MADRID.- “La temporalidad es irrenunciable para las Fuerzas Armadas, Si se eliminara, repercutiría negativamente en su operatividad”, advirtió el pasado 21 de marzo el subsecretario de Defensa, Arturo Romaní. “La tropa constituye el 54,7% del personal desplegado en operaciones en el exterior. La gran mayoría está destinado en puestos operativos que requieren una edad acorde con las necesidades de disponibilidad y condiciones físicas. La edad media de nuestros soldados es de 34 años, durante los próximos diez años podría pasar a una horquilla de entre 35 y 45. Un cambio de modelo generaría un aumento de edad aún mayor”, agregó.
Romaní fue el último de los 31 altos cargos, expertos y
representantes de asociaciones que compareció a puerta cerrada ante la
subcomisión del Congreso que, desde febrero de 2017, debate el régimen profesional de los militares, recuerda hoy El País.
La patata caliente que tienen sobre la mesa los diputados, que este
mes deben aprobar su informe, es la suerte de los soldados y marineros
con Contrato de Larga Duración (CLD) que deben abandonar las Fuerzas
Armadas cuando cumplan 45 años.
Unos 600 ya lo han hecho, y se han convertido en Reservistas de
Especial Disponibilidad (RED), obligados a reincorporarse a filas si son
llamados. A cambio, reciben 618,92 euros al mes (7.427,4 al año), una
paga incompatible con un sueldo público, pero no privado. La espada de
Damocles pende sobre otros 18.000 con más de 35 años (4.600 mayores de
40) que en la próxima década irán al paro si no encuentran una salida
laboral.
Cuando se puso en marcha el sistema vigente, en 2006, parecía una oferta
atractiva. Defensa recibió un aluvión de solicitudes que le permitió
llenar los cuarteles en un momento en que la falta de reclutas ponía en
riesgo la profesionalización del ejército. Más de dos lustros después,
los ingresados entonces —muchos con un ínfimo nivel educativo, pues la
premura obligó a bajar el listón— se ven abocados al desempleo a una
edad en la que que conseguir trabajo es casi una proeza, sobre todo si
se carece de cualquier titulación.
Inicialmente, todos los soldados recibían el título de Técnico
Militar, equivalente a la Formación Profesional de Grado Medio. Sin
embargo, la reforma educativa de 2006 suprimió esta homologación, al
endurecer los requisitos. Durante más de una década no se hizo nada para
dotarles de un título oficial. Solo recientemente se ha puesto en
marcha Defensa para certificar centros y profesores y que los soldados
puedan homologar parcialmente su formación.
Otras fórmulas no han tenido mayor éxito: de los seis convenios
firmados con comunidades autónomas para reservar plazas en la policía
local, tres fueron anulados tras las últimas elecciones; mientras que
los recortes presupuestarios redujeron al mínimo las convocatorias para
ingresar como personal laboral de Defensa o convertirse en tropa
permanente (con derecho a seguir en filas hasta los 58 años). La
previsión legal de que el tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas
sirviera como mérito para acceder a empleos públicos jamás se
desarrolló. El ingreso en la Guardia Civil (donde se les reservaba el
40-50% de las plazas) funcionó con altibajos; en la Policía Nacional
(20%) ni eso.
Los cuatro grandes partidos (PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos)
han presentado ya sus propuestas de conclusiones. El PP considera que,
“a pesar de algunos problemas en su aplicación”, el actual modelo “está
consolidado”, por lo que los cambios deben circunscribirse a “mejoras
normativas”, en las que ya trabaja Defensa, sin tocar la ley.
También el PSOE cree que el modelo actual “es válido”, por lo que
rechaza convertir a todos los soldados en permanentes o prolongar el
límite de edad. Aun sin descartar una reforma legal, los socialistas
apuestan por cambios normativos. “La ley no ha fallado”, alegan, “el
fallo es que no se ha cumplido”.
Por el contrario, Ciudadanos aboga por “suspender la salida [forzosa]
de más militares cuando vayan alcanzado la edad crítica de 45 años”,
abre “la posibilidad de que puedan reincorporarse” los que han sido
despedidos; y propone estudiar un modelo que permita a los soldados
permanecer en filas “con carácter general” hasta el pase a la reserva,
como oficiales y suboficiales.
Finalmente, Unidos Podemos plantea, entre otras medias, una reforma
de la ley de la Carrera que integre a la tropa y revise sus tipos de
contrato; y un paquete de medidas urgentes para compensar a los soldados
por los incumplimientos de la ley y facilitar su reinserción laboral.
