“Impulsar una reforma fiscal que contemple la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones”.
Es decir, bajar los impuestos a los más ricos: aquellos que hereden más
de un millón de euros. Por debajo de esta cifra, en Andalucía no se
paga ningún impuesto porque esta exento.
“Bajada del del tramo autonómico del impuesto sobre el patrimonio, equiparándolo a los tipos de la escala nacional”.
Otra vez, bajar los impuestos a los más ricos: aquellos con una fortuna
superior a los 700.000 euros, sin contar la vivienda habitual o su
empresa familiar. El impuesto de Patrimonio solo lo pagan en Andalucía
17.700 personas: el 0,2% de la población (datos 2015).
“Revertir la subida del Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”.
De nuevo, bajar estos impuestos que gravan la compraventa de inmuebles o
determinadas operaciones societarias. Es otro impuesto que pagan más
los ricos que los pobres, esos andaluces de “extrema necesidad” a los
que Vox dice representar.
“El objetivo político prioritario del Gobierno de la Junta de Andalucía será la creación de empleo de calidad”.
¿Y qué entienden PP y Vox por “empleo de calidad”? No se sabe, porque
más allá de esta genérica declaración de intenciones no se explica nada
más. Suena un poco incoherente en un PP al que un salario mínimo de 900
euros le parece demasiado; el mismo partido que promovió la última
reforma laboral.
“Abogar por un
Gobierno basado en el diálogo y el respeto a todas las fuerzas
constitucionalistas. Condenamos todo ataque a cualquier fuerza política
democrática”.
La palabra clave es
“constitucionalistas” porque para el PP y Vox este carnet lo entrega
José María Aznar. Traducido al español: no se puede ofender a PP, Vox y
Ciudadanos, porque ellos sí son fuerzas “democráticas,” pero no pasa
nada por despreciar a cualquier otra fuerza política, sus dirigentes o
sus votantes, con especial énfasis en los independentistas, que no
merecen ni diálogo ni respeto alguno.
“Eliminar todos los organismos superfluos y suprimir la administración paralela”.
En esto Santiago Abascal puede ayudar mucho. Es un experto en ambos tipos de mamandurrias, de las que se benefició durante sus muchos años de “liberal” aguirrista.
“Eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o
jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social”.
Como, por ejemplo, los casi 20 millones que ayer supimos se llevó la fundación del PP Humanismo y Democracia. O los 207.375 euros que entregó el gobierno de Esperanza Aguirre a la Fundación DENAES que presidía Santiago Abascal.
“Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir
el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de
los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y
permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no
reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean
contrarias a sus convicciones”.
En fino, es
el “pin parental” que exigía Vox, inspirado en las campañitas de su
think tank, Hazte Oír contra la educación sexual o cívica. Porque los
niños tienen pene y las niñas tienen vulva, y ya está bien de enseñar
tolerancia en las escuelas. ¡Es ideología!
“Crear una Consejería de Familia”.
Una definición de familia de la que el partido de Santiago Abascal excluye a las parejas homosexuales y que ha provocado la primera bronca en la coalición.
Desarrollar un Plan Andaluz de Adopción.
Donde si Vox consigue salirse con la suya, solo podrán adoptar las
parejas heterosexuales porque, según Abascal, los niños tienen "derecho a un padre y una madre".
"Auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
concesiones de licencias de radio y televisión otorgadas y asegurar que
las nuevas se concedan con criterios técnicos, para asegurar la
profesionalidad, pluralidad, imparcialidad e independencia del poder
político".
Igual que hizo en Madrid Esperanza
Aguirre al entregar licencias de TDT a Julio Ariza (Intereconomía) y
Federico Jiménez Losantos (Libertad Digital), dos de los principales
padrinos de Santiago Abascal que seguro que entran en su definición de
"profesionalidad", "imparcialidad" y "pluralidad".
“Eliminar la obligación de exclusividad para los profesionales sanitarios”.
Es decir, permitir el pluriempleo de los médicos en la sanidad privada.
“Cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando
todas aquellas decisiones que puedan favorecer un ‘efecto llamada’ y
combatir a las mafias que trafican con personas”.
La duda es qué entiende Vox por “efecto llamada”. ¿Evitar que se
ahoguen en el mar, como proponía implícitamente en su primer borrador
donde pedía ilegalizar a las ONGs que fletan los barcos de rescate?
“Apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las
fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con
nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral”.
La clave es la palabra “documentalmente”. Porque recuerda mucho a la
primera propuesta de Vox, de proporcionar a la Policía información de
los inmigrantes sin papeles que vayan al médico.
“Promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica”
Derogar la ley de memoria para sustituirla por una versión edulcorada
de la historia donde Franco no fue un sangriento dictador ni la Guerra
Civil consecuencia de un golpe de Estado militar. La “guerra del abuelo y
las fosas de no sé quién”, que decía Casado.
“Apoyar por ley la tauromaquia, fuente de riqueza y empleo, en su
triple vertiente: dehesa, patrimonio histórico y patrimonio artístico”.
Porque los taurinos merecen una ley propia y las víctimas del franquismo no.
“Reconocer la importancia de la actividad cinegética para el
mantenimiento de nuestro medio rural y la conservación de la fauna y los
espacios naturales”.
Porque los cazadores también son un sector perseguido de la población.
(*) Periodista y director www.eldiario.es
