(“Sur-mesure” es una expresión francesa que
significa textualmente "a medida". Se trata de un producto adaptado a la
morfología y a los deseos del cliente).
La estrategia independentista, tal y como la hemos
vivido en el proceso catalán, encaja muy bien en la caprichosa
confección “a medida”, pues los responsables políticos de la misma han
pensado que podían elegir, en función de su agenda política, las normas
que respetan y las que transgreden. Pero un Estado de Derecho a la medida es totalmente inaceptable.
Y parece que pretenden volver a repetir esta
caprichosa elección, ahora con diversas medidas, que van desde los que
no aceptan la aplicación del artículo 155 ni la renuncia a la
independencia de Cataluña, hasta los que acatan el artículo y renuncian a la independencia,
pasando por los que sólo respetan lo que les viene impuesto en
aplicación del precepto constitucional pero pretenden seguir calentando
la calle para conseguir la independencia.
En vísperas de las elecciones, las defensas de los
candidatos han presentado escritos solicitando la excarcelación y el
hecho de que todos los partidos hayan aceptado concurrir no deja de ser
una buena noticia, que confirma la fortaleza del 155, porque valida unas elecciones autonómicas convocadas por el presidente del Gobierno de España.
Con el previsible canto de la palinodia, tan lógico y natural en el marco del proceso penal, cabe esperar una excarcelación momentánea de todos los encarcelados,
con fianzas distintas en función de cada caso. Es presumible que este
movimiento pueda incluso favorecer el viaje de vuelta del fugitivo en
jefe y sus acompañantes, con los redimidos haciendo campaña, a excepción de aquellos que han decidido renunciar a las inclemencias de la política.
Esta aparente vuelta a los cauces de la legalidad
que podría parecer, en algún caso, un ablandamiento de convicciones
arraigadas, no deja de ser un ejercicio táctico imperioso, pero no es nada más que eso, puesto que, a juicio de los pundits, en la lógica soberanista no hay espacio para la autocrítica y “por mucho que lo oculten, piensan seguir”.
Para expresar ante sus seguidores que la ofensiva
secesionista continúa y que no hay cambios sustanciales en el discurso,
se multiplican las iniciativas que proporcionan munición electoral, como
las insinuaciones de la candidata Rovira sobre la amenaza de intervención del ejército en las calles de Cataluña o la denuncia del exalcalde de Barcelona, Xavier Trías,
según la cual la responsabilidad de los atentados yihadistas en
Cataluña sería del gobierno de Madrid, o la atribución a la
administración central y al articulo 155 de la culpa por la pérdida de
la sede de la Agencia del Medicamento para Barcelona.
La “princesa vigatana”, con aire de profesora de instituto, dijo de corrido: “el fascismo está presente en las instituciones del país y actúa impunemente”.
Y aprovechó para denunciar, sin pruebas, que se había advertido a la
Generalitat, si seguía adelante con la declaración de independencia, con
un "escenario de violencia extrema y muertos en las calles". Ya
animada, fue un poco más lejos y clamó: “Han estado entrando armas en el
cuartel militar de Sant Climent Sescebes”.
El alcalde destronado por los populistas ha
presentado, tres meses después del atentado terrorista en Barcelona,
una moción en el consistorio catalán, pidiendo responsabilidades políticas por “el escándalo y la incapacidad manifiesta del Gobierno español
para evitar los atentados del día 17 y 18 de agosto en Barcelona y
Cambrils”. El pleno, con los votos independentistas, reforzados por los
comunes y con la abstención de los socialistas, ha aprobado la moción.
El exconseller de Sanidad, Toni Comin,
ha hecho en Bruselas una declaración acusatoria: “El dossier técnico de
Barcelona era excelente; por lo tanto, ha sido el Gobierno español
quien ‘se ha cargado la candidatura’”.
Lo han hecho sin disimulo, para avivar la estufa
del 21 de diciembre. Una, para seguir acumulando méritos, tras haber
sido auspiciada por su jefe de filas a la condición de aspirante a
presidenta de la Generalitat. El concejal convergente, escocido por
informaciones que le sitúan en un enredo familiar en paraísos fiscales,
aprovechando una revelación reciente, según la cual el CNI mantuvo
contactos con el imam de Ripoll, cerebro del atropello masivo en la capital catalana. Y el fugado conseller ha visto, en el fiasco de la pérdida de la Agencia para Barcelona, la ocasión dorada para reclamar al maestro armero.
De nuevo, la utilización de muertos, víctimas y pérdidas irreparables,
ahora en el escaparate fantástico de la campaña electoral: los muertos
que se produjeron en el atentado yihadista que se cobró la vida de 13
personas en la Rambla, los que se iban a producir como consecuencia de
la aplicación de la DUI o la pérdida de la Agencia para Barcelona.
Con pleno respeto a la libertad de expresión, que
nunca ampara la falsedad, sería preciso aclarar si las mentiras podrían
llegar a constituir un delito de injurias. Podría darse el caso de que
la opinión pública se pregunte por qué la fiscalía no invita a la líder republicana y al concejal para que aporten las pruebas
que tengan para validar sus afirmaciones. Porque aclarar la certeza o
falsedad de las mismas es algo que importa a todos y las eventuales
diligencias del Ministerio Público podrían hacerlo, con el fin de evitar
que estas confecciones “a medida” se conviertan en temas estrella de la
campaña electoral.
También convendría esclarecer por qué la Agencia Europea del Medicamento (EMA)
no ha ido a Barcelona, aunque, en este caso, la respuesta parece más
sencilla: si la Agencia se va de Londres porque el Reino Unido sale de
la Unión Europea ¿en qué cabeza cabe que iba a trasladar la oficina y el
personal a la capital de una región donde se acaba de declarar la
independencia?
Habrá quien diga que no es el momento para ello,
porque supondría darle más aire a las proclamas y desviarse del debate
esencial, pero discrepo, porque una aclaración suficiente, conducida con
diligencia y transparencia, seria un ejercicio fiscalizador de los comportamientos de unos y otros.
Todo esto tiene que ver con la preocupación manifestada por el filósofo vasco, Javier Gomá,
cuando ha dicho que “el prestigio de España necesita del prestigio de
Cataluña y si hay algo que España tiene pendiente es afirmarse como
Estado fuerte, pues España o supera, con toda la energía que la ley le
permite, el desafío catalán, o se convierte en un Estado fragmentado,
débil, fallido".
La independencia es una opción legítima. Pero la
legitimidad está reñida con el incumplimiento de la ley y el recurso a
dar igual valor, legitimidad, importancia y peso a todas las opiniones
morales y éticas, con independencia de quién, cómo, cuándo y dónde se
expresen; está reñida con el relativismo, con una moral “a la medida”.
Los heraldos de la ruptura ya están diciendo que entierran la vía unilateral, que no ha funcionado y en su programa electoral propondrán la negociación con Madrid y Bruselas, sin renunciar a la secesión.
Los partidos soberanistas aceptan las elecciones
convencidos de que las ganarán. Y de paso, culpan al Gobierno de España
de todos sus errores. Pero en esta ecuación falta un dato y es el fracaso del proceso, al haber sido anulada la declaración de independencia y quedarnos sin noticias de la república catalana.
Claro que no podían imaginar que los partidos
constitucionalistas no iban a esperar a que empiece la campaña, para
subir al cuadrilátero y emprenderla a garrotazos goyescos, unos contra
otros. Así, cualquiera.
Y entretanto, el “legitim”; que relaciona
con desvergüenza -teñida con populismo- el artículo 155 con la pérdida
de la agencia, a sabiendas que antes de su aplicación más de 1.000
empresas entre ellas La Caixa y el Sabadell, ya habían trasladado su
sede social fuera de Cataluña; ha renunciado al sueldo que le
correspondería como expresidente catalán (porque considera que aún es el
presidente de Cataluña); ha citado al “legítimo” para un encuentro en
la capital de Europa, mientras su abogado en España sostiene que su
cliente no siguió adelante con las proclamaciones previstas para no
provocar "una masacre". Como verán, seguimos con Berlanga.
No vale todo, no es aceptable distinguir las leyes
que se aceptan y las que no, no es razonable hacer apostasía de
creencias, que siguen vivas, para driblar condenas, no se pueden hacer
acusaciones falsas para ganar votos.
