lunes, 12 de marzo de 2018

... y sigue la racha de catedráticos y más catedráticos


MURCIA.- Trece profesores de la Universidad de Murcia han tomado posesión de sus cargos como titulares o catedráticos en un acto celebrado este lunes, 12 de marzo, en la Convalecencia, sede del Rectorado. En total han tomado posesión ocho profesores titulares y cinco catedráticos.

El rector, José Orihuela, ha presidido el acto al que han asistido numerosos familiares y personal de la Universidad. Una vez finalizada la toma de posesión el rector ha dirigido unas palabras a los docentes a los que ha deseado "la mejor de las suertes" en la nueva etapa que ahora comienzan y les ha dado un mandato: "Investigad y situad a la Universidad de Murcia al máximo nivel".
Orihuela ha asegurado estar "muy contento" por poder celebrar actos de toma de posesión de profesores como el de hoy que hace cuatro años estaban paralizados por la situación económica de la Universidad y la tasa de reposición.
Los profesores que han tomado posesión de sus cargos son:

- María Isabel Tejeda Martín, Profesora Titular de Universidad en el área de conocimiento "Escultura".
- María Mercedes Jiménez Atienzar, Catedrática de Universidad en el área de conocimiento "Bioquímica y Biología Molecular".
- María Gómez Gómez, Profesora Titular de Universidad en el área de conocimiento "Ingeniería Química".
- Julio Otal Salaverri, Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento "Producción Animal".
- María Carmen Ramírez de la Fe, Profesora Titular de Universidad en el área de conocimiento "Psicología Social".
- Nuria Ureña Ortín, Profesora Titular de Universidad en el área de conocimiento "Didáctica de la Expresión Corporal".
- Antonio Aznar Mínguez, Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento "Pintura".
- Jesús Joaquín García Molina, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento "Lenguajes y Sistemas Informáticos".
- María Mercedes Navarro Egea, Catedrática de Universidad en el área de conocimiento "Derecho Financiero y Tributario".
- María Fuensanta Máximo Martín, Catedrática de Universidad en el área de conocimiento "Ingeniería Química".
- Juana Mercedes Cabanes Cos, Catedrática de Universidad en el área de conocimiento "Bioquímica y Biología Molecular".
- Aurora Alcaide Ramírez, Profesora Titular de Universidad en el área de conocimiento "Pintura".
- Susana Torrado Morales, Profesora Titular de Universidad en el área de conocimiento "Comunicación Audiovisual y Publicidad".

El sacerdote diocesano Pascual Saorín, nuevo vicario general de la diócesis de Takamatsu en Japón


MURCIA.- Tras obtener la licenciatura en Teología Pastoral en la Universidad Pontificia de Salamanca, el sacerdote diocesano Pascual Saorín llegó el pasado mes de octubre a la diócesis de Takamatsu en Japón. Tras el periodo de estudio en Madrid, Saorín, natural de Cieza, regresaba por segunda vez al país nipón, ya que anteriormente estuvo destinado en la archidiócesis de Osaka, desde 2001 a 2015.

El Obispo de Takamatsu, Mons. Eijiro Suwa (su nombre cristiano es Juan Apóstol), le ha nombrado vicario general de esta diócesis que es una de las más pequeñas de Japón. Comprende cuatro provincias de la isla de Shikoku: Kochi, Matsuyama, Tokushima y Kagawa, cuya capital Takamatsu es la que da el nombre a la diócesis. Se trata de una isla situada al sudeste de Japón, muy montañosa y rural, con mayor vida industrial en las zonas costeras. Tiene unos seis millones de habitantes, de los cuales sólo unos 4.500 son católicos. 
“Sí, no es un error. Una diócesis de 4.500 cristianos, con una veintena de parroquias y poco más de treinta sacerdotes que han de abarcar una zona muy amplia, montañosa y de un budismo muy profundo. Es decir, cualquier párroco en nuestra diócesis de Cartagena tendría más cristianos que toda esta diócesis junta... 
Ahora bien, se trata de una zona misionera y por ello todo el enfoque está dirigido a la evangelización”, explica Saorín. Una misión que se lleva a cabo también a través de muchas guarderías, escuelas y universidades, así como hospitales. “Yo mismo trabajo ya en una parroquia (Marugame), además de otra de la que me haré cargo desde abril (Zentsuji), en una guardería y también, desde abril, estaré en la cárcel provincial de Takamatsu, como capellán de prisiones”, destaca el misionero.
La Iglesia es muy reconocida en Japón por su labor social, sanitaria y educativa. Según Pascual Saorín, son muchos los cristianos de corazón que no acaban de dar el paso para recibir el Sacramento del Bautismo, “pero en su interior reconocen a Jesucristo como alguien más que un profeta y la Virgen María ocupa también un lugar muy importante en la espiritualidad de muchos japoneses, sobre todo de los que han pasado por las escuelas católicas”.
Con “sorpresa y responsabilidad”, así asegura que vive este nombramiento a través del cual el obispo de Takamatsu le ha pedido que aporte nuevas ideas para la evangelización en esta diócesis donde tienen problemas para para mantenerse sin ayuda externa. “La situación es precaria, así que no tenemos más remedio que trabajar más con menos medios. Japón es un país en crisis, una crisis muy profunda en todos los sentidos. La Iglesia no se escapa de esta realidad poco alentadora, aunque ello supone un motivo más para redoblar la esperanza”.
Desde la misión en Japón, Pascual Saorín pide oraciones a su Iglesia diocesana de origen. “Como cura de la diócesis de Cartagena trataré de llevar la fe de nuestra Iglesia a estas tierras. Pido para ello muchas oraciones por las misiones y los misioneros, así como generosidad a los sacerdotes de nuestra diócesis para prolongar el "sí" vocacional que le dimos al Señor y extenderlo a regiones y ámbitos donde el mensaje de libertad del Evangelio todavía no es conocido o está desvirtuado. Si la Iglesia no es misionera, no es Iglesia. Existimos para evangelizar”.

'Ahora Murcia exige a Ballesta que vele por que nuestros colegios tengan las mejores condiciones


MURCIA.- Ahora Murcia exige al alcalde Ballesta que vele por que los colegios del municipio tengan las mejores condiciones para los alumnos y profesionales, y que defienda también el empleo de calidad de los trabajadores de las empresas subcontratadas. 

Trabajadoras de la limpieza de colegios de la empresa subcontratada Ferrovial, protagonista de continuos y graves incumplimientos, han ofrecido hoy una rueda de prensa en el Consistorio, que ha contado con la presencia de concejales de Ahora Murcia y en la que han denunciado la mala planificación de la empresa, la excesiva carga de trabajo, las rotaciones incomprensibles y el impago de las horas extraodinarias y de las limpiezas extraordinarias.
"Esta situación está provocando las quejas de las trabajadoras", señala Alzamora, "pero también de los colegios y Ampas, ya que por culpa de la mala gestión y los incumplimientos del contrato por parte de Ferrovial, se ve afectado el servicio de limpieza que reciben los centros educativos, a pesar del gran trabajo y esfuerzo de las trabajadoras, con una dedicación que a menudo no ven remunerada".
Ante esta situación, Ahora Murcia se ha dirigido hoy por escrito al concejal de Educación, Rafa Gómez, solicitando información sobre las quejas que las direcciones de centros y Ampas han dirigido al Ayuntamiento acerca de la limpieza de los colegios y la mala prestación del servicio por la empresa, así como cuál está siendo, en caso de haberla, la respuesta del Ayuntamiento ante esta situación.
El concejal critica que "las subcontratas que constantemente y en todos los sectores realiza el Gobierno del PP con grandes empresas fomentan el trabajo precario y la mala calidad del servicio. Ballesta deja la prestación de servicios públicos en manos de empresas que se preocupan mucho más por sacar tajada, incluso a base de incumplimientos, que en ofrecer un buen servicio y unas buenas condiciones a los trabajadores. El Ayuntamiento tiene la obligación de tomar medidas ante estas situaciones que solo benefician a las empresas subcontratadas".
Por su parte, la portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales, señala que "estamos hablando, en última instancia, de las condiciones de los colegios a los que acuden nuestros hijos e hijas. El Ayuntamiento debe velar por que la educación pública se ofrezca en las mejores condiciones".

IU-Lorca critica el nombramiento de 47 pedáneos decretado por Fulgencio Gil, que impide su elección democrática


LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes Lorca, Gloria Martín, ha criticado el nombramiento de 47 Alcaldes de barrio y pedáneos y de tres tenientes de alcalde pedáneos por parte del primer edil del municipio, Fulgencio Gil (PP), tal y como publica hoy el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Entre los nombrados, que actuarán como auxiliares del Alcalde en sus respectivos barrios y diputaciones, figuran ex concejales y destacados militantes del Partido Popular, con lo que Gil se asegura el mantenimiento de una red de "afines" a su partido en las labores de representación vecinal. 

Con la publicación de este Decreto de Alcaldía, Fulgencio Gil sigue impidiendo su elección democrática por parte de los vecinos y vecinas, amén de dejar en evidencia su nulo interés por desarrollar el Reglamento de Participación Vecinal del municipio, aprobado el 14 de abril de 2011, hace ya siete años, a pesar de la designación "a dedo" como asesor de la concejalía de Participación de un ex concejal del PP, Joaquín Ruiz Montalván, cargo por el que cobra casi 2.500 euros mensuales de las arcas públicas y al que accedió tras la destitución de otra ex concejala del PP que apenas lo ostentó unos meses. "Queda de manifiesto que para el PP la participación ciudadana es secundaria a los juegos de tronos y una excusa para el reparto de enchufes y prebendas", aseguró Martín.
Martín recordó que la elección democrática de los alcaldes pedáneos fue una promesa del PP en la campaña de las municipales de 2007 que ha sido "claramente incumplida" porque "no es lo mismo predicar que dar trigo" y exigió que se promueva la modificación del reglamento para que éstos sean elegidos de manera directa mediante una tercera urna a partir de las elecciones municipales de 2019. La normativa actual dispone que éstos sean designados por extrapolación de los datos obtenidos en las elecciones municipales, pero ni siquiera se cumple este procedimiento, que sigue siendo una prerrogativa "anacrónica y despótica" del alcalde.
Al respecto, la edil de IU-Verdes aseguró que su formación política va a iniciar una recogida de firmas al respecto con el fin de que los vecinos puedan ejercer su "derecho de propuesta ciudadana" para que sus representantes en barrios y pedanías sean "los y las elegidos por mayoría en las urnas" y no "comisarios políticos" del alcalde de turno como ocurre en algunas zonas del municipio.

Colectivos de Murcia analizarán los niveles de basuraleza en ríos y humedales


MURCIA.- Arranca '1m2 por los ríos, embalses y pantanos', que se desarrollará hasta el 18 de marzo con batidas de recogida de datos y limpieza organizados por asociaciones, empresas y colectivos constituidos del ámbito medioambiental, cultural, vecinal u otros.Se desarrollarán batidas en la Casa del Agua del Embalse de Santomera y en la orilla del río Segura. 

El objetivo de esta acción es conseguir información en las 35 provincias de actuación para lograr un mayor conocimiento de las causas y efectos que tiene la basuraleza sobre los entornos naturales fluviales.
Entidades y asociaciones murcianas participarán en la primera campaña de ciencia ciudadana del proyecto LIBERA en ríos y humedales. Los voluntarios analizarán la cantidad y la composición de la basuraleza que está degradando estos ecosistemas e impactando sobre la vida silvestre. La información, que se recopilará año a año según criterios validados científicamente, servirá para que autoridades, sectores productivos e investigadores puedan dimensionar el problema de la basuraleza en estos entornos y, así, diseñar mejores estrategias para solucionar este problema ambiental que ya está causando un grave impacto en la biodiversidad a escala global.
Tras realizar campañas a escala nacional en 80 entornos terrestres y en otros 70 puntos costeros, en los se caracterizaron cerca de 30.000 residuos, LIBERA pone en marcha '1m2 por los ríos, embalses y pantanos'. La iniciativa arranca esta semana, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Ríos (14 de marzo). Durante los próximos siete días, los participantes caracterizarán la basuraleza entornos fluviales, embalses, pantanos y otros humedales.
En Murcia, se analizarán los residuos abandonados en espacios naturales de la Casa del Agua del Embalse de Santomera (18 de marzo) y en la orilla del río Segura (11 de marzo).
Aunque la basuraleza, presente en todos los ecosistemas, es una catástrofe ambiental documentada científicamente, existe un alto grado de acuerdo sobre la necesidad de seguir monitorizando y estudiando el fenómeno, especialmente en entornos terrestres. Por ello, una de las principales líneas de trabajo de LIBERA se centra en los proyectos de ciencia ciudadana, que recopilan información mediante criterios científicos aprobados internacionalmente.
Los voluntarios que salgan al campo a analizar basuraleza estos días cubrirán una determinada distancia unos 100 metros identificando los diferentes residuos que encuentren en su camino. En su camino, rellenarán un sencillo formulario indicando cuestiones como el tipo de residuo, sus dimensiones o su ubicación. La información, que se incorpora a otros indicadores, como los programas de seguimiento de la avifauna accesibles para administraciones y comunidad científica. Al repetir esta caracterización año tras año, será posible establecer tendencias sobre el impacto de la basuraleza en este tipo de entornos tan sensibles. Los datos se van incorporando a una base de datos común del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).
Entre las entidades murcianas participantes en esta campaña se encuentra Ecologistas en Acción de la Región Murciana y Asociación Región de Murcia Limpia.

Ríos y humedales, tan sensibles como importantes
Los ríos y humedales son entornos especialmente sensibles a las amenazas. En España, la escasez de agua y la contaminación, a la que contribuye la basuraleza, constituyen dos importantes factores de impacto. En los ríos, está evidenciado que la cantidad de basuraleza aumenta a medida que el cauce se acerca al mar. No en vano, diversas investigaciones apuntan a que los ríos son uno de los principales transmisores de basuraleza a los océanos.
"Está comprobado: la basuraleza es un agente más del cambio global, ese conjunto de acciones humanas que está poniendo el mundo patas arriba, aumentando las temperaturas, extinguiendo especies o destruyendo hábitat. Conservar los ríos y los humedales es fundamental para poder asegurar nuestro futuro pues nos proveen de servicios básicos, como el agua o la regulación de temperaturas. Cada residuo que acaba en los ríos o en sus entornos empobrece la naturaleza. Nos empobrece a todos. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Por eso, es imprescindible y urgente que avancemos hacia un modelo de economía circular donde la palabra basura no exista porque todos los residuos se convertirán en recursos nuevos" , asegura Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.
Por su parte, Óscar Martín, consejero delegado de Ecoembes señala que "la basuraleza se ha convertido en una catástrofe ambiental silenciosa de una dimensión abrumadora. Es por ello que se hace necesaria la colaboración de todos para encontrar una solución. En este sentido, LIBERA está trabajando para poder aportar datos del abandono de residuos en el ecosistema fluvial para poder realizar acciones concretas y frenar las devastadores consecuencias de esta grave problemática".

IU-Verdes Lorca denuncia la "obsesión enfermiza" de Jódar por devastar el entorno de Puntas de Calnegre


LORCA.- La concejala de Izquierda Unida Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha criticado duramente al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y ex alcalde de Lorca, Francisco Jódar, por su intención de instalar un polígono de cultivos marinos en un tramo de costa frente a Puntas del Calnegre, entre Puntas del Siscal y la playa de Parazuelos.

La Consejería que dirige Jódar ha sacado a concurso la elaboración del estudio de impacto medioambiental sobre la construcción de un polígono de 130 hectáreas para el cultivo marino intensivo de 8.000 toneladas anuales de diferentes especies -principalmente atún, dorada, lubina, corvina, seriola y lenguado- en jaulas flotantes.
Martín ha explicado que el proyecto se situaría dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 y dentro de la demarcación marina levantina-balear, establecida en la Ley 41/2010, de protección del medio marino. También afectaría a los Lugares de Interés Comunitario (LIC) "Calnegre" y "Franja Litoral Sumergida".
En ese sentido, ha alertado del enorme perjuicio medioambiental que ocasionaría el vertido de ingentes cantidades de restos de alimentos y excrementos, así como de productos químicos derivados del uso de medicamentos (antibióticos, biocidas, antiparasitarios) y de sustancias empleadas para la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, como pintura antiincrustante (antifouling), altamente contaminante.
Martín ha recordado que tanto el Instituto Español de Oceanografía (IEO) como el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), ya han puesto de manifiesto la "mermada" capacidad de respuesta de la pradera de Posidonia paralela a la línea de costa frente a las perturbaciones que se derivan de la acuicultura intensiva, lo que podría causar su empeoramiento. 
El polígono también generaría impacto en el resto de ecosistemas acuáticos y supondría un serio peligro por capturas accidentales, interacciones con embarcaciones y contaminación de las aguas para especies animales protegidas, como el delfín mular y la tortuga boba. El ruido submarino afectaría también a otras especies de interés en la zona como el calderón común, el cachalote o el rorcual. Eso sin contar el posible impacto del efecto llamada sobre otras especies peligrosas para el ser humano, en una zona próxima al baño.
La edil de IU-Verdes también ha hecho alusión a la destrucción mecánica del fondo marino por la colocación de anclajes, además de afección al Parque Regional Cabo Cope-Puntas de Calnegre si la deriva de la carga contaminante se produce hacia el sur. 
Martín ha recordado la reciente adhesión del primer edil de Lorca, Fulgencio Gil, al Pacto de Alcaldes contra el Cambio Climático y le ha exigido que se oponga con contundencia a la construcción del polígono marino que también tiene incidencia en este aspecto por las emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero.
La concejala ha hecho alusión a otros aspectos preocupantes contemplados en el proyecto de creación del polígono, como la peligrosidad sísmica inducida por la realización de la obra, así como el vertido al mar de metales pesados o hidrocarburos. 
También ha hecho referencia a numerosas críticas y alegaciones por parte de los vecinos de la zona, dados los evidentes perjuicios ocasionados por esa actividad que empeorarían la calidad de las aguas de baño del entorno y generarían un terrible impacto paisajístico, en particular en las playas de Parazuelos, Calnegre y Puntas del Siscal. 
También la Cofradía de pescadores de Mazarrón ha indicado que la antigua actividad acuícola tuvo efectos negativos sobre la pesca extractiva en la zona ocasionando pérdida de zonas disponibles para faenar y de caladeros, así como peligro para la seguridad en la navegación.
Gloria Martín ha criticado duramente la "obsesión enfermiza" de Jódar por "devastar" el entorno del parque natural de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. "No pudo explotarlo urbanísticamente y ahora pretende construir un macropolígono marino que degradaría gravemente el único tramo de costa con el que cuenta el municipio de Lorca", aseguró para añadir que "conocemos bien el perfil antiecologista del que fuera alcalde, del que no nos hemos librado a pesar de su huida a Murcia porque ahora, desde su Consejería, sigue empecinado en aniquilar nuestro medio ambiente, que es patrimonio de todos".
Por todo ello, la edil de IU-Verdes ha exigido la unidad de los Ayuntamientos de Lorca, Águilas y Mazarrón para frenar la ejecución de este proyecto. "Pedimos a Fulgencio Gil (PP), María del Carmen Moreno (PSOE) y Alicia Jiménez (PP), alcaldes de estos municipios, que se pongan al frente de las reivindicaciones de vecinos y pescadores y planteen iniciativas comunes con las que impedir la construcción de este polígono.

Podemos: "El Gobierno Regional no puede seguir haciendo oídos sordos a las demandas del 8M"

CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos, M. Ángeles García Navarro exige la puesta de medidas urgentes para erradicar la violencia machista, tras conocerse los datos facilitados por el observatorio contra la violencia domestica, y que sitúa a la Región como la segunda comunidad con mayor tasa de denuncias por violencia machista, concretamente con 87,8 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000, la segunda comunidad mayor del país.

La diputada regional de Podemos, ha manifestado que "estos datos ponen de manifiesto la urgencia de que el gobierno ponga en marcha una toda una batería de medidas contra las violencias machistas" así se ha referido al anuncio realizado el pasado día 8 de Marzo, cuando tras la manifestación multitudinaria y global celebrada en defensa de la igualdad, el propio presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció que el gobierno pondría en marcha el observatorio de Igualdad.
Según ha explicado García Navarro "El observatorio de Igualdad se aprobó en 2007 y tenía que haberse puesto en marcha en 2008, ahora 10 años después, el presidente del PP en la Región, nos vende la medida, como si fuese un logro, cuando lo único que han hecho desde el PP es no cumplir la Ley, dejación de sus funciones y ahora campaña personal"
En este sentido desde la Secretaría de Feminismos e Igualdad LGTBI de Podemos Región de Murcia, Concha García Altares, ha exigido al gobierno regional, que tome medidas urgentes para erradicar esta situación que nos pone a la cabeza del país en víctimas de violencia machista y haga lo que tiene que hacer como gobierno, más allá de anuncios propagandísticos y dote presupuestariamente a las políticas de igualdad en la Región.
En este sentido, la diputada regional de Podemos M. Ángeles García Navarro ha afirmado que "la Región sigue estando a la cola en lucha contra la violencia machista y la desigualdad, porque pese a haberse aprobado en la Asamblea la Ley de Igualdad, el ejecutivo no la ha puesto en marcha, y además desde hace 6 años, en la Región de Murcia se ha recortado en más de un 76% el destinado a políticas de igualdad, pasando de 5.450.000 a 1.300.000 euros".
Finalmente desde Podemos Región de Murcia se insta al gobierno regional a recuperar presupuestariamente los servicios de fomento de igualdad y atención psicológica, jurídica, social y de empleo a mujeres violentadas y menores expuestos a violencia de género para no dejar a ninguna mujer atrás.

Padres y madres lanzan una campaña contra los deberes

MADRID.- La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), mayoritaria en la enseñanza pública y que integra a más de 11.000 asociaciones, ha retomado "lucha por la erradicación de los deberes" con el objetivo de que sus hijos estén exentos de deberes las próximas vacaciones de Semana Santa bajo el hashtag #STOPDEBERES.

Esta organización denuncia con el lema ´En mi casa falta tiempo libre´ las numerosas consecuencias negativas de sobrecargar con tareas escolares a los niños, como por ejemplo, la intromisión e injerencia en la vida familiar y el tiempo de ocio, las situaciones de desigualdad entre al alumnado o la vulneración de los derechos del niño.

La CEAPA advierte de las numerosas quejas que recibe de familias que se ven afectadas por la sobrecarga de deberes que sus hijos llevan a casa y de los verdaderos problemas que les generan tanto a los alumnos como a sus padres. "El niño necesita tener tiempo para leer, para revisar la lección y para disfrutar de su tiempo libre", señala la presidenta.
En sus estudios, la CEAPA, advierte de que los deberes no están relacionados con el éxito escolar y representan, en gran medida, el fracaso del sistema educativo, por sobrecargar a niños de tareas para afianzar aprendizajes que no se están alcanzando debidamente en la escuela.
También recalca que estas tareas crean tensiones en las familias y constituyen "un problema" en la conciliación de los padres y madres al no disponer los progenitores de tiempo para la supervisión del trabajo fuera del colegio. "Los menores necesitan tiempo para realizar actividades deportivas, culturales o de esparcimiento, que también contribuyen a su desarrollo personal", concluyen.
Además de estos análisis, la organización ha decidido concienciar de lo perjudicial de la gran cantidad de deberes a los que se enfrentan padres e hijos diariamente mediante una canción pegadiza, que quiere convertir en el hito de aquellos que están en contra de la sobrecarga de deberes escolares.

Fecoam cifra en más de 24 millones de euros los daños por las heladas en la fruta de hueso

MURCIA.- La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) realizó este lunes una estimación de las consecuencias de las heladas en los frutales de hueso producidas los días 23 y 24 de febrero en la Región, que ha valorado en más de 24 millones de euros, lo que califica de "importantes daños".

Según han informado fuentes de este organismo, las bajas temperaturas registradas, que llegaron a valores de hasta 6 grados bajo cero, provocaron importantes daños en explotaciones de frutales de diferentes municipios de las comarcas del Altiplano, Noroeste, Río Mula y sobre todo en la Vega del Segura, afectando a los cultivos de melocotón, nectarina, paraguayo y albaricoque.
Así, en el sector de fruta de hueso se ha producido en los últimos años una importante renovación varietal dirigida a la plantación de variedades tempranas y extra-tempranas, pero estas heladas han sido especialmente críticas para estas variedades.
En melocotón, nectarina y paraguayo, la superficie afectada en la Región de Murcia se estima en unas 1.050 hectáreas, lo que supone una pérdida de producción de 4.000 toneladas de melocotón, 13.000 toneladas de nectarina y 7.900 toneladas de paraguayos.
En cuanto a albaricoque, la superficie afectada alcanza las 1.000 ha, con una pérdida de producción de cerca de 6.000 toneladas.
En total, en el conjunto de frutales de hueso, se han visto afectadas unas 2.250 hectáreas con una pérdida de producción de 30.900 toneladas, lo que económicamente representa unas pérdidas de 24.350.000 euros.
Según las fuentes, en términos de empleo, las pérdidas por las heladas suponen más de 196.000 jornales directos y unos 49.000 jornales en almacenes de manipulado y otros indirectos, consecuencia de que, motivados por la helada, gran parte de los agricultores han suspendido sus labores de aclareo y también debido a la menor cosecha esperada, se necesitarán de menos empleados para realizar las correspondientes recolecciones.
Los casi 250.000 jornales perdidos van a ser un duro golpe para las economías de las zonas productoras ya que, para una gran cantidad de hogares, esta actividad es su principal fuente de ingresos.
Asimismo, Fecoam ha informado del nuevo Plan Estratégico de Marketing que está elaborando la organización Cooperativas Agro-alimentarias de España (CCAE), en la que se incluye Fecoam.
En este sentido, el Grupo de Trabajo de Fruta de Hueso de CCAE recogió las propuestas de Fecoam acerca del interés del sector en la Region de Murcia por que se acometieran iniciativas para el fomento del consumo de fruta de hueso en España.
Con ese objeto, el grupo de trabajo acordó plantear el objetivo de aumentar un 10-15% anual el consumo nacional de fruta de hueso en su conjunto incluyendo todas las especies y tipo de fruta de hueso (melocotón, nectarina, paraguayo, albaricoque, ciruela y cereza) entre los meses de mayo y agosto.

Casi la mitad de los alumnos de los cursos del SEF encuentran empleo en seis meses

MURCIA.- El 46,4 por ciento de los alumnos que completan un curso para desempleados del SEF son contratados en los siguientes seis meses, según el último informe trimestral 'Inserta' elaborado por el propio SEF, que mide la relación entre la formación y su principal objetivo: facilitar el acceso a un puesto de trabajo.

En concreto, el presente estudio ha calculado la inserción de los 6.284 alumnos que concluyeron un curso del SEF destinado a parados entre el tercer trimestre de 2016 y el segundo trimestre de 2017. 
De ese número, un total de 2.914 encontraron un puesto de trabajo en ese periodo de seis meses posteriores a la finalización de la acción formativa.
Uno de los principales aspectos que pone de manifiesto el informe es que el colectivo en el que más eficaz resulta la formación es el de jóvenes menores de 30 años. 
Así, en este grupo de la población se ha superado por primera vez el 50 por ciento de inserción, al situarse en un 51 por ciento, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
Otro de los factores que refleja el estudio es que se mantiene una escalada progresiva del porcentaje de contratados tras realizar un curso del SEF. 
 En el anterior informe trimestral, de noviembre de 2017, la proporción de contratados era seis décimas menor, del 45,8 por ciento, mientras que el actual dato es 1,4 puntos superior al de hace un año (45 por ciento).
El estudio también detalla las familias profesionales cuyos cursos tienen posteriormente un mayor índice de contratados, un dato encabezado por las acciones formativas de edificación y obra civil, con un 69,1 por ciento de insertados; las del sector marítimo pesquero, con un 61,6 por ciento, y las de actividades físicas y deportivas, con un 61,4 por ciento.
Asimismo, la inserción en los cursos para certificados de profesionalidad mejora el dato general y asciende hasta el 48,9 por ciento y ofrecen más posibilidades de acceso al mercado laboral. 
De hecho, la mayoría de cursos para desempleados del SEF dan acceso a certificados de profesionalidad, que tienen validez en todo el ámbito nacional y acreditan para el desempeño de una profesión.
El consejero subrayó la "elevada eficacia" de las acciones formativas que imparten en la Fremm con subvenciones del SEF. Estos cursos, centrados en familias profesionales como la electricidad, la instalación o el transporte, presentan un índice de inserción general del 58,21 por ciento.
Dentro de esas acciones formativas para desempleados ofrecidas por Fremm, las que mayor contratación posterior reflejan son las de instalación de comunicaciones (87,50 por ciento), las de fabricación electromecánica (75 por ciento), y las de operaciones mecánicas (73,33 por ciento).
Igualmente, Fremm está desarrollando con una ayuda de 138.000 euros del SEF un servicio de atención personalizada a parados de larga duración, que proporciona, con procedimientos marcados por la Comunidad, información laboral, activación, prospección y orientación, así como apoyo activo a la inserción laboral. 
La subvención del SEF permite la contratación de tutores personalizados para los parados de larga duración.
Durante todo este año, Fremm impartirá 65 cursos en los que participarán más de 900 alumnos.

CC OO denuncia que la tasa de temporalidad en la Región supera en seis puntos la media nacional

CARTAGENA.- La tasa de contratación temporal en la Región de Murcia supera el 36 por ciento, situándose seis puntos por encima de la media nacional. Así lo denunció este lunes el secretario general de CCOO en la Región, Santiago Navarro, que ha comparecido ante la Comisión especial de Empleo en la Asamblea Regional.

Navarro, que ha hecho balance de los resultados de la Estrategia regional de Empleo 2014-2016, manifestó que "se ha cumplido más numéricamente que en cuanto a creación de empleo estable y de calidad, que era su objetivo".
Tal y como apuntó, la estrategia tiene un "déficit" de creación de empleo estable, ya que más del 42% de los contratos indefinidos firmados son a tiempo parcial "y no son deseados, que es lo que genera más pobreza y precariedad". Aparte, ha destacado que tres de cada cuatro contratos de este tipo se destinan a mujeres.
"Hay que atajar la contratación mediante empresas de contratación temporal", apuntó el secretario general de CCOO, quien considera que la reforma de la negociación colectiva permite a las empresas legalizar situaciones que antes de la reforma eran ilegales, negociando convenios de empresa a la baja.
Según los datos que ha aportado, en 2017 se firmaron más de 1 millón de contratos, de los cuales más de 500.000 fueron a través de Empresas de Trabajo Temporal, según ha dicho, el sector agroalimentario sitúa el porcentaje de contratación temporal en un 60%.
A su juicio, la solución es apostar por la orientación dentro del SEF y la promoción del empleo, no a través de agencias de colocación "que cobren por un servicio que no es para crear empleo de calidad".
Aparte de eso, ha hecho alusión al plan contra la economía sumergida que se firmó en 2012. Apuntó que este "no ha funcionado, ha sido un coladero sobre la creación de empleo precario", manifestando que no ha sido posible firmarlo con todos los ayuntamientos.
Por parte de los grupos parlamentarios, Miguel Ángel López Morell, de Ciudadanos coincidió con Navarro en que la reforma laboral supuso una precarización "importante" del mercado laboral en la Región "y hay que abordarlo pronto; somos partidarios de acabar con ella y reducir el marco de relaciones laborales en un contrato único".
Desde Podemos, Andrés Pedreño manifestó que hay una "proliferación desmesurada" del contrato de trabajo a través de ETTS y ha expuesto que hay que reducir las elevadas tasas de empleo parcial que repercuten "negativamente" en las mujeres "y hay que luchar contra el abuso de las horas extra no remuneradas".
El socialista Antonio Guillamón, por su parte, apuntó a que el plan de garantía juvenil "no está teniendo los resultados que pretendíamos". En ese sentido, ha apuntado a que si relacionan el cuarto trimestre de 2017 con el cuarto trimestre de 2012 detectan un descenso de 14.000 activos, "el 50% de ellos corresponde a menores de 25 años".
Finalmente, desde el PP, José Soria incidió en que la estrategia de empleo "está funcionando" con 184 objetivos, de los cuales 158 ya están en marcha. En ese sentido destacó que hace seis años en la Región había 160.000 desempleados y ahora hay 50.000 parados menos. "En 2017 se hablaba de conseguir 582.000 empleados en la Región, eso se cumplió consiguiendo 586.000".

La nueva Ley de Contratos paralizará durante meses las licitaciones públicas

MADRID.- El sector de la construcción y la ingeniería alerta de que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el viernes -9 de marzo-, acarreará una paralización de la licitación de obras públicas en España como consecuencia del retraso que acumulan muchas administraciones en la adaptación de los pliegos de contratación a la normativa, publica El Economista.

La preocupación mayor se focaliza en los atrasos que pueden acumular las corporaciones locales y las diputaciones, que en algunos casos aún no han comenzado siquiera a abordar esta cuestión, según denuncian fuentes empresariales conocedoras de la situación.
La nueva Ley de Contratos ha sido muy bien recibida en el ámbito empresarial, especialmente en el de las empresas de ingeniería y servicios intelectuales, toda vez que elimina la posibilidad de adjudicar mediante subasta. Ninguna administración ha publicado aún sus pliegos, pero se espera que en este segmento la parte técnica pese alrededor del 70%, mientras que la económica quedaría limitada al 30%. Una buena noticia para el sector que, sin embargo, está preocupado por la demora en la redacción de los pliegos, en un contexto además en que todavía no se han aprobado los Presupuestos.
Desde Fidex, su director general, Fernando Argüello, incide en que la expectativa es que "hasta el verano o después no va a haber el ritmo normal de licitaciones". Juan Lema, presidente de Tecniberia, insta en este sentido a las administraciones que a que "adapten los pliegos de contratación con diligencia". 
El secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández, hace hincapié en que "venimos de un periodo reprimido en un sector que ha superado solo" la crisis y manifiesta su "preocupación en el caso de que haya una parálisis" de los concursos de obra pública.
Las empresas esperan que los pliegos de las corporaciones de los ministerios de Fomento y Agricultura, que en 2017 licitaron 3.387 millones de euros, estén listos pronto. Adif y la Dirección General de Carreteras (DGC) llevan tiempo trabajando en ellos. Más retraso acumulan muchas Comunidades Autónomas, que sacaron concursos por 3.940 millones el año pasado. En este caso, no obstante, la ley les da un plazo de seis meses para adaptar sus pliegos, por lo que pueden licitar con los ya aprobados antes del 9 de marzo.
Los mayores riesgos se centran en los ayuntamientos y diputaciones, cuyas licitaciones ascendieron a 5.101 millones. Muchas de las administraciones locales no han comenzado a elaborarlos y, además, en el sector se duda de la capacidad de muchas de ellas para adaptarse, por ejemplo, a la contratación electrónica.

Se prevee temporal para este miércoles en la costa murciana

MURCIA.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un boletín de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por fenómenos costeros previstos para este miércoles.

Concretamente, según informan desde el Centro de Coordinación de Emergencias y la Aemet, se esperan vientos del suroeste de fuerza 7 y olas de tres metros en el litoral de la Región.
El aviso se extiende desde las 15.00 horas a las 00.00 horas del jueves con una probabilidad de entre el 40 y 70 por ciento.

Los orígenes de la revolución industrial en España están en Cartagena, Ferrol y Cádiz

FERROL.- Los orígenes de la revolución industrial en España están en Cádiz, Cartagena y Ferrol, antes que en Cataluña y País Vasco, según un estudio del profesor Vicente Ruiz García, especialista en historia naval, que ha merecido el X Premio Pablo de Olavide, El Espíritu de la Ilustración, tal como recoge Diario de Ferrol.

“Los arsenales del Rey. 1750-1820. La revolución industrial que pudo haber sido” es el título de esta investigación, ahora publicada por la sevillana Universidad Pablo de Olavide y la editorial Glyphos, con prólogo de Antonio Miguel Bernal, catedrático de la Universidad de Sevilla y especialista en historia económica.
Ruiz García dijo que los grandes astilleros españoles de la segunda mitad de XVIII fueron “centros de innovación tecnológica preindustrial” en los que se construyeron los navíos más avanzados de la época, y que esas innovaciones se aplicaron en su construcción, con la especialización y división del trabajo que logró producir buques “en serie”.
Aquellas factorías navales, suponen, según el historiador, “un precedente esencial de los orígenes de nuestra tardía y fracasada Revolución Industrial”.
“Curiosamente la historiografía clásica de la Revolución Industrial no hace mención alguna a los arsenales de la Marina ni siquiera como episodio preliminar o aislado de la industrialización española en el siglo XVIII”, salvo excepciones como el historiador Carlos Martínez Shaw, según Ruiz García.
El de los Arsenales de la Real Armada es un capítulo histórico “prematuro, desconocido y paralelo a los orígenes de la primera revolución industrial inglesa”, con la que comparte “muchos rasgos” como “la especialización del trabajo, la concentración de gran número de obreros, la mecanización, la innovación tecnológica, el empleo del vapor como fuente de energía y la búsqueda y abastecimiento de grandes cantidades de materias primas”, según Ruiz García.
En estos astilleros “se pusieron en práctica nuevos métodos de ingeniería naval aplicando la tecnología más avanzada de su tiempo, dirigida por técnicos británicos, franceses y españoles que desarrollaron su talento diseñando los mejores navíos del mundo”.
Para la construcción de los barcos se empleó también la “mano de obra barata” de presidiarios y condenados a trabajos forzados “en unas condiciones miserables y extremas” que, según el historiador, “no debieron ser mucho peores de las padecidas por los obreros de las fábricas de Liverpool o Manchester en los inicios de la industrialización británica”.
Ruiz García define aquellos arsenales como “complejos protoindustriales estratégicos de primer orden” y como “verdaderos complejos fabriles” capaces de botar en poco más de medio siglo 237 navíos de línea, de ellos uno de cuatro puentes y 140 cañones, el “Santísima Trinidad”, trece de tres puentes, de entre 100 y 120 cañones, y el resto de dos puentes, con una artillería que iba de 35 a 86 cañones.

Navíos
Además de en los tres astilleros peninsulares, otros navíos se construyeron en América, principalmente en La Habana, algunos fueron especialmente longevos, como el “África”, el “Firme” o el “San Justo”, que fue uno de los pocos que salió indemne de Trafalgar, otros fueron tan avanzados tecnológicamente como el “San Ildefonso”, y algunas corbetas construidas en 1789, como la “Descubierta” y “Atrevida”, participaron en la expedición político-científica de Alejandro Malaspina.
Aunque los arsenales del rey “cumplieron con la mayoría de los factores que identifican a los primeros complejos fabriles” no hallaron continuidad por la Guerra de la Independencia, la interrupción del comercio con América, el frenazo demográfico, las malas cosechas “y por supuesto la actitud política”, entre otros factores señalados por Ruiz García en su estudio.

Banco Sabadell completa su plan estratégico con un bonus millonario para su cúpula

MADRID.- Banco Sabadell va a ofrecer grandes incentivos a su cúpula directiva para alcanzar los objetivos del plan estratégico 2018-2020 presentado en febrero. La junta general de accionistas votará el 19 de abril un nuevo programa de incentivo a tres años ligado al precio de la acción que se extenderá a los 69 principales cargos de la entidad. Y no solo eso, sino que pretende elevar el máximo del salario variable (bonus) anual hasta el doble del sueldo fijo, una medida que también va a adoptar su eterno rival, CaixaBank, según El Confidencial.

El programa de incentivos con acciones es tradicional en el banco con sede en Alicante —y en el conjunto del sector— y esta vez se ha extendido a tres consejeros ejecutivos, nueve miembros de la alta dirección y 57 miembros de lo que se conoce como "colectivo identificado"; en total, 69 personas, a las que pueden sumarse más en los próximos tres años. El plan contempla la entrega de 21 millones de acciones a un precio inicial de 1,841 euros por título (la media de las primeras 20 sesiones bursátiles de 2018). Es decir, su valor inicial es de 38,66 millones de euros.
Al presidente del Sabadell, Josep Oliu, le corresponden 1,7 millones de acciones; al consejero delegado, Jaume Guardiola, 1,5 millones, y al consejero director general, José Luis Negro, 0,8 millones. El premio consiste en la diferencia entre el citado precio inicial y el valor de la acción en marzo de 2021 (diferencia pagadera un 55% en acciones y un 45% en efectivo), y está condicionado al cumplimiento de una serie de objetivos en cuatro áreas: rentabilidad para el accionista, liquidez, solvencia y rentabilidad del banco.
Los planes anteriores ligados a la cotización han dejado sin incentivo a los directivos, debido al mal comportamiento de la acción en los últimos años, a pesar de la recuperación del 25% en 2017. Si continúa esta remontada en los próximos años, los beneficiarios cobrarán su incentivo entre 2022 y 2024. En caso de que realicen actuaciones que el consejo considere inapropiadas, no percibirán nada (cláusula 'malus') o incluso tendrán que devolver lo ya cobrado (cláusula 'clawback').

Elevar el bonus al doble del salario fijo

Este programa se completa con otra medida: la elevación del tope máximo para la retribución variable anual (bonus) del 100% al 200% del salario fijo. La normativa europea adoptada en 2013 tras la crisis financiera limitó el variable al 100% del fijo, aunque permitió que pudiera alcanzar el 200% si los accionistas lo aprobaban expresamente. Que es lo que pretenden el consejo del Sabadell y también el de CaixaBank.
Hasta ahora, los bancos españoles habían sorteado este obstáculo con unos sueldos fijos muy elevados para sus cúpulas, que hacían menos relevante el variable. Pero ahora se han unido dos circunstancias: por un lado, las mayores exigencias de gobierno corporativo, que impulsan a las empresas a alinear la retribución de sus directivos con la rentabilidad de sus accionistas; y por otro, el crecimiento de los beneficios al que se ligan los bonus tras el fin de la crisis, que empieza a conferir un enorme potencial al variable.
Un ejemplo de ese potencial es el citado plan estratégico del Sabadell, que contempla un crecimiento del resultado del 74% en tres años, hasta 1.400 millones, una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 10% y un ROTE —rendimiento sobre patrimonio— del 13%. Y el mercado recibió estos objetivos con caídas de la acción por considerarlos poco ambiciosos.
Hasta ahora, los bancos españoles habían sorteado este obstáculo con unos sueldos fijos muy elevados para sus cúpulas, que hacían menos relevante el variable. Pero ahora se han unido dos circunstancias: por un lado, las mayores exigencias de gobierno corporativo, que impulsan a las empresas a alinear la retribución de sus directivos con la rentabilidad de sus accionistas; y por otro, el crecimiento de los beneficios al que se ligan los bonus tras el fin de la crisis, que empieza a conferir un enorme potencial al variable.
Un ejemplo de ese potencial es el citado plan estratégico del Sabadell, que contempla un crecimiento del resultado del 74% en tres años, hasta 1.400 millones, una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 10% y un ROTE —rendimiento sobre patrimonio— del 13%. Y el mercado recibió estos objetivos con caídas de la acción por considerarlos poco ambiciosos.

Rajoy aumentará el impuesto al diésel en la financiación autonómica

MADRID.- El Ministerio de Hacienda acometerá la reforma de los impuestos medioambientales durante la negociación de la financiación autonómica con las comunidades. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, pretende traspasar el grueso de la fiscalidad medioambiental a manos de las comunidades autónomas, publica hoy El País

Entre los planes del Ejecutivo está acabar con el tratamiento fiscal que favorece al diésel y elevar los impuestos sobre el gasóleo y los vehículos más contaminantes. El Gobierno de Rajoy quiere zanjar así el enésimo rapapolvo de Bruselas, que la semana pasada volvió a criticar a España por la baja tributación de los carburantes.
La Comisión Europea ha vuelto a señalar a España por la baja fiscalidad sobre los impuestos medioambientales y, en especial, sobre el diésel. "Los impuestos medioambientales están aún por debajo de la media de la UE, a pesar de los aumentos de los últimos años", señalaba Bruselas en un informe sobre la economía española publicado el pasado miércoles.
Las autoridades comunitarias reprochan a España que la recaudación de los llamados impuestos verdes represente solo el 1,9% del PIB, según datos de 2016, frente a la media del 2,4% de la UE. Bruselas pone el acento en los impuestos sobre la energía, que abarcan el tratamiento fiscal de los combustibles. 
Y en concreto sobre "el bajo nivel de impuestos especiales sobre la gasolina sin plomo y el diésel". La Comisión destaca especialmente "el caso del diésel, en el que España aplica el impuesto especial mínimo, a pesar de que el diésel tiene un mayor contenido de carbono y energía que la gasolina sin plomo". 
El rapapolvo de Bruselas no termina ahí: "Los impuestos sobre el transporte, como los impuestos a los vehículos, solo producen la mitad de los ingresos en España que la media de la UE (0,2% en comparación con el 0,5% del PIB)".
No es la primera vez que Bruselas señala a España. Viene haciéndolo periódicamente desde, al menos, 2012. Otras instituciones internacionales como la OCDE o el FMI también han reclamado mejoras en este ámbito. La tendencia internacional pasa por aumentar los impuestos a aquellas actividades perjudiciales, que afectan al medioambiente o contaminan —las llamadas "externalidades negativas", según la academia—. Y la mayoría de los países están elevando los impuestos sobre el diésel. Paralelamente, muchas capitales europeas están aprobando restricciones a este tipo de motores, que expulsan mucho más dióxido de nitrógeno (NO2) que los de gasolina.
La Comisión tiene abierto un expediente contra España por incumplir desde 2010 los límites de NO2 en Madrid y Barcelona y ahora debe decidir si lleva al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la UE. Bruselas está evaluando en estos momentos los planes de España de lucha contra la contaminación y entre las recomendaciones que ha hecho a los países incumplidores está emplear la fiscalidad. 
El Gobierno es consciente de que la fiscalidad es un instrumento útil contra la polución y así lo reconoce el Ministerio de Medio Ambiente en el vigente plan nacional de calidad del aire, que incluye la posibilidad de acometer una reforma fiscal verde.
En diciembre de 2016, el Gobierno ya se comprometió con Bruselas a modificar la fiscalidad verde para recaudar 500 millones de euros más. Pero meses más tarde descartó la medida que se reservó por si tenía que aumentar la recaudación en caso de que se desviara el déficit público. Por lo que volvió a meter la medida en el cajón.
Ahora el Ejecutivo del PP pretende abordar una reforma de la fiscalidad verde en el ámbito de la financiación autonómica. Fuentes gubernamentales reconocen que incluirán en esta revisión los impuestos sobre los residuos y relativos a la contaminación. 
En este sentido, admiten que trabajan por reforzar el papel de las comunidades con el impuesto sobre los hidrocarburos. Este impuesto está cedido parcialmente a las autonomías, que pueden establecer un gravamen suplementario sobre el mismo, aunque acotado con una horquilla. El plan de Hacienda pasa por aumentar los gravámenes del diésel.

Penalizar al diésel

La organización Ecologistas en Acción presentó la semana pasada una propuesta para penalizar fiscalmente a los vehículos diésel. "Los impuestos tienen un gran potencial a la hora de desincentivar la compra de los vehículos más contaminantes", explicaba el informe. El documento aboga por modificar el impuesto de hidrocarburos para que en el plazo de cuatro años se equipare "la imposición de gasolina sin plomo y gasoil". Ecologistas en Acción también pedía cambios en el impuesto de matriculación para reducir el número de vehículos que están exentos de pagarlo a pesar de ser contaminantes.
En la reforma fiscal verde que prepara el Gobierno también pretende tocar el impuesto de circulación, en manos de los Ayuntamientos, para poder gravar más a los vehículos más contaminantes. 
"Como se propone en el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (2014), una vía de avance podría ser la integración del impuesto de matriculación con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (circulación), de ámbito municipal, dejando la gestión del nuevo tributo en manos de los Ayuntamientos", señalan los expertos que hicieron la propuesta de la reforma de la financiación autonómica encargada por Hacienda. 
"La fijación de dos tipos, uno autonómico y otro municipal, permitiría la compartición de la figura entre comunidades autónomas y Ayuntamiento", añaden.

'Pemex' rebaja en 50 millones el flotel de 'Navantia' para venderlo


FERROL.-Corren malos tiempos para el mercado de buques dedicados al negocio del petróleo. Con decenas de plataformas amarradas en todo el mundo a la espera que se afiance el precio del barril de brent (aún en 52 euros) rentabilizar la venta de un flotel no resulta una operación fácil, a juicio de La Voz de Galicia.

Por este motivo, Petróleos Mexicanos (Pemex) lleva casi un año buscando un buen cliente para su Cerro de la Pez, el segundo buque que adjudicó a Galicia, sin éxito hasta la fecha. Y por este motivo también, la compañía mexicana se ha resignado ya a perder dinero con la venta. 
Fuentes del mercado confirman que la denominada unidad habitacional flotante, construida en el astillero público Navantia en la ría de Ferrol, con un coste de 130 millones de euros (según las bases de la adjudicación), se encuentra en estos momentos a la venta por un precio que se sitúa en torno a los 100 millones de dólares, 80,4 millones de euros al cambio.
Esta rebaja de 49,5 millones se estaría negociando con armadores mexicanos ya que, según estas mismas fuentes, la intención de Pemex es vender el flotel para después chartearlo (fórmula parecida al alquiler de buques). 
El consejo de administración de Pemex aprobó en julio del 2017 la «desinversión de la unidad habitacional flotante Cerro de la Pez (antes, Orgullo Petrolero) propiedad de PMI Norteamérica (su filial inversora)», según consta en un documento oficial.
El acta omite el precio del buque, así como la documentación que explica los motivos de su puesta a la venta. «Dar a conocer la información de este documento podría dañar la estabilidad financiera y económica de esta institución», señala el acuerdo del consejo. 
La crisis interna de Pemex, agravada por el desplome de los precios del petróleo, cogió a la compañía mexicana en pleno proceso de construcción de los dos floteles adjudicados a Galicia, el que está a la venta desde hace casi un año, amarrado en Navantia Fene; y Orgullo Petrolero, el construido en el astillero vigués Hijos de J. Barreras (controlado por Pemex), que lleva casi dos años operando en aguas del golfo de México.
Las dificultades económicas de la petrolera llevaron a su director general, Juan Carlos Anaya, a solicitar a Navantia que aminorara la marcha de la construcción porque por carecer de liquidez inmediata. Pemex pretendía explotar directamente ambos buques durante 10 años, según las bases de la licitación adjudicada a Barreras y Navantia.
La compañía que preside González Anaya ha pasado de operar 163 embarcaciones a solo 85. Pero a pesar de los ajustes, las cuentas no van bien. Según el balance del 2017 recién publicado, Pemex cuadruplicó sus número rojos, con una pérdida neta de 16.847 millones de dólares, un 74,4 % más frente al resultado negativo de 9.663 en el 2016. Estos datos suponen un retroceso en el proceso de saneamiento de las cuentas de Pemex, propietario del 51 % de Barreras.

El precio de la luz se desploma al mínimo anual gracias a la borrasca 'Félix'

MADRID.- El precio de la luz marcó este domingo su nivel más bajo del año, con una media para el día 11 de marzo de 7,64 euros por megavatio hora (MWh) gracias a la borrasca 'Félix', según datos recogidos a partir del operador del mercado ibérico, Omie. Este precio de la electricidad representa una caída de más del 76% con respeto a los 31,96 euros por MWh de media marcados para este sábado e iguala así el nivel de 7,64 euros por MWh de media que se registró en el primer día de 2018.

De esta manera, junto con el pasado 1 de enero, el precio del 'pool' de hoy será el nivel más bajo marcado desde el día 8 de mayo de 2016, cuando la media diaria fue de 5,46 euros por MWh. Así, España marcará mañana el precio del 'pool' más bajo de toda Europa, junto a Portugal, muy por debajo del precio de países como Francia (27 euros por MWh), Alemania (29 euros por MWh) o Reino Unido (60 euros por MWh).
La demanda prevista para el lunes asciende a 541 gigavatios hora (GWh), por encima de lo 483 GWh de la jornada de hoy, según datos de Omie.

La borrasca Félix

La participación de las renovables, especialmente la eólica, en la generación, que cubrirá en algunos momentos en torno al 50%, es una de las causas principales de este abaratamiento en el mercado mayorista de la electricidad, también conocido como 'pool'. La entrada de la borrasca Félix en la península Ibérica dió este gran protagonismo en la generación a la eólica y también a la hidráulica.
La hora más cara para hoy será las diez de la noche, cuando el mercado mayorista alcanzará los 20,36 euros por MWh, mientras que la más barata se dará entre las siete y las nueve horas de la mañana, con 3 euros por MWh.

Fijación del precio

El mercado mayorista, también conocido como 'pool', funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto.
Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que dispongan de contadores 'inteligentes' y tarificación por horas, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y disponen de estos aparatos.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.
El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.

Las autonomías tejen una maraña con 82 impuestos que recaudan solo el 2% de sus ingresos

MADRID.- El sistema impositivo autonómico se ha convertido en un jeroglífico difícil de descifrar para los inversores. Durante décadas las regiones han tejido una red fiscal que grava actividades diversas relacionadas con el agua, los premios del bingo, los vertidos al mar, las emisiones de gases, los depósitos bancarios, el turismo, las tierras infrautilizadas, las grandes superficies y las bolsas de plástico, entre otros. Una maraña impositiva que provoca descoordinación entre lo que hace el Estado y las comunidades, competencia desleal entre regiones y, sobre todo, inseguridad jurídica entre las empresas, lo que contribuye a ahuyentar a los inversores extranjeros.

El enredo fiscal autonómico lo forman una red de 82 impuestos con los que las autonomías solo están consiguiendo recaudar apenas un 2,2% del total sus ingresos, 2.090 millones, según los expertos consultados por ABC.
Son minoría las regiones en España que no han diseñado su propio mapa fiscal. Así, los cánones sobre el agua, que afectan a las tareas de saneamiento y a los vertidos, están en vigor en varias comunidades, la mayoría costeras. Del canon sobre emisiones se están beneficiando Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, comunidad Valenciana y Murcia. También es recurrente el impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito, declarado inconstitucional y suspendido en Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura, Canarias y comunidad Valenciana.
Si se trata de hablar de las regiones con más impuestos, son Andalucía, pero especialmente Cataluña, las que han tejido la mayor red de impuestos en los últimos ejercicios. Esta última tiene 18 impuestos propios, diez de ellos creados en los últimos cuatro ejercicios, en los años del «procés», la cifra más alta en España. 
En exclusiva aplica algunos tributos, como el impuesto sobre las viviendas vacías, el que grava las estancias en establecimientos turísticos y el canon sobre la incineración de residuos municipales. Además de contar con la mayor creatividad tributaria de todas las comunidades –en 2017 acuñó cuatro nuevos tributos–, los asesores fiscales del Reaf denuncian que la comunidad aprobó numerosas modificaciones de los ya existentes el año pasado.
Este caos fiscal provocado por los independentistas ha llegado al Tribunal Constitucional. Tres de sus impuestos propios han sido declarados inconstitucionales: el que se aplica sobre los depósitos en entidades financieras, el impuesto a la producción de energía eléctrica de origen nuclear y el de provisión de contenidos por prestadoras de servicios de comunicación electrónicas y de fomento del audiovisual y la difusión de la cultura audiovisual.
Esta litigiosidad e inseguridad jurídica no es exclusiva de Cataluña. El impuesto a los depósitos bancarios, existente en seis regiones hasta declararse inconstitucional, es un ejemplo, pero también lo es el de grandes superficies de venta, sobre el que se ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE y que aún aplican tres regiones: Asturias, Aragón y Cataluña.
El «sudoku» impositivo autonómico causa la preocupación empresarial. La CEOE lleva años denunciando con dureza el enredo fiscal regional por el impacto negativo que tiene sobre la unidad de mercado y la inversión. Cree la patronal que este entramado ha provocado la «fragmentación del mercado interior creando distorsiones innecesarias entre comunidades e inseguridad jurídica a corto y medio plazo ya que —dicen— de forma constante se aprueban impuestos y tasas, lo que dificulta el diseño de planes de negocio.
El propio Consejo General de Economistas, a través de su presidente Valentí Pich, calificó hace unas semanas de «jungla inexpugnable» la maraña de 82 impuestos propios que han creado las comunidades. Año a año, los asesores fiscales del Reaf los recopilan en su Panorama de Fiscalidad y denuncian que algunos tributos recaudan tan poco que son más caros mantenerlos, por los gastos de gestión, que eliminarlos por su escasa recaudación. También señalan que hay tributos tan confusos que gravan varios hechos imponibles distintos de manera simultánea. «Un ejemplo, aunque no el único, podría ser el impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente de la comunidad Valenciana que grava la producción de energía eléctrica, el almacenamiento de sustancias peligrosas y la emisión de gases a la atmósfera», señalan.
Los economistas también destacan que la mayor parte de la recaudación procede de cánones al agua: hasta un 78,8% de los ingresos por impuestos propios proceden de estas tasas que existen en doce comunidades. Es decir, doce tributos ingresan casi toda la recaudación de las 82 figuras.
Otros son medioambientales, un terreno en el que Bruselas recomienda a España elevar su tributación, ya que recauda menos que la media continental (un 5,4% del PIB en 2016 frente al 6,4% de la UE). Sin embargo, la mayor parte de estos ingresos no forman parte de estos impuestos propios: se pagan en el recibo de la luz o por repostar vía gravámenes a los hidrocarburos. Desde el Consejo de Economistas recomiendan una armonización tributaria para hacer más efectivo el sistema, simplificarlo y ganar en seguridad jurídica.

La mayoría de casos de acoso sexual en la Guardia Civil acaba en la basura


MADRID.- La mayor parte de casos de acoso laboral y sexual en la Guardia Civil terminan en la papelera. Así lo confirman los datos del Gobierno trasladados al diputado de Podemos Juan Antonio Delgado el pasado 23 de febrero en una respuesta parlamentaria. En concreto, de los 80 protocolos activados en los últimos dos años y medio, apenas 18 han concluido en la vía judicial y/o disciplinaria. El resto, nada menos que 62, ha terminado en archivo, según revela El Confidencial

El parlamentario que planteó la pregunta que ha permitido conocer esta información, quien trabajó como guardia civil hasta su fichaje por el partido político, reclamó los datos desde 2013; sin embargo, el poder ejecutivo asegura que no hay cifras disponibles antes del segundo trimestre de 2015, primer periodo que contabiliza el Ministerio del Interior.
Entre julio y diciembre de ese año, la Dirección General inició 25 protocolos de acoso laboral y sexual, de los cuales solo siete acabaron con sanción. Los demás (18) acabaron en archivo. En los siguientes semestres, la dinámica fue parecida. 
De los 20 casos denunciados entre enero y junio de 2016, apenas seis acabaron en sanción disciplinaria o judicial. Los otros 14 fueron al cajón. En la segunda parte del año la cosa fue aún más clara. De los 17 casos que se abrieron a través del protocolo, 17 fueron a 'la basura'. 
En el último semestre recabado, que corresponde al primero de 2017, por su parte, de 18 casos solo cinco acabaron en sanción judicial o administrativa.
El diputado de Podemos planteó la pregunta porque entendía que el protocolo era "ineficaz" en términos preventivos y carecía de "garantías mínimas para la víctima", dado que "no contempla siquiera un sistema de plazos" para iniciar los trámites. 
"Cualquier protocolo establece en su articulado un sistema de plazos que garantiza" la integridad de la víctima "cuando se inicia, cuando se adoptan las medidas preventivas y cuando se resuelve", apunta Delgado, quien deja claro que "en la Guardia Civil esto no ocurre". 
"En algunos casos se solicita que se abra el protocolo" y esto tarda un mes, dos e incluso una eternidad, añade el parlamentario, que destaca que a veces no hay ni contestación.
La responsable de la comisión de Igualdad de la Asociación Escala de Suboficiales (Ases) de la Guardia Civil, Katia Pérez Gil, entiende que este desajuste entre procesos iniciados por acoso laboral y sexual y asuntos archivados se debe a que la competencia para investigar las denuncias tramitadas a través del protocolo la tienen los superiores jerárquicos de aquellos contra los que se interpone la queja. 
"Los que se encargan conocen a los investigados porque trabajan habitualmente con ellos y eso no puede ser", protesta Pérez Gil, que plantea sacar la instrucción de estos asuntos del ámbito provincial.
En esta misma línea incide el propio Delgado. "Se puede dar la circunstancia de que el propio instructor del protocolo sea el mando denunciado y que se archive el protocolo sin haber entrevistado a la víctima o sin que participe el servicio de Psicología ni el de Prevención de Riesgos Laborales", sostiene el representante del partido de Pablo Iglesias.
"Con el fin de que no haya informes tóxicos, es necesario que sean otros oficiales de fuera de la comandancia los que se encarguen de la investigación; si el que investiga a un compañero le conoce de trabajar juntos, hay posibilidades de que haya corporativismo", censura la sargento responsable de asuntos de igualdad de Ases, quien pone como ejemplos de posibles encargados de la investigación al personal de la Dirección General
 "Ellos serían más asépticos, no tendrían vinculación personal", remarca Pérez Gil, quien se muestra convencida de que "el resultado sería diferente".
La responsable de Igualdad de Ases defiende por otra parte que se separe el protocolo previsto para el acoso laboral del sexual, dado que se trata de asuntos diferentes que llevan "seguimientos distintos". Además, añade, no parece justo que un funcionario quede señalado por acoso sexual cuando en realidad no ha sido eso lo que ha hecho ni siquiera por lo que se le ha investigado.


Alerta de nuevo este lunes en Castilla-La Mancha por la borrasca 'Félix'

ALBACETE/MADRID.- La borrasca 'Félix' continuará poniendo en aviso este lunes a 38 provincias por vientos de hasta 90 kilómetros por hora, nevadas y fenómenos costeros, según la predicción de la Agencia Estatal Meteorología (AEMET). Varios puntos de Castilla-La Mancha estarán en aviso por fuertes vientos e incluso nieve en algunas zonas de Cuenca.

De hecho, 23 de las 38 provincias estarán en aviso por riesgo de fuerte viento, que podrán alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora en Albacete y Valencia, donde se ha decretado aviso de nivel naranja (riesgo importante). 
Por riesgo (nivel amarillo) estarán Almería, Jaén, Teruel, Zaragoza, Cuenca, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Barcelona, Tarragona, Alicante, Castellón, Ibiza y Formentera, Mallorca, La Rioja y Murcia.
La borrasca 'Félix' también pondrá en aviso por riesgo de fenómenos costeros a Almería, Granada, El Hierro, Lanzarote, La Palma, Tenerife, Melilla, Lugo, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, Gipúzcoa y Asturias, mientras que el riesgo será importante en A Coruña, Cantabria, Vizcaya y Pontevedra.
Asimismo, la nieve seguirá poniendo en aviso a toda Castilla y León (excepto Valladolid), así como otras provincias del interior y sur peninsular como Granada, Jaén, Huesca y Cuenca.
Durante la jornada, la AEMET indica que en la vertiente atlántica, Pirineos, área del Estrecho y Melilla se prevén cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, que serán más probables e intensas en Galicia y, por la mañana, en zonas de montaña de la mitad norte peninsular, de la meseta Sur y de Andalucía oriental.
Por la tarde, las lluvias empezarán a remitir en la mitad norte, salvo en Pirineos, mientras que la entrada de un nuevo frente atlántico por el oeste aumentará, a últimas horas, la nubosidad y las precipitaciones en Andalucía, Extremadura, oeste de Castilla y León y Galicia. Por el contrario, en el área mediterránea, Baleares y Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados sin precipitaciones.
En cuanto a la cota de nieve, en la Península oscilará entre los 1.000 y 1.400 metros en el noroeste; entre 1.200 y 1.600 metros en Pirineos; entre 1.200 y 1.600 metros subiendo a 1.800 y 2.400 en el sur; y entre 1.200 y 1.400 metros subiendo a 1.600 y 1.800 en el resto de la Península.
Asimismo, las temperaturas diurnas experimentarán un descenso en el litoral cantábrico y en Gerona y se esperan heladas débiles en cotas altas del interior peninsular.
Por último, el viento será este lunes de componentes oeste y sur en la Península y Baleares, y fuerte o con rachas muy fuertes en el litoral Cantábrico oriental, en zonas de montaña del este de Castilla León y Castilla-La Mancha, interior este y sureste peninsular, Baleares y litoral oriental andaluz. En Canarias, habrá vientos flojos variables o del noreste.

Los grandes bancos, agazapados a la espera de Bankia

MADRID.- Las declaraciones del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, no han dejado indiferentes a ningún banquero. Nadie se explica cómo un banquero pudo ser tan explícito en sus comentarios al prestigioso periódico Financial Times. Aunque no ha sido el único banquero español que ha realizado unas declaraciones explosivas al diario británico, según publica Cinco Días.

Isidro Fainé también dio en 2015 varias pistas de lo que, el entonces presidente de CaixaBank y La Caixa, quería hacer con la participación del grupo en Repsol. Sugirió una salida de la compañía, ya que Repsol “no es estratégico”.
También manifestó que creía que el mercado bancario español se simplificaría aún más en unos años. “Ahora hay 14 bancos (ahora hay 12 tras la compra de Popular por Santander, y la absorción de BMN por Bankia), pero creo que quedarán seis o siete”, declaró entonces. El ya exministro de Economía y ahora próximo vicepresidente del BCE”, Luis de Guindos, también acudió al FT para explicar las necesidades de provisiones de la banca española en plena crisis financiera, cifra que semanas después se confirmó.
En este caso, las declaraciones de Gorigolzarri han vuelto a despertar el sueño de algún que otro banquero para crecer nuevamente en el mercado español con una gran fusión que le vuelva a colocar por encima de Santander con Popular, o por lo menos a codearse con los primeros espadas del sector.
 La privatización de Bankia es una de las primeras tareas que debe abordar el nuevo ministro de Economía, Román Escolano, lo mismo que la elección del próximo gobernador del Banco de España que sustituya a Luis María Linde, cuyo mandato finaliza en junio. El plazo para finalizar la privatización de Bankia acaba en diciembre de 2019, aunque el Gobierno puede ampliar nuevamente esa fecha. De momento, la idea es vender nuevamente paquetes de esta entidad en el mercado a inversores institucionales.
Ese es el proyecto que tenía el FROB sobre la mesa hasta ahora. De hecho, no baraja su venta a otro banco, aunque la operación sea factible, como ha reconocido públicamente su presidente, Jaime Ponce. Eso es lo que estaba ahora proyectado. Pero los planes del Gobierno pueden modificarse, aunque priorice la independencia de la entidad, como destaca Goirigolzarri.
De momento, es cierto que hay algún que otro banco interesado en Bankia. El problema es que si quiere comprarlo tendría que poner sobre la mesa algo más de 12.020 millones de euros, su valor en Bolsa para la adquisición de la participación del FROB, que el del 60%, la posible prima, y la participación del resto de los accionistas que podrían estar interesados en acudir a una hipotética opa.
El cambio en acciones es prácticamente inviable, ya que supondría meter al FROB o lo que es lo mismo, al Estado como accionista del banco comprador, algo que nadie quiere, entre otras razones por las limitaciones en sueldos de la cúpula que ello significa. Pero estos bancos interesados siguen agazapados. Hace un año el problema era Popular, y la prioridad de Economía era que alguna gran institución se hiciera cargo de este banco.
No tocaba hablar de una posible compra de Bankia. Ahora resuelto Popular, se puede levantar la veda por el banco que preside Goirigolzarri. La idea de algún que otro banco es que el Estado siga privatizando paquetes de Bankia, y una vez que el porcentaje sea pequeño o considerado asumible hacer una oferta. Esta es la teoría, no se sabe si se pondrá en práctica. La absorción de bancos medianos es otra oportunidad, la última en España que tiene algún gran banco para dar el salto en el mapa y nadie quisiera desaprovecharlo si se da otra vuelta de tuerca a las fusiones, la definitiva, para quedar esos seis o siete bancos de los que habló Fainé.
Y cambiando de asunto. La gran protagonista en España la semana pasada ha sido la respuesta de las mujeres, y, por qué no, de los hombres a la llamada del 8 de marzo para reivindicar por huelga y manifestaciones una igualdad salarial y de oportunidades para la mujer. Uno de los sectores en los que la brecha salarial y de oportunidades entre hombres y mujeres es mayor es en el de banca. Según datos ofrecidos por la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
En los bancos y las aseguradoras, las mujeres cobran 15.865 euros menos que los hombres. Esta gran brecha se produce especialmente en la banca, donde los principales cargos directivos siguen copados por hombres. Los banqueros han asegurado uno por uno que están intentando solucionar las disparidades entre hombres y mujeres.
El presidente de Sabadell, Josep Oliu, aseguró en la presentación de resultados del banco que “en la entidad brecha salarial no hay, pero sí hay un cierto déficit de directivas, a mi modo de ver, que estoy empujando para que esto vaya mejorando”.
El 45% de las promociones a directivos son mujeres, y la paridad de la plantilla es casi total, aseguran desde el banco, ya que el 51% son mujeres y el 49% son hombres.
En el caso de Santander 111.000 empleados son mujeres, el 55% de la plantilla. El 36% de los miembros del consejo son mujeres, aunque su presidenta, Ana Botín, se queja de que “solo el 20% está en puestos directivos. Y eso hay que arreglarlo”. De hecho, es uno de los objetivos de diversidad que se ha planteado el grupo. En Reino Unido el porcentaje de directivas se eleva al 40%, pero con menor sueldo.
BBVA cuenta con menos mujeres en su consejo, solo el 23%, que se elevará al 26% tras la junta de accionistas. Asegura que al día de hoy el 48% de los puestos que implican gestión de equipos está ocupado por mujeres, y el 58% de los puestos de generación de negocio y beneficio.
CaixaBank afirma que el 39,1% de los puestos directivos de la entidad está ocupado por mujeres. Y recuerda que tiene en marcha varias iniciativas dentro de su plan estratégico para incrementar este número, lo mismo que Bankia.
Mientras, Botín compartió en su cuenta de Twitter el pasado día 8 de marzo varios mensajes, entre ellos “la penalización por la maternidad no es un mito”. Ana Botín, que tiene tres hijos, añade que “después del primer hijo, los ingresos de la mujer se reducen bruscamente y no llegan a recuperarse completamente”. La fuente es la revista de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER).