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"La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero de 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la Universidad Complutense desde 1976.
MURCIA.- CSIF-Educación ha iniciado hoy martes una campaña de
recogida de firmas, a través de su página web, para exigir a la
Consejería de Educación la reducción del horario lectivo a un máximo de
23 horas lectivas en los centros de Educación Infantil, Primaria y
Especial, y un máximo de 18 horas lectivas en los centros que impartan
el resto de enseñanzas de régimen general reguladas por la LOE. Todo
ello, ante la aprobación, el pasado mes de diciembre de 2018, del
Proyecto de Ley de mejora de las condiciones del profesorado, que deroga
partes del RD 14/2012.
CSIF indica que "no existe
excusa nacional" que permita mantener este recorte, ya que el actual
Ministerio de Educación ha dado carta blanca a las comunidades autónomas
para revertirlos. Se trata, pues, de una medida que ya se está
aplicando en varias autonomías como en las de Castilla y León,
Extremadura y Andalucía, entre otras, y a la que debe sumarse "sin
demora" la Región de Murcia.
Recordamos que hace
seis años se aumentó el horario lectivo en tres horas, lo que supuso el
cese de miles de docentes interinos en la Región de Murcia, además de la
reducción o desaparición de horas complementarias que se destinaban a
atender a las familias, a coordinar y participar en proyectos de
innovación, extraescolares, y un sinfín de actividades que complementan
necesariamente la formación del alumnado y la vida activa de las
comunidades educativas.
De ahí, la "necesidad y la urgencia" de que este
recorte se elimine lo antes posible para mejorar la calidad educativa
en nuestras aulas.
Por todo ello, el sector de
Educación de CSIF inicia esta campaña de recogida de firmas, para
recoger el sentir de los 20.000 docentes que hay en la Región de Murcia y
trasladarlo a la Consejería de Educación. En CSIF queremos una
Enseñanza Pública de "calidad", y queremos "atender" a nuestro alumnado
como realmente se merecen.
CSIF exige que se destinen "primero" a la Educación Pública los fondos que merece y necesita para revertir los recortes.
MURCIA.- A los estudiantes murcianos se les atragantan los
números más que muchas otras disciplinas. Muestra de esta situación es
el hecho de que aprobar en el Grado de Matemáticas se haya convertido en
uno de los grandes retos en la región. En concreto, esta carrera cuenta
por suspensos el 42% de los créditos matriculados de sus alumnos, según
el análisis realizado por Smartick sobre los resultados académicos en
la Universidad de Murcia.
Sólo los grados
en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería
Informática superan ese porcentaje de insuficientes. Con el 47% y el
44,5%, respectivamente, estas dos carreras completan el pódium de
estudios con mayor índice de créditos suspensos.
Los
malos resultados en matemáticas son un problema endémico en Murcia que
también se produce en etapas anteriores a la universidad. De hecho,
según el último Informe PISA, que evaluó los conocimientos de alumnos de
15 años, los estudiantes de la región obtuvieron el tercer peor
resultado en matemáticas a nivel nacional, con 470 puntos y sólo por
delante de Andalucía y Canarias.
Javier Arroyo y
Daniel González de Vega, fundadores de Smartick, apuestan por
personalizar la enseñanza de las matemáticas a través de la tecnología
desde edades tempranas para revertir estos malos resultados: “Una de las
claves para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos en el manejo
de los números es complementar las clases con otras metodologías que
aporten al alumno una mayor personalización. En Smartick, aprovechamos
las oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial para
proponer sesiones de sólo 15 minutos al día con ejercicios que se
ajustan al nivel de cada niño y se van actualizando según avanza su
ritmo de aprendizaje”.
Pero en el ámbito de
ciencias, el alto número de suspensos no es el único problema que afecta
a la enseñanza universitaria en Murcia. La brecha de género en la
demanda de estos estudios es especialmente acusada en grados como el
de Ingeniería Informática, donde las solicitudes de acceso masculinas
suponen el 94,4%. Matemáticas es la otra cara de la moneda, ya que se
trata de la carrera con mayor igualdad de género: la demandan un 50,4%
de mujeres por un 49,6% de hombres.
“Para
contagiar a las carreras tecnológicas de la igualdad de género que se da
en el Grado de Matemáticas, es fundamental desmontar la falsa creencia
de que éstas son peores en el ámbito de la computación. Los resultados
de Smartick demuestran justo lo contrario: las niñas no obtienen peores
calificaciones ni en matemáticas, ni en programación. La clave es que
aprendan a su ritmo y sin la presión que a veces se produce en el
contexto del aula”, aseguran los fundadores de la compañía.
CARTAGENA.- La subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, la directora general
de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo, y la
subdirectora general de Obras y Patrimonio, Carmen Serrano de Haro, se
han reunido este martes con la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén
Castejón, para abordar la futura ubicación de las sedes judiciales y
fiscales de esta localidad.
Durante el encuentro, se han analizado las distintas opciones
presentadas por el Ayuntamiento que ya habían sido objeto de estudio por
la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio de
Justicia. Estos servicios coinciden en que la opción de la parcela de
Subsistencias de la Armada es la más adecuada para albergar los órganos
judiciales y fiscales de Cartagena.
Diego Conesa ha asegurado que se trata de "una magnífica noticia para
los cartageneros y cartageneras, así como para lograr un mejor
emplazamiento de las sedes judiciales, lo que supone más medios para
Justicia, algo que nos beneficia a todos y todas".
El Ministerio de Justicia ha expresado su apoyo al esfuerzo que viene
realizando el ayuntamiento para impulsar los trámites necesarios a fin
de que la parcela se adecúe a los condicionantes técnicos requeridos por
esta infraestructura al tiempo que se culmina el proceso de adquisición
de la misma al Ministerio de Defensa.
Valoración del Ministerio
El Ministerio de Justicia también valora
positivamente la Factoría de Subsistencias de la Armada como lugar para
acoger la Ciudad de la Justicia de Cartagena. Así se lo ha trasladado la
subsecretaria de Estado de Justicia, Cristina Latorre, a la alcaldesa,
Ana Belén Castejón, en una reunión que han mantenido este martes por la
tarde, a la que también han asistido la secretaria general de Relaciones
con la Administración de Justicia, Esmeralda Ramillo.
Durante
el encuentro se han analizado las distintas opciones que habían sido
estudiadas por los servicios de Obras y Patrimonio del Ministerio de
Justicia y estos servicios coinciden en que la ubicación más adecuada es
la de la Factoría de Subsistencias de la Armada.
“Mi
compromiso era trasladar a los responsables del Ministerio de Justicia
la opción que mejor se valoró en la Mesa que convocamos el pasado 10 de
enero, donde la mayoría de colectivos y partidos políticos vieron la
Factoría de Subsistencias de la Armada como lugar ideal para albergar la
Ciudad de la Justicia, y así lo he hecho”, ha explicado la alcaldesa.
La
primera edil ha querido subrayar también que “lo importante es tener
voluntad política y este equipo de Gobierno no ha parado de luchar por
conseguir avanzar en la Ciudad de la Justicia, y tener un lugar
definitivo para acogerla es esencial. Está más que demostrado que el
Gobierno de España está de nuestra parte y así lo estamos viendo”.
Es
importante recordar que se valoraron tres posibles emplazamientos, las
inmediaciones del Centro Comercial Eroski, el Hospital Naval y la
Factoría de Subsistencias de la Armada. Una vez que se desestimó la
opción del Eroski, técnicos del Ministerio de Justicia visitaron el
pasado mes de diciembre, el Hospital Naval y la Factoría de
Subsistencias para valorar cuál podría ser el lugar más acertado para la
Ciudad de la Justicia.
“Después de haberme
reunido en numerosas ocasiones con personal del Ministerio para
trasladarle la urgente necesidad de disponer de una Ciudad de la
Justicia en Cartagena, parece que por fin podrá ser una realidad más
pronto que tarde”, ha añadido la regidora.
Ana
Belén Castejón también ha manifestado que “próximamente nos reuniremos
con el Ministerio de Defensa para gestionar la cesión de la Factoría de
Subsistencias y lucharemos para que se haga lo más ágil y rápido
posible”.
LORCA.- Ciudadanos ha pedido a Suelos y Viviendas de Lorca,
Suvilor, que se haga cargo del alquiler que una familia de La Campana
está pagando tras tener que abandonar su vivienda por la presencia de
una fosa séptica sin sellar. La formación ha denunciado anteriormente
esta"situación de insalubridad que padecen los vecinos de la calle
Guirao, en la pedanía lorquina de La Campana, por haberse construido en
el año 2003 unos pozos ciegos para la evacuación de aguas fecales
provenientes de la promoción de Suelos y Viviendas de Lorca (Suvilor),
colindantes con sus viviendas", ha explicado el portavoz local, Antonio
Meca.
"Estos pozos ciegos se construyeron de forma provisional mientras
se construía la red de saneamiento, pero a día de hoy continúan en la
misma situación, pese a las denuncias de los vecinos que han soportado
durante años malos olores ya que dichas fosas sépticas no se encuentran
selladas", ha añadido Meca, quien recuerda que además se han producido
hundimientos del terreno, expulsión de gases, rebosamiento de aguas
residuales y filtraciones subterráneas.
El
portavoz local ha explicado que"en enero, en junta extraordinaria, se
aprobó la ubicación de una Estación Depuradora de Aguas Residuales en el
mismo recinto adosado a las viviendas, a lo que nos opusimos porque
consideramos que no es la solución al problema". Meca ha recordado que
el problema es de tal envergadura que el Seprona ha interpuesto denuncia
contra Suvilor por el vertido incontrolado del contenido de la fosa
séptica y el rebosamiento de aguas residuales domésticas sin
autorización administrativa.
El edil naranja
constata que el propietario de la vivienda colindante a la fosa séptica
ha tenido que abandonar su casa junto a su familia, y se encuentra
pagando un alquiler en la pedanía de La Torrecilla: "Ante tal
despropósito, lo menos que podemos exigir es que Suvilor se comprometa a
pagar a esta familia el alquiler de la vivienda a donde se han tenido
que desplazar, así como los gastos ocasionados en su mudanza".
Desde
Ciudadanos, Meca exige"la solución definitiva de la situación que viven
estos vecinos trasladando la estación de depuración a un terreno
alejado de las viviendas, y que se construya la red de saneamiento
prometida por Suvilor en esta promoción urbanística, una promesa
incumplida que cumple ya 15 años".
MADRID.- La reserva de agua ha vuelto a
descender esta semana y acumula 30.261 hectómetros cúbicos, lo que
representa el 53,9 % de su capacidad total, un 0,5 % menos que hace ocho
días.
Según informa el Ministerio de Transición
Ecológica (MITECO) en una nota de prensa, las escasas lluvias siguen
provocando un descenso en la capacidad de los pantanos y en los últimos
ocho días han perdido 290 hectómetros cúbicos.
Las precipitaciones han sido más abundantes en la
vertiente atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente
mediterránea, según el ministerio.
Sin embargo, según
los datos, la acumulación este año es superior en 7.007 hectómetros
cúbicos en relación a la del año anterior.
No
obstante, las cuencas del Cantábrico oriental, del Cantábrico
occidental, Miño-Sil, así como las internas del País Vasco acumulan
menos agua que el año anterior.
No así las del Segura y el Júcar que han aumentado su capacidad en relación al periodo anterior.
El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad
total en hectómetros cúbicos, la actual, la anterior, y el porcentaje de
agua embalsada:
Cuenca Capacidad Año Actual Año Anterior Agua embalsada
BARCELONA.- El secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, el murciano Pedro Saura, ha defendido la
necesidad de que España cuente con un modelo de carreteras "sostenible
políticamente", lo que pasa, a su juicio, por decidir qué concesiones de
autopistas se prorrogan y cuáles no.
Saura, que ha
participado este martes en un encuentro de la Fundació Cercle
d'Infrastructures, ha asegurado ante un auditorio de empresarios del
sector del transporte que "se hace difícil mantener en el tiempo" un
modelo de carreteras que sea "injusto territorialmente".
"Si es injusto territorialmente no se puede sostener
políticamente y, por eso, hemos acordado que se debe decidir qué
concesiones se prorrogan", ha apuntado, tras recordar que ese estudio
está en manos de una subcomisión del Congreso.
El
secretario de Estado ha hecho esta reflexión tras escuchar al actual
presidente de Saba y ex primer ejecutivo de Abertis, Salvador Alemany,
que ha instado al Gobierno a "correr el riesgo" de aprobar una tasa de
movilidad o una fórmula de pago por uso para las autopistas españolas.
Alemany ha alertado de que la política del Ejecutivo de Pedro Sánchez
de ir levantando barreras puede no ser sostenible a medio y largo plazo
en cuanto al mantenimiento de estas vías.
El
secretario de Estado ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de
levantar los peajes de las autopistas que vayan concluyendo su plazo de
concesión, aunque la concreción está en manos de la subcomisión.
Saura ha defendido también en su conferencia el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 2019, que prevé una inversión
para Cataluña que, si se suman todos los capítulos, alcanzará los 2.400
millones de euros, un 62 % más que el año pasado.
"La inversión llegará al 19 % de lo que representa Cataluña en el peso económico del Estado", ha dicho.
Además, se ha mostrado convencido de que en un plazo breve de tiempo
"habrá que tomar decisiones estructurales importantes" respecto al
Aeropuerto de Barcelona-El Prat, dado que "está muriendo de éxito" y ha
alcanzado ya los 50 millones de viajeros, cuando no estaba previsto que
llegara a esta cifra hasta el 2025.
MADRID.- Un 'bréxit' sin acuerdo (la salida
del Reino Unido de la UE) haría perder a corto plazo como mínimo 80.000
empleos vinculados al turismo en Europa y, de ellos, al menos 25.000 en
España, según las estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC, en inglés).
En dicho escenario, la destrucción
de empleo vinculado al sector sería aún mayor en el propio Reino Unido,
donde pondría en riesgo hasta 100.000 puestos de trabajo, ha asegurado
la presidenta ejecutiva de WTTC, Gloria Guevara, en una entrevista en
vísperas de Fitur.
Para Guevara está claro que este divorcio afectará de
forma negativa no sólo al Reino Unido, sino al resto de Europa y, sobre
todo, a destinos turísticos donde, como en España, los británicos
suponen el mercado emisor más relevante, por lo que es "fundamental" que
se redoblen los esfuerzos para alcanzar un acuerdo.
Si de repente los turistas ingleses tienen que pedir visados para viajar
al resto de Europa y disponen de menos vuelos, optarán por otras
regiones como Oriente Medio, el Caribe o Asia, que ya cuentan con
ofertas "increíbles" desde Londres, lo que situaría a España en una
desventaja competitiva.
A pesar de la incertidumbre
que genera el 'bréxit', además de otros factores que puedan impactar
negativamente en el turismo como la guerra comercial entre Estados
Unidos y China, los desastres naturales y su gestión o la adopción de
los avances tecnológicos, Guevara augura, no obstante, que 2019 será un
año turístico positivo a nivel mundial y también para España.
El ejercicio pasado también lo fue, con un 6 % más de viajeros a nivel
nacional e internacional y un repunte del PIB turístico mundial superior
al 4 %, por encima del de la economía (un 3,7 %, según las últimas
estimaciones).
Para poder seguir obteniendo buenos
resultados, hay que convertir todos los retos citados en
"oportunidades", en lo que puede ayudar la próxima cumbre anual de WTTC,
que se celebrará en abril en Sevilla, ha añadido.
A
su juicio, el evento permitirá, además, impulsar el crecimiento del
turismo de negocios en España que representa tan sólo un 12 % del total
(un 88 % es de ocio) en términos de gasto turístico, frente a una media
del 23 % en Europa.
En cambio, con una proporción del
44 % y el 56 % entre la demanda nacional y la internacional,
respectivamente, España se sitúa por encima de la media europea (del 31 %
y del 69 %).
En este sentido, llama la atención que
en Francia, con más turistas extranjeros que España, la contribución del
segmento internacional supone sólo un 28 %, lo que significa que
nuestro país está haciendo un buen trabajo respecto al gasto turístico,
ha agregado.
Guevara no tiene dudas de que 2019 será
un año "muy positivo" para España y "mucho mejor" tanto en cantidad como
en calidad que el pasado, en el que, en su opinión, el país aportó
buenas cifras pese a la crisis política en Cataluña, cuyo impacto ha
sido mucho mayor que el de los ataques terroristas de agosto de 2017 en
Barcelona y Cambrils.
Aquel atentado estuvo muy bien
gestionado y el destino se recuperó en apenas seis semanas y, sin
embargo, la crisis política causó mucha más inestabilidad, que ha
afectado especialmente al turismo de negocios, ya que algunas
convenciones y viajes de incentivos se fueron a Grecia y Portugal o a
otras regiones como América o Asia, en función del mercado emisor.
Cataluña aún no se ha recuperado al 100 % porque, además del tema
político, es el lugar donde se acuñó el concepto de 'turismofobia' y,
desafortunadamente, cuando se habla de este problema en cualquier parte
del mundo se le asocia automáticamente con Barcelona, ha apuntado.
Es un asunto que hay que resolver, al igual que, a su juicio, España
debe definir cuántos turistas quiere recibir, y de acuerdo a ello
elaborar un plan conjunto entre Gobierno, sector privado y comunidades
autónomas, "porque, tal vez, en Madrid o Barcelona tengan ya mucho
turismo pero hay poblaciones que no lo tienen".
Para
Guevara, es un riesgo apostar sólo por el segmento de alto nivel
adquisitivo, al ser un nicho de mercado muy pequeño y que requiere
inversiones muy costosas, por lo que anima a trabajar para romper la
estacionalidad, tema en el que, por ejemplo, ha avanzado mucho Grecia,
logrando en 2018 incrementos de dos dígitos en el turismo.
CARTAGENA.- La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) ha autorizado la concesión a
las 5 empresas que habían presentado ofertas para gestionar las visitas
guiadas al faro de Cabo de Palos, que tendrán un precio por grupo de hasta 6 personas de 36 euros, aunque habrá dos jornadas gratuitas al año.
Podrán entrar todos los días del año solo los mayores de 16 años entre las 9 y las 18 horas durante unos 30 minutos,
previa reserva en la web 'www.visitaelfaro.com'. El recorrido se podrá
combinar con diversas actividades ofertadas por las empresas que forman
Gevicu (Mediterranean Unique Experience, Plan Out, Planeta Azul, The
Best Day y MMB Eventos), como excursiones con actividades deportivas o
gastronómicas y salidas a otros lugares de la zona de gran valor
cultural.
Los visitantes descubrirán la geografía física del
entorno, asentamientos humanos del área, datos sobre la reserva marina y
de historia y arquitectura, así como sobre el mantenimiento del faro
tras subir al torreón.
La jornada del puertas abiertas celebrada el pasado noviembre congregó a 400 personas, que visitaron por primera vez en la historia el interior del faro, propiedad de la APC.
MADRID.- La Región de Murcia redujo de forma efectiva un 51% las entidades dependientes de su sector público instrumental autonómico entre 2010 y 2016.
Además, la reestructuración del sector público instrumental autonómico
realizada en el periodo fiscalizado ha supuesto 49 bajas y 4 altas en la
Región de Murcia.
Así se desprende de un informe de fiscalización
de extinción de entidades dependientes de comunidades realizado por el
Tribunal de Cuentas que aconseja a las comunidades autónomas de Murcia,
Castilla-La Mancha y Extremadura que deberían valorar «eventuales
duplicidades e ineficiencias de entidades públicas actualmente vigentes».
Este
informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como
objetivo analizar las entidades existentes en el periodo fiscalizado,
2010-2016; los procesos extintivos y constitutivos de conformidad con
los planes o medidas de reestructuración elaborados por las comunidades
autónomas, así como los efectos que ha tenido la reducción, en su caso,
en el número de empleados que han causado baja efectiva y en el destino
del patrimonio de las entidades extinguidas.
Esta fiscalización abarca las entidades dependientes de las comunidades autónomas que carecen de OCEX: Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la Región de Murcia.
Se trata de entidades en las que la participación autonómica supera el 50% del capital o de los órganos de representación.
De esta fiscalización se han excluido las universidades y sus entidades
dependientes, las corporaciones de derecho público y las asociaciones,
ya que no cumplen la función instrumental de la comunidad autónoma.
Tras
la realización de esta informe y su aprobación por el Pleno, el
Tribunal de Cuentas tiene previsto elaborar -en coordinación con los
Órganos de Control externo de las comunidades autónomas-, un informe de
carácter global que abarcará los resultados de las fiscalizaciones
realizadas por estos Órganos, en relación con su respectivo ámbito de
actuación, con el objetivo de ofrecer una información conjunta sobre los
procesos de reestructuración del sector público instrumental autonómico
en todo el ámbito nacional.
CARTAGENA.- La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha invertido 112.677 euros en la mejora del firme de la carretera regional RM-F39,
que es la que vía de acceso a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL)
de Cartagena, que discurre en paralelo a esta infraestructura logística y
que comunica con la autovía A-7.
Esta es la primera actuación en la ZAL de Cartagena, en la que «el Gobierno regional está trabajando mucho por impulsar la zona logística, un nudo clave del Corredor Mediterráneo», ha destacado este martes el consejero Patricio Valverde, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
La actuación de mejora de los accesos a la ZAL se realiza en un tramo de cerca de 1,7 kilómetros
y estará finalizada en febrero, adelantando en tres meses la fecha
inicialmente prevista. El consejero anunció que su Departamento ya
trabaja en la segunda fase de mejora de esta vía en un tramo de 2,3
kilómetros, y contará con un presupuesto de licitación de 250.000 euros.
Valverde
ha subrayado que en los últimos meses se han dado importantes avances
para hacer realidad esta ZAL. El primero de ellos fue el acuerdo del
Consorcio Depósito Franco de Cartagena para la adquisición de los
terrenos y el traslado del Depósito Franco a Los Camachos, seguido por
el inicio de la Actuación de Interés Regional por parte del Gobierno de
la Comunidad y el acuerdo cerrado con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la compra de los terrenos y posibilitar el desarrollo de esta infraestructura logística.
Una
vez cerrado el convenio con Sepes, «necesitamos que este organismo nos
lo remita aprobado para seguir con los trámites pertinentes». A
continuación, se firmará el convenio por parte de las tres instituciones
(Comunidad, Sepes y Ayuntamiento) y se formalizará la adquisición del terreno para el desarrollo de la ZAL.
El
consejero ha visitado las obras de reasfaltado de la carretera regional
a la que seguirán las de señalización, y destacó la importancia de esta
mejora en el desarrollo de ZAL de Cartagena que «es un proyecto
estratégico para el Gobierno regional ya que supondrá un impulso para
las empresas y empleo de la Comarca y de la Región».
«La ZAL de Cartagena ya ha atraído el interés de más de 100 empresas para desarrollar su máximo potencial logístico y portuario»,
recordó el consejero, que indicó que se trata de la puerta de acceso de
las mercancías a las infraestructuras ferroviarias del Corredor
Mediterráneo.
Contará con una superficie total de 3.500.000 de
metros cuadrados y para el desarrollo de los proyectos constructivos ya
ha obtenido 1,3 millones de euros de fondos europeos del mecanismo 'Conectar Europa'.
MURCIA.- La Seguridad Social incrementó de oficio el porcentaje aplicable a la
base reguladora de la prestación de viudedad del 56% al 60% a los
beneficiarios de esta prestación con 65 años o más y sin otros ingresos.
La subida se incorpora ya en la nómina de este mes de enero y de ella se van a beneficiar 7.920 personas que reúnen los requisitos en la Región de Murcia. El incremento de cuatro puntos en el porcentaje sobre la base reguladora se aplica también a otras 12.707 pensiones
que, sin embargo, no van a notar la subida en su nómina mensual, según
informan fuentes de la Delegación del Gobierno en comunicado de prensa.
Se
trata de las que reciben un complemento a mínimos, lo que significa que
el Estado complementa adicionalmente su pensión hasta el mínimo fijado
anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, y que en 2019 está previsto que ascienda a 677,4 euros/mes para las prestaciones de viudedad de mayores de 65 años.
Estas pensiones han visto reducido el complemento que recibían del
Estado en la misma proporción en que ha aumentado el importe de su
prestación. En el conjunto de España, se benefician de la mejora en la
prestación de viudedad 414.050 personas que cumplen los requisitos, de
las cuales 409.429 son mujeres.
Esta medida está contemplada en el
Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo, aprobado por el Gobierno en diciembre.
Con su aplicación, la
prestación media del colectivo de viudas que reúne los requisitos para
tener derecho a la mejora pasó de 814,54 euros mensuales a 847,71 euros/mes, lo que supone un incremento del 4,07%. La pensión media experimenta una subida mensual de 33,17 euros, lo que significa un crecimiento anual de 464 euros.
Esta medida, cuyas beneficiarias son un 98,88% mujeres,
junto a la revalorización de las pensiones de 2019, tuvo un impacto
directo en la brecha de género de las pensiones, que se redujo un 0,7%
en solo un mes. La revalorización de pensiones supone este año un
incremento del 1,6% para todas las pensiones y del 3% para las mínimas y
no contributivas, muchas de cuyas beneficiarias son mujeres.
A 1 de enero, la diferencia entre la pensión media de un hombre y la de una mujer es del 35%, 0,7% menos que hace solo un mes. En 2010, esta diferencia era del 38,7%. En enero de 2019, la pensión media del sistema de Seguridad Social de los hombres subió el 1,8% y la de las mujeres el 2,8%, situándose así la subida media en el 2,2%.
El
coste real de esta medida para la Seguridad Social, teniendo en cuenta
la compensación parcial de 12,9 millones de euros que aporta el Estado
en concepto de complementos a mínimos, es de 28,5 millones de euros
mensuales que ya estarán incluidos en la nómina de las pensiones de
enero, lo que representa para el ejercicio 2019, 339 millones de euros.
Esta
mejora de las pensiones de viudedad da cumplimiento a la disposición
adicional trigésima de la Ley 27/2011 de 1 de agosto -Ley sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social- que preveía la aplicación gradual de esta subida de 8 puntos en
un plazo de 8 años a partir del 1 de enero de 2012, desde el 52% hasta
el 60% de la base reguladora de la pensión de viudedad.
Su aplicación
fue aplazada durante siete años. Ahora, el gobierno acordó actualizarla
en un periodo de dos años: en agosto de 2018 subió desde el 52% hasta el
56%, y este mes de enero aumenta hasta el 60% de la base reguladora.
Las personas beneficiarias de este incremento deben tener 65
o más años, no tener salarios por trabajo, ni percibir otra pensión
pública, ni otras rentas que superen el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad y que es de 7.569 euros en 2019.
La subida no tiene carácter consolidable, es decir, la titular recibirá
la mejora en la pensión siempre y cuando siga cumpliendo en el futuro
los requisitos exigidos en la ley; fundamentalmente que no tenga otros
ingresos.
Las nuevas cuantías se aplican ya de oficio en todas las
pensiones de viudedad causadas antes del 1 de enero y que reúnen los
requisitos requeridos. No obstante, esta previsión no producirá efecto
en las pensiones reconocidas en aplicación de normas internacionales ni
cuando el titular de la pensión resida en el extranjero.
A aquellas
personas que soliciten una nueva pensión de viudedad, se les aplicará
esta medida si reúnen los requisitos de acuerdo con la información que
incorporen en su petición de alta de la prestación, sin necesidad de
solicitar expresamente el incremento.
La Seguridad Social realizó
de oficio las comprobaciones necesarias para determinar quiénes son las
beneficiarias y efectuar la subida de la pensión de viudedad. Para ello
cruzó datos con la Agencia Tributaria y las administraciones fiscales de
Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra, Clases Pasivas del Estado y
otras mutualidades públicas.
Aquellas personas titulares de una
pensión de viudedad a las que no se les haya incrementado de oficio el
porcentaje de mejora y consideren que sí reúnen todos los requisitos,
pueden solicitar la revisión acudiendo a los Centros de Atención e
Información de la Seguridad Social (CAISS) y pedir allí un impreso-tipo
diseñado especialmente para este caso. Por vía telemática, también
pueden descargar el impreso de la web de la Seguridad Social.
MURCIA.- Setenta vuelos comerciales y más de 11.500 pasajeros es el balance de la primera semana de actividad del aeropuerto internacional de la Región de Murcia,
que fue inaugurado el pasado martes por el Rey en una ceremonia que
reunió a más de medio millar de invitados en las instalaciones de
Corvera.
Según fuentes de Aena, del 15 al 21 de enero se registró ese volumen de actividad, que ascenderá a 86 operaciones y más de 14.500 pasajeros con llegada o salida del aeropuerto murciano cuando se cierre la jornada de vuelos de este martes.
Se trata de la misma operativa comercial que mantenía el aeródromo de San Javier,
clausurado para la aviación civil en la noche del pasado lunes, 14 de
enero, y que se ampliará en función de la estrategia de las compañías
operadoras para la temporada de verano.
El aeropuerto internacional de Murcia, adjudicado por la Comunidad Autónoma en diciembre de 2017 a Aena, será «uno de los productos estrella» que se promocionará este año en la feria Fitur y, para eso, hay fijadas varias reuniones para ampliar rutas y destino.
Las instalaciones de Corvera, a la espera de que Fomento autorice su bautizo como Aeropuerto Juan de la Cierva,
en homenaje al inventor del autogiro, originario de esta comunidad,
espera superar en la primera fase de explotación los 1,2 millones de
viajeros con que cerró 2018 el aeropuerto de San Javier.
Su entrada en servicio supondrá, en cálculos del Gobierno regional, la creación de 500 empleos directos en su primer año y un aporte de unos 500 millones de euros a la economía regional durante los 25 años de concesión.
MADRID.- La edad media de la población en la Región se sitúa en 40,22 años según datos del INE correspondientes al Padrón municipal a 1 de enero de 2018. Una cifra que convierte a la Región en la comunidad autónoma más joven de todo el país, a pesar de que aumenta la edad media respecto al año pasado (39,22).
A nivel nacional, la edad media de la población en España supera por primera vez los 43 años en España. En el caso de los hombres, la edad media se sitúa en 41,8 años. En el caso de las mujeres, en 44,4. En cualquier caso, la edad media de los extranjeros es de 36,01 años frente a los 43,9 de los españoles.
La comunidad autónoma más envejecida de España es Asturias,
con una edad media de 48,05 años; le sigue Castilla y León, con 47,35;
Galicia, con 47,01; País Vasco, con 45,17; Aragón, con 44,73; La Rioja
con 44,21; Extremadura, con 44,12; Navarra, 43,08; Castilla-La Mancha,
con 42,88; Cataluña, con 42,62 Cantabria, con 42,29; Madrid, con 42,12;
Comunidad Valenciana, con 42,04; Andalucía, con 41,56; Canarias, 41,98;
Baleares, 41,06; y la Región de Murcia, con 40,22. Mientras que la
población de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen una edad
media de 37,01 y 35,28 años, respectivamente.
La provincia más envejecida de España es Orense, con una edad media de 50,97 años. Junto a ella, sólo la provincia de Zamora supera los 50 años de edad media.
CARTAGENA.- El Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede (Podemos) presentó este
martes en la fiscalía una denuncia que pide investigar por la vía penal
al Ayuntamiento de Cartagena, al Gobierno murciano y a la estatal Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por posible «prevaricación medioambiental» en el solar contaminado de El Hondón.
La
portavoz de Cartagena Sí Se Puede (CTSSP-Podemos), Pilar Marcos, dijo
que la ciudadanía y el medio ambiente «no deben soportar la inacción de
quien debe velar por sus derechos», por lo que reclamó que se determine
la «responsabilidad penal» de los representantes de las tres
administraciones desde 2001, cuando cesó la actividad de la empresa
Potasas y Derivados en esos terrenos.
En su opinión, las tres permitieron con su «dejadez» que la contaminación y residuos peligrosos y radiactivos permanecieran en los terrenos «causando unos perjuicios continuados sobre la salud y el medio ambiente».
Marcos señaló que «la responsabilidad penal medioambiental alcanza a
los causantes o titulares de la fuente de contaminación y a los
administradores públicos, a quienes se debe exigir un escrupuloso
cumplimiento de sus responsabilidades», añadió.
No son suficientes
a su juicio actuaciones «superfluas, inertes o ineficaces que solo
suponen una permisividad y prolongación en el tiempo de una actividad no
amparada por la legalidad vigente», refleja la denuncia.
La misma está
relacionada con la «falta de impulso» de los procedimientos de
descontaminación, vallado y demás medidas urgentes requeridas por el
Consejo de Seguridad Nuclear, el Defensor del Pueblo, la Comisión
Europea y los vecinos.
Recordó que a las administraciones no solo les corresponde la imposición de sanciones administrativas, sino también la «persecución penal» de los delitos contra el medio ambiente
de los que tengan conocimiento por razón de su cargo, por lo que pueden
incurrir en el supuesto delito de «prevaricación ambiental» si no lo
hacen, según el artículo 329 del Código Penal.
MURCIA.- Las empresas de la Región de Murcia vendieron desde enero a noviembre
del año pasado productos por valor de 9.880,5 millones de euros, lo que
supone un incremento del 3,3 por ciento y un nuevo récord. Estos datos
la convierten en la quinta provincia más exportadora de España, con un
peso del 3,74 por ciento de las exportaciones nacionales, solo superada
por Barcelona, Madrid, Valencia y La Coruña.
Asimismo, durante
este periodo vendieron sus productos en el exterior un total de 4.962
empresas, frente a las 4.762 del mismo intervalo de 2017. Esto significa
que el número de empresas regionales que exportan se ha incrementado en
un 4,20 por ciento.
El sector más activo durante este periodo
ha sido el de los productos industriales y tecnología, que entre enero y
noviembre de 2018 alcanzó los 4.882,99 millones de euros, lo que supone
un aumento del 1,80 por ciento con respecto al mismo periodo de 2017
(4.796,56 millones de euros).
Le siguen el sector agroalimentario,
que pasa de 4.008,75 millones de euros entre enero y noviembre de 2017 a
4.059,29 millones de euros (1,26 por ciento) y el de las bebidas, que
registró un incremento del 22,23 por ciento, desde los 471,68 millones
de euros a los 576,56 millones de euros.
En cuanto a los destinos,
el país al que más vendieron las empresas regionales fue Italia, con un
incremento del 18,55 por ciento hasta alcanzar los 1.283,50 millones de
euros; seguido de Francia, que pasa de 955,15 millones de euros a
1.272,54 millones de euros (33,23 por ciento) y Alemania, país en el que
las exportaciones alcanzaron los 963,58 millones.
MURCIA.-Alberto Garre será el candidato de Somos Región a la presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, después de que este lunes quedara cerrado el plazo de candidaturas con Garre como único aspirante, por lo que no fue necesario realizar unas elecciones primarias.
Garre
ha asegurado que «por pimera vez los ciudadanos de esta Región tendrán
la posibilidad de votar por un partido que sólo se deba a ellos y no a
la disciplina interna y los intereses de los partidos nacionales».
El
ya candidato de Somos Región, se ha referido a la gestión del actual
Gobierno regional, «El Plan Hidrológico Nacional está completamente
estancado, a pesar de que el PP, que dice que lo apoya, ha contado con
años de mayorías absolutas, la rehabilitación del Mar Menor hace ya
mucho tiempo que debería ser un proyecto nacional. No podemos perpetuar
los problemas de esta Región», apuntó Garre.
«En las próximas
elecciones nos jugamos mucho. No podemos mantener estas políticas que
nos están llevando a la ruina más absoluta. Con una deuda que no parece
tocar techo nunca y que asciende ya a casi 10.000 millones de euros, con
una incertidumbre permanente en torno al agua, con una población
empobrecida, con un paro que sigue sin bajar de las 100.000 personas. Si
seguimos así, ¿alguien sabe dónde van a trabajar nuestros jóvenes,
nuestros hijos?», indicó el candidato.
LORCA.- El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, solicitó este martes al Ministerio de Fomento la paralización del proyecto del Corredor Mediterráneo de alta velocidad ferroviaria en el tramo Totana-Lorca para modificar el proyecto y convertir en subterráneos los pasos elevados que se incluyen en la zona de Tercia y La Hoya.
Gil se reunió este martes con vecinos de la plataforma 'Villaespesa Soterrada', que reclaman la sustitución de los puentes por pasos subterráneos y les explicó que el Ayuntamiento «no va a parar hasta que se modifique el proyecto».
El regidor explicó a los periodistas que Adif no ha estimado ninguna de las alegaciones de los vecinos ni del ayuntamiento,
y sacó a concurso el proyecto manteniendo su pretensión de «levantar
muros de 16 metros de altura» que van a dividir la pedanía porque «son
muros definitivos».
«El enfado sigue en aumento y me parece impresentable lo que está ocurriendo». Además, criticó que los proyectos del AVE en Murcia y en Totana fueran modificados «sin ningún tipo de inconveniente».
Gil exigió «la paralización inmediata de la licitación
y la modificación del proyecto incorporando las alegaciones». Además,
al tratarse de un tema «de la máxima gravedad», reclamó tener una
«interlocución directa con el Ministerio de Fomento.
Fulgencio Gil afirmó que la propuesta de Adif «afecta a las vidas de un gran número de personas»,
al tiempo que señaló que la propuesta de pasos subterráneos en los
cruces de la carretera con las vías del tren es más económica que la de
los puentes elevados.
Se trata de los pasos superiores previstos
en el camino de Villaespesa, el camino de Enmedio y la restitución de
los caminos de Vereda de la Palma, Molino de la Sierra y de Camino
Churra.
El alcalde criticó que el delegado del Gobierno, Diego Conesa,
se reuniera hace unos días con los miembros de la plataforma sin avisar
al Ayuntamiento del encuentro, algo que consideró «una deslealtad
institucional».
También anticipó que el Ayuntamiento de Lorca mantendrá sus reclamaciones por los cauces institucionales aunque apoyará «sin fisuras» las movilizaciones que pudieran emprender los vecinos, que barajan iniciar actos de protesta.
MURCIA.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado hasta el próximo jueves el aviso por fuertes rachas de viento en diferentes comarcas de la Región de Murcia, según fuentes de laAemet.
Así, advierte de que las rachas de viento pueden llegar a los 90 km/h en el Altiplano y a los 80 km/h en el Noroeste, por lo que emite avisos de nivel naranja y amarillo, respectivamente, desde las 6.00 horas del miércoles hasta la medianoche.
Igualmente,
amplía a la Vega del Segura el aviso por rachas de viento de hasta 70
km/h, también desde las 6.00 horas hasta la medianoche, con una
probabilidad que oscila entre el 40 y el 70 por ciento.
El
jueves, las comarcas del Altiplano y del Noroeste contarán con aviso
amarillo por vientos de hasta 70 km/h durante todo el día, con una
probabilidad que oscila entre el 40 y el 70 por ciento.
De amarillo a naranja
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su aviso de fenómenos meteorológicos adversos para este miércoles y eleva la alerta a naranja. Así, advierte que las rachas de viento pueden llegar a los 90 km/h en el Altiplano y a los 80 km/h en el Noroeste, por lo que emite avisos de nivel naranja y amarillo, respectivamente. Por otro lado, anula el aviso por fenómenos costeros.
El
aviso se inicia el miércoles, alrededor de las 06.00 horas, y finaliza
el jueves a medianoche.
Ante esta situación, se ha ordenado la fase de
preemergencia del Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (Platemur)y el aviso se trasladó a los ayuntamientos afectados y a cuantos servicios de emergencia pudieran verse implicados.
Nieve en Inazares
Las bajas temperaturas registradas este
martes y que siguen cayendo en picado debido al temporal de frío y
viento que llegar este miércoles a la Región ha provocado que la leve
lluvia que ha caído sobre la pedanía de Inazares, en Moratalla, se
precipitara en forma de nieve, cubriendo las calles con un manto blanco.
MADRID.- La magistrada instructora del Tribunal
Supremo (TS) Ana María Ferrer ha confirmado el auto que dictó el pasado
octubre para acordar el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias abiertas contra la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, investigada en el caso Púnica.
En
un auto rechaza el recurso de reforma que la Asociación de Abogados
Demócratas para Europa (Adade) presentó contra el archivo y dice que
"la precariedad de los indicios acumulados contra Barreiro justifica el
sobreseimiento provisional acordado de conformidad con lo solicitado
por el fiscal".
Indica
que Adade discrepó en su recurso de la valoración hecha por la
instructora de las pruebas aportadas a las diligencias y propuso la
práctica de otras.
Sobre lo primero, comenta Ferrer que Adade no aporta nada que aconseje una nueva valoración,
sino que "simplemente proyecta su particular óptica interpretativa
sobre los datos obtenidos", por lo mantiene la hecha en el auto
combatido.
Señala que la
versión de descargo de la exalcaldesa, defendida por los letrados
murcianos Raúl y José Pardo-Geijo y que negó haber utilizado fondos
públicos para una campaña de mejora de su imagen pública, fue
corroborada por el expresidente del PP de Cartagena Francisco Celdrán.
Ferrer
no considera procedente la petición de Adade de incorporar a estas
diligencias las que constan del caso en el Juzgado Central de
Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional desde el que se elevó la
exposición razonada que les dio origen.
Tampoco
accede a incorporar lo declarado en el Tribunal Superior de Justicia de
la Región de Murcia por el expresidente autonómico Pedro Antonio
Sánchez y su entonces colaborador David Conesa en la Consejería de
Educación que ocupaba.
En esas
diligencias se investigaba la presunta comisión de los delitos de
fraude, revelación de secretos y cohecho por los contactos mantenidos
por ambos con el empresario Alejandro de Pedro, investigado en el caso
Púnica, para concertar una campaña.
Sobre
ese asunto, Sánchez ha mantenido siempre la existencia de esos
contactos, aunque ha negado que se aprobara finalmente compromiso alguno
o que se pagara ningún servicio de ese tipo con fondos públicos.
El
auto de Ferrer rechaza el recurso de reforma de Adade pero admite el
subsidiario de apelación, que deberá resolver el Alto Tribunal.
Mi pensión, mi derecho Yo ya coticé, ahora me merezco cobrar lo que me corresponde Pensión = salario diferido El sistema es contributivo: tanto aportas, tanto cobras
MADRID.- Todo
hemos escuchado estas frases (o parecidas) en los últimos años. A veces
las hemos leído en las pancartas de las manifestaciones de
pensionistas. Otras veces, han sido los políticos los que las han usado
para explicar las bondades del sistema. Y en otras ocasiones, son los
expertos que analizan el modelo público quienes las usan para explicar
sus fundamentos (por ejemplo, ese famoso "salario diferido" que tanto gusta en algunos ámbitos académicos), plantea Libertad Digital.
El problema es que no es cierto. No lo es en
términos generales y tampoco individualmente: uno no aporta para su
pensión. Lo hace para pagar las de los actuales jubilados. Y luego
cobrará en función de las reglas que haya vigentes en ese momento. Pero,
por ejemplo, si tiene mala suerte y fallece a los 66 años, todo ese
"salario diferido" se evaporará como por ensalmo y su familia no tendrá
nada a cambio de sus cotizaciones.
El sistema de reparto
contributivo es así. También tiene su lado bueno. El hecho de que el
Estado cobre cotizaciones de forma coactiva a todos los trabajadores
hace que sea complicado prever una quiebra financiera total del mismo.
Por muy al límite que se lleven las cuentas, siempre habrá alguien a
quien cobrar. Y puede venderse (y de hecho se hace) como un modelo de solidaridad entre generaciones: ahora pagas y, a cambio, generas un derecho a futuro.
Las
reglas son éstas. La discusión sobre su legitimidad queda para otro
momento. Pero lo relevante aquí no es eso, sino las cuentas. Y ahí sí
que hay que hacer un apunte importante: para buena parte de los
pensionistas (probablemente una mayoría, aunque no hay un estudio fiable
al 100% al respecto porque entran en juego muchas variables), el
sistema de pensiones es extremadamente generoso.
Es decir, devuelve mucho más en prestaciones
que lo que el trabajador aportó en cotizaciones (incluyendo la cuota
empresarial, por supuesto). No es cierto, por lo tanto, que cobremos a
cambio de lo que pusimos. Algunos sí, por ejemplo aquellos que fallecen
poco después de la jubilación; pero muchos otros cobran gracias a la
generosidad del sistema y a un desequilibrio generacional que es ese elefante en la habitación del sistema de pensiones del que nadie quiere hablar.
Las cifras
Éste
es un cálculo complicado. Hay muchas variables en juego. Además, es
políticamente muy incorrecto. Parecería como si decir que un pensionista
cobra más como jubilado de lo que cotizó como trabajador fuera
equivalente a proponer que le quiten la prestación o le dejen en la
indigencia. No es así. El sistema es el que es y tiene sus pros y
contras. Pero sea cual sea la situación individual de cada uno, ésta es
una cuenta que hay que hacer para conocer la sostenibilidad a futuro del
modelo. Porque lo que es evidente es que no todo vale. Y con un déficit
oficial cercano a los 20.000 millones, la salud financiera de la
Seguridad Social está en entredicho.
Hace unos meses, en Libre Mercadonos hacíamos eco de un estudio de José Enrique Devesa Carpio e Inmaculada Domínguez Fabián
en el que se ofrecían las siguientes cifras: "Tras la reforma, el coste
por cada unidad de pensión que entrega el sistema pasaría de 1,442 a
1,28, lo cual significa que, tras la reforma de 2011, sigue habiendo un
sobrecoste del 28%". O lo que es lo mismo, un euro aportado, incluso
admitiendo una posible rentabilidad implícita durante el tiempo
transcurrido, generaba el derecho a cobrar 1,44 euros de pensión antes
de la reforma de 2011 y 1,28 euros tras la misma.
Este lunes, en Madrid, Fedea presentaba su informe "El sistema público español de pensiones: Mitos y realidades", realizado por Miguel Ángel García Díaz
(profesor de Economía Aplicada y colaborador de Fedea y URJC). En el
mismo, junto a otros muchos datos sobre el actual sistema de la
Seguridad Social y su equilibrio financiero, se incluía un ejemplo muy
interesante.
Es sólo un supuesto individual, pero significativo. No es
el trabajador medio de la economía, pero probablemente no se aleje
demasiado del mismo. Y, si acaso, las cifras serán conservadoras, porque
los mejor parados serían aquellos jubilados que tuvieron carreras más
cortas que tendrían pensiones más bajas si la prestación se calculara
exclusivamente con la cotización.
No es el caso que nos ocupa. Los supuestos del ejemplo son los siguientes:
Cogemos a un trabajador que haya cotizado el número de años requeridos para cobrar el 100% de su base reguladora: 37 años.
Suponemos que en los últimos 25 años (el período que se utilizará
para el cálculo de esta base una vez se implante por completo la reforma
de 2011) ha cobrado el mismo sueldo bruto cada año (incluyendo en este
concepto lo que la empresa paga en su nombre como cotización
empresarial).
De ese sueldo, el 23,5% va destinado a cotizar para la jubilación
(las cotizaciones totales son algo más elevadas, pero también es cierto
que no todo el gasto de la Seguridad Social va a pensiones
contributivas; de lo cotizado cada mes, lo que toca para la parte
contributiva es ese 23,5%)
La rentabilidad implícita es el 2%, lo que corresponde con el
incremento del PIB medio de España en esos 25 años que sirven para
calcular la base de cotización. La explicación de esta cifra es que se
entiende que una persona que trabaja contribuye de esta manera (con su
aportación al crecimiento de la economía) a que las nuevas generaciones
disfruten de un mayor nivel de bienestar. Por eso, resulta lógico y
justo que su cotización genere una rentabilidad implícita igual a la
obtenida por el país durante su etapa laboral. Además, este modelo
también es financieramente sostenible: un país más rico, como el que
deja el jubilado respecto al que se encontró cuando empezó a trabajar,
puede pagar pensiones más altas. ¿Cuánto? Pues actualizar el valor de
esas cotizaciones en función del PIB es una buena aproximación también
desde el punto de vista financiero.
Por último, un apunte: estos supuestos también hacen que los
intereses de todas las generaciones estén más alineados. Cuanto más
crezca el PIB durante la vida laboral de un trabajador, ocurrirán dos
circunstancias positivas: las nuevas cohortes llegarán a un mercado
laboral más rico y, además, lo que ese nuevo jubilado tiene derecho a
cobrar es más elevado (o lo que es lo mismo: tiene derecho a cobrar su
pensión durante más tiempo).
Los resultados están resumidos en el siguiente cuadro:
Así,
en el caso de nuestro ejemplo, alguien que ha cotizado lo mismo durante
los últimos 25 años, la base de cotización es igual al 96% del último
salario (a primera vista le toca el 100%, pero como lo cotizado en los
dos últimos años no se actualizan al IPC y el crecimiento de los precios
medio es del 2%, tiene ese pequeño recorte).
Por lo tanto, como vemos
en la tabla, con ese crecimiento del PIB del 2% medio
en la economía española, lo que cobra de pensión agota lo que abonó por
cotización a los 13,2 años. Es decir, si esta persona hubiera aportado
todo lo cotizado a un plan de pensiones, con una rentabilidad anual del
2%, y en el momento de su jubilación quisiera una prestación como la que
le asegura el sistema público, sólo podría cobrarla durante poco más de
13 años.
Podría
pensarse que la tasa de reposición del 96% es muy elevada. Y lo es.
Pero en un ejemplo como el que hemos visto, sería la que le tocaría por
ley. Podemos aplicar una tasa más realista del 78,7%, que es la que el
informe Ageing Report de la Comisión Europea acredita para los jubilados
españoles: de media, cobramos de primera pensión el 78,7% de nuestro último salario.
Pues bien, como vemos en el cuadro, con esa tasa y un crecimiento del
2% del PIB anual medio en los últimos 25 años, un jubilado gasta su
cotización en 16,1 años.
Hasta aquí ningún problema. La clave de todo esto es cuánto vive de media un jubilado español
desde que entre a cobrar de la Seguridad Social. La respuesta es que
más de 21 años, una cifra en más de seis años a la que había en 1975. La
esperanza de vida a los 65 años ha crecido con fuerza, lo que es una
gran noticia. Pero con este dato, las cuentas no salen. Porque este
trabajador de nuestro supuesto cobra durante mucho más tiempo de lo que
le correspondería si sólo tenemos en cuenta sus aportaciones. ¿Es esto
sostenible en el tiempo? Pues complicado.
Según el autor de este
informe, "sostenibilidad financiera bajo esa tasa de
reposición necesita que la economía española creciera al 3,3% real
durante los próximos 37 años, sin fallar ni uno solo de ellos". O lo que
es lo mismo, o empezamos a crecer mucho más o no tendremos dinero para
pagar las promesas hechas a los jubilados actuales y futuros. O, si lo
miramos desde el otro lado de la ecuación, para llegar a esos 21 años
con estos niveles de crecimiento tendríamos que bajar la tasa de
reposición al 60% o incluso menos (ver última fila de la tabla).
El debate
Dicho
esto, la decisión sobre si mantener o no pensiones no puede ser
exclusivamente matemática. Hay otras consideraciones en juego y el
debate es muy interesante. Por ejemplo, podría pensarse que los actuales
trabajadores viven en un país más rico que el de hace 30-40 años y que
lo mismo les pasará a los del futuro.
Y, por lo tanto, que pueden pagar
más: no sólo lo que les toca por ese crecimiento sino un poco más (algo
parecido a cuando en el IRPF, según suben los ingresos, no sólo se paga
más de forma proporcional, sino progresiva). En ese caso, con ese extra
se pagarían esos años de más que los pensionistas cobran. O que merece
la pena dedicar más dinero a pensiones si es necesario, incluso aunque
los jubilados cobren algo más, y recortar otras partidas del
Presupuesto.
No es, ni mucho menos, la solución más extendida. Por ejemplo, en Suecia, un país mucho más rico que España, la reforma de comienzos de los años 90 introdujo el concepto de cuenta nocional
que viene a ser algo así como un "tanto aportas, tanto cobras", pero de
verdad. Es decir, se calcula cuánto ha aportado un trabajador vía
cotizaciones y cuántos años de vida tiene por delante (estadística
actuarial) y se le paga la prestación que iguala ambas cifras.
En España, mientras tanto, nadie quiere ni oír hablar de este tipo de modelos o reformas. En parte por eso, disfrutamos de uno de los sistemas públicos de pensiones más generosos del mundo occidental y sin ningún complemento de ahorro privado, algo que en los países más ricos es la norma.
Este primer gráfico muestra la Tasa de Sustitución:
relación entre la pensión media que paga el sistema público y el
salario medio en la economía. Como vemos, España es el cuarto país de la
UE más generoso en relación a sus sueldos (y eso sin contar la tasa de
paro, lo que incrementaría esa cifra si se tuviera presente).
El segundo gráfico muestra la Tasa de Reposición:
relación entre primera pensión cobrada y último salario cotizado.
España es el país de la UE que asegura una cifra más alta a sus nuevos
jubilados, con casi 30 puntos de diferencia respecto a la media europea y
todavía más respecto a países como Francia o Alemania, con los que
habitualmente nos comparamos.
Además,
como explica el documento de Fedea: "La tasa de sustitución de las
pensiones de la Seguridad Social en vigor (pensión media sobre salario
medio neto de cotizaciones) muestra una tendencia creciente y continuada
desde 1980. En el periodo 1980-2017, la tasa de sustitución ha crecido
28,5 puntos de promedio en todas las clases de pensión y alcanza los
33,5 puntos para las de jubilación. Esta evolución refleja que las
reformas aplicadas desde 1985 han servido para moderar la tasa de
crecimiento, pero en ningún caso han invertido hasta el momento la
tendencia al alza".
El
incremento en la tasa de sustitución deriva de una buena noticia: los
nuevos jubilados tienen carreras más largas y consistentes y con bases
de cotización más elevadas. Pero no hay que llevarse a engaño, esta
subida supone una nueva fuente de tensión sobre las finanzas del
sistema.
En este punto, hay dos preguntas que hacerse. La primera tiene que ver con la sostenibilidad.
Sí, como hemos dicho, en un momento dado una sociedad puede tomar la
decisión (la toman los políticos, pero supongamos por un momento que es
compartida por la mayoría de la población) de ser más generosa con
determinadas cohortes de pensionistas. Puede haber razones coyunturales,
de falta de información previa, con el objetivo de no romper promesas…
Pero esta decisión tiene que ir acompañada de un cálculo de hasta qué
punto ese sobrecoste es financiable, cómo se pagará y quién lo hará. En
España, el déficit oficial de la Seguridad Social es de casi 20.000 millones
y el real (sumando la parte no contributiva) es superior a los 30.000
millones: sin embargo, hemos derogado de facto la reforma de 2013 y
prometido a los pensionistas actuales una revalorización sine die
conforme al IPC.
La
segunda pregunta tiene que ver con el lado de los incentivos y los que
pagan ese sobrecoste. Como parece evidente que un sistema que paga más
que lo que recibe en algún momento tiene que cambiar esa regla, dar
ahora a los pensionistas actuales algo más de lo que han aportado vía
cotización habrá que compensarlo con dar a los del futuro algo menos de
lo que coticen.
Como decíamos antes, es una decisión política. Pero
claro, el golpe para los trabajadores actuales es doble:
se les pide pagar más ahora (por esos años extra que cobran los
pensionistas, según vemos en el cuadro del ejemplo) con la amenaza
implícita de que, además, cobrarán menos en el futuro de lo que
efectivamente aporten durante su vida laboral. A partir de 2060-70, una
vez la generación del baby-boom comience a salir del sistema por fallecimiento, el equilibrio financiero mejorará. Pero entre 2035-2060 la cosa va a ser complicada.
La tentación a salirse del sistema es muy grande. O si se ponen todos
los costes por el lado de los impuestos, el daño al crecimiento
potencial de la economía puede ser muy elevado. ¿Hasta cuándo y hasta
cuánto podemos seguir cargando todo el peso del ajuste de la Seguridad
Social sobre unas cohortes de trabajadores que, además, serán los que
también salgan perdiendo cuando sean pensionistas? ¿Cuándo terminará su
paciencia?
Éstas son preguntas a las que nadie quiere responder. Pero
serán las que marquen el futuro de un sistema en el que los eslóganes
del principio de este artículo parecen pesar mucho más que un análisis
financiero realista.
SANTA CRUZ DE TENERIFE.- La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acogido este martes el inicio del juicio contra el exseleccionador nacional de pruebas combinadas de atletismo, Miguel Ángel Millán, por dos presuntos delitos de abusos sexuales continuados a menores en Tenerife.
Millán,
que ha negado los hechos y ha mostrado su contrariedad con el relato
esgrimido por la Fiscalía y la acusación particular, se enfrenta a una pena de entre 12 y 21 años de cárcel por unos hechos ocurridos entre los años 2010 y 2011, y 2015, cuando los jóvenes eran menores de edad.
En
la jornada de apertura del juicio, la Fiscalía ha mantenido su petición
de doce años de cárcel para Millán --ya lleva más de uno en prisión
provisional-- más su inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo y para ejercer su trabajo de entrenador, la prohibición de
desarrollar actividades deportivas con menores de edad y la obligación
de participar en un programa formativo de orientación sexual.
Asimismo,
solicita una indemnización de 22.000 euros --12.000 euros para una de
las víctimas y 10.000 euros para la otra-- por perjuicios morales.
En su escrito, la Fiscalía apunta que Millán se valía de su "prestigio" como entrenador para "satisfacer" su instinto sexual "violentando" la intimidad de los menores,
y se aprovechaba de su diferencia de edad para "granjearse" la
confianza de los jóvenes, interés por ellos que aumentó cuando le
confesaron su homosexualidad.
El
primer caso se produjo entre los años 2010 y 2011 cuando la víctima
contaba con entre 13 y 14 años y el segundo, en 2015, siempre con el
mismo modus operandi de ganarse su confianza primero y después retirarla si los jóvenes no atendían a sus requerimientos sexuales.
De
hecho, una de sus prácticas habituales era lograr compartir habitación
con las víctimas cuando se celebraban pruebas atléticas fuera de la
isla.
Por su parte, la
acusación particular solicita un total de 21 años de cárcel para Millán,
más otros 14 años de inhabilitación para ejercer como profesor o
entrenador, la prohibición durante diez años de que se acerque a menos
de 500 metros de las víctimas y diez años de libertad vigilada, más una
indemnización de 60.000 euros --30.000 euros para cada afectado-- por
daños y perjuicios.
En
su escrito, aporta informes psicológicos de los jóvenes que confirman
que su relato es "sincero y veraz", con un comportamiento compatible con
un "trastorno emocional" que les provoca "maltrato, enfado, vergüenza,
ansiedad y miedo".
Uno de
ellos, incluso, se encuentra en tratamiento psicológico desde mayo de
2017 al presentar "moral baja" y un sentimiento de "frustración e
irascibilidad" derivado de los episodios de abusos sexuales.
Además, ha aportado testimonios de más de una decena de menores que describen situaciones muy similares de la época en que Millán trabajó en Murcia como profesor de Educación Física en centros educativos y entrenador de un club de atletismo (Alhama).
La
defensa ha pedido la libre absolución y ha alegado "indefensión" porque
el secreto de sumario no se notificó ni está motivado, lo que les
impidió nombrar a su propio perito para participar en la exploración
psicológica de uno de los denunciantes --que fue examinado por Medicina
Legal--.
Incluso, ha solicitado
la nulidad de la prueba debido a los "defectos constantes e
irregularidades" del proceso, algo rechazado por el magistrado Joaquín
Astor Landete porque la petición de perito propio debió realizarse
durante la instrucción.
La
Federación Española de Atletismo, citada en el juicio como responsable
civil subsidiario, al igual que el Tenerife Cajacanarias --club donde
Millán prestaba sus servicios y que no ha comparecido--, ha apuntado que
el acusado dejó tener una relación laboral estable con el ente en
diciembre de 1992 y a partir de ahí, mantuvo una colaboración "de forma
esporádica" y con contratos mercantiles, hasta un total de 15, de 30
días de duración, durante 14 años.
Asimismo,
ha señalado que esa relación laboral siempre fue en los centros de alto
rendimiento de Madrid y Barcelona y "nunca" en Tenerife, hasta el punto
de que la Federación "no pagaba" a Millán por los entrenamientos que
realizaba a las presuntas víctimas.
Ha
insistido en que es "radicalmente falso" que lleve trabajando 30 años
para la Federación, que desconocía la relación entre el entrenador y los
atletas y que, en todo caso, los hechos se producen en el "ámbito
privado".
Además, ha aclarado
que la Federación está "preocupada" por el riesgo de abusos y agresiones
sexuales en el atletismo de ahí que en 2014 pusiera en marcha un
protocolo.
El juicio prosigue
en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña a puerta cerrada para
salvaguardar la intimidad de las víctimas, los familiares y los
testigos, y se extenderá hasta el próximo 1 de febrero.
En principio, el
subcampeón olímpico Antonio Peñalver y los otros atletas murcianos que
fueron entrenados por Millán declararán el jueves en calidad de testigos
--también lo hará esta semana por videoconferencia el expresidente de
la Federación de Atletismo, José María Odriozola--, mientras que Millán
cerrará las sesiones los días 30 de enero y 1 de febrero.
SANTA CRUZ DE TENERIFE.- El entrenador lorquino de atletismo Miguel Ángel Millán,
en prisión preventiva desde enero de 2017 por la acusación de dos
delitos de abusos sexuales a menores en Tenerife, ha negado los hechos este martes
en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y su defensa ha pedido su
absolución.
Millán,
exseleccionador nacional de Pruebas Combinadas, está acusado de valerse
de su posición como entrenador de atletismo para presuntamente abusar de
dos jóvenes cuando uno de ellos tenía 14 y 15 años y el otro 16 y 17
años.
La Fiscalía pide 12 años de prisión por los dos delitos y 21 años la
acusación particular, según los escritos que han sido leídos en la
primera parte del juicio oral, la única que tendrá carácter público para
preservar la intimidad de las presuntas víctimas y testigos, así como
de sus familias.
La Real Federación Española de Atletismo está personada en el juicio puesto
que la acusación particular pide su responsabilidad subsidiaria, pero
su representante ha negado que Millán tuviera relación laboral estable
desde 1992 y solo ha prestado "colaboraciones esporádicas" mediante
quince contratos mercantiles de 30 días a lo largo de 14 años.
El
presidente del tribunal y de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife, Joaquín Astor Landete, indicó que todas las partes en el
juicio, que se desarrollará hasta el 1 de febrero, han pedido que se
celebre a puerta cerrada, por lo que los medios de comunicación no
tendrán acceso a su desarrollo.
El
acusado declarará en último lugar, también a puerta cerrada, y
únicamente ha intervenido en la parte pública del juicio para responder
con un escueto "no" a una pregunta directa del presidente del tribunal
tras la lectura de los escritos de las partes: "¿Acepta y reconoce los
hechos y la responsabilidad que de ellos se deriva?". Los escritos
del fiscal, Carlos Eguiluz, y del abogado de la acusación particular,
Pedro Revilla, coinciden básicamente en la descripción de los presuntos
abusos sexuales a los dos menores.
Pero
el abogado de las víctimas menciona además otros once casos ya
prescritos de presuntas víctimas de Millán durante su trayectoria
profesional como profesor de educación física y entrenador, algunos de
los cuales comparecerán como testigos.
Según
las acusaciones, Miguel Ángel Millán, nacido en 1950 en Lorca (Murcia),
se valió de su prestigio profesional para abusar de los dos menores a
los que entrenaba personalmente en Tenerife entre 2011 y 2016.
Según informes psicológicos forenses que se aportarán como prueba, el testimonio de la primera de las víctimas aparece como "veraz y sincero" y
los abusos han tenido como consecuencia trastornos emocionales,
sentimiento de culpa y vergüenza, ansiedad y estrés postraumático.
La
segunda víctima, según el informe psicológico, tuvo problemas con el
deporte y los estudios a raíz de estos episodios, que le causaron
ansiedad, depresión y desánimo, por los que sigue terapia desde mayo de
2017. El abogado defensor ha negado los hechos y ha pedido la
absolución de Millán, al tiempo que ha denunciado infracciones en la
fase de instrucción que vulneraban el derecho de defensa por la
declaración secreta del sumario, cuestiones previas que han sido
desestimadas por el tribunal.
MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia ha desactivado este martes el primer nivel de alerta del protocolo por contaminación atmosférica, activo desde el pasado 2 de enero, después de que la calidad del aire ha "recuperado la normalidad" en el municipio.
El protocolo se activó por primera vez en ese nivel el día 26 de diciembre y pasó a su nivel 2 el día 28.
Ante
los episodios intermitentes de superación de los niveles máximos
permitidos de partículas contaminantes en suspensión aérea PM10, se
mantuvo desde principios de año el primer nivel.
Prohibía la quema de rastrojos y recomendaba el uso de transporte público, evitar el ejercicio físico al aire libre y reducir el consumo energético.
MADRID.- El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha rechazado la petición del abogado de la magistrada Pilar de Lara Cifuentes en el expediente disciplinario abierto contra
ella por dilaciones indebidas, de interrogar a los dos inspectores del
CGPJ que llevaron a cabo la inspección sobre el Juzgado de Instrucción nº 1
de Lugo, del que es titular De Lara, según ha publicado Confilegal.
El letrado de la juez, Agustín Azparrén, recurrió el viernes la decisión de no aceptar los testimonios de los inspectores.
La magistrada fue denunciada ante el Consejo General del Poder Judicial a principios de 2018 por varios abogados, descontentos con su actuación profesional.
El
pasado 30 de octubre, el promotor de la Acción Disciplinaria le abrió
expediente disciplinario por la supuesta comisión de una falta muy
grave, dos graves y una leve, previstas en los artículos 417.9, 418.11
y/o 419.3 y 418.16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
El Juzgado de De Lara instruye macrocausas, como la ‘Carioca’, sobre
redes de prostitución, o la ‘Pokémon’, sobre supuestas mordidas a
políticos a cambio de concesiones públicas.
Azparrén también había solicitado que se interrogara a los
“jefes” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan
con Pilar de Lara.
Ha explicado que “junto al escrito de alegaciones al pliego de cargos, se habían propuesto una serie de pruebas; documentales y testificales, precisamente para justificar que esos retrasos”
que se imputan son retrasos que están “justificados”.
Y que mejor que
los dos inspectores del Consejo General del Poder Judicial que han hecho
las tres últimas inspecciones (entre 2013 y 2014), que hicieron un
seguimiento del juzgado y que siempre tuvieron un juicio muy favorable
al trabajo de Pilar de Lara”.
Azparrén ha indicado que la declaración de esos dos inspectores resulta “esencial” para justificar los retrasos en las instrucciones,
además “de otras pruebas (testificales) de los jefes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que han estado colaborando directamente
con el Juzgado en las instrucciones”.
Dice que Conde ha determinado que no cabe recurso contra su decisión, pero que él considera que jurídicamente sí (cabe recurso), por lo que la ha recurrido.
Preguntado sobre si esto supone un “paso atrás” en el expediente, el
abogado ha señalado que el Promotor de la Acción Disciplinaria “tiene seis meses de plazo para que no caduque el expediente, y el hecho de que a lo mejor haya pruebas testificales y señalar días puede, a lo mejor, hacer peligrar que se agote el plazo de seis meses”.
Ha denunciado que la decisión de Ricardo Conde “genera una indefensión a la expedientada”, y ha explicado que el hecho de presentar el recurso “inmediatamente”, aunque tenía más días de plazo, fue “para que no se piense que es una forma de retrasar el expediente”.
Las faltas graves se sancionan con suspensión, traslado forzoso o separación; las graves, con reprensión o multa; y las leves con advertencias o reprensión.
La muy grave consiste en “la desatención o el retraso injustificado
y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y
causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales”, y
las dos graves, en el “abandono del servicio o la ausencia injustificada y continuada por más de tres días naturales y menos de siete de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado“; y “adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo en relación con los sistemas de medición fijados por el Consejo General del Poder Judicial“.
La leve está descrita como “el incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolución en cualquier clase de asunto que conozca el juez o magistrado”.
MADRID.- La cuenta atrás para la publicación de los resultados
por parte de Bankia, previstos para el próximo lunes, se está viendo
plagada de una batería de rebajas de valoración por parte de las firmas
internacionales de inversión, a juicio de Expansión.
A las tres rebajas emitidas en
bloque sobre la banca española en poco más de una semana (por parte de
Deutsche Bank, Credit Suisse y ayer mismo por UBS) se unen los recortes adoptados por Kepler Cheuvreux y, en el día de hoy, por HSBC.
A
diferencia de otros bancos del Ibex rebajados igualmente por las firmas
internacionales, las nuevas valoraciones emitidas sobre Bankia apenas
dejan margen para la remontada en Bolsa.
El banco, desinflado un
35% el pasado año, se convertía al cierre de ayer en el único valor de
todo el Ibex que se desmarcaba de las subidas predominantes en 2019. Los
títulos de Bankia entraron ayer en números rojos en el
balance del nuevo año, al finalizar en los 2,55 euros. Su
capitalización bursátil se sitúa por debajo de los 8.000 millones de
euros.
La revisión a la baja de las perspectivas barajadas por HSBC recorta su precio objetivo hasta los 2,60 euros por acción, apenas un 1% por encima del cierre de ayer. La firma británica ha recortado su valoración un 21%.
La
nueva valoración otorgada por HSBC se sitúa en línea con las emitidas
en las últimas jornadas por otras firmas internacionales como Kepler Cheuvreux y UBS. Tanto la entidad francesa como la suiza coincidían a la hora de fijar su precio objetivo en 2,7 euros por acción.
HSBC,
UBS y Kepler Cheuvreux apenas ven margen para la remontada bursátil en
Bankia. Las otras dos firmas que han rebajado su precio objetivo en las
últimas fechas, Credit Suisse y Deutsche Bank, auguran mayores cambios,
aunque con signos opuestos.
Los analistas de Deutsche Bank
son los únicos que han otorgado un potencial alcista significativo, del
10%, a Bankia. Esta mayor confianza, sin embargo, contrata con el
pesimismo que traslada Credit Suisse. La firma suiza auguraba el pasado jueves caídas adicionales del 14%.
Las dudas que genera Bankia entre las firmas de inversión aumentan la expectación de cara a la publicación de los resultados del grupo, previstos para el próximo lunes día 28.
Entre las novedades que esperan los analistas destacan las relativas a la política de dividendos del grupo.
Una
visión menos optimista sobre el dividendo contemplan los analistas de
Credit Suisse. En la rebaja emitida sobre Bankia el pasado 17 de enero
advertían de los "riesgos" de un dividendo inferior a lo esperado.
MADRID.- “Los resultados (del Sabadell) estarán muy condicionados por los extracostes de la migración de TSB, nos habrá costado un dineral”, ha señalado Josep Oliu
este lunes en la Cámara de Comercio de Sabadell. “La plataforma nos ha
costado sudor, dolores de cabeza y muchas noches sin dormir”, ha
asegurado y recoge el digital Hispanidad.
El presidente del Sabadell ha calificado la
migración tecnológica de “lastre” para el banco, y con razón: solo el
incidente ocurrido en abril y que obligó a cerrar la web y la App
momentáneamente, tendrá un coste de cerca de 300 millones de euros.
Ahora, eso sí, y una vez solucionados los problemas, el TSB puede
presumir de plataforma “de última generación”, con una gran capacidad para generar valor en los próximos dos o tres años.
En definitiva, los resultados del Sabadell de 2018 no serán buenos, como
tampoco lo fue su comportamiento bursátil: durante el año pasado, la
entidad perdió un 40% de su valor, aunque fue lo mismo que ganó en 2017.
En cualquier caso, no fue algo exclusivo del Sabadell. Bankia se dejó un 36%, BBVA, un 34%, Santander perdió un 28% y Caixabank, el que menos de los grandes bancos, perdió un 19% de su valor bursátil.
