CARTAGENA.- El interventor general de la Comunidad Autónoma, David Rodríguez, ha
asegurado en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la
Asamblea Regional que las cuentas generales correspondientes a los
ejercicios 2020 y 2021 "presentan fielmente la situación económica,
financiera y patrimonial" de la Comunidad y fueron remitidas en plazo al
Tribunal de Cuentas. Sin embargo, ha advertido de que el déficit del
Servicio Murciano de Salud (SMS) ha causado desequilibrios financieros
en las cuentas de dichos años.
Durante su intervención, el
interventor ha advertido de la distorsión que provoca en los datos
económicos el déficit del Servicio Murciano de Salud (SMS), que
representa el 97% de las pérdidas del sector público.
Según ha
explicado, los derechos de cobro a la administración están
sobrevalorados en más de 1.300 millones de euros y las obligaciones de
pago infravaloradas en 1.000 millones, debido al déficit acumulado de
financiación del SMS. Esta situación afecta directamente al cálculo del
remanente de tesorería, dando una imagen de solvencia que "en realidad
no existe".
Rodríguez ha señalado que esta sobrevaloración
podría haber generado consecuencias graves, como una falsa percepción de
liquidez que llevara a incorporar créditos injustificados o a dar una
imagen errónea a posibles prestamistas.
"Afortunadamente, en los años
que llevo como interventor no se ha incorporado ningún remanente no
afectado", ha matizado. Además, ha expuesto que "a partir de 2023 se han
empezado a introducir ajustes contables para reflejar el deterioro del
valor de esos derechos considerados de dudoso cobro".
En
relación con los presupuestos, en 2020 se partió de unos créditos
iniciales de 6.000 millones de euros, que tras modificaciones
ascendieron a casi 7.500 millones. En 2021, el presupuesto definitivo
alcanzó los 8.000 millones.
El grado de ejecución fue del 96% en 2020 y del 95% en 2021. Los derechos reconocidos netos fueron de 7.400 millones en 2020 y de 8.161 millones en 2021, siendo el sistema de financiación autonómica la principal fuente de ingresos (52% en 2020 y 47% en 2021).
El interventor ha destacado también la importante contribución de los
fondos extraordinarios recibidos para afrontar la crisis del COVID-19.
Respecto al déficit, la Región cerró 2020 con un -1,2% del PIB y 2021
con un -1,4%, lejos de los objetivos indicativos fijados para esos
años. La deuda pública pasó de 10.181 millones de euros en 2020 a 10.660
millones en 2021. Por otro lado, los plazos de pago a proveedores
mejoraron desde mediados de 2020, permitiendo al Ministerio de Hacienda
levantar el procedimiento de retención de fondos en enero de 2021.
Durante su comparecencia, Rodríguez ha valorado el control financiero
ejercido en esos años, destacando una ejecución de los controles
situada entre el 79% y el 94%, a pesar del impacto de la pandemia.
También ha recordado que se emiten anualmente más de 18.000 informes de
fiscalización y que el porcentaje de reparos se mantiene en niveles
mínimos, en torno al 0,25%.
Finalmente, ha señalado que uno de
los principales retos es ajustar el gasto público a las necesidades
reales de la Administración, y ha respaldado las recomendaciones del
Tribunal de Cuentas sobre la conveniencia de implantar procesos
centralizados de compra para mejorar la eficiencia del gasto.
"Debemos
conciliar la calidad de los servicios públicos con una gestión
presupuestaria responsable", ha concluido.
Por parte de los
grupos parlamentarios, la socialista Carmina Fernández ha calificado de
"devastador" el informe, asegurando que pone de manifiesto "una
situación de ruina" en la Comunidad.
Ha criticado "la desorganización"
en la administración regional y ha afirmado que, pese a una financiación
desbordada en 2020 y 2021 por los fondos COVID, el Gobierno regional
fue "incapaz" de controlar las cuentas.
El diputado del PP
Carlos Albaladejo ha reconocido que la situación financiera es
mejorable, pero ha señalado que la pandemia dificultó la gestión. En ese
sentido, ha defendido los planes estratégicos del Gobierno regional y
ha insistido en que la infrafinanciación es la principal causa de los
problemas económicos.
"La Región es la peor financiada de España", ha
recalcado.
Desde Vox, Rubén Martínez ha denunciado la "dejadez
histórica" del Ejecutivo y la falta de control contable, recordando que
siguen sin aprobarse cuentas desde 2013. Ha acusado al Gobierno de "no
saber hacer las cuentas o de que alguien se está llevando el dinero".
También ha alertado del "agujero" económico del SMS y ha exigido
modificar su normativa. Ha criticado que otros entes como ESAMUR o el
Instituto de Industrias Culturales también presenten desequilibrios.
Podemos, a través de Víctor Egío, ha lamentado que la cuenta general
no incluya una visión completa del sector público. Ha subrayado que el
SMS es el responsable del 97% de la deuda y que la Región ha
incrementado su deuda respecto al PIB. Ha instado a hacer un análisis
realista del sistema de financiación y del funcionamiento del modelo
sanitario regional.
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