MURCIA.- El presidente de la Unión Democrática de la Región de Murcia, (UDeRM), Diego de Ramón, ha pedido al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que investigue “sobre si se puede haber cometido delito contra los derechos de los trabajadores, existido tráfico de influencias, alteración o no del precio de las cosas y posible dejación de funciones”, en la operación de compraventa de los terrenos de Española del Zinc SA.
Según la denuncia presentada ante el TSJ el día 26 de marzo de 2007, según consta en el registro de entrada correspondiente, De Ramón asegura que “sobre las negociaciones que se llevaron a cabo, y creo que se llevan de la Administración Municipal del Ayuntamiento de Cartagena, y ahora por intermediación de la Administración Regional y del propio presidente, en lo referente a los terrenos de la Sociedad Española del Zinc, con la empresa mazarronera "Quorum Partners", que pertenece al Grupo Calidonia, que construye Roda Golf, y posteriormente la empresa que accede a dicho grupo de Terra Mítica, en una recalificación de 580.000 m2 para hacerlos urbanizables, es decir de pasar de suelo urbanizable programado de uso industrial a urbanizable sectorizado de carácter residencial, en el que se fijó el precio de 142 millones de euros”.
Ante ello, el denunciante pide que “si existe un convenio urbanístico entre Zincsa y el Ayuntamiento de Cartagena” sobre la recalificación de los terrenos, “se facilitase a la Fiscalía un informe técnico jurídico del propio Ayuntamiento de las garantías que se exigieron a Zincsa para asegurar a la empresa su continuidad”.
Asimismo, De Ramón considera que la investigación se debe llevar a cabo, “dada la magnitud de la recalificación de suelo”, así como “por el alto precio pagado”, por “la gran carga social de los trabajadores, caso de no poderse realizar dicha operación entre particulares y Administración, lo que evidencia el interés público”, y “al saber que se encuentra como empresa participada Terra Mítica, con el problema que ocasionó en Benidorm en el Parque Temático; también “ante la creciente involucración de la Administración regional, en este caso la Consejería de Hacienda donde se mantuvieron reuniones el día 22 de marzo, para colaborar en la construcción de una de las dos plantas que Zincsa quiere levantar en Los Camachos”, así como la “involucración del consejero de Industria, facilitando terrenos que no le son propios y apoyando precios bajos de compra, cuando en realidad no intervino o puso trabas para fijar el precio libre de 142 millones de euros, y ahora media la Administración regional para conseguir precio muy barato a costa del suelo industrial de todos los españoles y murcianos, consiguiendo favorecer grandes plusvalías a favor de unas determinadas empresas”.
Y pide que se requiera a Zincsa información sobre “qué personas o sociedad ha intervenido en la operación de la compraventa como intermediario, qué clase de asesoramiento técnico o jurídico ha recibido, qué cantidad se ha pagado por estos servicios en la compraventa, y qué entidad financiera ha realizado los pagos”.
El denunciante solicita que se estudie lo aportado y, en su caso, se abran diligencias informativas “y su posterior querella criminal contra los posibles responsables”.
El PSRM-PSOE señala a Carlos Valcárcel
El secretario de Organización y Acción Electoral del PSOE, Francisco Javier Oñate, aseguró, por su parte, que al partido “han llegado informaciones suficientemente creíbles en las que se apunta que el hermano del presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ha intervenido en la operación comercial de Zincsa”.
En este sentido, exigió explicaciones a Valcárcel sobre “la implicación de su hermano en la operación comercial de Zincsa, en la que se han reclasificado 580.000 metros cuadrados y se ha hecho un pago concertado de 142 millones”, según una nota de prensa del PSOE. Aunque, advirtió, “si no nos dicen la verdad, la buscaremos”.
Diversos medios de comunicación intentaron contactar, sin éxito, por teléfono con Carlos Valcárcel para recabar su opinión sobre estas informaciones que lo implican.
Sin embargo, el propio presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, recomendó al PSRM-PSOE que “acudan al fiscal” si tienen certezas de que su hermano ha mediado en la venta de los terrenos de Zincsa. Señaló que su hermano Carlos “lleva un año retando a los socialistas a que le digan solamente una mínima irregularidad. Ha transcurrido más de un año y no ha sido posible”.
“Nadie aporta pruebas”, insistió Valcárcel para indicar al PSRM-PSOE que primero acuda al fiscal y luego pregunten a su hermano.
También el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Carlos Ruiz, salió al paso de las denuncias y consideró que las declaración de Oñate “es una nueva muestra de la poca vergüenza que gastan en ese partido al lanzar calumnias para insinuar graves acusaciones”.
Según la denuncia presentada ante el TSJ el día 26 de marzo de 2007, según consta en el registro de entrada correspondiente, De Ramón asegura que “sobre las negociaciones que se llevaron a cabo, y creo que se llevan de la Administración Municipal del Ayuntamiento de Cartagena, y ahora por intermediación de la Administración Regional y del propio presidente, en lo referente a los terrenos de la Sociedad Española del Zinc, con la empresa mazarronera "Quorum Partners", que pertenece al Grupo Calidonia, que construye Roda Golf, y posteriormente la empresa que accede a dicho grupo de Terra Mítica, en una recalificación de 580.000 m2 para hacerlos urbanizables, es decir de pasar de suelo urbanizable programado de uso industrial a urbanizable sectorizado de carácter residencial, en el que se fijó el precio de 142 millones de euros”.
Ante ello, el denunciante pide que “si existe un convenio urbanístico entre Zincsa y el Ayuntamiento de Cartagena” sobre la recalificación de los terrenos, “se facilitase a la Fiscalía un informe técnico jurídico del propio Ayuntamiento de las garantías que se exigieron a Zincsa para asegurar a la empresa su continuidad”.
Asimismo, De Ramón considera que la investigación se debe llevar a cabo, “dada la magnitud de la recalificación de suelo”, así como “por el alto precio pagado”, por “la gran carga social de los trabajadores, caso de no poderse realizar dicha operación entre particulares y Administración, lo que evidencia el interés público”, y “al saber que se encuentra como empresa participada Terra Mítica, con el problema que ocasionó en Benidorm en el Parque Temático; también “ante la creciente involucración de la Administración regional, en este caso la Consejería de Hacienda donde se mantuvieron reuniones el día 22 de marzo, para colaborar en la construcción de una de las dos plantas que Zincsa quiere levantar en Los Camachos”, así como la “involucración del consejero de Industria, facilitando terrenos que no le son propios y apoyando precios bajos de compra, cuando en realidad no intervino o puso trabas para fijar el precio libre de 142 millones de euros, y ahora media la Administración regional para conseguir precio muy barato a costa del suelo industrial de todos los españoles y murcianos, consiguiendo favorecer grandes plusvalías a favor de unas determinadas empresas”.
Y pide que se requiera a Zincsa información sobre “qué personas o sociedad ha intervenido en la operación de la compraventa como intermediario, qué clase de asesoramiento técnico o jurídico ha recibido, qué cantidad se ha pagado por estos servicios en la compraventa, y qué entidad financiera ha realizado los pagos”.
El denunciante solicita que se estudie lo aportado y, en su caso, se abran diligencias informativas “y su posterior querella criminal contra los posibles responsables”.
El PSRM-PSOE señala a Carlos Valcárcel
El secretario de Organización y Acción Electoral del PSOE, Francisco Javier Oñate, aseguró, por su parte, que al partido “han llegado informaciones suficientemente creíbles en las que se apunta que el hermano del presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ha intervenido en la operación comercial de Zincsa”.
En este sentido, exigió explicaciones a Valcárcel sobre “la implicación de su hermano en la operación comercial de Zincsa, en la que se han reclasificado 580.000 metros cuadrados y se ha hecho un pago concertado de 142 millones”, según una nota de prensa del PSOE. Aunque, advirtió, “si no nos dicen la verdad, la buscaremos”.
Diversos medios de comunicación intentaron contactar, sin éxito, por teléfono con Carlos Valcárcel para recabar su opinión sobre estas informaciones que lo implican.
Sin embargo, el propio presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, recomendó al PSRM-PSOE que “acudan al fiscal” si tienen certezas de que su hermano ha mediado en la venta de los terrenos de Zincsa. Señaló que su hermano Carlos “lleva un año retando a los socialistas a que le digan solamente una mínima irregularidad. Ha transcurrido más de un año y no ha sido posible”.
“Nadie aporta pruebas”, insistió Valcárcel para indicar al PSRM-PSOE que primero acuda al fiscal y luego pregunten a su hermano.
También el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Carlos Ruiz, salió al paso de las denuncias y consideró que las declaración de Oñate “es una nueva muestra de la poca vergüenza que gastan en ese partido al lanzar calumnias para insinuar graves acusaciones”.
