CARTAGENA.- En la última reunión de la plataforma Pacto por el
Mar Menor Eduardo Salazar, abogado ambientalista e integrante del grupo
de coordinación de esta plataforma, analiza la situación legislativa de
la laguna en la actualidad, refiriéndose a aquellas normas específicas
que afectan al Mar Menor, sin perjuicio de que cualquier legislación y
planificación sectorial en materia de urbanismo, agua, nitratos, pesca,
minería, etc., debe coadyuvar a una mejora de la situación de la cuenca
del Mar Menor.
1. Entre la legislación
específica relativa a la laguna, destaca, por el proceso legislativo que
la produjo y por haberse llegado a cumplir un año desde su entrada en
vigor, la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de Medidas Urgentes para la
Sostenibilidad del Mar Menor. Una Ley que sólo se ocupa de establecer de
manera urgente medidas que disminuyan los impactos ambientales
producidos desde la agricultura circundante y en menor medida de las
aguas pluviales. Los sectores afectados han expresado su rechazo e
insumisión a la Ley y el propio poder ejecutivo encargado de aplicarla
ha empleado más tiempo en sacar defectos a la norma que a controlar su
efectivo cumplimiento en materia de setos, surcos y uso de fertilizantes
menos dañinos.
2. En el tintero o en un
limbo entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno autonómico ha quedado
la Ley Integral del Mar Menor, que se suponía establecería un marco de
convivencia sostenible de todos los sectores implicados en el desarrollo
socioeconómico de la laguna y responsables de su eventual degradación,
viniendo a suplir a la desaparecida Ley de Armonización de Usos del Mar
Menor de 1987, para intentar lo que ésta no pudo: conciliar todos los
intereses.
3. Más preocupante es el
injustificable retraso en la aprobación del Plan de Gestión Integral
(PGI) de los espacios naturales protegidos (incluyendo la Red Natura
2000) situados en la laguna del Mar Menor. Este retraso supone una
desactivación de las medidas de no deterioro que la Unión Europea exige y
un retraso en la planificación y gestión de los espacios naturales
asociados al Mar Menor, para regular los usos y actividades que se
desarrollan en los mismos.
Después de dos exposiciones públicas del PGI,
el ejecutivo regional, la Consejería con competencias en medio
ambiente, sigue retrasando esta aprobación desafiando los plazos
otorgados por la Unión Europea y ampliamente superados, e impidiendo la
protección efectiva de la laguna.
4. También
resulta frustrante observar como la Estrategia de Gestión Integrada del
Mar Menor, anunciada a bombo y platillo como requisito para obtener
financiación europea (ITI), redactada conforme a talleres con el público
y supuestamente sometida a evaluación de impacto ambiental, ha sido
enterrada y ocultada a los ojos de la ciudadanía por parte del Ejecutivo
regional.
En resumen, contamos con una Ley de
Medidas Urgentes cuyo cumplimiento cabal y efectivo es necesario exigir y
hemos de presionar para que el Plan de Gestión Integral sea finalmente
aprobado, todo ello sin que el producto de la participación del público
en la Estrategia de Gestión Integrada y la idea de una Ley Integral para
el Mar Menor caigan en el olvido.
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