MURCIA.- La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación
'Clarijob', una investigación orientada a esclarecer una serie de
irregularidades laborales, que se ha saldado con la desarticulación de
un grupo delictivo asentado en Archena, Molina de Segura y Murcia, cuyos
cinco integrantes se dedicaban, presuntamente, a estafar y explotar a
trabajadores extranjeros.
Efectivos del Equipo ROCA (contra robos en el campo) de la Benemérita
iniciaron la operación el pasado mes de mayo, tras detectar ciertas
irregularidades en una explotación agrícola. Los hechos tuvieron lugar
en una finca de Abanilla donde los guardias civiles estaban realizando
una serie de comprobaciones y detectaron cómo los jornaleros que estaban
realizando las tareas de recolección del albaricoque emprendían la
huida al percatarse de la presencia policial.
Los guardias civiles lograron interceptar e identificar a siete de
los trabajadores fugados y verificaron que cuatro de ellos se
encontraban en situación irregular en España, careciendo de permiso de
residencia y trabajo para poder desarrollar la labor agrícola.
Las primeras pesquisas practicadas, orientadas a esclarecer la
supuesta actividad delictiva detectada, permitieron averiguar que
existía un grupo de personas, con estructura organizada y jerarquizada,
que se dedicaba, presuntamente, a trasladar trabajadores en situación
irregular desde Murcia a distintas fincas de la región.
El grupo estaba compuesto por cinco personas, tres de ellas
trabajadoras de una empresa dedicada a la adquisición de fruta en fincas
agrícolas, y otros dos más, gerentes de la empresa que compraba la
fruta y de la empresa que se dedicaba a la manipulación y envasado de
fruta.
Dos de los ahora arrestados, que eran pareja, se encargaban de captar
a los trabajadores en situación irregular. Para ello publicaban
anuncios ofreciendo trabajo por distintas redes sociales y mediante un
tablón de anuncios en internet. Cuando alguna persona se interesaba por
el trabajo y no tenían residencia en la región, les facilitaban
alojamiento a cambio de una compensación económica.
Una vez habían captado al trabajador se mantenía un férreo control
sobre el mismo, lo llevaban directamente desde su residencia hasta la
finca para trabajar en jornadas que oscilaban de 10 y 14 horas diarias.
También le amenazaban con dejarlo sin ir a trabajar cuando no se sometía
a las estrictas directrices fijadas por la organización.
A los trabajadores en situación irregular les facilitaban fotos de
documentos y datos de personas con situación regularizada en el país que
estaban dados de alta en la Seguridad Social, con el fin de que se
identificasen con ellos, en caso de ser requeridos por los inspectores o
autoridades mientras estaban en las fincas trabajando.
Los integrantes del grupo delictivo se lucraban, presuntamente, de
los trabajadores que llevaban hasta las fincas, ya que cuando les
abonaban su salario le descontaban alrededor de 20 euros diarios por
transporte, gestión de su documentación y un supuesto seguro médico,
entre otros conceptos.
Además, si efectuaban más de 12 horas de trabajo en una jornada, no
cobraban las horas extra. Se estima que el grupo delictivo ahora
desmantelado gestionaba alrededor de una treintena de jornaleros
diariamente.
Otro de los arrestados, empleado de la empresa que adquiría la fruta,
se dedicaba a trasladar a los trabajadores de unas fincas a otras, para
la gestionar la recolección. Éste era el encargado del control de los
trabajadores y de verificar que estos estuviesen legalmente en España,
con permiso de residencia y trabajo, ya que es quién debía de hacer los
partes de trabajo en el campo, que posteriormente llevaría a las
oficinas de la empresa para el pago de los jornales.
Los guardias civiles establecieron una serie de dispositivos de
vigilancia sobre los sospechosos para obtener todas las evidencias
posibles sobre la actividad delictiva investigada.
Fruto del dispositivo se logró averiguar que la organización estaba
trasladando a los trabajadores explotados hasta una finca del término
municipal de Jumilla, por lo que se planificó una inspección con la
finalidad de constatar los hechos.
Colaboración de Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia
Durante la inspección, en la que la Benemérita contó con la
colaboración de inspectores de trabajo de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Murcia, se verificó la situación de 28 trabajadores,
todos ellos trasladados por los investigados, de los cuales 14 se
encontraban en situación irregular.
Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha
localizado y detenido/investigado a los cinco integrantes del grupo
delictivo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a
organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, falsedad
documental y estafa.
Ingreso en prisión de uno de los arrestados
Los detenidos/investigados de nacionalidad española, italiana,
marroquí y ecuatoriana, con edades comprendidas entre los 33 y los 52
años, y residentes en Archena, Molina de Segura y Murcia, los efectos
incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición
del Juzgado de Instrucción de Jumilla, que ha decretado el
ingreso en prisión de uno de ellos.
