CARTAGENA.- La exdirectora médico del Hospital Virgen de la Arrixaca y actual
gerente del Área IV de Salud en Caravaca de la Cruz, Juana Fernández, ha
defendido este lunes ante la Comisión Especial de Investigación sobre
las derivaciones presuntamente irregulares del Servicio Murciano de
Salud (SMS) a la sanidad privada la "legalidad y transparencia" de las
mismas y ha justificado la realización de estas tras la pandemia
provocada por la Covid-19 debido a la "falta de recursos humanos" y la
"presión asistencial".
Según ha explicado, la crisis sanitaria
dejó al sistema en una situación crítica, lo que obligó a buscar
soluciones para garantizar la atención a los pacientes dentro de los
plazos establecidos.
"Veníamos de una pandemia que tensionó los recursos
y generó un incremento extraordinario de la presión asistencial", ha
explicado Fernández, recordando que la actividad de los profesionales
sanitarios fuera de la jornada se duplicó tras la pandemia y que la
actividad extraordinaria pasó de 3.890 intervenciones a 8.758, lo que
supuso un incremento del 125%.
En ese sentido, ha insistido
en que su deber como directora médica era "garantizar en la medida de lo
posible el cumplimiento de los plazos" y que, antes de recurrir a
derivaciones externas, "se agotaron primero todos los recursos propios".
Fernández ha subrayado que su labor consistió en detectar
insuficiencias de recursos y proponer soluciones "basadas en términos
objetivos".
En este sentido, ha asegurado que la escasez de
especialistas en determinadas áreas ha impedido atender toda la demanda
asistencial. "En algunos casos, simplemente no podíamos absorber la
carga de trabajo sin comprometer la seguridad de los pacientes", ha
afirmado.
En cuanto al procedimiento seguido, ha explicado que
cada derivación fue "autorizada, registrada y auditada" y que se llevó a
cabo un "análisis exhaustivo" de la oferta asistencial antes de
recurrir a conciertos con la sanidad privada.
"Cada derivación quedó
registrada con identificación del paciente, motivo y justificación
clínica, garantizando la supervisión de la calidad asistencial", ha
detallado.
Durante su comparecencia en la Asamblea ha
defendido que el 85% de las intervenciones quirúrgicas se realizaron en
hospitales públicos y solo el 15% en centros concertados. "El uso del
concierto sanitario es una herramienta legal, no improvisada. Sin estos
mecanismos, se habría comprometido la seguridad de los pacientes y la
calidad del servicio", ha afirmado.
En su intervención final,
Juana Fernández ha insistido en que "se tuvo que gestionar una situación
crítica" y ha asegurado que actuó "con honestidad, rigor técnico,
respeto a la legalidad y total transparencia".
Asimismo, ha subrayado que la falta de recursos humanos es "un problema estructural a nivel nacional" que impide cumplir los plazos de atención sanitaria.
"Estoy
convencida de que la falta de profesionales contribuye a valorar la
externalización de algunas pruebas e intervenciones. Lo que se
externaliza son pruebas sencillas e intervenciones de menor
complejidad", ha concluido.
También ha comparecido ante la comisión José Sedes, gerente del Área
II de Salud en Cartagena, que ha explicado que "lo que externalizamos
son aquellas pruebas diagnósticas donde más entradas tenemos, como las
gastroscopias, las colonoscopias y las pruebas de imagen, especialmente
resonancias y, en menor medida, TAC".
Según Sedes, el incremento de la
demanda ha desbordado la capacidad del sistema público. "Si nos han
entrado 150.000 pacientes más que en 2023, ¿cómo vamos a absorber toda
esa actividad sin apoyo externo?", ha planteado.
Sedes también
ha abordado la externalización de la hospitalización de media y larga
estancia.
"Analizamos la ocupación en nuestros hospitales, vemos los
pacientes programados, el número de altas y la tendencia de la última
semana. Todos los días consultamos con las unidades de enfermería la
previsión de altas y, en base a ello, reubicamos a los pacientes. Es un
procedimiento transparente", ha asegurado.
Asimismo, ha
defendido que existen mecanismos de control interno sobre los centros
concertados. "Deben garantizar la calidad asistencial y creemos que
trabajamos con transparencia. Es importante que se conozca cómo funciona
la externalización en las áreas de salud. La planificación anual nos
permite hacer estimaciones, pero no podemos prever con exactitud cuántos
pacientes serán externalizados", ha afirmado.
Durante la
comisión, los distintos grupos parlamentarios han expresado sus posturas
sobre la gestión del SMS y las derivaciones a la sanidad privada. Desde
el PSOE, la diputada María Soledad Sánchez ha recordado que la Ley de
Contratos obliga a publicar anualmente el plan de contratación y que en
2022 "esto no se hizo, como señala el Tribunal de Cuentas".
Además, ha
criticado la existencia de expedientes sin contratación adecuada y ha
cuestionado la transparencia en la gestión de los recursos.
Por su parte, la diputada de Vox, María Eugenia Sánchez, ha afirmado que
"el SMS se encuentra en una situación insostenible" y que "las
derivaciones deben justificarse económicamente, valorando si es más
beneficioso para las arcas públicas derivar servicios o invertir en
recursos propios".
Ha advertido también sobre la necesidad de que los
informes justificativos de las derivaciones "se realicen en tiempo y
forma, no un año después".
Desde Podemos, María Marín ha
criticado la gestión del SMS, calificándolo de "agujero negro de las
cuentas de la región".
"El Tribunal de Cuentas ya destacó en julio derivaciones presuntamente irregulares al margen de la ley de contratos", ha denunciado. Además, ha calificado de "escandaloso" que se haya recurrido a medios privados "teniendo recursos propios" y ha cuestionado la transparencia de las listas de espera.
"Más de 60.000
pacientes están en el limbo, a la espera de una prueba quirúrgica o una
visita al especialista", ha asegurado.
Por otro lado, la
diputada del PP, Mari Carmen Ruiz, ha defendido que "los conciertos son
un complemento a la salud pública" y que "se llevan a cabo en todas las
comunidades autónomas para agilizar la asistencia sanitaria y reducir
las listas de espera".
Además, ha señalado que "el último informe del
Tribunal de Cuentas archivó todas las diligencias por no existir
indicios de irregularidades".
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