CARTAGENA.- Los alcaldes de Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y San Javier se han mostrado muy críticos con la comisión especial del Mar Menor al no contar con ellos antes. Los regidores municipales han comparecido este lunes junto a la alcaldesa de Cartagena,
Ana Belén Castejón, en la Asamblea Regional para informar de su punto
de vista sobre las actuaciones que se están llevando a cabo en el
entorno de la laguna salada.
«Ya estaba bien que se nos llamara a los alcaldes», comenzó su intervención la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, que mostró su malestar por no haberse contado con los regidores municipales en la convalidación del decreto ley de medidas urgentes.
Martínez
se mostró preocupada, sobre todo por la red de saneamiento y porque no
se produzcan filtraciones a la laguna. Además, advierte que la ley
integral, «que tendría que redactarse en la Asamblea», debería hacer
compatible el sector turístico, ecoturismo y el turismo de salud.
Por parte del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo,
afirmó que le parece «triste» que no se haya contado antes con los
alcaldes de la zona del Mar Menor. Durante su intervención ha defendido a
los agricultores; «se ha hecho un esfuerzo draconiano por parte de los agricultores y se les ha criminalizado,
no se puede generalizar con respecto a este sector que está dispuesto a
hacer lo que haga falta para proteger el Mar Menor y hacer compatible
los dos usos».
Entre las medidas que cree que deberían añadirse a la ley integral
y que, según expusto, ellos ya han puesto en marcha, destaca la
limitación de la velocidad de las embarcaciones para que no puedan ir a
más de cinco nudos donde hay una profundidad de menos de cuatro metros,
así como impedir la construcción de más puertos deportivos.
El alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida,
manifestó también su malestar por el retraso en comparecer en la
Asamblea. Él considera que es equivocado hablar de «contaminación» en la
laguna salada porque es algo «irreal; el Mar Menor tiene un problema, está enfermo, pero no está contaminado»,
dijo advirtiendo que al hablar de contaminación se está afectando
negativamente a los propietarios de los mil negocios de la zona.
Bastida también reclamó celeridad en la redacción de la ley integral. «Retrasar la ley no es bueno, cuanto más se demore, más perjuicio habrá para los comerciantes de la zona», añadió.
Finalmente, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón exigió que se respeten las consideraciones del comité científico y que se retome «el consenso» en las actuaciones que se realicen.
Castejón,
que avanzó que enviará una carta al presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, y al de la Comunidad, Fernando López Miras, para que impulsen una
comisión de trabajo sobre este asunto entre las tres administraciones,
considera «imprescindible» contar con un plan de saneamiento y
depuración.
La regidora cartagenera también planteó la posibilidad de pedir una moratoria urbanística
que dé a los ayuntamientos «un marco legal» para no incrementar la
presión demográfica sobre el Mar Menor, así como estudiar y planificar
el modelo urbanístico más adecuado.
Sin embargo, dicha petición no
fue aceptada por los otros tres alcaldes, que señalan que ya ha habido
moratoria durante los diez últimos años y que en los planes generales de
ordenación de los municipios se prohíbe la construcción de viviendas en
determinadas zonas.
