viernes, 4 de mayo de 2018

El Ayto. defendera en la Comision Tecnica de la 'Sociedad Alta Velocidad' que el AVE llegue soterrado a Cartagena

CARTAGENA.- El concejal de Urbanismo, Francisco Aznar, se ha reunido hoy viernes con el nuevo consejero de Fomento, Patricio Valverde, para tratar de desbloquear tres temas trascendentales para el municipio de Cartagena, como son la ZAL, las Normas Transitorias y la llegada del AVE. A dicha reunión también han asistido los presidentes de la COEC, la Cámara de Comercio y la Autoridad Portuaria.

Durante el encuentro, el edil ha reiterado la postura que ha venido defendiendo la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, de que la llegada del AVE ni puede lastrar el desarrollo del Puerto, ni puede hipotecar la expansión de la ciudad. 
“En la Comisión Técnica de la Sociedad Alta Velocidad, que se celebrará el próximo 11 de mayo en Madrid, la postura del Ayuntamiento va a ser muy clara. De la misma forma que el Ministerio ha apostado por el soterramiento en Murcia y Lorca debe hacerlo en Cartagena. Por otra parte, he recordado que para nosotros el tercer hilo es insuficiente, puesto que nos priva de conectar el municipio con la red de Cercanías y puede condicionar a medio plazo el desarrollo del tráfico de mercancías que necesita nuestro Puerto”, ha explicado.
En cuanto a las Normas Transitorias, Francisco Aznar ha apremiado al consejero de Fomento para que resuelva, cuanto antes, las alegaciones planteadas al objeto de que puedan entrar en vigor en el menor tiempo posible. 
“El trabajo que tenía que hacer el Ayuntamiento en esta materia está terminado, ahora es la Consejería la que debe terminar el suyo para que nuestra ciudad pueda seguir avanzando. Esperamos que el compromiso que hoy ha manifestado el consejero de que estén resueltas en 15 días se cumpla. Tan pronto sea así, el Ayuntamiento volverá a someterlas a la decisión del Pleno para que, una vez aprobadas, sean refrendadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y puedan entrara en vigor”, ha indicado el concejal.
Los retrasos que acumula la puesta en marcha de la ZAL de Los Camachos han suscitado la preocupación tanto de los empresarios como del propio edil de Urbanismo, quien ha destacado que “desde el Ayuntamiento nos hemos comprometido a agilizar todos los procedimientos que dependen de nosotros para que el traslado del Depósito Franco y de la Ciudad del Transporte sea una realidad, tan pronto la Comunidad Autónoma ponga los terrenos a disposición del tejido empresarial de Cartagena”.

Según el sindicato de Enfermería SATSE, "las mujeres necesitan más matronas para que les atiendan mejor"

MURCIA.- El sindicato de Enfermería SATSE reclama a administraciones sanitarias públicas que eviten que las conocidas como 'doulas' continúen realizando una actividad que, además de ilegal y suponer un claro ejemplo de intrusismo profesional, puede conllevar riesgos para la salud de madres y niños.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado un incremento de las plantillas de matronas y matrones que permita que estos profesionales de Enfermería puedan desarrollar todas sus competencias y funciones, tanto en Atención Primaria y Especializada, y que van mucho más allá de la atención en el embarazo y el parto.
Una consecuencia clara de la escasez de matronas y matrones en Atención Primaria es que se dan numerosos casos en los se cuenta con un solo profesional para atender varios centros de salud, especialmente en las zonas rurales, lo que conlleva que, al final, sólo puede dedicarse al embarazo, pero no a otras de sus muchas funciones.
En este sentido, desde la organización sindical se recuerda que las matronas y matrones proporcionan una atención integral a la salud sexual, reproductiva y maternal de la mujer, en su facetas preventiva, y de atención y recuperación de la salud, y, además de asistir el embarazo y posterior parto, atienden a la mujer en la fase de puerperio normal tras el nacimiento, lactancia, y al recién nacido sano hasta el 28 día de vida.
De otro lado, SATSE vuelve a reclamar que las administraciones sanitarias públicas pongan en marcha los mecanismos necesarios para evitar que las conocidas como 'doulas' continúen realizando una actividad que, además de ilegal y suponer un claro ejemplo de intrusismo profesional, puede conllevar riesgos para la salud de madres y niños.
Las conocidas como 'doulas' son mujeres que ofrecen su asesoramiento y apoyo a madres durante el embarazo y después del parto sin tener la cualificación y conocimientos necesarios para hacerlo, recalcan desde el Sindicato de Enfermería, apuntando que se trata de un negocio en el que se busca un beneficio económico personal.
Asimismo, el Sindicato de Enfermería asevera que la proliferación de las 'doulas' está directamente relacionada con la escasez de matronas, apuntando que algunas mujeres optan por sus servicios al no ver atendidas todas sus necesidades desde los servicios sanitarios públicos.
"Las enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología son las únicas profesionales que cuentan con la cualificación y competencias necesarias para cuidar a la mujer durante su etapa del embarazo y después del mismo, como así lo estipula también la normativa de nuestro país", concluye SATSE.

Los hoteles de la 'Costa Cálida' superaron el 80% de ocupación durante el puente de mayo

MURCIA.- El director general del Instituto de Turismo, Manuel Fernández-Delgado, valoró hoy los datos de ocupación hotelera obtenidos durante el puente de mayo. En concreto, y según la encuesta realizada por el Instituto de Turismo, los establecimientos hoteleros de la Costa Cálida alcanzaron en el período comprendido entre viernes 27 de abril y el martes 1 de mayo una ocupación del 82 por ciento, una cifra "muy positiva", según el director, "pese a que la meteorología no acompañó durante estos días y que, a diferencia del año pasado, el puente contó con un día laboral en medio, por lo que no todo el mundo pudo disfrutar de él". 

La zona de Águilas y Mazarrón fueron las máximas beneficiadas, con una ocupación del 86 por ciento, lo que supera en dos puntos la marca obtenida en esta misma zona en 2017. Asimismo, las ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca-Puerto Lumbreras tuvieron una ocupación media del 66 por ciento, mientras que los balnearios rozaron el lleno, con una ocupación que llegó hasta el 95 por ciento.
Según esta encuesta, la ocupación media obtenida por el total de establecimientos hoteleros de la Región de Murcia fue del 77 por ciento.
Fernández-Delgado explicó que para poder comparar significativamente estas cifras hay que contrastarlas con el último puente que también estuvo partido por un día laboral, el de 2014. De esta forma, en todos los indicadores hay aumentos. Así, la ocupación en la Costa Cálida se sitúa un punto por encima sobre el registro de 2014, las ciudades 2 puntos por encima, los balnearios 12 puntos y el total de establecimientos, 2 puntos por encima.
Fernández-Delgado confirmó que "aunque el protagonismo turístico de este puente ha venido de manos del cliente nacional, se ha registrado un aumento muy importante del turismo internacional, ambos reforzados por las operativas y los acuerdos de mercadotecnia y co-marketing firmados por el Instituto de Turismo".

La Federación de AA, VV. de Murcia organiza una 'camada' este sábado por el derecho al descanso

MURCIA.- La Federación de Asociaciones de Vecinos, integrada en la plataforma 'Murcia descansa', ha organizado para este sábado una actuación en la calle para reclamar que el descanso vecinal se anteponga a los intereses de los hosteleros, quienes han anunciado el cierre de 200 establecimientos del centro de la ciudad de Murcia el día 5 en protesta por las nuevas Zonas de Protección Acústica Especial.

La calle Pérez Casas acogerá así el sábado, a las 11.30 horas, una 'camada', llenando la vía de camas en las que se podrán leer distintos mensajes reivindicativos en una 'performance' con la que se pretende hacer ver a la sociedad que es necesario compatibilizar el descanso de los murcianos con el ocio en el municipio.
Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos califican la decisión de los hosteleros de cerrar sus bares el próximo sábado de «improcedente, chantajista y mafiosa».
 Por su capricho, inciden, «vamos a dar una muy mala imagen como ciudad a las miles de personas que visitan Murcia este fin de semana con motivo del festival» WARM UP 2018.
«No entendemos que si aún no hay nada definitivo, ya que desde el Ayuntamiento no se ha cerrado nada y todavía se están estudiando las alegaciones, los hosteleros se empeñen en llevar a cabo esta medida egoísta en la que anteponen su interés personal al interés común de los vecinos de Murcia», han añadido desde la Federación, que lamentan que «se crean con supremacía pretendiendo que se siga perjudicando nuestro descanso con tal de llenarse ellos los bolsillos».
«No sabemos si son conscientes de que, con su decisión, nos van a dar la oportunidad de descubrir la gran calidad de vida de nuestra ciudad sin fuentes contaminantes de ruidos y vivir, el próximo sábado una 'fiesta del descanso'», continúa el comunicado de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que concluye que «los hosteleros se han creído los amos de la ciudad durante mucho tiempo, con muchos privilegios. En la ciudad vivimos todos y tenemos que compatibilizar sus intereses a los nuestros».
La portavoz del Gobierno municipal de la ciudad de Murcia, Rebeca Pérez, manifestó este viernes tras la Junta de Gobierno que en ningún momento se ha planteado la posibilidad de suspender el proceso iniciado.
Pérez señaló que hay datos objetivos para tomar medidas correctoras encontrando un punto de equilibrio garantizando el interés de los empresarios y el derecho de los vecinos al descanso. 

La AIReF ve «muy improbable» que la Región de Murcia cumpla el objetivo del déficit

MADRID.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que las comunidades autónomas cumplirán «con holgura» el objetivo de déficit del 0,4% del PIB en 2018 fijado para el conjunto de todas ellas, aunque ve «muy improbable» que Murcia lo alcance e «improbable» que lo cumplan Extremadura y Comunidad Valenciana, al tiempo que advierte de que hay un riesgo «moderado» en 10 regiones de incumplimiento de la regla de gasto y en otras tres, el riesgo es «muy alto».

Así se desprende del informe sobre los presupuestos iniciales de las comunidades autónomas, en el que afirma que si la regla de gasto se cumpliera por parte de las comunidades autónomas, el déficit del subsector se situaría en el 0,2% del PIB.
La AIReF ha pasado de factible a probable el objetivo de estabilidad debido a los mejores datos de cierre de 2017, que hace que no sea necesario ningún ajuste adicional, y la mejora de previsiones respecto a la evolución de ingresos propios de trascendencia como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, según han explicado fuentes del organismo.
Así, la AIReF estima que para 14 CC.AA. no es necesario realizar ningún ajuste para cumplir con la meta de déficit, lo que lleva a que buena parte de ellas corran el riesgo de incumplir la regla de gasto. 
En detalle, la AIReF ve «probable» que Andalucía, Asturias, Galicia y La Rioja cumplan el objetivo de déficit del subsector, y estima «muy probable» que lo cumplan también Islas Baleares, Canarias, Navarra y País Vasco, así como «factible» en el caso de Aragón, Cantabria, Castila y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad de Madrid.
Por el contrario, ve «muy improbable» que Murcia pueda cumplir el objetivo de déficit del 0,4% del PIB para este año, así como «improbable» en el caso de las regiones de Extremadura y la Comunidad Valenciana.
La Autoridad Fiscal estima una positiva la evolución de los ingresos, con un crecimiento cercano al 4% sobre el cierre de 2017 depurado de regularizaciones de ejercicios anteriores, frente a un alza ligeramente superior al 3% de los gastos sobre el cierre de 2017, lo que implica un riesgo «moderado» de incumplimiento de la regla de gasto.
Fuentes del organismo han indicado que tras la elaboración de los presupuestos autonómicos se ha producido el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, así como las disposiciones adicionales referidas a las inversiones financieramente sostenibles en las comunidades autónomas y la posible reducción de jornada, así como la negociación del convenio en Navarra.

Riesgo en la regla de gasto en 13 Comunidades Autónomas

De esta forma, la AIReF ve un riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto en tres comunidades (Andalucía, Islas Baleares y Comunidad de Madrid), así como un riesgo moderado en otras 10 regiones (Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra , País Vasco y Comunidad Valenciana).
De su lado, aprecia un riesgo bajo de incumplimiento de esta regla fiscal en el caso de las comunidades autónomas de Aragón, Canarias, Castilla y León y La Rioja.
En cuanto a la deuda, el informe de la AIReF señala que no se proyecta que el subsector autonómico alcance el nivel de referencia del 13% antes del año 2036. Por regiones, percibe una situación heterogénea, identificando riesgos «muy altos» para Castilla La-Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana.
El organismo presidido por José Luis Escrivá recomienda a las comunidades autónomas de Extremadura, Comunidad Valencia y Murcia, que cree que no cumplirán el objetivo de estabilidad presupuestaria, el uso de las palancas fiscales disponibles y les marca que como mínimo garanticen el cumplimiento de la regla de gasto.
Para Andalucía, Islas Baleares y Madrid -que presentan riesgos altos de incumplimiento de la regla de gasto-, les aconseja el diseño de un mecanismo de corrección inmediata del gasto ante incumplimientos reiterados. En el caso de Madrid, que incorpore ya estas medidas tendentes a garantizar el cumplimiento en su Plan Económico-Financiero (PEF).
Respecto al Ministerio de Hacienda y la regla de gasto, la AIReF pide la incorporación en la regulación de la regla de la consideración de la situación financiera. «La regla de gasto es completamente necesaria», han apostillado fuentes de la AIReF, si bien han cuestionado si en este momento conduce a un superávit excesivo o es necesario flexibilizarla.
En este sentido, han indicado que se aprecia un incumplimiento generalizado de la regla de gasto y, dado que se ha incorporado una disposición de flexibilización de dicha regla en los Presupuestos, ha reiterado su petición de que se apruebe un reglamento que aclare los criterios de aplicación.
A su juicio, hay una «inseguridad» sobre la regla de gasto y sus criterios de aplicación de un año para otro, y han señalado que realmente hay tres reglas de gasto (para el Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales) y que los criterios para las regiones son menos exigentes que para los ayuntamientos.
Por ello, a la AIReF le «choca» que se esté hablando de flexibilizar la regla de gasto, que a su juicio presenta «ciertas deficiencias» y se va «parcheando», pero denuncia que «se permite que se consoliden los excesos».
De esta forma, pide la publicación mensual y anual del detalle por comunidades autónomas de los elementos de cálculo del gasto computable y de la serie homogénea, la actualización de la guía de cálculo de la regla de gasto en comunidades autónomas, y transparentar anticipadamente la metodología de medición de la regla de gasto.
Igualmente, reclama la fijación de objetivos para los distintos subsectores y administraciones teniendo en cuenta la situación fiscal y la regla de gasto, una reunión del grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre la regla de gasto y la ampliación del periodo transitorio para el cumplimiento del límite establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
A Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco les insta a incorporar en los presupuestos información sobre la regla de gasto.

El Dr. Cavadas reimplanta la mano al marino de EE UU que sufrió un accidente a 70 millas de Cartagena

VALENCIA.- El equipo del doctor Pedro Cavadas ha reimplatado la mano derecha a un marino de 21 años que la perdió en el accidente de un submarino de los Estados Unidos, cuando navegaban a 70 millas de Cartagena el pasado mes de marzo, en el tiempo «límite» de poder realizar la intervención ya que la extremidad estuvo más de 10 horas sin riego sanguíneo.

Cavadas ofreció este viernes una rueda de prensa, junto al almirante James Foggo, comandante de las US Naval Forces en Europa, y el capitán Mike McGinnis, doctor de la US Navy, para explicar los detalles de esta intervención, de cinco horas, y que se llevó a cabo en la madrugada del pasado 28 de marzo en el Hospital de Manises. El marino recibió el alta del 10 de abril y se recupera ya en Estados Unidos.
Al respecto, explicó que fue una operación «rutinaria» de la mano de las que practican «casi a diario» y que además se vio facilitada por la edad del paciente y porque fue una amputación «limpia» a la altura de la muñeca, la más sencilla de reimplantar.
La dificultad del caso fue que la mano amputada estuvo más de 10 horas sin riego sanguíneo, que es «justo el tiempo límite rozando el larguero» para poder reimplantar un miembro. 
Por ello, el equipo médico optó por una modificación técnica de la intervención. Primero procedieron a irrigar la mano de forma provisional colocando un catéter entre la extremidad y el muñón durante unos 15 minutos.
De este modo, la mano recibe riego sanguíneo y «se puede proceder a trabajar como si se acabara de amputar». Posteriormente se precisó de microcirugía y cirugía reconstructiva y un injerto de piel tomado del miembro inferior derecho. Cavadas confirmó que al tratarse de un reimplante a nivel del radio y cúbito distal se espera que recupere prácticamente toda la movilidad.
Por su parte, el almirante James Foggo, comandante de las US Naval Forces en Europa destacó que esta intervención fue posible gracias a la «rápida intervención, habilidad y profesionalidad» de todos los que participaron. 
En primer lugar, Salvamento Marítimo que rescató al herido y lo trasladó a tierra donde un helicóptero lo evacuó al Hospital de Manises. El marino entró a las 4.30 horas al hospital y el equipo médico se movilizó en solo 20 minutos.
Por su parte, el capitán Mike McGinnis, doctor de la US Navy, comandante de las US Naval Forces en Europa, incidió en que la «gran profesionalidad» del equipo de rescate permitió «ahorrar un tiempo» esencial para poder practicar el reimplante.
Además, destacó que hace poco visitó al herido y que fue «muy emocionante» para él y sus compañeros poder verlo decir hola «otra vez». 
Asimismo, durante el acto los militares entregaron diplomas a todos los integrantes del equipo del centro hospitalario de Manises y una condecoración a Pedro Cavadas.

Tiempo inestable en la Región hasta el martes próximo

MURCIA.- La previsión de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) para este fín de semana en la Región prevé precipitaciones con una probabilidad del 45% para este sábado. 

Sin embargo, se mantienen las buenas temperaturas con mínimas en torno a los 15 grados y máximas que llegarán a los 26ºC en la capital.
En el resto de la Región, la Aemet prevé cielos con intervalos nubosos y nubosidad de evolución, sin descartar chubascos dispersos, más probables en zonas de montaña del interior. 
Las temperaturas estarán en ascenso, salvo las mínimas en el litoral que permanecerán sin cambios. Los vientos serán variables flojos, con predominio de la componente este en el litoral.
Respecto al domingo, según la Aemet cabe esperar cielos con intervalos nubosos y nubosidad de evolución por la tarde. No se descartan chubascos aislados en el interior que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormentas, que serán más probables en el Altiplano y en el Noroeste, así como intervalos de nubes bajas matinales. 
Las temperaturas sufrirán cambios ligeros, salvo un descenso de las máximas en el interior. Los vientos serán de componente este, flojos en el interior.
Será la próxima semana cuando el martes la Aemet eleva la probabilidad de lluvia a un 80%.

El murciano exjefe de la Policía Local de Coslada celebra que «por fin la realidad ha ganado al buen titular»

MADRID.- El exjefe de la Policía Local de Coslada (Madrid) Ginés Jiménez, murciano de Alcantarilla, valoró su absolución y manifestó que aunque el «efecto mediático» de su detención fue lo que acabó sentándole en el banquillo de acusados, ahora por fin «la realidad» ha ganado al «buen titular».

Ginés Jiménez declaró que después de «diez años de sufrimiento personal y familiar», en los que todos los medios de comunicación han estado tentados de hablar de «trama, trama, trama», por fin ha quedado demostrado que no había «nada: ni trama, ni cohecho, ni blanqueo, ni extorsión, ni nada«.
El fiscal pedía para el exjefe de Policía de Coslada 23 años de condena por estos delitos además de por otro de tenencia ilícita de armas, pero el tribunal, en una sentencia dada a conocer ayer, sostiene que las acusaciones no han sido capaces de probar la existencia de ninguno de los delitos.
Aunque él era el acusado que se enfrentaba a una mayor petición de pena, también se sentaron en el banquillo otros seis agentes del cuerpo, dos ciudadanos rumanos relacionados con la explotación sexual, su mujer y su hijo, todos ellos también absueltos.
Según el exjefe de Policía, desde que en mayo de 2008 estallara el «boom» del 'caso Coslada' con la detención de cuarenta agentes, él fue viendo cómo los casos de sus compañeros se iban archivando y siempre tuvo la esperanza de ocurriera lo mismo con el suyo, pero entonces el proceso pasó de ser «el caso Coslada» a ser el «caso Ginés».
De hecho, como ha reconocido el expolicía, diez años después, tanto él como su abogado se sorprendieron al conocer que, a pesar de todas las pruebas de descargo que habían presentado en la fase de instrucción, el fiscal mantuviera la acusación hasta llevarle a juicio con una petición de pena tan alta, 23 años.
Sin embargo, toda esta situación la achaca al «efecto mediático» de lo que él ha denominado «el circo de la Udyco«, que ha hecho que tanto el fiscal como el juez de instrucción se hayan visto »obligados« a »llegar hasta el final« con tal de no poner en duda un atestado policial que ahora, con la sentencia, ha quedado demostrado que era »artificial«.
Por eso, durante todo ese tiempo, Ginés ha manifestado haber estado siempre «en paz», «con la conciencia muy tranquila« y siempre dispuesto a colaborar con la justicia en todo momento junto a su abogado y amigo, Oskar Zein.
El expolicía se ha mostrado aún así comprensivo con la decisión del fiscal anunciada este viernes de recurrir la sentencia absolutoria al Tribunal Supremo, pues ha asegurado que la Fiscalía es una institución a la que respeta y, además, está jerarquizada, por lo que está seguro que se trata de «órdenes que vienen de arriba».

La banca acelera la reducción de activos tóxicos en 100.000 millones en cuatro años

MADRID.- A co­mienzos de este año, la agencia de ca­li­fi­ca­ción cre­di­ticia Standard & Poor´s pro­pinó un fuerte tirón de orejas a la banca es­pañola, al re­co­mendar que se­llara grandes ope­ra­ciones con el ob­je­tivo de re­ducir sus ac­tivos tó­xi­cos. Pero el Banco de España con­si­dera que las en­ti­dades es­pañolas no son pre­ci­sa­mente las úl­timas de la fila de Europa en ha­cerlo. En 2017 re­du­jeron sus ac­tivos du­dosos to­tales nada menos que en más de 29.000 mi­llones de eu­ros, hasta si­tuarlos en una cifra li­ge­ra­mente su­pe­rior a los 116.000 mi­llones de eu­ros, según Capital Madrid

A lo largo del año pasado, redujeron sus activos dudosos totales nada menos que en más de 29.000 millones de euros, hasta situarlos en una cifra ligeramente superior a los 116.000 millones de euros. En los últimos cuatro años, la banca se ha desprendido de la mitad de los activos tóxicos que tenía en diciembre de 2013.
Distintas instituciones iniciaron el año pasado una campaña para acelerar el proceso de eliminación de activos tóxicos de las carteras de las entidades. Este constituye uno de los lastres de la industria. No sólo representan unas inversiones equivocadas, sino que también obligan a depositar provisiones por pérdidas.
Dinero cautivo que tampoco pueden poner a rentar las entidades. A este negativo escenario para los bancos se suma la falta de rendimiento del dinero, ya que el Banco Central Europeo (BCE) se ha visto obligado a situar los intereses en tasas negativas para evitar una recesión muy seria en Europa.
El BCE ha sido el principal impulsor de la idea de acelerar la reducción de activos tóxicos de las entidades financieras a través de una serie de pronunciamientos realizados el pasado año. Desde este ejercicio, los bancos tienen que provisionar más por los préstamos dudosos, al tiempo que disponen de un calendario más estricto a la hora de realizar dotaciones por créditos fallidos.

Agoreros y optimistas
La agencia de rating S&P advertía en febrero que las entidades españolas necesitaban imprimir un ritmo mayor en la digestión de los activos dudosos totales que todavía mantienen en sus carteras. Recomendaba un ritmo anual de 20.000 millones de euros en los dos próximos años. Los datos dados a conocer por el Banco de España en su Informe de Estabilidad Financiera revelan que, al menos el año pasado, el ritmo de reducción de activos malos superó en un 50% los consejos de la agencia de calificación.
Durante el ejercicio, el recorte se situó muy próximo al 21%. De unas “malas hierbas” en las carteras de las entidades por 145.289 millones de euros, la cifra se ha reducido hasta los 116.086 millones del cierre de ejercicio. Y lo que es más importante, estos activos tóxicos se han reducido desde el 4,1% sobre los activos totales medios hasta el 3,3%. La cifra es homologable con los registros de los sistemas bancarios europeos.
Frente al alarmismo de la agencia de rating, otros foros de opinión sostienen que las entidades no sólo van a seguir el proceso de reducción de activos malos, sino que lo van a acelerar.
 Así lo aseguraba la consultora Axis Corporate hace algunas semanas, al indicar que los bancos lograrán disminuir estos activos en 40.000 millones de euros en 2018.
En la reducción de activos malos han jugado un papel fundamental las importantes operaciones de venta de carteras de activos tóxicos llevadas a cabo el pasado año por los principales bancos españoles.

El boom del crédito al consumo inquieta al Banco de España

MADRID.- Los bancos españoles no pueden esperar a que el Banco Central Europeo (BCE)reanime el Euribor en 2020 para evitar el retroceso de su negocio en España. El problema es que sus intentos para reactivarlo despiertan el recelo de los supervisores. Ayer, por segunda vez en una semana, el Banco de España advirtió a las entidades de que vigila de cerca su política de concesión de créditos. Si el pasado 24 de abril apuntó a una «relajación» de los criterios para otorgar préstamos a la vivienda, ayer advirtió a las entidades que la apuesta por los créditos al consumo para elevar los ingresos podría llevar al sector a asumir unos riesgos a los que «prestará atención», publica hoy El Mundo.

El marcaje del supervisor ha llevado a entidades como BBVA a destacar la adaptación de sus préstamos al perfil de cada cliente y a la Asociación Española de la Banca (AEB) a subrayar que, en lo referente a las hipotecas, mantienen «bien acotados y bien gestionados» los riesgos asociados a la financiación de las familias.
Con un Euribor que lleva en negativo desde febrero de 2016 y que se sitúa en el -0,190%, empieza a crecer la tensión entre las entidades y los reguladores. La política mantenida por el BCE para estimular la economía se está haciendo muy larga y las alternativas al negocio tradicional bancario para mantener la rentabilidad se agotan. 
En su lento proceso de reestructuración, las entidades han recurrido a drásticos recortes de plantillas (más de 100.000 trabajadores desde 2008) y oficinas; a actividades complementarias como los seguros o a la liberación de provisiones a través de la venta de créditos de dudoso cobro (95.000 millones desde 2013) para llegar vivos al proceso de normalización crediticia, es decir, una vuelta a tipos de interés positivos.
La consecuencia es que, por trabajar al margen de su principal actividad, el negocio bancario pierde peso en la economía española. El activo consolidado de las entidades de depósito españolas se redujo un 1,7% en 2017, hasta 3,5 billones de euros, según el Banco de España, que destaca que el mercado de créditos hipotecarios siguió cayendo en 2017 a un ritmo del 2%.
Para evitar un desplome mayor, las entidades se volcaron en financiar bienes de consumo, haciendo crecer este negocio a un ritmo del 15% durante todo 2017, hasta 58.000 millones de euros.
Con todo, los ingresos de los bancos sobrevivientes a la crisis por el margen de intereses acabó cayendo un 7% en España. Pero aunque el supervisor entiende que este tipo de crédito es el más atractivo para un negocio en horas bajas, advierte que las entidades podrían acabar buscando rentabilidades mayores a costa de incurrir en mayores riesgos.
«Este es un segmento de negocio que suele tener una morosidad relativamente elevada y en el que las garantías juegan un papel menor, por lo que la evolución de estacartera y su morosidad tendrán que analizarse con atención en los próximos trimestres», advirtió ayer el Banco de España. 
En el primer trimestre del año el crédito al consumo en las principales entidades ha crecido por debajo de los ritmos del año pasado Bankia ha crecido un 10%; en CaixaBank un 5% y en BBVA un 2,2%.
Las precauciones del Banco de España se justifican, según la institución, como medida de choque frente a escenarios adversos que podrían afectar a la economía como son la situación política en Cataluña o una posible guerra comercial propiciada por Estados Unidos. Con todo, destaca que la economía continuará creciendo en los próximos años.

Fomento limita el atractivo del Plan de Carreteras al incluir el riesgo de tráfico

MADRID.- Constructoras, fondos de inversión y bancos han recibido con sorpresa y preocupación el giro que pretende dar el Gobierno al pliego del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) con la inclusión de un indicador por riesgo de tráfico. Se trata de un cambio muy relevante que amenaza el fuerte apetito que había despertado entre los inversores la iniciativa, dotada con 5.000 millones de euros a través de la colaboración público-privada, según adelanta El Economista.

 La medida, cuyos detalles aún están en estudio, viene promovida por los servicios jurídicos del Ministerio de Fomento, que consideran necesario introducirla para adaptar el PIC a la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
El Plan de Carreteras se instrumentó en origen bajo un modelo de pago por disponibilidad, de manera que el Estado paga a las concesionarias por mantener y explotar la vía en óptimas condiciones. Esta fórmula, que es similar a la de la A-66 Zamora-Benavente, se mantiene en cualquier caso y los usuarios no pagarán peajes. 
Ahora bien, con el indicador de demanda de tráfico se cambian las reglas del juego, al añadir un riesgo con el que no contaba el sector privado, que durante los últimos meses ha ido conformando consorcios. No existen precedentes, de hecho, en que una concesión bajo pago por modalidad esté sometida a la demanda de tráfico, según explican fuentes jurídicas conocedoras de los planes de Fomento.
El nuevo indicador actuaría como un factor corrector, de modo que si el tráfico es inferior a lo estimado, el Estado pagará menos (canon) por la concesión, toda vez que los costes de conservación serán menores. Se suma a otros riesgos que ya asumen las concesionarias, como la accidentalidad, las inclemencias meteorológicas y una parte significativa de los costes por expropiaciones.
Por el momento, Fomento no ha definido qué peso tendrá el indicador de demanda de tráfico en la concesión. En el sector estiman que podría alcanzar entre el 10% y el 20%. Un porcentaje que en el supuesto de que el número de vehículos que circulan por la carretera en cuestión sea inferior al estimado en el contrato se restaría en los ingresos de la concesionaria.
En el sector privado cuestionan que la nueva ley de contratos públicos obligue a adoptar esta medida. "Son interpretaciones jurídicas y nosotros entendemos que no hay ningún problema", señalan. Sin embargo, los abogados del Estado no lo entienden de igual manera.
En función de cómo se articule el indicador, el riesgo tendrá mayor o menor impacto. "Tenemos que esperar a saber cómo se calcula el tráfico, si es año a año o acumulado y dónde se sitúan los umbrales", subrayan las fuentes consultadas.
Lo que sí parece claro es que esta decisión afectará al interés de los fondos de inversión y de los bancos para financiar los proyectos. "Las entidades quieren riesgo cero", inciden en una constructora, por lo que es de esperar que "provocará que el coste de la financiación será más alto". Desde Fomento, no quisieron hacer comentarios.
Fomento ha rechazado la propuesta de las constructoras para limitar los riesgos expropiatorios que asumen en el Plan de Carreteras. El pliego fija que el sector privado se hará cargo de hasta el 150% del coste de las expropiaciones acordado en la oferta, mientras que a la Administración le corresponderá el tramo que va del 150% al 250%.
 A partir de este porcentaje los riesgos serán asumidos por las concesionarias, que pedían elevarlo hasta el 400%.

Bruselas advierte que las pensiones y el rescate de autopistas elevarán el déficit español

BRUSELAS.- La subida de pensiones, el rescate de las autopistas y el aumento del salario de los funcionarios han elevado el déficit público español que llegará este año al 2,6%, según las previsiones de primavera que ha presentado la Comisión Europea y recoge La Vanguardia en Barcelona.

Son datos que avanzó este periódico y que indican para el déficit una cifra superior al objetivo marcado, pero en cualquier caso por debajo del límite sagrado del 3% del PIB. Lo preocupante no es la cifra en sí, este 2,6%, sino que se llega a este dato sin incluir la última subida de pensiones acordada por el gobierno español el 25 de abril.
Si estamos hablando de un aumento de 1.500 millones de euros extras de gasto para este año por este motivo, esta cifra incrementará el déficit. La tasa digital improvisada por el gobierno a última hora no llegará a cubrir la diferencia.
Ante esta situación, la recomendación del comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici ha sido que “hay que continuar los esfuerzos” para reducir el déficit español. Una recomendación genérica de una Comisión Europa que, de momento, no quiere tirar de la señal de alarma, pero sí dar constancia que seguirá atentamente cómo compensa el gobierno español los gastos extras que se está permitiendo últimamente.
Si por el lado del déficit, al dato positivo le acompaña una cierta preocupación por el impacto del aumento de las pensiones, por el lado del crecimiento todo va a favor. Crecimiento de un 2,9% este año, tres décimas por encima de la previsión anterior, y un 2,4 % en 2019. Sigue pues el crecimiento sostenido que desde 2014 ha conseguido la economía española.
Es precisamente este crecimiento el que ha permitido ir reduciendo progresivamente el déficit. Conclusión meridiana, en cuestión de crecimiento España va bien, según ha certificado con rotundidad la Comisión Europea.

Empleo condicionará el cobro del paro al cumplimiento de un 'cuaderno de tareas'

MADRID.- En el mismo instante en que una persona que se ha quedado sin trabajo empieza a percibir una prestación por desempleo adquiere de forma tácita (y legal) un 'compromiso de actividad', que le predispone a aceptar cualquier oferta de empleo que se considere adecuada a su perfil profesional y a participar en las acciones que se le ofrezcan en los servicios públicos de empleo para mejorar su empleabilidad. Así se dispone en la Ley General de Seguridad Social y así se desarrolla también en la Ley de Empleo, que establece el principio legal de la coordinación entre las políticas activas y la protección económica frente al desempleo, según https://www.lainformacion.com.

La aplicación legal de este principio es, sin embargo, laxa. Es posible legalmente perder la prestación por no acudir a los cursillos que ofrecen los servicios públicos o por rechazar tres ofertas que se estimen adecuadas, pero las fuentes ministeriales y de los agentes sociales consultadas admiten que estas situaciones son muy puntuales. Lo habitual es que las prestaciones que se retiran sean por casos de fraude puro y duro. 
Los organismos internacionales, singularmente el FMI, han recordado con insistencia la necesidad de alinear correctamente los incentivos para no generar bolsas de parados de larga duración y el Ministerio de Empleo parece haber recogido ese guante para vincular de manera definitiva el cobro de la prestación por desempleo a un comportamiento activo del parado en la búsqueda de empleo y la mejora de su empleabilidad.
No se trata ni mucho menos de un compromiso formal más. La reforma de la Ley de Empleo de 2015 deja bien claro que "el incumplimiento, por causas no justificadas, del Acuerdo Personal de Empleo dará lugar a las sanciones que puedan corresponder y los incumplimientos por parte de personas que sean beneficiarias de prestaciones y subsidios por desempleo supondrán un incumplimiento del compromiso de actividad suscrito por las mismas".
La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo que acaba de pactar el Ministerio de Empleo con las comunidades autónomas precisa como nunca antes se había hecho el concepto de 'compromiso de actividad', mediante la regulación de la obligación de los desempleados de suscribir un Acuerdo Personal de Empleo - cuya existencia ya se previó en 2015, pero que no se había desarrollado hasta ahora- en virtud del cual se comprometen a participar en las acciones que los servicios públicos de intermediación laboral diseñen para ellos en el marco de su itinerario personalizado de empleo.
¿Y qué es el Acuerdo Personal de Empleo? Pues una suerte de contrato entre el Servicio Público de Empleo y el parado, donde el primero se compromete a ofrecer una serie de acciones al desempleado para mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción laboral, y el segundo rubrica su intención de seguir el itinerario marcado y cumplir el calendario de acciones marcado en tiempo y forma. 
Ambas partes se quedan con una copia, que es la referencia que una y otra parte pueden invocar para acreditar que se ha cumplido lo pactado. A efectos del desempleado, del incumplimiento de ese 'cuaderno de tareas' se puede derivar una sanción que en última instancia podría hacerle perder la prestación.
El planteamiento acordado entre el Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas es ambicioso. Se pretende que los servicios públicos de empleo ofrezcan a los parados todo tipo de salidas. 
La guía menciona, por poner algunos ejemplos, la realización de cursillos de formación especialmente adaptados al perfil profesional del parado, la participación en talleres que instruyan a los desempleados en técnicas de búsqueda de empleo, técnicas para mejorar el currículum, rastreo y puesta a disposición por parte de los servicios públicos de empleo de ofertas de trabajo adaptadas al parado tanto en portales públicos como en plataformas privadas, formación para el autoempleo e incluso búsqueda de oportunidades en las ofertas de empleo público.
Los servicios públicos de empleo acordarán con cada desempleado la participación en todas o algunas de estas acciones y así se reflejará en al Acuerdo Personal de Empleo, que se constituirá en el barómetro para medir el mayor o menor compromiso de cada desempleado con su inserción laboral...pero también para medir la eficacia de los servicios regionales de empleo en la inserción de desempleados. 
Y esto tampoco será irrelevante, ya que buena parte de los recursos que recibirán las comunidades autónomas para políticas activas en 2019 dependerán del desempeño que demuestren este año.
La apuesta del Gobierno por la vinculación de las políticas activas y las políticas pasivas tiene su espacio también en las enmiendas presentadas por el Grupo Popular al proyecto de Presupuestos, entre las que se incluye una ampliación de la Ley de Empleo para establecer "la definición conceptual y la forma en que debe determinarse la acreditación de la búsqueda activa de empleo", que define como "el conjunto de acciones encaminadas tanto a la puesta en práctica de estrategias de búsqueda de empleo como a la mejora de la empleabilidad", lo que se concreta en el Acuerdo Personal de Empleo, vaya.

El Consejo Regulador de la DOP Yecla se suma a la campaña de solidaridad con la niña Marta Bautista

YECLA.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Yecla ha iniciado una campaña para recaudar fondos con que ayudar a sufragar el tratamiento que recibe la niña yeclana, Marta Bautista Villalba. 

La pequeña, diagnosticada de cáncer de hueso, se está sometiendo a un tratamiento alternativo en la Clínica de la Universidad de Navarra que no financia expresamente el Servicio Murciano de Salud.
Ante la mejoría experimentada por Marta, que ya no sufre dolores desde que iniciara este tratamiento el mes pasado y ha podido dejar la medicación oral y bajar la dosis en los parches que le van poniendo, toda la sociedad yeclana ha incrementado su compromiso con la pequeña.
"Nos sumamos a todas las muestras de cariño que Marta y su familia están recibiendo, les ofrecemos todo nuestro apoyo, y damos un paso adelante para recaudar fondos entre los bodegueros, los profesionales que trabajan en las bodegas y nuestros clientes para que Marta reciba la mejor atención médica posible", señala el presidente del Consejo, Pascual Molina.

Se aprueban 18 hm3 de agua suplementarios más este mes para el Tajo-Segura

MURCIA.- La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura ha comprobado que los embalses de cabecera superan los 645 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, límite para trasvasar 38 al mes, en lugar de los 20 cuando tiene de 400 a 645, por lo que recomienda enviar este mes 18 suplementarios más, según el Sindicato Central de Regantes del acueducto.

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ya había augurado hoy en una visita a la finca agrícola Casa de la Palomas, en Molina de Segura, que la comisión técnica iba previsiblemente a autorizar ese desembalse suplementario al cumplirse del nivel 2 recogido en las condiciones pactadas en el memorando que regula el acueducto.
Hasta el mes pasado, el Segura llevaba varios meses sin recibir agua del Tajo debido a que los embalses manchegos de Entrepeñas y Buendía, en su cabecera, almacenaban menos de 400 hm3, pero las lluvias y nieve caídas en los últimos meses han hecho que se incrementaran las reservas en ambos.
Cuando se aprobó el último trasvase mensual de 20 hm3, el pasado 5 de abril, esos embalses estaban en el nivel 3 con 477,6, pero el pasado 23 de abril ya disponían de 647,66, lo que suponía que el nivel cambiaba al 2, y ayer alcanzaban ya 675,12.
A la reunión en Madrid de la comisión ha asistido por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura su director técnico, Rafael Belchí.

El Gobierno repartirá 2.055 millones de euros entre CC.AA. para políticas activas de empleo

MADRID.- El Consejo de Ministro ha aprobado repartir un total de 2.055 millones de euros entre comunidades autónomas para políticas activas de empleo, un 8,5% más que en la distribución de abril de 2017, según ha informado el Ministerio de Empleo en un comunicado. De este montante, 60,6 millones corresponderán a la Región de Murcia, según ese comunicado.

En concreto, este reparto se enmarca dentro del acuerdo de distribución de los créditos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para políticas activas de empleo, de acuerdo con los criterios objetivos fijados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del 17 de abril.
Del importe total, 2.054,8 millones proceden del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los restantes, 314.673,1 euros, se asignan como ayudas previas a la jubilación desde el Ministerio.
Además, esta diferencia está destinada a financiar el coste salarial de personas con discapacidad contratadas en centros especiales de empleo, derivado del fuerte incremento del Salario Mínimo Interprofesional en 2017 y 2018.
Desde el año 2013, tras la reforma del marco de coordinación de las políticas activas, la distribución de fondos a las comunidades para la gestión de las políticas activas de empleo ha pasado de realizarse en función de las condiciones sociolaborales de cada comunidad a vincularse plenamente al cumplimiento de los objetivos fijados anualmente en el marco de los Planes Anuales de Políticas de Empleo (PAPE).
Los datos en los que se ha basado la evaluación del PAPE de 2017 muestran, según el Ministerio, una "mejoría del desempeño del conjunto de los servicios públicos de empleo en la consecución de los objetivos estructurales, acumulando un incremento superior al 18% desde el año 2014".
Además, el acuerdo, que cuenta con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, adelanta sustancialmente la distribución de fondos a las comunidades autónomas a la primera mitad del año.
Así, de esta forma, da cumplimiento a lo acordado en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 y a lo recogido en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, que fija con todo detalle el ciclo de preparación, ejecución y evaluación de los PAPE para que se aprueben antes de que comience el ejercicio en que han de realizarse y permita adelantar la aprobación de criterios de distribución de fondos y su reparto.

Gloria Alarcón, profesora de la UMU y vicesecretaria de Igualdad del PSRM, cuenta que fue violada con 19 años


MURCIA.- La vicesecretaria general de Economía, Igualdad de Género y Políticas Municipales, Gloria Alarcón, ha publicado un tuit con el hashtag #cuéntalo en el que explica que fue violada con 19 años, a fin de ayudar a otras mujeres a dar el paso.

El tuit dice así: «Tenía 19 años y era virgen. Sucedió en la fiesta más popular de Murcia. Me violó un conocido. Solo le dije «no me hagas daño». Fui al hospital. No denuncié. Me costó años recomponerme. Que entiendan los hombres que un No es No y que lo que vaya más allá es agresión sexual».

Alarcón, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, doctora en Derecho y perteneciente al Foro Feminista, ha querido visibilizar lo ocurrido según ha publicado en su cuenta y dar muestra así a otras mujeres de que "no estás sola", como reza el lema de la campaña. 

"Mi manada me acompaña porque soy manada de otras. Juntas somos muchas y vamos a cambiar el mundo. Ya lo estamos haciendo", ha escrito.

En respuesta a compañeras que no han dudado en darle su apoyo, ha señalado que " somos valientes, ¿o qué nos queda? Como mínimo, tu responsabilidad por tu hija, la mía por mi hijo y así, nuestra responsabilidad con toda la Humanidad".

En otro tuit ha mencionado que "necesitamos políticas públicas para resolver este inmenso problema", así como que " tenemos la responsabilidad política y la obligación moral de cambiar este mundo", en respuesta al secretario general del PSRM, Diego Conesa, quien ha destacado su valentía. 

"Vamos a seguir defendiendo la igualdad y el respeto hacia las mujeres. Hoy y siempre, #cuéntalo, porque no estás sola". 

El crédito inmobiliario se desboca: ya representa el 40% de cada préstamo nuevo

MADRID.- La economía española vuelve a sus clásicos. El crédito inmobiliario nuevo puesto a disposición de los hogares, es decir, aquel que no incorpora las renegociaciones de préstamos anteriores, crece ya a un ritmo del 17,4% anual. En total, 36.506 millones de euros en 2017, según El Confidencial.

No se trata de un fenómeno puntual. En lo que va de año, la tasa de crecimiento se ha suavizado, pero, aun así, se incrementa a un ritmo del 11,1% en el primer trimestre de este año frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Esto explica que el crédito inmobiliario represente ya el 37,4% del conjunto de préstamos que pidieron los hogares en 2017, y que ascendieron a 97.482 millones.
Esos 36.505 millones que se destinaron a comprar inmuebles se sitúan por encima de los 29.121 millones que fueron a parar a adquirir bienes de consumo o los 13.290 millones que se financiaron a través de tarjetas de crédito, cuyo crecimiento es muy significativo. Paradójicamente, la financiación más cara —las entidades financieras aplican tipos de interés sensiblemente superiores por adquirir bienes vía tarjetas de crédito— crece a un ritmo del 20,3%. Por lo tanto, cinco veces más de lo que aumenta el PIB nominal (con inflación).
Los datos del Banco de España no dejan lugar a dudas sobre la recuperación del crédito inmobiliario al calor de los bajos tipos de interés, lo que explica que el número de renegociaciones siga muy activo, aunque atenuado respecto de hace dos años, cuando muchos hogares cambiaron las condiciones de sus créditos para aprovechar la política monetaria ultraexpansiva del Banco Central Europeo (BCE).
En concreto, los hogares españoles han renegociado entre 2015 y 2017 créditos por valor de 17.994 millones de euros, lo que les ha permitido beneficiarse de las extraordinarias condiciones monetarias. El euríbor a un año, de hecho, se mantiene en el -01890%, lo que ha animado a un número cada vez mayor de hogares a optar por préstamos a tipo fijo frente a los de tipo variable.
El tipo de interés medio de las nuevas operaciones para adquisición de vivienda se situó en el 2,21% en febrero, lo que supone un ligero repunte de 16 centésimas respecto del mes anterior. En todo caso, tipos de interés reales (respecto de la inflación) tremendamente favorables a impulsar la venta de inmuebles.

Burbuja del ladrillo

El mapa crediticio que reflejan las estadísticas del Banco de España muestra dos realidades muy distintas. Por un lado, y como se ha dicho, el crédito inmobiliario nuevo se ha disparado, pero, por otro, el concedido antes de 2008, que es cuando se pinchó la burbuja del ladrillo, continúa cayendo de forma muy relevante. Es decir, que las familias siguen amortizando crédito y, por lo tanto, reduciendo su endeudamiento, pero, al mismo tiempo, crecen con fuerza las nuevas operaciones.
Un par de datos lo reflejan con nitidez. En 2011, el saldo vivo de crédito destinado a actividades inmobiliarias alcanzó los 298.833 millones de euros, pero en el cuarto trimestre de 2017 esa cantidad había descendido hasta los 109.998 millones.. Por lo tanto, a prácticamente la tercera parte. El crédito dedicado a la construcción, igualmente, ha pasado de 98.544 millones a 34.626 millones, lo que da idea del proceso de desendeudamiento de los agentes económicos.
La importancia del inmobiliario sobre la economía española es determinante. Y, de hecho, la doble recesión estuvo muy ligada a la demanda de viviendas, que cayó nada menos que un 60% entre 2007 y 2013. En particular, por el efecto arrastre que tiene sobre el resto de componentes del consumo privado.
Un estudio reciente de BBVA Research estima que el gasto en bienes duraderos de las familias aumenta en torno al 35% cuando el hogar adquiere una vivienda. El efecto, sostienen sus economistas, se concentra en los muebles y la línea blanca, mientras que las repercusiones sobre la demanda de otros productos son de menor magnitud, como en el caso de la línea marrón, o no significativas, como en el de los automóviles.
Los datos de crédito inmobiliario son lógicamente coherentes con los que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre constitución de hipotecas, que reflejan en febrero (último mes con datos cerrados) un incremento del 13,8% respecto a un año antes. En total, 27.945 hipotecas con un importe medio de 119.708 euros.
El tirón del ladrillo, de hecho, ya se refleja con claridad en la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año. Mientras que la ocupación en el conjunto de sectores productivos aumenta a un ritmo anual del 2,4%, en el caso de la construcción el incremento es del 6,5%, es decir, dos veces y media por encima, lo que da idea de la dependencia del actual patrón de crecimiento respecto del ladrillo.

¿Misma sanidad en toda España? El gasto por CCAA difiere un 50%

 MADRID.- ¿Puede ofrecer la misma atención sanitaria y resultados una comunidad autónoma que invierta este año 1.695 euros por habitante en su sistema de salud que otra que dedique 1.158 euros? Es la distancia, 537 euros, que separa el gasto presupuestado por persona protegida del País Vasco del de Andalucía en 2018, cuando el esfuerzo de ambas regiones es muy similar, ya que la partida sanitaria absorbe el 32,14% y el 31,7% del total del gasto presupuestado, respectivamente, según el informe sobre los proyectos de cuentas autonómicas para este año del Ministerio de Hacienda que recoge El Economista.

Aparte del sistema privilegiado de financiación que gozan las dos comunidades forales en España, la brecha abierta en la atención de una sanidad autonómica que se financia con cargo a los impuestos generales del Estado no se ha corregido durante la última década, más allá de la composición de su población por grupos de edad, que condiciona el nivel de financiación recibido por cada región, entre otros criterios de superficie o dispersión demográfica.
Asturias, Aragón, Extremadura, además de Navarra, exceden en más de 200 euros de gasto per capita la media nacional de gasto, situada en 1.264 euros por habitante en 2017. También está resultando desigual el esfuerzo por recuperar el nivel de gasto previo a la crisis económica. 
Solo ocho regiones (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Valencia, Madrid y Navarra) habían logrado remontar en 2017 el nivel de gasto per cápita presupuestado en 2010. Pese al alza media del 4,4% de las cuentas autonómicas para sanidad de 2018, el gasto público sanitario total no alcanzará el máximo histórico de 72.939 millones de euros de 2009.
A la vista de las asimetrías en el nivel de gasto que cada región decide o puede invertir en su sistema de salud, cabe preguntar cómo repercute en los ciudadanos a la hora de disponer de infraestructuras y recursos asistenciales. 
El portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso, Francisco Igea, lo tiene claro: "Cuando uno dice que gasta menos pero gasta bien porque soy un buen gestor y los resultados son buenos, esto no es así", asegura. 
"Lo que demuestra el análisis del SNS es que la peor dotación o financiación se corresponde con los peores resultados", sostiene.
El catedrático de Economía y director del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, cuestiona el uso del indicador de gasto sanitario per capita como factor de equidad territorial, ya que la financiación "está ponderada por grupos de edad y reconoce así necesidades distintas de salud de los territorios", recuerda.
 También precisa este experto que el gasto por persona "no dice nada si se refleja en costes sanitarios superiores que soporta cada servicio de salud, por ejemplo en salarios", y que en principio no tendrían un impacto directo en la calidad de la atención sanitaria.
No obstante, estas consideraciones, los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud (SNS) que elabora el Ministerio de Sanidad ofrecen una radiografía autonómica donde las oportunidades de tratamiento y curación no son, ni mucho menos, las mismas para los ciudadanos.
El porcentaje así de pacientes que sufren una fractura de cadera y pueden ser intervenidos en las primeras 48 horas en los centros y hospitales públicos del SNS en 2015 fluctúa entre el 19,09% registrado en Asturias y el 65,32% del País Vasco, cuando la media nacional se sitúa en el 47,8%. 
Fernando Marco, jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, señala que "aunque siempre es delicado opinar sobre entornos clínicos que uno desconoce, creo que la cifra de programación urgente (menos de 48 horas) para el global de los pa-cientes que entran por la puerta de urgencias con una fractura de cadera debe situarse al menos en una aproximación al 30-40% de los mismos", por lo que "cifras inferiores requerirían una reflexión sobre posible necesidad de recursos adicionales", explica.
Lo mismo cabe decir de la tasa de reingresos hospitalarios. En este caso, Galicia, Asturias y Castilla y León presentan porcentajes por encima del 9%, frente a la tasa por debajo del 7% de Canarias, Aragón y Navarra. Son oportunidades de tratamiento y de efectividad clínica muy diferentes para los ciudadanos. 
 Tampoco es lo mismo el porcentaje de cesáreas de los hospitales públicos del País Vasco (12,96%) que la tasa de los centros extremeños, 28,85% del total de partos. Región esta última que vuelve a presentar los peores indicadores de reingresos hospitalarios urgentes después de infarto, con un 11,21% del total de casos intervenidos, frente al 5,18% registrado por Navarra, según la síntesis de 247 indicadores que actualiza Sanidad.
Si se pone el foco en la tecnología o en los recursos asistenciales, difícilmente se puede procurar la misma atención con 2,2 camas hospitalarias en funcionamiento por cada mil habitantes en Andalucía, que con 3,8 camas de Cataluña. 
Ni tampoco está en condiciones de garantizar mejores tiempo de lista de espera quirúrgica Castilla-La Mancha, con 7,01 quirófanos en funcionamiento por 100.000 habitantes, que Navarra, con una red de 11,32 quirófanos por la misma franja de población. 
Precisamente, Castilla-La Mancha es junto con Canarias la región donde sus ciudadanos esperan más para someterse a una operación programada, con más de 177 y 179 días, respectivamente, frente a la media nacional quirúrgica de 104 días.
Un análisis más fino, hospital a hospital o por servicio, arrojaría variaciones en la práctica clínica intrarregional más importantes incluso que las registradas entre comunidades, sostiene Guillem-López Casasnovas.

'Grifols' intenta vender en Europa el fármaco que le rechazaron en EEUU

MADRID.- La farmacéutica Grifols va a intentar vender en Europa el fármaco Pulmaquin, que fue recientemente rechazado para su aprobación por las autoridades médicas de EEUU. En concreto, la compañía Aradigm -la filial americana de Grifols- ha presentado ya la solicitud de aprobación para este medicamento en la Agencia Europea del Medicamento, que tendrá que evaluar ahora los ensayos y emitir una respuesta de aprobación o rechazo en el plazo de unos seis meses. La compañía, con una de sus sedes en Las Torres de Cotillas (Murcia), ha presentado los mismos estudios de eficacia y seguridad del fármaco en Europa que los que presentó y fueron rechazados en EEUU. Grifols gana 143 millones de euros hasta marzo, un 7% más, según El Economista.

Grifols es el principal accionista de Aradigm, con el 35% del capital, tras haber entrado en la compañía en el año 2013 para hacerse con los derechos de este fármaco en investigación, por los que pagó unos 20 millones de euros. 
Posteriormente, el laboratorio español ha invertido hasta otros 65 millones de euros en su desarrollo. En este tiempo, el fármaco ha cambiado de nombre y ha pasado de denominarse Pulmaquin a llamarse Linhaliq. Grifols esperaba obtener unas ventas de 300 millones de dólares al año -cerca de 250 millones de euros- por este medicamento en un plazo de tres años.
En el mes de enero -como adelantó entonces elEconomista- la Agencia del Medicamento de EEUU (FDA) rechazó la aprobación del fármaco en el país al no fiarse de los datos de eficacia recogidos en el último ensayo presentado por el laboratorio a la Agencia del Medicamento en EEUU (FDA). 
En aquel momento, las autoridades sanitarias americanas basaron su negativa en las deficiencias de los estudios presentados. El fármaco estaba ya en la última fase de investigación.
Los técnicos de la FDA pidieron a la compañía que repitiera los ensayos de última fase durante un periodo de dos años, si quería volver a presentar una solicitud de aprobación. Además, la Agencia del Medicamento de EEUU advirtió entonces a la farmacéutica que para poder verificar su eficacia los datos presentados en los nuevos estudios debían ser verificados por un tercer agente independiente de la compañía.
Antes del rechazo a la aprobación por parte de la FDA, el Comité Asesor de Antimicrobianos de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos ya había emitido también una opinión negativa sobre la aprobación de este medicamento, un antibiótico desarrollado para tratar las infecciones respiratorias graves. De los 16 miembros de este comité, 12 votaron no, tres votaron sí y hubo una abstención.
La mayoría del panel de expertos no creía que el fármaco de Grifols proporcionara evidencia suficiente sobre su seguridad y eficacia. "Aunque estamos decepcionados con el resultado de la votación, seguimos confiando en su eficacia seguridad y tolerabilidad", aseguró el entonces presidente de la compañía Igor Gonda, quien ya abrió en ese momento la puerta para traer el fármaco a Europa .
Tras el rechazo al fármaco en EEUU, el consejo de la compañía -donde participa Grifols- decidió tomar "medidas temporales" que incluyeron el recorte de hasta un 50% del sueldo de los tres primeros ejecutivos, el consejero delegado y presidente, Igor Gonda, el director médico Juergen Froehlich y la directora financiera, Nancy Pecota, además de eliminar el plan de indemnización de Igor Gonda.
Finalmente, unas semanas después, los tres primeros espadas de Aradigm renunciaron a sus cargos y la junta nombró al presidente interino John Siebert como presidente ejecutivo y director ejecutivo interino.
Además, la negativa a la aprobación del fármaco tuvo dos secuelas más asociadas. Primero, el batacazo en bolsa de la participada de Grifols -que cotiza en el Nasdaq- y, como consecuencia de ambas circunstancias, la presentación de una demanda colectiva en un juzgado de EEUU por parte de un grupo de accionistas que se sintieron estafados . Tras el desplome bursátil por el rechazo al fármaco, nada menos que ocho bufetes de abogados de EEUU han anunciado la demanda colectiva contra Aradigm. En las denuncias -publicadas por este diario- se acusa a la compañía de un posible fraude a los accionistas por violación de la la Ley del Mercado de Valores en EEUU por "haber realizado declaraciones falsas o engañosas sobre los ensayos clínicos" llevados a cabo con este fármaco.
En las últimas cuentas anuales, la farmacéutica de la familia Grifols reconoció la pérdida de valor de los activos ligados a su inversión en Aradigm. Según confirmó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las pérdidas alcanzaron los 80 millones de euros. Grifols rebajó hasta los 0 euros toda la inversión en su participada. En concreto, la inversión financiera pasó de 6 millones a 0 euros, así como los 56 millones de activos intangibles y los bonos, valorados en 18 millones de euros. El laboratorio español aún conserva la licencia exclusiva de ámbito mundial con Aradigm Corporation para el desarrollo y comercialización del fármaco en sus dos versiones, Pulmaquin y Lipoquin, y además sigue teniendo dos asientos en el consejo de administración de la empresa con sede en California.
elEconomista preguntó ayer a Grifols si la presentación del fármaco para su aprobación en Europa iba a tener costes asociados para la compañía, pero a cierre de la edición del diario no había habido respuesta.

Pedro Sánchez descarta llevar agua del Ebro pero se enfrenta a Page al apostar por el Tajo-Segura

ZARAGOZA.- Hay guerras de diversa intensidad. Las hay abruptas y cortas y las hay interminables con distintos picos de agresividad. En este segundo apartado puede incluirse la guerra del agua que vive España desde hace tres décadas, y que a momentos de calma se le incorporan episodios de alto voltaje, según Heraldo de Aragón
 
El próximo parece que está a punto de iniciarse, a tenor de las declaraciones de los pasados días en el Levante. Las últimas, las del coordinador del PP y número 3 de la formación, Fernando Martínez Maillo, quien en un encuentro con regantes en Murcia y una entrevista al Canal 7 anunció la presentación inminente de un pacto del agua interno en el que los trasvases «forman parte de la realidad para garantizar agua a los regantes». Una afirmación que recogen todos los medios locales.
Sometido a numerosas presiones por las entidades de regantes del Levante español, tradicional caladero de votos del PP y en un momento en el que estos ven cómo todas las encuestas le relegan a un papel secundario en detrimento de Ciudadanos (que mediante eufemismos y apelaciones a la solidaridad también defiende firmemente la conexión entre cuencas), los populares llevan tiempo anunciando que habrá un pacto y en ese pacto habrá trasvases. 
La propia ministra lo viene advirtiendo en los últimos meses. Aludiendo, eso sí, a posibles consensos, sin especificar dónde deben darse (si entre partidos, si en las mayorías parlamentarias, si entre territorios).
Pero Martínez Maillo el pasado lunes fue mucho más explícito al insistir que «habrá trasvases» porque «el agua es un bien escaso y hay que aplicar la solidaridad nacional».
«Es un pacto a nivel interno que estamos muy cerca de alcanzar, está al 99,9% a falta de la firma y donde aparece claramente la realidad de Murcia. Esa realidad que tiene que ser en forma de trasvase», afirmó a Canal 7. 
Una vez se presente este documento, que se haría de forma pública y en un gran acto, se remitiría el texto al PSOE, ya que la intención es convertir este problema en un pacto de Estado y pretende llegar a un acuerdo con la oposición «porque el futuro de zonas como Murcia o Almería están en juego». 
Tras exponer claramente la vigencia de las transferencias hídricas, Martínez Maillo insistió en que el PP «tiene claro dos conceptos: solidaridad y consenso».
Las palabras de Martínez Maillo también tuvieron un claro destinatario, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que criticó que siguiera apostando por la desalación y renunciara a los trasvases, así como que dijera una cosa distinta según el territorio en el que estaba.
Pero el PSOE, que sí ha mostrado públicamente su rechazo frontal a los trasvases desde el Ebro, sí apoya el Tajo-Segura, vigente desde los años 70. Así lo hizo el pasado domingo en Murcia, donde reiteró su apuesta por la desalación y por este trasvase, aunque horas antes había señalado en Albacete «el fin de los trasvases». 
En Murcia indicó que no habría nuevas infraestructuras de este tipo, pero sí defendió la vigente que transfiere caudales desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura.
Estas declaraciones abrieron una espita de polémica en Castilla La Mancha. De hecho, salió al paso de Sánchez el secretario general manchego, Emiliano García-Page, así como numerosos regantes de la zona que denuncian el escaso caudal del Tajo y por tanto cuestionan que se siga cediendo agua al Levante. 
Esto ha provocado un incendio en el PSOE, ya que García-Page arremetió contra el triple trasvase de 60 hectómetros cúbicos y comparó el hecho de que haya «cuencas desbordadas» y pantanos llenos en el Levante y en cambio se siga aplicando este trasvase Tajo-Segura. 
El secretario general del PSOE manchego, y presidente de la comunidad, anunció que recurrirá este triple trasvase.

Según 'Goldman Sachs', el precio de la luz en España puede bajar un 40%

MADRID.- Un informe enviado ayer por Goldman Sachs a sus clientes institucionales pone números al enorme impacto financiero que el avance de las plataformas solares puede tener en las compañías que generan electricidad en Europa. Sus conclusiones son llamativas: según Alberto Gandolfi, el analista que lidera el estudio, la instalación en masa de paneles fotovoltaicos, especialmente en España e Italia, pone en peligro 15.000 millones de euros anuales de beneficio que ahora logran las eléctricas con sus centrales de producción tradicionales de carbón, gas o nucleares, recoge hoy Expansión

El país donde el crecimiento de las renovables puede ser más extremo es España, opina Goldman, gracias a la combinación de muchas horas de sol, elevados precios de la electricidad y amplia capacidad de generación histórica sobrante. 
En 2030, el banco americano estima que un 60% de la electricidad en España provendrá de las renovables (eólicas además de solares), lo que puede reducir hasta un 40% el precio medio de la luz en el país (a 30 euros por megavatio hora), gracias a los cada vez menores costes de instalación de esas plantas y sus mínimos costes variables.
"Los fundamentos económicos de la energía solar son particularmente atractivos en España, que puede ser el país precursor de una tendencia estructural que probablemente se extenderá a otros mercados a nivel global", afirma Gandolfi.
El impacto de esta revolución en el sector eléctrico europeo será muy diferente por compañías, en función de su perfil de negocios. Goldman apunta a la portuguesa EDP como la eléctrica más vulnerable, ya que su beneficio por acción en 2030 respecto a 2020 podría bajar un 38%. 
Por detrás sitúa a la alemana RWE (-25%), la francesa EDF (-23%), las españolas Endesa e Iberdrola (-16% ambas), la germana Uniper (-14%). la británica SSE (-7%). Gas Natural (-7%), la italiana Enel (-6%) y la francesa Engie (-5%).
Ante esta amenaza, las empresas están utilizando dos estrategias:. Por un lado, crecer con inversiones en el área de redes (negocio menos expuesto) y abrazando las propias renovables. 
Por otro, buscar fusiones y adquisiciones para reducir costes.
 Un informe de UBS, también sobre la aceleración del desarrollo eólico y solar, anticipa una fuerte etapa de consolidación entre las eléctricas tradicionales europeas para ganar escala y poder liderar la instalación de esos activos. 
Este proceso podría llevar a la desaparición de una cuarta parte de los actuales nombres en el sector de aquí a 2040, especula el banco suizo.

Las CCAA más liberales crecen un 16% más que las regiones intervencionistas


MADRID.- Libre Mercado explicaba el pasado año la importancia que tiene la libertad económica a la hora de explicar los distintos niveles de desarrollo de las comunidades autónomas españolas. A partir del Ranking de Liberalización Regional este diario constató que los territorios que más favorecen el laissez faire tenían en 2015 10.000 euros más de PIB per cápita y diez puntos menos de paro.

Pero la situación económica ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Si hace un par de ejercicios aún había miedo a que la recuperación fuese un mero rebote, hoy podemos decir que la senda de crecimiento en la que ha entrado España es razonablemente sólida y sostenible. 
Esto nos obliga a volver a plantearnos la misma hipótesis de antaño, con ánimo de revisar la nueva evidencia empírica disponible. Con España creciendo al 3%, ¿sigue siendo la libertad económica un factor diferencial a la hora de explicar el desarrollo y la prosperidad de sus distintas comunidades autónomas?
Para responder a esta pregunta, tomaremos como referencia el crecimiento regional auditado por el INE para 2014-2017, así como las proyecciones de BBVA Research para 2018-2019. 
De nuevo, dividiremos a las regiones según su grado de libertad económica, a partir de quince variables que abarcan áreas como la competitividad fiscal (gasto, impuestos y deuda), el empleo (tasa de paro y peso del empleo privado) o la liberalización de servicios públicos (participación de la empresa privada en sanidad y educación). 
De modo que Madrid, Baleares, País Vasco y Navarra figuran en un extremo (RLR Grupo 1), Andalucía, las dos Castillas y Extremadura aparecen en la esquina opuesta (RLR Grupo 3) y entre ambos supuestos tenemos nueve territorios que reciben una calificación intermedia (RLR Grupo 2).
¿Qué resultado arroja este ejercicio? Una vez más, comprobamos que la libertad económica genera mejores resultados en términos de bienestar. 
Con el crecimiento como parámetro de referencia, vemos que el PIB de las comunidades autónomas más liberales habrá subido un 17,18% entre 2014 y 2019, frente al 14,78% de las regiones más intervencionistas o el 15,71% del grupo intermedio.
El promedio de crecimiento para RLR Grupo 1 entre 2014 y 2019 asciende al 2,9%, mientras que RLR Grupo 2 está en 2,6% y RLR Grupo 3 en 2,5%. Estas diferencias explican la creciente brecha entre unos y otros territorios.


'Navantia' aumenta ingresos, pero sigue en pérdidas: casi 300 millones

LA CORUÑA.- En su última comparecencia en el Congreso, la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pilar Platero, puso el acento en el cambio de tendencia que había experimentado Navantia, una de las principales compañías de la corporación, con una destacable subida en su cifra de negocio, tal como recoge La Voz de Galicia

Durante el pasado ejercicio, el incremento de los ingresos en los astilleros públicos del país fue de un 20 % hasta alcanzar los 850 millones, según las primeras cifras de cierre del 2017, auspiciado fundamentalmente por los pedidos de construcción naval. 
Pero ese repunte no evitó, de nuevo, que los números rojos continuasen creciendo. De hecho, si en el 2016 ya se habían registrado las pérdidas más altas de su historia, el pasado ejercicio el balance financiero fue peor, rozando los 300 millones de euros.
Los malos resultados económicos se produjeron en un año en el que todos los astilleros contaron con pedidos, aunque la carga de trabajo generada no fue suficiente para acabar con la subactividad de las instalaciones.
Después del vaciado de las gradas que se produjo durante los años más duros de la crisis económica, la empresa que preside el gallego Esteban García Vilasánchez accedió a nuevos encargos con precios muy competitivos, como sucedió con el contrato para la construcción de los dos buques logísticos para la Armada de Australia, que arrebató hace dos años al astillero coreano Daewoo
También se ha adentrado en el mercado civil, con el pedido de construcción de cuatro petroleros para la naviera vasca Ondimar; ahí la compañía tuvo que realizar una oferta en alianza con Daewoo, que envía los materiales desde Corea. 
Las obras, que sirvieron para generar actividad y ocupación en las plantas, obligaron, no obstante a la empresa pública a tener que incrementar las provisiones y también llevó a su accionista, la SEPI, a realizar distintos créditos participativos en los últimos años.
Los portavoces de los trabajadores también llevaban varios años advirtiendo de la necesidad de desterrar el modelo de gestión aplicado en la anterior etapa, que se cambió con la nueva reorganización aprobada a mediados del pasado ejercicio.
El cierre económico del 2017 aún está pendiente del visto bueno de la SEPI, que junto a la dirección de la compañía ha presentado un plan estratégico para despejar definitivamente la situación financiera de la compañía pública pero también para apuntalar su futuro, con un cambio radical del negocio, con un modelo de Astillero 4.0. y con plantillas rejuvenecidas.
Uno de los objetivos que se persigue con la materialización del plan -está pendiente de una nueva reunión con los sindicatos para entrar de lleno en el debate de las nuevas incorporaciones a las plantillas- es conseguir que el equilibrio de las cuentas se lleve a cabo en torno al año 2021.
Tras el acuerdo -aún no rubricado en forma de contrato- con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas, Navantia confía en firmar este año la orden de ejecución e las F-110, valoradas en 4.000 millones.

Desaparece el hombre marroquí condenado a 10 años de cárcel por el crimen de Mula

MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha dictado orden de búsqueda y captura nacional e internacional de Adil R., el hombre que la semana pasada fue condenado a diez años de prisión por la muerte violenta de otro, ocurrida entre enero y marzo de 2006 en Mula, municipio donde ambos residían. 

El auto en el que se toma esa medida señala que la misma ha sido adoptada después de que no haya sido localizado por la Guardia Civil, a la que el pasado 25 de abril se le comunicó que debía proceder a la inmediata detención de aquel, para su ingreso en prisión.
La resolución, dictada por el presidente del jurado popular que declaró culpable al procesado, ordena enviar requisitorias a la dirección general de Seguridad del Estado, a la de la Policía Nacional y a la de la Guardia Civil "para que procedan con arreglo a lo acordado".
Afirma también el auto que la imposibilidad de localizar a Adil R. "supone que intenta sustraerse a la acción de la Justicia, por lo que procede ordenar su búsqueda y detención tanto a nivel nacional como internacional".
Los hechos por los que el acusado, nacido en Marruecos, fue condenado por la muerte por asfixia de un compatriota, fueron cometidos entre enero y marzo de 2006.
El fallecido murió al impedirle la respiración por la mordaza que tapaba su boca y vías respiratorias, y el cadáver fue enterrado en una fosa excavada en un pinar de Mula, donde fue encontrado por unos cazadores.
Su detención no se produjo hasta el 2010, y su estancia en prisión duró solo un mes, ya que salió de la misma tras depositar una fianza de 10.000 euros y serle retirado el pasaporte.
Tras la lectura del veredicto popular que lo declaró culpable del homicidio, el fiscal del caso solicitó su ingreso en prisión, por el riesgo de fuga, y, entonces, Adil R. declaró al tribunal que no tenía intención de fugarse, ya que vivía en Mula con su esposa y su bebé, presentes en esos momentos en la sala del juicio.

El 55% de las empresas murcianas revisadas en 2017 no etiqueta bien el aceite de oliva

MURCIA.-El 55 por ciento de las empresas inspeccionadas el año pasado por la Comunidad Autónoma no cumplía con la normativa vigente sobre etiquetado del aceite de oliva, según ha avanzado el director general de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, Francisco Abril, quien presentó la Memoria de Consumo 2017 e informó de las deliberaciones del Consejo Asesor Regional de Consumo.

Y es que, explicó en rueda de prensa, "se han encontrado deficiencias en el etiquetado, la falta de información según marca la normativa, así como deficiencias en cuanto a que algunos aceites figuraban como aceite virgen extra cuando eran aceite virgen", de lo que se ha informado a la empresa para que lo corrija e incluso "se han iniciado expedientes sancionadores". 
En algunos casos, además, se ha detectado que los aceites contenían mezcla de otros aceites, manifestó.
Resaltó que no suponen un grave peligro para la salud, pero sí un engaño al consumidor.
"En algunos casos se ha dado traslado a la Consejería de Salud, se han movilizado partidas de producto en algunas almazaras para que no puedan salir a la venta" a fin de "asegurar que el producto llegue al consumidor con las mejores garantías", destacó.

Aumentan un 53% los contratos temporales convertidos a indefinidos de mayores de 45 años

MURCIA.- Los contratos temporales convertidos a indefinidos de mayores de 45 años en la Región de Murcia han aumentado un 53 por ciento en el último año, según la empresa de recursos humanos Randstad, cuyo informe revela que, por primera vez en la serie histórica, se han superado las 1.800 conversiones en mayores de 45 años durante el primer trimestre del año en Murcia.

En concreto, 1.829 contratos temporales a mayores de 45 años se han convertido en indefinidos, lo que supone un aumento del 52,7 por ciento respecto al año anterior y del 66,3 por ciento más respecto a la cifra registrada hace una década.
Tras superar las 1.100 conversiones en 2008, este tipo de conversiones descendió, excepto un leve repunte en 2011, hasta registrar en 2012 su cifra más baja (455).
Los contratos convertidos a indefinidos a este colectivo de profesionales encadenaron seis años consecutivos de crecimiento, hasta superar los 1.800 contratos en 2018.
En España se han realizado durante el primer trimestre del año más de 44.000 conversiones.