La Región de Murcia es elegida para formar parte de la Junta Superior de Museos

MURCIA.- La Región de Murcia estará presente en la Junta Superior de Museos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Así ha sido anunciado hoy durante la celebración del Consejo de Patrimonio Histórico que se está desarrollando en Madrid y en el que participa el director general de Bienes Culturales de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Juan Antonio Lorca.

Uno de los puntos del día ha sido la renovación de vocales en la Junta Superior de Museos. Durante el consejo, se ha nombrado a los nuevos miembros de este órgano, entre quienes se encuentra el director del Museo de Bellas Artes de Murcia, Javier Bernal, que fue propuesto por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente para ocupar una de las siete plazas a las que podían concurrir las comunidades autónomas que cuentan con museos de titularidad estatal gestionados por ellas.

Juan Antonio Lorca se mostró satisfecho por el resultado de la votación y declaró que "el hecho de que la Región de Murcia esté presente en la Junta Superior de Museos supone un reconocimiento a las políticas culturales que se están desarrollando desde el Gobierno regional". 

A partir de ahora, añadió, "desde la Región también podremos participar en la toma de decisiones respecto a diferentes aspectos de los museos de titularidad estatal y contribuir de este modo, a través de nuestras propuestas e indicaciones, a la mejora de las políticas culturales".

La Junta Superior de Museos es el máximo órgano consultivo de la Administración General del Estado en el ámbito de los museos, cuya composición y funcionamiento ya se estableció, antes de la ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, mediante la orden de 7 de julio de 1979 (hoy derogada) como órgano consultivo de la que era entonces la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. Es un órgano técnico que desarrolla funciones de reglamentación de museos de titularidad estatal y asesora a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

Javier Bernal es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (1984-89), donde cursó la especialidad en restauración de obras de arte. Es funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde 1997, trabajando inicialmente como restaurador y coordinador de los talleres del Centro de Restauración de la Región de Murcia. Desde 2014 es director del Museo de Bellas Artes de Murcia (museo de titularidad estatal gestionado por la Comunidad) y es presidente del Comité de Tasación de Obras de Arte de la Región de Murcia.

Crónica de una rebaja anunciada y ficticia, según CTSSP

CARTAGENA.- Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) ha rechazado desde el primer momento el proceso de revisión de la tarifa del agua emprendido por el Gobierno socialista local. "Por supuesto que considera urgente bajar el recibo, pero esto no puede hacerse de cualquier manera, como lo ha hecho el Gobierno, cuestión que tarde o temprano lo llevará a los tribunales".

"Al Gobierno del PSOE le ha salido muy caro bajar el agua a cualquier precio: ha tenido que forzar la destitución del Director General de Infraestructuras, ha roto su pacto de Gobierno con MC, ha montado ad hoc un gabinete de funcionarios serviles a la concesionaria y ha negociado la tarifa en medio de la trama de Pokemon, con una empresa acusada de corrupción, ninguneando los informes técnicos municipales sobre los costes del servicio y sin esperar a los resultados de los estudios externos encargados... Como guinda del postre ha tenido que aceptar a regañadientes una Comisión de Investigación sobre el contrato que desde el primer día intenta paralizar adjudicándole la presidencia al portavoz de C's, quienes junto al PP actúan como escuderos de Hidrogea".

"El PSOE ha mostrado una vez más que se arrodilla ante las grandes concesionarias y que sigue tapando sus miserias: no sólo no controla los servicios públicos privatizados ni aspira a su remunicipalización, sino que forma parte del entramado político y empresarial que ha hecho del agua un negocio millonario de unos pocos en perjuicio del conjunto de la ciudadanía". 

Por estas razones CTSSP Podemos rechaza "la bajada ficticia del agua y emplaza al Gobierno a realizar un verdadero estudio de costes y una auditoría completa del servicio, para que de allí salga calculada, y no negociada, la bajada del agua que corresponde".

El grupo municipal CTSSP cree que de realizarse ese estudio seguramente la bajada superaría con creces los 9 euros propuestos por la alcaldesa, pero el PSOE quiere la bajada “a cualquier precio” para asegurarse un puñado de votos.

C's-Cartagena "relativamente satisfecho" por la rebaja del agua, "lamenta el tiempo y el dinero perdido"

CARTAGENA.- El Consejo Asesor Regional de Precios ha dado hoy el visto bueno a la propuesta de rebaja del recibo del agua, aprobada el 29 de diciembre de 2017 y convalidada el 19 de febrero de este año por el equipo de Gobierno municipal. El abaratamiento de 8,29 euros por bimestre podría repercutir en el siguiente pago de manera parcial, y en los siguientes de manera íntegra. 

Es ahora cuando se cumple una promesa retrasada por ejecutivos del PP, de la coalición MC-PSOE y de este último partido en solitario, durante casi cuatro años, "es decir, si la manera de hacer política de estos partidos hubiera sido la correcta podríamos haber ahorrado a los cartageneros unos dos millones de euros por año; imaginen la cantidad de obras y servicios que se hubieran podido hacer y mejorar con ese dinero", ha lamentado el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, que ha señalado que "la mala política sale muy cara, en concreto y sólo por el agua: 8 millones de euros en cuatro años".

El portavoz naranja ha señalado tras conocer el anuncio que "no estamos 'contentos' como la señora Castejón porque el tiempo que hemos perdido es criminal, pero sí relativamente satisfechos de que se haya conseguido lo que desde hace mucho tiempo era un clamor social en Cartagena; desde 2015, Ciudadanos ha defendido casi de manera obsesiva que la reducción del precio en el recibo del agua era urgente y que la debida fiscalización a la empresa Hidrogea, o el trabajo para bajar más aún el agua no debía obstaculizar este hecho".

Manuel Padín ha recordado que si esta propuesta esta avalada por innumerables informes técnicos, económicos y jurídicos es porque así lo exigió el acuerdo que impuso Ciudadanos para su apoyo a los presupuestos de 2017, lo cual, según la formación naranja, elimina buena parte del riesgo de que las arcas municipales tengan que hacer frente a posibles reclamaciones millonarias por parte de la concesionaria y protege la rebaja de los recursos en los tribunales de MC, que sigue empeñado en llenar los bolsillos de Hidrogea". 

"La actitud de MC contra esta rebaja protegida jurídica y económicamente sólo se explica por el rencor que sienten por no haber sido ellos los que hoy ofrecieran en rueda de prensa el anuncio", ha indicado Manuel Padín.

Ciudadanos considera que todavía hay margen para rebajar más aún el precio del agua, "sigue siendo muy alto, y desde hoy el Gobierno local debe estudiar la manera de lograr una reducción mayor", ha pedido Manuel Padín que por otra parte espera que "el PSOE no olvide controlar a la concesionaria mientras judicialmente se decide las causas abiertas; quedan muchas cosas por hacer, invertir el superávit de Hidrogea en multitud de obras que hacen falta en el municipio, y controlar que esos trabajos son licitados mediante concurso público para evitar el clientelismo y las corruptelas".

"Lo decimos una vez más por si alguien todavía no lo tiene claro: bienvenida la rebaja del agua, lamentamos el tiempo y el dinero perdido, busquemos una reducción mayor, trabajemos para fiscalizar hasta el último euro de la concesionaria y cuando se resuelvan las procedimientos judiciales tomemos una decisión en un sentido o en otro", concluye el portavoz de C's.

C's-Lorca pide explicaciones "sobre el dinero público empleado en el proyecto privado 'Mercado del Sol"

LORCA.- Ciudadanos de Lorca ha presentado por segunda y última vez un escrito dirigido al Sr. Alcalde reiterando información, explicaciones y documentos sobre el dinero público empleado en el proyecto privado Mercado del Sol.

El concejal Antonio Meca quiere saber qué procedimientos se llevaron a cabo para que los 418.075,57 euros de subvención municipal, a través de la Unión Comarcal de Comerciantes, acabaran en los bolsillos de un amigo íntimo de Cristina Cifuentes, que junto con el marido de ésta, son conocidos como el "Clan de la Complutense".

"Exigimos al Equipo de Gobierno municipal del Partido Popular que explique por qué no se contó con ninguna empresa lorquina del sector del Mueble para que aportara ofertas para el equipamiento de mobiliario del Mercado del Sol". 

Subvención que, según Meca, se pagó con dinero de todos los lorquinos, y que se pidieran dos presupuestos en Madrid y uno en Badalona, al parecer todos ellos presentados por la promotora del Mercado del Sol, quien finalmente se adjudicó el equipamiento del Mercado del Sol, una empresa que nada tiene que ver con la comercialización de muebles. "Entendemos que se pudo tratar de una actuación amañada para adjudicar prácticamente a dedo los más de 418.000 euros de subvención municipal a personas relacionadas con el Partido Popular y la corrupción", añade el concejal de Ciudadanos.

Meca ha solicitado igualmente que se informe detalladamente y con total transparencia de otras posibles subvenciones públicas destinadas a este proyecto, cuál ha sido la inversión total, si ha habido aportación económica de la empresa  y todos los documentos fehacientes sobre facturas y órdenes de pago.

Según el Concejal de Ciudadanos, el Equipo de Gobierno "tiene la obligación reconocida" en los convenios suscritos con la Unión de Comerciantes de conocer todas las subvenciones obtenidas por los promotores de cualquier procedencia y cuantía y "exigimos al Equipo de Gobierno de manera inmediata el acceso a todos los datos y documentos que aclaren todas las dudas acerca de los procedimientos seguidos en la subvención con fondos públicos de un proyecto privado. Y nos reservamos todas las acciones necesarias para defender los intereses de los lorquinos y exigir llegado el caso la recuperación de los fondos destinados al proyecto Mercado del Sol".

Mañana Homenaje a los Caidos por la libertad en el Cementerio de 'Los Remedios' de Cartagena

CARTAGENA.- El cementerio de Nuestra Señora de los Remedios. de Santa Lucía, será el escenario del Homenaje a los Caídos por la Libertad, que con motivo de la conmemoración de la proclamación de la II República, declarado Día de la Libertad, tendrá lugar mañana sábado 14 de abril.

El acto, como es habitual, está organizado por la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena y tendrá lugar a las 12 horas, con la asistencia del concejal de Desarrollo Sostenible y Función Púbica, Francisco Aznar.

IU-V acusa al PP de incumplir los acuerdos plenarios en el Ayuntamiento de Lorca

LORCA.- El portavoz de IU-V en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, denuncia el reiterado incumplimiento por parte del gobierno local de PP de los acuerdos que se adoptan en Pleno. Sosa ha centrado su crítica en dos cuestiones que para IU-V son muy relevantes.

De un lado está la propuesta de instituir en Lorca el "Debate sobre el Estado del Municipio", al modo en el que ya lo hacen decenas de municipios de gran población a lo largo y ancho de nuestro país.

Sosa sostiene que la actividad plenaria en el ayuntamiento de Lorca está limitada a la existencia de muchos debates puntuales y parciales, a veces a salto de mata, sin un análisis serio de la realidad global del municipio.

 Sólo hay dos debates plenarios anuales de cierta relevancia que legal o reglamentariamente deben realizarse: el de las Ordenanzas Fiscales y el de los Presupuestos Generales. Nos parecen muy escasos, y también son parciales en lo sustantivo, ya que no abordan la globalidad, ha afirmado el edil de IU-V.

El concejal recuerda que Lorca decidió ser municipio de gran población tras la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, y lo hizo hace más de dos corporaciones. 

Muchos de esos municipios de gran población, más temprano o más tarde, han decidido introducir en sus ciudades un DEBATE ANUAL SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO O DE LA CIUDAD, con un esquema similar al de los debates sobre el Estado de la Nación o sobre el Estado de la Región que se celebran anualmente en los parlamentos nacional y regionales, respectivamente.

El debate sobre el estado del municipio de Lorca serviría para que el Gobierno Local y cada uno de los grupos de la oposición realizase una radiografía completa de Lorca, una suerte de análisis DAFO a nivel global, que analice todas las políticas públicas puestas en marcha -y las que están por poner- con en el que detectar el conjunto de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestro municipio. 

Hacer esto cada año es esencial para las ciudades, y todos aprenderemos de todos, ha apuntado Pedro Sosa, y además serviría para sacar a la luz asuntos que no llegan normalmente a los plenos: modelo productivo del municipio, debilidades de su mercado laboral, paro, pobreza, desigualdad, debilidades de naturaleza social, ordenación territorial, estado global de las infraestructuras, situación del planeamiento urbanístico, amenazas ambientales, potencialidades de la ciudad, etc.

El concejal de IU-V sostiene que la herramienta legal con la que instituir este debate en Lorca la proporciona la exigencia que tenemos como municipio de gran población de dotarnos de un Reglamento Orgánico del Pleno, el otro gran olvidado, y del que todavía carecemos después de más de 10 años desde la aprobación del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración de Lorca. Este último Reglamento Orgánico realizaba un mandato a nuestro Pleno para que se dotase de un "Reglamento Orgánico de Pleno" que hasta la fecha no se ha cumplido.

En ese Reglamento Orgánico del Pleno el concejal de IU-V avanza que no sólo queremos instituir la figura del "Debate del Estado del Municipio", sino también aprovecharemos la elaboración del mismo para proponer la introducción de la participación de los vecinos en el Pleno, sin voto pero si con voz. La política, ha afirmado Sosa, no se entiende sin dar voz a los ciudadanos, y Lorca, aunque ya no va a ser pionera en este ámbito, si debe actualizarse y normalizarse en ese sentido.

Sosa exigirá responsabilidades al alcalde de Lorca por este incumplimiento reiterado de los acuerdos plenarios.

Renta 2017: Gastos deducibles sin factura para el autónomo

MADRID.- En pleno proceso de IRPF 2018 el trabajador autónomo debe conocer todos los gastos deducibles que puede contabilizar para que tu tributación sea más rentable. Muchos autónomos caen en el error de dejar de incluir una serie de compras o servicios relacionados con su actividad, simplemente porque no tienen factura para justificarlos. Pero hay determinados gastos que se puede deducir sin factura en esta Renta 2017.

Renta 2017 gastos deducibles

Los gastos deducibles son aquellas pequeñas inversiones que realiza en compras de bienes o servicios que son necesarias para el desarrollo de su actividad económica. Son deducibles en la medida en que minoran los ingresos de su negocio, dando lugar a que pague menos impuestos.

Pero ¡ojo! Lo primero que debe saber es que para que un gasto sea considerado como deducible a efectos del IRPF tiene que cumplir con determinados requisitos:

• Estar vinculado a la actividad económica realizada por el autónomo.
• Estar convenientemente justificado mediante las correspondientes facturas y, este es el quid de la cuestión, también con recibos o tiques.
• Estar registrado contablemente por el autónomo en sus correspondientes libros de gastos e inversiones.

Precisamente es ese segundo punto el que abre un abanico de posibilidades para que su tributación sea lo más rentable, o lo menos costosa, posible. Y es que, en líneas generales, cuando hablamos de deducciones, la normativa del IRPF es más permisiva que la del IVA, el otro gran impuesto al que tiene que hacer frente el autónomo.

Renta 2017 Gastos deducibles sin factura

1. Pólizas de seguros: si tiene un seguro médico, o de responsabilidad civil, solo necesitará el cargo bancario para que quede justificado el pago. Eso si, está muy atento a que conste en ese “recibo bancario” el número de póliza y esté él identificado como beneficiario.
2. Cuota de autónomo: del mismo modo tendrá que justificar el pago de la cuota de autónomos, es fácil no recordar que se trata de un pago deducible. Recuerde también las cuotas de los colegios profesionales.
3. Salarios y seguros sociales: de los trabajadores de su plantilla. Tendrá que presentar las nóminas firmadas por los empleados o el justificante del banco.
4. Gastos bancarios: no emiten facturas pero son deducibles los gastos derivados del mantenimiento de las tarjetas de crédito, comisiones por mantenimiento de la cuenta…
5. Gastos realizados en países extranjeros: de los bienes que haya comprado para el desarrollo de su actividad. En este caso necesitará recibos o tiques para justificarlos.
6. Gastos de contratos mercantiles: como lo son los derivados de los contratos privados y las escrituras públicas. Hablamos, por ejemplo, de traspasos o fianzas de alquiler.
7. Determinados impuestos: aquellos que formen parte de la actividad económica del autónomo, como las tasas relacionadas con su negocio.

IU fuerza al Gobierno a que se pronuncie sobre la monarquía acerca de 15 cuestiones polémicas

MADRID.- Familia real y monarquía centran el grueso de la última iniciativa parlamentaria de Izquierda Unida. En vísperas del aniversario de la II República, este 14 de abril, la formación de izquierdas registró este jueves en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas forzando al Gobierno a que se pronuncie sobre cuestiones tales como la celebración de un referéndum para que la ciudadanía española elija qué modelo de Estado quiere, o las relaciones que el actual monarca Felipe VI mantiene con dictaduras como la de Arabia Saudí, siguiendo la senda iniciada por su padre, tal como recoge http://www.nuevatribuna.es.

Hasta 15 preguntas formula IU al Gobierno en un escrito firmado por el coordinador general y portavoz parlamentario, Alberto Garzón y el diputado por Sevilla Miguel Ángel Bustamente, que denunciaron en rueda de prensa el “veto continuo” que la Mesa del Congreso impone -con el respaldo del PP, PSOE y Ciudadanos- a cualquier tema polémico sobre la Casa Real cada vez que lo plantea IU.

REPÚBLICA O MONARQUÍA

IU hace un llamamiento a “apoyar el movimiento republicano y el proceso constituyente” en las movilizaciones en este sentido convocadas para el próximo fin de semana en todo el Estado.

¿Considera el Gobierno que es una posición radical pedir que la ciudadanía española pueda decidir entre República y Monarquía?

¿Ha valorado el Gobierno la posibilidad de convocar un referéndum para que toda la ciudadanía pueda elegir entre República y Monarquía?

OPACIDAD DEL CIS

Ambos diputados denunciaron la “opacidad” y el “inadmisible silencio” que existe sobre el patrimonio de la Casa Real y rechazaron que “los representantes de los ciudadanos no podamos saber qué hace la Casa Real en determinados ámbitos que nos afectan a todos y todas”.

IU quiere saber los motivos por los que el CIS ha dejado de preguntar a los ciudadanos sobre la monarquía. El Centro de Investigaciones Sociológicas que depende del Gobierno, lleva tres años sin preguntar por la Jefatura del Estado.

¿Cuáles son los motivos por los que el CIS ha dejado de realizar encuestas sobre la monarquía española?

¿Está preocupado el Gobierno por la opinión que sobre la corona pueda tener la sociedad española?

¿Va a seguir ocultando el CIS la opinión de la ciudadanía sobre la monarquía?

PATRIMONIO DE LA CASA REAL

IU también critica la falta de explicaciones sobre el uso de recursos públicos que se destinan a la Casa Real que contrasta con la “transparencia” que se exige al conjunto de responsables públicos y cargos electos. Por ello quiere saber si el Ejecutivo va a “exigir responsabilidades” a Juan Carlos de Borbón por su cuenta en Suiza que su padre le dejó en herencia a él y a sus dos hermanas por valor de 728 millones de euros. “La Casa Real jamás documentó las justificaciones que ofreció ni el caso fue investigado”, recuerda en su texto.

¿Considera el Gobierno necesario investigar el patrimonio de la Familia Real?

¿Piensa el Gobierno exigir responsabilidades al rey emérito Juan Carlos I por contar con una cuenta en Suiza, al parecer, herencia de su padre?

¿No cree el Gobierno que es una contradicción en sus términos que el Tribunal de Cuentas no fiscalice a la Casa Real?

¿Va a exigir el Gobierno a la Casa Real que detalle el patrimonio y las rentas de sus integrantes y que sus actividades serán fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas?

¿Puede el Gobierno afirmar que ningún miembro de la Casa Real tiene cualquier tipo de activo financiero en el extranjero y, en concreto, en los conocidos como paraísos fiscales?

Todo ello para constatar los privilegios de los que gozan los miembros de la institución con respecto al resto de ciudadanos, cuando el artículo 14 de la Constitución señala que ‘todos los españoles son iguales ante la ley’.

IU aprovecha sus preguntas para denunciar el “anacronismo” de la monarquía en pleno siglo XXI, una institución “obsoleta”, de “dudosa utilidad pública” y que “genera desigualdades sociales”.

¿Considera el Gobierno que la monarquía es compatible con el principio constitucional de igualdad de toda la ciudadanía ante la ley?

ARABIA SAUDÍ

Coincidiendo con la visita a España del príncipe heredero de Arabia Saudí, ambos diputados han puesto el énfasis en las “políticas gravosas” que mantiene el actual monarca al fomentar -dicen- las “relaciones con dictaduras como la saudí, que utilizan las armas contra la población civil y en contra de los Derechos Humanos”.

¿Considera el Gobierno que la monarquía es compatible con la declaración universal de los derechos humanos que establece que todas las personas son iguales al nacer?

¿Va a exportar España material militar a Arabia Saudí?

¿Tiene indicios el Gobierno de que dicho material se utiliza en Yemen para violar los derechos humanos y el derecho internacional?

¿Qué tipo de garantías sobre le uso del material militar exige el Gobierno antes de autorizar su exportación a Arabia Saudí?

El Corte Inglés baraja acabar con todas sus marcas propias

MADRID.- El Corte Inglés baraja acabar con sus marcas propias. Según publica este jueves el diario Economía Digital, el gigante del comercio planifica el lanzamiento de una gran marca blanca que aglutine a todas las demás.

Entre las marcas que podrían quedar afectadas por esta nueva estrategia están Sfera y Aliada (que no se verán afectadas, al menos de momento) y otras como Miyo, Playland y Eduland, en juguetes.

La decisión está motivada porque la compañía cuenta con una enorme cantidad de marcas dispersas que, como señala la información, "han pasado inadvertidas para el gran consumidor".

El último lanzamiento fue el de Room. El concepto, lanzado para intentar competir con Ikea, fue presentado hace apenas dos meses pero ahora El Corte Inglés "se ha percatado de que la dispersión de nombres y marcas en los diferentes departamentos diluye la fuerza de su marca principal".

Según publica Economía Digital, la compañía mantendrá de momento las marcas de Aliada y Sfera, dos de las más conocidas, pero no se han dado más detalles sobre la nueva política de branding.

Esta tiene por objetivo, también, dar más visibilidad a la marca El Corte Inglés en su proceso de internacionalización y crecimiento, especialmente en América Latina.

El Sabadell busca comprador para 7.500 millones en ladrillo

BARCELONA.- Banc Sabadell ha puesto a la venta dos carteras de activos inmobiliarios, valoradas en un total de 7.500 millones de euros. La entidad bancaria busca comprador, en concreto, para un paquete de 5.000 millones y otro de 2.500 millones, este último vinculado a activos que proceden de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Esta operación se suma a otra que lanzó la entidad hace aproximadamente un mes para buscar comprador para otras dos carteras de activos inmobiliarios valoradas en 3.300 millones de euros (una de 900 y una de 2.400 millones). Con estos dos movimientos, la entidad bancaria está sondeando al mercado ahora mismo para colocar paquetes por un total de 10.800 millones de euros.

Respecto a las dos últimas carteras, la más importante, valorada en 5.000 millones, concentra únicamente activos improductivos de la entidad catalana, mientras que la segunda (2.500) comprende créditos que proceden de la CAM, que compró por un euro en 2012 el Sabadell tras su quiebra.

Crean un «frente común» en defensa del Mar Menor

CARTAGENA.- Una docena de colectivos ambientales, ecologistas y vecinales han decidido crear un «frente común» para la defensa del Mar Menor y el medio ambiente y tras comprobar la «pasividad» del Gobierno regional, que «sigue sin cumplir» la Ley de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad de la laguna.

En un comunicado, estas organizaciones han señalado que la decisión de unir sus fuerzas se tomó en una reunión celebrada el pasado 5 de abril en Cabo de Palos, con el fin de «frenar las continuas agresiones» que «está recibiendo y va a recibir este delicado entorno».

Tras criticar al Ejecutivo murciano por hacer «caso omiso» a las recomendaciones de los expertos sobre el cuidado y conservación del entorno marmenorense, los colectivos acordaron medidas «esenciales» para la laguna, como impedir «cualquier avance urbanístico» que pueda perjudicar al mar Menor, Calblanque, Calarreona y Cabo de Palos.

Para ecologistas y vecinos, es una necesidad «urgente» para el medio ambiente, «pero no para la Comunidad Autónoma», que «no se ha preocupado de incorporar ningún tipo de medidas» al respecto en las normas urbanísticas transitorias del municipio de Cartagena.

El comunicado ha añadido que el mar Menor «no aguanta más explotación» y aún hay proyectos urbanísticos previstos de «grave repercusión» en las Salinas de Marchamalo, el Vivero, Los Urrutias, así como continuas presiones sobre Calarreona y los núcleos rurales de Calblanque.

Por ello, las organizaciones ecologistas y vecinales piden que los expertos de los diferentes colectivos participen desde el inicio en la revisión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena, en el que se «exigirá que se prime el medio ambiente y la calidad de vida de las personas frente a los intereses especulativos».

Otras medidas incluidas en el documento son reclamar el «estricto cumplimiento» de la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor, y la redacción de una Ley Integral para la laguna, no realizar privatizaciones «como la del puerto de Cabo de Palos», la «pronta recuperación» del ecosistema, incentivar la desestacionalización del turismo y buscar otros motores económicos.

Los participantes en la reunión fueron Pacto por el Mar Menor, Anse, Ecologistas en Acción, La Plataforma por un nuevo PGOU, Procabo, Plataforma del Faro de Cabo de Palos, Favcacm, las asociaciones de vecinos Las Cobaticas y la Jordana, La Maga, Playa Paraíso y Cabo de Palos, la Junta 'El Raso' del Puerto de Cabo Palos, así como Cartagena Sí Se Puede y vecinos a título individual.

La FP Básica de la Región contará con 13 nuevos ciclos el próximo curso

MURCIA.- La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, anunció que el próximo curso escolar la Comunidad ofrecerá 13 nuevos ciclos de FPB, con un total de 290 nuevas plazas para el primer curso, lo que significa que «nuestros alumnos podrán optar, por primera vez, a más de 3.100 plazas formativas».

La consejera visitó, junto al director general de FP del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Sánchez-Pascuala, el IES Infante Don Juan Manuel donde se imparte el ciclo de Formación Profesional Básica (FPB) para alumnos con discapacidad auditiva signantes (que utilizan lenguaje de signos).

La titular de Educación subrayó que «adaptamos la oferta de la FP a las profesiones más demandadas para contribuir a favorecer el éxito educativo y reducir la tasa de abandono temprano». 

Martínez-Cachá explicó que «orientamos estas enseñanzas hacia los sectores que demandan más trabajadores para favorecer la empleabilidad y aumentar las posibilidades de los alumnos de incorporarse al mercado laboral».

Los ciclos que se ofertarán serán Carpintería y mueble en el CEPA Yecla; Cocina y restauración en el CEPA Águilas, en el Centro Siglo XXI de Mazarrón y en el Fuenteblanca de Murcia; Mantenimiento de vehículos en el CEPA Noroeste de Caravaca de la Cruz y en el centro Cabezo FP, en la pedanía murciana de Cabezo de Torres; Peluquería y estética en el colegio Marco de la pedanía murciana de Puente Tocinos y en el colegio Ciudad del Sol de Lorca.

Asimismo, se ofrecerá Informática de oficina en el IES Pueblos de la Villa de Fuente Álamo, Informática y comunicaciones en el CEPA Cartagena, Artes gráficas en el Colegio San Vicente de Paúl de Murcia, Panadería y pastelería en el Colegio Montepinar de Murcia y Actividades domésticas y limpieza de edificios en el IES Mediterráneo de Cartagena.

Martínez-Cachá informó también de que «en nuestra apuesta por diversificar la oferta educativa en este nivel, se implantarán tres nuevos títulos en la Región, Artes Gráficas, Panadería y Pastelería y Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios, de manera que aumentamos el número de títulos ofertados en Formación Profesional Básica cerca de un 20 por ciento, pasando de 15 a 18».

Experiencia pionera a nivel nacional

Durante su vista al IES 'Infante Don Juan Manuel', la titular de Educación mantuvo un encuentro con los siete alumnos con discapacidad auditiva que cursan el ciclo 'Informática de Oficina', cuyos les transmiten los conocimientos mediante lengua de signos porque tienen diagnosticada una hipoacusia.

Martínez-Cachá aseguró que «este ciclo experimental es un claro ejemplo de la apuesta del Gobierno regional por los alumnos que más lo necesitan y por impulsar la igualdad de oportunidades».

Indicó, además, que «este centro es un referente en el desarrollo de programas educativos, como el ABC, que permiten atender a aquellos alumnos con problemas de audición y ese fue el motivo que nos llevó a implantar este ciclo, primero en nuestro país con estas características».

Quiso también remarcar que «son los docentes de nuestra Región los que nos permiten poder desarrollar programas experimentales de este tipo, gracias a su profesionalidad e implicación». 

En ese sentido, expresó su gratitud al equipo directivo y al claustro de profesores, «por su magnífica labor educativa con el alumnado en general, y con este grupo de FP Básica en particular».

'Fundown' proveerá las plantas para las barreras vegetales en el Campo de Cartagena

CARTAGENA.- El vivero de la Fundación Fundown, en el que trabajan personas con discapacidad intelectual, proveerá de plantas a los asociados de Proexport que están obligados a colocar barreras vegetales en las explotaciones del Campo de Cartagena en virtud de la Ley de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor.

En un comunicado, Proexport señaló que el acuerdo firmado por el presidente de Fundown, Diego González, y el director general de los exportadores, Fernando Gómez, busca facilitar el cumplimiento de la normativa medioambiental y favorecer la igualdad de oportunidades e integración de personas con discapacidad.

Martínez destacó que el contrato generará «nuevas oportunidades para que más personas con discapacidad intelectual puedan trabajar» en iniciativas como el vivero, que prepara a estas personas para la «vida laboral haciendo que sean suficientes y autónomos» en la medida de sus posibilidades.

Por su parte, Gómez consideró el acuerdo una «magnífica oportunidad» para unir el cumplimiento de las medidas de protección para la laguna con los integrantes de Fundown.

El director general de Proexport advirtió de que cumplirán la ley aunque sigue manteniendo que la obligación de extender la obligación de colocar barreras vegetales en el interior del Campo de Cartagena «no repercute sobre las escorrentías que pudieran afectar» al mar Menor.

Así, la responsable de Medio Ambiente de los exportadores, María Dolores Molina, incidió en que estos setos contribuyen principalmente a la creación de hábitats para «auxiliares» que

El Ayuntamiento de Murcia ve «equilibradas» las restricciones contra el ruido

MURCIA.- El concejal de Medio Ambiente, Urbanismo y Huerta del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, ha considerado hoy «equilibradas y proporcionales» las restricciones propuestas para reducir el ruido en las zonas de ocio del centro de Murcia y se ha mostrado dispuesto a analizar todas las alegaciones planteadas para aplicarlas con el máximo consenso.

El edil ha respondido así a las críticas de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostetur), que ha pedido anular los mapas de ruido y las zonas de especial protección acústica (ZPEA) porque consideran que no se han hecho de manera rigurosa y perjudicarán gravemente al sector, modificando incluso el actual modelo de ocio de la ciudad.

Navaro ha subrayado que esos mapas de ruido se elaboraron «en cumplimiento de la legislación estatal» y también las ordenanzas municipales, y de ellos se desprendió que en algunas zonas del centro, que son las que se han considerado ZPEA, se sobrepasaban los límites máximos establecidos sobre calidad acústica.

Para corregir esos excesos, se han aprobado «medidas correctoras», cuya fase de alegaciones concluye hoy, y que tienen como objetivo «velar por el descanso de los vecinos» y conjugar este con «el legítimo derecho» de los empresarios del sector.

No se trata, ha insistido, de «acabar con la actividad de la noche» en la ciudad, sino de «frenar la contaminación acústica y velar por el descanso de los vecinos», muchos de los cuales se han dirigido al Ayuntamiento para requerir medidas en ese sentido.

En cualquier caso, ha insistido, estas medidas no pretenden «menoscabar» la actividad empresarial y se aplicarán en dos fases, la primera, con prohibición de conceder nuevas licencias de negocio y con reducciones de en torno al 25 por ciento de mesas y sillas en terrazas adelantando su horario de cierre.

Además, en esa primera fase habrá actuaciones de sensibilización dirigidas a los ciudadanos así como un mayor control policial de la normativa.

Estas medidas se aplicarán durante el plazo de un año y, pasado ese periodo, se evaluarán de nuevo los niveles de ruido para ver si han mejorado, antes de poner en marcha la segunda fase.

Navarro ha insistido en que todas las alegaciones (Hostetur ha presentado treinta) para «lograr el máximo consenso» y la propuesta final será trasladada al Consejo Sectorial del Ruido y, más tarde, a la Junta de Gobierno para su aprobación.

'No Más Ruido' presenta alegaciones al Mapa de Ruido de Ocio y Plan Acción

MURCIA.- La Asociación No más ruido presentó este viernes una serie de alegaciones al Acuerdo de aprobación inicial del Mapa Ruido de Ocio y Plan Acción propuesto por el Ayuntamiento de Murcia.

De entre las numerosas alegaciones formuladas, subrayan que los Planes Zonales no contemplan medidas suficientes frente a una de las principales fuentes de ruido y, sin lugar a dudas, la que mayores perjuicios ocasiona, como son los locales clasificados como grupo 1 y 2 -discotecas y pubs- que desarrollan su actividad en estas Zonas. Es decir, se toman más medidas sobre bares, cafeterías y restaurantes que sobre pubs y discotecas.

«Buena parte de nuestras alegaciones exigen la aprobación de Planes de Control de las actividades ruidosas. Porque ya sabemos que por muchas y buenas normas que tengamos, de nada sirven si luego no se aplican«, añaden.

Asimismo, dedican una especial atención «a exigir la reducción de horarios de cierre de los establecimientos«. 

Al respecto, recuerdan que »la propia Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, en fecha 30 de diciembre de 2015, adoptó el Acuerdo de solicitar de la Administración Regional la reducción de los horarios de cierre en las zonas más afectadas por el ruido del ocio, como medida cautelar mientras el Ayuntamiento tramitaba, elaboraba y aprobaba el Mapa de Ruido de Ocio«.

Por tanto, apuntan, «resulta incomprensible que el gobierno municipal, que había manifestado de forma explícita su voluntad de proceder a una reducción de los horarios de funcionamiento de los establecimientos de ocio en estas zonas, llegado el momento de la inclusión de esta medida en su Plan de Acción, se echa para atrás y, sin ningún motivo, no incluye la medida«.

En relación con la instalación de barras en la calle, alegan que están en desacuerdo «por cuanto supone causar graves perjuicios a la ciudad (suciedad, destrozos y mala imagen) y a los vecinos (ruido, falta de movilidad, inseguridad, problemas de accesibilidad de vehículos contra incendios o de ambulancias), a los que hay que añadir el fomento del consumo de alcohol en la calle, no solo en las barras sino por centenares de grupos que hacen botellón en la vía pública«, para finalizar solicitando que »resulta indispensable que se prohíba la emisión de música en las barras, así como reducir su horario de funcionamiento«.

Otro asunto destacado en su alegaciones son las medidas de reducción de mesas de terraza, que se proponen realizar de forma porcentual (un 25% en una primera fase, y otro 25% en una segunda). 

«Frente a este sistema de tabla rasa, que solo sería operativo en unos pocos espacios en la primera fase (dejando fuera algunos tan problemáticos como Pérez Casas, o las plazas de Las Flores, Santa Catalina, San Juan y Cristo del Rescate), proponemos que para la autorización de terrazas en las ZPAE debe exigirse la presentación de una Memoria Ambiental y el informe del Servicio de Medio Ambiente para garantizar que no se sobrepasan los objetivos de calidad acústica».

Asimismo, piden que en los espacios más problemáticos «elaborar -a la mayor brevedad y sin esperar a la aprobación definitiva de las ZPAE y sus Planes de Acción- los distintos Planes de Ordenación de Usos de Espacios Públicos, figura prevista en la Ordenanza de Terrazas con esta finalidad».

El diputado Marcos Ortuño sostiene que la FP Dual tiene una empleabilidad «casi del 100%»

CARTAGENA.- El presidente de la Comisión Especial de Empleo de la Asamblea Regional, el diputado del PP Marcos Ortuño, aseguró este viernes que la tasa de empleabilidad de estudiantes que cursan formación profesional (FP) dual es «casi del 100 %». 

Lo dijo tras visitar las instalaciones de Repsol en Cartagena, donde hay varios alumnos de Química Industrial del Politécnico.

«Si queremos seguir creando empleo y de calidad, hay que apostar por la FP dual y por empresas como Repsol», remarcó Ortuño, antes de valorar la «efectividad» de este modelo para garantizar la inserción laboral de los alumnos. 

En este curso se han alcanzado las 1.500 plazas y la participación de 300 empresas, como Ilboc, Villapharma, Sabic, Bunge, Repsol Especialidades y Drage and Mate International.

El diputado socialista Antonio Guillamón destacó los resultados «muy positivos» de esta experiencia educativa. 

Además de la formación, los alumnos también perciben hasta 426 euros, dependiendo del número de horas trabajadas. 

Sin embargo, Guillamón lamentó que estas fórmulas estén siendo «sustituidas por la beca salario, que no tiene ningún tipo de garantía salarial».

Los precios aumentan ligeramente en marzo en la Región y suben la tasa interanual al 0,9%

MURCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de la Región de Murcia subió un 0,1 por ciento el pasado mes de marzo respecto al mes anterior, mientras que su tasa interanual ha crecido un 0,9 por ciento, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Región de Murcia registra así el quinto mayor aumento por comunidades junto a Baleares, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Valencia. En lo que va de año, han descendido un 1 por ciento en la Comunidad de Murcia.

Por grupos, los más inflacionistas fueron Vestido y calzado (3,4 por ciento), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,4 por ciento) y Alimentos y bebidas no alcohólicas, Menaje, Ocio y Cultura y Hoteles, cafés y restaurantes, todos ellos con un aumento del 0,3 por ciento.

Por contra, la congelación de precios en Medicina y Enseñanza y el descenso experimentado en Vivienda (-1,9 por ciento) y Transporte, Comunicaciones y Otros, todos ellos con un descenso del 0,2 por ciento evitaron un aumento mayor de la cesta de la compra murciana en marzo

Tráfico 'cazó' a más de 180.000 conductores conduciendo por encima de los límites en la Región

MURCIA.- La Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia tramitó en 2017 más de un millón de actuaciones administrativas y constituye la dependencia del Estado que «más expedientes» gestiona en la Comunidad. De todos ellos, 232.000 se correspondieron a expedientes sancionadores, 180.000 de los cuales fueron por exceso de velocidad, 4.800 por alcohol y drogas al volante y 3.500 por hablar con el móvil.

Así lo ha hecho saber el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Bernabé, quien ha comparecido en un contacto con los medios de comunicación junto a la directora provincial de Tráfico, Virginia Jerez, para presentar la campaña 'Tú eres la mejor señal' y hacer balance de las actuaciones de la delegación de Tráfico en la Región durante 2017.

Bernabé ha felicitado a los 92 trabajadores de la DGT en la Comunidad en la figura de su directora, «por el extraordinario trabajo que realizan». Se trata, añade, de la dependencia del Estado que «más expedientes tramita, de largo, en la Comunidad de Murcia a lo largo del año». En concreto, la Delegación provincial de Tráfico llevó a cabo en 2017 más de un millón de actuaciones administrativas, una cifra que ha calificado de «extraordinaria».

El delegado del Gobierno ha destacado que el parque móvil en la Región asciende a 1.027.000 vehículos, tras sumar 42.000 altas de vehículos y 30.000 bajas en 2017, aunque ha reconocido que la reposición de vehículos es un aspecto en el que «hay que seguir mejorando». 

De la misma forma, Bernabé ha subrayado que la Región cuenta con 867.000 conductores activos, tras incorporarse 22.000 nuevos conductores en 2017.

Bernabé ha hecho un llamamiento a la concienciación de los conductores y, de hecho, ha reconocido que «la principal actuación de la DGT está enfocada a la seguridad vial». Y es que, «más allá de los temas adminsitrativos, el principal reto que tenemos por delante es que disminuya la siniestralidad, el número de accidentes y de fallecidos en las carreteras».

En 2017 se registraron 232.000 expedientes sancionadores en la Región de Murcia, una cifra «alta que debe hacernos recapacitar sobre la importancia de respetar las normas de circulación», según Bernabé. 

De todos ellos, casi 180.000 se correspondieron a excesos de velocidad. «Debemos de ser muy conscientes de que el exceso de velocidad es al principal causa de los accidentes con resultados complicados», ha advertido el delegado.

Más allá de otras incidencias de tipo técnico, como no tener la documentación, fallos tércnicos o faltas de seguro, Bernabé ha destacado otras dos causas que «llaman a la reflexión», como son el uso de la telefonía móvil mientras se conduce, con 3.500 casos denunciados, así como los casos de alcohol y drogas al volante (4.800 casos).

A raiz de estos expedientes sancionadores se retiraron un total de 632 permisos de conducción por pérdida de puntos durante el año 2017, según Bernabé, quien ha insistido en que «todas estas actuaciones no tienen la finalidad de castigar, sino de concienciar sobre el hecho de que no podemos descudiarnos cuando cogemos un automóvil y tenemos que adoptar todas las medidas de precaución para evitar los siniestros».

Jerez ha señalado que el consumo de alcohol y drogas o el exceso de velocidad al volante «es un problema real tanto para el usuario como para el resto de conductores». 

Sin ir más lejos, ha señalado que el 50 por ciento de los fallecidos en vía urbana e interurbana no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del accidente.

Anulan la sentencia que condenó a un profesor de la UMU por su actuación en un concurso

MURCIA.- El Tribunal Supremo (TS) ha revocado la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que condenó a 9 meses de prisión, multa de 1.050 euros y 2 años y 3 meses de inhabilitación con pérdida de la condición de funcionario a un profesor de la Universidad de Murcia (UMU) por su actuación en el concurso convocado para cubrir una plaza docente. 

La sentencia del tribunal murciano condenó a Francisco R.J. como autor de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y lo absolvió del de falsedad por el que también había sido juzgado. Ahora, la Sala Segunda del Alto Tribunal revoca la sentencia y señala que este profesor tampoco cometió el delito por el que fue condenado hace ahora casi un año.

La acusación particular, ejercida por la institución docente, atribuyó al acusado la comisión de ambos delitos al considerar acreditado que actuó de forma ilegal cuando como director del departamento que convocaba la plaza, el de Educación Física, prevaloró los méritos de los tres aspirantes al concurso. 

Señaló que se aprovechó de esta situación para manipular la documentación presentada por los aspirantes de manera que a dos de ellos se le quitaban méritos en beneficio de un tercero que de esa forma se veía beneficiado. Él se quedó la documentación original y se observó la presunta manipulación cuando el presidente de la comisión evaluadora se la reclamó y comprobó que la que tenía el tribunal no coincidía plenamente con aquella..

La Audiencia no consideró probada la falsedad, pero sí el delito de infidelidad en la custodia de documentos del que ahora lo absuelve el TS al estimar el recurso del profesor y declarar que los hechos que constituirían esa figura delictiva tampoco han sido probados. 

La resolución también desestima el recurso de casación que presentó la UMU, que reiteró su solicitud de condena.

Esta causa se inició con la denuncia que la institución docente presentó en la fiscalía contra el acusado, al que también abrió un expediente sancionador.

España y Arabia Saudí crearán una empresa conjunta para los futuros programas navales en el país árabe

MADRID.- España y Arabia Saudía han acordado crear una empresa conjunta para desarrollar los futuros programas navales en el país árabe mediante la firma de un memorando de acuerdo entre la empresa pública española Navantia y la saudí Sami.

Así se ha acordado la tarde de este jueves en la reunión que han mantenido en La Moncloa el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman.

Arabia Saudí y España tienen pendiente desde hace dos años la firma de la venta de cinco corbetas que construirá la española Navantia en los astilleros de Ferrol y Cádiz. La operación está valorada en unos 2.000 millones de euros y los trabajos supondrían unas siete millones de horas de trabajo.

Navantia considera estratégica esta operación por las excelentes oportunidades que presenta, por el buen posicionamiento en toda la zona de Oriente Medio con potenciales clientes interesados en sus productos y, sobre todo, por la carga de trabajo para sus astilleros y la industria auxiliar, "que supondría un gran impulso económico en las zonas de influencia y en la industria de defensa española".

El diputado Cascales (PP) siembra dudas sobre titulaciones de la UPCT

CARTAGENA.- El diputado autonómico del PP murciano Miguel Cascales dijo ayer en la Asamblea que algunos docentes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) «tendrían que salir corriendo» si se analizara la titulación que incluyen en sus currículos, de lo que se ha arrepentido más tarde.

Por ello, ha pedido que se retirara del diario de sesiones de la Cámara.

Lo ha expresado en el debate de una moción suya para que el Gobierno de Murcia incluyera en el calendario de pruebas deportivas de interés autonómico la Ruta de las Fortalezas cartagenera, durante el que el diputado socialista y profesor de la UPCT Ángel Rafael Martínez ha aludido al máster de Cristina Cifuentes.

Además de Martínez, en el hemiciclo hay otros dos docentes de la UPCT: el socialista Antonio Guillamón y el parlamentario del PP Juan Luis Pedreño.

La campaña 'Quiero Corredor' une a empresarios del Mediterráneo

ALGECIRAS.- Medio millar de empresarios de Andalucía y la Comunidad Valenciana participan en Los Barrios (Cádiz) en un encuentro bajo el lema ´Quiero Corredor´, para defender la importancia de la culminación de las obras de modernización del Corredor Mediterráneo ferroviario. 

En Los Barrios se ha dado a conocer la campaña itinerante ´Quiero Corredor´, que se inicia este fin de semana en la localidad gaditana y que en las próximas semanas pasará por Andalucía (Granada y Málaga), Murcia (Lorca y Cartagena), la Comunidad Valenciana (Alicante y Castellón) y Cataluña (Reus y Martorell).

Además de los encuentros con empresarios de cada zona, se instalarán carpas y un autobús en los que se ofrecerá información a la ciudadanía sobre la importancia de este corredor ferroviario para el desarrollo económico de todo el área mediterránea española.

«Es un acto sin precedentes en la zona», destacó el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, que ha destacado la importancia del primer tramo de ese corredor, Algeciras-Bobadilla, para el desarrollo del puerto algecireño.

En ello ha incidido el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, quien subrayó que esta plataforma «no va contra nadie, sino que solo suma esfuerzos, objetivos y la legítima aspiración de defender la importancia del Corredor Mediterráneo».

«Europa nace en Algeciras», indicó, y ha recordado que el tramo Algeciras-Bobadilla es común para el Corredor Mediterráneo y para el Corredor Central, ambos prioritarios para la Unión Europea, como recordó.

González de Lara señaló que el puerto de Algeciras es «importantísimo» para las exportaciones de las empresas andaluzas, «la segunda comunidad autónoma, tras Cataluña, en volumen de exportaciones» en 2017 con un global de 21.000 millones de euros.

El presidente de la CEA ha subrayado que hay 5.000 empresas en Andalucía «con dedicación casi exclusiva a la exportación» y que es necesario este eje ferroviario «para hacerlas más competitivas».

También calificó de «fundamental para toda la cuenca mediterránea» esta infraestructura el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda.

Las ocho deducciones de la Renta 2017 que pueden aplicarse los murcianos

MURCIA.- El número de beneficiarios por las deducciones autonómicas se ha multiplicado por 2,5 en las últimas campañas de la renta de las que se tienen datos (2015 y 2016), al pasar de 18.220 declarantes con derecho a deducción a casi 44.500, es decir, a 26.500 murcianos más, lo que ha permitido un ahorro de 6,3 millones de euros respecto a los 2,8 de la campaña anterior. 

Así lo señaló el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, que informó sobre las ocho deducciones autonómicas que los ciudadanos podrán aplicarse en sus declaraciones de la Renta 2017.
«El número de beneficiarios por las deducciones autonómicas en la Región de Murcia ha crecido de forma ostensible, incrementándose de 18.000 a casi 44.500 declarantes en las dos últimas campañas, y con un ahorro de más de 6,3 millones de euros. Nunca antes se había alcanzado este número de beneficiarios y ni el importe deducido había sido tan alto».
El consejero Carrillo subrayó que «el Gobierno regional apuesta por la reducción de impuestos como el mejor camino para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, y como la mejor manera de beneficiar a los ciudadanos».
Las ocho deducciones en la Renta 2017 están referidas a gastos de material escolar y libros de texto, gastos de guardería, la compra de vivienda habitual de jóvenes, donativos destinados a la protección del patrimonio histórico de la Región de Murcia, donación de actividades culturales y deportivas e investigación biosanitaria, inversiones en dispositivos domésticos de ahorro de agua, inversiones en instalaciones de recursos energéticos renovables e inversiones en participaciones de entidades nuevas o de reciente creación.

Material escolar y libros de texto

De las deducciones autonómicas, las que han beneficiado a un mayor número de declarantes en la última campaña de la Renta 2017 han sido las de gastos en la adquisición de material escolar y libros de texto, 17.232 en total, compra de vivienda habitual de jóvenes, con 11.030, y gastos de guardería para hijos menores de tres años, 11.021.

Cuantía de las deducciones

• Por gastos en la adquisición de material escolar y libros de texto - La cuantía de la deducción es de 100 euros por cada niño en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria.
• Por compra de vivienda habitual de jóvenes - Cinco por ciento de la cantidad invertida, con un límite de 300 euros anuales.
• Por gastos de guardería para hijos menores de 3 años - Quince por ciento de las cantidades satisfechas con un máximo de 330 euros anuales, en caso de tributación individual, y 660 euros anuales, en caso de tributación conjunta, por cada hijo de esa edad.
• Por donativos destinados a la protección del patrimonio histórico de la Región - Treinta por ciento de la cantidad donada, sin límite; y para la investigación biosanitaria, un 30 por ciento de la cantidad donada.
• Por inversiones en dispositivos domésticos de ahorro de agua - Veinte por ciento de la cantidad invertida, con un límite de 60 euros anuales.
• Por inversiones en instalaciones de recursos energéticos renovables - Diez por ciento de la cantidad invertida, con un límite de 1.000 euros anuales.
• Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación - Veinte por ciento de la cantidad invertida con un límite de 4.000 euros anuales.
• Por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansión del mercado alternativo bursátil - Veinte por ciento de la cantidad invertida con un límite de 10.000 euros anuales.
• Ley de Presupuestos 2018 - Se eleva el importe de la deducción por material escolar, pasando de 100 a 120 euros, y se incrementan en un treinta y tres por ciento los límites de renta para que más personas puedan aplicarse la deducción, por lo que el incremento será aún mayor en la campaña del próximo año.

Manuel Aldeguer (CHS) pide más tiempo para preparar su defensa en el caso Mar Menor

MURCIA.- La titular del juzgado de instrucción nº 2 de Murcia, Miriam Marín, aplazó la declaración del excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y actual director general del Agua valenciano, Manuel Aldeguer, como investigado por la contaminación del Mar Menor.

La defensa de Aldeguer ha pedido el aplazamiento con el mismo argumento dado por el letrado del expresidente de la CHS con el anterior Gobierno central socialista José Salvador Fuentes Zorita, también imputado en el caso 'Topillo' y que vio aplazada su declaración el pasado lunes.

El abogado de Aldeguer ha pedido la suspensión de la vista para obtener copia de las actuaciones e instruirse en ellas antes de que su cliente preste declaración, de forma que no se merme su derecho de defensa ante la complejidad de la causa y el volumen de la documentación de los autos.

La jueza ha aplazado la comparecencia de quien dirigió la Comisaría de Aguas entre 2004 y 2012, por lo que hasta el momento solo ha declarado la expresidenta de la CHS entre 2010 y 2012, Charo Quesada, que sucedió a Fuentes Zorita y que es una de los seis exaltos cargos y funcionarios del organismo de cuenca investigados.

Según el calendario de citaciones previsto, hoy debe declarar el jefe de servicio José Manuel Ruiz, mientras que el martes 17 lo harán el exdirector técnico de la CHS Joaquín Ezcurra y el jefe del Servicio, Blas Mirete.

El Consejo de Gobierno nombra a José Luján rector de la UMU

MURCIA.- El Consejo de Gobierno acordó hoy el nombramiento de José Luján como rector de la Universidad de Murcia (UMU) antes de que el martes tome posesión oficial del cargo en sustitución de José Orihuela y tras las elecciones en las que obtuvo el 52,8 por ciento de los votos.

En sesión extraordinaria el Consejo adoptó este acuerdo a propuesta de la Consejería de Universidades una vez celebradas las elecciones a rector y al Claustro Universitario, en las que fue proclamado Luján, hasta ahora presidente del CES.
La toma de posesión del nuevo rector, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, tendrá lugar el próximo martes 17 de abril, a las 12:30 horas, en la Facultad de Economía y Empresa del campus de la UMU en Espinardo.
Igualmente, y como consecuencia de estas nuevas elecciones y al haber expirado su mandato, debe de cesar el anterior rector de la UMU, José Orihuela y así, el Consejo de Gobierno ha aprobado también hoy el decreto de cese, en el que agradece los servicios prestados. 

El todavía presidente del Consejo Económico y Social, José Luján, tuvo ayer la última comparecencia pública como responsable de este organismo que emplea el Gobierno regional para consultas en materia laboral y socioeconómica. 
Luján, que ganó las elecciones a Rector de la Universidad de Murcia el pasado 15 de marzo frente a otros cuatro candidatos, será investido como nuevo máximo responsable de la UMU el próximo martes 17 de abril, en un acto que se celebrará en el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa. 
Su puesto como presidente del CES será ocupado, previsiblemente, por el exrector José Antonio Cobacho. 

El PP exige la dimisión del alcalde y una edil socialista de Fortuna por falsificar una firma

FORTUNA.- El PP exige la "inmediata" dimisión del alcalde socialista de Fortuna, José Enrique Gil y de la concejal Marisol Gracia, "quien reconoció el pasado miércoles en presencia de un juez haber falsificado la firma de otro edil para favorecer al primo del regidor municipal para prorrogar su contrato de trabajo".

Así de tajante se ha mostrado la portavoz del PP en Fortuna, Catalina Herrero, que ha comparecido en rueda de prensa este viernes, acompañada de la portavoz del PPRM, Nuria Fuentes.

En clave regional, la portavoz del partido ha reclamado al secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, que "se pronuncie y fuerce ambos ceses para que se lleven a efecto de forma inmediata" y ha añadido que, de no hacerlo, "estará dando refugio y cobijo a ambos, convirtiéndose en cómplice de este engaño que está perjudicando a los vecinos de Fortuna".

"Queremos comprobar de qué lado está Conesa, que se posicione", ha dicho Nuria Fuentes para añadir que "si está junto a la verdad debe mostrarles el camino de salida, y si por el contrario, no reprueba esta actuación y no les exige su dimisión, significará que está de acuerdo y participará, en silencio, de este engaño". Por ello le ha pedido "responsabilidad política en este asunto".

Por otra parte, Herrero ha asegurado que tras conocer la información por la prensa y constatar que no se trata de especulaciones, ni de suposiciones, "sino de un hecho evidente y reconocido por Marisol Gracia, la concejal que falsificó la firma, ante un juez", es el momento de pedir responsabilidades al Partido Socialista y a Ciudadanos que tenían grupo municipal cuando se produjeron las irregularidades, por la actuación de una persona que debe trabajar en beneficio de los fortuneros y no engañarlos".

A su juicio, "los vecinos de Fortuna no merecen seguir gobernados por personas que son capaces de falsificar un documento y por un alcalde que los tapa, participando así del engaño".

En este punto ha insistido que "hasta este momento hemos respetado la presunción de inocencia, pero es el momento de preguntar al PSOE sin no tienen nada que decir quienes exigen para los demás lo que no cumplen para ellos, o si este caso hubiera sido protagonizado por el PP si estarían exigiendo dimisiones fulminantes aquellos que abanderan la regeneración, me refiero al partido socialista y Ciudadanos".

Fortuna, ha dicho la portavoz del PP local, "no merece la vergüenza de ver manchado el nombre del municipio por este tipo de prácticas y chanchullos a los que nos tiene acostumbrados el PSOE".

El juez Pablo Llarena y la Constitución / Javier Pérez Royo *

Al Poder Judicial en general y al Tribunal Supremo en particular le costó aceptar que la Constitución es norma jurídica y que la ley y las demás normas que integran el ordenamiento jurídico están subordinadas a la Constitución y tienen que ser interpretadas de conformidad con la Constitución.

Todavía en el año 1982, más de tres años después de la entrada en vigor de la Constitución, el Tribunal Constitucional tuvo que anular dos sentencias, una de la Audiencia Territorial de Sevilla de 31 de enero de 1980 y otra de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1982, porque ambas ignoraron y abiertamente negaron el valor normativo inmediato del artículo 14 de la Constitución.

En la primera de ellas, la Audiencia Territorial afirma textualmente que "el contenido de las Leyes Fundamentales del Estado integra meras enunciaciones de principio encaminados a orientar la futura labor del Poder Público, sin eficacia para provocar el nacimiento de derechos civiles salvo que éstos se desarrollen por leyes ulteriores". 

En la Sentencia del Tribunal Supremo se dice que "tal mandato (el del artículo 14 CE) tiene alcance de una declaración de principio" necesitada de ulterior desarrollo, y en coherencia con esta interpretación, no se ha apreciado el efecto derogatorio del art. 14 respecto al artículo 137 del Código Civil en virtud de la disposición derogatoria tercera de la Constitución" (STC 80/82. FJ 1º).

Es de destacar que el Fiscal General del Estado se opuso a la estimación del recurso de amparo y argumentó que el Tribunal Constitucional debía confirmar por su conformidad con la Constitución ambas sentencias. Significativa coincidencia de Fiscalía General, Audiencia Territorial y Tribunal Supremo.

Obviamente, el Tribunal Constitucional anularía ambas sentencias por ser sus "fallos contrarios al derecho de igualdad que perpetúan en el presente un trato discriminatorio nacido al amparo de la legislación preconstitucional".

Pensaba que estas resistencias a aceptar la primacía de la Constitución habían desaparecido en nuestros tribunales de justicia, pero la instrucción del Juez Pablo Llarena en general y en particular su auto de ayer impidiendo por segunda vez que Jordi Sánchez pueda acudir como candidato a la sesión de investidura convocada por el president del Parlament, ha venido a sacarme de mi error. 

La Constitución y el Estatuto de Autonomía, que es materialmente una norma constitucional y que integra con la Constitución el llamado "bloque de la constitucionalidad", no son normas jurídicas de obligado cumplimiento. El Juez Instructor no tiene por qué tomarlas en consideración cuando tiene que tomar una decisión sobre un proceso de investidura, a pesar de que dicho proceso únicamente está regulado en la Constitución y en el Estatuto.

Ahora bien, el Juez Pablo Llarena no se contenta con emular a sus colegas de la Sala Primera de los primeros años ochenta, sino que va mucho más allá. Los Magistrados de la Sala Primera fundamentaban su decisión en el Código Civil. Erraron al interpretar la Constitución en función del Código Civil, en lugar de interpretar el Código Civil en función de la Constitución, pero había por lo menos una apariencia de fundamentación jurídica.

El Juez Pablo Llarena no fundamenta su auto de ayer en ninguna ley. Aunque parezca increíble, así es. No solamente prescinde por completo de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, sino que prescinde, además, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que el requisito de que sea "firme" el auto de procesamiento para limitar el derecho de sufragio pasivo, simplemente no existe. 

El artículo 384 bis de la LO 4/1988 dice textualmente: "FIRME UN AUTO DE PROCESAMIENTO y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión". 

Al no ser FIRME el auto de procesamiento falta el presupuesto de hecho para que pueda ser aplicado a Jordi Sánchez el artículo 384 bis. En consecuencia, aunque lo menciona, no puede fundamentar su decisión en él.

El Juez Instructor ha tomado, pues, su decisión sin fundamentarla en ningún precepto legal. Y lo ha hecho así, porque no hay absolutamente nada en el ordenamiento jurídico con base en lo cual se pueda tomar la decisión de impedir que Jordi Sánchez acuda a la sesión de investidura. La decisión carece de cualquier fundamentación jurídica. Formalmente es una decisión judicial. Materialmente es una decisión privada, con la que se subvierte el ejercicio de la función jurisdiccional tal como está definida en la Constitución.   

(*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

https://www.eldiario.es/zonacritica/juez-Pablo-Llarena-Constitucion_6_760184011.html 

El PP no tiene fuerza suficiente / Luis María Anson *

Sin entrar en el fondo de la cuestión, el Partido Popular carece de fuerza para enfrentarse con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. “Albert Rivera -me dijo ayer un destacado dirigente monclovita- no tiene huevos para apoyar a Gabilondo porque eso le comprometería ante su electorado”. Pero esta afirmación es una muestra más del voluntarismo político que preside muchos de los errores del Partido Popular.

Albert Rivera ha anunciado que votará a favor de Gabilondo en la moción de censura si Mariano Rajoy no cede y decide mantener a Cristina Cifuentes. Tal vez se trate de un órdago, tal vez de un farol. Pero en sectores cualificados del Partido Popular se afirma abiertamente que no se puede perder Madrid y que es necesario sacrificar a Cifuentes, por mucho que la presidenta se resista.

Mariano Rajoy todavía no se ha pronunciado. Si se ve obligado a hacerlo, tal vez no sostenga a Cifuentes, quizás apueste por la fórmula murciana que Ciudadanos le impone. Se trata de una nueva humillación para el PP, lo cual es negativo para los populares. Pero peor es quedarse sin la gobernanza de Madrid, próximas ya las elecciones autonómicas.

Los expertos monclovistas apuntan que se impondrá la cobardía, que es con lo que cuenta Albert Rivera, y que los populares se plegarán a Ciudadanos. Con un candidato menor, el centro derecha se mantendrá en el machito, haciendo el PP agua por todas partes, con beneficio para Albert Rivera, que aspira a sorpassar al PP en las próximas elecciones, no solo en las autonómicas, también en las generales.

Difícil situación para Mariano Rajoy que, a pesar de su indudable éxito en la gestión económica, contempla cómo el partido se le desmorona y cómo Ciudadanos se encampana. 

Pedro Arriola despreció, secundado por Rajoy, hace dos años a Podemos, a los que calificó de “frikis” y también a Ciudadanos, a los que llamó “insignificantes”. ¿Ah, desvelará alguien qué personaje está detrás de la operación que ha escabechado a Cristina Cifuentes?


(*) Periodista de la Real Academia Española

https://www.elimparcial.es/noticia/188602/al-aire-libre/el-pp-no-tiene-fuerza-suficiente.html 

Consejos de Rajoy y coherencia de Rivera / Pablo Sebastián *

Es hora que se acabe la extraña danza de Albert Rivera en su relación con Mariano Rajoy que es el jefe que promueve, ampara y protege todas y cada una de las fechorías, abusos y errores del PP empezando por los del propio presidente. Porque si el presidente, tarde y mal, ampara a Cifuentes lo que tiene que hacer Rivera en pos de la plena cohesión es romper con Rajoy y retirar el apoyo a los Presupuestos de 2018.

En cuanto a la moción de censura presentada por el PSOE contra Cifuentes Rivera debe exigir a los socialistas, también por coherencia, que para poder apoyarla debería dimitir de su cargo el instigador de la censura y jefe del PSOE madrileño José Manuel Franco por haber falsificado su currículum, aunque sea tiempo atrás (las mentiras no prescriben).

A eso se refería Rajoy cuando, tras apoyar a Cifuentes diciendo que ya dio explicaciones sobre el máster que sigue en investigación, citó el refrán de ‘consejos vendo que para mí no tengo’, en referencia a la falsificación del currículum del primer dirigente del PSOE en Madrid y otros casos similares.

Aunque al hablar de consejos Rajoy podría estar hablando también de su caso en los ‘papeles de Bárcenas y los famosos SMS de ‘Luis sé fuerte’, asuntos por los que no dimitió. Como nunca pidió la dimisión de todos los encartados del PP en serios casos de corrupción que él tapó y amparó.

De manera que Rivera sabe que las presuntas responsabilidades de Cristina Cifuentes sobre el máster son una pequeñez si las comparamos con las del propio Rajoy, a quien Rivera invistió presidente y a quien piensa regalarle los Presupuestos de 2018 para que siga en el poder hasta 2020.

Por todo ello hora es que se acabe el baile de máscaras políticas y que las responsabilidades (Pedro Sánchez calla sobre Franco y en Podemos salen los falsos currículum por doquier, sin olvidar a Errejón y Monedero) deberían de extenderse a todos o a ninguno sin excepción.

Lo más llamativo de los consejos de Rajoy es que llegan tarde y no sabemos con qué intención. Sobre todo después que su ministro de Justicia Catalá no descarta en público la salida de Cifuentes, ni tampoco lo hacen ahora sus compañeros de la Asamblea de Madrid como ha ocurrido con el portavoz del PP Enrique Osorio quien no excluyó la marcha de su presidenta creando con ello la mayor confusión.

A lo mejor lo que quiso decir y hacer Rajoy es darle un poco masaje florido a Cifuentes antes de despedirla y evitar que Cristina se encastille diciendo que ella no se va y que si la cesan en la moción de censura se quedará sentada en la Asamblea como la líder de la Oposición. Lo que tampoco habría que descartar a la vista de los vaivenes de semejante culebrón.

(*) Periodista

https://www.republica.com/el-manantial/2018/04/13/consejos-rajoy-coherencia-rivera/ 

Fin de trayecto / Ramón Cotarelo *

Ayer se lo maliciaba Palinuro, perro viejo conocedor de las gentes: el juez Llarena no dejaría salir a Sánchez a su investidura diciendo que la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no le vincula. Sin duda. Ni ese comité ni ningún otro comité terrenal. Solo le vincula la voluntad divina, y en cosas celestiales. En todo lo demás, él decide omnímodamente. 

 

El Comité dirá lo que quiera pero a él le consta que, si Sánchez sale, hay gran riesgo de reiteración de la actividad delictiva que se le supone, porque aún está por probar. Pero eso no importa. A fuer de agudo, el juez es zahorí. Aunque quizá poco pragmático. 

 

Si tanto le consta que el pérfido Sánchez proseguirá su hasta ahora inexistente actividad delictiva, su interés, sin duda, es dejarlo salir por si, en efecto, cumple su premonición y delinque y así quizá pueda él acusarlo por el segundo delito si no lo consigue por el primero. 

No todo han de ser noticias ridículas de los tribunales. También las hay serenas. El juez que ha tomado declaración a la temible terrorista detenida el día anterior y llevada a su presencia como si fuera una comando suicida, la ha puesto en libertad bajo fianza y ha descartado imputarle delito de terrorismo como pedía el ministerio público, dejándolo en desórdenes públicos. 

 

No es tan imaginativo como el del bombástico fiscal. Parece ser tradición en el oficio emplear prosas flamígeras para aliviar la sequedad judicial. Terrorismo llamaba el fiscal a un corte de autopista o cosa similar. Estoy esperando a ver cómo califica un atentado con muertos. 

La fiscalía no se anda por las ramas. El gobierno necesita probar que en Catalunya hay violencia, terrorismo, atracos a la luz del día, atentados y bombazos para aplicarle la plantilla País Vasco que tan buen resultado dio a los de su cuerda a finales de los años 90. 

 

El por entonces superjuez Garzón, hoy dirigente de la izquierda desperdigada, instruyó una macrocausa contra el independentismo vasco al grito judicial de todo es ETA. Se detuvo y procesó a decenas de personas, se ilegalizaron asociaciones y partidos, se encarceló a sus dirigentes, se cerraron dos periódicos, Egin y Egunkaria y se mandó al trullo a quienes los hacían. Todo para que los tribunales reconocieran muchos años después que aquello había sido ilícito, que los periódicos no debieron cerrarse ni la gente ir a la cárcel. 

 

Años después también se acababa ETA  que, sin embargo, no se ha acabado. Éxito, pensaron los estrategas políticos y judiciales de la hazaña. Lo mismo pasará en Catalunya. El independentismo es terrorismo y, por tanto, todos a la cárcel. Y, cuando estén todos en la cárcel, ya verás cómo se callan.

Todos, en Catalunya, son más de dos millones. 

Falla un poco lo de rebajar a desórdenes públicos. Pero es más congruente con una idea menos disparatada de cómo habérselas con la muy previsible desobediencia civil masiva que se dará en Catalunya. El juego está exactamente aquí: si el independentismo pone en pie un movimiento de desobediencia civil (que solo puede tener una represión judicial de "baja intensidad") al Estado le será muy difícil combatirlo e imposible hacerlo con la absurda acusación de terrorismo. Si esta se mantuviera, en realidad, el terrorista sería el Estado.  

Así las cosas, Torrent ha reaccionado a la previsible negativa de Llarena como suele: aplazando y amenazando con querellas contra el Tribunal Supremo, por decir algo y pasar el rato. Sabían que la propuesta no prosperaría. Igual que la querella y cualquier otro procedimiento en el marco de la legalidad del 155. Pero así van pasando los días, camino del agotamiento del plazo y la convocatoria de nuevas elecciones. 

Al final, aquí solo parece haber dos posibles soluciones: o el Parlament propone a Puigdemont y el Estado le permite tomar posesión o hay nuevas elecciones en las que obviamente, habría una lista de país encabezada por Puigdemont e incorporando a todos los consejeros presos y exiliados. 

Es curioso cómo este gobierno de franquistas impenitentes no comprende que no tiene medio alguno de resolver el contencioso con Cataluña como no sea al estilo "bombardeo cincuentenario". 

Y eso no van a permitírselo en Europa. 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED