Los partidos
de oposición política al Partido Popular tratan de hacerse con el
liderazgo de la misma intentando controlar al Gobierno en materia
laboral y luchando hasta el último minuto para evitar que se consolide
la que muchos de ellos consideran una amnistía fiscal.
Es
en este último aspecto en el que Ciudadanos quiere hacer énfasis
esta semana para demostrar que no se han entregado con armas y
bagajes al Gobierno pese a darle su apoyo en la investidura. Por eso
están subiendo el tono a la hora de exigir al Gobierno que quienes
regularizaron su situación con Hacienda paguen el 10 % del
dinero declarado que tenían fuera y no el 3 % que negociaron con
Montoro. Lo tendrán que hacer antes del 30 de noviembre para que no
prescriba la fecha de reclamárselo.
Si el Partido Socialista
va a preguntar al Presidente sobre cómo valora los efectos que ha
tenido su política de empleo en precariedad y devaluación
salarial, y Unidos Podemos va a presentar una Proposición de Ley
sobre la fijación de la cuantía del salario mínimo
interprofesional, Ciudadanos, además de preguntar sobre la
situación del mercado laboral en España, va a insistir en que no
haya amnistía.
La formulación de la interpelación es
clara. Se dirige en concreto al Ministro de Hacienda y Función Pública
sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y
la evasión fiscal, y más en concreto, sobre las medidas adoptadas
para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la
regularización fiscal del año 2012, más conocida como "amnistía
fiscal", tributen efectivamente al tipo del 10% contemplado
expresamente en la Ley.
Para que quede claro cuál va a ser el
tenor de su actitud durante la semana, este mismo domingo, el
portavoz del partido de Albert Rivera en la Asamblea de Madrid,
Ignacio Aguado, ha recordado que el Gobierno tiene todavía un plazo
de diez días para exigir el dinero pendiente “fruto de la amnistía”,
por lo que deberá exigir a quienes se acogieron a la
regularización en 2012 que tributen al 10 % en lugar de al 3 %.
Como
han venido expresando los diversos portavoces de C´s se trata de
unos 3.000 millones de euros. El líder del partido en Madrid ha
aprovechado para asegurar que, pese al apoyo dado en la
investidura, ellos siguen en la oposición y ha criticado que
hasta el momento no se esté avanzando lo suficiente en la
negociación para aprobar los Presupuestos, porque el Gobierno no ha
designado todavía el equipo negociador.
Según Aguado la
preferencia de su partido de cara a la negociación es acabar con
los recortes, por lo que prefieren buscar la fórmula para mejorar
los ingresos, de ahí que la lucha contra el fraude y los evasores
conocidos sean una prioridad.
Desde el partido de Albert
Rivera se recuerda que la justificación presentada por algunos
de los evasores confesos es sencillamente injustificable.
Ponen el ejemplo de que resulta inadmisible aceptar que se hubiera
evadido el equivalente a 1.200 millones de euros al terminar la
Guerra civil, como ha sido la explicación de algunas de las
familias.
Lo consideran increíble, porque de haberse
producido la evasión en aquella época, esa cantidad supondría
mucho más que el total de la capitalización de toda la banca
privada existente en España en aquel momento.
El debate se
producirá el miércoles. La opinión pública está muy pendiente de
los argumentos que utilice el Gobierno para no tratar de recuperar
ese dinero que supone más del 50 % del ajuste adicional necesario
para cumplir con las exigencias de Bruselas para cumplir con el
objetivo de reducción del déficit.
Ciudadanos además
volverá a defender esta semana su propuesta sobre el fin de la
dualidad del mercado laboral con el contrato único. No será la única
vez que las cuestiones laborales se conviertan en el eje del
debate público. El presidente recibe en Moncloa a los
representantes de los agentes sociales, sindicatos y patronal el
jueves. Una semana marcada, sin duda por el futuro del debate de
las cuestiones sociales.
El último estudio del INE cambiando
de sistema para cuantificar la evolución de los salarios en
España y evidenciando que los trabajadores han perdido entre el
2009 y el 2014 el 10 % del adquisitivo servirá de argumento para
forzar al Gobierno a negociar.
(*) Periodista