CARTAGENA.- El presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Sevilla, aseguró hoy que
en el primer Consejo de Administración al que asistió como presidente
de dicha institución ya estaba sobre la mesa la renovación de la
autorización de la concesión a Hydro Management para tomar agua de
Escombreras, que se hizo con carácter retroactivo.
Este aspecto fue uno de los más comentados entre los parlamentarios
que insistieron en que, al hacer la renovación de esa manera, "se
salvaba cualquier extracción de agua que se hubiera hecho durante el
periodo en el que no se tuvo la concesión"; los diputados de la
oposición criticaron esta medida y se quejaron de que Sevilla no dejó
claro por qué se hizo la renovación con carácter retroactivo.
"No se aprobó en ese consejo, se aprobó en el siguiente, pero iba en
el orden del día y entendí que ya se llevaba una tramitación oportuna",
explicó el presidente de la Autoridad Portuaria, que compareció tras el
expresidente del puerto, Adrián Ángel Viudes, en la comisión que
investiga la construcción y puesta en marcha de la Desaladora de
Escombreras.
Sevilla dice haber salido de la comisión con una "buena impresión" y
defendió que la tramitación que se hizo del tema por parte de la
Autoridad Portuaria "fue impecable". Para ello justificó que en la
institución tienen presencia "juristas de mucha importancia" y de
abogados del Estado "que le dan un carácter muy fiable a las decisiones
de la Autoridad Portuaria".
A su vez, el presidente del puerto manifestó que se trata de un
procedimiento "complejo" porque están tratando que la toma de agua se
haga fuera de la dársena de Escombreras: "todavía tienen tiempo para
intervenir, aunque nuestro deseo es que esa toma de agua se haga fuera
de la dársena".
En este sentido, señaló que se presentó ya un proyecto de toma de
agua exterior a los diques del puerto. "A final de este año terminaría
la autorización que se da por tres años y hasta ahora lo único que han
hecho es acercarse a hablar con los técnicos. No creo que haya muchos
más trabajos detrás", aclaró.
En el caso de que concluya el plazo, se remite a Puertos del Estado y
a los jurídicos para que sean ellos los que "aporten el rigor y pidan
la documentación que corresponda o que tengan que pedir".
Sevilla reiteró que la condición es que la toma de agua para la
desaladora se haga fuera de las aguas de la dársena, con lo que concluye
que "algo tienen que hacer porque se tienen que marchar".
Asimismo, durante su comparecencia, Sevilla afirmó, al igual que hizo
Viudes, que el puerto no es el mejor lugar para hacer la toma de aguas
de la desaladora. "Las tomas de aguas se deben hacer en sitios lo más
limpios posibles y el puerto no lo es", añadió.
Sobre la cuestión de si Garre cesó a Viudes para colocarle a él,
Sevilla comentó que "si Garre lo dice, será porque es así", a lo que
añadió que "cuando un jefe despide a alguien, nunca da las razones
reales".
En cuanto a los grupos parlamentarios, el diputado de Podemos,
Antonio Urbina, señaló que ellos recomendaron a la Autoridad Portuaria
no mirar para otro lado, ya que antes de la prórroga se dejó un periodo
de seis meses en el que se desconoce si la empresa siguió extrayendo o
no agua sin autorización.
El socialista Jesús Navarro apuntó que Sevilla ha "aclarado algunas
cuestiones como que se renovó la concesión con carácter retroactivo",
situación que les sorprende. Además expuso que les falta conocer qué
canon mensual cobre la empresa por la extracción y que les sorprende que
se haya reconocido que el puerto no es el lugar más adecuado para
extraer el agua.
El popular Juan Luis Pedreño indicó que "todas las actuaciones de la
Autoridad Portuaria son legales", pues el consejo de administración
cuenta con "importantes juristas y profesionales" y que el agua sigue un
control de calidad en los laboratorios.
Por último, para Miguel Sánchez, de Ciudadanos (C's), las
comparecencias de este miércoles fueron "satisfactorias" y reiteraron
que Sevilla reconoció el carácter retroactivo de la concesión y la
"desidia de la empresa para hacer el papeleo".
