CARTAGENA.- El consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e
Investigación, Juan María Vázquez, ha defendido este viernes en la
Asamblea Regional las plantas de biogás en la Región. Según ha dicho, en
una comparecencia a petición del grupo Vox, "nadie está haciendo
experimentos ni se van a hacer en esta región con plantas de este tipo y
se va a cumplir con toda la legislación al respecto que es muy
prolija".
Durante su intervención, ha resaltado que a
diferencia de otras soluciones energéticas, "se trata de una tecnología
madura, segura y probada".
Además, ha insistido en que existe una
"sólida normativa nacional, europea y de las diferentes autonomías que
establecen estrictos criterios medioambientales y requisitos en materia
de seguridad y salubridad" para el desarrollo y producción de este tipo
de plantas.
El consejero ha insistido en que las plantas de
biometano "no son plantas de combustión, no utilizan residuos
peligrosos, no emiten gases ni olores que afecten a la población", ha
dicho señalando que con ellas se genera "energía competitiva como lo
demuestran las más de 20.000 plantas de biogás y biometano distribuidas
por toda Europa".
En ese sentido, ha recordado que desde mayo
de 2022 se han multiplicado en Europa y en España los incentivos para la
producción de biogás.
"Aquí también se van a tramitar nuevos proyectos
de generación de biogás y biometano cumpliendo escrupulosamente la ley y
garantizando la participación ciudadana", ha afirmado al tiempo que ha
expuesto que el 40% de la electricidad en la Región se ha generado
mediante energías renovables.
Durante su exposición, el
consejero también ha señalado que el Gobierno de España aprobó una hoja
de ruta del biogás, que aporta las líneas de acción a la inversión con
ayudas para la construcción de entre 300 y 500 plantas de biometano en
España para el año 2030.
En concreto, en el caso de la Región
de Murcia, el consejero ha detallado que las plantas de biogás, ya sean
de nueva construcción o sean una modernización de las existentes, se
ubican en los centros de tratamiento de residuos, como en Cañada
Hermosa, Ulea o Lorca, donde el Gobierno regional invertirá unos 15
millones de euros procedentes de fondos europeos.
"Estas plantas estarán
asociadas a la transformación de residuos orgánicos urbanos. Estos
residuos deberán depositarse en el contenedor marrón", ha puntualizado.
Asimismo, ha asegurado que el Gobierno regional vigila que cada
planta procese los residuos que contemplen sus autorizaciones
ambientales. "Se evalúan ambientalmente de forma rigurosa y se someten a
consultas públicas sus procesos de autorización", ha garantizado.
Por parte de los grupos parlamentarios el diputado de Vox Antonio
Martínez ha criticado al Gobierno regional por una situación "caótica"
en referencia al biogás en la Región. Martínez ha indicado que el
Gobierno regional carece de una hoja de ruta en este sentido.
"Por eso
ha estallado la protesta social, que ocasiona un grave perjuicio
reputacional para la Región". Durante su intervención ha dicho que la
implantación de los gases renovables "merecen una dirección política más
acertada en lugar de los tropezones que se va dando López Miras".
La socialista Carmina Fernández, por su parte, ha recordado la
petición lanzada en la Asamblea, aunque no aprobada, para que el
Gobierno regional elabore una normativa ambiental para que la
instalación de las plantas de biogás en la Región fuera una regulación
ordenada y se hiciera en el plazo de seis meses para que estas plantas
no se instalen cerca de pueblos o zonas especiales como colegios, que
sea una regulación "exigente y que controle lo que pasa después de que
estas instalaciones entren en funcionamiento".
"Se trata de defender el
derecho de los vecinos a que se les escuche y se respete su calidad de
vida", ha dicho recalcando que ellos no están en contra de estas
plantas, "estamos de acuerdo en que se lleven a cabo pero siempre
teniendo en cuenta lo que digan la salud y el bienestar de los vecinos",
ha apuntado.
Por parte del Grupo Mixto, la diputada de
Podemos María Marín también ha echado en falta una regulación específica
y ha advertido que el consejero lo que pide es "un acto de fe. Si todo
es tan sumamente bueno, ¿por qué no abrimos un periodo de debate
público?", ha inquirido.
Para ella, si una planta procesa 2 millones de
metros cúbicos de purines, ¿hacen falta 40 plantas para procesar los 5
millones de metros cúbicos de purines que produce al año la Región más
algunas toneladas más de residuos agrícolas?", se ha preguntado.
Finalmente, la diputada del PP María Casajús el problema no parte a
nivel regional, sino del Gobierno central. Casajús, se ha dirigido a los
grupos de la oposición recordándoles que "quien ha dado pie a que
promotores privados se interesen en nuestra Región son ustedes, señores
de la izquierda a través de su hoja de ruta de biogás. Ahora están
ustedes en contra de sí mismos".
Según ha dicho, de existir algún problema, "vendría por la falta de planificación del Gobierno central".
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