CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López
Pagán ha explicado que la postura del PSOE sobre la Proposición de ley
de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia queda
recogida en una enmienda a la totalidad, "porque no corrige los
problemas originados por la actual Ley del Suelo, que ha sido detonante
de muchos de los casos de corrupción que se han dado en la Región".
Joaquín López manifestó que "estamos ante un texto que debe ser
devuelto sin ni siquiera debatirse y que cambia muy poco la actual Ley
del Suelo y no se adapta a los requerimientos de la Unión Europea. El
Gobierno regional ha utilizado al Grupo Parlamentario Popular para traer
deprisa y corriendo una Ley inservible, antigua y que no resuelve los
verdaderos problemas ni la sostenibilidad urbanística de los municipios
de la Región de Murcia".
López Pagán agregó que "es además un atraco a la democracia el que
protagoniza en estos días el Gobierno del PP, con la complicidad de su
grupo parlamentario", ya que ha hecho esta ley al margen de los
ayuntamientos de la Región, principales afectados por una norma de estas
características; "una ley opaca que no ha sido participada tampoco con
los sectores interesados, asociaciones y colectivos, ni debatida y
analizada en una ponencia con los grupos parlamentarios de la oposición
sobre su contenido y legalidad, "muy dudosa en muchos aspectos".
En definitiva, "una Ley que está hecha para acabar la legislatura y
arreglar algunos de los problemas que tiene el PP, esos grandes asuntos
que sólo interesan a algunos y que en ningún caso atienden a los
intereses generales. Este es el resumen de la legislatura del PP, la de
los intereses privados, frente a los intereses generales; una forma
lamentable de acabar".
Por su parte, Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha dirigido un escrito al
Consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio,
Francisco Bernabé, con motivo de la inminente aprobación de la
Proposición de Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región
de Murcia, presentada hace escasamente un mes por la actual Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Severa González
López, sin pasar el filtro de la participación pública y la corrección
de los informes de órganos consultivos como el Consejo Jurídico
Regional.
El escrito, que se comprometieron a presentar esta
semana, durante la conversación mantenida con el consejero Bernabé y la
Directora General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, María Yolanda Muñoz
Gómez, además de señalar algunas cuestiones del articulado, incide
sobre todo en el déficit de transparencia y seguridad jurídica que
supone aprobar esta Ley por la “vía rápida parlamentaria”, evitando así
el necesario debate público sobre la misma, la corrección de
ambigüedades y errores legales por informes técnicos, y la posibilidad
de participación de la ciudadanía y de los diferentes sectores de la
sociedad en la elaboración y corrección de una norma que afectará al
desarrollo regional durante décadas.
Pedro Luengo, portavoz de la
organización ecologista, se pregunta si “¿se puede hablar de
transparencia y participación cuando se ha optado injustificadamente por
una tramitación tan rápida y opaca?”.
En este sentido, Luengo
advierte que el Consejero Bernabé “pretende justificar la elección de
esta tramitación sin garantías, y a pocas semanas de terminar la
legislatura, en una supuesta inseguridad jurídica actual, creada por no
adaptar la legislación regional a normas recientes”. Sin embargo, “el
Gobierno Regional reconoce llevar meses trabajando la norma con el
sector empresarial, sin abrir un trámite de participación pública, ni
solicitar informes tan relevantes como los de los órganos consultivos”.
Algo
inexplicable, que se une a otra pregunta de los ecologistas: “si hay
tanta prisa, ¿por qué han esperado al final de la legislatura, casi 8
años tras la aprobación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, y
más de un año y medio desde la aprobación de la Ley 8/2013, de 26 de
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas?”.
Pero
lo más curioso, según Luengo, es “el hecho de aludir a esos motivos,
cuando la realidad es que la forma de tramitarlo generará una enorme
inseguridad jurídica y una gran incertidumbre sobre el recorrido de la
Ley”, al ser aprobada sin las garantías ni el consenso imprescindibles.
Además,
la organización ecologista recuerda al Partido Popular que ya tiene un
precedente de las consecuencias jurídicas y económicas que trae optar
por esta vía: La sentencia que declara inconstitucional la Disposición
Adicional Octava de la Ley del Suelo regional, que conlleva la
imposibilidad legal de llevar a cabo el macroproyecto urbanístico de
Marina de Cope, entre otras consecuencias.
Para Ecologistas en
Acción, por tanto, es imprescindible que el Grupo Parlamentario Popular
retire esta propuesta, así como la propuesta de Ley de Prevención y
Protección Ambiental de la Región de Murcia, y que ambas se tramiten de
manera ordinaria, con participación pública y los informes necesarios de
los órganos consultivos, buscando el máximo consenso social y político.
