MURCIA.- La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha criticado que el precio de los alquileres "subió más del doble que lo hará el Salario Mínimo Interprofesional", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.
En este sentido, Podemos ha recordado que los colectivos que apoyan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a la vivienda salieron a la calle en Murcia este viernes por la tarde para "hacer escuchar su voz".
La ILP cuenta con el respaldo de Podemos, cuya militancia "se ha volcado con la recogida de firmas que se necesitan para que se tramite en la Asamblea Regional", según las mismas fuentes.
Marín ha trasladado también su apoyo a la movilización, en la que también estuvo presente el diputado en el Congreso y coordinador de la formación morada en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna.
"Ayer conocimos que el salario mínimo va a subir un 4,4% en 2025, mientras el precio de los alquileres se ha disparado casi un 11% en 2024 en la Región de Murcia", ha declarado Marín, quien ha criticado que "la brecha entre los sueldos y los alquileres sigue creciendo y la vivienda es ya el principal problema de los españoles y las españolas, no solo de los jóvenes".
Sin embargo, ha lamentado que "las soluciones políticas siguen sin llegar".
A su juicio, "el plan de vivienda
asequible del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, es
un insulto, que solo va a servir para regalar suelo público a los
constructores, favorecer sus pelotazos y dar ayudas públicas a familias
con rentas de hasta 3.900 euros al mes, que no son precisamente las que
más las necesitan".
Asimismo, ha asegurado que "las medidas
del Gobierno de España son demasiado tímidas".
Por todo ello, desde
Podemos han afirmado que "sobran razones para salir hoy a la calle a
defender el derecho a la vivienda, en apoyo a la Iniciativa Legislativa
Popular que colectivos como el Sindicato de Vivienda o la PAH han
lanzado para llevar a la Asamblea este gravísimo problema".
"Exigimos que se intervenga un mercado que solo favorece la especulación
y se limiten los precios y también que se construya de una vez vivienda
100% pública, de calidad y económica", ha concluido Marín.
Se suma IU-Verdes
Esta tarde ha tenido lugar en la capital murciana una movilización masiva convocada por las organizaciones sociales, sindicales y políticas promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a una vivienda digna en la Región de Murcia, entre las que está Izquierda Unida-Verdes.
La manifestación visibilizó la recogida de firmas necesarias para llevar la propuesta a la Asamblea Regional, en respuesta a la grave crisis de acceso a la vivienda que, según la formación, sigue siendo ignorada por el Ejecutivo murciano.
A lo largo del recorrido, estuvieron presentes destacados cargos institucionales de Izquierda Unida-Verdes de toda la Región, como el coordinador regional de la organización José Luis Álvarez-Castellanos, John David Babyack, coordinador municipal de IU en el municipio de Murcia, concejales y concejales de diversos municipios, y Penélope Luna, Teniente Alcalde de Abarán, quienes expresaron su firme apoyo a la causa.
La movilización se convirtió en un grito colectivo para exigir que la vivienda deje de considerarse un lujo y se reconozca como un derecho fundamental.
La manifestación partió desde la Plaza de la Cruz Roja, un espacio emblemático en la lucha social, y se dirigió hacia la Delegación del Gobierno, donde se exigió un compromiso estatal con el acceso a la vivienda digna en la región.
El recorrido continuó hasta el Ayuntamiento de Murcia, con la demanda al consistorio de que presionara al Gobierno regional para aplicar la Ley Estatal de Vivienda y declarar zonas tensionadas en la ciudad. Los precios del alquiler en Murcia siguen un ascenso descontrolado, lo que está forzando tanto a numerosas familias a abandonar sus hogares o a destinar una parte insostenible de sus ingresos al pago de la vivienda, como a una inmensa mayoría de las personas jóvenes que cada día ven más inaccesible acceder a la vivienda.
La manifestación concluyó frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno autonómico, donde se leyó un manifiesto por parte de todas las entidades que forman parte de la ILP, exigiendo la implementación efectiva de la Ley de Vivienda Estatal y la creación de una normativa autonómica con mecanismos reales de protección para inquilinos y compradores, haciendo lectura por parte de IU la máxima edil de la formación en el consistorio abaranero, Penélope Luna, quien subrayó que "el acceso a la vivienda en la Región de Murcia se enfrenta a una doble presión: la creciente inaccesibilidad de precios tanto en compra como en alquiler, y la respuesta del gobierno regional, que anuncia un "incipiente decreto" para la construcción de 1.644 viviendas destinadas al alquiler asequible.
Sin embargo, este decreto ha generado controversia, ya que se basa en la cesión de suelo público y equipamientos para llevar a cabo el proyecto, pero establece un límite de ingresos de 6,6 IPREMs (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que equivale a 3.960 euros mensuales o 55.440 euros anuales".
También presente en la movilización, Jose Luis Álvarez-Castellanos, máximo dirigente regional de IU reafirmó la postura histórica de su partido ante los medios: "la vivienda debe dejar de ser un lujo y convertirse en un derecho accesible para todos y todas", apuntando que "el Presidente Autonómico López Miras presume de un 'nuevo modelo' de VPO sin calificación de protección, pero en su mandato sólo ha promovido 28 viviendas públicas. Sin intervención decidida y sostenida en el mercado, no habrá una política eficaz de vivienda"
En un intento de desmovilización social, el Ejecutivo murciano había anunciado hace dos semanas la elaboración de un decreto para la construcción de viviendas asequibles. Sin embargo, según destacan fuentes de la formación de izquierdas, consideran que dicho decreto es insuficiente, ya que favorece a las rentas más altas, permitiendo que personas con ingresos de hasta 50.000 euros anuales accedan a estas viviendas. Esta medida, señalan, deja fuera a las familias realmente afectadas por la crisis de la vivienda.
Aunque la recogida de las 10.000 firmas necesarias para llevar la propuesta al debate en la Asamblea Regional se presenta como un paso importante, desde Izquierda Unida-Verdes reconocen que las posibilidades de que sea aprobada en un parlamento dominado por fuerzas políticas poco comprometidas con la causa son limitadas. No obstante, confían en que la presión popular será clave para obligar al Gobierno a reaccionar y adoptar medidas reales y efectivas.
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