martes, 23 de enero de 2018

El AVE Valencia-Castellón: más caro y más lento que un 'Euromed'

CASTELLÓN.- Castellón contará desde este martes, 23 de enero, con cuatro conexiones diarias de alta velocidad con Madrid, dos por sentido. Este trayecto del AVE ha tardado en madurar once años y acorta en 37 minutos la distancia entre Madrid y la capital castellonense.

El estreno del tramo pendiente, el que une Valencia con la capital de La Plana, llega con un baile de cifras en cuanto al ahorro real de tiempo en el trayecto e interrogantes sobre la relación calidad-precio respecto a trenes de velocidad alta ya existentes como el Alvia o el Euromed
Este último recorre los 74 kilómetros entre Castellón y Valencia 11 minutos más rápido que el AVE. Y cuesta hasta tres veces menos. Castellón da la bienvenida a un AVE, el primero, más lento y más caro de lo deseado, según publica hoy El País.
El primer comunicado de Fomento con fecha cerrada para la llegada de la alta velocidad a la provincia hablaba de un trayecto completo Madrid-Castellón de dos horas y 25 minutos. Sin embargo, tanto en el anuncio promocional de la página web de Renfe, como en el discurso dado por Rajoy en la estación de tren de Castellón, el viaje de ida —o de vuelta— suma ya siete minutos extra sobre los baremos iniciales y se sitúa en las dos horas y 32 minutos, acortando en 37 minutos el viaje “en relación con el mejor tiempo actual” de un no AVE: dos horas y 59 minutos.
La duración del trayecto en AVE no es la misma según la franja horaria. El primero de la mañana (con salida de Atocha a las 9.40) sí llega a Castellón dos horas y 32 minutos después. Pero el último del día (19.40) prevé una duración de 2 horas y 48 minutos. 
Así, el recorte de distancias respecto a los actuales trenes de velocidad alta como el Alvia sería, según los datos de Renfe, de poco más de 20 minutos. 
En el sistema de compra online de la compañía el trayecto Madrid-Castellón en este último tren es de 3 horas y 10 minutos.
El freno del AVE Madrid-Castellón se dará precisamente en el tramo recién inaugurado que une la capital de La Plana con Valencia. La plataforma reservada para la alta velocidad no llegará hasta 2022, y de momento los trenes AVE circularán compartiendo vía con mercancías y cercanías de la mano de la fórmula del tercer carril. 
La principal consecuencia: que ésta impide a los AVE circular como tales, a un máximo de 350 kilómetros por hora. Se quedan en los 160 kilómetros por hora. Y aquí vienen las comparativas con los trenes de velocidad alta que ya cubren el citado tramo. 
Como el Euromed, que conecta las dos ciudades valencianas en 39 minutos, mientras el primer AVE del día tarda 42 minutos y el segundo 50 minutos en recorrer estos 74 kilómetros.
Sin embargo, el coste del billete del Euromed en clase turista —con ocho servicios diarios por sentido— y tarifa promocional para un día entre semana del próximo febrero oscila entre los 5,90 euros y los 13,70 euros. El AVE: 15,35 euros y 19,90 euros, respectivamente.
Renfe ha lanzado una campaña promocional con motivo de la puesta en marcha del servicio. Desde el 17 de enero y hasta las fiestas fundacionales de Castellón, la Magdalena, hay una promoción especial que permite viajar por 25 euros (20 euros para el tramo Cuenca-Castellón). Oferta que se aplica al nuevo Intercity
De momento, en cinco días se han vendido ya 4.700 billetes, según ha indicado hoy Mariano Rajoy.
Promociones al margen, el precio del billete para un AVE base entre la madrileña estación de Atocha y Castellón para una jornada laborable cuesta en clase turista 80,70 euros ida y vuelta. Un 25% más caro que el Alvia, con un recorrido de 3 horas y 10 minutos, y un precio de billete de 59,20 euros. 
Renfe, no obstante, anuncia también para estos casos “significativos descuentos” en una serie de billetes “de entre el 30% y el 70%”.

Los empleados públicos de CLM quieren trabajar menos horas y ofrecen alternativas

TOLEDO.- El sindicato CSIF ha asegurado que tanto el Gobierno de España como el de Castilla-La Mancha "evitan el diálogo" sobre la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en los empleados públicos de la región y se ha quejado de que "este derecho de los empleados públicos está siendo utilizado con fines partidistas", según www.eldigitalcastillalamancha.es.

CSIF ha recordado en nota de prensa que la Administración central ejecutó en 2012 esta medida para contener el déficit y ha recurrido los posteriores intentos autonómicos de volver a instaurar la jornada de 35 horas semanales. 
Por este motivo, CSIF Castilla-La Mancha remitió una carta a María Dolores Cospedal, en calidad de presidenta del PP de la región y como miembro del Consejo de Ministros del Gobierno de España, para que "actúe en defensa de la Función Pública y devuelva un derecho sustraído que sigue vigente a pesar de las voces críticas surgidas incluso dentro de su propio partido, como la de la Junta de Castilla y León que preside Juan Vicente Herrera".
Asimismo, CSIF volvió a dirigirse al presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, instándole a "abrir el diálogo con los sindicatos para recuperar la jornada de 35 horas tal y como ha sucedido en Extremadura y Andalucía".
En este sentido, el sindicato ha valorado que el Gobierno regional plantease esta medida, que finalmente fue derogada por el Tribunal Constitucional en septiembre de 2016, pero ha lamentado que "los ejemplos de otras comunidades autónomas que han planteado medidas alternativas para ejercer 2,5 horas semanales y completar así la jornada de 37,5 horas no han sido tenidas en cuenta".
"CSIF ha ofrecido diálogo al PP y al PSOE para explicar las posibilidades que existen, para ofrecer puentes en la mejora de los servicios públicos, pero ninguno de los dos grupos políticos han tenido en cuenta las soluciones plasmadas por el sindicato", ha continuado.
Además, ha criticado que la presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regional, Ana Guarinos, ha respondido "sin hacer referencia a la responsabilidad que tiene el Gobierno central en esta medida, ya que la instauración de la jornada de 35 horas debe partir desde el Ejecutivo nacional para evitar diferencias entre las comunidades autónomas".
Del mismo modo, ha apuntado que que el PSOE "no ha contestado" al sindicato "aunque el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha manifestado públicamente que el Gobierno regional no aplicará subterfugios, en relación a Andalucía, y dirige su mirada hacia el Gobierno central sin llevar a cabo autocrítica y obviando las posibilidades existentes".
Así, CSIF ha reprochado que los empleados públicos sean utilizados "con fines partidistas" y que su defensa "dependa únicamente del grupo que se encuentre en la oposición".

El Portal de la Transparencia no publicará todos los datos personales de los funcionarios murcianos

MURCIA.- El Portal de la Transparencia de la Región de Murcia no va a publicar todos los datos personales de los funcionarios, según ha confirmado Enrique Ujaldón, secretario general de la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz de la Región al sindicato de enseñanza ANPE.

En relación a las plantillas, Ujaldón ha indicado que sólo se publicarán retribuciones brutas anuales de los puestos de trabajo y como mínima identificación del ocupante las siglas del primer nombre y el primer apellido, "asegurándonos que en ningún caso se publicara el DNI, ni nombre ni apellidos completos de todo el personal", comenta el presidente del sindicato, Clemente Hernández.
ANPE ha mantenido la reunión con Ujaldón para analizar la próxima publicación de las plantillas así como las retribuciones de los funcionarios docentes; sobre la cual el sindicato interpuso el pasado 20 de diciembre alegaciones en defensa del derecho a la intimidad y a la protección de datos de los empleados públicos.
En lo que respeta a retribuciones, será reflejada una misma cantidad, que está referida a todos los que ocupen puestos similares, no incluyendo retribuciones de tipo personal como trienios o sexenios.
Los casos en los que sí se publicarán tanto el nombre y apellidos como el DNI, serán los puestos de trabajo de libre designación, o bien la de aquellos afectados por compatibilidades para ejercer una segunda actividad; además de las ya publicadas en relación con los altos cargos del gobierno y el personal eventual.
En los casos de delegados sindicales, representantes electos en Juntas de Personal o Comités de Empresa, se publicará la relación de todos los miembros del órgano de representación, con nombres y apellidos completos.
ANPE ha planteado las necesarias garantías para los casos excepcionales de violencia de género "que, desde luego, no deben figurar en ningún tipo de listado". En ese sentido, el secretario general confirma la garantía del proceso de audiencia, para que las víctimas afectadas soliciten y obtengan la exclusión de sus datos en la citada publicación, añade el sindicato.
"Ante la incertidumbre creada en el colectivo de docentes, así como en todos los empleados públicos por la difusión de estos datos, y tras la reunión celebrada, el sindicato ANPE valora positivamente las medidas de ponderación que el Gobierno regional ha adoptado para conciliar la Ley de Transparencia Regional con la protección de datos de carácter personal de todos los empleados públicos de la Región de Murcia", destaca Hernández.

El murciano Francisco Pérez de los Cobos, candidato favorito del Gobierno suspende con un cero el 'examen' para el TEDH


MADRID.- El candidato favorito del Gobierno para convertirse en magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recibió cero de los diez votos que había en juego de la Comisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) que 'examina' a los aspirantes al puesto. 

El murciano de Yecla, Francisco Pérez de los Cobos, expresidente del Tribunal Constitucional, acudió el pasado 12 de enero a París para una entrevista oral con los diez componentes de la APCE y, según Confilegal, recibió la peor valoración de los aspirantes españoles presentados por el Ejecutivo por no tener el nivel de inglés y francés requerido.
Tal y como informa el citado diario, al ser preguntado en inglés por los miembros de la comisión, Pérez de los Cobos respondió: "¿Pueden preguntarme en español?". 
El expresidente del TC se vio "sorprendido" ya que se esperaba que la entrevista fuera en castellano. 
En la información que el magistrado aportó al Consejo de Europa aparece un cuadro en el que detalla su nivel de idiomas: "good" en inglés leído, escrito y hablado; y "very good" para francés, tanto en lectura, escritura y hablado.
En la declaración enviada a la Comisión, Pérez de los Cobos asegura que su nivel de inglés cumplía "con los estándares requeridos”, aunque reconocía, según Confilegal, que necesitaba recibir "clases intensivas para desempeñar" sus tareas como juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Tras las entrevistas, la APCE recomendó como representante español en el TEDH "por una gran mayoría" y por ser "el más cualificado" a otro de los candidatos presentados por el Gobierno: el director de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Martín y Pérez de Nanclares, que recibió siete votos.  
La otra aspirante del Ejecutivo, María Elósegui, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, consiguió tres votos.
El pleno de la APCE votará este martes al nuevo juez que representará a España en el Tribunal de Estrasburgo. Si el ganador no obtiene mayoría absoluta, el miércoles habrá una segunda vuelta. 
El nuevo juez sustituirá a Luis López Guerra, en ejercicio desde febrero de 2008, cuyo mandato expiró hace un año.

El coronel murciano de la Guardia Civil que puede acabar con Trapero lo contará todo


MADRID.- Tanto la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, como su compañero en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se disponen esta semana a dar un empujón a sus investigaciones sobre el procés, según www.esdiario.com.

Así, Lamela ha citado este lunes como testigo para el próximo 14 de febrero al coronel de la Guardia Civil y murciano de Yecla, Diego Pérez de los Cobos, y ha ordenado una serie de diligencias para averiguar "quién ordenó y cómo se gestó la actuación de vigilancia a políticos relacionados con la preparación del referéndum que tuvo lugar el pasado 1 de octubre de 2017".
En un auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 acepta la práctica de una serie de diligencias en este procedimiento en el que investiga por rebelión, sedición y malversación al exmayor Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana.
Entre las diligencias que se acuerdan se encuentra librar oficio a los Mossos d'Esquadra a fin de que remita el Plan Operativo, denominado dispositivo AGORA, el Acta de creación de la Comisión TIC para la seguridad y protección de los miembros del gobierno, autoridades de otras instituciones y otras personalidades.
Además, Lamela reclama un informe acerca de si la comisión TIC recibió, en septiembre y octubre de 2017, encargo de aplicar las medidas de seguridad antes mencionadas a determinadas personas, con indicación del nombre y cargo de las mismas, de cuáles fueron incluidas en el dispositivo AGORA y cuáles no.
La juez también solicita a la Fiscalía Superior de Cataluña y Fiscalías Provinciales de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona que remitan copia de todos los informes y escritos presentados por los Mosssos en cumplimiento de las distintas instrucciones dictadas relacionadas con el referéndum suspendido.
Solicita también la magistrada a la División de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía un informe sobre la existencia de Información Reservada a los efectos de investigar actuaciones concretas e individuales de algunos miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, fecha de incoación, incorporación de vídeos a la misma, diligencias de investigación practicadas y estado de tramitación de la misma, información que debe ser completada, dice el auto, en relación al número de expedientes finalmente abiertos y resoluciones que hayan, en su caso, recaído.
Igualmente requiere a la Prefectura de la Policía a fin de que aporte copia de la instrucción 16/2013, de 5 de septiembre, sobre la utilización de armas e instrumentos de uso policial, así como la instrucción 11/2014, de 30 de abril, de modificación de la anterior.

La dejadez de Defensa por reinsertar a sus soldados


MADRID.- Los primeros soldados y marineros que han salido del Ejército por llegar a la edad límite establecida en 2006 lo hacen sin titulación ni certificación de su experiencia. En 2022, cuando empezará a salir el grueso de ellos, ya habrá 10.000 en esta situación. El Ministerio asegura que trabaja en la solución pero los militares denuncian que a muchos les llegará muy tarde, según denuncia Público.

Apenas hay tiempo de reacción. Al Estado se le avecina un grave problema que, si no se soluciona de forma inmediata, creará una bolsa de decenas de miles ciudadanos en paro, de muy difícil empleabilidad y que deberán sobrevivir de por vida con una pensión no contributiva de 600 euros.
Se trata de los militares de tropa y marinería, que según una ley que entró en vigor en 2006, deben abandonar el Ejército al cumplir los 45 años sea cual sea su condición física o preparación técnica. 
La ley les prometía, en su artículo 21, que durante su servicio recibirían "los medios necesarios de orientación, impulso y apoyo para su plena incorporación al mundo laboral, al término de su compromiso con las Fuerzas Armadas". El Estado se comprometía a darles formación y llegar a acuerdos con "instituciones públicas y entidades privadas" para su reincorporación al mundo laboral.
Nada de eso se ha hecho y las consecuencias ya se aprecian sobre los primeros militares afectados por la ley de 2006: de los 479 que han salido del Ejército por cumplir los 45 años, solo uno ha renunciado a su pensión al haber encontrado empleo en el sector público, según los datos que el Ministerio de Defensa ha proporcionado a este medio a través del Portal de Transparencia. Sobre los que han podido encontrar trabajo en empresas privadas o autoemplearse no se conocen cifras, ya que no deben renunciar a la pensión y Defensa no está haciendo un seguimiento de su situación.
Se prevé que en 2018 otros 800 soldados y marineros queden en situación de reservista de especial disponibilidad, la figura que se ha creado para definir a los despedidos a los 45. En 2022 se calcula que ya habrá unos 10.000 en esta situación, pero entonces llegará lo peor: por edad, a partir de esa fecha saldrán del Ejército varios miles de militares cada año. En total hay unos 65.000 miembros de la escala de tropa y marinería.
La ministra de Defensa María Dolores de Cospedal acaba de anunciar, este mes, que su departamento prepara un "plan integral" para dar respuesta al problema. Las asociaciones militares, la única figura disponible para que estos profesionales defiendan sus derechos laborales colectivamente (tienen prohibido sindicarse) se preguntan por qué se ha esperado a ver soldados y marineros en la calle con 45 años y sin titulación para buscar una solución. Hace más de un año que en los medios de comunicación, entre ellos Público, se avisa de la situación.
"Esto a muchos de compañeros ya les llega tarde", lamenta Juan Carlos Tamame, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME)."Esta problemática se tiene que combatir desde el principio, desde que entran en las Fuerzas Armadas, para que cuando salgan del campamento de formación inicial, ya lo hagan con una titulación de grado medio en la especialidad que se les vaya a dar", propone.
Actualmente, estos militares ni siquiera reciben una certificación de experiencia por el trabajo que han realizado en las Fuerzas Armadas. Profesionales que han pasado años, incluso décadas, trabajando en los talleres del cuerpo, no cuentan con ningún documento oficial que les acredite como mecánicos. Tampoco los que han trabajado en las oficinas, como administrativos. Ni siquiera aquellos que han hecho miles de horas de guardia en misiones internacionales por todo el mundo reciben acreditación de vigilantes jurado.
Que los soldados y marineros reciban este tipo de certificación es una de las peticiones de sus asociaciones. "Defensa no ha tenido la voluntad de crear un sistema para que los cursos que hacen estos militares durante el servicio se conviertan en titulación reconocida. Sin ella es muy difícil que se puedan reinsertar", explica Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). "A corto plazo no se va a poder solucionar mucho. La gente que se está colocando es porque se ha titulado por su cuenta o porque ya entraron al Ejército con esos títulos", revela. 
El Ministerio reconoce el problema, pero destaca que estos profesionales ya sabían lo que les esperaba cuando firmaron sus contratos. "Se les da muchas oportunidades para que hagan los cursos de oficiales", asegura un portavoz. No obstante, dichas plazas son muy limitadas. En 2017 solo se han abierto 191 puestos de oficial para los 65.000 soldados y marineros con contrato temporal. El departamento de Cospedal también refiere la subcomisión creada en el Congreso para estudiar la problemática (creada a petición de la diputada del PSOE Zaida Cantera) y asegura que ya se trabaja en el borrador del plan integral anunciando por Cospedal, que se quiere aprobar en el primer semestre de 2018.  
En la subcomisión del Congreso que estudia la situación de la tropa y marinería se ha expuesto que el Ministerio de Defensa se ha despreocupado por la formación de la tropa, que ha quedado en manos de los ejércitos, cada uno de los cuales (Tierra, Aire y Armada) imparte cursos diferentes pensando únicamente en la necesidad del servicio y no en el futuro de los profesionales. Mientras, en el caso de las escalas de oficiales y suboficiales, el Ministerio y la cúpula militar central se han preocupado de que la formación militar que reciben sea homologable a la civil.
Así, los oficiales reciben una formación de cinco años en la academia militar por la que reciben el título de grado universitario, gracias a los convenios que Defensa ha firmado con varias universidades. En el caso de los suboficiales, sus tres años de enseñanza militar les valen un título de formación profesional de grado superior. En el caso de la tropa y marinería, la nada. Reciben dos meses de enseñanza militar general, tras los cuales se especializan en la tarea que desempeñarán en las Fuerzas Armadas con cursos de tres a cinco meses.
Los altos mandos de personal de las Fuerzas Armadas han asegurado en la subcomisión que la formación que recibe la tropa y marinería ya se ha homologado a los planes de estudio de la formación profesional de grado medio. Sin embargo, al no haber un acuerdo con Educación, los soldados y marineros deben presentarse a exámenes oficiales por su cuenta si quieren obtener el título.

Jornada de puertas abiertas del submarino "Tramontana" en el Puerto de Alicante


ALICANTE.- El submarino "Tramontana", una de las joyas de la Armada Española, atracará mañana miércoles 24 de enero en el muelle número 12 del Puerto de Alicante tras realizar unos ejercicios de adiestramiento con unidades aliadas. Durante su estancia en puerto podrá ser visitado conforme el siguiente horario. Miércoles 24, de 12.00 a 14.00 horas, y de 16.00 a 18.00 horas y el jueves 25 de 10.00 a 12.00 horas. 

El "Tramontana" es el cuarto submarino de la clase "Galerna", construido en Cartagena por la Empresa Nacional Bazán (actual Navantia) y entregado a la Armada el 30 de diciembre de 1985.
Durante el pasado año el "Tramontana" finalizó su cuarta gran carena y realizó un total de 121 días de mar, destacando su participación en la Parada Naval dentro de los actos conmemorativos del 300 aniversario de la creación de la Real Compañía de Guardiasmarinas, en Marín (Pontevedra).
Reseñar el despliegue en aguas del Mediterráneo entre los meses agosto y octubre, realizando labores de vigilancia marítima para la prevención y lucha contra el terrorismo, y monitorizar posibles rutas de tráfico de armas en el marco de la operación de la OTAN "Sea Guardian", a la vez que apoyaba a la misión de la Unión Europea EUNAVFORMED SOPHIA de lucha contra el tráfico de seres humanos desde las costas de Libia.

Arabia cambia las reglas del juego del contrato para construir las corbetas

CÁDIZ.- El Gobierno saudí ha cambiado algunos aspectos del acuerdo suscrito con España a través de Navantia para construir en el astillero de San Fernando cinco corbetas del modelo Avante 2200, similares a los cuatro patrulleros que se vendieron a Venezuela durante el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, según La Voz de Cádiz.

El pacto inicial al que llegaron las partes hace ahora dos años y refrendado por el Rey Felipe VI durante su visita a Riad el 15 de enero de 2017 incluía, entre otros asuntos, la construcción y equipamiento en España de los cinco buques, la construcción por parte de empresas españolas de la base naval donde tendrán su sede militar estos barcos en la costa de Arabia, el adiestramiento de las distintas tripulaciones y la asignación a Navantia del mantenimiento de los barcos o ciclo de vida.
Estas han sido, en líneas generales, las principales cláusulas del contrato naval entre España y Arabia por valor de 2.000 millones de euros. Navantia ha insistido desde el primer momento que el acuerdo estaba atado y bien atado a falta solo de que el Rey de Arabia, Salmán bin Abdulaziz, rubricara el expediente.
Sin embargo, esta firma se ha ido demorando con el paso del tiempo hasta llegar a una situación que ha obligado a la compañía española a aceptar una serie de condiciones impuestas a posteriori por el Gobierno saudí. La Voz de Cádiz ha podido saber que se llevó a cabo tras el viaje del monarca español a Arabia una negociación paralela donde se ha incluido el final de la obra del AVE a la Meca y el contrato de las corbetas.

Presión por el AVE

Las dificultades que ha generado la obra del tren de alta velocidad por el desierto han servido a las autoridades saudíes para meter presión sobre el contrato militar y, al mismo tiempo, imponer algunas contraprestaciones en favor de sus intereses.
La obra del AVE del desierto ha sorteado multitud de inconvenientes desde que se adjudicó a un consorcio de constructoras españolas en 2011. No obstante, los problemas se han resuelto y el tren ya realizó entre julio y diciembre pasado con éxito las pruebas previas a su inauguración oficial, que se prevé para el próximo marzo.

Cabe destacar que en paralelo, el Gobierno saudí no ha abandonado en ningún momento su ambicioso proyecto de renovación de su flota, pero ha ido lentamente diseñando un nuevo contrato con Navantia para su puesta en marcha.
Los contactos entre los ejecutivos de la empresa española y los representantes de la Defensa de aquel país han sido constantes. De hecho, una misión de militares y técnicos saudíes se encuentra desde hace meses en el astillero isleño preparando la logística de la obra. El punto de inflexión se produjo, precisamente en agosto del año pasado, cuando miembros del Gobierno saudí se desplazaron a Madrid para acordar y firmar con Navantia un contrato de confidencialidad sobre la obra de las corbetas.
El contrato sigue adelante pero con cambios sustanciales para los intereses españoles. Así, las autoridades saudíes han puesto condiciones a la obra que, supuestamente, han sido aceptadas por España. Una de las más importantes radica en la construcción de la base naval en Arabia donde esta flota de corbetas tendrá su sede de operaciones en el Golfo Pérsico.
Inicialmente, la base iba a estar ubicada en Yeda, segunda ciudad más importante de Arabia Saudí, situada a orillas del Mar Rojo, pero la obra de esta importante infraestructura no tendrá sello español. Arabia pilotará la construcción de esta base con apoyo español, pero serán empresas de aquel país las encargadas de sacar adelante el proyecto.
El contrato de las corbetas va más allá de la construcción naval. También hay un componente de asistencia tecnológica-militar. Y se prevé un contrato de desarrollo de sistemas de control y combate para los buques; un contrato de mantenimiento una vez disponga de ellas el cliente; y un programa de adiestramiento, que implica el desarrollo de una escuela de formación en Arabia Saudí con simulador de puente y de máquinas; también implica adiestramiento operacional de unos 400 marinos saudíes en España. El Gobierno saudí ha modificado algunas de estas condiciones y quiere que las pruebas de tiro de los buques se lleven a cabo en Arabia.

Alianza estratégica

En este misma línea, el Gobierno saudí ha mostrado su intención con Navantia de buscar una alianza estratégica empresarial con el fin de participar también en proyectos internacionales. Es en este punto, donde Navantia ha tenido que aceptar algunas de las condiciones más duras del acuerdo, ya que empresas saudíes podrían participar con la empresa española en ofertas internacionales de construcción naval.

No hay que olvidar que Navantia participa en tres concursos mundiales para la construcción de fragatas. El más inmediato, el de Australia, se resolverá en primavera, que incluye la construcción de nueve fragatas para su Marina, similares a las de la serie F-100 de la Armada española. Posteriormente Navantia se la juega con Canadá y Estados Unidos, donde aspira a construir barcos de alta gama.

El acuerdo de confidencialidad y de cooperación entre España y Arabia Saudí se firmó el pasado agosto y ratifica un acuerdo sobre protección mutua de información clasificada en el ámbito de la Defensa. Se trata de un documento firmado por el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, y un representante del Ministerio de Defensa saudí, el ayudante del Ministerio de Defensa saudí Mohamed ben Abdullah Alaiesh.
El acuerdo entró en vigor el pasado 25 de agosto y tiene una validez inicial de cinco años, pudiéndose prorrogar por periodos consecutivos de un año. Se trata de un paso más en las relaciones de Defensa hispano-saudíes para garantizar la protección de información clasificada que se intercambie, «así como entre sus contratistas autorizados».
De este modo, tiene una derivada ante la información que atañe a posibles contratos militares.
Ante esta situación, distintas fuentes consultadas por  La Voz de Cádiz avanzan que el acuerdo definitivo entre España y Arabia para la construcción de los cinco buques tendrá lugar en febrero, antes de la inauguración del AVE a la Meca. De esta forma, la previsión que manejan los ingenieros de Navantia es que el corte de chapa de la primera corbeta se celebre en octubre, un año después de lo previsto.


Desde la UPCT se estima que la próxima Semana Santa tendrá un impacto de 16,5 millones en Cartagena


CARTAGENA.- El alumno de la Facultad de Ciencias de la Empresa Agustín Esparza Moldenhauer ha estimado en su Trabajo Fin de Grado el impacto económico anual que ha tenido la Semana Santa de Cartagena en los últimos años. 

El estudio ha sido codirigido por los profesores María del Mar Vázquez Méndez y Antonio García Sánchez y para su desarrollo se ha contado con la colaboración de la Junta de Cofradías y con los resultados de las encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2016 y de 2017 a procesionistas y a espectadores, tanto residentes como visitantes.
La metodología empleada ha permitido la estimación de los efectos directos, indirectos e inducidos. El resultado revela que el impacto total estimado de la Semana Santa cartagenera asciende a más de 16 millones de euros al año. Esta cantidad supondría el 0,2% del Valor Añadido Bruto del municipio.
Así, atendiendo a los componentes de ese impacto total, el efecto directo es el que se deriva de los gastos de lo que se ha denominado 'productores' de la Semana Santa, esto es, cofradías, agrupaciones, procesionistas y administraciones públicas. Este gasto directo supone el 12,5% del efecto total.
El efecto indirecto, compuesto por el gasto de espectadores residentes y no residentes, es decir, los 'demandantes' de la Semana Santa, supuso el 62,5%. El 25% restante de esos más de 16 millones correspondió al efecto inducido. "Para poder producir estos resultados fueron necesarios, aproximadamente, 330 puestos de trabajo a lo largo del año", señala el alumno autor del estudio.
Este impacto económico y el aumento de la mano de obra necesaria para producirlo, no solo afectó a la economía local, sino que también alcanzó a la regional y nacional, según resalta la investigación.
Las últimas previsiones sobre la evolución del turismo cultural y urbano para este año 2018, consensuadas por los expertos del sector turístico precisamente esta semana pasada en Fitur, permiten a los responsables del trabajo estimar que en este año 2018 el impacto económico de la Semana Santa de Cartagena pueda alcanzar los 16,5 millones de euros.
Los investigadores también han estimado el número de espectadores a lo largo de los diez días de procesiones del año 2017 en 254.500 personas. Y han puesto de manifiesto que la tasa media de ocupación hotelera para dichos días fue del 70%, llegando, en momentos puntuales como Jueves, Viernes y Sábado Santo a más del 95% de ocupación. Lo que implica un aumento bastante significativo respecto al nivel de ocupación medio de la ciudad.
En esta línea positiva también se encuentra el aumento de la duración de la estancia media, pasando de 1,9 días durante el resto del año a 4,6 días durante la celebración de los cortejos pasionarios. 
Al analizar el gasto medio por persona y día, los datos arrojados por las encuestas fueron de 19 euros por día para los residentes en Cartagena y 106 euros diarios para aquellos que residen fuera del municipio y acudieron a presenciar las procesiones.
De forma paralela, también se estimó que el número de personas que participaron en las procesiones fue de 18.700. Dicha cifra supera el número de personas que están inscritas en las cofradías como en las agrupaciones.

La Seguridad Social española ganó más de 120.000 afiliados extranjeros en 2017

MADRID.- La Seguridad Social española ganó 126.043 cotizantes extranjeros en 2017, un 7,3% en relación a 2016, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.837.901 ocupados, su nivel anual más alto desde 2009, informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Es el cuarto año consecutivo en el que aumenta la afiliación de extranjeros. En 2016, la ganancia de cotizantes extranjeros fue de 84.020 afiliados y en 2015, de 75.199 ocupados, mientras que en 2014 ingresaron en el sistema 9.333 nuevos inmigrantes.

Del total de extranjeros en alta en la Seguridad Social al finalizar el año pasado, 1.533.825 cotizaban al Régimen General, 300.303 al de Autónomos, 3.637 al del Mar y 135 al del Carbón.
 
En términos intermensuales, la afiliación de extranjeros aumentó el pasado mes de diciembre en 1.403 personas (+0,08%) después de haber perdido 14.516 cotizantes en noviembre.

Del conjunto de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social a cierre de 2017, un total de 1.072.554 procedían de países no comunitarios y el resto (765.346) provenían de países miembros de la UE.
Dentro de los países no comunitarios, 233.924 eran de nacionalidad marroquí y 101.535 de nacionalidad china. Ecuador totalizaba a cierre del año pasado 69.260 trabajadores cotizantes, seguido de Colombia, que cuenta con 55.383 cotizantes. El resto de afiliados no comunitarios se reparten entre Bolivia (48.955), Ucrania (43.276), Paraguay (34.484), Pakistán (33.343), Perú (31.474) y Argentina (29.773).
Por su parte, de los que proceden de la UE-27, rumanos, italianos y británicos son los más numerosos, con 324.271, 97.011 y 62.321 cotizantes, respectivamente. Les siguen búlgaros y portugueses, con 56.444 y 47.603, y franceses y alemanes, con 44.020 y 39.262 afiliados.
Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid siguieron concentrando algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social a cierre de 2017, al sumar entre ambas el 44,3% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 434.842 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 379.145.
Tras estas dos regiones se situaron Andalucía, con 231.600 afiliados extranjeros; Comunidad Valenciana, con 205.530 ocupados; Canarias, con 94.564; Murcia, con 81.003; Baleares, con 66.715; Aragón, con 64.292; Castilla-La Mancha, con 58.360; País Vasco, con 57.481, y Castilla y León, con 50.720.
Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar 2017 fueron Galicia, con 32.641 extranjeros; Navarra, con 23.649; La Rioja, con 14.550; Asturias, con 13.170; Extremadura, con 11.535; Cantabria, con 10.837, y las ciudades autónomas de Melilla, con 4.541, y Ceuta, con 2.725.

El plan de 'Oliver Wyman' para Bankia: suprimir los servicios centrales de BMN

MADRID/MURCIA.- La integración de BMN en Bankia puede comprometer uno de los últimos bastiones de las antiguas cajas del grupo: la permanencia de centros corporativos en sus provincias de origen. Oliver Wyman aconseja reunificar en Madrid todos los servicios centrales, lo que en la práctica implicaría suprimir el pequeño reducto que aún mantiene Bankia en Valencia y prescindir de los departamentos de BMN en Murcia, Granada y Mallorca, según publica hoy www.lainformacion.com.

La propuesta es la idea troncal del informe encargado por el banco a la consultora y que se circunscribe al ajuste en servicios centrales, donde prevé prescindir de 817 trabajadores de los 2.510 a los que proyecta dar salida con el Expediente de Regulación de Empleo el grupo resultante de la fusión. El estudio sobre las redundancias en la red de sucursales forma parte de otro documento elaborado por la propia entidad.

Su aplicación está por decidir dentro de la negociación entre el banco y los sindicatos, que confían en evitar un tijeretazo así y la pérdida de centros de trabajo tan históricos. En Accam-Sesfi consideran "inaceptables" y desproporcionadas" las salidas propuestas y una "quimera" que pueda resolverse de forma voluntaria. Superan, señala, los 600 empleados de servicios centrales de BMN, de forma que el plan de la consultora reflejaría que Bankia va a aprovechar la integración para efectuar su propio ajuste en el departamento gemelo.

Pero el resultado final está al albur de los números. Y Oliver Wyman fía su propuesta a maximizar las eficiencias.. como también Bankia. El nuevo grupo espera elevar en 245 millones el beneficio por efecto de la fusión y extraer 155 millones en sinergias en tres años, en su mayor parte con una fuerte reducción de costes aligerando estructura.

Lograr las tan esperadas eficiencias tendrá un primer impacto, sin embargo, negativo, dado que presupuestó invertir 334 millones de euros en ejecutar la integración. La meta final es mejorar la rentabilidad para el grupo, facilitando la salida del Estado, dueño aún del 65% del grupo fusionado, al mejor precio posible.

El ajuste en servicios centrales ha surgido tradicionalmente en cualquier fusión como la mayor oportunidad para economizar, con el simple ejercicio de suprimir los puestos redundantes. Pero en el caso de las antiguas cajas de ahorros es terreno un poco más delicado.

Casi todos los grupos bancarios conformados con la unión de entidades de ahorros cedieron de hecho en su día a mantener departamentos claves donde radicaban las sedes históricas en un especie de guiño a su territorio y al Gobierno regional de turno; y para disolver las reticencias locales a “entregar” su entidad a un grupo centralizado, en muchas ocasiones, en Madrid.

Bankia aún conserva unos 40 empleados en la tierra del Turia, donde radica su sede en deferencia a Bancaja y a la autonomía. Pero el gran afectado de la propuesta de Oliver Wyman es BMN; fruto de la fusión de CajaMurcia, Cajagranada y Sa Nostra, y una Caixa Penedés cuya red resultó posteriormente escindida y vendida al Sabadell: cuenta con unos 250 empleados en los servicios centrales de Murcia, otros 250 trabajadores en un departamento gemelo en Granada y 100 en Mallorca.

El planteamiento puede sonar a ‘dejà vù’ en BMN porque ya reunió en Madrid en 2011 sus principales departamentos en un inmueble del céntrico Paseo de Recoletos, al poco de gestarse el grupo y para aproximarse a los reguladores y al mercado. Cinco años después procedió a desmantelarlos para bajar los onerosos costes de mantenimiento de sedes y compensaciones pactadas para incentivar el traslado voluntario de personal a kilómetros de sus viviendas.

En aquel momento pesó más devolver los 1.645 millones recibidos en dinero público a través del Fondo de Reestructuración (Frob) que mantener gran presencia en la capital, y para amortizar el crédito público planeaba una salida a bolsa que truncó la volatilidad del mercado. La cúpula de BMN ya está en Madrid

El repliegue supuso reubicar a casi 200 trabajadores en Murcia y Granada, manteniendo en Madrid presidencia (Carlos Egea) y el gabinete del consejero delegado, junto a la dirección general financiera, relaciones con los supervisores, secretaría general y relaciones con los inversores.

El ajuste en servicios centrales compromete ahora a un tercio de los empleados a los que el grupo busca dar salida. Sobre los informes y estudios compartidos por la entidad con los sindicatos afectará además a 700 empleados en sucursales por solapamientos de red y a otro medio millar por el avance de los canales telemáticos en la prestación de servicios al cliente.

En CCOO subrayan que Bankia "pretende ir mucho más allá que la simple eliminación de duplicidades, sin apostar por un proyecto de expansión en territorios y mercados" donde no tiene presencia. En UGT, que han hecho sus propios cálculos y ven factible reducir las salidas del Ere en un tercio, rebaten que "sobre gente", cuando hay "una excesiva carga de trabajo" en la red de oficinas y servicios centrales.

El estudio específico de Oliver Wyman argumenta la centralización de servicios centrales bajo supuestos tecnológicos que, según añade Accam Sesfi, que aglutina el 25,48% de la representación, no se dan hoy día por lo que sería arriesgado su aplicabilidad directa. Este sindicado ha propuesto que los centros que potencialmente se liberen de servicios centrales se reutilicen para alojar sucursales de 'multicanalidad', un tipo de oficina dotada de una docena de trabajadores que gestiona clientes de forma remota situados en cualquier localidad del país.

A foto fija, en BMN trabajan unos 4.200 empleados y en Bankia por encima de los 13.400. La intención es sellar la unión de forma rauda, razón por la que el grupo inició el rediseño por la cúpula donde ha dado cabida al consejero delegado del grupo liderado por Caja Murcia, Joaquín Cánovas Páez, con la dirección de 'Participadas y Negocio Asociados' de la que dependen las alianzas con Mapfre o joint ventures.

Convocada manifestación

Los sindicatos han acordado movilizaciones de empleados de Bankia y BMN ante los escasos avances producidos hasta el momento en la negociación del ERE por motivos organizativos promovido tras la fusión de ambas entidades.
Bankia presentó a las organizaciones sindicales una "vergonzante propuesta", según los representantes sindicales, consistente en el despido colectivo para 2.510 trabajadores de ambas entidades fusionadas, sin determinar las condiciones de salida para las prejubilaciones y las bajas incentivadas.
Por ello, UGT-Bankia en la Región de Murcia se ha dirigido a la Delegación del Gobierno comunicando el inicio de movilizaciones, que se iniciarán a partir del 30 de enero de 2018, con una concentración de delegados sindicales en el edificio de los Servicios Centrales de Bankia-BMN que tiene en Gran Vía, nº 23 de Murcia, de 12 a 13 horas, y que se repetirá los días 5 y 7 de febrero, en el mismo lugar, a las 17.30 horas.
Los representantes sindicales de ambas entidades barajan convocar jornadas de huelga en toda la empresa Bankia si no aprecian un cambio de actitud tras los actos de protesta.

'Adif' confirma que el AVE no estará en Murcia hasta después de verano

MURCIA.- El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Bernabé, mantuvo ayer un encuentro con el presidente de Adif, Juan Bravo, quien le confirmó que las obras de la vía provisional para la llegada de la alta velocidad a Murcia serán una realidad durante el verano de 2018, siguiendo los plazos y el calendario marcado por Adif. Una vez esté finalizada la vía, se iniciarán los periodos de pruebas y certificaciones. 

Francisco Bernabé constató el compromiso por parte de Adif, en una reunión que duró aproximadamente tres cuartos de hora. El delegado del Gobierno insiste en que las obras van «en los tiempos previstos» y se espera que la obra de la vía provisional esté finalizada en junio, lo que permitirá que «a final de verano» estén pasando ya trenes por ella.
Según explicó el delegado del Gobierno, el hecho de que esta vía se ponga en funcionamiento va a posibilitar que se avance en el soterramiento de las vías, la otra gran cuestión en torno a la llegada del AVE a la Región.
«Cuando ya pasen trenes por ella, esto va a liberar espacio y podrán entrar a trabajar tres o cuatro máquinas, en vez de una, en las obras de soterramiento», señaló. También confirma que el soterramiento hacia la estación del Carmen y de la zona de Barriomar «avanza según lo previsto» y estará acabado «en primavera», recordando que se cumplirá el compromiso del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
El delegado del Gobierno subrayó que tras la primera fase del proyecto de soterramiento se licitará la ejecución de la segunda fase, de tal modo que exista una continuidad física de las obras. «Se estará terminando una fase y empezando la segunda para que sea todo el paso de las vías por Murcia bajo tierra», apuntó.

Centeno allana el camino para que De Guindos sea el vicepresidente del BCE

BRUSELAS.- Luis de Guindos ya era el favorito para ser el nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), pero el nuevo presidente del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno, echó el lunes otra mano a las aspiraciones del ministro de Economía español, tal como recoge hoy Expansión

Durante su primera rueda de prensa como presidente de los ministros de Economía y Finanzas del euro, Centeno restó importancia a dos de los posibles puntos débiles de la candidatura de De Guindos: que ahora mismo solo hay una mujer entre los seis miembros del Comité Ejecutivo del BCE y que se trata de un ministro en activo que iría a una institución que se vanagloria de ser independiente del poder político.
Preguntado en rueda de prensa sobre estas dos cuestiones, el nuevo presidente del Eurogrupo dijo que el proceso de selección no se centrará tanto en el género del candidato, sino en su valía y que no ve ninguna incompatibilidad en que un ministro que ahora forma parte del Eurogrupo sea el sustituto de Vitor Constancio como número 2 del BCE.
A las cuestiones de si espera que entre la lista de candidatos haya un equilibrio entre hombres y mujeres, como reclama el Parlamento Europeo, y de si ve algún problema o incompatibilidad con que un ministro actual del Eurogrupo sea el elegido respondió, respondió: "Obviamente depende primero del número de candidatos para ver si podemos crear ese equilibrio, pero creo que el foco está en tener buenos candidatos. No veo ninguna incompatibilidad en este proceso. Evaluaremos a los candidatos basándonos en sus habilidades y competencias para desempeñar la posición". Traducción libre: "No seré yo quien ponga pegas".

Plazo abierto hasta el 7 de febrero

El plazo para presentar candidaturas queda abierto desde el lunes mismo y hasta el día 7 de febrero. En la reunión del Eurogrupo del 19 se consensuará un nombre, que pasará a ser el candidato recomendado. Tras las respectivas consultas no vinculantes con el Parlamento Europeo y el BCE, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE tienen que validar esa decisión. Si todo va según lo previsto, esto ocurrirá en el Consejo Europeo del 22 y 23 de marzo.
Por su parte, el ministro volvió a confirmar que España presentará un candidato y que está convencido de tener los apoyos suficientes para lograr el puesto. Sin embargo, se cuidó muy mucho de confirmar lo que muchos en Bruselas y Madrid dan ya por hecho: que él será el aspirante español.
"Estoy convencido de que España va a obtener la posición en el Comité Ejecutivo del BCE", afirmó el ministro antes de entrar a la sede del Consejo Europeo en Bruselas.
A la quincena de preguntas que recibió sobre si sería él el candidato respondió con evasivas. "Esto no es un tema de gustar o dejar de gustar, es un tema de que España recupere la posición en el comité ejecutivo del BCE", resumió.
El nombramiento requiere el visto bueno del Consejo Europeo por una mayoría cualificada. Preguntado por si están garantizados los apoyos, el ministro se mostró confiado: "Se han hecho las gestiones y sabemos perfectamente cuales son los apoyos con los cuales contamos".
Sobre la cuestión del género, el ministro español dejó entrever cuál podría ser el argumentario de España para defender que en esta ocasión la vicepresidencia recaiga sobre otro hombre.
En primer lugar recordó que quien decide es el Consejo Europeo, no el Parlamento Europeo, que es quien más está presionando en este punto. En segundo lugar, apuntó que la situación de la igualdad de género en la cúpula de las instituciones europeas ha mejorado en los últimos años: Danièle Nouy preside el Mecanismo Único de Supervisión y Elke König, la Junta Única de Resolución.
Y por último, enmarcó la necesidad de equilibrar la composición del Comité Ejecutivo del BCE no en este nombramiento, sino en los cinco puestos que van a rotar hasta 2020.
"El equilibrio de género es muy importante. En el próximo año y medio se renuevan 5 puestos del Comité Ejecutivo del BCE, por lo cual existen posibilidades importantes de que entren más mujeres. Es una cuestión fundamental", dijo De Guindos.

El hombre que fue jueves / Ángel Montiel *

El jueves se celebra el pleno municipal de Murcia. Una fecha clave. Es probable que si para entonces Roque Ortiz sigue siendo concejal de Fomento los grupos de la oposición se retiren de sus asientos como ayer hicieron en la comisión de Infraestructuras. Esta va a ser la tónica ante la resistencia de José Ballesta a tomar la decisión que se espera de él desde que regresó de Fitur, hará una semana precisamente el próximo jueves. 

Mientras tanto: denuncia ante la Fiscalía por las palabras del concejal ante la asamblea de pedáneos del PP; investigación de los contratos de las empresas concesionarias; revisión del pliego del contrato sobre alumbrado público suspendido por Ortiz; negociaciones de los grupos de la oposición para presentar una moción de censura... Y los presupuestos municipales para 2018, en el alambre. Una convulsión permanente, sin fecha de caducidad, justo en un contexto en que el gobierno popular capitalino había atravesado felizmente el ecuador de su mandato y parecían despejadas las incertidumbres sobre su estabilidad. 

Quien resiste gana, parece ser el lema adoptado por el alcalde. Y también por Ciudadanos, el partido decisivo en caso de sumarse a la moción de censura que pretende presentar el PSOE. A ver quién aguanta más. 

Ciudadanos provoca un considerable despiste, pues depende del día y la hora en que se le consulte sobre su hoja de ruta respecto a este asunto, y sobre todo a quién. Lo conveniente es no hacer demasiado caso a las declaraciones de sus dirigentes, pues es preciso conocer de antemano su estrategia oculta. La última baza, apoyar la moción de censura del PSOE en caso de que no dimita Ortiz. 

Pero sin prisas por proclamar esa intención, pues en el transcurso el PP se quema tanto por las presiones aludidas del conjunto de la oposición como por el desentendimiento, puesto públicamente de manifiesto acerca de la solución del caso, entre la alcaldía, que protege a Ortiz, y la dirección regional del PP, que prefiere saldar el asunto con la salida de éste del gobierno municipal. 

En Ciudadanos percibieron desde el principio que la crisis interna del que ya es su principal adversario electoral, con el que se codea en las encuestas, podía cundir si ellos no venían a solucionarla con un ultimátum a la continuidad del de Fomento. El desgaste de la credibilidad pública de Ballesta se produce por sí solo, sin necesidad de empujar, así que en Ciudadanos han decidido no precipitarse. 

Es más: han llegado a la conclusión de que si anunciaran de manera explícita su disposición a apoyar la moción de censura socialista, la resolución del caso se acortaría, pues Ballesta dispondría del pretexto para sugerir a Ortiz que dimita. Creen, además, que la dimisión del concejal aliviaría a López Miras y a su equipo en el partido del pulso implícito que mantienen con el alcalde autoproclamado ´independiente´. Por tanto, la consigna es: que se maten entre ellos. 

Además, ojo, hay un freno ante la moción de censura. Ciudadanos está recibiendo una cierta avalancha de nuevos militantes procedentes del entorno popular, y las encuestas les indican que la mayoría de quienes se significan como sus nuevos votantes se desplazan desde el PP. 

Quizá no sea, pues, el momento de anunciar que están dispuestos, aunque fuera en último extremo, a entregar la alcaldía de Murcia a los socialistas, y menos si para esto se precisa del concurso de los concejales de Podemos. Por tanto, discreción al respecto. Y mientras tanto, presión constante (en esto sí en compañía de los grupos de la izquierda) para ver cómo el PP se consume irresponsablemente en el ayuntamiento de Murcia. Por lo menos hasta el jueves.


(*) Columnista



Trump como riesgo para España / Juan Velarde Fuertes *

El excelente artículo del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, Los riesgos de la recuperación, publicado en elEconomista el 13 de enero de 2018, como era lógico esperar de quien, además de excelente economista -basta recordar su Economía del sector público- casi exige ser tenido en cuenta desde el punto de vista de los problemas españoles. 

Consideremos, en primer lugar que existe algo así como una especie de admiración muy general por la marcha actual de la economía estadounidense. Sin ir más lejos, en el Informe mensual correspondiente a noviembre de 2017, que publica CaixaBank Research, se lee en la pág. 12: "El PIB de Estados Unidos sorprende al alza en el tercer trimestre. El paso de los huracanes Harvey e Irma no ha hecho mella en la economía estadounidense, que creció un 0,7 por ciento intertrimestral (2,3 interanual en el tercer trimestre de 2017), una marca por encima de las previsiones de los analistas. 

Este buen registro, solamente una décima menor que en el segundo trimestre, se debió, en parte, a la notable contribución de inversiones y a la caída de las importaciones. El buen desempeño de estos componentes compensó la leve desaceleración del consumo privado y de la inversión no residencial, indicadores que, pese a todo, crecieron de forma apreciable".

Además, a Trump incluso se le llega a contemplar triunfante en política. En The Economist de 8 de diciembre de 2017 me llamó la atención que se señalase cómo la dirigente demócrata Nancy Pelosi "causaba en la Cámara de Representantes más problemas que los que resolvía".

Todo esto mostraba algo así como un triunfo de Trump, que estaba basado esencialmente, en tres puntos de apoyo. Por una parte, en el mantenimiento de un importante déficit presupuestario. La última información señala que se encuentra en el 3,5% del PIB, ese porcentaje cabalmente que se condena para España, y tiene razón al hacerlo el Banco Central Europeo. 

Lógicamente, ahí se encuentra, por ejemplo, la caída de la cotización del dólar respecto al euro, lo que, naturalmente, refuerza la protección. Esta política se encuentra directamente unida con una creciente lucha contra la llegada de inmigrantes, o incluso plantea expulsiones de inmigrantes desde hace bastante tiempo. Es lo que late en las palabras despectivas contra El Salvador, Haití o países africanos de Trump. 

Eso, naturalmente, satisface al mundo sindical norteamericano, porque restringe la oferta de mano de obra, castigando, no a estadounidenses, sino a extranjeros. No se explica de otro modo que poblaciones tradicionalmente demócratas, a causa del peso de la población obrera, hubiesen votado a Trump para la Presidencia, a pesar de ser el candidato del partido republicano, más vinculado que el demócrata, con los intereses empresariales. 

Déficit y proteccionismo que Trump asegura que va a estar ligado a una política importante de infraestructuras. Al mismo tiempo, como sucedió concretamente en relación con China, y no digamos con Japón, Trump no deja a un lado los enlaces de todo tipo con el Pacífico. Europa no goza de aquella prioridad tradicional y que alcanzó su cénit en la II Guerra Mundial y en la Guerra Fría.

Nos encontramos, pues, con una política de Trump que se puede calificar como típica del nacionalismo económico: expansiva, favorable para el mundo propio de las clases obreras auténticamente norteamericanas y con un importante déficit fiscal. Y he aquí que esto tiene, históricamente, un precedente, el de la política económica alemana a partir de 1933 con la subida de Hitler al poder. 

Los párrafos que siguen son de un buen economista sueco, Johan Åkerman, procedentes de su obra Estructuras y ciclos económicos (Aguilar, 1960). 

En primer lugar, en el Congreso del partido nacionalsocialista celebrado en Nuremberg, en el otoño de 1936, "Hitler precisó que el objetivo de la industria alemana era adquirir su independencia frente a las importaciones, especialmente para gasolina y caucho, gracias a nuevos productos sintéticos, y para los metales raros, gracias a nuevas empresas". 

El nacionalismo económico estaba, pues, en la base de esa política económica. La política económica preconizada por Federico List, un geschlossener Handelstaat, era a lo que Hitler "se proponía llegar". Y no es posible dejar de señalar que la política norteamericana del presidente Lincoln, en lo económico, se debió, precisamente, a la asunción de las tesis de Federico List que, por otra parte, crearon la fractura entre la Confederación, librecambista, del Sur, y la Unión, proteccionista, del Norte, que originó la Guerra de Secesión. 

Y en Alemania esto se ratifica por el dirigente de la economía de Hitler, Schacht, quien declaró: "Debemos adquirir solamente lo que podemos pagar, lo que más falta nos haga, y lo compraremos a los que nos compren".

Agreguemos a esto que en la Alemania nacionalsocialista, la adhesión masiva de las clases trabajadoras se experimentó al observar que disminuía el paro y "a una mejora en las prestaciones obreras" y "la satisfacción ante las realizaciones sociales llevadas a cabo por el Estado", como, por ejemplo, lanzar "un Volkswagen extremadamente barato (990 marcos)". 

Añádase en infraestructuras "la construcción de autopistas" y "lo mismo ocurrió con la construcción de canales", así como en infraestructuras "para los transportes aéreos". Y según datos del incremento de la deuda pública, pasó de 26.000 millones de Reichmarks en 1932 a 44.000 millones en 1937. Se conseguía así un éxito "bajo el impulso de von Paper y Schllicher, en una senda puramente expansionista gracias a obras públicas, a una estimulación de la inversión privada, especialmente en la actividad de la construcción (Deutsche Gesellschaft für Offentliche Arbeiten) -conocida con el nombre de DGA- y del Deutsche Renter-Credit Anstalt gracias al incremento del poder adquisitivo de los parados".

Y no es posible olvidar que esta política económica expansiva maravilló al propio Keynes. En el Prólogo a la edición alemana de la Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero, fechada en septiembre de 1937, con la firma de J. M. Keynes se lee: "La teoría de la producción agregada, que es lo que el libro trata de proporcionar, se adaptaría con más facilidad a las condiciones que se dan en un Estado totalitario que la que lo hace la teoría de la producción y distribución de una producción determinada, bajo condiciones de libre competencia de laissez-faire".

Y, aparte de eso, el análisis crítico que, procedente de los Eucken y demás economistas de la Escuela de Friburgo, señaló cómo el camino emprendido por este modelo económico acabaría forzosamente en catástrofe. Basta en este sentido leer, en relación con el impacto exterior, la obra de Jacob Viner, Studies in the Theory of International Trade, publicada en 1937, precisamente.

Por eso tiene toda la razón en su artículo Joseph E. Stiglitz cuando escribe que "tratar con displicencia los riesgos asociados a la desglobalización que plantea el proteccionismo de Trump", o hacerlo ante posibles "recortes de impuestos financiados por deuda pública", es ignorar que "nada de eso es un buen augurio para el futuro económico de los Estados Unidos. A largo plazo... existen grandes riesgos en el horizonte".

Y esos riesgos amenazan a Europa y a Iberoamérica, de modo directísimo, y precisamente a través de Europa e Iberoamérica es en lo que se basa grandísima parte del actual desarrollo económico español. Pensar otra cosa es aferrarse a que los problemas económicos de un hogar los puedan arreglar los Reyes Magos.


(*) Catedrático emérito de Economía y presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas


El catalán errante y Berlanga / Ramón Cotarelo *

La Gran Nación, al decir del Rey y Rajoy tuvo ayer tres momentos estelares que dejaron suspensos y maravillados a los vecinos europeos. Abrió la gloriosa jornada una inauguración de AVE Valencia-Castellón a cargo del presidente del gobierno de contenido profundamente berlanguiano que el periodista ha sintetizado con buril: La inauguración más ridícula: invitan a Barberá, el tren se retrasa y Rajoy lo confunde con un avión
 
Lo de Barberá es el famoso humor negro español; lo del retraso (al parecer el AVE era sobrepasado por los cercanías) pertenece a la recia tradición hispánica. Es lo de la confusión con el avión lo que los medios no han entendido, atribuyéndola al proceloso mundo mental de Rajoy. Error. La confusión es un típico acto fallido freudiano. El hombre estaba pensando en el aeropuerto "para las personas" de su amigo Fabra en Castellón. Subconscientemente deseaba que tuviera pasajeros. 4.700 nada menos.

El segundo momento fue al hacerse pública la calificación de cero al expresidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, en su aspiración a formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). De inmediato se ha achacado a su falta de dominio de las lenguas francesa e inglesa, pero él asegura que eso es un infundio y que hizo el examen en francés e inglés. No obstante, obtuvo cero puntos.  
 
El Supremo ya tumbó el año pasado su candidatura a ese mismo puesto, propuesta por el gobierno. Sin duda la pretensión de un juez tan partidista de entrar en el TEDH está teledirigida desde el gobierno y otros sectores de la judicatura en previsión de los recursos que allí se planteen por los procesos del independentismo en España. Lo de siempre, la unidad de acción del gobierno y los tribunales, del príncipe y la justicia, en donde esta desaparece.

Justo lo que transpira el último episodio del prófugo Puigdemont en el viaje sin retorno conocido a Copenhague que tiene en suspenso a las instituciones del país, sus gobernantes y los medios. Sobre todo los medios, que no paran de hacer las más disparatadas cábalas sobre el sentido de los siempre sorprendentes movimientos de Pimpinela/Degaulle. 
 
Con ello contribuyen a subrayar el éxito mediático del presidente, dándole una aureola de líder europeo, respetado en círculos académicos y haciéndose eco de su mayor éxito: la internacionalización de la causa catalana. La ayuda de los medios, incluso en contra de su voluntad (¡qué más quisieran que silenciarla como hace TVE!), es vital en este proyecto, incluso cuando lo interpretan por la vía del delirio.

Los medios dan pábulo a las especiosas razones por las que el juez Llarena deja de hacer lo que, en principio, parece estar obligado a hacer, esto es, dictar una orden urgente de detención contra Puigdemont, como le pide la fiscalía. En lugar de ello, el juez, muy pícaro, interpreta la intención oculta del proceder de Puigdemont como la de forzar su detención para así ser investido por voto delegado. Y la frustra astutamente. No será él quien caiga en la trampa de ayudar a que Puigdemont burle la ley, obteniendo una investidura que es ilegal. 

Suena a patraña y lo es, a intento de desviar la atención del lamentable hecho de que los danesas ya le han dicho que deje las euroórdenes quietas y no provoque. En el fondo, el asunto es elemental. El  punto de apoyo del "razonamiento" judicial es falso pues la investidura de Puigdemont no es ilegal. El dictamen de los letrados que el juez esgrime no es vinculante. Y no hay norma alguna que prohíba la investidura. 
 
Solo hay la voluntad del gobierno de impedirla a base de declararla ilegal sin base jurídica, simplemente por la voluntad omnímoda de M. Rajoy a través del 155. Al dar por ilegal algo solo porque lo dice el gobierno, el Supremo se convierte en un órgano de este. Si la base de la acción de los jueces son las consideraciones de conveniencia política de los gobiernos, hablar de división de poderes y Estado de derecho es un sarcasmo.

Es el día a día de un Estado fallido confrontado a una crisis constitucional que no entiende ni está en situación de resolver. Y esa es la situación que el PSOE consagra bajo su exclusiva responsabilidad dado que Podemos y los indepes en el Congreso se han comprometido a apoyar una moción de censura sin contraprestaciones. Es, pues, el PSOE el que responde de que siga en vigor la reforma laboral, la ley mordaza, el saqueo de las pensiones, el expolio de lo público, la corrupción. Y todo en aras de una unidad de España que ni él ni su aliado saben cómo mantener si no es por la violencia.

Para nada. No es posible doblegar por la violencia a más de dos millones de personas. Se comprobó el 1º de octubre de 2017. Habrá govern independentista en la Generalitat y habrá que negociar con él una salida a una situación que no solamente es un fracaso sino algo profundamente injusto con quienes han sufrido y sufren una represión desproporcionada a manos del derecho penal del enemigo.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Podemos ha perdido el norte / Miguel Alba *

Resulta curioso cómo de aquellos eslóganes del 15M que bramaban contra el torrente de corruptelas del PP ya apenas queden rescoldos. En la semana en la que Francisco Correa y Pablo Crespo, los grandes artífices del entramado de favores y sobres en que se convirtió la trama Gürtel, han activado el ventilador contra toda la antigua cúpula del PP valenciano (Francisco Camps, Ricardo Costa, Alberto Fabra, al exvicepresidente Vicente Rambla…), detallando los pagos en negro de los empresarios valencianos, Podemos ha decidido perdonar a Rajoy

Ni Pablo Iglesias, ni voz alguna de su mínima guardia de corps, han utilizado las confesiones de los cabecillas de la Gürtel para lanzar ofensiva alguna contra Rajoy o el PP. “La corrupción del PP ya está amortizada”, justifica algún ideólogo de la formación morada para explicar este extraño silencio administrativo. Una especie de perdón ‘urbi et orbi’ ante la falta de rédito electoral. 

Resulta extraño el movimiento, sin embargo, cuando el martilleante soniquete sobre la corrupción en los aledaños y dentro del ADN del PP ayudaron a Podemos a sumar cinco millones de votos y 71 escaños. Buen bagaje para unos novatos. Mal síntoma para quienes no volverán a encontrarse un electorado tan permeable a la panacea que prometen los podemitas: trabajo al parado, casa al desahuciado y energía a quien tiene que cerrar los radiadores.

España ya no está cabreada por la crisis. Las cifras macro, esas que tan poco aparecen en el imaginario de Podemos, lo vociferan. Aumenta el consumo, crece el turismo interior, el precio de la vivienda y los alquileres sólo dibujan líneas ascendentes desde hace varios trimestres, se crea empleo frente a la destrucción de años atrás, las agencias de calificación devuelven el grado ‘A’ a nuestra economía, la prima de riesgo cae por debajo de los 100 puntos básicos… 

Todo es susceptible de mejora, sin duda. Especialmente, de mejora de la calidad del empleo. Pero negar las buenas estadísticas es de necios. Por eso, resulta más extraño aún que Iglesias y la cia. podemita se hayan parapetado en el espíritu Robin Hood para intentar poner freno al deterioro de su credibilidad y su lógica consecuencia: el descenso a los infiernos en las encuestas

Y de esas prisas por virar de tendencia a los sondeos aparecen ocurrencias que quedan retratadas cuando se presentan en el Parlamento como proposiciones de ley. Sólo así se entiende que del nuevo ‘impuestazo’ a la banca, que implica un recargo del 10% del impuesto de Sociedades, durante un mínimo de cinco años, apenas conozcamos el enunciado. No hay letra pequeña, como mandan los cánones de esa respuesta de urgencia, sin meditar y a vuela pluma, que necesitaba Podemos para contrarrestar la tasa contra la banca anunciada por Pedro Sánchez para recaudar unos pírricos 1.000 millones al año que ayuden a paliar la insostenibilidad del sistema de pensiones.

De nuevo, la banca como gran enemigo para la izquierda española. De nuevo, el recurso a la crítica a los banqueros como argumento para recopilar votos. Un argumento demasiado manido pero que defiende esa militancia anclada en el romanticismo del 15M, que corneó a Íñigo Errejón en Vistalegre II. Esa militancia que se deshilacha pese a que, desde la cúpula de Podemos, se pretenden mantener el grito coral del ‘Sí se puede’. En los eslóganes que tienen al ‘pueblo’ como sujeto. Bonitas palabras que luego Podemos no sabe traducir en acción política en el Congreso. 

Allí, el ‘Sí se puede’ se defiende trabajando desde las comisiones, las ponencias, las enmiendas a los proyectos de ley… Para ganar medallas, Podemos debe conocer cómo funciona la CNMV, la CNMC, el Banco de España… Debe reunirse con los lobbies o hablar con el Ibex. Con todos ellos debe encontrar puntos de encuentro si realmente quiere beneficiar al ‘pueblo’. Errejón defendía esa evolución, sepultada por Vistalegre II. Iglesias, desde luego, no está por esa labor de transformación y ‘digitalización ideológica’.

El césar de Podemos prometió más calle, más madera, más bronca tras su éxito de Vistalegre II. Todo lo contrario de lo que necesita Podemos para su asalto al poder. Aprender a gestionar para saber cómo gobernar. Porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Carmena y Colau son dos buenos ejemplos. Su ayuntamiento del cambio es un cúmulo de despropósitos. Bajo su mandato, en el caso de Carmena, han crecido las mafias que gestionan a golpe de garrote los pisos vacíos, frente a la falta de soluciones a las familias desahuciadas o negar desarrollos urbanísticos que cercenan el crecimiento económico y que están favoreciendo una burbuja en los precios del alquiler ante la falta de stock de pisos. 

Qué decir de la cruzada de Colau contra el turismo o de su indefinición hacia el procés. Ese sí pero no y no pero sí que tanto castigo ha supuesto para Podemos dentro y fuera de Cataluña.

Podemos necesita dos millones de votos más para alcanzar el poder y no están a su izquierda. Errejón y su tropa lo saben. El antiguo número dos solo, ahora replegado en sus cuarteles de invierno a la espera del asalto a la Comunidad de Madrid, quiso dar la batalla de las ideas en Vistalegre II, mantener el rumbo de la transversalidad y el aperturismo marcado en los inicios y no cavar unas trincheras en la sociedad civil inútiles para crecer en ese centro donde habita el grueso del electorado. 

De Vistalegre II, sin embargo, salió otra estrategia. Seguir vareando el olivo de la izquierda para recoger las aceitunas que caigan del PSOE. Las cuentas son difíciles por ese camino, teniendo en cuenta que quien varea y recoge ahora del electorado de Podemos es Pedro Sánchez. Podemos tiene un problema con su factótum morado. Iglesias no cae simpático al personal. ¡Qué le va a hacer! Por más que su discurso quede reducido a un nuevo pim, pam, pum contra la banca. En el perdón a Rajoy, llevará su penitencia. Otro síntoma más de que Podemos ha terminado de perder el norte.


(*) Periodista