MURCIA.- El informe de la Inspección de Trabajo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la empresa Halcón Foods para despedir a 164 trabajadores (77 fijos y 87 fijos discontinuos), de los 493 que integran la plantilla, es demoledor para las pretensiones de la empresa, egún avanza 'La Verdad'.
El informe, presentado hace unos días en la Dirección General de Trabajo, es preceptivo, pero no vinculante, para la decisión que sobre el ERE deberá tomar la autoridad laboral.
Tras consultar a la empresa y a los representantes sindicales de los trabajadores, el inspector de Trabajo analiza a través de 56 páginas toda la documentación recibida sobre la situación de la conservera de Campos del Río y las razones del expediente de regulación.
La conclusión a la que llega el inspector es que el expediente de regulación de empleo presentado por Halcon Foods el pasado 5 de febrero «no cumple con el contenido mínimo exigido» por la ley, por lo que recomienda su desestimación.
En concreto, el informe expone que la empresa no ha facilitado las cuentas anuales ni el balance de situación del ejercicio 2008 debidamente auditados, ni se aporta documentación que justifique los criterios de selección de los trabajadores afectados.
Asimismo, tampoco existe constancia documental de que todos los miembros del comité de empresa, al menos los delegados de CC OO, dispusieran de toda la documentación relativa al ERE con el fin de negociar el mismo.
El documento elaborado por la Inspección de Trabajo cuestiona también algunos aspectos del plan de viabilidad presentado por la empresa, como, por ejemplo, el que se pretenda aumentar la producción y contratar trabajadores de ETT, al mismo tiempo que se quiere despedir a casi 150 tmiembros de la actual plantilla.
«El plan de acompañamiento social -agrega el informe-, no propone medida alguna encaminada a la readaptación o a la reconversión de los trabajadores».
El inspector de Trabajo se muestra también muy crítico con el acuerdo suscrito entre UGT y la empresa, por considerar que «no supone sino la transgresión de los derechos y garantías de los trabajadores y sus representantes», al tiempo que califica dicho acuerdo como «un cheque en blanco no sólo a favor de Cofrusa, sino de cualquier posible comprador».
El informe proponer incluso trasladar este acuerdo al Juzgado «para que declare su nulidad», ya que «puede concurrir la existencia de fraude de ley, abuso de derecho y coacción». El documento incluye testimonios de un trabajador que alega que en la tramitación del expediente «se obligó a los trabajadores a aceptar rebajas de salarios, so pena de ser incluidos en el mismo».
La otra conservera perteneciente al mismo grupo, Conservas Fernández, de Calasparra, ha recibido ya el visto bueno a un expediente de regulación que afecta a más de 300 trabajadores.
Ambas factorías, con una deuda que supera los 45 millones de euros, cesaron su actividad hace meses a causa de una profunda crisis.
En la actualidad, la única solución que se baraja para su continuidad es la compra de ambas empresas por la conservera Cofrusa, operación que cuenta con el aval del Gobierno regional.
En la actualidad, la única solución que se baraja para su continuidad es la compra de ambas empresas por la conservera Cofrusa, operación que cuenta con el aval del Gobierno regional.
