MURCIA.- El presidente del Grupo Hispania y promotor de la polémica urbanización aguileña de La Zerrichera, Trinitario Casanova Abadía (en la fotografía inferior), ha anunciado, en un comunicado de prensa desde la sede social en Murcia de sus empresas (en la ilustración superior), que interpondrá una demanda judicial contra el Gobierno regional "por los graves perjuicios ocasionados por la paralización del plan parcial del proyecto urbanístico, en el que estaba previsto construir más de 4.000 viviendas, un campo de golf y un hotel de lujo en una zona protegida.
Adelanta que también "tiene previsto ejercer acciones legales, por injurias y daño al honor, contra el portavoz del PSOE en Águilas, Ramón Román. Este concejal acusó al empresario de haberle ofrecido un millón de euros por cambiar su anunciado voto contrario en el pleno en el que se aprobó definitivamente la urbanización.
El presidente del Grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, en sus primeras declaraciones desde que el fiscal enviara a los juzgados el caso, anuncia que los servicios jurídicos de su empresa "estudian la interposición de una demanda judicial contra el Gobierno Regional del Partido Popular, presidido por Ramón Luis Valcárcel, ante los graves perjuicios ocasionados por la decisión de este Ejecutivo de paralizar el plan parcial previsto para la finca de La Zerrichera, en Águilas".
En un comunicado remitido y firmado por el propio Trinitario Casanova Abadía, el promotor de La Zerrichera se lamenta de que "la paralización de dicho plan, en julio del año pasado, sujeto a otro de gestión, ha causado grandes daños económicos e inseguridad jurídica a esta empresa, cuando el proyecto destinado para la zona contaba con la aprobación definitiva desde el 13 de febrero de 2006".
Además, "Grupo Hispania entiende que dicho plan de gestión nunca puede imponer criterios de ejecución al plan parcial, distintos de los criterios de la Declaración de Impacto Ambiental ya aprobada, tal y como refrenda un informe del gabinete jurídico Garrigues-Walker y que la propia Comunidad ha hecho suyo, y remitido posteriormente a la Fiscalía. Dicho documento concluye que el plan parcial diseñado para la finca de La Zerrichera debe estar incluido en el plan de gestión".
Casanova señala que jamás “ni en su nombre ni en el de su empresa se ha ofrecido dinero alguno a ningún político, ni del PSOE ni del PP, ni de ningún otro partido. Como tampoco se ha encargado a ningún intermediario que lo hiciera”.
En este sentido, Casanova interpondrá acciones legales contra el señor Ramón Román, y contra cualquier persona que tenga la “nula vergüenza” de lanzar cualquier tipo de acusaciones contra el proceder de esta empresa, que ha estado siempre marcado por los principios de la ética y la legalidad.
El máximo responsable de Grupo Hispania comunica también a los responsables políticos que “en sus peleas internas y rifirrafes entre oposición y gobierno, no se debería perjudicar de una manera tan grave e irresponsable a las empresas y los ciudadanos, como hasta la fecha viene sucediendo, dándose una pobre y nefasta imagen de lo que el ciudadano de a pie, empresario o trabajador, percibe de sus gobernantes, de lo que, en definitiva, entendemos que sería lo correcto”.
“Los políticos, añade Casanova, tanto en las tareas de Gobierno como en la oposición, lo que deberían hacer es trabajar por la Región, para que las iniciativas empresariales puedan desarrollarse dentro de un marco de seguridad jurídica, y así, posibilitar la creación de puestos de trabajo; en lugar de estar todos los días lanzando acusaciones infundadas, que están dando una imagen bochornosa y lamentable de nuestra comunidad en el contexto nacional”.
La Kutxa, Caja de Ahorros de Guipúzcoa, ha indicado, por su parte, que ha abonado al Grupo Hispania 55 millones de euros por La Zerrichera. El acuerdo consistíá en un pago total de 105 millones de euros, más otros 16,8 de IVA.
Un portavoz de La Kutxa señala que se consideran al margen de cualquier sospecha y de la propia investigación judicial, toda vez que su compromiso con Trinitario Casanova se ceñía a asumir la propiedad de la finca una vez que la recalificación contara con todos los permisos oficiales. Otros dos socios iniciales del proyecto, los grupos Lar y Riofisa, abandonaron el año pasado.
El consejero de Presidencia y portavoz del gobierno murciano, Fernando Cierva, ha declarado esta tarde desde San Esteban que "Trinitario Casanova no tiene razón en lo que plantea porque siempre se ha actuado en función de los informes jurídicos y administrativos". Según Cierva "el gobierno no negocia con nadie y Casanova está en su derecho de entablar esas acciones que anuncia. Desde aquí siempre se ha actuado conforme a la ley y sin favorecer a nadie", en clara alusión a la amistad manifiesta entre Casanova y el consejero de Ordenación de Territorio, Joaquín Basuñana.
Como consecuencia de todo lo anterior, el expulsado exsecretario local del PSRM en Águilas, Pedro Gil, ha negado esta mañana las acusaciones ante el fiscal-jefe, de Román Román, candidato de este partido y portavoz municipal socialista, en el sentido de que intermedió en un supuesto intento de soborno para votar a favor de la recalificación de La Zerrichera en el pleno municipal.
"Jamás he recibido ningún soborno en los doce años que llevo como concejal del ayuntamiento de Águilas", manifestó en rueda de prensa. El involucrado por sus propios excompañeros socialistas ha dicho también que sigue pensando como ha pensado siempre y que de salir de nuevo elegido como concejal, no votaría a favor de una eventual nueva reclasificación de La Zerrichera que se plantease en un Pleno.
Pedro Gil reitera que desconoce por completo la existencia de la grabación aportada por Ramón Román al fiscal y quiere aclarar su relación con Domingo Martínez, ex secretario general del PSOE local y a quien se apunta como presunto intermediario en el intento de soborno a Román por el montante de un millón de euros.
Gil señala respecto de Martínez que son «casi familia», pero que relación política no existe ninguna actualmente. «Años atrás él fue el secretario local del PSOE, mientras yo era de organización, por eso no entiendo por qué tiene que mezclar Ramón Román ahora a este señor». A su juicio, la denuncia de Román forma parte de una personal guerra política entre ambos.
Pedro Gil aseguró que las manifestaciones de Román ante el fiscal “son falsas” pues “jamás” hizo “ofrecimiento alguno de dinero, ni de otra cosa a este señor para obtener un cambio de voto”, y negó la existencia de las conversaciones con el edil del PSRM sobre “estas cuestiones”.
Según el involucrado en el supuesto intento de soborno, ninguna instancia judicial le ha imputado ilegalidad alguna y señaló que sobre las supuestas grabaciones que Román hizo de sus conversaciones, “de las que únicamente tengo constancia por los medios de comunicación, ya solicité a la Ejecutiva del PSRM que me permitiera escucharlas, con el fin de poder demostrar su falsedad”.
Luego añade que “sólo una manipulación de las supuestas grabaciones posibilitaría que se pudiese deducir algo parecido a lo manifestado por Román”, pero afirmó que no se podía querellar por desconocer la trascendencia jurídica de ese testimonio ante el fiscal jefe.
Pedro Gil deduce de todo lo anterior, que su difusión, en este momento, obedece a “una campaña de desprestigio” y pretender “eliminar a un legítimo opositor político en las próximas elecciones”.
Sin embargo, la portavoz del PSRM en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, insiste en que "estamos ante el mayor escándalo urbanístico en toda la historia de la Región" y que La Zerrichera "no es sino un pelotazo ilegal". Señala a Trinitario Casanova y al presidente Valcárcel como "las dos únicas personas que lo saben todo sobre este caso". Y pide, finalmente, al presidente de la Comunidad Autónoma que "no sea ariete contra la acción de la Justicia cuando los ciudadanos le exigen su derecho a saberlo todo sobre este tema".
Según Teresa Rosique, el aparente enfado de Trinitario Casanova "es artificial porque
el gobierno regional mantiene viva la recalificación urbanística de La Zerrichera, la declaración de impacto ambiental favorable y sólo ha parado tácticamente su plan parcial, por una cuestión de imagen para no seguir perdiendo votos". Para la portavoz socialista, "Valcárcel viene eludiendo desde noviembre el control parlamentario y ya no creo que comparezca en la Asamblea antes de las próximas elecciones autonómicas".-(NEM)
