CARTAGENA.- La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea 
Regional ha pedido que en los Presupuestos regionales se incluya una 
partida presupuestaria para poner en marcha en Yecla un Centro de 
Formación Profesional Especializado para la Industria del Mueble en 
Yecla. La petición se ha hecho a través de una moción de Vox, que ha 
sido aprobada con el apoyo del PSOE y la abstención del PP.
   El
 diputado de Vox Pascual Salvador, que ha señalado que la cantidad a 
establecer podría ser de 1 millón de euros, ha explicado que el CETEM se
 ha encargado de la formación teórica en aula, pero "ha identificado que
 esta formación se queda corta si no se une a la práctica con maquinaria
 especializada, que desgraciadamente no pueden impartir a día de hoy por
 falta de espacio".
   Es por eso por lo que el equipo director 
del CETEM ha contratado el diseño de un edificio de formación 
especializada con el espacio suficiente para poder impartir la formación
 teórica y práctica demandada por el sector, para aportar personal 
especializado y cualificado al proceso productivo de fabricación de 
mobiliario.
   Según el parlamentario, para la construcción de 
esta infraestructura se precisa la colaboración entre varias 
administraciones. Hasta ahora, ha dicho, "la administración local ha 
llegado a un acuerdo con el resto de entidades involucradas en el 
proyecto acerca de la ubicación de las futuras instalaciones en unos 
terrenos adecuados para tal fin dentro del municipio de Yecla".
 
  Ya se están tramitando los correspondientes expedientes urbanísticos 
para la adecuación administrativa y urbanística del suelo, pero, añade 
Salvador, "es imprescindible que la administración regional inicie sin 
más dilación las labores de búsqueda de financiación propia y europea".
   Desde el PP, Josefa Carreño ha recordado que Vox forma parte del 
Gobierno de Yecla y que las competencias de industria las tienen ellos 
en el Consistorio. Según ha explicado, el solar en el que se quiere 
ubicar el centro tiene una parte de titularidad pública y otra privada.
   La parte pública requiere de un cambio de clasificación del suelo.
 "Los trámites ya los ha iniciado el Ayuntamiento", ha asegurado 
Carreño, que ha advertido que el CETEM no ha concretado ni cerrado la 
compra de los terrenos de titularidad privada.
 "No se puede pedir que se
 incorpore una partida específica para construir el centro cuando no hay
 aún un proyecto de centro ni se han adquirido los terrenos", ha 
advertido.
   La socialista Virginia Lopo, por su parte, 
considera que es normal que se incluyan partidas en los presupuestos 
"cuando aún no está hecho el proyecto. No es la primera vez que se hace y
 se puede hacer", ha señalado.
   La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea 
Regional también ha pedido al Gobierno nacional que asuma íntegramente 
la Seguridad Social de los alumnos en prácticas. Lo hace a través de la 
aprobación de una moción del PP, que ha contado con el voto a favor de 
VOX y el voto en contra del PSOE.
   La diputada del PP Mari 
Ángeles Román considera que el Gobierno de España "ocasiona un gran 
perjuicio para el sistema de prácticas". 
Tal y como ha recordado, en 
España las prácticas laborales están bonificadas en un 95% a la 
Seguridad Social, mientras que son las propias administraciones 
regionales, las universidades o las empresas las que deben asumir el 5% 
restante. Esto, ha dicho, "desincentiva que las empresas soliciten 
alumnos en prácticas".
   Desde el PSOE, Virginia Lopo ha 
recalcado que las comunidades autónomas y las universidades pidieron un 
mayor plazo para adaptarse a la nueva normativa y que así se concedió.
   Según la parlamentaria, el hecho de que las prácticas también coticen
 a la Seguridad Social "es una extensión de los derechos de los más 
jóvenes y supone un reconocimiento de su tiempo como cotizado".
 
  A su juicio, el problema es que el Gobierno regional "no quiere 
pagar", por lo que les ha pedido que "cumplan con sus competencias en 
Educación y dejen de culpar a otros de su incompetencia".
   El 
diputado de Vox Ignacio Arcas, por su parte, considera que con la 
cotización de los alumnos en prácticas, lo que se pretende es "falsear 
los datos de afiliación a la Seguridad Social", ya que, como ha 
recordado, cuando se está dado de alta en la Seguridad Social haciendo 
prácticas, "no se tiene derecho al paro".
   La iniciativa 
aprobada pretende que el Ministerio de Educación asuma íntegramente la 
cotización a la Seguridad Social de los alumnos en prácticas y que se 
cree también un fondo específico para financiar las cotizaciones de los 
estudiantes en prácticas, así como informar a estos y a empresas de sus 
derechos y obligaciones durante las prácticas.
   Finalmente, la Comisión ha aprobado una enmienda a la totalidad del 
PP a una moción del PSOE para pedir que se integre de nuevo la Comunidad
 en el Consorcio Administrativo La Manga Consorcio.
   La 
enmienda aprobada con el voto a favor del PP y la abstención de Vox 
recalca que la Comunidad se integre en el Consorcio "cuando las 
disponibilidades presupuestarias así lo permitan y todas las 
instituciones implicadas se muestren favorables".
   La diputada 
del PP María Casajús ha criticado al PSOE por reclamar al Gobierno 
regional "algo que no piden al Gobierno de la nación, que son 
presupuestos para poder invertir". 
Según ha dicho durante su turno, "con
 una financiación justa y siempre que las instituciones se muestren 
favorables, la Comunidad podría instar al Gobierno regional a que se 
integre".
   El diputado de Vox Ignacio Arcas, por su parte, ha 
señalado que el Consorcio "no se debe pervertir en las funciones que se 
le dieron en su día, lo que debe hacer el Consorcio es mejorar la vida 
de los ciudadanos, que es para lo que se creó".
   La socialista 
Carmina Fernández ha dicho al PP que "tendrá que explicar a sus alcaldes
 de San Javier y de Cartagena que no quieren integrarse". A su juicio, 
la "excusa de la financiación es el paraguas que tienen para todo".
 
 
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