Los estibadores se saltan a la patronal y llegan a acuerdos individuales con las empresas

MADRID.- Los sindicatos de los estibadores portuarios han cambiado su estrategia. Tras meses de negociaciones infructuosas, los trabajadores modifican su modo de presionar a la patronal del sector Anesco. Y lo hace con acuerdos individuales con los grandes grupos empresariales que operan en España. Una nueva estrategia que se ha fraguado en los últimos días y que es el nuevo camino a seguir de los trabajadores, sobre todo después de una contraoferta insuficiente (garantiza el empleo, pero solo después de un ajuste de las plantillas) realizada por Anesco este martes. "No recoge la garantía de la totalidad del empleo e imposibilita cualquier acercamiento de posturas", dicen los sindicatos en un comunicado que recoge El País.

Este lunes, durante la jornada de paro parcial, se hizo evidente el pacto con cuatro empresas del Puerto de Barcelona (Best, Setram, Coma y Ribas y Sammer), como informó Puertos del Estado. Este martes, a estos acuerdos individuales se han sumado APM Terminals, del grupo Maersk, y TTI Algeciras. La lista se puede ampliar en las próximas horas. "Aunque la huelga continúa, no se ejercerá sobre las compañías que se comprometan a garantizar la totalidad de los puestos de trabajo y tengan una disposición de negociación real", aseguran los sindicatos en un comunicado.

En la contraoferta de la patronal a los sindicatos se aceptaba la inclusión de la garantía del empleo de los estibadores. Eso sí, previamente se tenía que ajustar el excedente de la plantilla actual de estibadores en función de las necesidades de cada puerto. Un reajuste de los empleados que se hará después del plan de prejubilaciones facilitado por el Gobierno. 

Es decir, la subrogación propuesta por las empresas solo se aplicaría a los estibadores que formen parte de la plantilla necesaria, según la patronal. "Vincula la garantía de la totalidad del empleo a la negociación por puertos", argumentan los sindicatos. 

En concreto, la propuesta de la patronal dice: "Las partes deben acordar otras medidas de carácter extintivo en aquellos puertos que una vez descontado los efectivos que presumiblemente se acogerán al plan de prejubilaciones continúen existiendo excedentes".

La garantía del empleo quedaría condicionada así a una reorganización de las operativas de trabajo —para mejorar la competitividad—, al ajuste de la plantilla y a una bajada del 10% del salario. Estas propuestas, en caso de tener el sí de los trabajadores, entrarían en el nuevo convenio colectivo que negocian sindicatos y patronal tras la reforma del sector aprobada por el Gobierno en mayo.

Esto ha acelerado el proceso de acuerdos entre empresas y trabajadores. De hecho, al mismo tiempo que Anesco envió su propuesta, fuentes de la compañía APM Terminals confirmaban a El País el pacto alcanzado para el cese de los paros en las terminales de APM (Algeciras, Barcelona, Valencia, Castellón y Gijón) hasta el 30 de septiembre. Un acuerdo al que también ha llegado TTI Algeciras, la otra terminal del puerto gaditano. 

"Las empresas locales se comprometen a cerrar con nosotros el V acuerdo marco sectorial estatal, donde estará las subrogaciones y los Centros Portuarios de Empleo (CPE), entre otros asuntos. A cambio, le garantizamos estabilidad durante el periodo de negociación", han comunicado los sindicatos a los estibadores algecireños.

De esta forma, la jornada de paros de este miércoles será intermitente y solo se dejará notar en aquellas empresas en las que no se ha alcanzado un pacto de este tipo. "Los grandes grupos empresariales se han desmarcado de la posición oficial de Anesco. Han ofrecido a los trabajadores una propuesta que permite recuperar la paz social y garantiza la totalidad del empleo con una negociación desde Anesco o desde otra asociación", afirman los sindicatos de la estiba (Coordinadora de Trabajadores del Mar, UGT, CC OO, CIG y CGT) en su nota.

Este nuevo capítulo del conflicto de la estiba llega tras el rechazo de las empresas a la propuesta sindical de la semana pasada por "motivos legales". A diferencia de las peticiones de los estibadores, en el texto enviado por la patronal no se recoge la permanencia de las empresas en los Centros Portuarios de Empleo (CPE), ni la obligación de contratar solo a los estibadores de estos centros, ni el control en la formación y la contratación de personal. Es decir, mantienen su postura de no acceder a que los CPE sean el nuevo organismo que controle el acceso y la plantilla efectiva de estibadores que trabajarían en España.

Ya van más de dos semanas con huelgas en los puertos de España, lo que ha provocado más de 150 millones de euros en pérdidas y el desvío de tráfico fuera de España, según Fomento. Además, los sindicatos tienen programados más paros hasta la primera semana de julio.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido de nuevo este martes que sindicatos y patronal hagan un esfuerzo y alcancen un acuerdo que evite más jornadas de huelga. Además, ha defendido que la negociación no debería ir más allá del mantenimiento del empleo. 

De la Serna ha repetido que hay tráficos que se están desviando de los puertos españoles "para no regresar jamás", lo que supone una pérdida de empleos vinculados a la carga y descarga de estos movimientos.

El Gobierno pone en peligro la calidad del agua en el Levante, según CC OO

MADRID.- Debido a la tasa de reposición de personal público, únicamente 11 personas trabajan en la línea de explotación de la estación de tratamiento de agua potable de “La Pedrera” (Alicante), cuando el propio Gobierno establece un mínimo de 12 trabajadores para que pueda funcionar, según CC OO.

 

En vez de contratar a una persona para llegar al mínimo, el ministerio ha decidido trasladar a los 11 empleados y externalizar la explotación de “La Pedrera”, lo que puede afectar a la calidad del agua en los municipios de la mancomunidad de canales de Taibilla.

Las políticas de personal del Gobierno del Partido Popular, como viene denunciado CCOO, están colocando al borde del colapso a los servicios públicos que presta la Administración General del Estado. El último ejemplo de la precariedad en que se desarrollan estos servicios públicos —que este caso afecta a un elemento esencial de nuestra vida diaria como es la calidad del agua que consumimos— lo encontramos en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de “La Pedrera” en Alicante.

“La Pedrera” abastece a un número de personas que oscila entre 300.000 y 700.000 en período estival. Para atender la explotación de esta estación de tratamiento, según la estimación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se requiere un mínimo de 12 personas en diferentes turnos. Una política de personal del Gobierno que ha restringido —o incluso anulado totalmente— la reposición de las bajas de personal público que se producen por jubilación u otras causas, ha llevado a este organismo a que en estos momentos únicamente cuente con 11 empleadas y empleados públicos, uno menos que el mínimo estimado para atender este servicio público.

Para CCOO esa política de personal es inaceptable. Pero lo son aún más las “soluciones” que se le ocurren al Gobierno para resolver los problemas generados. En este caso el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en lugar de utilizar los mecanismos que le proporciona la normativa laboral —contratación temporal, movilidad voluntaria, etc.— para incorporar a ese único empleado público necesario para alcanzar el mínimo estimado o, lo que hubiese sido más sencillo, aceptar el compromiso escrito de los 11 trabajadores públicos de la explotación de cubrir voluntariamente la sobrecarga de trabajo que pudiera existir, en tanto se resuelve el déficit de personal, ha recurrido a un mecanismo, cuando menos, incompresible.

La decisión del Ministerio ha sido trasladar a los 11 empleados públicos de la Estación de “La Pedrera” a otras estaciones que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla tiene distribuidas por las provincias de Albacete, Alicante, Murcia y Almería y externalizar, a partir del próximo 3 de julio, el trabajo que realizaba este personal público, mediante una encomienda de gestión a una empresa externa que, a fecha de hoy y según ha informado el Ministerio a la representación de los trabajadores, aun no está definida.

Las dudas sobre esta forma de proceder del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente son muchas. CCOO, junto a la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores afectados por este proceso de movilidad forzosa que no tiene justificación, se plantea los efectos que tiene esta decisión sobre los derechos de la ciudadanía.

Las empleadas y empleados públicos que, hasta ahora, atendían esta planta tienen años de experiencia y una formación previa antes de asumir la responsabilidad de este trabajo que puede tener consecuencias sobre la calidad del agua que se consume y, por tanto, afectar la salud de la ciudadanía. Sin embargo, en estos momentos, no se conoce la cualificación de los trabajadores que se harán cargo de la explotación de esta planta a través de una empresa externa. ¿Estará garantizada la calidad del agua en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, en la que se integra la ETAP de “La Pedrera”?

Otra de las preguntas que surge de inmediato es sobre el coste para las arcas públicas de esta operación y, aunque por ahora no se conoce cuál será el montante por el que la empresa externa se hará cargo de este servicio, no cabe duda que será muy superior al coste de incorporar al único empleado público necesario para alcanzar el mínimo que se estima necesario.

Ante lo insólito de esta decisión, más cara, menos eficaz y que no garantiza la calidad del agua en esta zona del Levante, vienen a la memoria otros intentos de privatización en los Canales del Taibilla así como escándalos relacionados con el agua como el de ACUAMED en el propio Ministerio o el del Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid.

El efecto látigo de los artistas / Ángel Montiel *

A los artistas no hay quien les corte el rabo. Hemos visto cómo los censuran: la última vez, por el ya exalcalde de Cartagena, José López, ahora imputado por presunta corrupción.

 Hemos visto cómo se les denigra por el Gobierno autonómico al otorgar éste nada menos que la Medalla de Oro de la Región a Muher, que practica un manierismo decorativo, descomprometido incluso estéticamente, como de agencia turística, a la carta, artísticamente irrelevante, ignorando a los creadores auténticos y de larga trayectoria. 

Y vemos cómo los infernales laberintos burocráticos permiten que a los trabajadores del Museo Gaya se les obligue a vivir cinco meses sin cobrar los sueldos que les corresponden y sin poder ejercer siquiera el derecho a despedirse, consecuencia de cómo el poder político genera infraestructuras culturales sin prever la sostenibilidad de su mantenimiento. 

La cultura, mientras da trabajo a las empresas de la construcción para promover las infraestructuras, es un primer empeño de los políticos, pero una vez entregada la obra, el mantenimiento de la actividad cotidiana que la justifica es precario, subsidiario o prescindible. Y a veces ni se entrega la obra, o no completamente terminada, como en la fantasmal red de auditorios de la Región. 

Los artistas son ocasionalmente elegidos para adornar el escaparate del poder político. A veces, cuando a la Administración le sobraba el dinero (el que quedaba después de pagar el viaje tutiplén de Valcárcel a la Bienal de Venecia u otros caprichos viajeros del Sobrinísimo o de alguien de su familia, convenientemente colocado en alguna fundación cultural tan privada como subvencionada, que desapareció tras su cese), con la organización institucional de supuestos eventos trasgresores, como el de aquella impostora de mucha fama que, contratada por el Gobierno del PP, quiso que los manifestantes de una huelga general contra el Gobierno del PP suplieran la creatividad por la que le pagaban invitándolos a pintar graffitis en la iglesia de San Esteban, el espacio que se le concedió para ingeniar algún acto contra el poder, el mismísimo ´sótano´ de la sede de la presidencia regional. Imagínense qué peligro creían correr los subvencionadores de la trasgresión cuando a los transgresores los colocaban, en palacio, bajo el suelo que pisaban. 

En todas estas estupideces se gastaron montañas de dinero, porque las performances eran completamente inocuas. Por eso salían en el suplemento cultural de algún diario nacional, gracias también a que el consejero de entonces contrató a dedo a un hermano del crítico de arte de ese diario nacional. Infalible.

Pero los artistas de verdad son como los gremlins. En la distancia corta son seres entrañables, acogedores, ese tipo de personas a las que invitarías a un café con leche nada más conocerlas. Pero si les cae encima una gota de agua se convierten en indomables, intratables, irreductibles. Son como los perros de caza: por mucho que les pongas pienso y agua, te acabarán haciendo cardenales en la pantorrilla con el fuerte efecto látigo de su rabo. Y, ya digo, no se lo dejan cortar. A ver si el diputado Paco Bernabé promoviera alguna nueva moción al respecto.

El Gobierno regional ha previsto la llegada del Ave en superficie a la estación del Carmen, en Murcia, creando un muro físico que partirá en dos un largo tramo del municipio. La resistencia de los vecinos afectados, entre los que lógicamente se incluye un porcentaje muy alto de votantes del PP, pretende ser atenuada con el pretexto de que se trata de una protesta localizada, en el supuesto de que el resto del municipio y de los habitantes de la Región verán en estas protestas incluso un asomo de egoísmo. 

Así, a los ciudadanos de las zonas afectadas les serán refutadas sus reivindicaciones para el soterramiento de las vías, dada la satisfacción de los miles de murcianos que aplaudirán la llegada, por fin, del Ave, sea por tierra, mar o aire. El hecho mismo de la llegada del Ave acallará, creen en el Gobierno, las críticas a que venga en superficie, pues la mayoría de los murcianos se opondrá a los reparos del reducto galo organizado en la heroica Plataforma proSoterramiento.

Y en estas llegan los artistas. Más de medio centenar, y los mejores. Sin que nadie los haya reclamado. Me consta que ni siquiera la Plataforma. Lo han hecho en un movimiento espontáneo en que la creación de un hilo ha servido de banderín de enganche a todos los que se han atrevido a ponerse voluntariamente ante el pelotón de fusilamiento de las Administraciones. Aquí estamos: somos nosotros. Damos la cara, uno a uno. 

Esto, cuando el tiempo no está para llover. Esta es la verdadera transgresión, la que surge por una causa justa, real y cercana, acuciante, y que compromete la función de los artistas con independencia de las posiciones estéticas o ideológicas de cada uno de ellos. Su plante colectivo frente al poder político, que ahora quiere dar una larga cambiada a sus promesas de otro tiempo e incluso a los compromisos firmados con la presencia de las autoridades políticas del PP en la calle portando las pancartas de la Plataforma, viene a dejar gráficamente sentado que el soterramiento no es una preocupación de los circunstancialmente afectados por el doble muro (sea de cristal, plástico o cemento) sino de todos los murcianos decididos a no dejarse embaucar por el juego del trile a que se les invita desde el poder: ¿dónde está la bolita? 

Los artistas murcianos dan hoy con la inauguración de su exposición en favor del soterramiento un ejemplo cívico emocionante. Con coraje y sin autocensuras. Oro molido, sin medallas.

(*) Columnista

http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2017/06/21/oposicion-insiste-lopez-debe-acta/839282.html 

Sánchez declara ‘la guerra’ a Canadá / Pablo Sebastián *

Fue el general Charles De Gaulle quien siendo el presidente de Francia y en una visita a Montreal en 1967 gritó ante una multitud: ‘¡Vive le Quebec libre!’. Y la armó en la región francófona de Canadá. De esos polvos luego llegaron dos referéndums fallidos de autodeterminación de Quebec, pero legales y  consentidos por el Parlamento canadiense, igual que ocurrió en Escocia. Y lo contrario de lo que pretenden los secesionistas catalanes de Puigdemont que mencionan a Escocia y Quebec para justificar su referéndum ilegal.

Pero con este motivo Canadá apareció en el debate político español donde ahora regresa de la mano de Pedro Sánchez que ha decidido que el PSOE votará contra el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA). El que había sido aprobado por los eurodiputados y diputados del PSOE y que de pronto, y como este partido ya ‘es de izquierdas’ (desde que acabó su 39 congreso), han decidido cambiar de posición sobre la cuestión canadiense y se han posicionado en línea con lo que defienden Podemos y varios grupos anticapitalistas europeos.

Afortunadamente la decisión del PSOE no afectará a la ratificación europea y española del acuerdo pero esta decisión de Sánchez, que su portavoz en el Congreso Margarita Robles dice que no es definitiva, ha causado asombro y podría acabar en la abstención, que sería la tercera tras las abstenciones del PSOE en la investidura de Rajoy y en la moción de censura de Podemos.

O sea que ha sido llegar Sánchez y besar el santo. Y oponerse a Canadá que es un país fundamental para la UE, sobre todo ahora en pleno trámite del Brexit y de las frías relaciones con los USA de Trump, cuestiones estas de gran calado que los socialistas deberían sopesar.

Las prisas no son buenas compañeras pero está visto que Sánchez tiene mucha prisa para llegar a no sabemos dónde y que suele prometer la Luna o la conquista de la Moncloa con exceso de optimismo. Así se demostró en su fallido proceso de investidura al que nunca debió acudir -tenía razón Rajoy cuando ‘declinó’ la oferta del Rey- sin antes tener los votos necesarios para triunfar.

Ahora Sánchez ya tiene cita con Pablo Iglesias para ver cómo arrinconan al Gobierno del PP en el Parlamento y echan a Rajoy de la Moncloa. Y en unos días se verá con Albert Rivera con idéntico objetivo aunque previsiblemente con peores resultados, porque Iglesias le correrá la mano izquierda al natural a Sánchez y con la derecha le quitará la cartera, mientras que Rivera, que le acaba de aprobar los Presupuestos de 2017 a Rajoy, se opondrá a cualquier intento de desestabilización. Menos aún de la mano de Iglesias y en vísperas del choque de trenes catalán.

Imaginamos que Sánchez, que está como niño con zapatos nuevos, quiere demostrar a toda velocidad que el PSOE ya es de izquierdas y por eso le ha tocado a Canadá pagar el pato de dicha exhibición. Pero de la moción de censura con C’s ya se puede ir olvidando y ni siquiera lograría ese objetivo con la llamada Operación Frankenstein, o la suma de PSOE, Podemos, ERC y resto de grupos nacionalistas, Bildu incluido aunque no condene a ETA.

Es decir que hay Rajoy para rato (salvo que el juez de Gürtel decida que el presidente pase de testigo a procesado ante el Tribunal Supremo) y que en el PSOE les hace falta tiempo para consolidar y madurar el nuevo liderazgo de Sánchez en los congresos regionales del partido que ya están al llegar, mientras se calienta el escenario catalán donde le guste o no Pedro Sánchez tendrá que pactar con Mariano Rajoy. Al fondo se quedará la improvisación sobre el Tratado europeo con Canadá donde el PSOE ha dado un paso en falso que nada nuevo le aportará.

(*) Periodista

http://www.republica.com/el-manantial/2017/06/21/sanchez-declara-la-guerra-a-canada/ 

El verano y el efecto invernadero llegan al Parlamento / José Oneto *

Este miércoles a las seis y 24 minutos de la mañana, ha dado comienzo el verano. Un verano que durará oficialmente 93 días, hasta el inicio  del Otoño, el 22 de Septiembre, aunque en realidad, con unas temperaturas desproporcionadas parece que el verano, debido, según los expertos al cambio climático, se ha adelantado mucho más de lo previsto, con lo que Incluso, la estación se puede prolongar. Hoy, según los expertos, el cambio climático lo invade todo, especialmente la política, después del boicot de Donald Trump al histórico Acuerdo de París. 

Pero también el efecto invernadero, con el aumento de las temperaturas, tiene  su consiguiente efecto en el clima hasta unos extremos de catástrofe. Por ejemplo: la  temperatura media en España podría aumentar hasta 5ºC para el año 2050 al ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero, según el último informe elaborado por expertos de Naciones Unidas.

En España, en el desarrollo de la vida política se percibió ya los efectos del cambio climático, y de la llegada adelantada del verano, la víspera, el martes, con el debate sobre el número dos de Interior Enrique Nieto, secretario de Estado de Seguridad, bajo sospecha de haber advertido al hermano de Ignacio González, de que la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, en la  llamada “Operación Lezo”, uno de los casos de corrupción política más escandalosos, que tiene como centro la Comunidad de Madrid, en tiempos de la Presidencia de Ignacio González.

La reprobación de Nieto presentada por el PSOE, y apoyada por Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), sigue a la del ministro de Justicia Rafael Catalá y a la del fiscal general del Estado, José Manuel Mazo, por injerencias en casos de corrupción que se están investigando. Tres golpes en la línea de flotación del Gobierno, agravados en la mañana de este miércoles con la petición de cese en el cargo, del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro por parte de la nueva portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, que ha calentado su estreno, con un cara a cara, con el Presidente del Gobierno, a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la polémica ley de Amnistía.

Margarita Robles ha pedido a Rajoy, que asuma responsabilidades por “su” amnistía fiscal, declarada inconstitucional, porque si no, no tendrá “fuerza moral” para pedir que se cumplan otras sentencias del Tribunal Constitucional (las que afectan, por ejemplo, al proceso independentista catalán). Robles ha apelado a la obligación de Rajoy como presidente y “hombre de derecho”, para que asuma la responsabilidad política por la sentencia del Constitucional, que el Gobierno interpreta como un simple fallo en la forma por haberla aprobado por decreto ley, cuando, lo más grave es, precisamente, el fondo, la feroz crítica que el Constitucional hace de una  Ley profundamente injusta y un engaño para el ciudadano.

Pero si la temperatura política había aumentado unos grados a pesar de lo temprano de la hora los termómetros, temblaron cuando el diputado Gabriel Rufián a propósito de las plazas de mossos que el Gobierno central ha recortado a 50, de las 500 previstas por los presupuestos catalanes llamó “miserable” al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Algo que sonó como un trueno de tormenta de verano y que se convirtió en verdadero problema cuando el señor Rufián se negó a retirar el insulto que por orden de la presidenta del Congreso Ana Pastor se borrara del acta de sesiones.

Por la tarde, con la temperatura disparada a 37 grados, el Congreso de los Diputados era un horno suavizado por el aire acondicionado. Montoro, atacado por todos los frentes intentaba defender lo indefendible: que la Amnistía no era Amnistía, sino un proceso de regularización fiscal y a que ese proceso se habían acogido más miembros del PSOE  que del PP. Podemos y PSOE pedían no sólo la reprobación de Montoro, pedían su dimisión, lo mismo que por la mañana le habían pedido al Presidente del Gobierno su cese.

(*) Periodista y economista

http://www.republica.com/viva-la-pepa/2017/06/21/el-verano-y-el-efecto-invernadero-llegan-al-parlamento/ 

La banda / Ramón Cotarelo *

Es bueno esto de llamar a las cosas por su nombre. El de banda es sumamente apropiado para un partido que, además de contar con 900 personas imputadas en sus filas, él mismo está imputado penalmente como partido por considerarlo los jueces una asociación de presuntos malhechores. Una banda, evidentemente. 

 

Pero una banda que gobierna, que hace y deshace leyes, interfiere en la acción de la justicia, utiliza las instituciones a su servicio, se hace propaganda a través de los medios de comunicación públicos y compra los privados.

Esta banda tiene ahora dos frentes abiertos: el de la corrupción y la financiación ilegal del partido y el de las operaciones de guerra sucia del ministerio del Interior en contra de los adversarios del PP, los independentistas catalanes y los de Podemos.

En el frente de la corrupción es poco lo que queda por decir y mucho probablemente por ver. El desfile por los juzgados de los tesoreros y dirigentes del PP, colaboradores de Aznar es una especie de metáfora de una ristra de chorizos. Gentes de orden, desde luego, patriotas, antiabortistas, fieles a la Iglesia que no sabían que en su partido había una caja B., se robaba a espuertas y, con el sobrante, se financiaban campañas electorales que terminaban en apabullantes mayorías absolutas.

Esa constelación de casos vergonzosos, la Gürtel, la Púnica, Lezo, etc es el resumen de una época de latrocinio neoliberal generalizado. Y su demostración es tan indignante como palpable. Los 60.000 millones de euros de dineros públicos que se ha llevado la banca coinciden con los 60.000 millones que el gobierno ha sustraído del Fondo de las pensiones. Obvio: el gobierno ha empleado el dinero de los pensionistas en beneficiar a la banca (lo del "rescate" es un eufemismo). No menos obvio: ahora no hay dinero para pagar la extra de los jubilados.

Ese es el resultado de la banda. Lo llaman "crisis".

El segundo frente es el de la supuesta guerra sucia del ministerio del Interior contra Cataluña. La comisión parlamentaria que investiga este nauseabundo asunto (incluida la creación de una presunta policía política) pide visionar el documental sobre las cloacas de Interior. Se trata de desbloquear esa Comisión y dar publicidad a unos comportamientos de las autoridades que, según parece, vulneran la ley, son un delito y algo absolutamente contrario al Estado de derecho, que queda reducido a la nada cuando quien delinque es el encargado de hacer cumplir la ley.

 

 

Es la izquierda

El reciente triunfo de Pedro Sánchez en las primarias tiene unos puntos significativos. Ha reorientado el partido nominalmente más a la izquierda, en espera de que ese cambio se materialice. Ha vuelto a soslayar, a base de aplazarla, la cuestión de la forma de Estado, República o Monarquía. Y ha incluido por primera vez en el programa el concepto de plurinacionalidad.

De inmediato han sonado las alarmas en el nacionalismo español. Y no solo el de la derecha, que se da por supuesto, a pesar de su tradición regionalista al estilo de Vázquez de Mella o Rodríguez de Miñón, sino el de la izquierda. Y, dentro de esta, el del PSOE. Y dentro del PSOE en el mismo campo sanchista, en donde se apresuran a afirmar que la plurinacionalidad se agota en el concepto de “nación cultural”. Una reacción contraria tan fuerte en sus expresiones como débil en sus razones.

En realidad, el nacionalismo ha fracturado siempre a la izquierda y el independentismo, con mayor motivo. En la izquierda española, la plurinacionalidad ahora aceptada por el PSOE, fue primeramente enunciada por Podemos y dibuja una nueva línea de fractura entre Podemos y la fracción sanchista del PSOE (y no toda ella) y el resto de este partido.

En esta situación, el PSOE de Sánchez tiene dos opciones: una es acercarse a Podemos y reconocer contenido político a la idea plurinacional, pactando un referéndum y la otra es cerrar filas con el sector de Díaz, restringir la nación a la cultural y convertir por tanto la idea plurinacional en una expresión vacía. Esta última opción presenta la desventaja de no diferenciarse de la de la derecha y eso debiera ser preocupante para la izquierda. Aunque no para la que dice tener “sentido de Estado” que es su vínculo con la derecha, porque el Estado de que ambas hablan es el de la oligarquía nacional-católica.

Con independencia de cuestiones menores, el nacionalismo independentista fractura a la izquierda española, parte de la cual no tiene el coraje de amadrinar una solución nueva, original, pactada, del contencioso territorial y actúa en esto como subalterna de la derecha.

Y eso en la izquierda española. Pero lo mismo sucede con la izquierda catalana. El independentismo también la fractura. Parte de ella es independentista e integra JxS, otra parte también lo es y apoya parlamentariamente al gobierno, pero otra parte, Els Comuns, no es claramente independentista, aunque sí favorable a un referéndum pactado y una última parte, el PSC es unionista. La cuestión nacional fractura la izquierda catalana tan claramente como la española.

En definitiva, la independencia se verá posibilitada o no por la actitud que adopten las izquierdas y si son capaces de ponerse de acuerdo en un objetivo común, cosa que debiera ser sencilla teniendo en cuenta que el independentismo es republicano. Pero para todo eso es imprescindible que la izquierda española no se pliegue a la visión de la derecha y sea capaz de formular un proyecto propio e innovador que pueda someterse a referéndum en condiciones de igualdad con las demás opciones. Un referéndum pactado.

La obstinación en impedir el ejercicio del derecho de autodeterminación invocando un asunto de principio (la soberanía nacional) lleva a una confrontación institucional y social de consecuencias imprevisibles. El empleo de la fuerza en contra de las instituciones representativas catalanas animará a estas a una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), que pondrá el contencioso en manos del Tribunal Internacional de Justicia y, mientras tanto, generará una situación de ingobernabilidad de Cataluña y, por lo tanto, de España.

La cuestión está en si ambas izquierdas, la española y la catalana, consiguen liberarse mentalmente del marco conceptual de la derecha española. Si tienen el valor de apoyar un cambio pacífico y radical de las estructuras del Estado que satisfaga a todas partes por no ser una enésima imposición. Y, en caso de que eso tampoco se consiga, si tienen el coraje de apoyar un proceso independentista en Cataluña en uso del innegable derecho de los catalanes a la autodeterminación. Entre otras cosas porque quizá sea la última oportunidad de España para entrar en el siglo XXI. 

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

 

La Transición fue un pacto de impunidad / Floren Dimas *

Al cumplirse 40 años del referéndum de la reforma política, como culminación de la llamada "transición a la democracia", se desata un castillo de fuegos artificiales, usando el poder mediático de todas las instituciones del Estado y sus cohortes mediáticas en los medios de comunicación, y de los sindicatos y partidos implicados (CCOO, UGT, PP, PSOE y algún sector minoritario del PCE) presentando aquellos años como los de una portentosa operación para transfigurar España en una democracia y dejar atrás una ominosa dictadura. 

Frente al ambiente golpista del Ejécito de Franco, llegaron Carrillo, Felipe González y Adolfo Suárez, llamaron al rey designado por el dictador... y aquí paz y después gloria.

La mirada personal retrospectiva de la trayectoria personal de cada uno de los lectores más veteranos, lo sitúa en unas determinadas coordenadas durante aquellos días cruciales tras la muerte del dictador, en las que estaba fraguando el destino de España y de los españoles. Lo sabemosmporque estábamos allí.

La benevolencia con la que hoy se bendice aquellos momentos, elevando los tiempos de la Transición a la categoría de hecho ejemplar, parece embutida en ciertas dosis de amnesia exculpatoria, en la que parece como que las generaciones de entonces y las posteriores, tenemos que estar eternamente agradecidos al franquismo sobrenadante, por habernos perdonado la vida y no haber sacado los tanques a la calle, para imponer de nuevo su al perecer eterno mandato. No los sacaron... porque no hizo falta.

Domesticado el más beligerante y concienciado partido antifranquista, el PCE, y sometida la docilidad política de un PSOE antimarxista y pro-capitalista -desaparecido por cierto en una lucha clandestina de cuarenta años-, refundada la derecha en el nuevo partido de la UCD, fue posible entonces pergeñar una salida airosa al inmenso aparato político-económico- religioso-institucional franquista, sin pedirles explicaciones por las autorías y complicidades inherentes, a la responsabilidad de haberse sublevado contra el gobierno legal y legítimo de la II República, haber desencadenado una guerra civil, y haber instaurado en España una cruel dictadura fascista durante más de cuarenta años de un régimen, responsable de cientos de miles de crímenes, saldado con la más absoluta de las impunidades.

Fue gracias al pacto de perdedores (de la izquierda), por lo que fue posible aquella Ley de Amnistía de 1977, que exoneró de responsabilidades penales, a decenas de miles de criminales y asesinos fascistas, y la celebración del referéndum-trampa de 1978, en la que obligó al pueblo español a elegir entre la continuidad de un franquismo sin Franco, o una democracia con Rey. La alternativa del diablo. La derecha en masa y la izquierda domesticada, abogaron por un SI a la "Monarquía Juanfranquis";, tal como Franco había dejado "atado y bien atado".

Que en aquellos dos años se hicieran las cosas como se hicieron, se intenta hoy justificarlo con la coartada de un contexto golpista, cuyo último coletazo fue el intento de golpe de estado del 23-F.

Pero que cuarenta años después, se nos quiera seguir vendiendo la moto de "una Transición ejemplar"; (con más de doscientos asesinatos de demócratas, muchos de ellos todavía impunes), parece cuando menos, no solo una mentira, si no un acto de naturaleza inmoral.

La Transición fue un Pacto de Impunidad. Una vergüenza histórica.

Por eso decenas de miles de familias españolas, buscan los restos de sus abuelos y bisabuelos en las cunetas, y por eso las heridas de la Guerra Civil siguen hoy abiertas, ante la complicidad de los poderes del Estado, que se niegan a aplicar los principios universales de Verdad, Justicia y Reparación.

Con impunidad no hay democracia, y por eso decir que España es un estado de derecho, es simplemente MENTIRA.

(*) Oficial del Ejército del Aire (R).- Miembro del Colectivo de Militares Demócratas Anemoi.- Miembro de la asociación Civil Milicia y República (ACMyR).- Delegado de AGE en la Región de Murcia

Revista de Prensa / A. R. Mendizabal *

Miércoles dentro ya del ve­rano ofi­cial­mente desde las 06:24 de esta mañana, y con por­tadas y grandes ti­tu­lares muy re­par­tidos en­tre: el des­file de ex mi­nis­tros de Aznar a de­clarar sobre la Gürtel con ba­lones fuera como ‘no sé, no re­cuer­do’; la impu­tación de dos con­ce­jales po­de­mitas del Ayuntamiento de Madrid y la sub­si­guiente bronca por no di­mitir pese al có­digo ético de la for­ma­ción; las es­ca­ra­muzas de Sánchez y Rivera cada uno por su lado sobre la ruta hacia Moncloa y la reac­ción de parte de un ofen­dido Rajoy por los 'insultos' del líder so­cia­lista, que in­clu­yeron una re­edi­ción de la exi­gencia de ‘decencia y ejem­pla­ri­da­d’... 

...el nom­bra­miento de Rodrigo Echenique como pre­si­dente de Banco Popular; el avance op­ti­mista de Guindos de que la eco­nomía po­dría crecer al 4%; el aviso de Linde de que con­viene subir im­puestos para au­mentar el gasto; el anuncio con­trario de Montoro de que ba­jará los im­puestos en 2019; la li­qui­da­ción de Reyal Urbis tras no su­perar el coma; el nuevo fraude en la SGAE; y la acu­sa­ción a Mourinho por parte de la Fiscalía por de­frau­da­ción a Hacienda. 

A la cuarta va la ven­cida: el gi­gante bur­sátil MSCI ha in­cluido a China en su ín­dice de países emer­gen­tes, con lo que se abre de par en par la in­ver­sión en el país más po­blado del mundo, mien­tras la de­ci­sión sobre Argentina se ha pos­puesto. 

La agencia in­for­ma­tiva ofi­cial de Arabia Saudita ha anun­ciado esta misma mañana que el prín­cipe he­re­dero Muhammad bin Nayef, tam­bién vi­ce­primer mi­nistro y mi­nistro del Interior, ha sido sus­ti­tuido por Mohammad bin Salman, hasta ahora mi­nistro de Defensa y con­si­de­rado el ar­tí­fice del éxito de la re­ciente vi­sita de Trump. 

INFORMACIÓN NACIONAL

El Mundo: Rajoy ve in­viable acuerdos con un Sánchez ‘podemizado’ (Marisa Cruz y Luis Ángel Sanz). Otro ti­tu­lar: Margarita Robles: ‘La vic­toria de Sánchez pone ner­vioso al Gobierno’. Otro ti­tular Ahora Madrid dice que su Código Ético no obliga a Sánchez Mato y a Mayer a di­mitir (Marta Belver). El País: Rivera pide a Sánchez que no in­sista en el fra­caso de 2016; Ciudadanos frena en seco los planes del PSOE: ‘No vamos a en­trar en su bucle ni volver al pa­sado’ (J.J. Mateo y J.Marcos). Eldiario: Pedro Sánchez plan­teará a Iglesias y Rivera una reunión la se­mana que viene (Irene Castro). Libertad Digital: El PSOE, sobre un fu­turo go­bierno con Podemos: 'Es po­si­ble' y 'sería bueno' (P. Cuevas). Otro ti­tu­lar: El Gobierno de Carmena salva por ahora a Sánchez Mato y Mayer (Olivia Moya). 

El Periódico: Desfile de ex mi­nis­tros de Aznar en el juicio del Caso Gürel: ‘No me acuerdo, no me consta, lo des­co­nozco’ (Ángeles Vázquez). La Razón: El PP pe­dirá al TC pa­ra­lizar la co­mi­sión sobre su fi­nan­cia­ción. Otro ti­tu­lar: Los ediles de Carmena, Mayer y Mato, se afe­rran al cargo tras ser impu­tados. Otro ti­tu­lar: Sánchez busca la suma im­po­si­ble: 176 dipu­tados para des­gastar a Rajoy; Rivera avisa al líder so­cia­lista de que ‘no es­tará en el bu­cle’. El Confidencial: Manual para com­prar al­cal­des: nuevos 'mails' de Púnica des­velan las 'soirées' de lujo en París (Beatriz Parera). Otro ti­tu­lar: Revuelta en Ahora Madrid a favor de Mato y Mayer gra­cias a la au­sencia de Carmena (Iván Gil). Otro ti­tu­lar: PSOE y Podemos ne­go­cian su primer pacto an­ti-PP: tomar RTVE…, con per­miso de Cs (Ángel Collado). 

ABC: Caso prác­tico de po­lí­tica po­pu­lista: 1 con­ce­jales impu­tados; 2 violar el propio có­digo ético; 3 au­to­pro­cla­marse ‘honesto’. Otro ti­tu­lar: Sánchez lla­mará hoy a Iglesias y Rivera para su frente anti PP. Otro ti­tu­lar: El PP de Aznar niega los so­bre­sueldos de la Gürtel y res­pon­sa­biiza a Lapuerta. Otro ti­tu­lar: Susana ni ol­vida ni per­dona. El Español: Pacto de si­lencio de la vieja guardia del PP para 'salvar' a Bárcenas y Rajoy: Cascos, Arenas, Acebes, Rato y Mayor Oreja apuntan a Lapuerta como má­ximo res­pon­sable y allanan el ca­mino al pre­si­dente del par­tido (Carlota Guindal). Otro ti­tu­lar: Los impu­tados de Carmena uti­lizan los mismos ar­gu­mentos que el PP para no di­mitir (Daniel Ramírez). 

InfoLibre: Los con­ce­jales de Ahora Madrid impu­tados re­chazan di­mi­tir: 'No nos van a parar con ame­na­zas' (Sabela Rodríguez Álvarez). Semanal Digital: Los peores días de Podemos. dos impu­taciones hunden sus cam­pañas (Marco Ballestero). Vozpopuli: Bárcenas, tras el des­file de ex mi­nis­tros del PP: 'Se ha echado por tierra la ver­sión de Correa' (Ángela Martialay). OKdiario: Alejandro Luzón su­per­fa­vo­rito para ser fiscal jefe Anticorrupción con Ángeles Montes como única rival (Juanan Jiménez). 

CATALUÑA

El País: El Gobierno ca­talán avisa a los in­ver­sores de nuevos 'escenarios' po­lí­ticos (Lluís Pellicer). Otro ti­tu­lar: El Congreso re­cha­zará el re­fe­réndum uni­la­teral en Cataluña (Fernando Garea). La Vanguardia: El TSJC ad­mite la que­rella contra la con­se­llera Borràs por la compra de ur­nas: el tri­bunal in­ves­tiga a la ti­tular de Governació y a su nú­mero dos (Luis B. García). Otro ti­tu­lar: JxSí ame­naza con los tri­bu­nales si Rajoy y Santamaría no acuden al Parlamen.t Otro ti­tu­lar: El PPC re­clamó en oc­tubre en el Parlament 500 mossos más y con­vocar la Junta de Seguridad (Quico Sallés). El Periódico: Frente común ca­talán para exigir la Junta de Seguridad: Puigdemont toma la ini­cia­tiva y con­voca a este ór­gano de coor­di­na­ción po­li­cial (Pilar Santos y Fidel Masreal). Otro ti­tu­lar: Lleida re­chaza ceder es­pa­cios para el re­fe­réndum e in­vita a la se­lec­ción es­pañola de fút­bol. 

La Razón: Lérida pide que la Selección vuelva a jugar en Cataluña trece años des­pués. ABC: Lérida, pri­mera ca­pital ca­ta­lana en re­be­larse contra el re­fe­réndum ilegal de la Generalitat: el Pleno del Ayuntamiento re­chaza una pro­puesta del grupo mu­ni­cipal Crida-CUP que pedía la par­ti­ci­pa­ción del con­sis­torio en la ce­le­bra­ción del re­fe­rén­dum. Economía Digital: Puigdemont se con­vierte en el Trump ca­ta­lán: tuitea cons­tan­te­mente, re­pli­cando ar­tículos so­be­ra­nistas y afeando todo aquello que esté re­la­cio­nado con España. 

ECONOMÍA

Cinco Días: Montoro: el IRPF ba­jará al final de la le­gis­la­tura; am­nistía fis­cal: ‘No di­mi­tiré, tengo tra­ba­jo’; pre­su­puesto: ‘el techo de gasto se ele­vará un 2,3%; au­to­no­mías: pro­puesta de re­fi­nan­ciar la deuda; Ronaldo: ‘Nadie es de­lin­cuente si no está con­de­nado’ (Jaume Viñas Coll). Otro ti­tu­lar: Los sin­di­catos de la es­tiba re­chazan las ga­ran­tías de em­pleo de la pa­tronal y man­tienen la huelga (J.F. Magariño). El País: Los es­ti­ba­dores se saltan a la pa­tronal y llegan a acuerdos in­di­vi­duales con las em­presas (Hugo Gutiérrez). Bolsamanía: El Gobierno saca pe­cho: la eco­nomía es­pañola ya crece a un ritmo del 4%: esta me­jora en el cre­ci­miento hará que se re­vise al alza el cuadro ma­cro­eco­nó­mico para los pre­su­puestos de 2018 (Marta Gracia). 

La Vanguardia: Montoro des­carta re­cu­rrir al TC la tasa ca­ta­lana del azú­car: el mi­nistro ar­gu­menta que el im­puesto en Catalunya lo re­co­mienda la OMC; el ti­tular de Hacienda de­fiende una nueva re­baja fiscal en 2019. ABC: Montoro abre la puerta a bajar el im­puesto sobre la Renta y Sociedades a partir de 2019. Otro ti­tu­lar: La in­ver­sión ex­tran­jera sube un 77% hasta marzo. Otro ti­tu­lar: Los es­ti­ba­dores no harán huelga en los puertos que ga­ran­ticen el tra­bajo. res­cate ban­ca­rio, España hu­biera sa­lido del eu­ro’. Otro ti­tu­lar: Fátima Báñez: ‘España crea 2.700 em­pleos al día’. El Economista: Euforia eco­nó­mica: más PIB y más techo de gasto. Otro ti­tu­lar: Las eó­licas dudan que se eje­cuten todas las plantas de las subastas re­no­va­bles (Tomás Díaz). EFE: Principio de acuerdo con los es­ti­ba­dores de Algeciras. 

El Confidencial: Energía no ga­ran­tiza a las re­no­va­bles que la prima del 7,3% siga a partir de 2020 (Juan Cruz Peña). Otro ti­tu­lar: Guindos afirma que el PIB crece al 4% y anuncia una re­vi­sión de las pre­vi­siones (Eduardo Segovia). El Mundo: España ya sólo compra un 1,8% del crudo a Venezuela por su 'inestabilidad' y su 'mala ges­tión' ener­gé­tica (Víctor Martínez). Otro ti­tu­lar: Los es­ti­ba­dores no harán huelga en las em­presas que cedan y man­tengan el em­pleo (S. Fernández e I. Munera). Otro ti­tu­lar: El Gobierno pro­mete más cre­ci­miento y mayor crea­ción de em­pleo (Daniel Viaña). El Español: La ‘vaca’ del tu­rismo ne­ce­sita cui­da­dos: faltan 20.000 mi­llo­ne­s/año en in­fra­es­truc­turas (Juan Carlos Martínez). Capital Madrid: PPK pide más pre­sencia de cons­truc­toras es­pañolas en Perú: apoyo pe­ruano a un mayor es­tatus es­pañol en la Alianza y de España a Lima en la OCDE (Carlos Álvaro). 

EMPRESAS

Expansión: Reyal entra en li­qui­da­ción con una deuda de 4.600 mi­llones (Rocío Ruiz). El Economista: Reyal Urbis, la se­gunda mayor quiebra de una in­mo­bi­lia­ria. Bolsamanía: Golpe al Santander, Hacienda y Sareb: Reyal Utbis en­cara su li­qui­da­ción con una deuda de 5.000 mi­llo­nes. Cinco Días: Reyal Urbis entra en li­qui­da­ción con 4.600 mi­llones de deuda tras un vía crucis de cuatro años (A. Simón). Otro ti­tu­lar: La fran­cesa Axa se hace con el Hilton de Barcelona. Otro ti­tu­lar: Golpe de mano en Amper: cambia la ma­yoría del con­sejo antes de la junta. Otro ti­tu­lar: Siemens Gamesa ga­ran­tiza a los pro­vee­dores que se­guirá con su es­tra­tegia de com­pra. ABC: El fraude en la dis­tri­bu­ción de car­bu­rantes suma 540 mi­llones al año: me­moria 2016 de la pa­tronal pe­tro­lera Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). 

SECTOR FINANCIERO

Capital Madrid: Los tres grandes bancos rozan ya el 50% de cuota de mer­cado en cré­ditos y de­pó­si­tos: antes de la compra del Popular por el Santander, la cuota es­taba por de­bajo del 40% (José Luis Marco). Otro ti­tu­lar: La banca de in­ver­sión vive un mo­mento dulce por la ava­lancha de ope­ra­cio­nes: sólo en M&A, el vo­lumen de ope­ra­ciones ce­rradas y anun­ciadas ha su­pe­rado de todo el ejer­cicio 2017, y tras un gran primer se­mes­tre, Santander, Unicaja y Abertis traerán una lluvia de co­mi­sio­nes. El Confidencial: Deutsche Bank inicia la venta de su unidad es­pañola con 2.600 em­pleados (Eduardo Segovia). El Economista: La am­plia­ción de ca­pital centra las de­mandas contra el Popular: los bu­fetes de­nun­cian la pre­sunta fal­sedad de las cuentas del banco au­di­ta­das. 

Expansión: La CNMV in­ves­tiga si hubo 'insider tra­ding' en Popular: ana­liza el 'uso de in­for­ma­ción pri­vi­le­giada y ma­ni­pu­la­ción del mer­cado. Otro ti­tu­lar: Rodrigo Echenique pre­si­dirá Popular hasta su fu­sión con Santander (J. Díaz) Otro ti­tu­lar: Los fondos de la City se unen para li­tigar con Popular (Roberto Casado). ABC: El Santander podrá vender in­mue­bles del Popular con un des­cuento del 69%. El País: Entrevista a Elke König, pre­si­denta del Mecanismo Único de Resolución: ‘La so­lu­ción del Popular es un mo­delo a se­guir’ (Claudi Pérez). Otro ti­tu­lar: Rodrigo Echenique, pre­si­dente de Santander España, pre­si­dirá tam­bién el Popular. Vozpopuli: Santander se blinda ante las de­man­das: re­trasa la in­te­gra­ción de Popular a 2019 (Jorge Zuloaga). 

OTROS TITULARES DESTACADOS

El Confidencial: Desmantelada en la SGAE una trama que ge­ne­raba de­re­chos de autor pa­ra­lelos (Roberto R. Ballesteros). Eldiario: La trama del fraude de los de­re­chos de autor en las te­le­vi­siones movía más de 50 mi­llones de euros al año (Vanesa Rodríguez). Otro ti­tu­lar: Entrevista a Antón Reixa, ex pre­si­dente de la SGAE: 'El Ministerio de Cultura co­nocía la 'rueda de las te­le­vi­sio­nes' e hizo caso omiso' (Ignacio Escolar). El Economista: La Policía, contra un fraude de 200 mi­llones en la SGAE y las TV.

El Mundo: El fiscal acusa por fraude a Mourinho con los datos de Football Leaks (Manuel Marraco). Vozpopuli: Ronaldo y Mourinho de­frau­daron en España con la misma firma 'offshore': un por­tavoz de Ronaldo de­fiende la con­fi­gu­ra­ción de em­presas de su cliente y de Mourinho, y re­cuerda que la misma es 'usual' en Inglaterra (Tono Calleja). Otro ti­tu­lar: Operación Chamartín: Carmena inicia la re­forma del Nudo Norte sin contar con BBVA ni Adif (Raúl Pozo). 

(*) Periodista

https://www.capitalmadrid.com/news_links/2361

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estima al abogado Diego de Ramón su recurso de apelación sobre las cuotas participativas de la CAM

MURCIA.- La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado un recurso de apelación del abogado murciano Diego de Ramón y otros sobre las cuotas participativas, siendo la tercera vez que se da la razón a los afectados en su legitimidad de poder personarse en la causa general contra la CAM, con independencia de la situación real contable de la entidad en la fecha de suscripción de dichos títulos.

La decisión afecta a unos 55.000 perjudicados con una emision de dichas cuotas por vez primera en el año 2008, por importe de 292 millones de euros.

Dicha Sala ha acordado estimar parcialmente los recursos de apelación formulados por las representaciones de las acusaciones ejercitadas por Diego de Ramón Hernández y otros, Adicae y otros y Josefa López Alburquerque y otros contra autos de 10 de abril y 3 de mayo de 2017 por los que el Juzgado Central de Instrucción nº 3 resolvió el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza de cuotas participativas de las Diligencias Previas nº 170/2011 y con revocación de dichos autos, ordenar la práctica de las testificales propuestas por la primera de dichas acusaciones en escrito presentado el 3 de abril de 2017, debiendo el juzgado a sus resultas decidir con libertad de criterio conforme al art. 779.1 de la LECrim.

La Sala dice en su acuerdo que se comunique al instructor mediante certificación y notificado este auto a las partes, con la advertencia de no ser susceptible de recurso ordinario alguno.

Tanto el fiscal como Banco de Sabadell, Fundación Obra Social de Caja Mediterráneo, Roberto López Abad, y María Dolores Amorós se oponían a las pretensiones del abogado murciano Diego de Ramón.

Por auto de 10 de abril de 2017 el Juzgado Central de Instrucción nº 3 acordó, dando por concluida la investigación en aplicación del art. 324.6 de la LECrim, el sobreseimiento provisional y archivo (arts. 641.1 y 779.1 1o del mismo texto legal) de la pieza de cuotas participativas de las Diligencias previas 170/11.

El Juzgado Central dictó auto de fecha 3 de mayo de 2017 por el que desestimó los cuatros recursos de reforma y admitió a trámite conforme el art. 766.3 de la L.E.Crim. los recursos de apelación subsidiariamente formulados.

En el auto de 3 de mayo el juzgado, admitiendo que la representación de Diego de Ramón Hernández había presentado el 3 de abril de 2017 escrito proponiendo la testifical de ocho comercializadores de cuotas participativas, entendió que ello estaba fuera de plazo de cinco días y argumenta además que los seis meses de instrucción habían concluido antes del dictado de la providencia de 23 de marzo.

Sobre dichas bases el instructor, valorando las diligencias de investigación presentadas concluye en el sobreseimiento provisional de la causa por aplicación de los arts. 779.1.1a y 641.1 de la LECr.

En sus fundamentos de Derecho la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es taxativa al decir que "el juzgado no tiene en cuenta que la diligencia de investigación consistente en la toma de declaración a ocho de los comercializadores de las cuotas participativas se acordó de manera específica por auto de 30 de enero de 2017 dictado por esta Sección revocando el del juzgado de 7 de noviembre de 2016 por el que se había denegado la petición que al efecto habían hecho las acusaciones, fecha esta última a la que debe estarse a los efectos del cómputo reanudado el 11 de octubre de 2016, siendo el requerimiento de 31 de enero, la providencia de 23 de marzo y el escrito de la acusación de 3 de abril mera concreción de la diligencia de investigación solicitada dentro del término de duración ordinaria de la investigación y admitida a tal efecto por el auto de 7 de noviembre al quedar éste revocado por la resolución de esta Sala de 30 de enero de 2017, quedando así esta diligencia de investigación amparada por el apartado 7 del art. 324 tantas veces citado; precepto que sin embargo no permite la proposición de nuevas diligencias desde el momento en que reanudado el plazo ordinario el 7 de noviembre de 2016, ya se completó cuando recae el auto de sobreseimiento de 10 de abril de 2017".

Y la Sala remata diciendo que "en contra de lo que razona el instructor y mantienen las partes apeladas, no son computables los días inhábiles no obstante encontrándonos en la fase de instrucción ya que lo dispuesto en el art. 201 de la LECr. (“Todos los días y horas al año serán hábiles para la instrucción de los causas criminales, sin necesidad de habilitación especial”) y en iguales términos en el art. 184.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo inhábiles (art. 182.1 LOPJ) los sábados y domingos, entre otros, es aplicable a los actos o diligencias de instrucción, no a los actos de las partes a los efectos de cómputo de plazos tal y como de manera meridiana declara la STS 437/12, de 22 de mayo citada tanto por apelantes, como por apelados. 

Además, según el Acuerdo no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2003 es de aplicación a las causas penales lo dispuesto en el art. 135.5 de la L.E.Civil que dispone que “La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviese sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo”; norma que aquí lleva a establecer que la petición –según el documento que la apelante acompaña al mismo (folio 36 del testimonio)- se efectuó antes del transcurso del llamado “día de gracia”.

'Cambiemos Murcia': "La pérdida de fondos para soterrar la vía evidencia las mentiras del PP sobre la llegada del AVE"

MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia, Sergio Ramos, ha dicho hoy que el desvío de fondos de la Comunidad Autónoma destinados al soterramiento del AVE  a su paso por la capital para cubrir pérdidas en cultura y deportes pone de manifiesto "las mentiras del PP" y demuestra que, como han denunciado movimientos sociales y formaciones de la oposición, las obras para soterrar las vías "no van a comenzar en 2017 ni existe previsión de llevarlas a cabo".

Ramos ha señalado que este hecho se suma a que ni en en el borrador de presupuestos del Ayuntamiento de Murcia para este año, ni en los del Estado hay contemplada partida alguna para soterrar las vías, y que la razón por la que sí fue consignado en las cuentas de la Comunidad Autónoma se debe a "una simple operación de maquillaje" por parte del Partido Popular

"Las tres administraciones sabían que nunca se iban a realizar las obras de soterramiento", ha manifestado Ramos, tras denunciar los efectos que tendrá la llegada del AVE en superficie para el municipio, especialmente, para los barrios del sur, que "quedarán bloqueados y aislados a pesar de las promesas de soterrar las vías del tren por parte de los consecutivos gobiernos desde hace más de 20 años".

Según ha explicado Ramos, "los vecinos y vecinas no tiran la toalla y siguen organizados para reclamar el soterramiento y denunciar los constantes incumplimientos de los planes anunciados". 

En este sentido, ha confirmado que la Plataforma ProSoterramiento sí tiene el apoyo de las juntas municipales del sur de Murcia gracias al cambio experimentado tras las elecciones municipales de 2015.

Ante esta situación, el edil ha pedido al Ayuntamiento que exija a Murcia Alta Velocidad que no llegue el AVE sin soterrar "mientras no exista existan proyecto, plazos y presupuesto". 

No obstante, para la formación municipalista, la verdadera garantía para asegurar el soterramiento es que las obras se realicen simultáneamente a las de la llegada de la Alta Velocidad.

Versión de la mayoría municipal

El concejal de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez-Oliva, ha indicado hoy que, "como ya le aclaré el pasado mes de enero al concejal Enrique Ayuso, aportando además el documento de Intervención donde aparece la retención de crédito, todos los grupos de la oposición conocen que la aportación municipal para todas las obras del AVE asciende a 6,63 millones de euros. De estos ya se han financiado hasta el momento 4,2 millones de euros, es decir, se ha cumplido ya la aportación prevista hasta la anualidad de 2018 inclusive".
El concejal ha indicado que, tal y como se acordó en el Consejo de Administración de la Sociedad Murcia Alta Velocidad de marzo de 2015, el importe de las obras de integración del soterramiento, así como la dirección de obra y asistencias técnicas sería pagado por Adif Alta Velocidad que repercutirá dicho importe al Ayuntamiento de Murcia y a la Comunidad Autónoma en función de los porcentajes establecidos en la cláusula sexta del protocolo de 2006 que son el 66% a Adif, el 26% a la Comunidad Autónoma y el 8% al Ayuntamiento".
"De esta forma el Ayuntamiento de Murcia tiene que abonar 6,63 millones de euros de los cuales 0,39 corresponden a 2016, 1,98 a 2017 y 2,13 a 2018 y todos ellos ya han sido financiados por este Ayuntamiento, adelantándonos así a lo acordado. Sólo faltarían 2,13 millones de euros que se financiarán con posterioridad al 2018", ha explicado Martínez-Oliva
"Estas cantidades tienen su correspondiente RC (retención de crédito) con fecha de 24 de noviembre de 2016 por importe global de 4.259.782 euros por lo que están consignadas y retenidas y no tienen que aparecer en los presupuestos de 2017", ha explicado el edil.

Óscar Urralburu gana las elecciones internas y repite como secretario general de Podemos en la Región

MURCIA.- El profesor Óscar Urralburu ha ganado las elecciones a la Secretaría General Autonómica de Podemos en la Región de Murcia con 1.268 apoyos (53,82%), por lo que revalida su cargo al frente de la formación morada. Lola Sánchez consiguió 976 votos (el 41,43%) y Marcela Crespo, tan solo 112 (el 4,75%), según el acta del escrutinio. 

Por su parte, el Consejo Ciudadano Autonómico de la formación queda ahora compuesto, según el mismo documento, por Óscar Urralburu Arza, Maria Giménez Casalduero, Maria Dolores Sánchez Caldentey, Andrés Pedreño Cánovas, Maria Lopez Montalban, Maria Esther Martos Moreno, Pablo Olmos Fraile, Mariano Vicente Albaladejo, Lorena Lorca Sánchez, María Marín Martínez, Fernando Manuel Miñana Hurtado, Maria Teresa Fuentes Rivera, Rafael Esteban Palazon, Pedro Luis López Sánchez, Ginés Ruiz Maciá, Víctor Manuel Egío García, Cristina Navarro Rodriguez, Toni Carrasco García, María Jesús Morillas Álvarez, Tania Rojo Gómez, José Ibarra Bastida, Nerea Ruiz Garcia, Concepcion Garcia Garrido, Josefa Hernández Giménez, Juan Angel Sanchez Naharro, Antonia Martinez Moreno, Fran Martínez Ruiz, Francisco Javier Escarabajal Castejon, Concha García Altares, Elia Olgoso Rubio, Isabel Muñoz Vidal, Francisco Joaquin Rubio Gomariz, José Martínez Coy y Joaquín Sánchez Serrano.

Marcela Crespo se queda fuera de este órgano de dirección por no haber alcanzado el umbral del 5% de los votos.

De los 2.405 votos emitidos, el escrutinio arrojó 32 en blanco y ninguno nulo.

Los miembros que formaban parte de la candidatura 'Más Podemos, más Profundización Democrática', con el errejonista Urralburu al frente, han ganado 23 puestos de los 35 en liza.

Desde las filas del sector oficialista tanto Lola Sánchez como Marcela Crespo propugnaban un fuerte giro a la izquierda de esta formación en la Región de Murcia; la primera forma parte de la fracción Anticapitalistas mientras la segunda también pretendía hacer un giro en el mismo sentido desde Totana.

Los murcianos deberían trabajar un año para pagar la deuda pública regional

MADRID.- La Región de Murcia se encuentra entre las comunidades que no lograrían llegar al nivel de referencia de la deuda en los próximos 30 años, junto con Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, frente a Canarias, Madrid y País Vasco, que alcanzarán en 2020 un nivel cercano al valor de referencia (el 13% del PIB).

En cuanto al pago de la deuda pública, los trabajadores de la Región necesitarían destinar aproximadamente un año de trabajo para pagar la deuda actual de la Comunidad, al igual que los de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que en Madrid (198 días), País Vasco (205 días) y Navarra (218) necesitarían trabajar en torno a 200 días.

Así lo ha indicado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha asegurado que todos las administraciones públicas contribuirán a reducir la ratio de deuda sobre el PIB en los próximos cuatro años (2017-2020), pero casi el 50% de la reducción se deberá a la evolución de las comunidades autónomas.

Menos de un centenar de personas exigen la dimisión del Delegado del Gobierno ante la Comunidad Autónoma

MURCIA.-Menos de un centenar de personas convocadas por la asociación Murcia Diversa se han concentrado esta martes a las puertas de la Delegación del Gobierno, en el paseo Alfonso X el Sabio, de Murcia, para exigir la dimisión del delegado del Gobierno, Antonio Sánchez Solís, al haber permitido una manifestación neonazi en el día del orgullo gay.

 «Solís, dimite, Murcia no te admite», coreaban las decenas de manifestantes que se dieron cita esta tarde frente a la Delegación del Gobierno para pedir la dimisión de Sánchez-Solís en una marcha organizada por la plataforma Murcia Diversa. La organización pidió en su manifiesto la depuración de responsabilidades en las fuerzas de seguridad, además del cese del Delegado del Gobierno.
Un portavoz de los convocantes leyó al finalizar la protesta un comunicado en el que recordó que hace dos días "unos intolerantes llenos de odio decidieron convertir una jornada festiva y reivindicativa como es el día del Orgullo LGTBI en altavoz de su intolerancia, con la connivencia del Delegado del Gobierno y ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, más pendientes de incomodar a los asistentes al desfile que de garantizar su seguridad".
"Es intolerable que se sigan produciendo continuas campañas de odio contra colectivos que históricamente han sido maltratados socialmente, con la permisividad de las instituciones públicas y con la amplitud con que se tratan en los medios de comunicación de masas", agregó.
La citada asociación pide la depuración de responsabilidades en las fuerzas de seguridad que, a su juicio, actuaron criminalizando a los participantes del Orgullo y la dimisión o cese del Delegado del Gobierno, cuya autorización de la manifestación "fue condición necesaria para que se produjeran dichas agresiones, actuando más como un gobernador civil de otra época aplicando la Ley de Vagos y Maleantes".
Por último, piden la disolución, prohibición e ilegalización de todas aquellas organizaciones que fomentan el odio ante lo diferente y usan la violencia para imponer sus ideas.

El portavoz del grupo LGTBI del PSRM, Javier Espinosa, ha exigido la dimisión del delegado en Murcia por autorizar la manifestación de 'Lo nuestro' el mismo día que el desfile del Orgullo Gay, "pese a que ya advertimos del peligro que eso suponía".
Espinosa, que ha participado junto con miembros del PSRM en la concentración que se ha celebrado este martes, ha señalado que la obligación de la Delegación del Gobierno era "garantizar la seguridad de los manifestantes y pese a las peticiones que hicimos, el delegado no atendió nuestras peticiones".
Por ello, el portavoz del colectivo LGTBI ha pedido el cese del delegado, Antonio Sánchez-Solís, y ha recordado que se han registrado una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno de España explique las medidas a tomar y conocer por qué se autorizó dicha manifestación.

El colectivo 'No te prives' ha llevado a la Fiscalía las agresiones que el pasado sábado denunciaron participantes en la marcha del Orgullo LGTBIQ por parte de miembros del colectivo de ultra derecha ´Lo Nuestro´, según informa la Cadena Ser en su página web. Además, ´No te prives´ también ha pedido a la Fiscalía que se investigue la actuación del Delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solis, por permitir que el mismo día del desfile se autorizara una concentración de este grupo vinculado a la extrema derecha, añade la misma fuente.

C's se reúne este jueves con Sánchez-Solís

El grupo municipal Ciudadanos mantendrá una reunión este jueves, 22 de junio, con el Delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, para exigir explicaciones tras las agresiones de neonazis a manifestantes en el desfile del Orgullo LGTBI del pasado sábado en Murcia, y la autorización simultánea de ambas concentraciones.
En este sentido, han recordado que el pasado jueves, desde la formación naranja se formalizó una petición, concretamente del presidente de la Junta Municipal de Santa María de Gracia, Antonio Albaladejo, pidiéndole al Delegado de Gobierno que impidiera la concentración del grupo neonazi “Lo Nuestro”, el reparto de propaganda xenófoba en Murcia y que, en todo caso, no se les permitiera concentrarse en el Jardín de Fofó, por tratarse de una zona residencial frecuentada por familias con niños pequeños.
“Ante la falta de explicaciones precisas tendremos esta reunión para que nos aclare lo ocurrido porque no es de recibo que se produzca este tipo de hechos, sobre los que Sánchez Solís estaba advertido”, ha apuntado la edil Paqui Pérez, quien ha manifestado que “desde Ciudadanos condenamos cualquier tipo de agresión que vulnere el derecho de las personas a manifestarse en libertad y con seguridad”.
“Estos sucesos violentos deberían haberse evitado y el Delegado de Gobierno tendrá que darnos explicaciones”, ha asegurado la edil de Ciudadanos, quien para finalizar ha añadido que “aprovecharemos esta reunión para abordar también la problemática de los grupos extremistas que han convertido Murcia en escenario de luchas durante los últimos tiempos”.

Los estibadores admiten que la huelga apenas repercute en el tráfico portuario de Cartagena

CARTAGENA.- Las operaciones de carga y descarga en el puerto de Cartagena apenas sufrieron el paro convocado ayer a nivel nacional por los sindicatos de estibadores, ya que la mayoría del trabajo los hacen empresas de trabajo temporal.

El representante del sector, Damián Reyes, subrayó que solo tres de los 17 estibadores pueden secundar la huelga y lo hicieron ayer. Del resto, 7 se ocuparon de los servicios mínimos, uno libraba, tres estaban liberados y otros tres están de baja prolongada. 

«La huelga en Cartagena no existe, es totalmente nula», lamentó Reyes, ya que el paro de esos tres trabajadores no dificulta las tareas del resto, que no pueden parar porque no se rigen por el mismo régimen laboral.

Además, recordó la situación que vive el puerto de Cartagena, el único de España que, según él, «está fuera de la ley» y no se ha adaptado a la ley de puertos de 2010. Aplicarla habría supuesto la privatización de la Sociedad Estatal de Estiba (Sesticarsa) y su transformación en una Sagep (Sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios). 

Asimismo, pese al creciente volumen de mercancías, la plantilla ha caído drásticamente de 170 empleados, en los años 80, a unos 50, en 2006, y a 17, ahora.

En Cartagena, la estiba corre a cargo de empresas de trabajo temporal con personal «sin formación» ni cualificación para desarrollar esas tareas y que queda al margen de la huelga, según Reyes, que resaltó también que Sesticarsa ha promovido más de 200 denuncias sobre incumplimientos en prevención de riesgos laborales e irregularidades en los horarios y los turnos.

Se confirma el archivo de la causa por la presunta prevaricación de varios concejales de Archena

MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado el auto dictado por un Juzgado de Instrucción de Molina de Segura que acordó el archivo de las diligencias abiertas por un presunto delito de prevaricación contra varios concejales del ayuntamiento de Archena por la concesión de licencia urbanística para la construcción de un edificio de 26 viviendas.

La resolución, coincide con lo alegado por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, defensor de uno de los investigados, el exedil de Archena Brígido Palazón, que siempre ha mantenido que los hechos denunciados no constituían ilícito penal alguno.

Afirma el auto de la Audiencia que este recurso de apelación planteado contra la resolución del Juzgado de Molina de Segura fue presentado por María Dolores Cano, adhiriéndose al mismo Miguel Banegas.

Recuerda el tribunal que las actuaciones fueron iniciadas en abril de 2006, a raíz de la denuncia que entonces presentó en la fiscalía de Murcia Antonio Martínez, en la que se relataba que la concesión de la licencia era ilegal por haber sido expedida pese a que existía un informe técnico negativo.

Al rechazar el recurso, la sala dice que no se ha acreditado el carácter presuntamente prevaricador de la resolución y que solo cabría atribuir a los denunciados una falta de diligencia a la hora de considerar como calle pública una zona privada.

En cuanto al delito de falsedad, que también se les atribuía, la sala dice que el mismo, de existir, habría prescrito, al haber transcurrido más de diez años desde su presunta comisión.

Murcia, segunda región española donde más han crecido los EREs entre enero y abril de 2017

MURCIA.- El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (EREs) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas ha subido un 45,5 por ciento entre enero y abril de este año en la Región de Murcia en términos interanuales, con 144 afectados.

Con ello, la Región de Murcia se sitúa como la segunda comunidad con el mayor aumento acumulado en los cuatro primeros meses del año en dicho indicador, sólo inferior al de Canarias (+56,2%, hasta 867 afectados), según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En concreto, por comunidades autónomas, las que han registrado un mayor número de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo hasta abril han sido Madrid, con 3.808 trabajadores implicados (-0,6%); Cataluña, con 2.207 (-28,3%); Comunidad Valenciana, con 1.927 (-4,5%), y Andalucía, con 1.860 (-36%).

En total, los trabajadores afectados por regulaciones de empleo han bajado en 15 comunidades más Ceuta y Melilla y subieron en Canarias (+56,2%, hasta 867 afectados) y Murcia (+45,5%, hasta 144 afectados).

A su vez, los mayores descensos interanuales en el periodo enero-abril se han dado en Aragón (-90,9%), Extremadura (-74,3%), La Rioja (-72,7%), Ceuta y Melilla (-67,3%) y Galicia (-66%).

López Miras defiende los trasvases frente a las desaladoras como recurso principal

MURCIA.- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, insistió este martes en defender los trasvases y hablar de desaladoras como recurso complementario, llamando a las comunidades autónomas a sentarse y dialogar un futuro acuerdo nacional del agua.

Luego manifestó que lo "sensato y razonable" es la "solidaridad" de todos los españoles y que "si en algunos territorios sobra agua, se articulen mecanismos para que llegue a aquellos donde falta".

"No decimos de quitar nada a nadie, no queremos que en ningún sitio de España dejen de regar ni dejen de utilizar agua para que lo usen los murcianos", almerienses o alicantinos, señaló.

Así insistió en que "lo que reivindicamos y apelamos es a la solidaridad de los españoles para que el agua que sobra se lleve a donde falta" y para ello "habrá que sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo y pacto nacional del agua en el que se hable de desaladoras, como un recurso siempre complementario, de la cesión de derechos, de un banco nacional de agua, y de trasvases".

López Miras se pronunció así al ser preguntado por las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien sugirió este lunes reuniones con los presidentes de Murcia y Comunidad Valenciana para llegar a un "acuerdo sensato" que sirva para "dárselo hecho a Madrid", que recoja la posibilidad de utilizar desaladoras y que sea el agua trasvasada la que se utilice "de forma excepcional".

Según el presidente de Murcia, "los trasvases son esas infraestructuras que van a articular la solidaridad de todos los españoles" pues el agua "es un recurso escaso en algunos territorios pero en otros no", por lo que ha llamado a "articular ese principio de solidaridad".

Tras esto, consideró "positivas" las reuniones con los presidentes de Castilla La-Mancha y Comunidad Valenciana, pero, a su juicio, también debería ser con el resto de comunidades "para hablar de un futuro acuerdo nacional del agua, de las desaladoras, de la cesión de derechos y los trasvases" a fin de "llevar el agua de donde sobra a donde falte".

 La economía regional crecerá un 2,8% este año

López Miras también anunció este martes que la economía regional crecerá un 2,8 por ciento para el año 2017, por encima de la media nacional, en base a los resultados del primer trimestre del año.

Se trata, detalló, "de una revisión al alza que han realizado los Servicios de Estudios Económicos de la Comunidad Autónoma".

En los Presupuestos de 2017 "teníamos una previsión de crecimiento del 2,5 por ciento", recordó, "pero en función de los resultados del primer trimestre los servicios de la Comunidad han revisado al alza en tres décimas, situando la previsión de crecimiento económico de la Región en un 2,8 por ciento".

Según declaró el presidente, la Región empieza a ser ese espacio de libertad económica que el Gobierno murciano se propuso, "se empiezan a ver los resultados en la bajada de impuestos o en la simplificación administrativa".

El TSJ desestima el recurso de 'Adade' en la pieza separada del 'caso Púnica'

MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia desestimó el recurso de súplica interpuesto por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) contra un auto que rechazaba extender la competencia de la pieza separada del caso Púnica a otras personas distintas del aforado Sánchez e investigadas por la Audiencia Nacional.

El tribunal murciano circunscribió su competencia en la rama del caso Púnica en la Región al expresidente Pedro Antonio Sánchez y al miembro de su gabinete David Conesa, y permitió personarse a un exedil del PSOE Antonio López López, siempre que "actúe en el presente procedimiento bajo la dirección y representación de Adade -primera personada-, en los mismo términos en que ya lo viene haciendo el Partido Socialista Obrero Español".

Además el tribunal impidió que se persone el Ayuntamiento de Cartagena al entender que carece de legitimación pues, la presunta intervención de Pilar Barreiro en los contactos mantenidos por personas vinculadas a Educación con otras personas no incluidas en este procedimiento, así como su presunta inclusión "entre los potenciales beneficiarios de los trabajos reputacionales que serían supuestamente cargados al presupuesto de la Consejería" son circunstancias que no permiten individualizar un concreto perjuicio para el Ayuntamiento, necesario para mantenerse como acusación particular en este procedimiento.

Adade alegó el peligro de dictado de resoluciones contradictorias, la pérdida de la visión de conjunto y el perjuicio que provocaría a las acusaciones en la defensa de sus intereses.

La Sala, tras recordar que se trata de aspectos que fueron objeto de expresa consideración por la resolución recurrida, advierte de que éstos han de sopesarse con idéntico cuidado con los otros derechos e intereses en conflicto.

"Se trata de una ponderación entre principios de rango constitucional que, por tanto, debe hacerse con suma prudencia y desde la evidencia de que no resulta diáfano ni sencillo alcanzar un criterio que resulte indiscutible y no presente fisuras", explicó el auto.

En el auto recurrido de mayo pasado, los magistrados concluyeron que los bienes jurídicos que se resentían si se separaba la continencia de la causa en la forma reclamada por la recurrente eran mayores.

"Fundamentalmente porque la recurrente pone su acento en los efectos que la decisión adoptada produce en su posición de acusador, pero orilla el aspecto fundamental de la cuestión, cual es que la decisión de extender la competencia de la sala al resto de no aforados comprometería de forma muy relevante el derecho de estos últimos a su juez natural", añadió.

La Sala estimó en mayo que las actuaciones de la Consejería de Educación que dirigía Sánchez y las que hubieran podido llevarse a cabo en la de Industria, en los Ayuntamientos de Cartagena y de Molina de Segura, "son escindibles sin que se lesione derecho alguno y sin que exista riesgo de decisiones judiciales contradictorias ni afectación de la continencia de la causa por el hecho de que una y otras sean objeto de procedimientos distintos".