Consumo abre expediente sancionador a 'Alquiler Seguro' por posibles prácticas abusivas

 MADRID.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a la agencia inmobiliaria "Alquiler Seguro" que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, y está investigando, además, a otras compañías similares por cobrar comisiones ilegales y obligar a los inquilinos a contratar servicios no solicitados, ha informado este jueves el Departamento que dirige Pablo Bustinduy.

El procedimiento de sanción a esa gran agencia inmobiliaria, de la que el Ministerio no ha facilitado su nombre, parte de la investigación que Consumo puso en marcha el pasado mes de octubre y que continúa abierta respecto a otras inmobiliarias que también podrían haber cometido éstas u otras prácticas.

La Dirección General de Consumo ha requerido información a estas agencias tras recibir denuncias sobre este tipo de acciones por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La OCU denunció hace un año a Alquiler Seguro ante Consumo por el cobro irregular de servicios a los arrendatarios, por lo que solicita que se le sancione con celeridad y de forma ejemplar, acorde con los beneficios ilícitos obtenidos.

Estas denuncias apuntan a infracciones como el pago de una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratar servicios no solicitados por el inquilino.

En este sentido, Consumo recuerda que la Ley de Vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. 

 Asimismo, indica que estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de infracciones que, según la Ley de Defensa de los Consumidores, podrían calificarse como graves o muy graves.

En caso de ser consideradas infracciones graves, las multas podrían ser de hasta 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. 

Si se calificaran como muy graves, las multas podrían llegar hasta el millón de euros, pudiéndose superar esa cantidad hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Este nuevo procedimiento de sanción por parte de Consumo se une al expediente sancionador que el Ministerio abrió hace tres meses, también en el ámbito de la vivienda, a una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas.

En este caso, el expediente se puso en marcha porque la plataforma 'Alquiler Seguro' mantiene miles de anuncios de alojamientos de este tipo que fueron catalogados como publicidad ilícita por suponer una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

La Dirección General de Consumo solicitó a la plataforma 'Alquiler Seguro' que retirara de forma inminente estos anuncios y, ante su negativa, se le incoó el expediente.

En esta misma línea, Consumo abrió en febrero expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas tras detectarse que estas gestoras estarían ofreciendo "información falsa o información que, aun siendo veraz, puede inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación", lo que supondría una práctica engañosa susceptible de alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.

Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad se trataría de una empresa.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy defiende que la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley.

Todas estas iniciativas, destaca Consumo, se enmarcan en el objetivo fijado como acción prioritaria del Ministerio de proteger los derechos de los consumidores en el acceso a la vivienda.

Sobre los derechos de los inquilinos, desde Consumo ya se han llevado a cabo acciones informativas con los operadores del mercado sobre potenciales conductas abusivas en los contratos de alquiler. 

Se tratarían de prácticas que también son contrarias a la normativa vigente como exigir a inquilinos el pago de fianzas desproporcionadas, que asuman garantías adicionales o que tengan que pagar mensualidades adelantadas.

La Dirección General de Consumo precisa que la iniciación de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación.

La compañía Alquiler Seguro ha respondido con un comunicado en el que asegura que los servicios que ofrece a propietarios e inquilinos son públicos y se pueden consultar abiertamente en la web de la compañía, y que analizará la interpretación que hace el Ministerio de Consumo de los servicios que ofrece, aunque puntualiza que son transparentes, públicos y voluntarios.

"Los gastos de gestión y formalización del contrato recaen exclusivamente en el arrendador, como viene recogido en el contrato de prestación servicios. Los inquilinos con los que trabaja la empresa tan solo pagan por los servicios que desean contratar", puntualiza el comunicado.

“Todavía no conocemos el alcance del expediente ni los asuntos específicos a los que hace referencia”, explica David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro. 

"En Alquiler Seguro estamos abiertos a colaborar con Consumo, reiterando que se trata de un proceso que acaba de comenzar y no de una sanción firme. Analizaremos con detalle la propuesta del Ministerio para decidir si debemos introducir alguna modificación", destaca el CEO de la compañía.

Desde Facua, la organización que denunció a Alquiler Seguro ante Consumo en noviembre de 2023, aseguran que la compañía obligaba a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cobro que justificaban en la prestación de un “servicio de atención al arrendatario”. 

Asimismo, revela que la empresa ha contactado con la asociación para asegurarle que, tras su denuncia, ha dejado de imponer la contratación del servicio y que, una vez visitado el inmueble, facilita a los usuarios que no quieren contratarlo los datos de contacto del propietario de la vivienda.

“Sin embargo, la Dirección General de Consumo habría constatado en los últimos meses una serie de irregularidades que la han llevado a incoar el expediente sancionador a la empresa”, indica en un comunicado. Facua afirma haber tenido conocimiento por fuentes ajenas al Ministerio que Alquiler Seguro ha sido emplazada para presentar sus alegaciones a la propuesta de sanción.

La empresa también tiene la opción de reconocer la comisión de una parte o la totalidad de las infracciones por las que ha sido expedientada, comprometerse a subsanarlas y abonar la multa con una significativa reducción de su importe. 

De este modo, la Dirección General de Consumo ha requerido información a Alquiler Seguro y a las otras agencias investigadas tras recibir denuncias sobre este tipo de acciones por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). 

Estas denuncias apuntan a infracciones como el pago de una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratar servicios no solicitados por el inquilino.

El informe del Defensor del Pueblo cita 14 centros en la Región en donde se produjeron abusos en el ámbito de la Iglesia

 MURCIA.- El informe del Defensor del Pueblo, que ha hecho público este viernes Ángel Gabilondo, sobre abusos sexuales que se cometieron en el ámbito de la Iglesia Católica, recoge hasta un total de 14 centros y/o instituciones de la Región de Murcia en donde se comunicaron abusos.   

El informe recoge la localización de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que fueron comunicados al Defensor del Pueblo entre el 1 de julio de 2022 y el 9 de octubre de 2023 y señala que en la Diócesis de Cartagena se han registrado, al menos 18 víctimas.

El listado, que se puede consultar en el enlace https://www.defensordelpueblo.es/noticias/entrega-informe-ab..., incluye todos los casos reportados, sin descartar ninguna alegación, siendo indiferente si estaban comunicados o no a la justicia civil o canónica, o si estaban prescritos, archivados o resueltos.

En el caso de la Región de Murcia, aparecen en el listado 14 centros vinculados a la Iglesia, entre los que se encuentran parroquias, seminarios, colegios, conventos, un hospicio y hasta un centro del Opus Dei. Lo que no se cita en el informe es el número de casos denunciados en cada una de las localizaciones.

Así, aparece la Basílica de la Asunción de Cieza, un centro del Opus Dei de Murcia, Colegio de la Fuensanta de Murcia, Colegio Maristas de la Fuensanta de Murcia, Convento de las Carmelitas Descalzas de Murcia, un hospicio de Murcia (sin localización), Iglesia San Juan Bautista de Archena, Iglesia de San Antonio Abad de Cartagena, una parroquia de Abarán, parroquia El Garrobillo de Lorca, parroquia Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos (Murcia), parroquia San Pedro Apostol de San Pedro del Pinatar, parroquia San Vicente de Paul de Cartagena y el Seminario Menor San José de Santomera.

Las diócesis de Cartagena, Santiago, San Sebastián, Lleida, Guadix, Alcalá, Tarragona, Sevilla, León o Pamplona son ejemplos de comunicación completa y exhaustiva de los abusos, añade también el informe.

La CARM reúne a profesionales para reforzar la atención integral de menores víctimas de violencia sexual

MURCIA.- La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) ha iniciado unas sesiones de trabajo con profesionales implicados en la protección de la infancia y la adolescencia para desarrollar un protocolo de actuación que permita proteger a los menores que hayan sido víctimas de violencia sexual y ofrecerles toda la atención integral que requieren desde una unidad centralizada y a través de un equipo de profesionales especializados y coordinados entre sí.

Este es el objetivo que se ha marcado la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través de la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación, para garantizar que todos los niños y niñas víctimas de violencia, incluida la explotación y el abuso sexual infantil, participen en un proceso jurídico asistencial amigable y respetuoso con sus necesidades.

En total, una treintena de profesionales pertenecientes a las áreas de Servicios Sociales, Sanidad, Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Educación, han participado en este primer encuentro del programa ‘Avance hacia Barnahus’, de la Fundación Márgenes y Vínculos. Durante la jornada compartieron experiencias y las labores que realizan dentro de sus respectivos departamentos con el fin de unificar criterios y protocolos de actuación.

El secretario general de la Consejería de Política Social, Leopoldo Olmo, y la directora general de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano, inauguraron la primera sesión de este programa de avance informativo que se prolongará hasta finales de año y que concluirá con la elaboración de un modelo de acuerdo institucional donde queden recogidos los objetivos, compromisos, funciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos participantes.

Dicho programa de avance servirá para conformar los cimientos hacia un modelo de atención a la infancia que permitirá que los menores no tengan que desplazarse a los diferentes servicios implicados en el caso, ni rememorar repetidamente su historia, con el fin de facilitar su recuperación y evitar que tengan que ir al juicio oral.

El 80% de los abusos sexuales a menores los cometen un familiar o conocido del niño

MADRID.- Un informe elaborado por Save the Children en el que se han analizado 400 sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España arroja una aterradora radiografía que arroja datos tan alarmantes como que la edad media a la que empiezan los abusos son los 11 años y que en más del 80% de los casos la víctima es una niña o una adolescente.

También han constatado que ha crecido exponencialmente el tiempo de duración de los procesos. Mientras que en el análisis que realizaron en base a los casos que tuvieron lugar entre 2019 y 2020 el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los dos años, en el estudio actual, que se centra en los años 2021-2022, solo el 23,5% lo ha hecho en ese mismo intervalo. 

Hay víctimas que continúan teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta tres veces en policía, fiscalía y juzgado. Según Save The Children, «solo en el 24,9% de los casos consta que se ha utilizado la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan que repetir esa declaración en reiteradas ocasiones».

Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes. 

«Estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Todavía existe la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o niña fuese abusado en nuestro entorno nos daríamos cuenta, pero los datos evidencian que no es así», señala Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children.

Este informe arroja más datos: en el 68,6% de los casos de abuso sexual estudiados hay una sola víctima, aunque en algunos llega a haber hasta siete. Además, en el 8% de los casos analizados se menciona que la víctima tiene algún tipo de discapacidad, aunque no se especifica más. 

Sin embargo, en 28,9% de los casos no consta nada al respecto y en el 67,3% se confirma que se trata de víctimas sin discapacidad.

Como se ha mencionado anteriormente, de las sentencias estudiadas se desprende que en relación a la media de edad a la que comienzan los abusos sexuales se mantiene la misma tendencia, alrededor de los 11 años. 

«En el periodo 2021-2022 un 50,6% de los abusos se produjeron entre los 10 y los 14 años, mientras que entre 2019-2020 veíamos que el 44,7% de casos comenzaban entre los 13-16 años», apuntan desde la ONG.

Eso sí, existen notables diferencias de género en cuanto a los menores agredidos, según el informe: entre los 5-9 años de edad y desde los 15 años, las niñas representan más del 80% de los casos de abuso sexual infantil.

En cuanto al perfil de los abusadores, en ocho de cada diez casos el agresor es un conocido o conocida, en mayor o menor grado, por los niños y las niñas. Entre los espacios más comunes del grupo de personas conocidas sigue destacando el entorno familiar, aunque esta cifra desciende, incrementándose otros agresores del entorno conocido que no son familia. 

 Este perfil de entorno conocido puede incluir amigos o conocidos de la familia o víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, la pareja de la propia víctima, etc. Dentro de la familia, las figuras que destacan son la pareja de la madre y el padre.

Además, en casi siete de cada diez casos (67,2%) se trata de agresores o agresoras sin antecedentes, aunque se evidencia un incremento en el número de personas agresoras con antecedentes del 8,6% con respecto al periodo 2019-2020. Desde Save The Children destacan de igual modo que solo en el 4% de los casos los antecedentes eran por delitos contra la libertad sexual

Otro de los temas más preocupantes es el proceso judicial al que son sometidos los menores y las medidas cautelares contra los supuestos agresores. 

Así, en el informe de esta ONG dicen que «a pesar de que en cerca de la mitad de las sentencias no hay ningún tipo de información sobre estas medidas, comprobamos que en el 12,8% de ellos no se ha aplicado casi ninguna, y la más utilizada cuando se aplica (en un 24,1% de los casos) es la prisión provisional sola o en conjunto con otras medidas. 

En el periodo anterior, la más aplicada era la orden de alejamiento».

También subrayan que en el 88,3% de los casos hay condena. «De las 56 absoluciones analizadas, 38 fueron por falta de pruebas. En el 39,3% de los casos la pena principal impuesta es prisión de 2 a 5 años y las penas de prisión de más de cinco años representan el 36,6%, mientras que las de menos de 2 años, el 13,2%».

El PSOE exige explicaciones al Gobierno regional por la supresión de atención a menores víctimas de abuso sexual

MURCIA.- La vicesecretaria general y de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas del PSRM-PSOE, Gloria Alarcón, exige explicaciones al Gobierno regional por la supresión del Proyecto Luz, que hasta ahora atendía a menores víctimas de abuso sexual, excluyendo a las que no se encuentran en situación de desamparo.

Alarcón subrayó que el Gobierno regional "no puede hacer discriminación entre unas víctimas y otras según la situación o el poder adquisitivo de sus familias, porque el trauma sufrido es el mismo; por tanto, necesitan la misma atención sanitaria. Nos preguntamos cómo se puede medir el desamparo de los menores solo con esos criterios".

La dirigente socialista lamentó que el Gobierno regional no dé prioridad ni aborde de manera integral una cuestión tan sensible como esta; al tiempo que manifestó, que "no tiene justificación que con el esfuerzo que está haciendo el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, mediante el Pacto de Estado para la atención a las víctimas de violencia de género, el Gobierno regional no esté a la altura y tome decisiones arbitrarias que afectan a la salud mental infanto-juvenil".

Gloria Alarcón criticó que la sanidad pública no esté preparada para atender estos casos y tenga enormes listas de espera para esta especialidad. "Consideramos injustificables las excusas de los gobernantes del PP en la Región, argumentando que la sanidad pública no puede atender a estas víctimas porque se ha colapsado el programa. Exigimos que reviertan esta injusta decisión y planifiquen mejor el servicio", concluyó.