarca 'Fernando Garrido' (FAVCAC), en relación al procedimiento conocido como Mar Menor.

Diligencias que fueron abiertas a raíz de la denuncia interpuesta por posibles delitos contra la ordenación del territorio; contra los recursos naturales y el medio ambiente; contra el patrimonio arqueológico y un delito de usurpación de aguas.
En concreto, la acusación popular solicitó cautelarmente el corte hidráulico de tres canales, fianza por valor de los daños morales y físicos sufridos por los afectados, cese de actividad de los embalses de riego, paralización de la producción en aquellas parcelas que no poseen cuota de agua; y restitución de los cultivos de secano, inmovilizando cualquier actividad relacionada con cultivos de regadío o, de manera subsidiaria, se solicita se limiten el número de cosechas anuales por parcela.
El Ministerio Fiscal informó negativamente a la fianza cautelar por daños morales y la restitución de los cultivos de secano, "al no suponer beneficio alguno para el fin del procedimiento" y no se opuso al resto.
En la fundamentación de auto, la magistrada explica que de adoptarse en los términos interesados, "conllevaría unas consecuencias de tal magnitud que exceden, con mucho, del carácter excepcional y subsidiario que le son inherentes a toda medida cautelar".
"Es cierto --continúa la resolución-- que obra en autos dictámenes, informes y estudios sobre la situación del Mar Menor y las causas que han conducido a su estado actual y que de ellos se puede extraer la conclusión de la presencia de vertidos de origen agrícola, pero éstos confluyen con los de origen urbano, los procedentes de la sierra minera de Cartagena y con otros contaminantes procedentes de actividades turísticas, recreativas y deportivas.
Por lo que no tiene justificación pretender unas medidas cautelares que afecten exclusivamente a las explotaciones agrarias sin tener en cuenta otros detonantes, igualmente contaminantes, que nada tienen que ver con aquéllas y pretender con ello que sea la actividad desarrollada en dichas explotaciones la única de carácter lesivo para la adecuada conservación y regeneración del Mar Menor".
"Es más, se pretende con la adopción de tales medidas, en los términos en que se realiza, que se invierta el proceso lógico establecido en la actuación penal y en la actuación administrativa", añade.
"Al derecho administrativo le corresponde desempeñar un papel preventivo y sancionador de primer grado y la sanción penal debe reservarse para aquellas conductas que pongan el bien jurídico protegido en una situación de peligro suficientemente relevante".
En consecuencia, "y sin perjuicio de que en el seno del presente procedimiento se continúe la investigación de los hechos para proceder, en su caso, a la depuración de las posibles responsabilidades penales", no se justifica la adopción de las medidas cautelares solicitadas por la acusación popular "en los términos en que han sido planteadas", concluye.
La resolución no es firme, contra ella cabe recurso de reforma y apelación.

El juez mantiene la pieza 'Baños y Mendigo' por el ático de Miguel Ángel Cámara

MURCIA.- El titular del juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, David Castillejos, ha acordado el sobreseimiento parcial de la pieza separada del caso Umbra denominada 'Baños y Mendigo' que estaba centrada en el estudio patrimonial del exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y de su entorno familiar, si bien mantiene lo relativo a su ático en Churra, informa el TSJ.

En concreto, el instructor cierra las diligencias en relación a las compraventas del sector ZU-SB-BM10 y mantiene abiertas las diligencias contra el ex alcalde y dos personas más en relación a dos pagos en efectivo para la compra de un ático en Churra.
Textualmente el auto dice: "Acuerdo denegar el sobreseimiento de Tomás Meroño Baño, Francisca Balsalobre Peñalver y Miguel Ángel Cámara respecto del punto 2 del folio 6.045 del informe del Ministerio Fiscal de fecha 9-3-17 (justificación del pago de 65.000 euros en efectivo entregados el 7 de octubre de 2008 y 60.225 euros en efectivo entregados el 23 de octubre de 2008 en referencia a compra del ático de la Calle Sauces de Churra, Murcia)".
Contra esta resolución cabe recurso de reforma ante este órgano judicial en el plazo de 3 días, y de apelación para ante la Audiencia Provincial de Murcia en el de cinco días.
Solicita por tanto a Tomás Meroño Baño justificación del pago de 65.000 euros en efectivo entregados el 7 de octubre de 2008 y 60.225 euros en efectivo entregados el 23 de octubre de 2008 por el ático de la calle Sauces, por valor de 305.225 euros, "no resultando acreditado el pago de esos 125.225 euros a Proyco Alcantarilla S.A.", añade.
Visto que la parte investigada anuncia que no puede justificar el pago, el juez anuncia que dirigirá requerimiento a la parte vendedora, esto es, a Proyco.