miércoles, 25 de octubre de 2017

La Comunidad Autónoma delimita las áreas de la Reserva Marina de Cabo Tiñoso


CARTAGENA.- La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca delimitó cuatro áreas en la Reserva Marina de Cabo Tiñoso con el objetivo de que la protección y la preservación del entorno sean compatibles con la pesca artesanal en la zona.

En un comunicado de la Comunidad Autónoma, el consejero del ramo, Francisco Jódar, señaló que el Ejecutivo quiere contribuir a la propuesta de llegar a proteger al menos el 10% de la superficie de los mares y océanos del mundo para el año 2020, integrando reservas marinas y áreas marinas protegidas y facilitando la construcción de una conciencia colectiva que favorezca el respecto por el medio ambiente marino".
Jódar visitó la reserva marina con la directora general de Recursos Pesqueros y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), María Isabel Artime, y el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, donde anunció que, en base a los valores ecológicos existentes en Cabo Tiñoso, se establecieron cuatro células o áreas marinas.
La primera abarca un área circular de 500 metros de radio alrededor de la Isla de la Palomas y destaca la pradera de posidonia como hábitat para alevinaje de peces.
La segunda célula, o zona de Reserva Integral, tiene una valoración ecológica global muy alta, con praderas muy bien conservadas, que abarca una superficie de 86 hectáreas, y está reservada exclusivamente a la actividad científica.
La tercera contempla numerosos hábitats protegidos (cuevas sumergidas, bancos de arena y pradera, entre otros), tiene un área de 132 hectáreas y en ella se permiten los fondeos exclusivos en puntos autorizados, la pesca marítima profesional con artes autorizados y con censo cerrado de embarcaciones para limitar el esfuerzo pesquero y el buceo autónomo permitido, previa autorización.
Finalmente, la zona cuatro es la que abarca la mayor parte de la Reserva Marina, con un total de 850 hectáreas. Es la más abundante en pradera de posidonia y en bancos de arena y se trata de una zona de amortiguación.
El Mapama publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 8 de septiembre la declaración de Cabo Tiñoso como nueva Reserva Marina de Interés Pesquero, mediante una Orden ministerial en la que se define su delimitación, zonas y usos.

Los murcianos, los cuartos que más problemas de contaminación sufren

MADRID.- Murcia es la cuarta comunidad autónoma española en la que mayor porcentaje de población sufre problemas de contaminación o ambientales como humos, malos olores o aguas residuales, con un 15,5 por ciento de los residentes, frente a una media nacional del 10 por ciento.

Según los Indicadores de Calidad de Vida publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los porcentajes más elevados de población que sufre problemas de contaminación o ambientales correspondieron el pasado año a Ceuta (32,8 %), Melilla (20,8 %), Comunidad Valenciana (16,7%), Madrid (15,9%) y Canarias (15,8 %).
En cambio, los más bajos correspondieron a Castilla y León (3,2 %), País Vasco (3,6 %), Castilla-La Mancha (4,2 %), Navarra (5 %), Cantabria (5,3 %), La Rioja (5,4 %).

El TSJ rechaza que la Comunidad Autónoma deba pagar 116 millones por Marina de Cope

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha desestimado los recursos presentados por dos empresas inmobiliarias que reclamaban a la Comunidad Autónoma un total de 116,2 millones de euros después de haberse frustrado el proyecto urbanístico de Marina de Cope tras una sentencia del Tribunal Constitucional. 

En estos recursos, las empresas Arocasa, que pedía una compensación cercana a los 112,8 millones de euros, y Pydum, que solicitaba 3,5 millones, alegaban que, con las expectativas que abría el proyecto, habían puesto en marcha unos proyectos con los desembolsos correspondientes.
Añadían que, como el Constitucional anuló la disposición legal que habría permitido la urbanización de los terrenos afectados -parte de los cuales gozaban de protección medioambiental-, se había producido un caso de responsabilidad patrimonial que debía ser asumido por las arcas de la Administración regional. 
El TSJ recuerda además que, con anterioridad a estos dos recursos, se plantearon otros casos similares por parte de promotoras que exigieron la misma responsabilidad, y que resultaron con sentencias igualmente desestimatorias. 
Plantea la Sala que los apelantes sabían el riesgo que asumían al hacer sus inversiones, ya que eran conocedores de que existía un recurso de inconstitucionalidad que podía influir en su viabilidad, «por lo que lo asumieron voluntariamente».
«Por tanto -concluyen los magistrados- son de su cuenta y riesgo las pérdidas, como igualmente hubiera sido en su provecho el beneficio de haber salido adelante el proyecto».

La CSIF pide que las vacantes de los concertados se cubran con las listas de interinos

MURCIA.- Los responsables de CSIF de la Región se reunieron con la directora general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Juana Mulero, para trasladarle la «necesidad de modificar» los procesos selectivos a través de los cuales se cubren las vacantes de los centros concertados. 

Así, los responsables del sindicato consideran «justo y necesario» que las demandas de plazas de profesorado en los colegios e institutos concertados, que son sostenidos con fondos públicos, se cubran desde las listas de interinos de la Consejería de Educación.
Para CSIF, el acceso de los empleados públicos debe basarse en los principios de «igualdad, mérito y capacidad». 
Desde el sindicato consideran que estos principios «están siendo desplazados con el actual sistema de adjudicación para los centros concertados». 
Así, CSIF instó a los responsables de la Consejería de Educación a «escuchar la propuesta de nuestra organización sindical por considerarla justa, coherente y necesaria para avanzar en un sistema educativo equitativo para todos».

Tejerina advierte de que si persiste la sequía se limitará el agua para el regadío

MURCIA.- «Habrá restricciones de agua para el regadío para favorecer la del consumo de la población». No deja lugar a las interpretaciones la advertencia que lanzó la ministra de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Alimentación, si continúa la sequía en los dos próximos meses.

Isabel García Tejerina participó en el desayuno del Foro Europa en Madrid en el que afirmó que se trabaja para conseguir un amplio consenso en torno al Pacto del Agua, y subrayó que hay que planificarlo «con miras a los caudales hidrológicos y a las reservas ecológicas para preservar los que se encuentran en buen estado».
Tejerina volvió a insistir en que el problema del agua en España es «amplio y complejo» y precisó que el Ministerio se ha gastado cuatro millones de euros para la elaboración de un plan de planificación de agua, en el que se contemplan 10.000 actuaciones para el abastecimiento. También lanzó un mensaje a las autonomías castigadas por la sequía, como la Región, defendiendo que su Ministerio «se ha volcado en el sureste de España, al cual se han trasvasado 350 hectómetros». 
Todo ello para salvar la campaña de cultivos agrícolas.
La ministra también destacó que durante su mandato se ha establecido un «récord en cuanto a trasvases, desalación y reutilización de aguas subterráneas, que empezamos a movilizar, pero cada vez hay menos agua».
Durante su participación en el Foro Europa hizo un repaso a la labor del Ministerio para el cumplimiento de la ley de Aguas. En 2016, el Gobierno aprobó la revisión de los 12 planes hidrológicos de cuenca de segundo ciclo tras haber hecho lo mismo con los de primer ciclo, al tiempo que añadió que los mismos estarán vigentes hasta el 2021.
En cuanto a la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética, la ministra detalló que se han presentado más de 300 propuestas durante el periodo de alegaciones, que ya ha concluido. «España es vulnerable al cambio climático, por lo que es necesario paliar y prevenir y aplicarnos en las consecuencias de esos cambios», indicó Tejerina.
Una vez analizadas por su ministerio, se pasará la información a los diferentes partidos políticos del Congreso para la elaboración de esa normativa, para la que no hay una fecha exacta para su entrada en vigor. «La lucha contra el cambio climático debe convertirse en una oportunidad de desarrollo del tejido económico. Va a cambiar el sistema productivo».

La CARM creará un Consejo de la Infancia para dar voz a los menores

MURCIA.- El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, y el presidente del Comité Español de Unicef, Carmelo Ángulo, firmaron en el palacio de San Esteban una declaración institucional que, entre otros puntos, contempla la creación en la Región de un Consejo Autonómico de la Infancia y Adolescencia, como órgano de representación de niños y adolescentes y cauce de comunicación entre ellos y el Gobierno regional. 

En concreto, se trata de un «órgano de participación y colaboración donde niños y adultos puedan aportar sus ideas, sugerencias, opiniones e inquietudes en relación a las políticas relacionadas con la Infancia que se desarrollan en la Región», según fuentes del Ejecutivo regional.
Así, el Gobierno se compromete a tener en cuenta esas aportaciones en el diseño de políticas públicas que mejoren el bienestar de los niños. 
Otro de los puntos de la declaración institucional rubricada este martes con Unicef se refiere al impulso y respaldo del Programa de Ciudades Amigas de la Infancia con el objetivo de promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito local, la participación de niños y adolescentes en todos los temas que les afectan, y el fomento del trabajo en red entre los distintos municipios que formen parte de esta iniciativa.
La Región cuenta con cinco 'ciudades amigas' (Cieza, Lorquí, Murcia, Torre Pacheco y San Javier) más el reconocimiento de 'buenas prácticas' de Archena. 
Ser 'Ciudad Amiga de la Infancia' supone trasladar el compromiso con este colectivo al ámbito local, reconociendo a los niños el derecho a que sus voces y opiniones sean tenidas en cuenta. 
Igualmente, implica garantizar que todos los niños reciben servicios básicos como sanidad y educación, que son protegidos de la explotación, el abuso o la violencia, que cuentan con espacios de encuentro y juegos para compartir, así como espacios verdes y un ambiente sin contaminar, entre otros.

José Diego Mateos se presentará a la reelección como secretario general del PSOE en Lorca

LORCA.- El secretario general del PSOE en Lorca, Diego José Mateos, optará a al reelección en el cargo en la asamblea general del partido para la renovación de cargos que se celebrará antes de que acabe el próximo mes de noviembre.

Mateos, secretario general de los socialistas lorquinos desde julio de 2015, confirmó este miércoles su candidatura a preguntas de los periodistas y señaló que en las próximas semanas se conocerá la fecha de la asamblea en la que será elegida la nueva comisión ejecutiva del partido.
Sobre la representación del PSOE en Lorca en la nueva ejecutiva del PSRM-PSOE elegida este fin de semana, Mateos se mostró satisfecho y recordó que dos lorquinos, los concejales Marisol Sánchez y Antonio Navarro, forman parte de la misma.
Reconoció que Lorca pierde un representante respecto a la ejecutiva anterior, pero dijo que ese hecho responde a la decisión del nuevo secretario general regional, Diego Conesa, de reducir el número de miembros de ese órgano del partido, una política que él mismo también aplicará si revalida el cargo. La actual comisión ejecutiva del partido en Lorca está compuesta por una treintena de miembros.
Mateos (Lorca, 1975) es diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Murcia, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Autónoma de Madrid y concejal del PSOE desde 2015, cargo que compatibiliza con el de secretario del ayuntamiento de Águilas.

C's pide al Gobierno regional que aclare por qué no paraliza el macrovertedero de Cehegín

CARTAGENA.- Ciudadanos (C's) ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional para pedir explicaciones al Gobierno autónomo por no haber paralizado el macrovertedero de Sierra la Puerta, próximo a pantano del Argos, en el municipio de Cehegín.

El portavoz municipal de C's, Jerónimo Moya, recordó ayer que «el pasado 23 de febrero todos los grupos parlamentarios votaron a favor de una propuesta para evitar la instalación del vertedero de reciclaje y residuos peligrosos, así como para rechazar la ampliación y modificación sustancial de la autorización ambiental integrada». 
Sin embargo, «la realidad es que el vertedero se está instalando y tiene previsto iniciar su actividad en fechas próximas», manifestó Moya.

C's advierte que las adjudicaciones a 'Aldesa' están aprobadas «por un investigado de la presunta trama criminal del 'caso César'»

MURCIA.- El portavoz de del grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, advirtió al alcalde, José Ballesta, que las adjudicaciones a la empresa Aldesa están aprobadas "por uno de los investigados de la presunta trama criminal del 'caso César".

Así, , se trata del actual director de Actuaciones Técnicas de Adif, Ángel Antonio López, uno de los firmantes de los expedientes de gastos y modificaciones del proyecto de soterramiento de la Alta Velocidad a Murcia.
Por ello, Gómez exigió este miércoles "una revisión inmediata de los precios aprobados en las modificaciones del soterramiento y de los desvíos realizados por la Junta de Hacendados y Emuasa", tras verificar que uno de los firmantes está siendo investigado por su implicación en esta presunta red criminal que investiga los fraudes del AVE.
Y es que, aseguró Gómez, "en Ciudadanos ya hemos detectado sobrecostes en las adjudicaciones de las modificaciones del proyecto de soterramiento que, en breve, vamos a poner en conocimiento del presidente de Adif, Juan Bravo".
El portavoz de C's advirtió que "no vamos a permitir que la supuesta red criminal por el fraude del AVE alcance con sus tentáculos el soterramiento en Murcia", al tiempo que subrayó que "si José Ballesta no toma medidas contundentes y claras, podría convertirse en cómplice de un nuevo saqueo a los murcianos".

Tres administraciones públicas acuerdan la rehabilitación de 1.653 viviendas en 13 municipios de la Región

MURCIA.- La Comunidad Autónoma y el Ministerio de Fomento promoverán la rehabilitación y renovación de un total de 1.653 viviendas, así como la reurbanización de espacios públicos o la reconstrucción de edificios en 13 municipios de la Región, que supondrá una inversión de más de 15,6 millones de euros.

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, suscribieron este miércoles los convenios con los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca, Alcantarilla, Totana, Mula, Santomera, Abarán, Ceutí, Fortuna, Blanca, Albudeite y Ojós para el desarrollo de Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRU) en los municipios, dentro del Plan de Vivienda 2017.
"La renovación de estas viviendas y sus entornos tendrá una importante repercusión en los centros urbanos de estas localidades", aseguró Rivera, quien explicó que "los revitalizará mejorando su funcionalidad y la calidad de vida de la población residente, y también los convertirá en entornos más atractivos e inyectará mayor bienestar económico y social".
Pedro Rivera destacó que las obras contarán con subvenciones de las administraciones públicas por más de 7,2 millones, de los que la Comunidad Autónoma aporta 1,7 millones, con lo que "pretendemos mantener la identidad y peculiaridades locales y promover las actividades tradicionales de los barrios, fomentar la cohesión social, preservar la actividad económica local y estimular el sector de la construcción".
"La rehabilitación del parque edificado que contempla estos acuerdos ofrecerá nuevas oportunidades laborales en nuestra Región, pues se prevé que contribuya a la creación de 350 puestos de trabajo", señaló el consejero.
Para el responsable regional, las medidas para la regeneración urbana del Ministerio y la Consejería "dan muestra de la nueva dirección de las políticas de uso del suelo, que se dirige a la recomposición de suelos ya urbanizados y edificados con el fin de contribuir a la mejora del tejido urbano consolidado, al tiempo que se apuesta decididamente por la reconversión y activación del sector de la construcción".
Asimismo, Rivera subrayó que las familias son "una parte esencial" del plan para mejorar la conservación de sus viviendas, renovar sus instalaciones, optimizar la eficiencia energética y mejorar la accesibilidad para garantizar la igualdad de oportunidades, con el fin de "aumentar el bienestar social de las familias". Destacó que las familias tendrán acceso a ayudas y subvenciones para facilitar la ejecución de obras de rehabilitación o renovación de sus viviendas.
Las ayudas para rehabilitar edificios y viviendas pueden alcanzar un máximo de 14.850 euros por vivienda, casi el 50 por ciento del coste de las obras, e incluye actuaciones de conservación, renovación de instalaciones, accesibilidad y mejora de la eficiencia energética. Las subvenciones permiten ejecutar obras de conservación (cimentación, estructura, instalaciones, cubiertas, azoteas, fachadas u otros elementos comunes), y mejorar la accesibilidad a los edificios mediante la instalación de ascensores, mecanismos elevadores, rampas de acceso o similares.
También se promueve la mejorara de la eficiencia energética, para ello se subvencionan obras en carpintería y cerramientos de ventanas, instalar o sustituir sistemas de calefacción, refrigeración, producción de calefacción y ventilación y obras para mejorar el aislamiento térmico de redes y la instalación de equipos que utilicen energía renovable.

Actuaciones concretas por Ayuntamiento

Acuerdo para el ARRU de Lorca II mediante el que se renovarán 400 viviendas, con una aportación del Ministerio de Fomento de 2.200.000 euros, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 770.000 euros y de 3.315.714,29 euros por parte de particulares. En total se invertirán 6.285.714,29 euros.
Acuerdo para el ARRU de los Rosales de El Palmar II mediante el que se rehabilitarán 275 viviendas, con una aportación del Ministerio de Fomento de 571.546,90 euros, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 157.710,67 euros y del Ayuntamiento de Murcia de 903.733,56 euros. En total se invertirán 1.632.991,13 euros.
Acuerdo para el ARRU de Santomera mediante el que se rehabilitarán 200 viviendas, con una aportación del Ministerio de Fomento de 406.357 euros, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 120.050 euros, del Ayuntamiento de Santomera de 117.663 euros y de 516.950 euros por parte de particulares. En total se invertirán 1.161.020 euros.
Acuerdo para el ARRU en Ceutí mediante el que se rehabilitarán 45viviendas, con una aportación del Ministerio de Fomento de 307.141,39 euros, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 101.981,25 euros, del Ayuntamiento de Ceutí de 29.280,44 euros y de 439.143,75 euros por parte de particulares. En total se invertirán 877.546,83 euros.
Acuerdo para el ARRU del Centro Urbano de Cartagena mediante el que se rehabilitarán 155 viviendas, con una aportación del Ministerio de Fomento de 305.000 euros, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 105.000 euros, del Ayuntamiento de Cartagena de 9.285,71 euros y de 452.142,86 euros por parte de particulares. En total se invertirán 871.428,57 euros.
Acuerdo para el ARRU de Alto Palomo en Blanca mediante el que se rehabilitarán 45 viviendas, con una aportación del Ministerio de Fomento de 282.550 euros, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 97.142,50 euros, del Ayuntamiento de Blanca de 9.285,71 euros y de 418.307,50 euros por parte de particulares. En total se invertirán 807.285,71 euros.
Acuerdo para el ARRU de Abarán mediante el que se rehabilitarán 124 viviendas, con una aportación del Ministerio de Fomento de 279.667,15 euros, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 75.833,62 euros, del Ayuntamiento de Abarán de 116.999,35 euros y de 326.548,88 euros por parte de particulares. En total se invertirán 799.049 euros.
Acuerdo para el ARRU del Casco Urbano de Mula, Los Baños, La Puebla y Fuente Librilla mediante el que se rehabilitarán 50 viviendas, con una aportación del Ministerio de Fomento de 271.250 euros, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 83.912,50 euros, del Ayuntamiento de Mula de 58.500 euros y de 361.337,50 euros por parte de particulares. En total se invertirán 775.000 euros.
Acuerdo para el ARRU del Centro Urbano de Fortuna mediante el que se rehabilitarán 85 viviendas, con una aportación del Ministerio de Fomento de 267.668 euros, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 76.621,30 euros, del Ayuntamiento de Fortuna de 90.535,71 euros y de 329.940,70 euros por parte de particulares. En total se invertirán 764.765,71 euros.
Acuerdo para el ARRU del Casco Urbano de Totana mediante el que se rehabilitarán 80 viviendas, con una aportación del Ministerio de Fomento de 180.250 euros, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 63.087 euros y de 271.663 euros por parte de particulares. En total se invertirán 515.000 euros.
Acuerdo para el ARRU del Casco Urbano de Alcantarilla mediante el que se rehabilitarán 100 viviendas, con una aportación del Ministerio de Fomento de 172.550 euros, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 48.142,50 euros, del Ayuntamiento de Alcantarilla de 65.000 euros y de 207.307,50 euros por parte de particulares. En total se invertirán 493.000 euros.
Acuerdo para el ARRU Casco Urbano de Ójos y Partido de la Cuna mediante el que se rehabilitarán 70 viviendas, con una aportación del Ministerio de Fomento de 166.000 euros, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 41.650 euros, del Ayuntamiento de Ojós de 87.285,71 euros y de 179.350 euros por parte de particulares. En total se invertirán 474.285,71 euros.
Acuerdo para el ARRU del Casco Urbano de Albudeite mediante el que se rehabilitarán 24 viviendas, con una aportación del Ministerio de Fomento de 66.360 euros, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 22.050 euros, del Ayuntamiento de Albudeite de 6.240 euros y de 94.950 euros por parte de particulares. En total se invertirán 189.600 euros.

'Consumur' pide al Gobierno medidas «contundentes ante la desprotección del consumidor frente a las eléctricas

MURCIA.- La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios (Consumur), pidió hoy al Gobierno medidas "contundentes" para poner fin a un marco regulatorio "que deja continuamente desprotegido al consumidor en beneficio de las eléctricas". La asociación criticó públicamente que este lunes tuviera lugar la mayor subida en lo que va de 2017 del precio de la electricidad, alcanzado a las 19.00 horas 182,54 euros por megavatio por hora.

El actual sistema de fijación del precio de la electricidad permite, como así denuncia la asociación, que las eléctricas "suban continuamente los precios con el beneplácito del Gobierno".
Así, recordaron fuentes de la asociación, el coste del kilovatio Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor(PVPC), la tarifa que tiene contratada la gran mayoría de los hogares españoles, depende del precio de la subasta mayorista, los peajes, que establece el Ministerio, y de los posibles ajustes.
Consumur subrayó que la variable de "posibles ajustes", en la que se encuentra el concepto "reserva de potencia adicional a subir", es "abusiva, a pesar de ser legal", y lamentó que a ella "se acogen las eléctricas para inflar el precio".
De este modo, desde la asociación de consumidores consideran "incomprensible que la escasez de agua y la falta de viento sean los causantes de la gran subida del lunes, dado que no se produjo una situación excepcional al resto de días". 
Además, recordaron que este máximo anual en el precio llega en una época del año en la que las temperatura no son extremas ni el consumo de refrigeración o calefacción son destacables.
Para el presidente de Consumur, Roberto Barceló Vivancos, "el sistema tarifario diseñado para favorecer los intereses del oligopolio de la energía eléctrica da un nuevo pellizco al bolsillo de los ciudadanos escondiéndose en aspectos nada transparentes como los que aluden a 'posibles ajustes", que ha considerado un "cajón de sastre que realmente esconde la posibilidad de reajustar sus balances, ya de por sí altamente saneados".
Así, recordó Barceló, "venimos denunciando la política de los distintos gobiernos, tanto de un signo como de otro, que favorecen los intereses de estas compañías en detrimento de los generales, en un sector tan sensible para el desarrollo de la economía de un país, como de un servicio tan esencial para los ciudadanos en el marco del modelo socioeconómico que vivimos."
Finalmente, fuentes de Consumur recomendaron a a los consumidores y usuarios que deseen recibir más información sobre su factura eléctrica o cualquier otro problema en materia de consumo, que acudan a la organización presencialmente, o bien llamando al Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario, (968) 22 30 82.

Aprueban la organización del Consejo de Vivienda de la Región

MURCIA.-El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se regula la organización, composición y régimen de funcionamiento del Consejo de Vivienda de la Región de Murcia, cuyo objetivo será impulsar la planificación de la política pública regional en materia de vivienda.

Este órgano, que tendrá su sede en la Consejería con competencias de vivienda, se constituirá en un plazo máximo de dos meses y se reunirá con carácter ordinario como mínimo una vez al cuatrimestre.
El Consejo de Vivienda de la Región facilitará la coordinación entre los distintos agentes relacionados con el sector, así como el estudio y análisis de la evolución de la vivienda en la Región, conclusiones que podrán ser tenidas en cuenta por el Consejo de Gobierno en la planificación de su política pública en materia de vivienda.
Entre sus funciones destacan las de establecer criterios que permitan homogeneizar las posiciones de los distintos agentes implicados en el sector, proponer medidas para la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda y plantear líneas de actuación en materia de promoción pública.
Asimismo, valorará la evolución del sector de la vivienda en materia de compraventa, rehabilitación y arrendamiento, elevará a los órganos competentes las propuestas que estime oportunas y promoverá la cooperación y colaboración entre las entidades representadas en el Consejo a fin de coordinar distintas iniciativas en la materia.
El Consejo de Vivienda de la Región estará compuesto por un presidente, un vicepresidente y 17 vocales que representarán la Administración regional, a través de los departamentos con competencias en materia de vivienda y política social, y organismos que representan a municipios, vecinos, consumidores, personas con discapacidad, colegios profesionales, profesionales del sector de la construcción y entidades financieras que operan en la Región.

Sierra Espuña renueva el certificado de destino turístico sostenible


MURCIA.- El Parque Regional de Sierra Espuña ha renovado la acreditación de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), el certificado de ámbito europeo que otorga la Federación Europarc a los espacios naturales protegidos que han demostrado su compromiso práctico con el turismo sostenible.

Además, el pasado mes de junio, la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente entregó los certificados de renovación de la CETS a 11 empresas turísticas el entorno, siendo en la actualidad un total de 18 los establecimientos de la zona que poseen esta marca de calidad.
La directora general de Medio Natural, Consuelo Rosauro, ha recordado que "el Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno está acreditado con la CETS como Espacio Natural Protegido desde el año 2012, y es de momento el único destino de la Región que lo posee, con lo que se garantiza al visitante la importancia de un comportamiento ambiental adecuado y el disfrute de una experiencia de calidad en un entorno privilegiado".
Este reconocimiento ha sido posible, ha explicado, "gracias a la elaboración y ejecución de una estrategia turística y un plan de acción adaptados a las particularidades del territorio, con el objetivo de mejorar la viabilidad ambiental, social y económica del turismo". 
En concreto, para el Parque de Sierra Espuña se elaboró en 2016, a través de un proceso participado en el territorio, una nueva Estrategia y un Plan de Acción que comprende diferentes acciones hasta 2021.
Tras recibir este verano la visita del verificador de la CETS para la correspondiente evaluación del parque, se acordó por unanimidad volver a otorgar el certificado de la Carta al Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno para los próximos cinco años. 
Además, según afirmó Rosauro, "desde el comité se ha felicitado a la Región de Murcia y a todos los socios de este proyecto por su firme y clara apuesta por el turismo sostenible".
El mantenimiento de esta acreditación ha sido posible gracias al trabajo conjunto del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, Integral, Asociación Espuña Turística, Asociación Murcia Activa y Asociación conservacionista Meles.
Gracias a todos ellos y a la labor realizada "ha sido posible llevar a cabo el desarrollo de la II fase de la Carta, con la acreditación de 18 establecimientos de la zona, y se ha logrado convertir este proyecto en un referente sólido y continuado en el tiempo, donde la participación y la planificación consensuada están haciendo posible la consecución de objetivos comunes en la línea del ecoturismo", ha indicado Rosauro.

El PSRM critica que el Gobierno regional no le ha respondido a 100 preguntas

CARTAGENA.- El PSRM ha pedido amparo a la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, la socialista Rosa Peñalver, ante la "reiterada opacidad" del Gobierno autonómico, al que acusa de acumular casi 100 solicitudes de información socialistas, admitidas a trámite por la Mesa y sin contestar pasado el plazo límite reglamentario.

En un comunicado, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Rafael González Tovar, ha exigido una "respuesta inmediata" a sus preguntas al Gobierno, ya que no es posible acceder a la información solicitada por ningún otro cauce.
Las iniciativas pretenden saber el destino de subvenciones, qué ha pasado con las ayudas del Banco Europeo de Inversión para la reconstrucción de Lorca tras los terremotos de 2011 o qué se ha hecho con la que se decidió para los regadíos de El Raiguero y El Paretón, en Totana.
Otros requerimientos versan sobre la puesta en marcha los consejos de salud de área, informes de la Intervención de la Comunidad Autónoma o el dinero que se ha gastado el Ejecutivo en atenciones protocolarias.
González Tovar ha asegurado que los diputados de su grupo llevan dos años solicitando esta información y que el Ejecutivo murciano ha hecho caso omiso.
"No deberían haber dado lugar a llegar a esta situación ilógica si fuera cierta la transparencia de la que tanto alardea el Gobierno regional", ha apuntado.
Finalmente, ha censurado la "ausencia de respeto" al trabajo de la Cámara por parte de San Esteban, ya que además de estas solicitudes de información el PSRM ha denunciado que el Ejecutivo tampoco cumple las mociones que salen aprobadas del hemiciclo.
"Se están saltando las reglas del juego, demostrando unas formas antidemocráticas e impidiendo a los grupos de la oposición hacer el legítimo uso del control parlamentario", ha concluido.

El Colegio de la Región denuncia al Consejo General de Enfermería por corrupción

MURCIA.- El Colegio Oficial de Enfermería de la Región ha confirmado que ha presentado un informe a la Fiscalía en el que se denuncian presuntos delitos de malversación, apropiación indebida, estafa y cohecho por parte de la junta directiva del Consejo General de Enfermería.

Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Murcia, "al tener conocimiento de presuntos hechos delictivos por parte del Consejo General de Enfermería y cumpliendo con nuestro deber como ciudadanos, presentamos denuncia ante la Fiscalía el pasado 24 de mayo. Denuncia que ha sido admitida a trámite y asignada a un fiscal de delitos económicos".
Del mismo modo, desde el órgano colegial desmienten "radicalmente la información publicada en El País este miércoles facilitada por el Consejo General, asegurando que desde el Colegio se ha informado públicamente en redes sociales sobre este paso dado ante la Fiscalía. En ningún momento se ha emitido ningún comunicado al respecto, siendo esta la primera comunicación oficial sobre la denuncia emitida por nuestra Junta".
Además, desde el Colegio de la Región destacaron que el Consejo General de Enfermería ha llevado a cabo una "persecución" contra la Junta de Gobierno del órgano murciano para "tapar las presuntas irregularidades cometidas durante años".
A pesar de la "persecución, presión continua y acoso a los miembros de nuestra junta, seguiremos al frente de nuestra institución sin doblegarnos", añadieron.
Desde la Junta de Gobierno del Colegio de la Región han exigido "la dimisión del actual presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, quien consideramos no está legitimado para ostentar el cargo de máximo representante de la enfermería española, al estar inmerso junto al resto de la cúpula del Consejo en una investigación de la Fiscalía por presuntos delitos de malversación, apropiación indebida, estafa y cohecho".
También expresaron, a través de un comunicado, el deseo del Colegio murciano de que se "convoque un proceso electoral con garantías democráticas, gestionado por personas ajenas a la actual cúpula directiva del Consejo General de Enfermería, para garantizar la limpieza, transparencia y legalidad del mismo, petición que hemos elevado a la ministra de Sanidad".

Cien mil toneladas de sal se espera extraer este año de las salinas pinatarenses


SAN PEDRO DEL PINATAR.- La cosecha de sal en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro alcanzará este año las cien mil toneladas, según informó hoy la directora general del Medio Natural, Consuelo Rosauro, tras asistir esta mañana al inicio de los trabajos de cosecha, informa la Comunidad Autónoma.

Rosauro destacó cómo "la actividad salinera humana ha contribuido a configurar las tramas paisajísticas y ecológicas que supone el paraíso para las aves y otras especies que es este espacio natural y su compatibilidad con una actividad socioeconómica".
El 60 por ciento de este mineral se comercializa en sacos de 25 kilogramos para distintas industrias, como la alimenticia; el 25 por ciento en paquetes de uno o dos kilos para la venta en comercios y el resto se comercializa en las llamadas 'big bags' de mil kilos, aunque se está reduciendo la venta de este formato en favor de los otros.
La directora de Medio Natural recalcó que "las salinas de San Pedro del Pinatar constituyen una de las expresiones más armoniosas de intervención humana en el litoral, vivo ejemplo de aprovechamiento de los recursos, que da como resultado unos ecosistemas capaces de sustentar una alta diversidad y, a la vez, mantener la capacidad de generar servicios de gran relevancia económica".
La esencia del proceso salinero consiste en la progresiva evaporación de agua del Mar Menor, aumentando la concentración en sales del agua de mar almacenada en estanques poco profundos, hasta alcanzar el gradiente que provoca la precipitación de la fracción del cloruro sódico cuya recolección hoy ha comenzado.
El proceso de evaporación se ve favorecido por efecto de los vientos, que actúan retirando el vapor de agua que se eleva sobre las balsas.
El agua se bombea desde el Mar Menor a dos circuitos de diferente recorrido donde circula a lo largo de una serie de balsas comunicadas entre sí mediante compuertas.
En los primeros estanques de almacenamiento se produce la decantación de las impurezas en forma de partículas sólidas que pueden contener el agua, hasta alcanzar una concentración de 70-80 gramos de sal por litro.
Conforme continúa incrementándose la concentración, comienza a precipitar el sulfato cálcico, aumentando la concentración hasta alcanzar los 300-325 gramos de sal por litro de agua, antes de pasar al siguiente grupo de balsas, que recibe el nombre de 'concentrador de cabecera'.
Los 'concentradores de cabecera' se controlan exhaustivamente, ya que son los encargados de alimentar con salmueras saturadas a los denominados 'cristalizadores'.
Este último grupo de balsas ocupa una menor extensión, puesto que se ha reducido mucho el volumen de agua inicial, pero son las más importantes debido a que en ellas se produce la precipitación del cloruro sódico, obteniéndose costras de sal de entre siete y casi catorce centímetros de espesor.
Para extraer la sal se vacía el 'cristalizador' mediante canales. El cloruro sódico precipitado forma una capa de espesor determinado, se extrae con una excavadora que rompe la capa de sal y unas palas la amontonan para que escurra el agua. La sal extraída se lleva a la fase de lavado, en la que se eliminan impurezas adheridas.
Después del lavado pasa a un grupo de centrifugadoras para eliminar contenido de agua y reducir el porcentaje de humedad y la sal de toda la cosecha se almacena en un montón (acopio principal).
En función de su uso, las sales cosechadas suelen sufrir un proceso de lavado para eliminar impurezas o pueden ser expedidas tal cual.

El empresario jumillano García Carrión hace frente a un posible boicot y mantiene la sede en Cataluña


MADRID.- García Carrión, la empresa murciana propietaria del vino de mesa Don Simón, está dispuesta a hacer frente a un posible boicot y apuesta por mantener la sede de su bodega de cava Jaume Serra en Cataluña. De acuerdo con los datos que figuran en el Registro Mercantil, la filial mantiene su domicilio social en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú, publica El Economista.

Fuentes no oficiales de la compañía han confirmado a este periódico que, por ahora, "no se ha producido ninguna novedad al respecto ni ha habido un traslado". Rafaela Corujo, vicepresidenta y esposa del presidente y propietario de la compañía, José García Carrión, ha declinado sin embargo hacer ningún tipo de valoración. "No tengo nada que decir", aseguró el martes ante la llamada de este periódico.
La decisión de García Carrión, que está especializado en la venta de cava a precios muy bajos, choca con la de los dos grandes productores catalanes, Freixenet y Codorníu, que lideran el mercado. El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, anunció precisamente este martes que el consejo de administración de la compañía se reunirá la semana que viene para aprobar su marcha. Bonet reconoció que "no le hace gracia" que la empresa, con sede en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), tenga que irse después de cien años de historia en la región.
Durante su intervención en el evento Forbes Summit, el presidente del gigante de cava, señaló, no obstante, que es "algo que hay que hacer" para proteger a sus empleados y a sus accionistas. En este sentido, el presidente de Freixenet ha aclarado que en el caso de que se declarase una Cataluña independiente, algo que ve como "poco probable", Freixenet pasaría a ser una multinacional española con presencia en Cataluña.
En referencia a los boicots que se están produciendo contra los productos procedentes de empresas afincadas en Cataluña, Bonet reconoció, no obstante, que hay un boicot a los productos catalanes, una actuación que, en su opinión, es "muy lamentable", además de una "reacción política ideológica" que nada tiene que ver con el producto en sí.
La que ya ha aprobado su salida es Codorníu. El pasado 16 de octubre, la empresa de la familia Raventós, cansada de esperar una solución a la situación de "incertidumbre política y jurídica en la que se encuentra sumida Cataluña", anunció el traslado de su sede social, hasta ahora en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), a Haro (La Rioja). Todo con el objetivo de garantizar los intereses de sus trabajadores y clientes.
Desde Codorníu explicaron en ese momento a elEconomista que se trataba de una decisión que se ha tomado "por responsabilidad empresarial", y que afecta a la matriz del grupo, Unideco, que agrupa a todas las bodegas de la firma repartidas tanto por España como el resto del mundo. La primera semana de octubre, tras el referéndum ilegal del 1-O, había alertado en un comunicado que se planteaba la opción de cambiar su sede social, reivindicándose entonces como "empresa catalana y también española, la más antigua del país, desde el año 1551".
Aunque mantiene la sede ahora de su filial de cava en Cataluña, García Carrión sí que tiene la sede del grupo en la localidad de Jumilla, en la Región de Murcia. Había anunciado un plan muy agresivo en 2014 para duplicar su tamaño, pero está muy lejos de conseguir sus objetivos y sufre una continua caída de las ventas. Además, este mismo año se ha tenido que enfrentar a la salida de Luciano García Carrión, hijo del presidente, y uno de los máximos responsables de la expansión de la compañía mediante la firma de acuerdos a nivel internacional.
Luciano García Carrión abandonó la empresa por discrepancias con sus padres, según han confirmado fuentes próximas a la compañía, que se ha quedado ahora sin heredero.

Un año de cárcel para los hermanos que secuestraron a un socio de 'Trampolín Hills'

MURCIA.-La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a un año de prisión a los hermanos M.A.G.T. y A.G.T., que en la comparecencia para la que fueron citados reconocieron haber secuestrado a uno de los socios de Trampolín Hills Golf Resort, R.A., en un intento de conseguir el dinero adelantado por la compra de varias viviendas de una urbanización fallida.

De acuerdo con el pacto de conformidad, según se recoge en la sentencia, los acusados son condenados a la citada pena de prisión y al pago de una multa cada uno de 540 euros por los delitos de detención ilegal y realización arbitraria del propio derecho.
En concepto de responsabilidad civil, deberán indemnizar al perjudicado con la suma de 4.920 euros por todos los conceptos, incluidas las costas de la acusación particular.
La sentencia declara probado que los hechos ocurrieron el 23 de febrero de 2010, cuando los acusados, provistos de dos pistolas, se presentaron en las oficinas de la empresa ubicadas en la pedanía murciana de Gea y Truyols y exigieron al denunciante la devolución del dinero entregado por las vivienda, ya que las mismas no habían sido construidas.
Como no consiguieron su propósito, lo metieron en una furgoneta, con la que viajaron hacia los lugares donde solía estar el otro socio, A.M., al que no encontraron.
El secuestro acabó con la intervención de la Guardia Civil, que había sido avisada por un testigo que lo había presenciado.

Murcia levanta a Valladolid para luchar por el soterramiento

VALLADOLID/MADRID.- Los vecinos del barrio de La Pilarica, en Valladolid, se sumarán el próximo sábado en Madrid a los de la capital murciana para demandar el soterramiento del tren en ambas capitales.

A través de un comunicado, los vecinos de este barrio, al que la puesta en marcha hace dos años del AVE entre Valladolid y León dejó aislado al cerrarse el paso a nivel que les unía con la ciudad, reclamarán el soterramiento del ferrocarril frente a la proyectada integración en superficie del mismo.
A juicio de los vecinos, los habitantes de las dos capitales tienen "idénticos problemas al quedar las ciudades partidas por la mitad por las vías del tren", por lo que ven el soterramiento como "la mejor solución para los problemas de comunicación y exclusión social generados por el tren en superficie".
"El Ministerio de Fomento se empeña en unir ciudades mediante alta velocidad pero olvida comunicar a los vecinos que viven a uno y otro lado de la vía", señalan.
En cuanto al problema de comunicación de este barrio, el pasado 29 de septiembre el administrador ferroviario Adif aprobó la licitación del proyecto de construcción de un túnel, que cruzará por debajo de la vía, con un presupuesto de 8,6 millones y un plazo de ejecución de dieciocho meses.

Primer kilómetro del soterramiento

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha avanzado hoy en el Congreso que las obras de soterramiento de las vías del AVE a su llegada a Murcia comenzarán el próximo 15 de noviembre, con un primer tramo de 530 metros, y que el proyecto para soterrar otros 580 metros se aprobará el viernes.

En respuesta a una pregunta de la diputada socialista María González Veracruz, De la Serna ha anunciado también que el proyecto para completar el soterramiento de los 4 kilómetros previstos, que supondrá una inversión de 606 millones de euros, estará listo a finales de año y se licitará en el primer trimestre de 2018.

El titular de Fomento ha reiterado que las obras que permitirán la llegada de la alta velocidad a Murcia terminarán en cuatro meses, a finales de febrero o principios de marzo.


Según el ministro, ya hay una empresa trabajando sobre el terreno, aunque "algunos no la dejan", para preparar el desarrollo del primer tramo que se va a soterrar, de 530 metros de longitud.

A ese primer tramo se sumará otro de 580 metros, cuyo proyecto se aprobará el viernes, y finalmente el soterramiento se extenderá hasta cubrir 4 kilómetros.

De la Serna ha dicho que el PSOE prometió la llegada del AVE en 2014 y el soterramiento de las vías, pero no cumplió el compromiso de llevar la alta velocidad a Murcia y no soterró "ni un solo centímetro lineal".

González Veracruz ha acusado al Gobierno de no estar comprometido con el soterramiento de las vías del AVE y ha dicho que los murcianos necesitan "hechos y no palabras huecas y vacías".
 

Los huertanos recibirán hasta un 49% menos de agua este invierno


MURCIA.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, ha planteado hoy en la Junta de gobierno de este organismo restricciones para el regadío de hasta el 49 por ciento, excepto para los cultivos anteriores a 1933, a los que se les aplicará sólo el 38 por ciento. 

En este sentido, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha advertido que los árboles no entienden de años ni de legislación, y si hay restricciones deberían de ser a todos por igual y debería de en el futuro algo de agua para todos.
Sin embargo, comprende que el ahorro que se les pide "se va a tener que producir porque no hay agua ni en la cuenca del Segura ni en la del Tajo".
Por su parte, el presidente del organismo del que depende el abastecimiento del agua en el Levante español (Mancomunidad de los Canales del Taibilla), Adolfo Gallardo, ha asegurado que en el próximo trimestre no habrá restricciones a la población a pesar de la falta del agua del Tajo gracias al comportamiento de regantes y de recursos extraordinarios, a lo que se suma el menor consumo en invierno respecto a la época estival.
El consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Francisco Jódar, expresó en la Junta de gobierno de la CHS la preocupación del ejecutivo autonómico por una situación hídrica "extrema" y propuso una reunión en mes y medio para revertir la restricción al regadío en el caso de que en las próximos semanas llueva.
Ródenas comenzó la Junta de Gobierno exponiendo la situación general de la cuenca del Segura, y así recordó que este último año hidrológico ha sido el décimo peor de toda la serie histórica de los 87 años de estadística con los que cuenta este organismo estatal, con tan sólo 215 hectómetros cúbicos de agua de aportaciones y dejando en los embalses unas reservas disponibles de 155 Hm3, mientras la situación de la cabecera del Tajo la calificó de "muy preocupante".
Se trata del tercer año de sequía en la cuenca del Segura, que actualmente se encuentra en situación de "emergencia", pero con la salvedad que este año ha coincidido con una sequía general en todo el país.
El ahorro que se ha propuesto al regadío tiene como objetivo poder disponer de agua en primavera de 2018, que es cuando hay mayor consumo en los cultivos, ya que en invierno el arbolado tiene menores consumos, y los frutales de hueso y los cítricos pierden sus hojas.
"Vamos al día a día y vivimos de lo que pueda llover este año" hidrológico, concluyó Ródenas, en declaraciones a los periodistas antes de la reunión.
Curisamente Gallardo también habló del trabajo "día a día para que no haya problemas", y que están vigilantes ante esta situación, por lo que han pedido a los ayuntamientos que respondan con moderación en los consumos de agua, dejando a cada consistorio las medidas de sensibilización oportunas según su criterio.
Entre las medidas extraordinarias con las que contará el abastecimiento humano se baraja derivar agua hacia Cartagena del acuífero Mingogil-Villarones y al norte de la Región desde el acuífero del Molar (Calasparra).
Comentó que si hasta ahora el agua venía desde arriba de la cuenca hacia abajo, ahora lo hará desde el mar, es decir, desde las desaladoras hasta arriba, por lo que serán importantes las inversiones del Ministerio de Agricultura en las conducciones que permitan distribuir el recurso.
A su juicio, el regadío entiende la situación porque "estamos todos en el mismo barco; todos necesitamos agua", y aseguró que en la medida que puedan facilitarán agua para el regadío que lo necesite.
El que la demanda de agua baje en estos meses frente a la época estival, reconoció que les viene bien en estos momentos, y advirtió que pasará tiempo hasta que la cabecera del Tajo vuelva a almacenar 400 hectómetros.
Jódar recordó que los pozos de sequía tienen una capacidad limitada, y calificó la restricción en las concesiones de agua como una medida "extrema y rígida que hay que adoptar con muchísimo cuidado", por lo que ha presentado matizaciones a la propuesta de CHS.
En concreto solicita el gobierno que el agua restringida sea administrada directamente por la CHS, regulando las aportaciones y cómo se va a ir administrando el caudal.
Lucas afirmó que "pedir el esfuerzo de los agricultores sin traer soluciones que podían haberse traído hace muchos años es un ejemplo de irresponsabilidad supina, y hoy vamos a pagar las consecuencias".
Añadió que el "esfuerzo para garantizar el abastecimiento humano es algo muy serio; eso quiere decir que no estará asegurado en el futuro. La desalación no suple el defecto que tenemos de agua del Tajo", agregó, y confió en que "no vaya a peor porque el año pinta muy mal".
Explicó que ya hay comunidades de regantes sin dotación de agua y otras que dependen únicamente de aguas residuales y de acuíferos, mientras que citó importantes fincas hortícolas que se encuentran "levantadas" y sin producción por falta de agua.
Respecto a la posible reducción de la superficie regable, reconoció que será algo inevitable en el futuro si sigue sin venir agua, y criticó que "en pleno siglo XXI, con la cantidad de agua que ha discurrido por España, estamos pendientes de la lluvia, que es la solución de la administración a todo este tipo de males".
Explicó además que un total de 44 millones de árboles dependen del regadío en el Levante español y que está en serio riesgo de desaparición el sector agroalimentario.


Posicionamiento de la CARM

Francisco Jódar aseguró hoy, tras asistir a la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que “el Gobierno regional va a estar siempre junto a los regantes murcianos, por lo que esta mañana hemos defendido los intereses de los regantes a la propuesta de gestión de agua planteada con la CHS”.
Jódar explicó que “había un acuerdo unánime de todos los asistentes a la reunión de votar a favor de la propuesta de la CHS de reducir las concesiones de caudales para el regadío tradicional en un 38 por ciento, y un 49 por ciento para el resto de regadíos; sin embargo, no había conformidad con la forma de gestión de agua planteada por la CHS”.
Ambas propuestas de la CHS estaban incluidas en el mismo punto, por lo que desde el Gobierno regional se ha pedido “la posibilidad de votar cada propuesta de forma aislada”. Dicha solicitud se ha denegado, por lo que regantes y Gobierno regional han votado en contra de la propuesta de la CHS.
El titular de Agua expresó la “gran preocupación que para el Gobierno regional supone la situación de extrema sequía que atravesamos ante la falta de recursos hídricos”. Por ello, añadió, “una vez más hemos mostrado nuestro apoyo a los regantes y hemos planteado al organismo de cuenca la celebración de reuniones periódicas para hacer un seguimiento exhaustivo de cómo se van a efectuar las restricciones aprobadas en la reunión de hoy”.
El consejero concluyó que “estamos en el tercer año de sequía, una sequía que no se vivía desde hace años, y las precipitaciones se hacen cada vez más necesaria porque los recursos extraordinarios se agotan, por lo que todos tenemos que hacer un uso responsable de ellos”. 

Multan con 4,5 millones al Ayuntamiento de Mazarrón y la promotora de la urbanización 'Camposol'

MURCIA.- El Consejo de Ministros no ha cambiado ni un sola coma del expediente sancionador que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) propuso en abril contra la promotora Justo y Manoli y el Ayuntamiento de Mazarrón, por levantar cientos de chalés y dúplex de la urbanización Camposol a lo largo del cauce de la rambla de Los Aznares, adelanta hoy el diario decano La Verdad.

El pasado viernes, el Ejecutivo central ratificó la propuesta del organismo de cuenca, fijando para la promotora y el Consistorio «una sanción de 1.000.000 de euros y la obligación de indemnizar por los daños causados al dominio público hidráulico, en la cuantía de 3.569.239 euros, por la ocupación, sin autorización administrativa, de bienes de dominio público hidráulico y realización de obras de urbanización en la rambla de Los Aznares».
El acuerdo del Consejo de Ministros no ha sido notificado todavía al Ayuntamiento, pero la alcaldesa, Alicia Jiménez, avanzó que presentarán un recurso de reposición y, en caso de que sus alegaciones vuelvan a ser desestimadas, «iremos a la vía contencioso-administrativa». La regidora también ha solicitado una reunión con Liliana Ardiles, la directora general del Agua del Ministerio, para tratar de mitigar el impacto que una multa de 4,5 millones tendría para las arcas municipales. «Vamos a agotar todas las vías, nuestras alegaciones se deben tener en cuenta porque han sido contundentes».
Jiménez se mostró muy molesta con la CHS porque considera que tiene parte de responsabilidad en la construcción, sin control alguno, de parte de la macrourbanización en la rambla. «Hace 25 años se dio traslado a la Confederación del plan parcial El Saladillo para darle luz verde, ellos lo aprueban y al cabo de los años aparece un cauce (Los Aznares) que ellos mismos no han detectado». Y añadió que «es muy fácil multar a una administración local, pero ellos son los que vigilan los cauces».
La regidora quiere explicarle personalmente a la directora general del Agua que desde que la promotora abandonó la urbanización Camposol en 2011, a causa de sus problemas económicos, el Ayuntamiento ha ejecutado diversas actuaciones. De hecho, antes de que acabe el año le entregarán al organismo de cuenca un estudio técnico con una propuesta alternativa a la restitución del cauce de la rambla de Los Aznares.
La CHS reconoció que es imposible recuperar el cauce original «porque habría que tirar abajo las casas». El organismo de cuenca admitió que «habría que realizar un cauce alternativo» y el Consistorio le propondrá el desvío de los caudales propios de Los Aznares, mediante un encauzamiento soterrado, a través de la calle Mosquera y avenida de Los Cobachos. 
El equipo de Gobierno evitará a corto plazo el impacto económico de la multa de Camposol sobre las arcas municipales, pero no las consecuencias políticas. La edil de Ciudadanos Agustina Ruiz avanza que presentará al Pleno «un expediente de responsabilidad para derivar el pago de la multa a los concejales que gestionaron el plan parcial de El Saladillo». Uno de ellos sería el exalcalde Francisco Blaya (PP), quien ya ha dejado plantada en dos ocasiones a la Comisión Territorial de la Asamblea Regional que investiga los desperfectos que sufren 500 casas de Camposol, por haberse levantado en la rambla. 
«Debería asistir porque ahora está en nómina de la Comunidad, trabaja en el Gabinete de la Consejería de Hacienda». 
La edil naranja justifica la tramitación de un expediente de responsabilidad «porque es injusto que los mazarroneros tengamos que asumir una sanción como esa».

Meten a la Región de Murcia en una hipotética República Federal Andaluza

SEVILLA.- La izquierda radical-agraria declarará la independencia de Andalucía el 4-D. La batalla principal se da entre PSOE y Podemos y están convirtiendo de hecho el próximo 4-D en una fecha más importante que otras veces. Se trata, sobre todo, de dirimir si el 4 de diciembre de 1977 cientos de miles de andaluces se echaron a la calle por lograr un referéndum de autodeterminación o para promover una autonomía de primera, como la de Cataluña, País Vasco y Galicia, en la España constitucional. Además, se debate incluso si el proceso de autonomía andaluza fue constitucionalmente legal o si se forzó la legalidad para conseguirla, publica hoy Libertad Digital.

No acaba ahí la exhumación política del año 1977, porque la izquierda, esta vez toda unida, quiere saber si el alcalde de Málaga, el popular, Francisco de la Torre, tuvo alguna responsabilidad en no considerar un informe policial sobre la muerte del joven Manuel García Caparrós en Málaga en dicha fecha.
Por si fuera poco, la extrema izquierda articulada en torno a Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo y encauzada por la Asamblea Nacional Andaluza impulsa la declaración de independencia de Andalucía el próximo día 4 de diciembre reclamando una república que agrupe a las ocho provincias andaluzas, parte de Murcia, parte del Algarve portugués e incluso de la comarca marroquí del Rif. Aunque no lo ha dicho expresamente, se supone que se incluye asimismo a Ceuta, Melilla y Gibraltar.
Todo comenzó con la intervención de Pablo Iglesias en 2015, que se refirió al 4-D andaluz como la manifestación por un referéndum de autodeterminación política, justificando de ese modo lo que ocurre en Cataluña en ese supuesto precedente andaluz.
Juan Carlos Blanco, portavoz del gobierno de Susana Díaz, acusó este martes a Iglesias de pretender reescribir la historia de Andalucía y España. "Querer comparar lo que está pasando en Cataluña con Andalucía no se sostiene de ninguna manera y, en todo caso, Pablo Iglesias tendrá que dar explicaciones a los suyos y a todos, por semejante comparación tan grotesca", recoge ABC que dijo.
Iglesias y Podemos Andalucía siguen sosteniendo, además, que el proceso de la autonomía de Andalucía no fue totalmente legal y que fue necesario forzar la legalidad para conseguir un acuerdo político, en alusión al hecho de que Almería no consiguió los votos necesarios a favor de la autonomía y que fue preciso una reforma legal para obviar el obstáculo.
La Junta de Andalucía ha respondido que el proceso de la autonomía andaluza se hizo con respeto absoluto de las reglas del juego y de las leyes en el marco constitucional. Siguiendo la pauta de la transición, la Junta señaló que todo es posible dentro de la ley y de la democracia y que es inexcusable la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan.
Sin embargo, IU, Podemos y PSOE están coincidiendo en pedir el esclarecimiento de la muerte del joven militante de Comisiones Obreras, Manuel García Caparrós en la Málaga de ese día de 1977 que fue alcanzado por un tiro en la manifestación pro autonomía, hecho del que todavía no se conocen todos los detalles. El PSOE ha anunciado que llevará el caso Caparrós al Parlamento andaluz exigiendo la publicación de las actas de la Comisión que investigó el caso hace 40 años.
Resultando que el actual alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, fue uno de los 35 miembros de aquella comisión que estudió el caso, IU y Podemos, con la simpatía del PSOE, le exigen que explique por qué no se tuvo en cuenta entonces un documento del Ministerio de Gobernación que podría contener los nombres de los responsables del disparo.
En esta ceremonia de exhumación del 4 de diciembre de 1977, la nota más llamativa la está aportando la Asamblea Nacional Andaluza que ya ha anunciado que el próximo 4 de diciembre declarará formalmente la independencia de Andalucía. El presidente de la entidad, Pedro Ignacio Altamirano, ha dicho que se hermanaban con la causa separatista catalana y que Andalucía seguiría los pasos independentistas de Cataluña.
El nombre de la nueva entidad política será "República Federal Andaluza" e incluirá todos los considerados Países Andaluces, a imagen y semejanza de los Países Catalanes del separatismo catalán, formado, además de por las ocho actuales provincias andaluzas, por Murcia, el Algarve portugués y el Rif marroquí, al menos en parte, y probablemente Ceuta, Melilla y Gibraltar.
La posición de Altamirano, escritor apoyado por Esquerra Republicana, Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, la explica él hoy mismo en su periódico La Hora de Málaga: "La actual España se encuentra por tanto al borde del precipicio que marca la línea que separa democracia y dictadura… lo que nos jugamos es permitir que el actual Gobierno que preside el Sr. Mariano Rajoy traspase o no, esa línea y vuelve a llevar a España a la lista de los países con dictadura".

La Fiscalía recurre la sentencia de la CAM porque considera que el daño está acreditado

ALICANTE.- Como era previsible, será el Tribunal Supremo el que al final tendrá la última palabra en el proceso por el falseo de las cuentas de la CAM. Una causa que acaba de sentenciar un tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Nacional que ha condenado a penas que van de los 2,9 a los cuatro años de prisión a los exdirectivos Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogorb y Francisco Martínez por un delito de falsedad contable que, en opinión de la sala, no ha provocado perjuicio alguno. Motivo por el que no contempla ninguna responsabilidad civil. A los penados únicamente se le obliga a abonar una multa que, en el peor de los casos, supera en poco los 18.000 euros. 

Un fallo que no comparte el fiscal Luis Rodríguez Sol (en la imagen), quien ya ha anunciado su intención de interponer un recurso ante el Supremo por entender que, en contra de lo que mantiene el tribunal, sí está acreditado el perjuicio causado por la actuación de los condenados. Un daño que el representante del Ministerio Público circunscribe a quienes compraron cuotas participativas cuando las cuentas de la entidad estaban falseadas (se declararon beneficios cuando se arrastraban pérdidas), periodo que fija entre marzo y julio de 2011, según publica hoy el diario Información.
Sin cuestionar las absoluciones del expresidente Modesto Crespo (a quien no acusaba) y de los exdirectores Vicente Soriano, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa, el acusador público interpone el recurso por infracción de ley, es decir, porque los hechos considerados probados por el tribunal no se han calificado como debieran, según su criterio.
Para Rodríguez Sol, los exdirectivos condenados no sólo tenían capacidad para causar daño sino que se lo hicieron a todos aquellos que compraron cuotas cuando la imagen que se ofrecía de la caja de ahorros no se correspondía con la real.
Sobre el cobro de remuneraciones, que la sentencia valida «porque tenían las autorizaciones pertinentes», Rodríguez Sol no tiene previsto plantear objeción alguna pese a que en este punto el tribunal tampoco ha estimado sus tesis.
El recurso del fiscal, que ahora se anuncia pero que después será formalizado por la Fiscalía del Supremo, no va a ser el único contra una sentencia que, salvo a los absueltos, a Caser como responsable civil directo y al Banco Sabadell como subsidiario, no ha dejado contento a nadie.
A los recursos que con toda seguridad interpondrán los cuatro exejecutivos condenados se suman los que ya han anunciado los grandes perdedores de este proceso: los cuotapartícipes. El letrado murciano Diego de Ramón, los valencianos Bon Llar y el mallorquín Cristóbal Pons (con 600.000 euros en cuotas) ya confirmado que apelarán en defensa de sus intereses.
Un camino que es más que probable que seguirán la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos, otro de los damnificados del procedimiento.
La heredera de la Obra Social de la CAM, que ha respirado como responsable civil subsidiaria por la comercialización de las cuotas, reclamaba cerca de 60 millones por lo que ha dejado de percibir por el hundimiento de la caja mientras el Fondo pretendía recuperar parte de los 5.249 millones que le inyectó a la caja para venderla saneada al Sabadell.

Froilán y Mar Torres-Fontes rompen definitivamente


BARCELONA/MADRID.- Después de un verano bien romántico donde han estado muy caramelizados, se les ha acabado el amor. Froilán y Mar Torres-Fontes habrían roto la relación definitivamente, al no soportar a la heredera de El Pozo la presión de salir con el hijo de la infanta Elena, recoge El Nacional.

La chica se había convertido en su primera novia oficial, y juntos han ido a Ibiza, Madrid, Marbella y Mallorca. Llegando a presentarla a la familia, incluso, consolidando un poquito más la relación.
A finales de agosto algunos medios hablaron de una presunta crisis en la pareja, apuntando ya a la presión mediática que les habría afectado. Un mes después, sin embargo, se dejaron ver juntos otra vez en el concierto de Maluma y parecía que todo estaba solucionado. Ahora bien, en aquella ocasión protagonizaron un tenso momento con los fotógrafos al insultarles por perseguirles.
Parece que aquella habría sido la gota que bolcó el vaso, porque no se han vuelto a dejar ver juntos. Y ahora el portal web Look asegura que la ruptura ha llegado. Se conocieron el pasado 2015 en el internado de Guadalajara donde iban, con lo que llevaron la relación a distancia al entrar Froilán en el centro de Estados Unidos.
Ahora que volvían a estar juntos parecía que la relación podría funcionar, pero no ha sido así. Mar querría recuperar su anonimato después de poner fin a esta relación.
También El Español publica que... el final del verano llegó y con él, el primer desengaño amoroso de Felipe Juan Froilán (19 años). El nieto del rey emérito ha disfrutado de unos meses estivales de fiesta, salidas, viajes, playa, sol... y amor con Mar Torres-Fontes (19), la joven de familia ilustre con la que compartía su vida durante los últimos meses. Sin embargo, el romance ha tocado a su fin. Habrá que esperar para ver si hay reconciliación.
Según ha podido saber este digital, la noticia no ha pillado por sorpresa a sus amigos, pues algunos de los cuales ni siquiera apostaban por la relación. En la pandilla, Mar no era vista con muy buenos ojos debido a que sentían que Froilán se dejaba llevar en muchas ocasiones por ella y parecía que estaba más entregado que la sagaz y avispada joven. 
El sobrino de Felipe VI (49) ha protagonizado sus últimas salidas públicas en solitario. Así, viajó hasta Sevilla en el puente del 12 de octubre para asistir a la boda del relaciones públicas Javier Calle con una ilustre heredera de la capital hispalense. Ni rastro de Mar. En su lugar, acudió su amigo, el torero Gonzalo Caballero (25), a quien por cierto también fue a ver torear Froilán durante una corrida solidaria. Mar tampoco acudió esta vez. Ni siquiera compartió momentos con el joven durante las fiestas del Pilar en Zaragoza.
Lo cierto es que estas decisiones sorprenden teniendo en cuenta que prácticamente no se han separado en todo el verano. En Mallorca, donde estuvieron con el resto de la Familia Real; Ibiza, donde disfrutaron de unos días invitados por el padre de Mar; Marbella, donde se relajaron bajo la sombrilla y el lujo; o Sotogrande, fueron algunos de los lugares donde la pareja se dejó ver y dio rienda suelta a su amor.
Una pasión que, a juzgar por la información adelantada por Look, se ha esfumado en las últimas semanas. Mar Torres, heredera de la empresa de alimentación El Pozo, prefiere mantenerse al margen y no quiere ni confirmar ni desmentir la separación. En su lugar, lo que quiere es recuperar el anonimato al que renunció cuando decidió comenzar una relación con el sobrino del jefe del Estado.
Aunque ambos se conocían desde hacía años, no fue hasta 2016 cuando dejaron de ser solo amigos y comenzaron a salir. Felipe Juan Froilán y Mar coincidieron en el colegio Safa de Sigüenza en 2014. Poco después, el joven cruzó el charco para continuar con sus estudios en Estados Unidos. Su amistad siguió intacta gracias a las nuevas tecnologías y poco a poco fue convirtiéndose en algo más. 
De hecho, Froilán había decidido comenzar sus estudios universitarios en Madrid entre otras razones para poder estar más cerca de su novia, con la que apareció en público por primera vez el pasado mes de junio durante un desfile en Las Ventas.

El TSJ devuelve los casos 'Púnica' y 'Auditorio' al perder su competencia

MURCIA.- La Sala Civil y Penal declara la pérdida de competencia para continuar el procedimiento de los conocidos como caso Púnica y caso Auditorio. En sendos autos ya notificados, se indica que la pérdida de la condición de diputado regional de Pedro Antonio Sánchez, investigado en ambas causas, conlleva la pérdida de aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia, desde la fecha en que aquella tuvo efecto, según recoge la Cadena SER.

Por ello, se acuerda remitir las actuaciones al órgano del que procedían inicialmente las investigaciones -Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, en el caso Púnica, y al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Lorca- en Auditorio, "a fin de que continúen su tramitación".
En este punto la Sala añade que mantiene la "competencia funcional a los exclusivos efectos de resolver los recursos pendientes" a resoluciones dictadas antes de la declaración hoy notificada.
Así, con una relación detallada, señala la existencia de tres recursos pendientes en el caso Púnica (apelación al auto de no competencia de Tribunal Jurado y dos de reforma contra una providencia), y seis recursos al auto de conclusión de la instrucción en el caso Auditorio (apelación al auto del instructor de transformación a procedimiento abreviado).

Los 'hombres de negro' piden acelerar la privatización de Bankia-BMN

MADRID.- Silencio de los 'hombres de negro' sobre el impacto en la economía española de la crisis catalana. Los inspectores de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE) que visitaron Madrid la semana pasada han reclamado este lunes al Gobierno de Mariano Rajoy acelerar la privatización de la entidad resultante de la fusión de Bankia-BMN y mejorar la gestión de la Sareb, el banco malo que acumula el ladrillo tóxico de las cajas rescatadas, adelanta El Español.

"Los preparativos de la fusión entre Bankia y Banco Mare Nostrum están bien avanzados. Reanudar la venta de la participación del FROB en la entidad fusionada (..) reforzará el sector bancario español", resalta la declaración conjunta de la Comisión y el BCE tras el fin de la misión
El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció en verano su intención de vender en bolsa hasta un 9% de Bankia este mismo año. Pero las turbulencias bursátiles provocadas por la crisis catalana le han obligado a congelar estos planes indefinidamente.
Los inspectores reclaman además al Gobierno de Mariano Rajoy que aplique en su totalidad la reforma del sector de las cajas de ahorro. Y en particular que obligue a todas las fundaciones bancarias a desinvertir las participaciones que todavía tienen en algunas cajas de ahorro.
El otro foco de preocupación para los 'hombres de negro' -expresión acuñada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro- es la evolución del banco malo. Aunque continúa haciendo progresos en la venta de activos inmobiliarios, "sus resultados financieros todavía no han mejorado, lo que requiere medidas específicas adicionales en la gestión de la Sareb", señala el comunicado.
Bruselas y el BCE sostienen que el sector bancario español salió reforzado de la liquidación del Banco Popular en junio, ya que se hizo sin pérdidas para los contribuyentes y los depositantes. No obstante, avisan de que sostener una rentabilidad suficiente a medio plazo continua siendo "un desafío clave para muchas instituciones".
 "Esto se debe sobre todo a los bajos tipos de interés, al decreciente margen para mejorar la eficacia operativa y a una actividad crediticia todavía débil".
Por todo ello, los inspectores piden que se mantenga una "vigilancia cuidadosa" sobre la evolución del sector bancario. 
"Algunas entidades de crédito españolas tendrán que continuar adaptando su modelo de negocio", subrayan.
Los 'hombres de negro' alertan de que, pese al actual "crecimiento sólido y equilibrado", la economía española todavía se enfrenta a problemas graves como la elevada deuda pública y privada y la alta tasa de paro, especialmente entre los jóvenes y los trabajadores poco cualificados. Y reclaman al Gobierno de Rajoy que reanude cuanto antes la agenda reformista.
"Afrontar estos retos es urgente, ya que algunos de los vientos de cola que han apuntalado los esfuerzos reformistas en España y la fuerte recuperación, como los bajos precios del petróleo, están desapareciendo", señala el comunicado.
En particular, la Comisión y el BCE piden medidas adicionales para reducir el paro, hacer que el mercado laboral sea más inclusivo y mejorar el entorno para las empresas. "Es más, las autoridades deben aprovechar la oportunidad que les da la firme recuperación económica para proseguir la consolidación fiscal con el fin de garantizar una reducción decisiva del déficit público y del ratio de deuda y reconstruir los amortiguadores presupuestarios que permitirán a España superar cualquier impacto adverso", concluye la declaración.
La octava misión de vigilancia de los 'hombres de negro' a Madrid tras el fin del rescate bancario se desarrolló entre el 16 y el 18 de octubre. El objetivo de los inspectores es garantizar que España podrá devolver los 41.000 millones del programa de asistencia financiera que la UE le concedió en 2012. El Gobierno ya ha realizado cinco pagos anticipados, con lo que la cuenta pendiente de España con Bruselas se ha reducido a 33.700 millones de euros.

Peligro de propagación del conflicto en España y alarma en Europa / Antonio Sánchez-Gijón *

La in­mi­nente apli­ca­ción del art. 155 de la Constitución que man­tendrá el au­to­go­bierno de Cataluña bajo la tu­tela del go­bierno de Madrid hasta que haya nuevas elec­ciones au­to­nó­mi­cas, está po­la­ri­zando las fuerzas po­lí­ticas es­pañolas in­tere­sadas en de­bi­li­tar, des­acre­ditar o sim­ple­mente de­rribar el ré­gimen cons­ti­tu­cional vi­gente. 

Esas fuerzas han em­pe­zado ya a mo­vi­li­zarse y or­ga­ni­zarse. Esos mo­vi­mien­tos, a su vez, en­cuen­tran eco en otras partes de España donde existe un fuerte mo­vi­miento na­cio­na­lista: el País Vasco y Navarra. 
La percepción sobre los riesgos para la paz que pueden resultar de la resistencia de los independentistas a la suspensión del ‘govern’ y de su presidente, empieza a alarmar a Europa. 

En síntesis, y por orden de mención, se han producido los siguientes hechos:
La Associació de Municipis per la Independencia (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM), que entre las dos agrupan a 700 municipios, con una mayoría de ellos muy pequeños, hicieron a primera hora de la tarde del domingo día 22 un llamamiento a mostrar “el rechazo total a la aplicación del art. 155 de la Constitución Española” y pedir la celebración de plenos extraordinarios, desde el próximo lunes al miércoles, para denunciar que su aplicación “liquida, de facto, la autonomía catalana a través de un fuerte ataque a los derechos de los catalanes y catalanas”.

Además, culpabiliza al gobierno por ”la incapacidad de diálogo del Estado español”. El comunicado escoge palabras potencialmente aptas para suscitar una fuerte reacción popular: el gobierno, dice, ha optado “por la vía de la represión”, usando de “la brutal violencia policial contra la población pacífica del 1 de octubre”.

La mayor parte de los municipios reunidos en esas asociaciones participaron en el despliegue de colegios electorales informales el pasado 1-O y ayudaron a las votaciones y al recuento de votos, a pesar de la prohibición expresa de hacerlo por parte del Tribunal Constitucional. Puede presumirse, entonces, que se van a mostrar igualmente activos en cualquier intento organizado de obstaculizar el despliegue de las fuerzas del orden comandadas desde el ministerio de Interior.

La expectación creada por los acontecimientos de Cataluña tiene eco en el País Vasco, con consecuencias difíciles aún de discernir. La portavoz de la independentista EH Bildu, Maddalen Iriarte, aseguró que “Euskalherría también será estado independiente en breve”. Iriarte confirmaba con esa frase la sospecha suscitada por el presidente del partido popular vasco, Alfonso Alonso, en el sentido de que en Euskadi ya están dados los ‘ingredientes’ para reproducir una situación similar a aquella por la que pasa Cataluña.

En las próximas horas o días será preciso prestar atención a los ecos que lo de Cataluña tendrá entre las fuerzas pro-catalanistas de la Comunidad Valenciana y las islas Baleares.

La precipitación de los acontecimientos de Cataluña ha producido una primera reacción de alarma en una cancillería europea. Jean-Ives Le Drian, ministro francés de Exteriores, describió la actual situación del conflicto catalán como la contraposición entre “un estado de derecho que hay que respetar”, y “el riesgo de una dislocación peligrosa”.

La aplicación del art. 155 CE llevará consigo la necesidad de hacer frente a movilizaciones populares, como las registradas el 1-O y en la semana que acaba de terminar, en que han participado cientos de miles de partidarios de la independencia.

Según sus organizadores, fueron 2.300.000 para la ‘consulta’ y 450.000 para apoyar a los dos líderes populares del movimiento independentista, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, detenidos por su colaboración en poner cerco durante toda una noche a la Guardia Civil, mientras realizaba una diligencia judicial.

Por otra parte, ya se han producido ataques cibernéticos contra instituciones del estado, que en algún caso han durado unas horas. El ministerio del Interior intentó este domingo convencer a la opinión de su total confianza en los Mossos, a pesar de las investigaciones judiciales sobre algunos de ellos por su pasividad o complicidad en la votación ilegal.

La lealtad de ese cuerpo policial (17.000 agentes) al gobierno es crucial para que se pueda aplicar el 155 con toda su eficacia. De otro modo, todo el peso de su ejecución descansaría en los 8.000 agentes de la guardia civil y la policía nacional actualmente desplegados en Cataluña.

El ministerio del Interior debe asegurar el control y tranquilidad de centenares, si no millares, de puntos en riesgo de ser asediados o sobrepasados por militantes independentistas, tales como juzgados (unos 800 jueces en territorio catalán), fiscalías, la delegación del gobierno en Barcelona y otras capitales, centros de comunicaciones de todo tipo, acuartelamientos, sedes de partidos políticos opuestos a la secesión, nudos de carreteras principales, aeropuertos y puertos.


(*) Periodista