MADRID.- Crece el malestar en las comunidades autónomas por la
"asfixia financiera" que les supone dejar de ingresar, globalmente,
7.200 millones de euros de aquí a fin de año por la ausencia de un
gobierno constituido, según recoge www.eldiario.es
Se trata de 4.700 millones
en concepto de entregas a cuenta que, según el sistema de financiación
autonómica, deberían llegar a las autonomías de régimen común (todas
menos País Vasco y Navarra). Deben sumarse otros 2.500 millones,
correspondientes a su participación en el IVA, que quedan pendientes del
mes de diciembre de 2017.
Las comunidades autónomas
absorben más de un tercio del gasto final total del Estado y más de la
mitad de su personal. Gestionan muchos de los servicios públicos con una
incidencia más directa sobre el bienestar de los ciudadanos, incluyendo
la sanidad, la educación y los servicios sociales.
El motivo que impide que estas cantidades lleguen a las
autonomías es el bloqueo político. Un gobierno en funciones, como el de
Pedro Sánchez, solo puede aprobar según la Constitución asuntos de
trámite, y entre ellos no se encuentra liberar una partida de 4.700
millones de euros, insiste el Ejecutivo.
Por su parte, los 2.500
millones del IVA solo podrían ser transferidos a partir de su inclusión
en unos eventuales nuevos Presupuestos Generales del Estado (de momento
siguen vigentes, prorrogados, los que diseñó el PP en 2018).
La
motivación de estas limitaciones es por tanto estrictamente legal,
sostienen fuentes gubernamentales consultadas por eldiario.es. De hecho,
explican que se consultó a la Abogacía del Estado si se podían realizar
las entregas a cuenta a las autonomías sin pasar el trámite
presupuestario (el ministro de Hacienda del anterior Gobierno del PP,
Cristóbal Montoro, retuvo por este mismo motivo
4.000 millones de euros, lo que el PSOE calificó como un "chantaje").
La respuesta fue que había posibilidades de hacer estas entregas sin
presupuestos, pero nunca sin un gobierno constituido, explican las
citadas fuentes.
"No es una cuestión de voluntad
política, es una cuestión de cumplimiento de la ley", ha resumido la
portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. El PSOE afirma que la fórmula más
efectiva para que las comunidades puedan disponer de ese dinero es
permitir que se forme gobierno, una reclamación que Sánchez y sus
ministros vienen repitiendo a PP y Ciudadanos prácticamente desde el
pasado 28 de abril, en que se celebraron las elecciones.
Este viernes Celaá ha abundado en esta idea, culpando de la presente situación a quienes en su momento rechazaron los presupuestos de 2019, como el PP o ERC.
Este viernes Celaá ha abundado en esta idea, culpando de la presente situación a quienes en su momento rechazaron los presupuestos de 2019, como el PP o ERC.
A pesar de que Montoro tenía claro que ni
siquiera con un gobierno constituido se podían hacer tales entregas a
las comunidades autónomas, frente al criterio más abierto de su
sucesora, la socialista María Jesús Montero, varias autonomías del PP
han iniciado una ofensiva contra el gobierno central por este asunto.
En
paralelo, la Generalitat catalana ha anunciado incluso que llevará al gobierno central ante los tribunales, una iniciativa de la que los "populares" han querido distanciarse.
Contra lo que fue el criterio del Ejecutivo de Rajoy, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, ha afirmado
que, según sus servicios jurídicos, el Congreso podría aprobar tales
entregas a cuenta a través de un proyecto de ley.
El Ministerio de
Hacienda no ofrece un listado de lo que corresponde a cada comunidad por
estos conceptos, pero algunos de los gobiernos lo han cuantificado.
Galicia calcula que le corresponden 700 millones de euros. "Pudo haber
pagado sin problemas en sus viernes sociales y haber resuelto el asunto,
pero prefirió convertirlos en una campaña electoral, en lugar de
financiar unos servicios públicos elementales que prestamos las
comunidades, que representamos el 50% del gasto público frente a un 25%
del Estado", ha criticado Feijóo.
Y es que la
discrepancia sobre la posibilidad de transferir los anticipos a cuenta y
ese mes de recaudación del IVA ha abierto otra guerra política entre la
derecha de PP y Ciudadanos y el Gobierno en funciones. Administraciones
gobernadas por el Partido Popular acusan a Pedro Sánchez de estar
asfixiando a las autonomías.
Núñez Feijóo y el resto de miembros de su
Gobierno llevan semanas avisando de que que peligra el pago de las
nóminas a los funcionarios de la administración autonómica. El Ejecutivo
de Feijóo hace responsable a Sánchez.
Y mensajes parecidos ha lanzado
el consejero de Hacienda de Madrid, nombrado recientemente por Isabel
Díaz Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, que por un lado reclama la
transferencia de los fondos al Gobierno central y por otro, anuncia que
bajará todos los impuestos autonómicos para hacer frente a la política
fiscal de Sánchez, dentro de una estrategia que han pactado Pablo Casado
y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Fernández-Lasquetty ha dicho que Madrid ha reclamado ya por carta
al presidente Sánchez los 1.237 millones de la financiación autonómica
que según sus cálculos deben llegarles. Aunque ha matizado que no hará
su reclamación "de la mano de la mano de la Generalitat de Cataluña, de
quienes quieren destruir España".
Tampoco el ejecutivo andaluz se
plantea denunciar al Gobierno en los tribunales.
Sin
embargo, otra comunidad autónoma gobernada por el PP, Castilla y León,
ha afirmado a través de su vicepresidente Francisco Igea (Ciudadanos)
que no descarta acudir a los tribunales por este asunto, aunque al mismo
tiempo ha destacado que no se va a hacer "seguidismo político" de quien
"pone en peligro la financiación autonómica y por tanto la financiación
de Castilla y León", en referencia al Ejecutivo de Quim Torra.
El
Gobierno de la Región de Murcia, también del PP, explica a eldiario.es
que se encuentra "lejos de la posición radical del Gobierno de
Cataluña", pero al mismo tiempo exige "que se acabe el bloqueo, sobre
todo para que sea posible la inaplazable reforma del sistema de
financiación autonómica, un asunto que estaba a punto de alcanzarse
antes de la moción de censura del señor Sánchez, y que castiga a la
infrafinanciación a los ciudadanos de la Región de Murcia".
Esta reforma de la financiación autonómica que mencionan las fuentes del gobierno murciano lleva pendiente de ejecutarse desde 2014. En julio de 2017 entregó su profuso informe
el comité de expertos que había organizado el ministro Montoro.
En él
explicaban que "a lo largo de estas décadas de creciente
descentralización del gasto y del ingreso, el sistema de financiación
del Estado autonómico ha ido evolucionando sin un diseño explícito de a
dónde se quería llegar a largo plazo".
Una de las
comunidades autónomas que más lamenta los "serios problemas" de equidad y
eficiencia de un sistema "complejo y poco transparente", como decía el
informe, es la Comunidad Valenciana.
Gobernados por el socialista Ximo
Puig, no se plantean llevar a los tribunales al gobierno central, pero
sí destacan
que están echando a faltar 1.000 millones de euros, y que aunque de
momento no se plantean recortes "en el estado del bienestar", "en las
próximas semanas deberemos adoptar algún tipo de decisión".
Otra
autonomía socialista, la aragonesa, ha expresado su "preocupación" por
el retraso en las transferencias, pero afirman que no entra en sus
planes recurrirla, una postura similar a la del gobierno cántabro.
