España es campeona
europea en líneas de AVE, con más de 3.100 kilómetros construidos (solo
China está por delante a escala mundial) y una inversión acumulada de
más de 50.000 millones cubierta en buena medida a costa de convertir a
esta entidad en
la empresa pública más endeudada de España.
Una cuarta parte de esa inversión ha llegado también a
través de fondos europeos. España ha recibido "casi la mitad de la
financiación de la UE concedida a inversiones de ferrocarril de alta
velocidad", más de 11.000 millones, con un "ineficiente” resultado,
según cuestionó el Tribunal de Cuentas de la UE en un durísimo informe
publicado el año pasado.
Tras ese ingente desembolso y
el que está por venir (hay cerca de un millar de kilómetros en
construcción, más que en ningún otro país europeo), el AVE se utiliza
cada vez más, pero todavía muy por debajo de sus posibilidades.
Como
destacaba la CNMC en diciembre, el tráfico de viajeros de AVE crece (en
2017 absorbió casi dos tercios del total de pasajeros, con 21,1
millones), pero persiste "una utilización muy desigual de distintos
tramos de la infraestructura: así, mientras que en el Madrid-Barcelona
la capacidad utilizada es del 45%, en el Albacete-Alicante es del 8%".
Competencia lo
atribuye al alto precio de los billetes: si bien la política de
descuentos aplicada por Renfe desde 2013 "ha contribuido de forma
significativa al aumento en la utilización del servicio", las encuestas
de la Comisión Europea "señalan que la valoración de los usuarios sobre
el coste del servicio sigue siendo negativa".
Estos son algunos de los escándalos que han acompañado a la red de alta velocidad española en las tres últimas décadas:
14 años de amaños
El
14 de marzo de 2019, la CNMC impuso una millonaria multa a tres
cárteles que llegaron a operar durante hasta 14 años para amañar
centenares de licitaciones, la mayoría (cerca de 900 millones)
relacionadas con el AVE. Por primera vez, la CNMC ha planteado que se
prohíba contratar con la Administración a las sancionadas.
Entre ellas
están filiales de algunas de las principales constructoras españolas,
empezando por la más importante, ACS, sobre la que ha recaído (a través
de tres filiales) el 45% del importe de las sanciones finalmente
impuestas.
Estas han ascendido a 102 millones, una vez
descontadas las rebajas o exenciones a las multinacionales
Alstom y
Siemens, que decidieron colaborar en la investigación. No es la primera
vez que la CNMC desmonta un cártel relacionado con el AVE. En 2016, ya
impuso una
multa de 5,64 millones
a cuatro empresas y nueve de sus directivos por repartirse
adjudicaciones de suministros de desvíos ferroviarios de
Adif, muchos de
ellos relacionados con la alta velocidad.
Sobrecostes de 7.637 millones
En febrero, el Tribunal de Cuentas publicó un informe en el que alertaba de
sobrecostes del 186,21%, equivalentes a más de 7.637 millones,
en los convenios urbanísticos llevados a cabo por las Sociedades
públicas de Integración del Ferrocarril (SIF) constituidas entre 2002 y
2010 por las diversas Administraciones (estatal, autonómica y local)
para llevar el AVE a trece ciudades españolas: Alicante, Almería,
Barcelona,
Cartagena, Gijón, León, Logroño,
Murcia, Palencia, Valencia,
Valladolid, Vitoria y Zaragoza.
El mayor incremento de
costes con respecto al importe cuantificado correspondía a Barcelona-La
Sagrera (546,89%), Alicante (395,87%) y Cartagena (281,65%) y salvo en
dos casos, no había llegado a ejecutarse ni el 30% de las obras
previstas inicialmente.
El órgano fiscalizador recordó que la deuda
asumida por esos SIF, más de 1.100 millones, computa en el déficit
público y pidió que se analice la disolución de esas sociedades.
"Se
recomienda al Ministerio de Fomento que en la planificación de futuras
integraciones ferroviarias estudie, junto con el soterramiento de las
vías, alternativas diferentes, en las que se tengan en cuenta factores
socioeconómicos.
Y que elabore planes de financiación de las actuaciones
de integración del ferrocarril atendiendo a criterios realistas y
contemplando, en su caso, una financiación a corto y medio plazo no solo
vinculada a la generación de plusvalías urbanísticas de realización
incierta", decía el informe.
Descontrol en el AVE a Barcelona
El
descontrol en las obras del AVE Madrid-Barcelona, inaugurado hace once
años, lleva tiempo en los juzgados, con dos causas judiciales por vía
penal que cifran el fraude en 113 millones, mientras que el Tribunal de
Cuentas elevó en marzo de 2017 el desfalco a más de 133 millones.
Solo
en las obras del entorno de la estación de La Sagrera (Barcelona), aún
en construcción, "se detectaron importantes diferencias entre las obras
realmente ejecutadas y las obras certificadas y abonadas, por importe de
117.396 miles de euros", según el órgano fiscalizador.
La
liebre saltó en 2013, cuando la Fiscalía Anticorrupción inició una
investigación tras una denuncia de un subcontratista de una de las
empresas investigadas, Isolux Corsán (que fue a concurso de acreedores
en 2017), que derivó en la denominada operación Yogui, por la que
en mayo de 2014 un dispositivo policial coordinado por el Juzgado de
Instrucción nº 9 de Barcelona y ejecutado por la Guardia Civil detuvo a 10
personas.
A esa investigación, que afloró el pago de
safaris, vino, coches y viajes de lujo a responsables de Adif a cambio
de aceptar facturas hinchadas en las obras, se sumó la que dirige el
juzgado de Instrucción 26 de Barcelona, sobre irregularidades en tres
contratos adjudicados entre febrero de 2008 y abril de 2010 a tres UTES
formadas por Acciona-Copcisa; ACS-Acciona-Comsa-Acsa y Rubau-Copisa-FCC
Construcción-Ferrovial.
En 2017 se hizo público un
informe con las investigaciones de la Guardia Civil que ampliaban las
pesquisas sobre las obras de Isolux Corsán del AVE a Castilla y León,
Euskadi, Asturias y Galicia.
Adif reconoció en una respuesta
parlamentaria ese mismo año que había abierto expedientes internos a
altos cargos de la compañía que habían trabajado en las obras de Alta
Velocidad en estas comunidades autónomas tras esta investigación
judicial.
Fraude en el AVE a Murcia
El pasado
enero, el juzgado de Instrucción nº9 de Murcia concluía las diligencias
previas del caso César, que investiga irregularidades en la ejecución de
infraestructuras hidráulicas y canalizaciones afectadas por la
construcción de la plataforma ferroviaria de la línea de AVE entre
Crevillente y Murcia por parte de empresas como Acciona, Dragados (ACS) y
Sacyr, además de responsables de Adif.
El
procedimiento se inició en 2015, tras una denuncia de la Agencia
Tributaria que ponía de manifiesto presuntas irregularidades fiscales,
canalizadas a través de un entramado de empresas sin actividad, emisoras
de facturas falsas, que habrían permitido un desvío de fondos del
presupuesto de Adif que el Fisco cifró en 9,8 millones.
Posteriores
informes, como la auditoría técnica encargada por Adif, cifraron la
diferencia total entre lo certificado y la valoración, sumando todos los
expedientes de gasto judicializados, en 24.964.016 euros antes de IVA.
Entre los cerca de 50 investigados está José Luis Martínez Pombo, ex
jefe de Infraestructuras de la Línea Madrid-Levante de Adif, que afloró
2,4 millones en la amnistía fiscal.
El caso AVE de Sevilla
El
llamado "caso AVE", que comenzó a instruirse en 1994, surgió cuando la
instrucción de la denominada trama Filesa de financiación ilegal del
PSOE detectó el pago de más de 1.000 millones de pesetas (6 millones de
euros) por parte de Siemens, adjudicataria junto a Alstom de contratos
del tren de alta velocidad, a tres sociedades dirigidas por personas
vinculadas al PSOE.
El caso fue cerrado en 2008,
cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a la ex
secretaria de finanzas del PSOE Aida Álvarez, y a su marido, Miguel
Molledo, a sendas penas de seis meses de prisión por un delito de
falsedad en documento mercantil. En el procedimiento fue absuelto el ex
ministro de Sanidad y expresidente de Renfe Julián García Valverde.
Sobrecostes en los juzgados
Causas
penales aparte, la práctica de las constructoras de reclamar a
Adif
sobrecostes millonarios con respecto al importe inicial de adjudicación
está teniendo un impacto creciente en las cuentas de la empresa estatal,
que en los próximos días publicará sus estados financieros del
ejercicio 2018. Sus últimas cuentas publicadas, de 2017, reflejaban un
incremento interanual del 97% en las provisiones por sobrecostes y litigios con constructoras del AVE.
El
importe reservado para esas contingencias se triplicó con creces en
solo dos ejercicios, al pasar de algo menos de 150 millones en 2016 a
los 504,41 millones de euros de 2017, que correspondían, según Adif,
a "los importes relativos a litigios instados por empresas constructoras
por la ejecución de contratos de obra" y "tienen su origen,
básicamente, en reclamaciones por diferencias en mediciones y en la
determinación de las revisiones de precios, así como por posibles
sobrecostes provocados por paralizaciones y ampliaciones del plazo de
ejecución de las obras".
Las pérdidas de la empresa pública rozaron en
2017 los 200 millones y su deuda superó por primera vez los 15.000
millones.
