La Unión Europea alcanza un principio de acuerdo sobre el plan de recuperación del atún rojo

BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) ha alcanzado este miércoles un principio de acuerdo sobre la propuesta para aplicar las medidas del plan de recuperación del atún rojo en el Atlántico oriental y en el mar Mediterráneo, según ha informado el Consejo de la UE. 

El principio de acuerdo al que han llegado los negociadores de la presidencia holandesa de turno de la UE y del Parlamento Europeo necesita ser validado ahora tanto por los Veintiocho como por la Eurocámara.

La propuesta de la Comisión Europea, presentada en abril del año pasado, transpone las medidas legislativas del plan de recuperación plurianual del atún rojo en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo adoptado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT por sus siglas en inglés) en sus encuentros anuales entre 2012 y 2014.

De hecho, el plan plurianual de recuperación para el atún rojo, que está vigente entre 2007 y 2022, fue recomendado por el ICCAT, comisión de la cual la Unión Europea es parte contratante.

Tras el acuerdo, el ministro de Agricultura de Países Bajos, Martijn van Dam, ha elogiado el trabajo de todas las partes involucradas en la negociación y ha destacado que permitirá a la UE "estar en línea con las recomendaciones internacionales para la protección y la conservación del atún rojo", así como con "la explotación sostenible de unas actividades pesqueras sostenibles.
Por otra parte, el comisario europeo de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos y Pesqueros, Karmenu Vella, se desplazará mañana jueves a Argelia con el objetivo abordar la necesidad de establecer una gestión conjunta con el país norteafricano para el mar Mediterráneo, según ha informado la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario ha destacado que Argel es un "socio clave" para contribuir a una gestión sostenible de los recursos y para desarrollar una economía "azul" en el Mediterráneo.
Bruselas ha subrayado también que este viaje tiene lugar después de que los ministros de los países de la cuenca mediterránea coincidiesen en febrero en señalar la "urgente" necesidad de revertir la "preocupante" pérdida de stocks pesqueros.
"El Mediterráneo es una cuenca políticamente, culturalmente y económicamente diversa que tienen recursos y potencial compartidos, vital para toda la región. Unos ecosistemas saludables son vitales para seguir generando riqueza; un mar Mediterráneo sano nos permitirá aprovechar todo el potencial de la economía azul", ha destacado el comisario maltés.
Vella tiene previstos encuentros con el primer ministro argelino, Abdelmalek Sellal, así como con el ministro de recursos del Agua y Medio Ambiente, Abdelouhab Nouri, antes de visitar el puerto pesquero de El Djamila. Por la tarde, será recibido por el ministro de Transportes, Boudjema Talai, y por el ministro de Agricultura y Pesca, Sid Ahmed Ferroukhi.

La cúpula de la CAM irá a juicio y se enfrenta a una fianza de 1.600 millones

MADRID.- La Audiencia Nacional ha decretado hoy la apertura de juicio oral a los ocho exdirectivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa y falsedad documental, a quienes ha impuesto una fianza conjunta de 1.592,4 millones de euros.

En su auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, Carmen Lamela, señala también a la Fundación CAM y a Banco Sabadell -que adquirió la entidad en diciembre de 2011 por el simbólico precio de un euro- como responsables civiles subsidiarios, y a la aseguradora Caser como responsable civil directo.

Los ocho acusados, entre los que se encuentran el expresidente de la entidad Modesto Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, disponen ahora de 24 horas para depositar "de forma civil y solidaria" los cerca de 1.600 millones de fianza solicitada por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en su escrito de acusación.

El ministerio público pide siete años y medio de cárcel y multa de 180.000 euros para López Abad, Amorós, Sogorb y Martínez García como autores de falsedad contable y estafa.

Más flexible se muestra con los presuntos cómplices, Sabater Navarro y Ochoa Pérez, para quienes solicita un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros; mientras que pide para Soriano Terol diez meses de cárcel y 12.000 euros por delito de estafa.

De cara a las vistas orales, el fiscal propone la comparecencia de más de una decena de testigos, entre ellos varios peritos aportados por el Banco de España.

Por su parte, el FGD atribuye también al expresidente Crespo, a la exdirectora Amorós y a Teófilo Sogorb un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros.

Una cantidad idéntica para López Abad y Martínez por falsedad societaria, para quienes pide tres años de prisión frente a los dos años de cárcel y multa de 81.000 euros que el fondo solicita para Sabater Navarro por falsedad societaria.

Además, requiere a los peritos que realizaron los informes sobre los estados financieros de la caja antes y después de su intervención por el Banco de España en julio del 2011.

La apertura de juicio llega semanas después de que Lamela archivase la causa por la comercialización de las cuotas participativas de la CAM, vendidas a 55.000 minoristas desde 2008 y que aportaron 292 millones a la entidad; en diciembre de 2011 dejaron de tener valor y se suspendió su cotización en bolsa.

Sin embargo, pese a este archivo, las cuotas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM, siguen bajo investigación en la pieza principal.

El Ayuntamiento de Murcia no se sabe si cumplió, o no, por falta de información, con la regla de estabilidad financiera

MADRID.- Málaga, Vigo y L'Hospitalet fueron los únicos ayuntamientos, con una población superior a los 250.000 habitantes, que cumplieron con los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto de 2015, así como con las previsiones sobre estos dos asuntos para 2016.

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre los dieciséis ayuntamientos capitales de provincia con ese tipo de población señala que en ninguno se aprecia riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad en 2016, si bien, con carácter general, el margen sobre el objetivo podría reducirse de forma notable respecto al registrado en años anteriores.

Zaragoza es el único que incumplió el objetivo de estabilidad en 2015 debido a la decisión de Eurostat de imputar en este año el gasto de inversión correspondiente al tranvía de la ciudad (evaluada en 256 millones, según el aumento que ha supuesto en la deuda registrada en el Banco de España).

Al ser una operación no recurrente, el desequilibrio se corregirá automáticamente en 2016, según la AIReF.

Es altamente probable, añade, que los de Bilbao, Madrid y Zaragoza incumplan la regla de gasto en 2016 y, en menor medida, en los de Valencia y Valladolid existe riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2016, si bien en éstos el cumplimiento sería posible si la capacidad de financiación fuese finalmente superior a la prevista en este momento por esos ayuntamientos.

En el caso de los de Alicante, Córdoba, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia y Palma de Mallorca no ha sido posible la valoración, puesto que no han comunicado la información de forma completa.

Solo los de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat prevén un superávit muy cercano a la estimación de la AIReF más favorable.

Por el contrario, Alicante, Madrid, Valencia y Vigo muestran una previsión de superávit para 2016 por debajo del nivel mínimo de estimación de la AIReF.

También se hace un análisis de ingresos y se deduce que los municipios con una autonomía financiera superior a la media son los de Murcia, Madrid, Alicante, Palma de Mallorca, L'Hospitalet de Llobregat y Vigo.

En materia de gasto, los que tienen un mayor gasto corriente primario per cápita son Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla.

Destaca que el de Bilbao es el de mayor gasto por habitante, que casi dobla el importe del resto de ayuntamientos en su tramo de población.

De los ayuntamientos analizados, solo Zaragoza no puede concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo en 2016, ya que su ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes consolidados se sitúa por encima del 110 %.

El siguiente cuadro recoge la comparativa de la AIReF sobre la valoración del riesgo de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto al cierre de 2015 y las previsiones para 2016:

. OBJETIVO ESTABILIDAD REGLA DE GASTO

AYUNTAMIENTO 2015 2016 2015 2016

==============================================================

Madrid Cumple Cumple Incumple Incumple

Barcelona (1) Cumple Cumple Cumple Cumple

Valencia Cumple Cumple Cumple Incumple

Sevilla Cumple Cumple Incumple Cumple

Málaga Cumple Cumple Cumple Cumple

Zaragoza (2) Incumple Cumple Incumple Incumple

Murcia Cumple Cumple Sin infor. Sin infor.

Palma de Mallorca Cumple Cumple Incumple Sin infor.

Las Palmas de GC Cumple Cumple Cumple Sin infor.

Bilbao Cumple Cumple Cumple Incumple

Alicante Cumple Cumple Incumple Sin infor

Córdoba Cumple Cumple Cumple Sin infor.

Valladolid Cumple Cumple Cumple Incumple

Vigo Cumple Cumple Cumple Cumple

Gijón Cumple Sin infor. Sin infor. Sin infor.

L'Hospitalet Cumple Cumple Cumple Cumple

(1) Cumple la regla de gasto de 2015 de acuerdo con el Plan Económico-Financiero.

(2) Incluye el ajuste exigido por Eurostat por las inversiones en el tranvía. Sin este ajuste cumpliría el objetivo de estabilidad y la regla de gasto de 2015.

La Autoridad Fiscal pide déficit diferenciados a las Comunidades Autónomas para 2016 y 2017

MADRID.- El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha insistido hoy en que las Comunidades Autónomas deberían tener objetivos de déficit diferentes este año y el que viene, para que en 2018 puedan alcanzar el equilibrio (0 % del PIB).

En su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso, Escrivá ha afirmado que "no parece razonable" mantener objetivos de déficit "muy exigentes" en determinadas administraciones públicas cuando existen situaciones de superávit, como es el caso de los Ayuntamientos.

Escrivá ha recordado ante los grupos parlamentarios el "esfuerzo" que han hecho los gobiernos autonómicos por reducir el déficit entre 2010 y 2014, cuando consiguieron disminuirlo en 2 puntos.

Ha reiterado que el saldo negativo del 5,16 % del PIB que se ha registrado en 2015 es "muy negativo" y no ha sorprendido a la AIReF ya que "está en línea con sus previsiones y se han materializado los riesgos que se advertían".

Entre estos riesgos, Escrivá también ha aludido a la situación "preocupante" de la Seguridad Social y aunque ha señalado que es difícil actuar a corto plazo ha reiterado la necesidad de cambiar su sistema de financiación para que algunas prestaciones se financien a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, sobre la aplicación de la denominada "regla de gasto" que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que va a aplicar a las CCAA incumplidoras, Escrivá ha considerado útil este mecanismo.

Sin embargo ha afirmado que cada corporación debería hacer sus planes de reducción de gasto según la aplicación de esta regla de gasto.

Ha dicho que por razones de urgencia la AIReF cree que "hay que concretar cuanto antes los planes de ajuste asociados al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2016".

El dirigente de la AIReF ha recordado que "es necesario que estos planes de ajuste se hagan satisfaciendo las garantías que marca la ley presupuestaria.

También ha lamentado que de los 15 planes de ajuste que debían presentarse por incumplimientos de déficit en 2014 "a fecha de hoy sólo se ha aprobado uno" y ha afirmado que es "muy desalentador" que el Gobierno sólo siga las recomendaciones de la AIReF cuando la Comisión Europea constata y materializa el riesgo de incumplimientos.

Escrivá ha advertido de que las medidas que propone el organismo que dirige "no son meras sugerencias, sino que deben cumplirse" ya que las administraciones públicas tienen obligación de seguir sus recomendaciones o bien explicar los motivos por los que deciden desviarse de sus objetivos.

'Podemos' critica que Pedro Antonio Sánchez no puede «mirar a otro lado» con el déficit

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, consideró que el presidente del Gobierno autonómico, Pedro Antonio Sánchez, "no puede mirar hacia otro lado" porque "es su partido, el PP aquí y en Madrid, el que ha permitido la acumulación de la deuda y el déficit de la Comunidad Autónoma", mientras que el PSOE con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue el que "profundizó" en la situación con el último acuerdo de financiación autonómica.

En una rueda de prensa y al ser preguntado por el argumento de la infrafinanciación de la Comunidad Autónoma esgrimido por el Gobierno regional para justificar el déficit, Urralburu recordó que se trata de algo que se remonta a los años 1999 y 2000, "cuando se materializaron las transferencias de Educación y Sanidad".

"No se nos puede olvidar que fue precisamente Mariano Rajoy, siendo ministro de Administraciones Públicas en ese momento y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, quien negoció con el entonces presidente murciano Ramón Luis Valcárcel las transferencias de los principales pilares del Estado del Bienestar en la Región", recordó.

En concreto, reprochó que estas competencias se negociaron "mal" y con una financiación "a la baja". Desde entonces, critica que la Región arrastra "ese déficit que está cifrado, más o menos, en torno a los 250 o 300 millones de euros anuales".

Desde entonces "ha llovido mucho" y Urralburu reconoció que "va a ser difícil recuperar ese dinero", ya que la deuda acumulada en la Comunidad Autónoma alcanza los 8.000 millones de euros y "tiene mucho que ver con ese déficit de financiación".

Por otra parte, Urralburu también se refirió a las declaraciones del presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, quien este martes afirmó que no está dispuesto a que el déficit "lo paguen los discapacitados, ni la asistencia sanitaria ni educativa".

En este sentido, recordó que, tal y como Podemos anunció en el debate del techo de gasto, "hay trampa en las cuentas de la Comunidad", porque el Gobierno regional "hace unas cuentas raquíticas que no recogen todas las necesidades y que, cuando llega le mes de octubre o noviembre, tienen que poner la mano para incrementar el déficit".

Se trata, lamentó, de un déficit "desbocado" debido a unos presupuestos "sin control" que el Gobierno regional "no tiene ninguna voluntad de modificar" en el marco de la "lógica presupuestaria que ha venido aplicando en estos últimos años".

Al igual que ocurrió en 2015, Urralburu reprochó que "luego llega el recorte en los sectores más débiles", como el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) que, de los 100 millones que tenía presupuestados para ese ejercicio, solo se ejecutaron 80".

Por tanto, los "recortes" vienen "de facto" por la "insuficiencia en la ejecución de los presupuestos del capítulo social, tanto en Educación, donde la reducción se sitúa en torno al 10%, como en los capítulos sociales dependientes del IMAS y de las políticas de dependencia o políticas sociales".

Precisamente por eso, anunció que la Asamblea Regional debatirá este jueves la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana propuesta por Podemos y que ya ha sido tramitada, pasando por la Comisión de Asuntos Generales este mismo martes.

El objetivo de esta Ley, recordó, es "poner en primer orden de prioridad la política de gasto y los gastos sociales", con el fin de que "no ha ni una dieta o ningún gasto en infraestructuras, o una contratación de personal eventual para personal de gabinete de Pedro Antonio Sánchez antes de pagar una ayuda por dependencia, una RBI o una beca por comedor escolar".

"Esto es lo que significa tener por delante a la gente antes que los intereses de partido", defendió Urralburu.

Giro en la hipótesis de la defensa del 'caso Cala Cortina' y firmeza judicial en el 'caso Visser'

CARTAGENA/MURCIA.- El abogado defensor de uno de los policías nacionales acusados de la muerte de Diego Pérez Tomás, en Cala Cortina en 2014, sostiene que el fallecido subió voluntariamente en el coche de los agentes "por miedo a unas presuntas amenazas", que los agentes desconocían los problemas mentales que padecía y que su muerte fue accidental, "nunca homicida". Así como la imposibilidad de que los policías nacionales lo mataran y arrojaran al mar, por falta de tiempo.

Así se desprende del escrito de calificación presentado en el juzgado por el letrado Raúl Pardo-Geijo, que especifica una serie de hechos en su defensa como la autopsia del 23 de octubre que abría la hipótesis a la muerte accidental o un informe del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria de febrero de 2015 que establecía que "existía aún mayor probabilidad de que el cuerpo se hubiese introducido en el agua el día 12 ó 16 que el propio día 11 de la desaparición".

A lo que se une un informe de noviembre de 2014 que concluye que dado "la etiología de las lesiones y sus planos de acción-reacción, la fuerza fundamental para la causa de las lesiones axiales, acuñamiento colapso y fracturas de varias vertebras trabeculares es violenta accidental, con muy baja probabilidad de homicida, ya que no existe modelo ni registro de lesiones producidas por ninguna hipótesis de arma u objeto usado".

O el informe del 3 de agosto de 2015, donde se señala que Diego se cayó desde una altura de unos dos metros, "impactando violentamente la cara sobre una superficie dura que ocasionó la hiperextensión de la cabeza y cuello, con tal violencia que se fracturaron varias vértebras cervicales, que a su vez lesionaron la médula espinal y el tronco del encéfalo".

Señala, además, que todas las lesiones que presenta el cadáver "se deben a la caída desde una altura aproximada de dos metros, no existiendo ninguna lesión ajena a este mecanismo de producción" y, por tanto, "se descarta la intervención de una tercera persona en este fallecimiento y que no existe ningún signo de violencia externa" ejercida sobre Diego Pérez; subrayando que "todas las hemorragias y lesiones que presentaba se debieron exclusivamente a la caída" y que "la etiología de la muerte fue accidental".

El abogado sostiene, asimismo, la imposibilidad de que los agentes pudieran dar muerte a Diego, así como arrojarlo al mar, teniendo en cuenta las llamadas y la hora aproximada (4.55 horas) a la que los tres 'Z' salieron del domicilio de Diego hasta Cala Cortina "sin realizar parada alguna".

Señala que "no es lógico entender que seis agentes lleguen en 2 minutos y 40 segundos al acuerdo de matar a Diego, que, posteriormente, vuelvan a acordar el arrojarlo al mar, teniendo, a su vez, no sólo que determinar qué concreto sitio sería el pertinente sino, además, arrastrar el cuerpo hacia tal lugar, depositar el mismo, volver hacia sus vehículos para, finalmente, dar salida y marcharse hacia Cartagena".

Tras lo que el letrado se pregunta si "no se hace más cabal entender, dado el sobreexcitado estado que presentaba la víctima que, tal y como relataron los seis agentes, se le abrió la puerta del vehículo y, acto seguido, salió corriendo, subiendo el terraplén, en dirección hacia la carretera".

Asimismo, según el escrito, resalta los posicionamientos de los teléfonos de cada agente, que confirman que estuvieron juntos (dos por vehículo) en todo momento, y niega que sea cierto que Cala Cortina sea un lugar solitario y aislado y que Cala Cortina esté a dos kilómetros de la zona de patrullaje de los agentes.

Insiste, además en que fue Diego "quien, ante su hiperbólico temor, insistió y consiguió introducirse en el vehículo policial y que, además, los agentes le trasladasen a un lugar apartado de su domicilio, declinando acudir a comisaría para denunciar pero tampoco al hospital para ser tratado a tenor de su más que descentrado estado mental".

Por lo que, a juicio del abogado, el error de los agentes fue ocultar lo ocurrido por temor a una sanción, y solicita que los acusados declaren en último lugar, "al finalizar la actividad probatoria", posibilidad que "resulta más respetuosa con el principio de contradicción de la prueba y con la posición del acusado como sujeto de derechos y no como objeto del proceso".

El TSJ deja como estaba el 'caso Visser'

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha desestimado el recurso que Serafín de Alba, acusado como encubridor en el caso de los asesinatos de la jugadora holandesa de voleibol Ingrid Visser y de su pareja, Severein Lodewijk, presentó para solicitar el sobreseimiento.

El recurso fue planteado contra el auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado-presidente del jurado popular que juzgará los hechos y en el que mantenía su imputación como presunto encubridor. Durante la vista celebrada ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ el pasado 17 de marzo, su abogado defensor expuso que no existía prueba ni indicio alguno que acreditara que, previamente a ocurrir el doble crimen, tuviera el menor conocimiento de ello.

Asimismo, señaló a la Sala que cuando la policía se presentó en su finca, donde fueron enterrados los cadáveres de Visser y de su pareja, mostró su total colaboración con los agentes, algo que, aseguró el letrado, no se compadece con quien ha sido un encubridor.

En contra de lo sostenido por el apelante en su recurso, que alegó que el auto recurrido vulneraba la presunción de inocencia que le ampara, el TSJ indica que esta le protegerá hasta el juicio e incluso hasta que haya una sentencia firme, por lo que no se ha producido vulneración alguna. La vista oral de esta causa, incoada hace ahora casi tres años al descubrirse el doble crimen, cometido en una casa rural ubicada en Molina de Segura, dará comienzo el próximo septiembre y se prolongará por espacio de mes y medio.

Para el juicio, que se desarrollará ante un jurado popular, están citados 170 testigos y peritos, entre los que se encuentran los más de ochenta agentes de Policía que intervinieron en las actuaciones. Además de De Alba, los acusados son Juan Cuenca, gerente del club de voleibol de Murcia donde jugó Visser, considerado ideólogo del doble crimen, y los rumanos Ion Valentin y Constantin Stan, presuntos autores materiales de los asesinatos por encargo de Cuenca. Para cada uno de los tres últimos el fiscal pide 50 años de prisión por dos delitos de asesinato.

El caso que será enjuiciado ocurrió en 2013 cuando fueron asesinados la jugadora de voleibol holandesa Ingrid Visser y su pareja Severein Lodewijk, por el que ingresaron en prisión Juan Cuenca Lorente, exgerente del equipo de voleibol Murcia 2005, y los dos ciudadanos rumanos.

C's-Cartagena propondrá modificar los estatutos de la ADLE para una representación política más justa

CARTAGENA.-Ciudadanos Cartagena ha llevado hoy al Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) su petición de cese del gerente, Diego Peñarrubia. Los motivos de esta petición, que se ha debatido y votado tal y como se aprobó en el último Pleno municipal, es la pérdida de más de 700.000 euros en ayudas del Servicio de Empleo y Formación para cursos remunerados de garantía juvenil y con prácticas laborales hecho por el que nadie, a día de hoy, ha asumido ni su error ni su responsabilidad.

"Desde Ciudadanos lamentamos que la representación política de este consejo no se corresponda con la del Pleno municipal, y que a pesar de que los partidos que conforman el Gobierno local, Movimiento Ciudadano y PSOE, representan, entre los dos, tan sólo al 34 por ciento del electorado, tienen la mayoría en este Consejo Rector. Ha sido esta desvirtuación de la representatividad la que ha supuesto que en la votación se haya desestimado el cese del director de la ADLE, Diego Peñarrubia, a pesar de que los tres grupos de la oposición, que representan al 54 por ciento del electorado haya votado a favor del mismo".

"Ciudadanos Cartagena, así como el resto de grupos de la oposición, está sopesando la posibilidad de conseguir que se modifiquen los estatutos de la ADLE para que el Consejo Rector sea un fiel y proporcional reflejo de la representación política surgida de las urnas, una representación más justa".

Según el portavoz de Ciudadanos Cartagena, Manuel Padín, "durante la reunión se ha dado a entender que el Pleno, el máximo órgano de representatividad política de los ciudadanos, con mayoría o sin ella, no tiene ninguna autoridad sobre las decisiones que se adopten en el Consejo Rector, y me parece que trasmitir eso a la ciudadanía, que no hay nada supeditado al ejercicio democrático del Pleno es muy triste y poco democrático". 

El portavoz de la formación naranja creía que "tanto Movimiento Ciudadano como PSOE tenían la clara voluntad de cambiar las cosas en Cartagena, cambiar la forma que se ha tenido de entender la política y el gobierno de una ciudad, generar un cambio a través de las nuevas mayorías para un futuro mejor y más democrático modificando, entre otras cosas, aquellas normas que se habían hecho a medida para centralizar el poder a pesar de que no se tuviera la mayoría absoluta, pero no, ahora que están en el ejecutivo local no les viene bien, no les interesa, ahora dicen aquello de 'yo tengo el sillón, yo mando' y si no te gusta que se incumplan los acuerdos del Pleno te mandan a los tribunales, y eso no puede ser"

Manuel Padín considera inaudito el desprecio del Gobierno de Cartagena por el cumplimiento de los mandatos plenarios, "durante la reunión he intentado hacerles ver que es ahora cuando tienen que ser generosos, que la ciudadanía lo recordará y apreciará, que será ella la que les juzgue cuando pasen los años".

El PP exige el cese inmediato del gerente de la Agencia de Empleo decidido por el Pleno municipal de Cartagena

CARTAGENA.- Tras la reunión celebrada esta mañana en el Consejo Rector de la Agencia de Empleo, el Partido Popular mantiene su exigencia de que se cumpla el mandato del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena y se cese al director por su responsabilidad en la pérdida de 700.000 euros de programas para desempleados .

"Es de vergüenza es que nos convoquen a un consejo extraordinario para tomar en consideración una decisión aprobada por el Pleno y que la vicealcaldesa y concejales del gobierno impidan con su voto que se cumpla la soberanía popular representada en el máximo órgano municipal", ha dicho Diego Ortega, portavoz adjunto popular.

Así, Ortega destaca que el gobierno ha podido imponer su criterio porque diseño el consejo rector sin reflejar las proporciones de los grupos para poder controlar el organismo. En cualquier caso, "los que hoy han votado en contra del cese del director de la Agencia están en el consejo como concejales y no pueden sabotear la decisión del Pleno al que pertenecen".

El portavoz popular recuerda que el alcalde López ya anunció su intención de incumplir la decisión en el Pleno y "esta mañana la señora Castejón ha vuelto a decir que el pleno no tiene potestad sobre la Agencia de Empleo, y de hecho, ha recriminado que se hable de empleo en el pleno municipal, cuando ellos lo han hecho siempre".

"El primer paso para burlar al Pleno ha sido la convocatoria del Consejo Rector, en el que Castejón establece como único punto del orden del día la toma en consideración de la moción de Ciudadanos, cuando lo que se debate ya no es la moción de un grupo, sino una decisión del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena".

IU-V exige que "Aguas de Lorca" gestione la retirada de las tuberías de fibrocemento en las pedanías

LORCA.- El concejal de IU-V en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, ha planteado esta mañana en el Consejo de Administración de Aguas de Lorca que se preste atención a las numerosas conducciones de la red de abastecimiento de agua potable de Lorca que aún utilizan tubos de fibrocemento. 

En este tipo de conducciones está presente el amianto, una sustancia altamente contaminante y generadora de enfermedades muy graves, y cuyo uso está prohibido en España desde 2002.

Con esta iniciativa el edil de IU-V traslada a "Aguas de Lorca" una demanda de las asociaciones de vecinos de las pedanías altas de Lorca, preocupadas por los casos crecientes de enfermedades graves que se están registrando en estas pedanías en los últimos años.

Sosa, haciendo de altavoz de los vecinos, pretende que Aguas de Lorca contrate la realización de análisis externos de las aguas en las pedanías tendentes a detectar la presencia de este contaminante, y que asimismo el plan que en la actualidad se acomete en la ciudad de Lorca de renovación integral de las conducciones de abastecimiento de agua potable se extienda a todas las pedanías del término municipal.

De otro lado, el concejal de IU-V ha afirmado que demandará del gobierno municipal información precisa sobre el tratamiento que se está dando a los residuos de amianto que llegan al vertedero municipal, y si efectivamente ese tratamiento se está gestionando con sujeción a la normativa estatal y comunitaria existente. Un decreto del gobierno de España de 2006 y una posterior Directiva de la Unión Europea.

Valcárcel pide a la Comisión Europea que tome medidas para evitar los ataques franceses contra el vino español

BRUSELAS.- Ramón Luis Valcárcel ha solicitado a la Comisión Europea que tome medidas para evitar que se repitan los ataques producidos en Francia en los últimos días contra camiones que transportaban vino español.

En una pregunta escrita presentada a la Comisión Europea, el eurodiputado ha denunciado ataques como el producido en el paso fronterizo de Le Boulou, entre Francia y España, en el que viticultores franceses detuvieron camiones españoles y vertieron el vino que transportaban desde España. Entre estos camiones se encontraban otros pertenecientes a empresas murcianas.

Valcárcel ha destacado en su pregunta que "no es la primera vez que, amparándose en que en España se consigue producir productos agroalimentarios más competitivos, los franceses boicotean la entrada de los camiones que entran a Francia". 

Asimismo ha criticado en su escrito la pasividad de los gendarmes franceses, que no actúan para impedir el boicot de las mercancías españolas por parte de los agricultores galos, y ha puesto de manifiesto que el acoso al vino español no es un caso aislado, ya que ataques similares se han producido contra otros sectores como el de los melocotones en julio de 2014, los productos cárnicos en julio de 2015 o la quema de la carga de un camión procedente de Lorca con destino a Austria el pasado 2 de febrero, cerca de Arlés.

Por ello, ha solicitado a la Comisión Europea que medie ante Francia, para "evitar que estos atentados al mercado común vuelvan a producirse".

En el pasado, hay que recordar que los ataques que sufrieron año tras año los camiones de frutas y hortalizas españolas por parte de los campesinos franceses ya le valieron a Francia una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 1997 por haber manifestado una total pasividad ante esos actos de vandalismo.

El diputado Guillamón (PP) pone en evidencia la tolerancia de Fuentes Zorita respecto a la desaladora de Escombreras

MURCIA.- El expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, el socialista José Salvador Fuentes Zorita, facilitó el proyecto del Gobierno regional de construcción de la desaladora de Escombreras, ha afirmado el diputado del PP, Juan Guillamón, tras escuchar su comparecencia hoy ante la comisión de investigación de la Asamblea Regional. 

En este sentido, ha recordado un informe firmado por Fuentes Zorita cuando estaba al frente de la Confederación en el que expresamente reconoce "la labor encomiable del Gobierno Regional en el interés de obtención de nuevos recursos hídricos procedentes de la desalinización de agua para ayudar a paliar el déficit hídrico que padece la Región", afirmaciones que contrastan con lo dicho esta mañana en la Asamblea.

"Su predisposición a facilitar el proyecto certifica que la desaladora es un instrumento útil frente al fracaso del Programa Agua", ha añadido Guillamón quien considera que el expresidente de la CHS ha intentado defenderlo ante la comisión pero el Programa Agua no ha cumplido sus funciones porque ni ha llegado agua antes, ni es más barata ni de mayor calidad.

Para el diputado popular, José Salvador Fuentes Zorita, como buen socialista se ha preocupado de no transgredir la postura de Narbona, de quien debemos recordar que derogó el trasvase del Ebro.

Por otro lado, Guillamón considera que las desaladoras que se construyeron bajo el mandado del PSOE están paradas o infrautilizadas, frente a lo afirmado esta mañana por Fuentes Zorita, y ha aportado como dato que todas ellas, doce años después, han aportado 120 hm3 de agua, no cabe una mirada optimista sobre el funcionamiento de estas desaladoras que no si ni tan siquiera utilizadas como fuente de recurso por la Mancomunidad de Canales del Taibilla. 

"Como contrapunto se encuentra la desaladora de Escombreras que funciona al 70% de su capacidad, produce agua para consumo humano y para riego proporcionando actualmente este recurso a más de 70 empresas y comunidades de regantes".


Visión socialista

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro ha manifestado tras la comparecencia de el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, en la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras que "se ha ratificado que la construcción de dicha planta desaladora era innecesaria".
Y lo era porque el Programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente garantizaba los recursos hídricos suficientes para el abastecimiento en el horizonte del año 2007-2008, tal y como demuestra la puesta en marcha de la desaladora de San Pedro II en 2006, la de Valdelentisco en junio de 2007, y la de Alicante II en julio de 2008.
Navarro agregó que el Programa Agua no solo garantizaba el agua para abastecimiento, sino que contemplaba una importante cantidad de agua desalada para redotar los regadíos con más de 142 hectómetros cúbicos. Además, "sorprenden los costes de la desaladora de Escombreras con los costes reales de las desaladoras programadas desde el Gobierno socialista de España".
Como ejemplo citó la de San Pedro II, con un período de ejecución de 18 meses y una inversión de 90 millones de euros, para producir 24 hectómetros cúbicos, en comparación con la desaladora de Escombreras, cuya producción máxima a pleno rendimiento será de 22 hectómetros cúbicos y nos puede costar a todos los murcianos cerca de 600 millones de euros.
Navarro indicó, asimismo, que la comparecencia ha venido a desmentir las afirmaciones de Valcárcel en las que decía que la desaladora de Escombreras garantizaba agua para miles de hectáreas de regadío y para el mantenimiento de miles de puestos de trabajo. "Algo que es falso, pues la solicitud inicial para la construcción de la desaladora destinaba el agua exclusivamente para abastecimiento; posteriormente, se solicitó un cambio de uso de la concesión para uso industrial de 2 hm3 y para uso recreativo (campos de golf) de otros 2 hm3. Finalmente, a partir de mediados de 2012 se solicitó el cambio de uso para regadío, con solo 3 hm3".
El diputado socialista señaló que hasta el 31 de marzo de 2009, cuando el Ente Público del Agua (EPA) consiguió los permisos para el funcionamiento de la desaladora y autorizaciones para distribuir agua, todas las actuaciones y convenios firmados no tenían autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), por tanto, estaban incumpliendo la Ley de Aguas vigente.
Según los informes y archivos de la Comisaría de Aguas a fecha 3 de agosto de 2006, no consta que la mercantil Hidromanagement S.L., tuviera concesión alguna por parte de la Confederación para la construcción de una desaladora.
Por otro lado, los informes de la CHS relativos a la creación del precio público del agua para abastecimiento de agua potable, procedente de la desaladora de Escombreras, no se ajustaban al ordenamiento jurídico vigente, al incumplir lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de dicha Ley, en lo relativo a la concesión de agua desalada, así como a la aprobación de las tarifas, que debían haberse tramitado a través del Organismo de Cuenca, es decir, la Confederación Hidrográfica del Segura.
Por último citó el informe del Tribunal de Cuentas de 31 de marzo, donde se pone de manifiesto la extrema situación económica deficitaria de algunos proyectos de infraestructuras muy relevantes para la Comunidad Autónoma de Murcia, como la infrautilización de la planta desaladora de Escombreras.

Clarificador para C's

Finalmente, Ciudadanos valoró positivamente la información proporcionada por las 11 autoridades políticas que comparecieron ante la Comisión de Investigación de la desalinizadora de Escombreras "porque han servido para aclarar algunos aspectos que, hasta ahora, eran oscuros y que reflejaremos detalladamente al término de la investigación".
Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, y presidente de la Comisión de Investigación de la desalinizadora de Escombreras, recordó que esta Comisión es la primera que se realiza en abierto, gracias a la iniciativa de Ciudadanos "porque los murcianos tienen derecho a conocer las explicaciones que ofrecen sus representantes políticos y, en este caso concreto, en qué se ha invertido el dinero de sus impuestos, y cuál es el resultado de esta inversión".
Sánchez resaltó las comparecencias de Alberto Garre y de Antonio Cerdá. "Garre reconoció que la desalinizadora fue un mal negocio y Cerdá que había sido un modelo ruinoso. Por el contrario nos ha llamado negativamente la atención la insistencia de otros políticos, entre ellos Ramón Luis Valcárcel, en justificar algo tan injustificable, como es un contrato leonino que blindaba a una empresa privada en perjuicio de los intereses de los ciudadanos de la Región de Murcia".
En la sexta jornada de la Comisión se produjo la comparecencia de José Salvador Fuentes Zorita, antiguo presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. A preguntas de Sánchez, Fuentes Zorita reconoció que "la desalinizadora era innecesaria" y que, tal y como afirmó en 2007 en el momento de su inauguración, se encontraba en una situación de alegalidad ya que no tenía en orden, ni la toma de agua, ni el emisario, ni la concesión necesaria, testimonio que el portavoz de Ciudadanos calificó de "clarificador".
Sánchez también resaltó el testimonio de Fuentes Zorita, quien criticó que la Comunidad Autónoma sorteara los requisitos de la Ley de Aguas para abastecer a las urbanizaciones, una ley sobre la que el propio Fuentes Zorita manifestó que "debe ser buena, porque aún continúa en vigor".
El antiguo presidente de la Confederación Hidrográfica comparó el despilfarro de la planta de Escombreras, con otras desalinizadoras como la de San Pedro del Pinatar "que tuvo un precio inferior, que tardó menos tiempo en construirse y que produce más hectómetros cúbicos que Escombreras".
Por último, el portavoz de Ciudadanos anunció que en las próximas semanas se reanudará la Comisión de Investigación con la comparecencia de los técnicos.

'Podemos' pide en Murcia la eliminación de las tasas judiciales a pymes y ONGs

CARTAGENA.- El portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Oscar Urralburu, la diputada en la Asamblea Regional, María Jiménez acompañados del Decano del colegio de Abogados de Cartagena,  José Muelas, han presentado la moción que se debatirá mañana en la Asamblea para la derogación de tasas judiciales a Pymes, ONGs y entidades sin ánimo de lucro.

Urralburu ha explicado que el acceso a la justicia es un derecho básico en cualquier sistema democrático, que se vio mermado con la reforma del Ministro Gallardón y que aunque ha tenido modificaciones, como la de que las personas físicas se encuentren exentas de ellas, las organizaciones no gubernamentales y las pymes también deben de estarlo y ha puesto como ejemplo el hecho de que si estas tasas hubiesen estado vigentes en algunos procesos judiciales, estos no hubiesen salido adelante.

"¿Qué hubiese pasado si en procesos como cuando se recurrió el proyecto de Marina de Cope o del Algarrobico, Ecologistas en Acción hubiese tenido que abonar las tasas? Esos recursos no podrían haber prosperado por el alto encarecimiento del proceso judicial"

Por su parte la diputada regional María Giménez, que será la ponente de la moción, ha explicado que "derechos fundamentales como el derecho a la Justicia y el acceso a ella, está en el ADN de Podemos, y la vigencia de las tasas lo único que ha producido hasta el momento son trabas, y el acceso a la justicia no puede negársele a nadie con estos métodos disuasorios".

Giménez ha expresado su deseo de que "mañana impere el sentido común y todos los grupos parlamentarios voten a favor de esta moción para instar al Gobierno central a que introduzca la exención de las tasas judiciales a pymes y Ongs y que destine a la Comunidad de Murcia lo recaudado en las tasas judiciales desde el periodo 2013-2014, para destinar esta cuantía a la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad Autónoma".

En caso de que la moción de Podemos salga adelante y se eleve a estatal, tendrán que ser devueltos 450 millones de euros a los diferentes territorios, que ha sido lo recaudado con la política de tasas judiciales.

El PSRM apuesta por el funcionamiento en condiciones dignas de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia

MURCIA.- La vicesecretaria general del PSOE-RM y diputada en la Asamblea Regional, Isabel Casalduero, ha constatado la necesidad de que se emprendan una serie de acciones para garantizar la supervivencia de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM).

"Es necesario el funcionamiento en condiciones dignas del que consideramos que es uno de los exponentes de mayor calidad y prestigio de la cultura de la Región", ha señalado Casalduero tras reunirse con el comité de empresa de la Fundación OSRM.

Según la diputada socialista, ha sido una reunión productiva y enriquecedora para ambas partes, en la que el PSOE murciano ha conocido de primera mano la precaria situación en la que se encuentra la OSRM.

"Esto se debe a la falta de apoyo del Gobierno regional desde hace ya varios años. De hecho, es la orquesta sinfónica peor tratada de todas las que hay en España", ha explicado Casalduero.

"No podemos hacer una marca Región de Murcia si descuidamos, como hace el Partido Popular, la esencia y las raíces de la cultura de calidad, y esto último es, evidentemente, lo que la OSRM es para nuestra comunidad autónoma", ha concluido.

La Guardia Civil solicita la protección de las Salinas Reales de Sangonera la Seca

MURCIA.- La Guardia Civil de la Región de Murcia, tras el correspondiente estudio, ha solicitado el inicio de varios expedientes administrativos para asegurar la catalogación, protección y conservación del conjunto de bienes muebles e inmuebles que componen las Salinas Reales de la pedanía murciana de Sangonera la Seca, así como otros yacimientos e inmuebles en Alcantarilla y Cañada Hermosa-Murcia.

Estas actuaciones están enmarcadas en el 'Plan para la defensa del Patrimonio Histórico Español', puesto en marcha por la Dirección General de la Guardia Civil con el objetivo de incrementar la seguridad del Patrimonio Histórico Español y reducir la actividad delictiva en este sector.

En las últimas fechas, la Guardia Civil ha tramitado a la Dirección General de Bienes Culturales del Servicio de Patrimonio Histórico de la CARM, una solicitud para que se inicien los trámites de catalogación como bien de interés cultural, con la categoría de lugar de interés etnográfico parte de la Finca Las Salinas, ubicada en la pedanía murciana de Sangonera la Seca.

Dentro del perímetro de esta finca agrícola, de propiedad particular, se encuentran ubicadas las conocidas como Salinas Reales. Se trata de un centro salinero de interior, cuyos primeros datos históricos datan del siglo XIII. En el año 1266 y debido al alto rendimiento económico que proporcionaba un elemento tan necesario y demandado por aquel entonces como la sal, el rey castellano Alfonso X El Sabio tomó la propiedad de estas salinas y las demás situadas en las tierras del Reino de Murcia. De ahí su denominación de Salinas del Rey o Salinas Reales.

En el periodo bajomedieval, las Salinas Reales se convirtieron en el principal centro salinero de este reino, superando su explotación a otras de interior, como las de Molina de Segura, o costeras, como las de San Pedro del Pinatar. La actividad industrial llevada a cabo en estas salinas se extendió en el tiempo, cesando su actividad como tal, en la década de los años 70 del pasado siglo. Sus más de 700 años de funcionamiento han dado lugar a multitud de historias relacionadas con disputas por el arrendamiento de sus instalaciones, el uso de esclavos en las mismas o las falsificaciones llevadas a cabo en la venta de sal, debido al alto grado de calidad del producto extraído.

En la actualidad, dentro de esta finca de casi 2.000 tahúllas de extensión, se conservan las instalaciones usadas desde antaño para la recolección de sal. En una pequeña porción de terreno, al margen de la explotación, se pueden observar concentrados y muy próximos entre sí, una casa señorial con una pequeña ermita en su interior, tres almacenes o alfolís, ocho balsas o recocederos, la torre de un molino de viento para triturar la sal, así como el nacimiento natural del agua hipersalina. Hace unos pocos años, las más de 150 pequeñas eras de cristalización desaparecieron por la instalación de una balsa de riego para la finca agrícola.

A finales del pasado mes de marzo, agentes de la Guardia Civil especializados en la protección del patrimonio, junto con expertos del Servicio de Patrimonio Histórico de la CARM, visitaron e inspeccionaron las instalaciones descritas, donde verificaron la riqueza del conjunto descrito y la carencia de protección y catalogación de sus elementos, integrantes como parte de la Cultura del Agua y la Sal. De hecho, según la Ley 4/2007, de Patrimonio Cultural de la CC. AA. de la Región de Murcia, la torre del molino de viento, ya de por sí, tiene la catalogación de bien de interés cultural, con el mero hecho de comunicarlo e iniciar su tramitación administrativa, puesto que este tipo de bienes molinos de viento tienen asignada esa catalogación en la Región.

Esta actuación está integrada en el conjunto de otras similares que, en colaboración con el Servicio de Patrimonio Histórico, están siendo impulsadas por los guardias civiles especializados en la protección del Patrimonio Histórico.

Además de la protección de las Salinas Reales, durante los últimos meses se ha comunicado y solicitado a la Comunidad Autónoma la protección de diversos bienes culturales como el Puente de las Pilas, dos chimeneas industriales y el hallazgo de un escudo heráldico desaparecido en Alcantarilla, dos acueductos y una balsa de Cañada Hermosa-Murcia, así como la localización de vestigios fósiles y arqueológicos.

Fruto de estas actuaciones se ha logrado la catalogación de un yacimiento paleontológico, con fósiles marinos asociados al Mioceno superior y está en estudio la de un yacimiento ibérico, tras haber hallado vestigios cerámicos de los siglos V y IV a. C.

En el campo del Patrimonio Cultural, tan importante es su hallazgo o recuperación, como el asegurar su protección, que facilite su posterior disfrute a las generaciones venideras.

'Cambiemos Murcia' recuerda que las leyes están para cumplirlas, en referencia a la de Memoria Histórica

MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia Nacho Tornel ha recordado hoy al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que las instituciones municipales tienen la obligación de cumplir con las leyes aunque a sus gobernantes no les gusten, como es el caso de la de Memoria Histórica.

Tornel ha insistido en que las leyes emanan de una institución democrática que representa la soberanía popular y, por tanto, su aplicación no responde al "clamor popular" al que hacía alusión la concejala de Organización, Maruja Pelegrín, sino al respeto hacia la voluntad de la ciudadanía.

"Este Ayuntamiento ha aplicado todas las leyes, incluidas algunas que han mermado los servicios públicos como es el caso de la reforma de la ley de Bases de Régimen Local", ha sostenido Tornel dirigiéndose a Pelegrín.

Otra cosa, ha señalado, es corroborar y mostrar sensibilidad respecto al grado de dificultad que se puede originar a la hora de aplicar una ley, pero lo que está haciendo el Gobierno local es "buscar excusas porque no está de acuerdo con ella".

El fiscal anticorrupción pone en evidencia la política urbanística, aún no derogada en Totana por IU-PSOE

TOTANA.- Después de conocer hoy la última decisión del Fiscal anticorrupción, la responsable de comunicación de Totana Unión y Progreso (TUP), Belen Muñiz, vuelve a instar a los gestores municipales de Totana  a revisar su actuación respecto al plan general de ordenación urbana.  

"Es hora de que el alcalde explique su persistencia en seguir adelante con un documento corrupto e ilegal desde el origen", afirma Muñiz en un comunicado. 

"Suena a mofa que se permita decir que no hay denuncias de particulares al plan general cuando él mejor que nadie sabe que ha batido un récord de alegaciones".

"Basta ya de actitudes paranoides ante  falsos intentos de derribo al gobierno legítimo porque gran parte de los totaneros ya saben a estas alturas que hay colectivos que representan peticiones y posturas legítimas, intereses mucho más legítimos que un sillón", añade.

"Como ya anunciaba TUP hace poco tiempo, es ahora la Fiscalía la que viene a darnos la razón de la inviabilidad del plan general de Totana que el señor alcalde y, por razones que a muchos se nos escapan, defiende, a sabiendas que es ilegal y que, ya su aprobación parcial en su día, estaba viciada por venir de un posible delito de prevaricación", recuerda.

"Es lamentable que la soberbia, que no queremos pensar ni en ignorancia ni en otros intereses, haga que tengamos que enterarnos por la prensa regional de decisiones de la Fiscalía graves y que afectan al PGOU también firmante con el EPA,  cuando el señor alcalde debiera ser el primero en informar o informarse de la situación real del plan general".

"Todo lo demás es engañar al pueblo y el equipo de Gobierno debe saber a estas alturas que este plan será anulado al igual que fueron otros que adolecían del mismo defecto, la falta de informe preceptivo de la CHS, y otros, al igual que no debe ignorar que hay un procedimiento penal en curso que también lo puede invalidar".

"Todo lo que no sea admitir esta realidad es hacer tontos a los totaneros".

"Es hora de que se deje de demagogias y populismos a los que tanto recurre, gobierne y diga la verdad al pueblo de Totana, asumiendo que lleva meses en el gobierno y a día de hoy aún no nos ha dicho cuál es la deuda real del Ayuntamiento, haga algo positivo en vez de deleitarnos con sus diarios menús, porque al pueblo de Totana le puede estar preparando usted un plato envenenado con sus políticas tan poco transparentes, prepotencia disfrazada de humildad y monólogos interminables". 

"Usted, alcalde, deje de perder el tiempo y saque adelante un nuevo y realista plan general con consenso real", apostilla.

Los demandantes de la extinta CAM ven un «paso adelante» que se abra juicio

ALICANTE.- La plataforma que agrupa a alrededor de 800 de los afectados por la compra de productos tóxicos de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) ven "un paso adelante" en su camino a la devolución del dinero invertido que la Audiencia Nacional haya acordado abrir juicio a ocho exdirectivos de la entidad.

La Plataforma CAM de perjudicados representa a unos 800 clientes que adquirieron participaciones preferentes o cuotas participativas (acciones sin derechos políticos), por un valor conjunto de 14 millones de euros.

Uno de los portavoces de la Plataforma CAM, Carlos Pena, ha relatado que esta decisión de la jueza era "necesaria para poder reclamar el dinero porque hay que demostrar que ha habido un delito societario" y que "el daño colateral" del mismo fueron los clientes.

A este respecto, Pena ha puesto de manifiesto que tanto las participaciones preferentes como las cuotas participativas fueron emitidas por CAM "con información falsa" ya que "decían que la entidad daba ganancias cuando había unas pérdidas monstruosas".

Como ejemplo de esta disparidad de cifras, ha relatado que antes de que se acentuara la crisis en el sector financiero, en 2010, CAM informó de que había ganado 300 millones de euros cuando un informe independiente posterior rebajó la cifra a 30 y, según estima la Plataforma, la cuantía real pudo haber sido de 70 millones negativos.

"Es un paso adelante que esperábamos", ha continuado Pena, quien ha señalado que la Plataforma abrirá una nueva demanda colectiva por lo civil para quienes compraran estos productos tóxicos entre el 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de 2011. 

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado hoy la vista oral para ocho exdirectivos acusados de varios delitos, entre ellos al expresidente de CAM Modesto Crespo y a los exdirectoers generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós.

Abel Sáez bien pudiera ser el nuevo presidente del TSJ para superar la actual división de la Judicatura murciana

MURCIA.- El prestigioso magistrado alicantino, Abel Sáez Domenech, actual presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y el más antiguo del TSJ, sustituirá como presidente interino, casi con toda seguridad, a Miguel Pasqual del Riquelme  tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que, como máxima instancia, anula por falta de motivación su nombramiento de hace un año por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según fuentes del primer organismo.

Un considerable número de jueces y magistrados vería bien que este reconocido y veterano magistrado se presentase ahora para ocupar el cargo de forma definitiva y que así lo estimase conveniente el CGPJ en su próxima reunión del 28 de abril para zanjar de esa forma la división producida en la Judicatura murciana por la sentencia del Supremo tras el recurso de otra aspirante, la no menos prestigiosa magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia, Pilar Alonso Saura, con muchos más méritos que el juez de Primera Instancia e Instrucción, el joven Pasqual del Riquelme. 

Parcialmente admitido su recurso por 18 magistrados del Tribunal Supremo por defectos, el fallo favorable no supone la sustitución automática de Pasqual del Riquelme por Alonso, por lo que se abre la vía para una tercera opción en la persona de un magistrado con tantos, o más méritos que ningún otro, como es el caso de Abel Sáez, hijo de juez y persona muy respetada entre el colectivo de jueces y magistrados por su demostrada autoridad técnico-profesional, mesura y equilibrio de todas sus resoluciones perfectamente motivadas siempre.

Los fallecidos en las carreteras murcianas caen casi un 80% en la última década

MURCIA.- El delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, destacó este miércoles tras presidir la Comisión Autonómica de Tráfico y Seguridad Vial que, entre 2005 y 2015, el número de víctimas mortales en la Comunidad Autónoma de Murcia disminuyó un 78%, contabilizando un descenso de 150 a 33 fallecidos en vías de titularidad urbana e interurbana.

Del análisis de fallecidos según tipo de vehículo, se constata una mayor presencia entre las víctimas mortales consideradas vulnerables, que durante el pasado año supuso el 45% del total (6 peatones, 1 conductor de ciclomotor y 8 conductores de motocicleta).

En la reunión se destacó la importancia de actuaciones interadministrativas para reducir el número de víctimas mortales de usuarios de la vía en condición de peatón, pues en todo el 2015, el número de fallecidos fue de 6, y en el presente año, en el primer trimestre, se contabilizaron ya 5 fallecidos.

Durante el año 2015, según datos analizados en la Comisión, en vías interurbanas se realizaron un total de 183.055 pruebas de alcohol, con un porcentaje de 1,37% positivos. Además, se realizaron 2.498 pruebas de droga, que derivaron en un 43,15% de positivos.

De las analíticas de alcohol en fallecidos llevadas a cabo el pasado año se obtuvo un 33% de resultados positivos.

Además se advirtió que el número de vehículos eléctricos, híbridos y de bajas emisiones representa el 5% del total del parque de la Región en el año 2015 con 51.360.

Los accidentes de tráfico de carácter laboral suponen el 18,18% del total de víctimas, 6 de 33 víctimas contabilizadas 24 horas después de suceder el accidente, según el informe resultante del análisis de datos conjunto realizado por Jefatura Provincial de Tráfico e Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

Los fallecidos en accidente laboral se disparan en Murcia en los dos primeros meses del año

MURCIA.- Los fallecidos en accidente laboral se disparan en Murcia en los dos primeros meses del año. Once trabajadores perdieron la vida hasta finales de febrero, frente al único del mismo periodo del año pasado. El número de siniestros con baja fue de 2.828, casi un 16% más

Hay registrados 2.828 accidentes de trabajo con baja durante el periodo enero a febrero, lo que supone un 15,9% más que en el mismo periodo del año anterior, los producidos en jornada registraron un aumento del 17,4%, mientras que los accidentes 'in itinere' aumentaron un 5,6%, según informa la Croem.

Se produjeron además 11 accidentes de trabajo mortales durante el periodo enero-febrero 2016 (9 en jornada de trabajo y 2 'in itinere'), 10 más en comparación con los ocurridos en el mismo periodo del año anterior.

De los accidentes de trabajo mortales acaecidos, 2 ocurrieron en el sector de la agricultura, 1 en el sector de la construcción y 6 en el sector servicios.

En concreto, se registraron 2.468 accidentes leves en jornada de trabajo, 362 más que en el mismo periodo del año anterior; 10 accidentes graves, 2 menos que en igual periodo del año anterior, y un total de 9 accidentes mortales en jornada de trabajo, 9 más que en igual periodo del año anterior.

La Cámara de Comercio de Cartagena rechaza la propuesta de moratoria urbanística en el Mar Menor

CARTAGENA.- La Cámara de Comercio mostró su «profunda preocupación» por el «impacto muy negativo» que tendría sobre la economía de los municipios ribereños del Mar Menor la aplicación de la moratoria urbanística en el litoral, que se debatirá este mes en la Asamblea Regional tras la moción presentada por el PSOE.

En un comunicado, el organismo que preside Miguel Martínez abogó por llevar a cabo políticas sostenibles agrarias, ambientales, turísticas y urbanísticas, porque la actual coyuntura económica requiere de que estos sectores sean los «motores fundamentales» de la recuperación económica de la comarca.

Por ello, apostó porque la agricultura, el turismo y la promoción inmobiliaria «no vean cercenado su desarrollo» sino, «muy al contrario, ser potenciados con un fuerte compromiso de sostenibilidad desde todas las administraciones públicas implicadas».

Para el organismo cameral, la Ley de Gestión del Mar Menor debe ser la herramienta que integre las políticas transversales de regeneración y conservación de la laguna en estrecha relación con los municipios ribereños, además de apoyarse en la Memoria Ambiental del Plan General de Cartagena o el Estudio de Impacto Territorial.

A juicio del organismo, el desarrollo del proyecto europeo ITI, que convertiría al Mar Menor en un «referente internacional», podría verse afectado por la moratoria urbanística, en caso de que se dé luz verde. En su opinión se pondría en peligro los tres ejes del programa, como son la preservación medioambiental de la laguna; el desarrollo de infraestructuras necesarias; y el impulso de la actividad económica en la zona.

La Audiencia Nacional abre juicio oral a la cúpula de la CAM por la quiebra

MADRID.- La Audiencia Nacional ha decretado este miércoles la apertura de juicio oral a los ocho exdirectivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) acusados de varios delitos, entre ellos estafa y falsedad documental, para los que la Fiscalía ha solicitado 1.592,4 millones de euros de fianza. El juicio se celebrará en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Así lo recoge en un auto la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4, Carmen Lamela, en el que además señala al Banco Sabadell y a la Fundación CAM como responsables civiles subsidiarios, y a la aseguradora Caser como responsable civil directo.

La Fiscalía atribuye a los ocho antiguos miembros de la cúpula, entre ellos el expresidente de la entidad Modesto Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, los delitos de estafa continuada agravada, falsedad documental, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en 2010 y 2011.

Una acusación común a la que el fiscal añade en cada caso otros delitos en función del papel desempeñado en la Caja por cada uno de ellos.
Los ocho acusados disponen de 24 horas para depositar los cerca de 1.600 millones de euros de fianza que solicita el fiscal, que atribuye a ocho antiguos miembros de la cúpula El fiscal solicita el sobreseimiento provisional de la causa contra Modesto Crespo.
Además de Crespo, López Abad y Amorós, están acusados el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb; el ex director general de Recursos Vicente Soriano; al ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez; el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.
Como autores de un delito de falsedad contable y estafa, el fiscal solicita siete años y medio de cárcel para López Abad, Amorós, Sogorb, y Martínez García, además de una multa de 400 euros diarios durante quince meses (180.000 euros) a cada uno. Como cómplices de falsedad contable, el ministerio público solicita un año y dos meses de prisión para Sabater Navarro y Ochoa Pérez, y multa de 9.000 euros a cada uno, mientras que a Soriano Terol se le imputa un delito de estafa con una petición de diez meses de prisión y una multa de 12.000 euros.
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que ejerce la acusación, atribuye además al expresidente Crespo, a la exdirectora Amorós y a Teófilo Sogorb un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros; para López Abad y Martínez, por falsedad societaria, solicita tres años de prisión y una multa también de 144.000 euros.
En el caso de Sabater Navarro, el FGD reduce la petición a dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros por cooperador necesario del delito de falsedad societaria.
La acusación popular, por su parte, eleva la petición de penas a dieciséis años de cárcel para cada uno de los ocho acusados, y solicita que éstos indemnicen a los demandantes con 19,1 millones de euros.
A comienzos de este mes, Lamela decidió separar la pieza de las cuotas participativas de la CAM a la causa principal por presuntas irregularidades en la entidad, que había decidido acumular el pasado 15 de febrero.
La pieza principal investiga a la antigua cúpula de la CAM por esconder la crítica situación de la caja en beneficio propio y cobrar indebidamente 47,3 millones en retribuciones.
Las cuotas participativas de la CAM, que fue absorbida por el Banco Sabadell, se empezaron a emitir en 2008, se colocaron a 55.000 pequeños inversores y a través de su venta la entidad obtuvo 292 millones de euros; en diciembre de 2011, las cuotas participativas dejaron de tener valor y se suspendió su cotización en bolsa.

El PP quiere que quienes tengan sociedades opacas no reciban ayudas públicas en la Región

CARTAGENA.- El diputado regional del PP Domingo Segado ha presentado una moción en la Asamblea en la que solicita al Gobierno regional que estudie la vía legal para impedir que ciudadanos de la Región que sean propietarios de sociedades opacas puedan recibir beneficios fiscales, subvenciones, incentivos económicos y ayudas de la Administración. 

"No podemos permitir que la gente defrauda a la administración y a la sociedad en general sacando su dinero fuera de España, luego obtenga beneficios de la Administración", afirma el vicepresidente segundo de la Asamblea Regional.

Para Segado, "se trata de una medida que debería hacerse extensiva a todo el territorio nacional porque es también una forma efectiva de penalizar a los defraudadores".

El diputado autonómico del Partido Popular solicita también que, dentro del marco de cooperación institucional, el Gobierno de la Nación proporcione al Gobierno Regional aquella información que los 'Papeles de Panamá' puedan contener desde el punto de vista tributario y que sea de interés para la Comunidad Autónoma.

Segado considera que una ciudadano propietario de una sociedad "offshore" no puede beneficiarse de medidas tributarias favorables implantadas por el Gobierno Regional como, por ejemplo, la rebaja del Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

"Quienes creemos en nuestro país y sabemos que todos debemos contribuir al sostenimiento de los servicios públicos no podemos permitir que unos cuantos engañen al resto de españoles y además intenten aprovecharse de los recursos públicos", añade Domingo Segado quien considera que el Gobierno debe poner cortafuegos para impedir que saquen tajada de la Administración.

La iniciativa presentada por el diputado Segado está relacionada con la reciente aparición de los denominados "Papeles de Panamá" que han revelado la existencia de numerosas sociedades opacas en el extranjero a nombre de ciudadanos españoles.

El fiscal anticorrupción aconseja investigar los planes urbanísticos amparados en el agua de Escombreras

MURCIA.- El fiscal anticorrupción, Manuel Díaz Manzanera, le ha pedido al magistrado del juzgado nº 9 de los de Murcia, en un informe que éste le había solicitado, que investigue por separado los planes urbanísticos amparados legalmente con el suministro de agua procedente de la desaladora de Escombreras, tras la negativa de la CHS a informarlos favorablemente, al ver indicios de presunta prevaricación en sus recalificaciones de suelo.

El procedimiento en marcha es consecuencia directa de la querella admitida a trámite al abogado y promotor gallego, Manuel Núñez Arias como representante de la empresa Inmonuar S.L., contra el ex presidente Ramón Luis Valcárcel, el ex consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá,y otros ex altos cargos del gobierno autónomo.
Tras diversas sentencias en contra, tanto del TSJ como del Tribunal Supremo, se sabe que en 26 municipios de la Región de Murcia exclusivamente, conveniados con el ya desaparecido Ente Público del Agua, hay recalificados bajo ese amparo falsamente legal 180 millones de metros cuadrados que trataron de sortear de esa manera los requisitos establecidos en el artículo 25.4 de la vigente Ley de Aguas conforme a su reforma de 2005.
El fiscal piensa que los responsables políticos de aprobar los planes urbanísticos parciales y generales actuaban a sabiendas y el denunciante cree además que son responsables algunos de ellos de supuesta estafa, prevaricación continuada, falsificación de documentos, malversación de caudales públicos, fraude, delitos societarios y contra la ordenación del territorio, hasta convencer al juez Francisco Navarro de que se abriese una investigación.
El letrado Núñez solicita ahora por parte de los ayuntamientos que las ingresaron la devolución de las fianzas de los respectivos convenios urbanísticos, manifiestamente ilegales, a sus promotores al quedar ahora sin desarrollo legalmente posible sus proyectos presentados. 
Pese a la petición de Núñez de que se agruparan también en una sola causa penal todos los planes urbanísticos afectados, Díaz Manzanera en su informe recomienda lo contrario y que se investiguen todos y cada uno por separado para hacer más viables los respectivos procedimientos. 
Otro juzgado de Murcia, el nº 5, a instancias del abogado Diego de Ramón, viene investigado desde hace meses los contratos del desaparecido Ente Público del Agua con empresas del grupo ACS como sucesivas titulares de la desaladora de Escombreras.
El expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, el socialisto José Salvador Fuentes Zorita, ha afirmado hoy ante la comisión de investigación parlamentaria de la desalinizadora de Escombreras en la Asamblea Regional que esa planta no era necesaria porque, cuando se puso en marcha en 2009, los abastecimientos para consumo y riego estaban garantizados en la Región de Murcia y Alicante por las medidas del Programa Agua que el Gobierno central había puesto en marcha contra la sequía.  
"El problema tiene mucho más que ver con la voluntariedad en dar informes a ciertos planeamientos que con la necesidad objetiva de agua", ha añadido Zorita en referencia a los proyectos urbanísticos que había en aquella época en distintos municipios murcianos.
Para Fuentes Zorita, "el Gobierno regional debió recurrir la reforma de la Ley de Aguas ante el Tribunal Constitucional, si la consideraba "un abuso".
El expresidente de la CHS ha destacado que la reformada Ley de Aguas se aplicó en todas las comunidades autónomas sin ninguna oposición y ha recordado que el PP no derogó el artículo modificado cuando llegó al Gobierno de la Nación. 
El compareciente ha revelado que insistió ya en su día que el Ente Público del Agua de la Región de Murcia (EPA) carecía de potestad legal para realizar concesiones a los municipios porque la "Comunidad Autónoma renunció a la posibilidad de desarrollar sus competencias hidráulicas" recogidas en su Estatuto de Autonomía.
Sin embargo, Fuentes Zorita ha reconocido ante la comisión parlamentaria que la CHS, que él presidía, autorizó en 2009 la producción de agua desalada en la planta de Escombreras pese a estar más que resueltos los problemas de abastecimiento surgidos en el año 2003.

No todas las cuentas de Panamá son legales / Luis Alcaide *

Hasta finales del pasado siglo y primeros años del XXI ningún residente en España podíaabrir una cuenta en el extranjero sin el oportuno permiso de la Dirección General de Transacciones Exteriores. Sus poderes de control eran tan extensos que incluso los cheques del CESID para sus agentes en el exterior tenían que estar firmados por el Director General de Transacciones. Los controles no se ajustaban a las directivas comunitarias sobre libertad de movimientos de capitales. Había que actualizarse.

Algunas ope­ra­ciones si po­dían rea­li­zarse con gran li­bertad como era la compra de tí­tu­los, ac­ciones u obli­ga­cio­nes, ex­tran­je­ras.

Sin em­bargo, la compra de un in­mueble en el ex­te­rior, un simple apar­ta­mento en San Juan de Luz, re­quería la co­rres­pon­diente au­to­ri­za­ción ad­mi­nis­tra­tiva. También es­taban li­be­ra­li­zadas las in­ver­siones di­rectas de re­si­dentes en España en el ex­te­rior, cons­ti­tu­ción de so­cie­dades o su am­plia­ción.
La aper­tura de una cuenta co­rriente en el ex­te­rior exigía un per­miso ad­mi­nis­tra­tivo. No obs­tante y para ajus­tarse a las ne­ce­si­dades del co­mer­cio, al­gunas em­presas re­si­dentes en España, por ejemplo las pe­tro­le­ras, es­taban au­to­ri­zadas para operar desde el ex­te­rior y de esta forma fa­ci­litar su fun­cio­na­miento. La co­ber­tura de pre­cios del pe­tróleo o la co­ti­za­ción de las di­visas en el mer­cado de fu­turos exigía la má­xima fle­xi­bi­lidad aunque sólo fuese para evitar una dis­cri­mi­na­ción frente a las ope­ra­doras no re­si­den­tes.
La li­be­ra­li­za­ción de las cuentas co­rrientes no llegó hasta el cambio de si­glo. Era un tema ver­da­de­ra­mente tabú. Valga la anéc­dota de que la Orden Ministerial de Economía y Hacienda, tras su apa­ri­ción en el BOE, fue in­me­dia­ta­mente re­cha­zada por el Banco de España. La OM era al pa­recer ex­ce­si­va­mente li­be­ra­li­za­dora, se podía pro­ducir una es­tam­pida de ca­pi­tales hacia el ex­te­rior. La ob­ser­va­ción era poco acer­tada porque en aque­llos tiempos no existía tal riesgo, en virtud de los altos tipos de in­terés que se pa­gaban en España y la es­ta­bi­lidad de la pe­seta dada su per­te­nencia a los Mecanismos Europeos de Tipos de Cambio.
No había riesgo de de­va­lua­ción. Además la ren­ta­bi­lidad de los de­pó­sitos en España era muy su­pe­rior a la que se con­se­guía fuera de nues­tras fron­te­ras. El pro­blema era in­verso, lle­gaba mu­chí­simo ca­pital a corto plazo atraído por nues­tros altos tipos de in­te­rés.
El tabú del con­trol de mo­vi­mientos de ca­pital es­taba fir­me­mente arrai­gado hasta el punto que se es­taban dando largas a nues­tras obli­ga­ciones co­mu­ni­ta­rias y a firmes nues­tros com­pro­misos con los Tratados de la UE sobre li­bertad de mo­vi­mientos de ca­pi­ta­les. Finalmente la OM ema­nada de la Dirección de Transacciones Exteriores vino a co­rregir los te­mores pro­pios de la le­gis­la­ción in­terna, ac­tua­li­zando nuestro or­de­na­miento en la ma­teria al de la UE.
Volvamos a Panamá. Las cuentas abiertas en el ex­te­rior con an­te­rior a la OM de prin­ci­pios de si­glo, o están au­to­ri­zadas o no son le­ga­les. Las au­to­ri­dades es­pañolas de con­trol tienen la tarea de co­tejar las fe­chas de aper­tura para así en una pri­mera se­lec­ción se­parar las le­gales de las ile­ga­les.
La aper­tura de una cuenta co­rriente en el ex­te­rior exige sen­ci­lla­mente que el banco re­si­dente en España trans­fiera el di­nero a una cuenta del mismo banco, o de otro, en el ex­te­rior a nombre del ti­tular de la transac­ción. Naturalmente, todas aque­llas ope­ra­ciones se co­mu­ni­caban a Hacienda para man­tener el con­trol fiscal del ti­tular de la cuenta. También hay una co­mu­ni­ca­ción es­ta­dís­tica al Banco de España para co­nocer los flujos de en­tradas y sa­lidas de ca­pi­tales y poder así ela­borar con la má­xima fi­de­lidad la Balanza de Pagos.
Antes de la lle­gada del Euro y en un pe­ríodo previo en el que ha­bían des­apa­re­cido el Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio existía efec­ti­va­mente el riesgo de una de­pre­cia­ción de la pe­seta. Este riesgo ha des­apa­re­cido, del mismo modo que prác­ti­ca­mente es inexis­tente la po­si­bi­lidad de una sa­lida de España del euro, tal y como ha afir­mado ca­te­gó­ri­ca­mente el pre­si­dente del Banco Central Europeo.
La aper­tura de una cuenta en un pa­raíso fiscal im­plica una pri­mera sos­pecha de que algo, no de­ma­siado le­gal, se está co­ciendo. Eludir im­pues­tos. No tiene nin­guna ra­cio­na­lidad eco­nó­mica abrir una cuenta en un pa­raíso fiscal porque su ren­ta­bi­lidad será prác­ti­ca­mente la misma o in­fe­rior a la que se ob­tiene en España o en cual­quier país de la zona euro.
Los pa­raísos fis­cales no son más que un enorme mos­trador para el blan­queo de di­nero, ac­ti­vi­dades ile­ga­les, in­cluidas las ca­li­fi­ca­ciones ar­bi­tra­rias de te­rrenos o el trá­fico de in­fluen­cias o es­tu­pe­fa­cien­tes. Su su­per­vi­ven­cia, como tal, cons­ti­tuye un obs­táculo al desa­rrollo eco­nó­mico, en la me­dida en que el ob­je­tivo bus­cado es más eludir im­puestos que desa­rro­llar una ac­ti­vidad pro­duc­tiva.
Paseo por El Retiro. Reflexión sobre si la re­gu­la­ri­za­ción con Hacienda no tuvo su origen en la aper­tura de una cuenta en Panamá bur­lando la le­gis­la­ción es­pañola, es de­cir, co­me­tiendo un acto de­lic­tivo pre­vio.


(*) Economista del Estado

https://www.capitalmadrid.com/2016/4/6/41770/no-todas-las-cuentas-de-panama-son-legales.html

El PP da por hecho que habrá elecciones / José Hervás *

Cada día son más los diputados del Partido Popular que dan por imposible un acuerdo entreel PSOE, Ciudadanos y Podemos. Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, lo ha expresado muy claramente. Califica de enorme fraude el encuentro que van a celebrar el próximo jueves los representantes de los tres partidos que tratan de fijar las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez.

Hernando ha apro­ve­chado para se­guir con la cam­paña de des­pres­tigio del líder del par­tido so­cia­lista, Pedro Sánchez, del que ha ase­gu­rado que sus am­bi­ciones no tienen lí­mi­tes, ad­vir­tién­dole de que hay ba­rreras que no se de­be­rían tras­pa­sar.

Los po­pu­lares quieren in­cidir en las di­fe­ren­cias que con­si­deran se están agu­di­zando por días en el in­te­rior del PSOE entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Ponen como ejemplo de esta la fil­tra­ción de la agenda, con todo tipo de de­ta­lles, de los mu­chos en­cuen­tros que man­tuvo la pa­sada se­mana en Madrid, Susana Díaz, en su em­peño por dispu­tarle el li­de­razgo del par­tido a Sánchez tan pronto como pueda.

Y mien­tras trans­miten las lí­neas rojas que en la prác­tica le han mar­cado para que el Secretario General no llegue al Gobierno, los di­ri­gentes del PP si­guen ha­ciendo cam­paña de cara a la con­vo­ca­toria de nuevas elec­ciones que dan por inevi­ta­bles.

Horas antes de la com­pa­re­cencia ante el Congreso de los Diputados del Presidente del Gobierno en fun­ciones para ex­plicar los acuerdos del úl­timo Consejo Europeo, el PP fil­traba dos me­didas que con­si­deran les debe dar mu­chos apoyos en caso de ce­le­brarse nuevos co­mi­cios el 26 de ju­nio.

El pri­mero de ellos es el pro­yecto de pro­rrogar la ayuda de 426 euros a pa­rados de larga du­ra­ción. La me­dida po­dría al­canzar a miles de per­so­nas. Consideran que la me­dida debe tener efecto mul­ti­pli­cador a la hora de atraerse even­tuales vo­tan­tes.

Por la se­gunda me­dida quieren am­pliar de dos a cuatro años el pe­ríodo de bo­ni­fi­ca­ción de las co­ti­za­ciones a la Seguridad Social en el caso de con­tratos in­de­fi­nidos o de trans­for­ma­ción de con­tratos tem­po­rales en in­de­fi­ni­dos. Lo lle­vaban en su pro­grama elec­toral y con­si­deran que po­dría en­trar en vigor antes de que se ce­le­bren las elec­cio­nes.

Por ello está pre­visto que las dos me­didas sean dis­cu­tidas en la pró­xima se­sión ple­naria del Congreso de los Diputados que se ce­le­brará la se­mana que viene.

Fuentes po­pu­lares co­mentan que además de la ne­ce­sidad de adoptar estas me­di­das, los me­dios de co­mu­ni­ca­ción han aco­gido muy fa­vo­ra­ble­mente sus úl­timas ini­cia­ti­vas. Entre ellos la prensa in­ter­na­cio­nal.

Ponen el ejemplo de las ci­fras de paro del mes de marzo. Diarios como el Financial Times o la agencia Bloomberg des­tacan que la re­duc­ción del paro ha sido mejor de lo es­pe­rado.

Como re­sumen de su aná­lisis de la si­tua­ción y de cara a la es­tra­tegia a se­guir res­pon­sa­bles del PP señalan que las nuevas exi­gen­cias de Albert Rivera a Pedro Sánchez para man­tener el acuerdo de cara al nuevo de­bate de in­ves­ti­dura con­duce a las elec­cio­nes.

Para ese mo­mento quieren haber dado a co­nocer una serie de me­didas con­cretas re­la­cio­nadas con la crea­ción de em­pleo y la asis­tencia de quienes no lo tie­nen. El úl­timo sondeo del CIS les marca el ca­mino.

(*) Periodista

Desobediencia civil / Ramón Cotarelo *

Esto es de manual.

La alcaldesa de Berga, de la CUP, desobedece una citación judicial y argumenta que lo hace porque su organización propugna la desobediencia a las decisiones de las autoridades españolas. Para el próximo 7 de mayo, la misma organización ha convocado una manifa en apoyo de los cargos imputados-investigados. Porque ya prevé que habrá más. Y, en efecto, sin duda los habrá. La desobediencia civil es un comportamiento contagioso y que tiene un valor de estímulo o incitación moral. Empieza uno en un pueblo; siguen tres en dos plazas; se suman 14 en varios campos y paseos; acuden doscientos en diversas localidades.

Imparable.

¿Para qué queremos gobernantes, a ser posible que se enteren? Muy sencillo porque, en nuestras sociedades muy complejas y fragmentadas, nadie es responsable del conjunto de la acción salvo, precisamente, el gobernante. La juez solo puede volver a citar a la alcaldesa de Berga; el policía solo podrá detenerla o acompañarla; el carcelero, chaparle la puerta; el periodista, únicamente dar la noticia; la gente, limitarse a mirar y, quizá, prepararse para seguir su ejemplo. Nadie tiene ni puede tener una visión de conjunto, que entienda todas las facetas; nadie es responsable de la totalidad; solo de la parte que le corresponde.

Únicamente el gobernante tiene una visión de gran angular, es responsable de lo que suceda, debe considerar todos los aspectos, sopesar todas las circunstancias y tomar la decisión más acertada para el conjunto.

El gobernante, la persona con visión, decisión y liderazgo.

No un botarate bulbuciente que no entiende nada ni se considera responsable de ninguno de los desastres que ha provocado con su incompetencia. 

 

 

La vida, Pedro, es desengaño

  

Quien te apoyó en la investidura, te planta en el primer recodo del camino. Entraste ayer en el Parlamento con dos amigos y saliste con uno y medio. El medio justifica su abandono argumentando que no se puede derogar una ley sin tener a mano el recambio. Razón por la cual se abstiene contra toda lógica porque, si de verdad cree erróneo derogar sin tener nada previsto, lo suyo es votar en contra, no abstenerse. Pero la traición no sabe de lógicas, sino de conveniencias. Además de abstenerse los de C's quieren ministerios en el gobierno. Aquí, el menos avisado es obispo. ¡Qué duro es todo, Pedro! No solo te pien ministerios los de Podemos; también los de Queremos. Apenas van a quedarte para reparto entre fieles. Y con el partido como lo tienes, no es lo más recomendable. La gente quiere jefes que manden y repartan juego, no tipos a los que todos engañan. 

Estos de C's no son leales. No son de fiar. Hoy votan "a" y mañana "b" al incomprensible albedrío de su joven líder. ¿Puede Sánchez garantizar que no le fallarán en el momento decisivo? No, no puede porque su supuesto aliado tiene sus propios planes. Y es razonable. Los dos ambicionan un único puesto. Y eso que se perfila un triunvirato. Con este comienzo, pocos se atreverán a vaticinar resultado de votaciones. Si las hay. Será una legislatura de infarto y tertuliano. Venga, Pedro, a preguntar a Albert qué significa su taimada abstención. ¿Que ya no le quiere? No se procupe en exceso. Otro Pedro negó a su jefe tres veces antes de que cantara el gallo. Y aquí estamos, con ese Pedro más falso que Judas convertido en piedra de su iglesia. 

 

Vamos a suponer

Esta señora tenía y tiene una cuenta en Panamá. En sí mismo el hecho no es delictivo pero no apunta a nada bueno, ¿verdad? No es delito. El delito se daría si en esa cuenta se hubieran hecho operaciones no declaradas a la Hacienda española. ¿Se han hecho? No lo sabemos. Pero lo sabremos según avancen las investigaciones. Lo más probable es que se hayan hecho. Nadie se toma el trabajo de abrir una cuenta en un banco a 12.000 kms. de distancia para dejarla dormir el sueño de los justos. También se averiguará si, habiéndose hecho las operaciones, se declararon a Hacienda.

Ahora, vamos a suponer algo. Las suposiciones son libres, al menos de momento. Si volviera a ganar el PP y los psicópatas de Interior continuaran habría que ver el destino de la Ley Mordaza. De momento va camino del pudridero, así que las suposiciones son libres.

Supongamos que la Infanta Pilar sea un testaferro (o testaferra) y que el auténtico titular de la cuenta es Juan Carlos, el ex-rey. ¿Qué pasaría?

Nada.

Por eso pasa lo que pasa.

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED