CARTAGENA.- La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional ha
aprobado con los votos de PSOE, Vox y Podemos una iniciativa de los
socialistas en la que se pedía hacer las previsiones necesarias para
resolver la carencia de especialistas en la plantilla del Hospital
Virgen del Castillo de Yecla.
Desde el PSOE reclaman que se
corrijan las "desigualdades en la prestación de servicios sanitarios que
afectan a los usuarios del Área V de Salud y proceda a realizar las
previsiones necesarias para solventar la carencia de especialistas en
Medicina Interna, Neurología, Neumología, Radiología Clínica, Urología,
Dermatología y Otorrinolaringología en el Hospital Virgen del Castillo
de Yecla".
La socialista Virginia Lopo ha asegurado que en el
Área de Salud V "a la ya crónica falta de médicos y enfermeras, en
Atención Primaria, se ha unido desde hace tres años, la carencia de
especialistas en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla.
Según indica, la falta de servicios sanitarios en esta zona "se debe a
la falta de médicos, a que las plazas no son atractivas y a la mala
gestión".
Como consecuencia, expone, han aumentado las listas de espera
en distintas especialidades, al tiempo "que se deriven a otros
Hospitales de la Región a los pacientes de Yecla y Jumilla, para pruebas
diagnósticas básicas como la realización de una radiografía, que afecta
a todo el Hospital y es especialmente grave en el caso de las
Urgencias".
Por parte de Vox, María Eugenia Sánchez ha
coincidido en que la situación sanitaria en el Altiplano "es
preocupante. Estamos lejos de conseguir igualdad real y efectiva en todo
el área regional a nivel sanitario".
Mientras que la
diputada de Podemos María Marín considera que las cifras "se están
maquillando, por parte del consejero y del presidente López Miras para
no empeorar los datos de las listas de espera" y ha acusado al PP de
"desmantelar hospitales como el Virgen del Castillo y engrosar las
listas de espera".
A eso, la diputada del PP Mari Carmen Ruiz
ha dicho al PSOE que "se empeñan en ocultar el problema real. Son todas
las comunidades autónomas las que están sufriendo el problema de la
falta de especialistas". La parlamentaria ha advertido que es un
"problema estructural" al que el Gobierno de la nación "debe dar una
respuesta".
La Comisión también ha aprobado una iniciativa del
PP, que ha contado con el apoyo de Podemos, en la que se exige al
gobierno nacional que regule la información sobre los medicamentos que
difunde a través de las redes sociales. La iniciativa contra la que han
votado Vox y PSOE pide que se limiten las cuentas o que se cierren
aquellas que publicitan los medicamentos de manera irresponsable.
La diputada del PP María Luisa Ramón ha explicado que "el objetivo no
es restringir la libertad de expresión, sino proteger la salud
pública".
En ese sentido, ha detallado que la iniciativa pretende que se
desarrollen campañas informativas sobre el uso de medicamentos, "para
proporcionar información clara sobre la importancia de consultar a un
profesional de la salud antes de consumir cualquier medicamento, así
como conocer los riesgos de la automedicación".
Desde Vox,
María José Ruiz ha criticado al PP por "hacerse eco 4 años más tarde de
la problemática que comenzó en el verano 2020 porque crecía el número de
Youtubers que recomendaban medicamentos".
Considera "necesaria la
moción para establecer un mecanismo de control", sin embargo, ha
detallado que está prohibida la publicidad de medicamentos que necesitan
receta médica.
"Las competencias para formar a los ciudadanos
en hábitos saludables, las tienen a su alcance. No pidan a Madrid lo
que pueden hacer ustedes", ha inquirido.
De igual forma se ha
posicionado la socialista Virginia Lopo, que ha recordado que las
Competencias de Sanidad "las tiene el Gobierno regional. La publicidad
de los medicamentos está regulada actualmente".
Por su parte,
la diputada de Podemos María Marín aunque ha reconocido los aspectos
negativos en este tema de las redes sociales, también ha aludido a
profesionales que utilizan las redes para hacer divulgación científica,
"la solución está en aplicar las leyes para castigar a los que difunden
bulos y a los que promueven un uso irregular de los medicamentos".
Por otro lado, la Comisión también ha aprobado una iniciativa de Vox
con el apoyo de PSOE y Podemos en la que se reclaman protocolos
específicos para un uso adecuado de las benzodiacepinas.
La diputada de
Vox María José Ruiz ha aludido a informes, encuestas y estadísticas que
"están detectando desde hace tiempo un aumento progresivo del consumo de
ansiolíticos o hipnóticos en nuestro país".
En la última
década, según ha expuesto, España ha visto aumentado su consumo en más
de un 50% y "es el país líder en Europa en consumo de benzodiacepinas
como el lorazepam o Trankimazin según la Organización Mundial de la
Salud".
La socialista María Soledad Sánchez se ha mostrado a
favor de la iniciativa de Vox porque "el protocolo es necesario y hay
que ir más allá para que el protocolo no se quede solo en una
herramienta que los profesionales no puedan utilizar".
A
esto, la diputada de Podemos María Marín, considera "triste que los
casos de abusos se encuentren en los jóvenes" y afirma que para abordar
un protocolo "hay que partir de unos motivos que sean protocolizables",
dejando entrever que el aumento en este consumo podría ser "la
saturación del sistema sanitario".
Por parte del PP, Antonio
Martínez ha advertido que el incremento en su uso podría deberse a "la
pobreza de recursos personales para afrontar los problemas cotidianos,
las condiciones de vida o el estrés".
Ha detallado que tras la pandemia se ha relanzado un programa de atención en el que se actúa "de forma más prioritaria con pacientes de edad avanzada", se ha diseñado formación sobre esto a los profesionales, "se han integrado los psicólogos clínicos en atenciones que se realizan en Atención Primaria", entre otras que ha detallado.
"No aceptamos la moción porque ya se está
actuando con rigor desde la Consejería", ha añadido.
La
Comisión ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, una
iniciativa de Podemos para prevenir la violencia vicaria contra los
menores en la Región. La diputada de Podemos ha recordado que hasta
finales de agosto 10 menores habían sido asesinados por sus padres
víctimas de la violencia vicaria, siendo 2024 el año con más menores
asesinados desde que en 2013 se empezó a registrar este tipo de casos.
Ha señalado que según los datos del sistema VioGen del Ministerio de
Interior, 1.431 menores se encuentran expuestos a ser agredidos por el
maltratador de su madre, 102 de ellos en la Región de Murcia y, entre
ellos, 12 corren un riesgo alto.
Sin embargo, la diputada del
PP María Luisa Ramón ha matizado que son conscientes de las
consecuencias que supone para los menores vivir en entornos marcados por
la violencia de género.
Es por ello por lo que ha expuesto que desde la
Consejería de Política Social disponen de un punto de Encuentro
Familiar especializado en Violencia de Género para que los niños puedan
mantener el contacto con ambos progenitores, un servicio que atendió a
78 menores el año pasado.
"Se está cumpliendo la ley de
Atención a la Infancia", ha dicho, a la par que ha pedido financiación
por parte del Gobierno nacional el proyecto para "crear un modelo de
justicia amigable para menores" y ha reclamado más recursos en las
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para proteger a los menores.
Finalmente, la Comisión ha rechazado con los votos en contra de PSOE,
Vox y Podemos una propuesta del PP que reclamaba al Gobierno nacional
un Plan de Lucha contra la Obesidad, ya que ya existe un plan al
respecto
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