A la duplicidad estructural del municipio mazarronero (dos núcleos
principales, dos oficinas de cada, etcétera) se ha añadido en la última
legislatura la peculiaridad de dos alcaldes (UIDM, tres años) y (PSOE,
un año). Dos alcaldes que, entre otras monerías que la historia
recogerá, han tenido por objetivos comunes y prioritarios el enchufar a
los suyos, de forma que han convivido dos arquitectos, dos asesorías
jurídicas, dos secretarías personales, dos equipos de personal eventual y
altos funcionarios agraciados con cuantiosos complementos de
productividad mensual.
Como se sabe, el partido UIDM (Ginés
Campillo) ha gobernado tres años y PSOE (Francisco García) el último
año, según un pacto que conllevaba la alternancia en la alcaldía y, por
supuesto, en la golosa concejalía de Urbanismo; un pacto que ha llevado a
este municipio a los titulares de la prensa regional y nacional, y ha
acabado con los dos alcaldes imputados por la Justicia.
Dejando
aparte los motivos por los que la Fiscalía ha imputado a Campillo y a
García, más otros varios concejales de sus listas respectivas, de todos
conocidos, importa aquí dar a conocer una pifia de no pequeña
importancia que ambos regidores han cometido como acto perfecto de amor y
compañía: el acuerdo para sacar adelante algo que les quedaba
pendiente: la duplicidad de enchufes.
En 2014, y pocos meses antes
de que Campillo, líder del UIDM, cesara como alcalde se ordenó iniciar
el proceso selectivo para promocionar internamente a doce funcionarios
elegidos a dedo e incumpliendo los principios constitucionales más
básicos para el acceso al empleo público (igualdad, mérito, capacidad).
Dichas plazas correspondían a una oferta de empleo público de 2009,
evidentemente caducada, incumpliendo también el derecho a la carrera
administrativa de todo funcionario, la discrecionalidad técnica de los
tribunales de selección y los principios de imparcialidad, de
objetividad y de sujeción de cualquier actuación administrativa a la Ley
y al Derecho.
Muy descarados compromisos políticos, sindicales y
familiares (de primer grado de consanguinidad) llevaron al ayuntamiento
de Mazarrón a celebrar este proceso selectivo en plena crisis económica,
en un marco generalizado de recortes sociales y con una Ley de
Presupuestos Generales del Estado en vigor que limitaba al máximo el
gasto público. Y para llevarlo a cabo se designaron como miembros del
tribunal calificador a funcionarios afines a sus partidos políticos o
sindicatos; esto ha sido reformado por el Estatuto del Empleado Público,
que prohíbe la participación de estos órganos (partidos, sindicatos) en
los tribunales de selección, con el fin de evitar que se favorezca a
determinados aspirantes afines a esas organizaciones.
El ímpetu
gregario y la voluntad de saltarse a la torera todo lo que hiciera falta
fueron tales que se llegó a adjudicar plaza a funcionarios que no
reunían ni el mínimo requisito de titulación, evitando tramitar el
proceso por concurso-oposición para no tener así que entrar a valorar
ningún mérito, antigüedad, idiomas, etcétera, porque si se entraba a
valorar estos criterios resulta que había personal (no afiliado) que
superaba ampliamente en méritos y capacidad a los pre-elegidos.
Por
tanto se decidió la valoración de dos exámenes tipo test (filtrados a
los amigos) para no fallar en el resultado (previsto) y poder calificar a
los privilegiados con notas (increíbles) de 10 sin dejar la menor
oportunidad al triste aspirante que se hubiera preparado los cuarenta
temas de Derecho Administrativo, Constitucional y Local .
El
resultado final de este proceso selectivo ilegal, injusto y amañado fue
el esperado: enchufar a los suyos antes de marcharse y así resultaron
ascendidos familiares, secretarias personales y representantes
sindicales, dando de paso un puntapié a cualquier principio
constitucional o jurídico, que obliga a la Administración a «servir con
objetividad los intereses generales» y someterse a los mecanismos de
selección públicos, ideados para seleccionar al «candidato mejor entre
los mejores», para poder servir al ciudadano con cualificación y
competencia.
Hasta aquí el celo de Campillo por los suyos. A
continuación tomó posesión su sucesor pactado, Francisco García (PSOE),
para el resto de legislatura y, ya bien entrados en la campaña
electoral, convoca otro proceso selectivo para ascender a otros siete
amigos/as en el mismísimo periodo electoral, toma ya. Para que la nueva
gesta supere incluso a la anterior, en esta ocasión las plazas
postuladas ni siquiera estaban recogidas en una oferta de empleo
público: aparecieron por arte de magia, lo que conllevaría la nulidad de
la convocatoria. El mecanismo era el mismo: no se valoraba ningún tipo
de mérito, antigüedad, titulación, designándose idéntico tribunal
calificador al de la anterior convocatoria, con abundantes cargos
políticos y sindicales, con la genial idea de regalar el ascenso a
amigotes afiliados.
Pero en esta ocasión el asunto se ha
complicado porque hay presentados tres recursos en vía administrativa.
Así las cosas, ya renunciaron algunos funcionarios a figurar en el
tribunal calificador, alegando cercanía con varios aspirantes al
proceso. El primer examen de este incalificable 'proceso selectivo'
estaba fijado para el día 8 de mayo de 2015, pero ese mismo día, por
motivos desconocidos, el alcalde decretó suspender la convocatoria,
quizá para no ser castigado electoralmente (lo que no le exime de sus
responsabilidades judiciales). Se espera que con la nueva corporación,
por sí misma o por intervención de la Justica, se recupere la legalidad
humillada.