CARTAGENA.- Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) acusa al gobierno local de traicionar a Cartagena en favor de las grandes contratas. Y considera que el Gobierno no tiene que ser más o
menos "exhaustivo" con las concesionarias, sino que simplemente debe
vigilar que éstas cumplan con el contrato. Y las empresas deben
cumplirlo, "prestando el servicio por el que les pagamos, sin llevarse ni
un euro de más".
“Lo recogido en los pliegos de
condiciones y en las leyes respecto a los contratos de servicios
públicos es tan claro, tan de sentido común y de tan fácil cumplimiento,
que cuando se ven las maniobras administrativas que está haciendo el
Gobierno municipal es porque hay de todo menos lo que tiene que haber:
control y garantía de cumplimiento de los contratos, fiscalización de
que todo lo que pagamos se ajusta a los costes del servicio, defensa del
interés de la ciudadanía de Cartagena…”
Así ha valorado Pilar Marcos
los anuncios del Gobierno socialista en relación a la disolución de la
Comisión Técnica del Agua y a la supuesta creación de un área específica
de Infraestructura para fiscalizar a las grandes concesionarias.
En
relación al agua, la formación morada, que en su momento se opuso tanto
a la fraudulenta bajada de la tarifa como a la (igualmente ilegítima)
“Comisión Técnica” montada ad hoc para validarla, exige que dicha
Comisión, "que sólo sirvió para darle apariencia legal a las apetencias
económicas y contractuales de Hidrogea, ahora rinda cuentas de lo
realizado: ¿qué labores ha estado haciendo? ¿qué ha hecho con el trabajo
previo de los funcionarios municipales de Infraestructuras? ¿Qué ha
pasado con los expedientes sancionadores abiertos a Hidrogea en 2017?
¿Han caducado o se resolvieron? ¿Han sido “cajoneados”? ¿Por qué razón?
¿Dio por buenos la Comisión los resultados finales del estudio técnico
de PW y GECIVAL, aun cuando los informes previos de las auditoras
detectaban irregularidades?"
Por otro lado, el
grupo municipal de CTSSP ha negado tajantemente que vaya a existir un
departamento o área especial en Infraestructuras como anuncia el
Gobierno. Por el contrario, afirma que lo único que hay es otro
ordenamiento más de personal para seguir haciendo el paripé del control
de los contratos cuando hay un caos absoluto, generado de forma
deliberada.
"Un caos que el mismo Gobierno ha reconocido, por ejemplo con
referencia a la contaminación de los suelos del vertedero o a la venta
de subproductos generados en la planta. Un reconocimiento que llega tras
años de preguntas y denuncias de CTSSP, y que pese a ser reconocido aún
nadie ha asumido responsabilidades ni compensado económicamente en su
caso: ni por el supuesto cobro indebido respecto de los subproductos ni
por el daño medioambiental en el caso de los suelos del vertedero".
Cómo
puede ser que el Gobierno repita una y mil veces el “quien contamina,
paga” en relación a El Hondón y que sin embargo no le ha exigido ni a
FCC ni a las empresas responsables de la cobertura de los vasos que se
hagan responsables y que paguen por la contaminación de los suelos del
vertedero, unos suelos de titularidad municipal, y cuya contaminación
está sobradamente acreditada en un estudio de la UPCT.
Para CTSSP no hace falta crear ningún área específica desde
Infraestructuras, como tampoco hacía falta crear una Comisión Técnica
Especial para la revisión de la tarifa del agua: lo único que hace falta
" es cumplir con la ley, con honestidad y valentía, y dejar que los
funcionarios municipales hagan su trabajo, poniendo los medios a
disposición para que fiscalicen el cumplimiento de los contratos…"
Sin
embargo, como el Gobierno continúa con su política de complicidad y
opacidad, rechaza o paraliza las comisiones de investigación, y
obstaculiza o ningunea el trabajo de los funcionarios municipales, la
formación morada considera indispensable la constitución del
Observatorio de la Contratación Municipal, una iniciativa aprobada en
Pleno que busca que al menos los grupos de oposición y los
representantes vecinales puedan acceder a la información relativa al
cumplimiento de los contratos de los servicios públicos privatizados.
