MADRID/BRUSELAS.- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la apertura de diligencias previas para investigar si el apagón
en la red eléctrica que afectó a todo el territorio nacional pudo ser
un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas.
En tal caso, encajarían en un delito de terrorismo del artículo 573.1 y 2 del Código Penal.
En
un auto en el que abre estas diligencias de oficio, el magistrado
acuerda como primeras diligencias requerir al Centro Criptológico
Nacional y a Red Eléctrica la elaboración de sendos informes
para que en un plazo improrrogable de diez días indiquen la o las
causas que motivaron el apagón.
Del mismo modo, solicita a la Jefatura
de Información de Policía para que, también en un plazo de diez días,
presente informe preliminar sobre los hechos acontecidos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción
nº 4 explica que el incidente ocurrió este lunes sobre las 12.30
horas y afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que
proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud,
energía, industria, transporte, etc., lo que ha supuesto "una situación
crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los
ciudadanos".
El auto recoge la explicación facilitada por el Gobierno de que "se han perdido" de forma súbita durante cinco segundos 15 GW de
la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al
60% de la luz que se estaba consumiendo, siendo "algo que no había
ocurrido jamás".
Calama
indica que si bien en
este momento la causa de los hechos resulta desconocida, "el
ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles". Por tanto,
resulta necesaria, según el juez, la apertura de una investigación
judicial. Conforme al artículo 573 del Código Penal, explica, los
delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su
finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el
funcionamiento de los servicios esenciales.
En
su resolución, el juez examina la legislación nacional y europea en
materia de protección de infraestructuras críticas y lucha contra el
ciberterrorismo y que, en el caso de España, llevó a introducirse en el
Código Penal este fenómeno dentro de los delitos de terrorismo.
En
concreto, en el artículo 573.2, en el que inicialmente encajarían los
hechos "en el caso de que su origen hubiera estado auspiciado en la
forma y con alguna de las finalidades descritas en dicho tipo penal".
Tres meses al Gobierno español para presentar una investigación en Bruselas
Por
otra parte, la Comisión Europea ha comunicado que el Gobierno español
dispone de un plazo de tres meses para presentar una investigación
oficial sobre las causas del apagón
masivo que afectó este lunes a gran parte del país, y que también tuvo
repercusión en Portugal y en zonas del sur de Francia.
Paralelamente, Bruselas pondrá en marcha una investigación independiente
con el objetivo de publicar un informe técnico con recomendaciones para
prevenir nuevos cortes de suministro eléctrico. Este informe deberá
estar listo en un máximo de seis meses.
Fuentes comunitarias explicaron que el primer paso será determinar la gravedad del incidente
conforme a la clasificación europea, que va del nivel 0, reservado para
los eventos más leves, al nivel 3, asignado a los más graves.
Todo
apunta a que el apagón en España
será calificado como de nivel 3, lo que conllevará la activación
automática del informe independiente que debe coordinar la Comisión.
El Gobierno deberá presentar su investigación en un
plazo máximo de tres meses desde el final oficial del incidente. A su
vez, un panel de expertos europeos trabajará en paralelo para esclarecer el origen de la caída del suministro.
Este
grupo elaborará un informe “exhaustivo” que incluirá información
detallada “segundo a segundo” y una serie de recomendaciones para
reforzar la red eléctrica frente a posibles fallos futuros.
Según
ha detallado la Comisión, en la elaboración del informe participarán
los operadores de red eléctrica de España, Francia y Portugal, además de
un operador externo. También se invitará a especialistas de la Agencia
de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y a entidades
reguladoras de otros Estados miembro.
Dada la dimensión internacional del apagón, se buscará una visión lo más amplia y técnica posible del suceso.
Mientras continúan las investigaciones para
determinar las causas exactas del apagón, la portavoz comunitaria Paula
Pinho valoró en rueda de prensa el hecho de que Red Eléctrica
haya descartado un ataque informático como causa del incidente: “Red
Eléctrica haya descartado un ‘incidente de ciberseguridad’, algo que ha recibido como ‘buenas noticias’”.
En cualquier caso, la Comisión sigue esperando los resultados de la
evaluación completa del Gobierno español.
“En cuanto a las causas
completas del incidente, seguimos a la espera de la evaluación completa por parte de España”, concluyó.
Bruselas ha insistido en que debe realizarse un análisis técnico riguroso antes de emitir cualquier conclusión. Se subraya la necesidad de actuar con transparencia y con cooperación entre
todas las partes implicadas.
El procedimiento adoptado —con un informe
nacional y otro independiente— responde al protocolo habitual para
incidentes de gran magnitud dentro del sistema eléctrico europeo, y ya
se ha aplicado anteriormente en situaciones similares.
