jueves, 9 de noviembre de 2017

El SMS convoca la provisión de 63 jefaturas de servicio en los hospitales públicos


MURCIA.- El Servicio Murciano de Salud (SMS) convoca la provisión de jefaturas de servicio asistenciales, mediante concurso de méritos, en los hospitales públicos de la Región, para asegurar el normal funcionamiento de los centros y el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a los puestos de trabajo.

Se trata de la segunda convocatoria del procedimiento de designación por concurso de méritos del total de 168 jefaturas de servicio del SMS, con lo que se han convocado el 64,9 por ciento de las plazas. El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publica mañana la convocatoria.
Actualmente, estos 63 puestos de jefe de Servicio de carácter asistencial se ocupan de forma provisional. De ellos, 15 corresponden al área de salud I Murcia Oeste (hospital Virgen de la Arrixaca), 16 al área II Cartagena (hospital Santa Lucía), cinco al área III de Lorca (hospital Rafael Méndez), tres al área de salud IV del Noroeste (hospital Comarcal de Caravaca), siete al área V Altiplano (hospital Virgen del Castillo de Yecla), seis al área de salud VI Vega Media del Segura (hospital Morales Meseguer), cinco al área VII Murcia Este (hospital Reina Sofía), dos al área de salud VIII Mar Menor (hospital Los Arcos), dos para el área IX Vega Alta del Segura (hospital de Cieza) y dos para el hospital psiquiátrico Román Alberca. Se convocan un total de 28 especialidades, incluyendo aquellas que en la anterior convocatoria han quedado desiertas.
La normativa regional establece que estos puestos, que tienen asignado nivel de complemento de destino superior al básico, han de ser provistos por el sistema de concurso de méritos. El desempeño de estos puestos de trabajo es incompatible con el ejercicio de la actividad privada.
Podrán participar en este concurso de méritos los profesionales que tengan la condición de personal fijo del Sistema Nacional de Salud y no hayan sido separados del servicio, ni inhabilitados en los seis años anteriores a la convocatoria.
También deben estar en posesión del título de licenciado o graduado en Medicina y poseer el correspondiente título de médico especialista en la especialidad que se concursa.
Como requisitos específicos, podrán participar en esta convocatoria los facultativos con nombramiento de personal estatutario fijo que ostenten plaza en la especialidad a la que se concurse en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, así como los facultativos con nombramiento de funcionario de carrera, o laboral fijo, que presten servicios en hospitales de la red pública del Sistema Nacional de Salud.
También podrá optar el personal estatutario, funcionario y laboral de las categorías y cuerpos citados en los apartados anteriores, en situación distinta a la de activo y sin reserva de plaza, si reúne los requisitos para incorporarse al servicio activo al finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes podrán presentarse en cualquiera de los registros de las gerencias de área, en el registro general del SMS, así como en cualquiera de los órganos y oficinas previstos en el Ley de procedimientos administrativos.
Los interesados tendrán un mes para presentar sus solicitudes, a partir del día siguiente al de la publicación en el BORM.

La Facultad de Veterinaria de la UMU, la tercera mejor de España


MURCIA.- La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia (UMU) ha sido considerada la tercera mejor de España en su categoría, solo por detrás de la Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid, y la trigésima sexta del mundo.

Esa es la posición que ocupa esta facultad en el Ránking Académico de las Universidades del Mundo (ARWU, por sus siglas en inglés), mundialmente conocido como de Shangai, que coloca a Veterinaria de la Autónoma en el noveno puesto internacional y a la de la Complutense, en el decimonoveno.

La UMU se ha colado también en esta prestigiosa clasificación con sus estudios de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que ocupan el puesto 136 del mundo en esa categoría.
El ránking de Shangai se creó en 2003 y está considerado el precursor de la clasificación de universidades a nivel mundial y uno de los más prestigiosos.
Usa seis indicadores objetivos para clasificar las universidades del mundo: número de alumnos y profesores que han ganado premios Nobel y medallas Fields, de investigadores altamente citados, de artículos publicados en revistas de los grupos Nature y Science, de artículos indexados en Science Citation Index-Expanded (SCIE) y Social Sciences Citation Index (SSCI), y rendimiento por cabeza respecto al tamaño de una institución.
Cada año, califica más de 1.200 universidades de todo el mundo y publica en su web el listado con las 500 mejores.

Los abogados de los cinco ex altos cargos acusados de saltarse la ley para recalificar 'La Zerrichera' piden su absolución

MURCIA.- Los abogados de los cinco ex altos cargos del Gobierno murciano juzgados en la Audiencia Provincial de Murcia por su intervención en la recalificación de la finca La Zerrichera, de Águilas, con protección medioambiental, para permitir construir 4.000 casas y un campo de golf, han defendido la legalidad de su actuación.

La nueva sesión de la vista oral que se inició el pasado 22 de septiembre comenzó ayer con la intervención del defensor de dos de los acusados, el exdirector general de Calidad Ambiental Antonio Alvarado y la exdirectora general del Medio Natural Encarna Muñoz.
El fiscal Anticorrupción acusa al primero de recabar para sí la tramitación y gestión de la solicitud de recalificación de los terrenos solicitada por el Ayuntamiento de Águilas a instancias del promotor, el Grupo Hispania del empresario Trinitario Casanova, para que llegara a buen puerto.
A Muñoz la responsabiliza de haber reabierto el expediente cuando estaba ya archivado por el consistorio tras la negativa del Gobierno autonómico a la recalificación, por lo que sólo podía solicitar su reapertura el promotor.
El letrado de ambos, Aurelio Llanes, explicó durante la vista que en contra de lo expuesto por la fiscalía, ese expediente no estaba archivado y Muñoz se limitó a darle trámite para enviarlo al órgano competente para su estudio, por lo que no incurrió en delito.
«Su actuación fue absolutamente transparente, ya que remitió el expediente en su integridad» y si el fiscal llega a sostener que fue prevaricadora «es porque parte de premisas falsas», dijo.
En cuanto a Alvarado, el letrado sostuvo también su solicitud de absolución al señalar que tampoco incurrió en ilegalidad, ya que actuó siempre dentro de sus competencias y aplicó la normativa vigente.
Para el abogado, nunca existió confabulación ni conspiración para conseguir la recalificación de terrenos sin respetar los valores ambientales de la finca.
Y lamentó las dificultades con las que se ha encontrado para conseguir la declaración como testigos de funcionarios del Gobierno autonómico que podían haber apoyado su versión exculpatoria y que no han querido hacerlo «para no tener problemas con otros compañeros».
Asimismo, el abogado defensor criticó la afirmación del fiscal que en su informe de hace dos días aludió a altos mandos del Gobierno murciano como los inspiradores de la recalificación por estar hecha sin pruebas «y sin haber traído a este proceso, que se inició hace diez años, a los posibles aludidos para que se pudieran defender».
Miguel Pardo y Francisco Martínez-Escribano, defensores de los otros tres acusados, José María Ródenas, exsubdirector general de Vivienda y Urbanismo; Alfonso Guerrero, exdirector general de la misma dirección general, y Juan Ignacio Sánchez, jefe del Servicio de Calidad Ambiental, han pedido también la absolución.
Tras esta última sesión del juicio, la magistrada Concepción Roig redactará la sentencia como ponente sobre el caso de presunta recalificación ilegal de la finca de 240 hectáreas declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), entre otras cuatro figuras de salvaguarda medioambiental. La finca está en el municipio costero de Águilas.

El Ministerio de Medio Ambiente da el visto bueno al tercer carril de la A-7 entre Orihuela y Monteagudo


MADRID.- El Ministerio de Medio Ambiente ha emitido un informe favorable a la construcción del tercer carril de la Autovía de Alicante en el tramo comprendido entre Orihuela y la pedanía murciana de Monteagudo, lo que permite poner en marcha la ampliación de la A-7.  Según Medio Ambiente, la autovía es utilizada diariamente por unos 46.000 vehículos, lo que provoca frecuentes retenciones.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural ha emitido un informe de evaluación favorable del proyecto de ampliación de un tercer carril en la A-7 en el tramo comprendido entre Orihuela y la pedanía murciana de Monteagudo.
La resolución, que aparecía publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), indica que la documentación aportada al expediente permite deducir que el mismo no producirá efectos adversos negativos.
El acuerdo añade que el objeto del proyecto es mejorar la capacidad de esta autovía, en un tramo que tiene una longitud de quince kilómetros.
La dirección de Calidad y Evaluación Ambiental explica que la actuación se justifica porque este tramo presenta una elevada intensidad de tráfico, que supera los 46.000 vehículos diarios, lo que provoca retenciones.
La ampliación de la calzada de la autovía del Mediterráneo a su paso por la Región de Murcia está en los planes del Ministerio de Fomento, que el pasado mes de agosto autorizó el proyecto de ampliación de un tercer carril de la autovía A-7 situado entre Alhama de Murcia y el enlace de Alcantarilla, entre los kilómetros 627,3 y 650,6 de la citada carretera. El proyecto está ahora en información pública. 
Una vez superado este trámite dará comienzo la contratación de la obra de construcción, que contará con un presupuesto de 97,3 millones.
También está aprobado el proyecto para realizar un tercer carril en el tramo que discurre entre la localidad de Crevillente y Orihuela, en la provincia de Alicante. En la Región solo en un pequeño tramo en los accesos a Lorca la calzada de la A-7 se amplía.

'Cambiemos Murcia' ha recogido en tres vídeos cuestiones de ciudadanos para el alcalde Ballesta

MURCIA.- Cambiemos Murcia ha recogido en tres vídeos preguntas de ciudadanos y representantes de diversos colectivos dirigidas al alcalde de la ciudad, José Ballesta, para que las conteste en el debate sobre el estado del municipio que se celebrará este viernes en el Ayuntamiento.

En los vídeos, enmarcados en la campaña #QuéLeDiríasABallesta, que ya se está difundiendo en redes sociales, aparecen desde activistas por el soterramiento de las vías del tren hasta artistas, trabajadores, vecinos, y miembros de organizaciones de carácter social.
Con esta campaña, la formación municipalista pretende dar voz a las reivindicaciones de la que considera "la verdadera protagonista" del debate de este viernes, "la ciudadanía".
Las preguntas abarcan diversos temas como medio ambiente, huerta, infraestructuras, empleo, cultura, derechos de las personas, movilidad y comercio.

¿Son presos políticos los presos políticos? / Ramón Cotarelo *

¿En dónde dice la Constitución (CE) que su acatamiento sea obligatorio al extremo de que, si no se produce, se va a la cárcel y, si se produce, se sale de la cárcel? Esa obligación estará en algún protocolo de toma de posesión regulando a alguna ley, pero no en la CE que ampara asimismo a quien no la acate. Porque estos presos lo están, en principio, porque hay riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración del delito, según la jueza. Pero no por no acatar la CE.

Es puro derecho penal del enemigo, administrado con espíritu de inquisidor por el fiscal. La CE como artículo de fe, esa misma contra la que votaron en su día los fundadores del partido que la esgrime como la maza que el fiscal lleva en el apellido. Es tan absurda, tan rancia e inverosímil esta propuesta que uno se malicia si, además de presos políticos, los independentistas catalanes, son rehenes en una campaña de intimidación ideológica. 

Es curiosa la tremolina armada con la cuestión del nombre, como si hubiera un criterio universal definitorio de preso político. No lo hay. No lo tiene Amnistía Internacional que se niega a reconocer a estas personas la condición de presas políticas o de conciencia. Tampoco la tienen otros presos políticos que se arroguen una especie de derecho "profesional" por así decirlo.

La condición de preso político no depende de la calificación del juez que encarcela. Jamás, y es lógico. Esa condición depende de una valoración distinta de las motivaciones y efectos de los delitos supuestos y del impacto que ello tenga en la opinión pública.

El gobierno no ocultó su cálculo desde el primer momento: al aplicar el 155 en Cataluña y dar barra libre a la judicatura estimulando el ya encendido celo perseguidor del fiscal Maza, habría cierta reacción "en la calle" breve, por lo demás y, en una semana o diez días, todo habría vuelto a normalidad, como había pasado en el País Vasco cuando se encarceló a Otegi.

Bastaba coger el AVE, mirar y ver que era un cálculo erróneo. Pero cualquiera dice a estos genios del gobierno que cada vez que hacen algo, meten la pata. La brutalidad policial del 1/10, el 155 y el disparatado encarcelamiento de medio govern así como la pintoresca euroorden contra Puigdemont, acusándolo de un delito en Bruselas del que no le acusa en Madrid, han provocado dos efectos simultáneos que tienen al gobierno literalmente K.O.

Primero, la internacionalización. Obsérvese, internacionalización mediática. El gobierno y sus medios señalan la escasa repercusión institucional de la acción independentista en el extranjero. Obvio: en primer lugar, el medio govern en busca y captura acaba de llegar y, en segundo lugar, lo que importa hoy en la sociedad no son los debates parlamentarios, sino los mediáticos que luego condicionan aquellos. 
 
Y de presencia en los medios internacionales no andan los independentistas faltos. Con la atención de los medios internacionales enfocada a Cataluña, el margen de maniobra del gobierno, al menos de las maniobras tramposas, se reduce mucho. Añádase que esa Europa calvinista ve con el ceño fruncido que un presidente acusado de cobrar sobresueldos en B se arrogue competencias para imponer la legalidad en parte alguna.

Segundo, una fuerte, coordinada y muy bien ejecutada reacción de movilización permanente de la sociedad. Bastaba, en efecto, con coger el AVE, mirar un poco las redes. Bastaba con enterarse, vaya, en lugar de mandar matones a repartir leña por las calles, convocar manifas de autobús y bocadillo o reclamar de los intelectuales a toda pastilla un nuevo relato en defensa de la nación española. 
 
Bastaba con darse cuenta de que no era un problema de orden público sino una movilización colectiva, transversal, masiva, pacífica que abarca toda la sociedad. En fin, una revolución. Un movimiento horizontal, participativo, voluntario, de redes distribuidas que no hay modo de contrarrestar, capaz de organizar una huelga general en veinticuatro horas y paralizar el país.

¿Que si son presos políticos las personas por cuya liberación luchan cientos de miles de ciudadanos que los consideran sus líderes y representantes democráticamente elegidos? No solo lo son sino que la desatenta represión que los ha llevado a la cárcel junto al presunto maltrato que sufrieran en el traslado, los ha aureolado de símbolos.

Tan presos políticos son que el mismo gobierno filtraba hace un par de días que había mandado "mensajes" al fiscal para que moderara su rigor; si ese fiscal autónomo e independiente. Prueba, que ha pedido el encarcelamiento de todas y está dispuesto a pedir el de Forcadell para ayudar a la concordia y el entendimiento. Algo dirá la Unión Parlamentaria Internacional y especialmente su sector feminista. Y ya tenemos otro frente internacional abierto.

Todo son rumores en la corte de la III Restauración. En no sé qué cuchipanda real con besamanos y discursos, se rumoreaba que ya estaban dictadas las órdenes de prisión de los comparecientes antes de que comparecieran. En el siglo de oro eso se llamaba la justicia de Peralvillo; hoy, más refinados, derecho penal del enemigo. Pues unos de esos rumores cortesanos es que el gobierno hará saber a los independientes magistrados del Supremo la conveniencia de poner a los presos en la calle. Las interpretaciones vendrán luego.

Pero la metedura de pata es descomunal. Quedan los procesamientos y queda la busca y captura del presidente de la Generalitat en el exilio. Y, de aquí al 21D, la corte va a ser un verdadero guirigay. El PSOE ha llegado a la deslumbrante conclusión de que la vía judicial no resuelve los problemas políticos, cosa que sabían las piedras de los caminos. Pero tampoco tiene intención de hacer nada en las circunstancias. Iceta no anda lejos de apoyar la razón carcelaria. 
 
En Podemos les ha dado un ataque de fiebre española. Carolina Bescansa, como Juana de Arco en su día, levanta el pendón español, que sus compañeros tenían vergonzosamente escondido. Su apuro es tan grande y su desastre catalán tan patético que han tenido que firmar por cuatro puestos en la candidatura de los Comunes; para que vean el partido. 
 
Los de C's piensan como Aznar, a quien sobra media Cataluña. Es lo que se llama ir de sobrado. Y su antiguo partido, actualmente en medio del via crucis de la Gürtel. En serio, ¿no recuerdan los retratos de ese barbado presidente al paño de la Verónica? Doblemente afligido porque, sobre no saber cómo saldrá de la corrupción, si es que sale, tampoco sabe cómo salir de Cataluña.

Para los independentistas republicanos catalanes es la ocasión de sus vidas. Para los unionistas monárquicos españoles, también; pero al revés.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Forcadell, la foto que Madrid quería / José Antich *

El Estado español ya tiene una de las fotos que más ansiaba aunque sea, por ahora, tan solo en forma de titular. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, camino de la prisión de Alcalá Meco en un furgón policial hasta que deposite una elevadísima fianza de 150.000 euros. Con todo lo que ha sucedido estos últimos años en la política española, veinte años hacía que el Tribunal Supremo no mandaba a nadie directamente a la cárcel.

Es obvio que la noticia es de una enorme gravedad. Y de gran trascendencia política. El hecho de que el juez no haya atendido la petición del ministerio fiscal, que pedía prisión incondicional no solo para Forcadell sino también para los vicepresidentes Lluís Guinó y Anna Simó y el ex vicepresidente Lluís Corominas, no resta importancia a lo que acaba de suceder en el Alto Tribunal. 

El juez de la sala segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, también ha impuesto al resto de miembros de la Mesa —dos vicepresidentes, los citados Guinó y Simó, una secretaria, Ramona Barrufet, y un exvicepresidente, Corominas— un plazo de una semana para pagar fianzas individuales de 25.000 euros. Si no, ingresarán en prisión. Excepto el secretario Joan Josep Nuet, que queda en libertad sin fianza pero con cargos.

El Estado español ya tiene todas las piezas que se quería cobrar: Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Sánchez y Cuixart. Tan solo Puigdemont permanece en libertad en Bruselas, después de que la justicia belga haya negado por el momento la extradición solicitada por la Audiencia Nacional. Desde allí, ha recompuesto junto a cuatro consellers un govern en el exilio que le permite emitir mensajes hacia Catalunya e internacionalizar la persecución de las legítimas autoridades catalanas, cesadas por el gobierno español. A Junqueras, igual que a otros siete consellers, se le acaba de denegar la salida de la prisión, igual que a los Jordis. Tampoco se acepta en ninguno de los diez casos, una fianza para abandonar la cárcel.

Es más que probable que pese a la elevada fianza económica, la presidenta del Parlament consiga en las próximas horas reunirla y abandonar el penal de Alcalá Meco. Ojalá que sea así. Pero nada de ello restará importancia y gravedad a los hechos de este jueves en el TS. Un debate en el Parlament, por incómodo que pueda ser para el gobierno de Madrid, para el PSOE y para Ciudadanos, no debía haber tenido nunca este desenlace. Nunca. El caso de la presidenta del Parlament inaugura una peligrosa nueva línea para lo que pueden ser, en el futuro, otros nuevos presos políticos catalanes. El camino a la desesperada iniciado por el Estado español es preocupante. Y su alejamiento de las democracias occidentales, también.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


Entran en escena los CDR / Enric Juliana *

Los CDR (Comitès de Defensa de la República) entran en acción. No pretenden sustituir a la ANC (Assemblea Nacional Catalana), pero dan otra dimensión a la movilización soberanista: acciones rápidas que no requieren la participación de grandes masas. Volvemos a los años setenta.

Hay más de doscientos CDR locales o de barrio, que pueden movilizar a unos cuantos miles de personas con notable agilidad y sincronía. Ayer lo demostraron. Cortaron carreteras y vías de tren y magnetizaron a muchos estudiantes. Cuentan con el impulso primordial de la CUP, pero van más allá de esta organización política, que ha demostrado una notable sagacidad en los últimos años. 

Un poco franciscanos, un poco libertarios, un poco leninistas, y no todos nacionalistas, los fraticelli han marcado el ritmo a convergentes y republicanos, prisioneros de su insomne competición. Los cuperos han explotado con gran habilidad la pugna entre PDECat y ERC por la hegemonía. El fenómeno es único en Europa. Único. Es como si una reencarnación de Lotta Continua estuviese marcando en estos momentos los ritmos políticos de la ciudad de Milán y la entera Lombardía.

Los CDR cortaron ayer carreteras y vías de tren para dar proyección internacional a una huelga que apenas tuvo impacto en las fábricas y en los despachos. Los CDR están intentado reanimar la narrativa rupturista.

La cúpula del soberanismo llegó rota a la fallida declaración de independencia del 27 de octubre. Carles Puigdemont estuvo a un minuto de convocar elecciones el día anterior, pero se lo impidieron desde ERC y desde un sector de su partido. “¡Traidor!”, le dijeron. Se rompieron las lealtades y la DUI acabó siendo un funeral. 

Se aplicó el artículo 155 y nadie llamó a la movilización. Los CDR aún no estaban del todo maduros. Ningún país ha reconocido la república catalana. Ninguno. Ayer le negó el reconocimiento el Parlamento de Flandes. El independentismo se precitaba a finales de octubre hacia un gran vacío narrativo, pero el guión de la serie Catalunya dio un giro inesperado: Puigdemont se marchó a Bélgica y la Audiencia Nacional encarceló a nueve consellers.

Los CDR se pusieron ayer al servicio del guionista Puigdemont, que podría acabar anunciando una “lista del president”, capaz de poner en apuros a ERC. (La batalla por las listas aún no se puede dar del todo por cerrada.) Los Mossos y la Policía Nacional apenas actuaron ayer para evitar imágenes duras –los vídeos del 1-O dando la vuelta al mundo aún atormentan al Gobierno de España–y para enviar un mensaje a los miles de catalanes que se enfadaron en las colas kilométricas: esto es lo que os espera si no reconducís la situación en las urnas.

Catalunya es en estos momentos la serie televisiva más seguida por los europeos politizados. Cada día que pasa queda más claro que el encarcelamiento de los consellers ha sido un colosal error del Estado español. En el capítulo de hoy, la presidenta del Parlament y la Mesa comparecen en el Tribunal Supremo.


(*) Periodista y director adjunto de La Vanguardia



Añoranza de los días aburridos / Márius Carol *

Hay un momento en la vida en que la situación es tan mala que sólo puede mejorar. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena decretó esta noche prisión eludible con fianza (les da una semana para presentarla) para la Mesa del Parlament y dictó la libertad con cargos para Joan Josep Nuet. 

A Carme Forcadell no le dio este plazo e ingresó en Alcalá Meco, de donde presumiblemente saldrá mañana tras depositar la fianza, lo que resulta una humillación innecesaria. La decisión produjo cierto alivio en la sociedad catalana, no únicamente entre el independentismo, porque abre un camino para que salgan de la cárcel el exvicepresidente Oriol Junqueras y siete de sus consellers. Esperemos que también facilite la libertad de los presidentes de la ANC y Òmnium. La niebla que oscurece la política podría empezar a despejar.

En el momento en que la juez Lamela envió a la cárcel a ocho miembros del Govern, se inició lo que Antoni Puigverd ha calificado de incendio político irreparable. Ciertamente, había pocas posibilidades de reconducir la crisis catalana con una campaña electoral tranquila, pero la decisión de la juez al decretar prisión sin fianza añadió gasolina al fuego. 

Los magistrados no se dedican a hacer política, pero sería importante que tampoco la perjudicaran. Una campaña electoral con candidatos en la cárcel resultaría el peor de los escenarios. Es imprescindible que los partidos puedan aportar soluciones al conflicto catalán. E incluso proponer fórmulas para recomponer la convivencia y recoser la sociedad.

Necesitamos recuperar las instituciones y componer un nuevo relato colectivo. Y el Gobierno debería ser generoso a fin de superar esta etapa, con todo lo que ha supuesto de desgarro. Todos nos merecemos un acuerdo satisfactorio para cerrar heridas. Con la esperanza de que vuelvan los días maravillosamente aburridos, en los que la política no alteraba el ánimo ni favorecía el resentimiento. 



(*) Periodista y director de La Vanguardia



Ocho personas de este planeta / Gordon Brown *

Queridos amigos y amigas,

Hace ocho años, cuando era Primer Ministro del Reino Unido y presidente del G20, intenté

Es una de las injusticias más grandes de nuestro tiempo, que permite a los ricos mantenerse al margen mientras todos los demás pagamos por un sistema de sanidad y de educación y por proteger a los más vulnerables.

Pero hoy tenemos una oportunidad de ponerle freno -- mediante un acuerdo internacional que ilegalice los paraísos fiscales e imponga sanciones y penas de prisión a los evasores de impuestos. Y el G20, con los líderes de las principales economías del mundo, puede conseguirlo.

Únete a mí, y firma esta carta abierta a Mauricio Macri, el presidente de Argentina y del G20 -- si conseguimos un millón de firmas, se las entregaré personalmente, para pedirle a él y a los otros líderes del G20 que actúen de manera urgente para terminar el trabajo que empezamos en 2009.
poner fin a la injusticia de los paraísos fiscales. Sin embargo, tal y como la filtración de los “papeles del paraíso” demuestra, a día de hoy, trillones se siguen desviando a los lugares más oscuros de la economía mundial a fin de evadir impuestos.

El G20 es la institución adecuada para afrontar este asunto-- ya acumula verdaderos progresos a la hora de hostigar a los paraísos fiscales. Ahora que todo el planeta vuelve a hablar de la reciente filtración de evasores, los papeles de paraíso representan la oportunidad que estábamos esperando para exigir su clausura.

G20: ¡cierren los paraísos fiscales!

Como alguien que ha sido blanco de las campañas de Avaaz cuando era Primer Ministro, puedo asegurar que marcan una poderosa diferencia. Este movimiento está impulsando el idealismo del mundo. Y este escándalo es una oportunidad para enfrentarnos a uno de los retos más grandes a los que hemos hecho frente -- no la desperdiciemos.

Con esperanza y determinación,
Gordon Brown, con el equipo de Avaaz  


Al presidente Mauricio Macri y a todos los líderes del G20:

La desigualdad mundial ha alcanzado un nivel aberrante -- 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población del planeta.

Y la brecha sigue creciendo, en parte, gracias al oscuro mundo de los paraísos fiscales, que permite que trillones se desvíen de nuestras economías. En estos momentos, los ricos se enriquecen y los demás pagamos.

Hace ocho años, el G20 se comprometió a acabar con estas prácticas. Es hora de cumplir. Les exigimos que actúen de inmediato para acabar con los paraísos fiscales y garantizar que quienes los mantienen y los explotan rindan cuentas.

No se debería permitir a nadie eludir su deber como contribuyente para el bien común. Y es su responsabilidad que así sea. Como ciudadanos de todo el mundo, exigimos acción.

Cordialmente, 

Revista de Prensa / A. R. Mendizabal *


Jueves Fiesta de la Almudena con su­per­puente en Madrid pero sin tregua en el ba­rullo de ci­ta­ciones ju­di­cia­les, huel­gas, al­ga­ra­das, ma­ni­fes­ta­cio­nes, de­cla­ra­cio­nes, el pe­li­groso boicot en el resto de España a pro­ductos ca­ta­la­nes, la ela­bo­ra­ción de unas listas y/o amago de otras para el 21-D y el aca­bóse de si la cárcel fa­vo­rece o no a los in­depes y per­ju­dica o no a Rajoy, y si el Gobierno era bueno o malo por no in­fluir en los jueces o si es malo o bueno por ha­cer­lo... 

Algunos ti­tu­lares des­ta­cados no aclaran las in­cóg­ni­tas. El País dice que 'La Fiscalía re­vi­sará la cárcel de Junqueras y los ex con­se­llers si acatan la Constitución’, y que Forcadell tam­bién puede eludir hoy la pri­sión si se so­mete a la le­ga­li­dad. El Mundo lo ve de otra forma: ‘El TC de­nuncia por cuarta vez a Forcadell y com­plica que evite la cár­cel: la pre­si­denta del Parlament com­pa­rece hoy impu­tada por re­be­lión ante el Supremo tras ver anu­ladas todas las leyes que per­mitió tra­mi­tar'. 

Más con­tun­dente to­davía María Peral en El Español: 'Forcadell llega al Supremo tras de­nun­ciar el TC, por quinta vez, su 'contumacia' de­lic­ti­va', por lo que la Fiscalía 'pedirá pri­sión si la pre­si­denta del Parlament no ga­ran­tiza que desiste de la se­ce­sión uni­la­te­ral'. Confidencial Digital sua­viza: 'Carme Forcadell está dis­puesta a co­la­borar con la Justicia para evitar ir a la cár­cel'. 

Otros án­gulos del des­ma­dre. La Rusia de Putin no suelta la presa, según El País a cuatro co­lumnas en primer plana: 'La UE alerta de la in­cur­sión de la pro­pa­ganda rusa en Cataluña: el co­mité eu­ropeo contra los ata­ques ci­ber­né­ticos de­tecta una ex­tra­or­di­naria ac­ti­vidad de me­dios pró­ximos al Kremlin en apoyo del in­de­pen­den­tis­mo'. 

No menos im­pac­tan­tes, de nuevo otra vez en El Mundo, los planes de sub­con­trata que te­nían los ge­nios ‘indepes’; 'Los se­pa­ra­tistas pen­saban con­fiar la de­fensa de Cataluña a otro país por 10 años'. Y en coste eco­nó­mico, dos la­ti­ga­zos: La Vanguardia ti­tula con algo que era muy de te­mer: 'El Mobile ame­naza con dejar Barcelona en 2019 si no se ase­gura la es­ta­bi­lidad po­lí­ti­ca'; y Expansión y El Confidencial, con otra víc­tima co­la­te­ral: 'El 'procés' hunde un 35% el co­mercio textil ca­ta­lán'. 

Expansión y Cinco Días coin­ciden en su prin­cipal ti­tular de por­tada en la nueva vuelta de tuerca de Bruselas para ace­lerar la re­duc­ción de emi­siones y la transición al coche eléc­trico. Todos los me­dios re­cogen el ajuste en el Santander por el Popular, aunque eso no es nada com­pa­rado con los planes de Deutsche Bank de sus­ti­tuir has­tala mitad de sus 97.000 em­pleados por ro­bots. 

Toda la prensa bri­tá­nica da tes­ti­monio con grandes ti­tu­lares del po­sible co­lapso del Gobierno de Theresa May tras la di­mi­sión de Priti Patel, mi­nistra de Desarrollo Internacional, se­gunda baja en el ga­bi­nete en una se­mana. La pri­mera mi­nistra está tam­bién per­diendo aliados para se­guir ade­lante con su Brexit, en medio del es­cán­dalo de acoso se­xual en el Ejecutivo y en el Parlamento de Westminster, ya re­bau­ti­zado como Pestminster: una de­nuncia este jueves de una an­tigua en­car­gada del bar de la Cámara de los Comunes re­vela que hasta 30 par­la­men­ta­rios ‘intentaron lle­varme a la ca­ma’. 

Peligra la pro­puesta fu­sión de AT&T con Time Warner tras las dudas del Departamento de Justicia de EEUU, que su­giere la venta de al­gunos ac­tivos para no crear un su­per­mons­truo me­diá­tico, entre ellos cu­rio­sa­mente la CNN, la ca­dena más crí­tica con Trump, quien cumple en China el primer año de su elec­ción. 

OPINIÓN
Editorial en La Vanguardia: 'Objetivo: pa­ra­lizar el país: Catalunya lleva tiempo ju­gando con fue­go'. Enric Juliana en el mismo dia­rio: 'Entran en es­cena los CDR'. Editorial en El Periódico: ‘Una huelga poco ge­ne­ral: el in­de­pen­den­tismo debe re­fle­xionar sobre si la pro­testa per­ma­nente en la calle no hace más an­ti­pá­tica su cau­sa’. 

Antonio Argandoña en el mismo dia­rio: 'Consejos de un Nobel para Catalunya: el eco­no­mista Selten re­co­mienda poner ci­fras a las emo­ciones y cal­cular el coste de cada de­ci­sión'. Joan Tapia en el mismo dia­rio: 'Iceta contra la de­riva 'agitacionista'. Editorial en El Mundo: ‘Restaurar la ley exige con­trolar el orden pú­bli­co‘. 

Otro edi­to­rial: ‘El PSC vuelve a caer en la alianza con los na­cio­na­lis­tas’. Arcadi Espada en el mismo dia­rio: ‘Los cau­te­lo­sos'. Editorial en ABC: ‘Boicot fa­llido a la de­mo­cra­cia’. Editorial en La Razón: ‘Es ne­ce­sario un con­trol contra la ma­ni­pu­la­ción de TV3‘. Francisco Marhuenda en el mismo dia­rio: ‘La huel­guita de los in­de­pe’. 

Editorial en El Español: 'Cuando el Gobierno aboga por los gol­pis­tas'. Beatriz Becerra en el mismo me­dio: 'Cómo ga­na­remos el 21-D: es­tra­tegia que los cons­ti­tu­cio­na­listas deben se­guir para lo­grar la vic­toria en las elec­ciones ca­ta­lanas frente al in­de­pen­den­tis­mo'. Juan Carlos Bermejo en Vozpopuli: 'Catalanes, el 21-D votad para salvar vuestra tierra y ha­cien­da'. 

Segundo Sanz en el mismo me­dio: '¿Sentido de Estado? Podemos se borra de los con­sensos más bá­si­cos'. Luis María Ansón en El Imparcial: ‘La unidad de España sangra los votos de Podemos’. Editorial en Libertad Digital: 'El Gobierno no ha res­ta­ble­cido la le­ga­lidad en Cataluña y ya anda rin­dién­do­se'. 

José García Domínguez en el mismo me­dio: ‘Catalunya ya no existe: ese pobre necio ex­pa­triado aún no sabe lo que ha he­cho’. José Ignacio Torreblanca en El País: ‘Frustración: los in­de­pen­den­tists lo­gran siempre apoyos muy am­plios sin la ro­tun­didad su­fi­ciente para le­gi­timar la rup­tura uni­la­teral a la que as­pi­ran’. 


(*) Periodista


https://www.capitalmadrid.com/news_links/2484 

miércoles, 8 de noviembre de 2017

Un informe imparcial experto sobre gestión política del agua potable en Cartagena destapa fraude y engaño a la ciudadanía y posibles responsabilidades penales


CARTAGENA.- Un informe imparcial y experto sobre la gestión política del agua potable en Cartagena destapa fraude y engaño a la ciudadanía. Elaborado por un funcionario de habilitación nacional para Intervención, sirve para ambientar la disertación el próximo viernes en la UNED de otro funcionario habilitado y experto en contratación pública, Javier López Parada, interventor general del Ayuntamiento de Zamora y brillante jurista.

En una reciente comunicación de ese primer experto así se expresó al respecto al dirigirse por email a uno de los líderes sociales de Cartagena en esta cuestión, donde confirma los puntos centrales de la situación del contrato de Hidrogea en Cartagena.

"Como ya te conté en la conversación que tuvimos, las dos características que se dan en los asuntos municipales es la manipulación informativa a favor de los caciques locales y la incompetencia de políticos y funcionarios locales, todos ellos jugando a su juego particular.

En este sentido, la noticia que me mandas de (...) es una manipulación total sobre lo sucedido en el Pleno de noviembre de 2016 del ayuntamiento de Cartagena. 
No se decidió nada, tan sólo se aprobó una moción pidiendo informes jurídicos del Ayuntamiento y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que posiblemente ni se cursaron por escrito posteriormente.
Es decir, tiempo perdido.

Te confirmo aquí los puntos centrales de la situación del contrato de Hidrogea en Cartagena".

"1.- El gran cacique del Ayuntamiento de Cartagena es Hidrogea que maneja muy bien la situación actual gracias a los (...) y agradecidos con los que cuenta, ya que como organización (...) ha sido muy generosa con sus colaboradores. También cuenta a su favor la incompetencia de la gente de MC y de CTSSP. Esto sólo se puede contrarrestar con presión ciudadana urgente espabilando a los de CTSSP, a los MC y PSOE; también a los de C's.

2.- La moción del PSOE aprobada en noviembre del 2016, pidiendo informes que nunca llegarán, no es más que una forma de dejar pasar el tiempo y que llegue el 26 de diciembre sin tomar decisiones sobre las dos cuestiones centrales del contrato que son la cuantía de las tarifas y el final del contrato.

3.- Es muy importante el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 21 de diciembre del 2016, ya que aprobaron denunciar la prórroga automática que viene en el contrato vigente con Hidrogea por lo que tal prórroga no actuará el 26 de diciembre. Si no se hubiera tomado tal acuerdo, hubiera entrado en vigor el día 27 la prórroga automática del contrato vigente que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas

4.- El actual contrato con Hidrogea finaliza el próximo 26 de diciembre de 2017, por lo que el Ayuntamiento debería estar preparando las mejores alternativas para la ciudadanía. Puede volver a ofertar el servicio mediante concesión o decidir gestionar directamente el servicio del agua.

5.- La amenaza de la prórroga de 25 años aprobada por unanimidad de todos los partidos de Cartagena en el Pleno de noviembre del 2003, de los 26 corporativos presentes, es un timo, ya que no tiene efectos jurídicos, por ser no solamente absolutamente ilegal, sino que debe ser declarado acto inexistente.
Este es el contenido de la conferencia del próximo viernes día 10 en Cartagena.
El acuerdo de prórroga tendrá efectos jurídicos sólo si no se hace nada y no se declara la extinción del contrato.
No sirve para nada la demanda contenciosa de CTSSP contra la prórroga del agua del 2003, ya que incluso ganando la nulidad de tal prórroga la sentencia no llegará antes de tres años y si Hidrogea sigue en poder del servicio del agua, porque se le deja continuar, la indemnización podría ser muy costosa.

6.- Por lo tanto, la solución urgente en Cartagena es que el Ayuntamiento en Pleno declare inexistente la prórroga acordada en el año 2003 y comunique a Hidrogea la extinción del servicio el 26 de diciembre.
Dado que el día siguiente, el 27 de diciembre, el Ayuntamiento no puede contar con una solución alternativa debe acogerse a la posibilidad que da la Ley de Contratos y solicitar de Hidrogea una prórroga obligatoria de seis meses mientras organiza alternativamente el servicio.

7.- En el tiempo que queda hasta fin de año también debería declarar una bajada significativa de las tarifas del agua y alcantarillado, en base a los estudios económicos elaborados por el servicio de Infraestructuraa del Ayuntamiento, dada la total soberanía fiscal municipal en materia de tasas y precios públicos.

8.- Nuestro punto fuerte es el contenido penal de la apropiación de la recaudación de agua y alcantarillado por parte de Hidrogea, el cobro de los recibos impagados y el (...) en forma de canon anticipado de algo más de 13 millones de euros en los años 2004, 2005 y 2006.
Teneis que meter una denuncia penal en este mes de noviembre y (...) con ella a los espíritus “tibios”.
Además, está pendiente de sentencia, y al caer, la demanda de Asepucar contra las tarifas del agua 2012.

PD.- Para que compruebes con tus propios ojos, te adjunto el acta del Pleno de noviembre del 2016 con las dos mociones sobre el agua y el acta de la JGL de diciembre del 2016, con el acuerdo de denuncia de la prórroga contenida en el contrato, no la acordada en el año 2003, a propuesta urgente del concejal de MC de Hacienda, que también te adjunto. 

Para no alargar esta comunicación, en otro correo te expongo las graves ilegalidades actuales en la gestión del agua por Hidrogea y el Ayuntamiento, con contenido penal, por Prevaricación, Cohecho, Malversación fondos públicos, Usurpación funciones públicas y Exacción ilegal".

La conferencia de Javier López Parada el próximo viernes en la sede de la UNED, organizada por Asepucar, sobre la solución a la prórroga del agua en Cartagena, tendrá lugar a las 19 horas.


 

Ciudadanos vuelve a llevar al Congreso la grave situación en el CIE de Sangonera la Verde

MURCIA.- Ciudadanos ha vuelto a elevar al Congreso de los Diputados la “grave situación que se vive en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Sangonera la Verde”. Los diputados José Luis Martínez y Miguel Garaulet han pedido al Gobierno respuesta a una batería de seis preguntas sobre el CIE, además de solicitar la realización de una visita oficial a las instalaciones y programar una reunión con los sindicatos policiales “para conocer de primera mano lo que ocurre en el centro y tratar de poner en marcha soluciones”, ha asegurado el diputado Martínez.

Los diputados naranjas quieren que el Gobierno responda si ha subsanado las deficiencias en infraestructuras del CIE y si ha puesto en marcha medidas para evitar las situaciones de hacinamiento que ya denunció el Defensor del Pueblo en un reciente informe. También quieren conocer el número exacto de internos que acoge y si el Gobierno considera que reúne las condiciones idóneas para la seguridad de internos y agentes. 
Respecto a la fuga del pasado viernes, se quiere conocer la dotación de agentes de la Policía Nacional que en ese momento se encontraba en esos momentos en el CIE y la que normalmente presta servicio en el mismo. “Queremos saber si los funcionarios cuentan con la suficiente formación y medios para hacer frente a este tipo de incidentes, por desgracia cada vez más habituales”, ha añadido Martínez.
El pasado año, el CIE de Sangonera la Verde sufrió tres motines en menos de 40 días, dejando un balance de 81 internos fugados y 14 policías heridos, a los que se suma el del pasado viernes 3 de noviembre, que dejó nueve policías heridos con politraumatismos y seis internos heridos leves. 
La revuelta posibilitó además la fuga de al menos 30 internos. Las denuncias que hizo el SUP hace un año en las que exigía el cierre de este centro por no reunir las condiciones óptimas de seguridad se han reactivado, y la ONG Convivir Sin Racismo tiene presentadas ante los juzgados cartas de queja de 30 internos en las que denuncian las malas condiciones que tienen que soportar en este centro.

La huelga en Cataluña atrapó hoy a cientos de camiones de la Región


MURCIA.- La jornada de huelga convocada por el sindicato Intersindical-CSC para este miércoles ha atrapado a cientos de camiones de la Región de Murcia en las carreteras de Cataluña, en especial en la AP-7 en dirección a Francia, causando importantes perjuicios económicos a las empresas de transporte de mercancías, según indican desde de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (Froet).

Desde la patronal murciana del transporte explicaron que «es muy difícil cuantificar el número de vehículos retenidos pero, en cualquier caso, serían varios cientos de camiones los que se han visto atrapados».
Igualmente, Froet señaló que a los gastos de paralización, (sueldo y dietas del conductor y gasoil del equipo frigorífico) que se van a tener que asumir por parte de las empresas de transporte afectadas, hay que sumar las pérdidas económicas por llegar con retraso a suministrar la mercancía, con el riesgo de que el cliente rechace tomarla, como ya ha ocurrido en algún caso.
Froet mostró su rechazo a los cortes de circulación que se están produciendo en las carreteras de Cataluña como consecuencia de la huelga y exigió al Gobierno central y a Generalitat que garantice la libre circulación de mercancías por carretera, permitiendo cumplir los compromisos que las empresas de transporte tienen suscritos con sus clientes.
Desde Froet se destaca que el derecho al trabajo y a la libre circulación de mercancías y personas está recogido en la Constitución y «es responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas velar por que ambas se puedan desarrollar con normalidad».
Una treintena de carreteras sufrieron cortes por manifestaciones y otras seis retenciones de tráfico. Desde Froet recomendaron a los conductores de ruta por Cataluña que consultaran el estado del tráfico a través del enlace http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml, y de la web de la DGT http://infocar.dgt.es/etraffic/.

Los clientes ganan el 90% de las demandas por gastos hipotecarios

MADRID.- El volumen de reclamaciones de devolución de gastos hipotecarios (notario, registro y gestoría) de los consumidores va cogiendo vuelo y las sentencias están dando la razón mayoritariamente al cliente, revela hoy Expansión

Según los abogados consultados, en más del 90% de los casos los juzgados declaran la nulidad de esta cláusula por su carácter abusivo. "La estimación es prácticamente unánime. Lo único que varía es si se trata de la devolución íntegra o parcial de los gastos", señala Eugenio Ribón, socio fundador de Ribón y Asociados y expresidente de la sección de consumo del Colegio de Abogados de Madrid.
El importe medio para una hipoteca tipo son unos 3.000 euros. El 70% de la factura corresponde al impuesto IAJD. Excluido el impuesto, unos 1.000 euros.
El desencadenante de esta avalancha de demandas fue una sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015, emitida sobre una hipoteca de BBVA, que declaró abusivo que el banco repercutiera íntegramente estos costes al consumidor. 
Sin embargo, el fallo era vago respecto al reparto de estos gastos. Decía que deben distribuirse de una forma "equitativa". 
El sector bancario está a la espera de un pronunciamiento del alto tribunal en los próximos meses para aclarar este punto.
Desde dicho fallo, un total de 18 audiencias provinciales han fallado en firme en contra de la banca. Es imposible obtener una estadística similar referida a los fallos de juzgados de primera instancia, puesto que con frecuencia sus sentencias no son recogidas ni en bases de datos comerciales, ni en el Centro de Documentación Judicial. 
Desde junio, la mayoría de los casos de gastos hipotecarios los están llevando aquellos juzgados que se han designado exclusivamente para estudiar demandas por cláusulas suelo.
Según la asociación de consumidores Asufin, existen alrededor de 8.000 demandas en curso. La casuística de fallos es enorme. 
Durante el verano llamó especialmente la atención una sentencia del juzgado de primera instancia número 3 de Santander que condenó a Liberbank a reembolsar al cliente todos los gastos asociados, incluso el coste de la tasación de la vivienda. El fallo lo tildó como un servicio "accesorio" y que "interesa al banco".

'El Corte Inglés' pacta con los sindicatos flexibilizar el horario de 60.000 empleados


MADRID.- El Corte Inglés y los sindicatos firmaron ayer un acuerdo que mejorará los horarios de cerca de 60.000 empleados, casi dos tercios de la plantilla total del grupo de distribución, según recoge hoy Expansión.

El texto recoge las modificaciones introducidas en el nuevo convenio de grandes almacenes pactado entre la patronal del sector, Anged, y las centrales sindicales, que contempla la reducción de 28 horas en la jornada anual de los trabajadores -de 1.798 a 1.770 horas- a partir del próximo 1 de enero de 2018.
Este aspecto coincidía, además, con cambios legislativos en los horarios comerciales de la Comunidad Valenciana y Cataluña, así como con el traspaso de empleados de Hipercor a El Corte Inglés, tras la fusión por absorción de los hipermercados por parte de los grandes almacenes aprobada en agosto por el grupo de distribución, lo que eleva la cifra de trabajadores afectados a 58.000 y hacía necesario un nuevo marco.

Negociación

El acuerdo, que ha sido suscrito por unanimidad por los sindicatos Fetico, Fasga, CCOO y UGT tras apenas tres semanas de negociaciones, incorpora criterios de flexibilidad y conciliación, como una reducción en el porcentaje de domingos y festivos a trabajar o la limitación de los días consecutivos de trabajo. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, la clave ha consistido en cómo encajar estas mejoras con los picos de trabajo y las necesidades de plantilla del grupo.
La solución ha pasado por reducir las 28 horas de la jornada anual a través de la rebaja de días de prestación de nueve horas, hasta 44, y con días libres acordados entre la empresa y el trabajador. 
Ademas, los empleados reducirán como mínimo cuatro días de horarios ampliados, mientras que al colectivo con jornadas partidas de ocho horas se les aplicará la reducción de 28 horas en días libres completos. Los empleados de los centros que abren de forma generalizada en domingos y festivos disfrutarán de ocho fines de semana de sábado, domingo y lunes. 
Por último, la jornada diaria nunca podrá ser modificada más allá de 30 minutos y no se podrán hacer más de cuatro horarios ampliados (jornadas de nueve horas) de forma continuada.
"Valoramos de forma muy positiva el nuevo marco de horarios comerciales, tanto desde un punto de vista organizativo como por el consenso alcanzado con todos los representantes sindicales", señalaron ayer fuentes del grupo. Por su parte, Fetico destacó a Europa Press que se trata de una mejora horaria generalizada, "donde nadie empeora y todos mejoran".

La pugna entre Enríquez y Rubido hace ingobernable el grupo 'Vocento', editor de 'La Verdad'


MADRID.- El consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez y el director de ABC, Bieito Rubido están enfrentados, muy enfrentados. La pelea que mantienen se puede resumir en la injerencia de Enríquez en la dirección del diario, el buque insignia del grupo. Por ejemplo, Bieito no puede fichar ni siquiera a un colaborador sin contar con el visto bueno del consejero delegado. El cabreo del director de ABC es de campeonato, como se pueden imaginar, relata hoy el digital Hispanidad.

La pugna, en cualquier caso, trasciende al grupo de comunicación y afecta, ni más ni menos, que al Gobierno de Mariano Rajoy. Y es que Enríquez cuenta con el apoyo de María González Pico, jefa de gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría y conocida como la Caracoles, mientras que Rubido cuenta con el favor de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro.
Y, como saben, las relaciones entre ambas mujeres son como las fincas de Extremadura: manifiestamente mejorables. Una tensión que no se ha disipado tras el cambio publicado en agosto, en el BOE: la Secretaría de Estado de Comunicación dejaba de depender del Ministerio de la Presidencia (Soraya) para hacerlo directamente de Presidencia del Gobierno (Rajoy).
A todo esto, el presidente de Vocento, Santiago Bergareche, no se entiende con el Ceo Enríquez, pero tampoco defiende a Rubido. Un lío.
En este contexto, el grupo anunció el martes por la tarde unas pérdidas hasta septiembre de 4,8 millones de euros, un 38,1% inferiores a las registradas un año antes (7,6 millones). Pero no se emocionen: la rebaja se debe al mayor recorte del gasto y no a una mejora del negocio.
Porque lo cierto es que los ingresos de explotación cayeron un 5,3%, hasta los 309,2 millones de euros, debido, en gran parte, al retroceso del 7,1% en la venta de ejemplares y del 1,5% en las ventas de publicidad. 
Al final, el ebitda de la compañía no superó los 16,3 millones, lo que supone una reducción del 13% respecto al de septiembre de 2016.
Lo más significativo, no obstante, es que la prensa regional ya no le sirve a Vocento como salvavidas. De enero a septiembre, los ingresos por la venta de ejemplares regionales cayeron un 5,6%, con un retroceso de la difusión del 8,9%.
Malas noticias para Vocento, que ya negocia un nuevo ajuste con sus empleados. Sobre la mesa, eliminar la paga de Navidad y bajar el sueldo alrededor del 18%. Una barbaridad, pero si ya no es posible echar a más gente -la calidad se resiente, según Rubido- la solución es rebajar salarios.
En cualquier caso, la plantilla se teme que la drástica rebaja vaya acompañada de despidos a comienzos de 2018. Es lo que ha ocurrido años anteriores.

Durante los nueve primeros meses del año, la difusión del diario decano 'La Verdad' descendió un 13,9%

MADRID.- El Grupo Vocento perdió durante los nueve primeros meses del año un total de 4,8 millones de euros, es decir, un 38% menos que en el mismo período del año anterior. La cuenta de resultados de la compañía dirigida por Luis Enríquez volvió a sufrir los efectos de la crisis de la prensa y del descenso de la inversión publicitaria, lo que provocó una caída del  5,3% de sus ingresos de explotación, según los datos que ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Voz Pópuli.

En un período en el que bajó la difusión de todos sus periódicos, su facturación por venta de ejemplares descendió el 7,1%, mientras que sus ingresos publicitarios lo hicieron el 1,5%. Estos factores afectaron a su resultado operativo EBIDTA, que fue un 13% inferior (16,35 millones) al que Vocento registró entre enero y septiembre de 2016.
Durante los nueve primeros meses del año, la difusión de ABC descendió un 13,6% (aunque su cuota de difusión en Madrid aumentó 1 punto), frente al 13,9% de La Verdad, el 10,9% de La Rioja, el 10,7% de El Diario Montañés, el 9,8% de El Norte de Castilla, el 10,4% de El Comercio, el 10,3% de Las Provincias, el 8,8% de Ideal, el 7,8% de El Correo, el 7,9% de Sur, el 7,3% de El Diario Vasco y el 6,6% de Hoy.
Después de dos ejercicios de moderado optimismo, la crisis del negocio del papel se ha recrudecido durante los últimos meses. Según datos de la consultora i2P, la inversión publicitaria ha descendido el 8,5% en la prensa diaria, el 6,3% en revistas y el 9,8% en dominicales.

Caída de ingresos

En este período, los ingresos de los periódicos regionales de Vocento han sido un 5,4% menores, los de ABC, un 4,3%; y los de sus suplementos y revistas, un 9,2%, La facturación que obtiene a través de sus negocios digitales se ha incrementado paulatinamente durante los últimos años, aunque, de momento, sólo representa 1/3 parte del total, según su informe trimestral de cuentas.
La complicada situación por la que atraviesan estos negocios ha llevado a la empresa a plantear recientemente recortes a los trabajadores de ABC de hasta el 18% de sus retribuciones para 2018, así como la supresión de la paga extraordinaria de Navidad.
Sea como fuere, su situación financiera ha mejorado sensiblemente en este tiempo. Su deuda es actualmente de 61,8 millones de euros, es decir, un 7,5% menor que en el ejercicio anterior.
La compañía también ha realizado un considerable esfuerzo por diversificar su negocio y en los últimos meses ha invertido en marcas como Madridfusión, Shows on Demand y Factor Moka.

Los murcianos junto con los extremeños somos un desastre en el inglés amén de sevillanos, valencianos y alicantinos

MADRID.- Los españoles no mejoran su nivel de inglés y descienden tres puntos (con una puntuación de 56.06 sobre 100 frente a los 59.98 puntos que se obtuvieron el año pasado) en un ranking internacional, en el que se incluyen 80 países y que lidera Países Bajos, así se desprende del informe 'EF EPI' que ha elaborado Education First (EF) sobre los mejores hablantes no nativos de inglés, según ha informado la entidad.

Entre las novedades de esta séptima edición del estudio destacan que la muestra se ha realizado entre un millón de examinados y que, por primera vez, participan países como Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Grecia, Nigeria y Sudáfrica. El 'top ten' del estudio lo encabeza, además de Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Singapur, Finlandia, Luxemburgo, Sudáfrica, Alemania y Austria.
El informe detalla además, que Europa posee los niveles más altos de inglés de todas las regiones del mundo, gracias a su cosmopolitismo y colaboración internacional que convierten el conocimiento del idioma en requisito primordial. Sin embargo, según el estudio, en algunas de las economías europeas, como la española, el dominio del idioma es todavía demasiado bajo para que se generen interacciones eficientes en el ámbito laboral.
En este sentido, y en cuanto a la distribución por sexos, tanto en España como a nivel global el nivel de inglés de las mujeres es superior al de los hombres. Además, según EF, las mujeres disfrutan de un nivel de educación más alto y tienen más posibilidades de cursar bachillerato en lugar de escoger formación profesional.
Por su parte, el nivel de conocimiento del inglés entre los jóvenes es más alto que el de la gente mayor, gracias, según los impulsores del estudio, a un sistema educativo que tiene como objetivo fomentar el bilingüismo a través de la enseñanza de inglés desde una edad temprana.
Además, el EF EPI ha encontrado también una correlación entre el nivel de fluidez de inglés y el poder adquisitivo, calidad de vida, innovación y otros indicadores socio-económicos. Así, detalla que existe una relación positiva entre el nivel de fluidez de inglés y el salario bruto medio.
Por Comunidades Autónomas, las regiones del norte son las que presentan un mayor conocimiento de inglés, concretamente el País Vasco se posiciona a la cabeza y obtiene un nivel "alto" con una puntuación de 59.29 puntos sobre 100. Le siguen Navarra y Asturias con 59.25 y 59.04 puntos respectivamente. 
Por debajo de los 58 puntos se encuentran Castilla La Mancha, Galicia, Madrid, Aragón, Castilla y León y Cataluña y con calificaciones moderadas, cercanas a los 55 puntos, están los archipiélagos de Baleares y Canarias, Cantabria, Andalucía y Comunidad Valenciana. En las últimas posiciones, con un nivel medio-bajo se encuentran a Murcia y Extremadura.
En cuanto a las principales ciudades solo Barcelona y Bilbao superan el nivel moderado, con 58.69 y 58.15 puntos respectivamente, seguidas de Madrid y Zaragoza con menos de 58 puntos. A la cola quedan las ciudades de Valencia, Sevilla y Alicante con niveles que no superan los 55 puntos.
Por otro lado, también se ha publicado este miércoles 8 de noviembre el índice del Dominio de Inglés de EF para Escuelas (EPI-s), un informe complementario al EF EPI que examina la adquisición de conocimientos de inglés por estudiantes de secundaria y bachillerato de 26 países.
En este sentido, este informe concluye que los estudiantes españoles no mejoran su inglés a tasas constantes de un año a otro, pues, aunque lo natural sería que los conocimientos mejorasen de forma continua, teniendo en cuenta que la formación es similar cada año, los profesores están igualmente cualificados y siguen un plan de estudios en torno al progreso continuo, la progresión suele ser irregular. 
Así, los estudiantes españoles desarrollan conocimientos de inglés mucho más rápido durante la educación secundaria inferior que durante la educación secundaria superior.
Por último, los expertos de EF ha considerado que los sistemas educativos de España experimentarían una gran mejora si la enseñanza del inglés se centrara en las habilidades comunicativas, mediante estrategias que incorporen al programa universitario cursos de inglés vinculados a cada disciplina o poniendo a disposición de las personas adultas cursos de perfeccionamiento vinculados a su profesión.

'Pagamos el agua más cara de todo el país, ¿por qué?' / Charla-coloquio en la UNED de Cartagena este viernes


Los precios del transporte público en Cartagena no subiran en 2018


CARTAGENA.-Los usuarios del transporte público en el municipio de Cartagena no percibirán ninguna subida en el coste del servicio durante el próximo año 2018. La propuesta de incremento de la empresa concesionaria, Alsa City, que rondaba el 3% ha sido rechazada por el Ayuntamiento atendiendo a la situación financiera del Consistorio y a las circunstancias socioeconómicas de la ciudadanía.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Ana Belén Castejón, que ha comparecido junto al director de la Zona Mediterránea de Alsa, Valeriano Díaz, tras la reunión mantenida previamente para tratar precisamente esta revisión del coste del servicio, entre otras cuestiones como la colocación de una parada en las inmediaciones del Hotel Posadas de España, en el Polígono Industrial Cabezo Beaza, y el estudio para la mejora de la cobertura y la frecuencia en la zona oeste del municipio.
La primera edil ha trasladado al representante de la empresa que "el Ayuntamiento de Cartagena, por su situación financiera, y porque considera que los ciudadanos no pueden ni deberían soportar un incremento de la tarifa del billete, no está en disposición de asumir ninguna subida".
De este modo finalmente quedará congelada la tarifa para 2018 en los 1'20 euros que cuesta el billete ordinario actualmente. "No podemos subir el precio del billete al usuario", ha explicado la regidora. 
El responsable de la concesionaria ha señalado al respecto que Ana Belén Castejón les "ha pedido un esfuerzo" en este sentido y han accedido a su petición.
En base a la gran demanda de la zona oeste, la alcaldesa ha pedido a Alsa City que realice un estudio de la misma y ha adelantado que el Ayuntamiento va a trabajar junto a la concesionaria para que en diciembre se pueda poner en marcha la mejora de los servicios. Dicho estudio consistiría en un análisis de los horarios más frecuentes para posteriormente presentar ante el Consistorio una estimación aproximada "al menor coste posible" para que se pueda contemplar en el presupuesto municipal, que se está elaborando en estos momento, según ha comentado la primera edil, "en unas circunstancias muy austeras".
Así, la propuesta abarcará varias fases. En diciembre se implementará la primera con los horarios que sean los más demandados por los vecinos de la zona oeste y, a continuación, se seguiría avanzando "cuando la disponibilidad presupuestaria lo requiera y también la demanda ciudadana". 
Valeriano Díaz ha aclarado que, a partir de Navidad, se producirá un aumento de las expediciones en un mínimo de tres en días laborables.
En esta Línea 6, que pasa por Molinos Marfagones, además de incrementarse la frecuencia de paso en días laborables y se deja la puerta abierta a ampliar el recorrido a más localidades del municipio. Más adelante, una vez finalizado el estudio, se anunciará el servicio real. Se trata de un proyecto piloto para aumentar y mejorar el servicio en la zona, algo que constituye una vieja demanda que los ciudadanos del lugar reivindican desde hace tiempo.
Asimismo, se ha acordado someter a un estudio más pormenorizado la Línea 7, que une Cartagena con Los Dolores y el Polígono Santa Ana. Éste requiere un análisis mucho más exhaustivo, dotado de mayor presupuesto, ya que se trata de una cuestión de más envergadura. 
"Queremos trabajar en el medio plazo con esta línea", ha afirmado la alcaldesa.
Durante la reunión, Castejón ha aportado ideas sobre la zona oeste y sobre el turismo, en relación al servicio urbano, como explotar más el Puerto o cambios en la línea que lleva al Hospital. Por eso desde la empresa han asegurado que van a replantear el estudio incluyendo dichas sugerencias, entre las que también figuran mejoras como la incorporación de nuevas tecnologías, wi-fi, la modernización del transporte, digitalización o innovación y abaratar la tarifa.
La alcaldesa también ha transmitido a Valeriano Díaz una petición que nació fruto de la reunión que mantuvo con las empresas del sector hotelero y que consiste en la colocación de una parada de autobús con marquesina frente al Hotel Posadas de España que sirva para dar servicio tanto de salida como de entrada a clientes y trabajadores de la zona del Polígono Industrial Cabezo Beaza.
Esta iniciativa, que Ana Belén Castejón ha calificado de "muy importante", se va a poner en marcha en el menor espacio de tiempo.
También se ha tratado en el encuentro la aceleración de la segregación de los tráficos municipales, que ya se aprobó por pleno municipal en 2015. "Hay que reclamarlo a la Consejería y vamos a seguir trabajando en esa línea", ha especificado la primera edil. En este aspecto, la regidora ha señalado que los tráficos regionales tienen que pasar a competencia municipal y ambas partes han acordado "recordárselo al Gobierno regional".
Castejón ha manifestado que ha sido "una reunión muy positiva" en la que ha quedado patente la "predisposición de la empresa y del Ayuntamiento" y en la que se han trasladado los intereses del Ejecutivo municipal de "redistribuir mucho mejor el presupuesto para que al final salgan beneficiados los ciudadanos de Cartagena".
"Venimos con realidades y actuaciones que son posibles", ha puntualizado la alcaldesa.

Miguel G. Quesada: "Hay que garantizar una planificación responsable del mapa de títulos"

CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos, Miguel García Quesada ha calificado de "muy preocupantes las palabras del presidente regional, en la defensa de la duplicidad de títulos universitarios. Tenemos unas facultades públicas asentadas desde hace años, con recursos materiales y humanos solventes y de mucha calidad, que nos ha costado mucho a todos los murcianos llegar a consolidar, por ello no podemos ponerlo todo en riesgo porque una empresa privada como la UCAM quiera hacer negocio con el amparo del gobierno del PP".

Miguel García Quesada ha señalado que "el presidente regional tiene que garantizar la eficacia de la inversión pública para garantizar derechos, en lugar de promover el desmontaje del servicio público y la privatización de la enseñanza". 
En este sentido, el diputado Regional de Podemos ha avanzado que Podemos está trabajando en la elaboración de una futura Ley de Universidades en la Región de Murcia que apueste por una Universidad Pública que garantice su autonomía política, organizativa y financiera y en la que junto a la rendición de cuentas del servicio público, se garantice un auténtico reconocimiento de la calidad de la docencia y la investigación que se presta a un alumnado que debe disponer de un acceso igualitario a su formación.
 "Así desde Podemos Región de Murcia vamos a trabajar por una nueva Ley que debe incluir la mejora de la financiación de las universidades públicas en I+D+I por encima del 2% de PIB", ha añadido.
Del mismo modo, ha epxplicado que es necesario que la nueva Ley de Universidades se complete con el desarrollo de un Estatuto del Personal Docente e Investigador que contemple la reinserción de jóvenes científicos, la estabilidad en la carrera docente e investigadora así como mecanismos a favor de la igualdad de género; y que incorpore una reforma de la evaluación y acreditación del personal docente que respete la diversidad de objetivos docentes e investigadores y la autonomía universitaria.
García Quesada tambien se ha referido al ámbito de las prácticas universitarias, especialmente en las pertenecientes a la rama de ciencias de la salud, y ha subrayado que los hospitales públicos de la Región deben de garantizar la prioridad para el alumnado proviniente de las Universidades públicas "cuestión que ha día de hoy sigue sin resolverse, ya que la Comunidad continua sin hacer su trabajo y sin cumplir con la leyes para garantizar que la Universidad Pública, tenga recursos publicos, mientras muestran un claro apoyo para el benefio de una empresa privada como es la UCAM, en la que los responsables políticos del PP encuentran su puerta giratoria."

Podemos constata que la pobreza está "descontrolada" en la Región

CARTAGENA.- María Ángeles García Navarro, diputada regional, ha señalado que la Consejería de Familia está siendo "negligente y hace dejación de sus funciones" en este tema. Tras la comparecencia del director del Observatorio de Exclusión Social-Universidad de Murcia, Manuel Hernández Pedreño, se ha puesto de relieve que no hay "ni informes, ni datos, ni dinero para investigar quiénes son las personas que peor lo están pasando en nuestra Región, cuál es su situación y qué medidas son las que hay que aplicar para luchar contra esta lacra".

García Navarro ha afirmado que desde Podemos "sentimos vergüenza" ante los datos que ha traído Hernández Pedreño. El Partido Popular, ha dicho, "nos ha condenado a ser una Región pobre, en donde ni el trabajo te permite llevar una vida digna".
El gobierno regional se ha "desentendido" de las personas que peor lo están pasando, según la diputada del Grupo Parlamentario Podemos, puesto que "vemos que la pobreza se ha descontrolado. Es un caos su gestión. No hay datos, ni estudios, ni proyectos de investigación ni muchísimo menos recursos para ello".
Por tanto, como ha dicho María Ángeles García Navarro, "no entendemos en qué basan las actuaciones de la Consejería. Medidas que se toman y que se comprueba año tras año que no tienen efecto, puesto que los datos de pobreza se han cronificado".
La falta de dotación presupuestaria es otro de los "puntos negros" de este gobierno, como ha resaltado la parlamentaria de Podemos. García Navarro ha señalado que "no hay políticas sociales para las personas que lo necesitan y las que se aplican no se dan como un derecho si no como un servicio caritativo. Y encima, sin planificación ni coordinación".
Por otro lado, García Navarro ha criticado las actuaciones de la Consejería con el Tercer Sector puesto que "delega sus responsabilidades en estas asociaciones que no dan abasto. Los colectivos no pueden más. No tienen datos, no saben si sus actuaciones son las adecuadas. Ellos llevan a cabo un gran trabajo pero necesitan de políticas públicas que les respalden. Si no, seguiremos como hasta ahora, aplicando parches. Mientras tanto, la pobreza podrá seguir campando a sus anchas".
Por último, la diputada del Grupo Parlamentario Podemos, María Ángeles García Navarro, ha subrayado la falta de transparencia en cuanto a las actuaciones de la Consejería de Familia. 
"Nos parece una opacidad interesada" ha añadido, "puesto que invertimos más que nadie en educación y sanidad pero tenemos los peores resultados del país en estos dos capítulos. Desigualdad en salud y fracaso escolar por las nubes. Una vez más, datos que son fruto de las políticas del PP y que nos aboca a ser una Región con trabajadores pobres y precariedad".