MADRID.- La guerra del taxi y el compromiso del Ministerio de Fomento de
articular un plan encaminado a "hacer efectivo el ratio 1/30" en las
ciudades no impedirá que una nueva oleada de licencias VTC llegue a las
principales capitales españolas en los próximos meses, según recoge elEconomista.
A falta de
conocerse los datos de Andalucía, donde a principios de julio operaban
1.478 vehículos VTC por 8.924 taxis, las autonomías que más han visto
proliferar los servicios de Uber y Cabify en los últimos meses (Madrid,
Cataluña, Valencia y Baleares) tendrán que entregar en menos de un año
más de 6.300 licencias nuevas, lo que puede llevar a reducir el ratio
VTC/taxi a nivel nacional del 1/7 actual al 1/4,1, ya que la flota de
los vehículos que operan a través de las plataformas se elevaría por
encima de las 16.800 unidades frente a las 9.366 registradas en julio.
La inminente llegada de estas miles de licencias vía sentencia
judicial ha puesto en alerta al gremio del taxi y a las propias
Comunidades Autónomas, que se han comprometido a trabajar con Fomento
para buscar las "fórmulas adecuadas" que les permitan "recuperar el
equilibrio" entre el servicio público del taxi, que tiene tarifas
controladas, y el de las VTC, que está totalmente liberalizado. La vía
elegida para solucionar el conflicto difiere de una autonomía a otra.
Por ejemplo, Cataluña quiere hacerse con todas las competencias para
regular el sector siempre y cuando les den fondos para afrontar las
posibles reclamaciones, mientras que Madrid y Galicia abogan por que la
solución venga desde el Estado.
De todas formas, el conflicto de las VTC y el taxi va por barrios,
por lo que no todas las CCAA tienen la misma necesidad de regular la
actividad. Así, mientras en Madrid y Cataluña se concentra más del 60%
de las licencias que hay en España, en Canarias, Extremadura, País Vasco
y Castilla la Mancha el ratio del 1/30 casi se cumple.
En esta línea, solo en Barcelona, donde prendió la mecha del conflicto
el viernes pasado a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia catalán
suspendiera cautelarmente el reglamento antiUber de la alcaldesa Ada
Colau, están pendientes de salir 1.800 tarjetas de transporte nuevas, lo
que más que duplicaría la flota actual.
Según explican desde la
Conselleria de Territori de Cataluña, actualmente hay en vigor 2.000
licencias de Uber y Cabify en toda la Comunidad y la Justicia ya les ha
obligado a dar otras 2.000, que se irán expidiendo en los próximos
meses, elevando el número de este tipo de títulos hasta los 4.000 en
todo el territorio. La mayoría se concentrará en Barcelona.
En este
punto, solo en el último mes la Generalitat ha dado vía sentencia
judicial 543 licencias VTC más, pasando de las 1.457 con las que empezó
julio a las 2.000 actuales, informan fuentes oficiales de la
Conselleria.
Así, con la tregua entre el taxi y Fomento recién firmada (los
vehículos dejaron el jueves de bloquear las calles de la Ciudad Condal
por primera vez en cinco días), Cataluña está a punto de hacer público
que el ratio en su comunidad autónoma se ha reducido a 1/6 en 30 días y
en los próximos meses caerá hasta el 1/3. Los datos no incluyen todas
las licencias solicitadas hasta noviembre de 2015 y que están pendientes
de sentencia judicial.
En la Comunidad de Madrid la historia se repite. Según explican
fuentes de la Consejería de Transporte actualmente hay 4.800 licencias
de VTC operativas, lo que implica que en menos de un mes el número de
vehículos de Uber y Cabify ha crecido un 11,4% (492 títulos más). Pero,
de aquí a seis meses o un año, la flota de este tipo de coches se
disparará hasta las 7.500, informan desde el gobierno regional.
Así, la
Justicia ordenará a Madrid dar unas 2.400 licencias más, llevando a que
en la capital haya casi una VTC por cada dos taxis.
Este panorama ha llevado a asociaciones como Fedetaxi a solicitar a
la Comunidad que preside Ángel Garrido una serie de medidas para
potenciar la competitividad del sector. En este punto, se trabajó en un
reglamento que les permitiera establecer tarifas fijas, ofrecer precios
cerrados antes de empezar el viaje, como hacen las plataformas
digitales, o prestar el servicio de taxi compartido.
Por su parte, a
finales del año pasado el Ayuntamiento de Madrid aprobó fijar una
segunda licencia de carácter urbano para limitar el actividad de los
coches VTC en el área metropolitana. Aunque la propuesta fue aprobada
por el Pleno, la alcaldesa Manuela Carmena solicitó a Fomento las
competencias para crearla y se las negaron.
La Generalitat de Valencia también está trabajando en una nueva
legislación que le permita imponer una segunda licencia para frenar la
oleada de vehículos VTC que se avecina. La autonomía actualmente tiene
244 tarjetas de transporte otorgadas y a finales de julio la Justicia
desbloqueó la entregas de otras 200.
En este punto calculan que llegarán
a tener una flota de 875 VTC, reduciendo el ratio del 1/19 actual al
1/5. Durante la tramitación del proyecto de ley, la Generalitat pidió un
informe a sus servicios jurídicos para ver si podía seguir adelante y
estos les dijeron que no tiene competencias para legislar sobre estos
títulos de transporte y que no se puede poner restricciones a su
actividad sin vulnerar sus derechos.
Las Islas Baleares, uno de los principales destinos turísticos de
España, también es un foco muy interesante para que el servicio de Uber y
Cabify crezca. Aunque es una de las CCAA que más lentamente está dando
salida a las nuevas licencias de VTC que la Justicia le obliga a
expedir, desde la Consejería de Transporte aseguran que tienen que dar
900 (actualmente hay vigentes 213) y calculan que habrá otras 1.000
pendientes de resolución judicial. En Asturias y Navarra los jueces han
desbloqueado 70 y 37 licencias en las últimas semanas.
Pese
a que Fomento se ha comprometido a "tender a que se recupere el ratio
1/30", establecer una segunda licencia para limitar la actividad de las
VTC en las ciudades supone un callejón legal sin salida y traerá consigo
cientos de denuncias.
Un informe legal elaborado por el catedrático
Santiago Muñoz Machado a instancia de la patronal de las VTC, Unauto,
señala que la imposición de una doble licencia a los títulos que ya
estén en vigor puede chocar frontalmente contra la Directiva de
Servicios de 20060, la Ley 17/2009 que la incorpora al ordenamiento
español, y la Ley de garantía de la unidad de mercado de 2013.
Además,
explica que "un eventual sometimiento de los operadores con licencia a
nuevas autorizaciones que restrinjan las facultades que tienen
concedidas supone una limitación de sus derechos que debe ser
necesariamente compensada económicamente".
