


"No me entra en la cabeza lo que dice Pepe Madrid, él lo tendrá que explicar", señaló Martínez Meca, quien avanzó su intención de presentar una querella contra Madrid.
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero de 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la Universidad Complutense desde 1976.
Si la constructora “Aplicer S.L.”, trabajando allí por cuenta de “Summa” y con la garantía de "Caja Murcia", ha suspendido pagos hace menos de un mes, será porque no le pagan, y si no le pagan, será porque "Summa", y otras como “Summa”, tampoco venden lo suficiente y no tienen liquidez, razona la gente de UDeRM.
Por eso, fundamentalmente, ha entrado en acción el CNI y la sociedad civil se apresta a recuperar el control democrático de resorte colectivo tan importante para el bienestar de todos los murcianos, aunque sea recurriendo a la Fiscalía y tribunales de justicia si así procediese.
El coordinador del estudio, Francisco Javier Pardo, explicó que "la construcción aún tiene posibilidades de seguir creciendo y que éste y el turismo y la hostelería son sectores complementarios", a lo que añadió que el turismo residencial es el menos sensible ante las previsiones de incremento de los tipos de interés, por lo que no consideró que estos aumentos vayan a hacer sombra al crecimiento que se espera.
El decano del Colegio de Economistas también se refirió a estos sectores al decir que "hay que aprovechar el tirón de la construcción, pero al mismo tiempo necesitamos un modelo de industria y turismo que sea sostenible". Salvador Marín destacó que el tipo de modelo que debe seguir la Comunidad Autónoma es uno que sea al mismo tiempo competitivo, innovador y sostenible, lo que él mismo calificó como modelo 'CIS'.
Éste, derrotado en las urnas en 2004, y con cuatro malos resultados electorales desde entonces -en las europeas, en el País Vasco, en Galicia y en Cataluña-, considera estos comicios autonómicos unas "primarias" para las generales aunque en tono dramático. El aparato de Génova había preparado este encuentro para demostrar la unidad en torno al líder, cuestionado internamente, más por unos que por otros, en los últimos meses.
Sólo faltaron físicamente los presidentes autonómicos de Murcia y de Baleares, quienes enviaron los ya citados vídeos. Y los escándalos de corrupción que acechan al PP murciano, canario y balear, no aparecieron ni por asomo en los discursos. Y el agua, polémica que hoy divide mucho al PP, sólo fue mencionada para criticar al Gobierno central porque en pre y campaña electoral los debates internos no gustan nada en Génova 13.
La corrupción urbanística que se está destapando en los municipios españoles amenaza con contaminar a algunos Gobiernos autónomos, renuentes a sancionar las tropelías inmobiliarias de los ayuntamientos de su mismo color político. Al caso del Gobierno balear, del PP, viene ahora a sumarse la sospecha que recae sobre la presidencia autonómica canaria. En Baleares, parece que el Gobierno arrastró los pies durante diez meses antes de trasladar a la fiscalía una denuncia de agentes forestales por construcciones ilegales en una zona protegida de Andratx, punto fatal de la marea negra inmobiliaria.
Todo suscita el irremediable temor de que las barreras que pueden oponerse a la corrupción son muy débiles. Los municipios obtienen financiación abundante de la especulación inmobiliaria, que benefician a los partidos o a los propios alcaldes, concejales o servidores públicos que envilecen la administración municipal. No es muy alentador ver a los responsables políticos autonómicos o nacionales cuyos ayuntamientos están implicados en casos de fraude urbanístico escudarse en distinciones jurídicas para no actuar con dureza.
La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas suscita la sospecha de que la eclosión de los casos de corrupción inmobiliaria que salpican al PP y al PSOE sea un instrumento táctico más para debilitar las posiciones del adversario y que, por tanto, después de las elecciones la persecución policial y judicial de los escándalos urbanísticos se relegue a la trastienda de la política.
Si los grandes partidos políticos, con responsabilidades autonómicas y municipales significativas, desean reducir la corrupción en los municipios están obligados a pactar una estrategia que incluya cambios legales profundos -modificación de la ley de financiación de los partidos, control de la propiedad del suelo de los ayuntamientos, nuevas fuentes de financiación municipal-, una Administración de justicia volcada en la persecución de los delitos inmobiliarios, incluida la información privilegiada, y códigos de conducta que transmitan confianza a los ciudadanos. Es desde luego deplorable que imputados en escándalos urbanísticos sean aun candidatos en las próximas elecciones, como sucede con varios casos del PP. Los votantes deberían hacer pagar semejante torpeza al partido que la cometa.
Nunca se ponderará lo suficiente el papel que pueden jugar los controles internos de los ayuntamientos en esta batalla contra la recalificación desmesurada, los bloques de viviendas sin urbanizar y el pelotazo sobre suelo protegido. Debe reforzarse la independencia de los interventores municipales, sometidos hoy a la arbitrariedad de las decisiones de alcaldes o comisiones municipales que pueden sentirse afectadas por su fiscalización.
La actual disposición adicional segunda del Estatuto de la Función Pública no parece ir por este camino. La corrupción urbanística ha llegado a extremos que sólo puede ser combatida con planes de emergencia. La mejor demostración de que los partidos se toman en serio esta lacra sería que acordasen un plan de acciones legales y políticas contra ella.
(En la fotografía, las polémicas torres de Isla Plana promovidas por Sánchez Carrillo y en las que se sospecha pudo participar inicialmente Carlos Valcárcel)
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En una alusión al canal autonómico de TV, más conocido como“La 7”, Saura dijo que Valcárcel la quiere para salir él solo “mientras nosotros creemos en la libertad de información”. Luego se refirió a las cifras macroeconómicas a las que se aferra el presidente como un dogma fundamentalista y absoluto. “Se crece pero eso no se traduce en un mayor bienestar para todos”. Al hablar de cifras de inversión estatal real en nuestra región, Saura constató que “en dos años y medio de gobierno socialista ya son más que los 1.000 millones invertidos en los ocho años de los gobiernos conservadores de Aznar”.
Se desconoce todavía si los querellantes recurrirán, en tiempo y forma, ese archivo aunque el Ayuntamiento de San Javier iniciará ahora una investigación disuasoria para comprobar si las propiedades inmobiliarias de los querellantes contravienen alguna normativa municipal en vigor. Al mismo tiempo, el alcalde, José Hernández, ha anunciado hoy que ahora se va él a querellar, por presuntas calumnias y difamación, contra Arancha Espeso y el portavoz regional del PSRM-PSOE, José Ramón Jara.
Se da la circunstancia de que, a instancias del PSRM-PSOE, este mismo alcalde del PP, José Hernández, está inmerso en una investigación de la Fiscalía del TSJ de la Región de Murcia por presunta prevaricación, tráfico de influencias y negociación prohíbida a funcionarios públicos, aunque una investigación, interna y paralela, abierta por su propio partido concluyese en su inocencia tras amenazar Hernández al secretario regional del PP y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, con "tirar de la manta" si San Esteban lo dejaba en solitario "al albur de fiscales y jueces".
Hace tan sólo unas semanas compareció Hernández para declarar durante varias horas, por esta denuncia del PSRM-PSOE, ante el fiscal-jefe del TSJ, Manuel López Bernal, en una completa actitud de colaboración para aclarar todos los extremos de lo que se le preguntaba, al parecer, por temas por los que podía ser imputado y, de paso, por si conocía algunas circunstancias relacionadas con otros temas recientemente entrados en Fiscalía, de los que él podía tener información de primera mano y que implicasen a miembros del PP, o de otros partidos, en la Región de Murcia.
José Hernández, a juicio de los socialistas murcianos, resulta una pieza clave para desmontar gran parte de la corrupción urbanística, de corte mafioso, en la Región de Murcia y, más concretamente, la que, espectacularmente, se ha desarrollado en los últimos diez años en el entorno de toda la comarca del Mar Menor y Campo de Cartagena. Parece que sus amigos más allegados lo han convencido de que colabore con la Justicia para luego poder beneficiarse, en caso de llegar a ser juzgado y condenado por alguno de los cargos que se le imputan, con atenuantes para una menor condena.
En la misma tesitura parece encontrarse ahora el alcalde de Águilas, Juan Ramírez, del PP, tras sentirse, igualmente, abandonado a su suerte por parte de la cúpula regional del PP con Valcárcel a la cabeza. También estaría amenazando con "tirar de la manta" si no repite como cabeza de lista en la candidatura de su partido a la alcaldía que ahora ostenta. Ambos se niegan a sacrificarse, en plan dique de contención, para que la larga mano de la Fiscalía del TSJ no se acerque a San Esteban.