La única persona en España que al día de
hoy ha ganado dinero con la hasta ahora ruinosa desaladora de
Escombreras es el ingeniero de Caminos Juan Jódar, autor del proyecto:
un millón de euros a la buchaca, una cifra merecida a sus méritos, sin
duda, que permite vivir al sol varias vidas.
Pero
ocurre que Jódar está siendo investigado (antes de que el PP reformara
las leyes para introducir eufemismos, imputado) en el proceso judicial
que atañe a esta infraestructura. Y da la casualidad de que quien debe
defender los intereses de la Comunidad en el caso, es decir, de los
ciudadanos y contribuyentes, es su yerno, el consejero de Presidencia
del Gobierno regional, Pedro Rivera.
Bajo
su responsabilidad constan los Servicios Jurídicos de la Comunidad, que
son los que deben velar por la buena administración de la gestión que
dio lugar a la desaladora, tan en entredicho. ¿A quién defenderá con más
dedicación el consejero Rivera? ¿A los murcianos o a su suegro?
Por
su voluntariosa entrega al cargo hay que suponer que los murcianos
están en la primera línea de interés, pero quién sabe si algún día
Rivera acaba siendo heredero, de algún modo, indirectamente o por
gananciales, de esa fortuna o de una parte de ella.
Esta posibilidad,
que legítimamente podemos suponer, tal vez podría influir en su voluntad
de esclarecimiento de las cosas, pues todos sabemos cómo el ámbito
familiar nos acaba determinando, sobre todo en las persuasivas cenas de
Navidad y en otros episodios de franco recogimiento cuñadista.
Lo
más lógico es que el consejero responsable de los Servicios Jurídicos
hubiera dimitido para no verse sometido a tan insoportable dilema (el
interés general o el de su suegro), o al menos podría haber sugerido a
su presidente, Fernando López Miras, ya que de éste no ha salido, que le
encargara otra dedicación y poder seguir así prestando sus inestimables
servicios (desconocidos por el vulgo, es verdad, pero tan apreciados
por sus valedores); todo antes que verse en la tesitura de que alguien
(sin duda, desnortado) pudiera creer ni de lejos que es capaz de poner
el aparato jurídico de la Comunidad autónoma al servicio de su imputado
suegro.
Los Servicios
Jurídicos de la Comunidad son independientes y estrictamente
profesionales, qué duda cabe, pero el consejero del que dependen algo
tendrá que ver en nombramientos y orientaciones. Un abogado como Rivera
daría la razón, en cualquier otro caso, a quien le recordara que es
mejor no poner la zorra al cuidado de las gallinas.
No
tengo la seguridad de que Rivera sea acreedor del máximo aprecio de
López Miras; de hecho, éste lo destituyó de la consejería de Fomento
para poner en su lugar a otro que resultó, por increíble que parezca,
todavía más incompetente. Pero Rivera es, en el Gobierno, el 'contacto
técnico' de Pedro Antonio Sánchez, mentor del presidente, y esa cualidad
lo hace intocable.
Cuando
tras varias entregas informativas de este periódico sobre el caso, el
presidente se vio obligado a responder, hizo como que le hablaban de
algo que no le afectaba. La oposición tampoco se dio demasiada prisa en
reflexionar sobre el asunto, tal vez porque este tipo de cosas siguen
sin dar votos, aunque den mucha vergüenza; ajena, por supuesto.
Y
ahí siguen, imperturbables. López Miras aparece en los carteles
electorales con el lema «En defensa de la Región», pero le falta
precisar: «Y si eso, también del suegro».
(*) Columnista