¡Que nadie vuelva a decir que la justicia española es lenta! Con una celeridad a la que lamentablemente la justicia española no nos tiene acostumbrados, la Audiencia Nacional ha admitido este martes la querella de la fiscalía general del Estado presentada la víspera contra el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras y los otros trece miembros del Govern por rebelión y sedición. 

El Tribunal Supremo ha hecho lo propio con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que permitieron la votación de la declaración de independencia. La rapidez no acaba aquí: los jueces de los dos estamentos les han citado a a todos ellos a declarar el próximo jueves y viernes. O sea, el primer día hábil después de la aceptación de la querella.

En estos momentos, es difícil saber cual será el desenlace procesal de las declaraciones e incluso si acudirá a la cita con la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional el president Puigdemont. Lo más probable, sin embargo, es que no. El resto de los citados piensan todos acudir ya que los seis consellers que le acompañaron a Bruselas en la noche del domingo optaron por volar a Barcelona en la noche de este martes. La celeridad judicial está acompañada de un detalle nada menor: la imposición de una fianza por 6.207.450 euros en el plazo de tres días con la advertencia de que sus bienes serán embargados hasta esta cifra si no la depositan. 

Es obvio que en este proceso penal todo es desmesurado: lo son los delitos de los que se les acusan, lo es la fianza que se les impone y también lo es el plazo de tres días que se les da para que la depositen. No es una opinión personal, sino que así lo han expresado en las últimas horas reconocidos juristas escandalizados con alguno de los delitos que se les trata de imputar. No es la primera vez que lo decimos, la justicia no puede transmitir la idea de que se busca la destrucción de los acusados y de sus familias. Lamentablemente, en este caso, la impresión que uno tiene es esta.

La desconcertante jornada político-judicial no se puede explicar sin la comparecencia del president Puigdemont en el centro internacional de prensa de Bruselas. Allí, Puigdemont habló de prudencia, seguridad y moderación y, sobre todo, que se había optado después de la proclamación de la República por no dar nuevos pasos para evitar la violencia ante las informaciones de que disponía sobre la inminente represión por parte del Estado. Se reivindicó como el president legítimo y los consellers que allí le acompañaban junto a los que se habían quedado en Barcelona como el Govern legítimo. Pidió a la ciudadanía y a los agentes sociales que hicieran inviable la aplicación del artículo 155.

Pese a lo cambiante de la situación, donde en cada momento parece que el guion se altera, todo apunta a que Puigdemont asume como muy posible un exilio en Bruselas por dos motivos: el enorme impacto que tiene todo lo que sucede en la capital comunitaria, así se vio en la conferencia de prensa de este martes, y la complejidad de las extradiciones en Bélgica, sin duda el estado de la UE que a priori le garantiza que durante un tiempo pueda ejercer como president de la Generalitat en el exilio si esa es su idea. Pero los últimos días han demostrado que las variables son tantas que cuesta hacer pronósticos a medio plazo. Yo, al menos, no soy capaz. 


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia