La corrupción puede acabar con la democracia

Las leyes españolas hacen compleja y difícil la persecución especializada de los delitos económicos, urbanísticos, medioambientales y contra la ordenación del territorio. Eso explica, entre otras causas, el retraso en las consecuencias de la investigación en marcha por las Fiscalías alicantina y murciana sobre los ilícitos de corrupción, prevaricación y cohecho, asociados todos a otros delitos económicos cometidos por las mafias locales de cuello blanco y foráneas en presencia.

Para el catedrático de Derecho Procesal de la UNED y ex magistrado del Tribunal Constitucional, Vicente Gimeno Sendra, en la Construcción “hay blanqueo de capitales y se genera dinero negro”, según declaraciones de ayer a la prensa de la zona.

El caso es que la justicia penal es lenta, ineficaz y no sirve frente a la nueva delincuencia desatada en Alicante y Murcia. Haría falta que fuese más ágil, y con controles previos, para evitar también todo tipo de ella tras el descuido que se ha tenido con la corrupción en la política local. Habría que tener más que claro que “no se puede permitir que un delincuente ejerza de autoridad local ni tampoco los reinos de taifas de los ayuntamientos”.

Ni la corrupción en la administración local es de ahora ni la urbanística es nueva sino que hace tiempo que existe en estas dos provincias mediterráneas. La gente huele que se dan políticos y técnicos corruptos, que cobran por recalificar terrenos y otorgar licencias en lo que no es sino una pura prevaricación. Pero como, a juicio de Gimeno Sendra, “la corrupción urbanística es un tipo penal con normas en blanco”, se dan pactos de silencio para delitos de difícil prueba y un dinero B cuyo rastro es complicado de seguir.

Un presunto delito desde las administraciones públicas normalmente se remite primero a la colapsada vía contencioso-administrativa por parte de los jueces penales. La corrupción administrativa precisa de la necesidad previa de la existencia de un ilícito administrativo, una contravención de la legislación urbanística. Pero el Derecho Penal y el Administrativo siguen siendo en España dos compartimentos estancos y, aparte del colapso, la vía contenciosa es poco eficaz a la hora de establecer medidas cautelares al no suspender el acto administrativo. Entonces las obras ilegales se consolidan tras un procedimiento que llega a durar hasta diez años.

Pero también la falta de un conocimiento profundo de fiscales y jueces sobre estos temas y de medios para abordarlos, concluyen en que las querellas por prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio suelen no ser admitidas o archivarse las diligencias previas. Los jueces de Murcia y Alicante son independientes pero muy ignorantes. Policía y Guardia Civil de aquí tampoco suelen saber de urbanismo o de delincuencia económica y societaria. Ni existe relación directa e inmediata, o es muy deficiente, entre la Fiscalía y la Policía Judicial. Para más “inri”, y tal como denuncia este catedrático, Anticorrupción no tiene economistas-auditores a su servicio en ambas provincias ni se da coordinación alguna entre los fiscales y los policías de investigación.

“La corrupción puede acabar con el sistema democrático”, alerta el profesor Gimeno desde su casa de Campello (Alicante), si sigue sucediendo lo que sucede. Y es que el urbanismo y la economía están ahora demasiado relacionados en ambas provincias. Proliferan por eso las construcciones ilegales. Pero no se puede permitir a los ayuntamientos, en materia de urbanismo, falta de previsión y planificación de suministro hídrico, eliminación de residuos o déficit de infraestructuras. Los fiscales tienen que controlar que las autoridades sean las primeras en cumplir las leyes vigentes a la vez que urge despolitizar a los jueces. Porque existe garantía de que la Fiscalía no va a prevaricar, ni siquiera en temas de corrupción política.

Si bien los municipios tienen su autonomía consagrada en la Constitución y ésta habla de las competencias exclusivas de supervisión de las Comunidades Autónomas, si permiten, consienten u otorgan licencias urbanísticas en contra de los instrumentos de planeamiento, hay que acudir al Código Penal porque se estaría hablando de prevaricaciones. Aunque la prevaricación, como el cohecho, tiene hoy una pena leve. Lo más aconsejable, a juicio de los especialistas y expertos, sería contar con una jurisdicción de lo contencioso rápida y expedita para evitar que se levanten edificaciones. Un control judicial-administrativo más efectivo evitaría mucho de lo que ahora está ocurriendo.

Descomposición del gobierno Valcárcel

La descomposición del residual gobierno Valcárcel ha comenzado claramente ya como consecuencia de la grave crisis encubierta por la que atraviesa el PP de la Región de Murcia tras el desaire político del Presidente a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, claramente enfrentada ahora con el líder por desautorizarla en el tema de “Lo Poyo”. Muchos potenciales candidatos a alcaldías no están dispuestos a seguir y perder, seguros de que su partido tiene arruinada desde ya la actual mayoría absoluta. Para colmo de males, ayer circuló insistentemente el rumor de que el juez Torres viene a Murcia trasladado desde Marbella.

Las sospechas de corrupción generalizada en algunos ayuntamientos murcianos controlados por Sánchez Carrillo y la certeza de que la Justicia está a punto de actuar entre nosotros, han precipitado las deserciones entre la militancia con las manos más limpias. “Ramón Luis ha perdido ya casi toda su credibilidad interna, externa e intermedia. Su mensaje está más que agotado y, como siempre, no tiene proyecto ni lo va a tener. Volver a ser candidato es temerario y patético por su parte, y cruel por quienes desde aquí no le dejan marcharse. La sede de Génova 13 vería la luz con una digna retirada voluntaria a tiempo”, comentan militantes muy cualificados sin esconderse en el anonimato.

El consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, ha tratado en ese ambiente derrotista de abandonar su cargo en las últimas horas sin que Valcárcel le aceptase su dimisión para entrar a trabajar formalmente (ya lo viene haciendo de manera oficiosa desde hace muchas semanas) como adjunto de su íntimo amigo Pedro García Meroño, principal accionista todavía de “Polaris World”. (Por cierto: se cuenta que una reciente y larga inspección de la Agencia Tributaria ha levantado un acta en esta empresa para que pagase 18 millones de euros en impuestos y que la delegada en Cartagena de la AEAT la ha dejado en 300.000 tras el correspondiente recurso presentado por la que se autoproclama “número 1 en turismo residencial", con el escándalo consiguiente en la AEAT de Murcia).

Militante en Cartagena, Cierva constata la tensión reinante en su agrupación (y de las verdaderas posibilidades de Trillo ahora como preferido de Acebes, Zaplana y Aznar) al ser este velezano hermano de otro registrador de la Propiedad más que amigo de Rajoy. El portavoz sabe de la verdadera situación relativa del Presidente después de la que se avecina la próxima semana a la vuelta de López Bernal de la reunión nacional de fiscales celebrada en Granada. Allí ha podido cambiar impresiones con el fiscal-jefe de Málaga, tan curtido en los últimos meses. Es por eso que Cierva no quiere cargar con el "marrón" de tener que explicar lo inexplicable, incluso tener que mentir cuando salgan a relucir familiares involucrados en sospechas ciertas.

El Presidente tiene el criterio de que nadie abandone el gabinete antes de las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2007 (tras las pérdidas valiosas de Marqués, Valverde, Bernal ó Fayrén) pero la descomposición es ya un hecho, fundamentalmente por la falta de confianza del dinero en la palabra presidencial. Trinitario Casanova ha acabado con él al tacharle de “débil y cobarde” por no asumir su papel de colocado y sostenido en el cargo por quienes quieren hacer de nuestra región un cortijo propio. “Valcárcel se rebela tarde contra su destino y sus valedores no lo quieren si está temeroso. Se ha vuelto muy cobarde, y muy caro, y así ya no le sirve al “ladrillo” más exigente y depredador”, sentencia un dirigente empresarial muy progresista.

Otros consejeros de cierto nivel también han expresado en privado su intención de dejar el cargo, si fuera posible antes de las elecciones, casos de Medina Precioso (para volver a la Universidad) y la inspectora de Hacienda, Inmaculada García (que no tiene claro que le convenga ser candidata a la alcaldía de Águilas pese a la creciente crítica interna del PP local al más que investigado alcalde Juan Ramírez Soto). Parece tener algunas dudas Ruiz Abellán mientras Cerdá dicen que conspira contra los desertores, entre los que no se cuentan tampoco Bascuñana ni Ruiz Vivo. El gobierno regional está dividido, roto y nada funciona desde hace ya demasiados días debido a la provisionalidad instalada por el miedo a los fiscales entre los muros de San Esteban. Aquello, cuentan desde dentro, “es una casa de locos” donde Ruiz Vivo no para de dar órdenes tras órdenes a todos, dice que en nombre del Presidente.

La situación de inseguridad jurídica en que se ha puesto políticamente a la “Kutxa” donostiarra tras sus fuertes inversiones en suelo rústico en los términos de Cartagena y Águilas ha actuado como una caja de resonancia en toda España y las compras para edificar se han desplomado como consecuencia de los zigzagueos de Valcárcel en los temas urbanísticos tras los avisos oficiosos que le ha hecho llegar la Fiscalía y las advertencias emitidas desde Génova 13. Aduciendo mala fe en la venta de “La Zarrichera”, la entidad financiera vasca puede exigir legalmente ahora la devolución de los miles de millones pagados a Trinitario Casanova si no se puede urbanizar finalmente. El alcalde de Águilas también se vería en apuros y muy asustado.

Los grandes empresarios, con su elocuente silencio, son lo que realmente están precipitando una crisis institucional importante a seis meses de la cita con las urnas. El que un emprendedor tan arriesgado como García Meroño esté contribuyendo a desarbolar el gabinete regional, significa la amortización de Valcárcel y que el jurídico de la Armada, que es el portavoz Cierva, trate de desengancharse a toda prisa arguyendo un “gran cansancio”, puede que sea su olfato profesional quien le dicte la mejor conveniencia.

Si a eso le añadimos el “absentismo” real de Gómez Fayrén al frente de la no nata campaña electoral formal, se puede concluir que desde dentro se tiene poca o ninguna confianza en el futuro a corto plazo y en las verdaderas posibilidades electorales de este PP en la Región de Murcia, con un Valcárcel que, como ser humano, infunde pena a casi todos y compasión a muchos al ver como tantos lo dejan ahora tan solo ante el peligro.

Ahora le toca a la Región de Murcia

Los efectos de la llamada “Operación Malaya” no tardarán de sentirse en la Región de Murcia de forma inmediata, según fuentes policiales solventes. Al igual que en Marbella, aquí se dice habrá detenciones preventivas, mucho más sonadas, de políticos, empresarios, altos funcionarios, profesionales, intermediarios y hasta puede que algún que otro financiero muy comprometido, al parecer, con ciertos sospechosos muy relevantes. Miembros del CNI, con base en Cartagena, Valencia, Alicante y Madrid, pueden haber aportado información previa a las investigaciones más complejas.

La Fiscalía del TSJ trabaja a toda marcha gracias a la rapidez y agilidad de las unidades especializadas de la Policía y la Guardia Civil destacadas en Cartagena y Benidorm respectivamente, y otras de Delincuencia Económica llegadas expresamente desde Madrid y Barcelona. Existen claras ramificaciones delictivas murcianas en el sur de la provincia de Alicante y en el levante almeriense, que también han sido objeto de investigación, y un segundo viejo financiero-promotor inmobiliario alicantino, en el punto de mira de los detectives que rastrean algunas pistas muy determinantes.

En medios periodísticos marbellíes, que han seguido este caso, está más que claro que la lucha contra la corrupción urbanística y el consiguiente blanqueo de capitales vivirá muy pronto entre nosotros su segundo gran capítulo a tenor de los movimientos ya percibidos con la Guardia Civil solicitando y analizando papeles en el interior de Ayuntamiento de Cartagena y otras conexiones delictivas descubiertas en su comarca natural. (La alcaldesa no ha llegado todavía, que se sepa, a presentar en el juzgado de guardia denuncia por el acoso policial del que se queja en la Prensa). Los resultados más sorprendentes los arroja la investigación, no obstante, en la capital regional y se esperan las conclusiones más definitivas a la altura de la próxima Navidad.

Tanto la Jefatura Superior de Policía como la Comandancia de la Benemérita participan igualmente en algunas de las pesquisas a las órdenes directas de jueces y fiscales locales. Se han detectado también conexiones con el sur de Italia, Rusia, Florida y República Dominicana, que ya se investigan con ayuda de “Europol” e “Interpol”. Se cree que lo de Marbella es una conspiración para delinquir, comparativamente mucho menor que lo sucedido en la Región de Murcia en los últimos diez años, con las mafias autóctonas, y foráneas de Nápoles, San Petersburgo, Moscú, Miami y Santo Domingo.

Desde hace quince días, la Delegación del Gobierno (arriba en la fotografía) conoce gran parte del operativo puesto en marcha desde instancias judiciales y fiscales de Madrid y Murcia, gracias a una comunicación personal e interna del Ministerio del Interior, que tiene absolutamente movilizado, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, al Servicio de Información de la Guardia Civil en toda la costa desde San Javier a Águilas pasando por Los Alcázares y Mazarrón.

Algunas denuncias concretas desde embajadas europeas en Madrid han obligado a intervenir al fiscal de Sala de la Fiscalía General del Estado para ordenar alguna investigación suplementaria mientras se rumorea insistentemente que casi todos los sumarios que se puedan abrir en Murcia terminen finalmente en manos de la Audiencia Nacional por la extensión de esta presunta delincuencia organizada a otras provincias limítrofes, como Alicante y Almería. (NEM)

Cartagena, cuna de "Los Malayos"

Si quieren saber donde aprendió Tomas Olivo y su “súbdito” Juan Antonio Roca las artimañas del mundillo del ladrillo vengan a Cartagena, cuna de ambos y de otras grandes fortunas nacionales relacionadas con la recalificación y el convenio urbanístico. En Cartagena la expropiación forzosa es utilizada para saquear barrios enteros. Por ejemplo, en el Peri C4 se expropiaron más de 100 viviendas por un importe que no llegó a los 300 millones de pesetas. Después la sociedad municipal “Casco Antiguo” lo vende en 1.000 millones a Sethome (sociedad relacionada con el PSOE); precio este aún por debajo de mercado pues se puede y se están construyendo cerca de 500 viviendas, 700 plazas de garaje y la nueva sede de la ONCE. El gerente de Puerta Nueva (Sethome) es el ex-alcalde socialista José Antonio Alonso. El PP expropia y el PSOE hace caja.

La expropiación de una vivienda en Cartagena no supera los 8.000 euros. Mientras con esa vara se mide al ciudadano, a uno de los amos del ladrillo de Cartagena y componente del trío de los intocables Pan de Higo-M.Roca- Tomas Olivo, al primero por un solar cercano al Peri C4, donde se va a ampliar el Museo de Arte Moderno, se le han pagado 250 millones de pesetas ¿Por qué no se le hace una expropiación forzosa y se le paga un justiprecio? Pues en este caso el interés general si es claro, pues es para la ampliación de un museo público.

Qué decir de Mariano Roca, implicado en la sustracción de joyas y documentos de una caja de seguridad bancaria. Ellos son los grandes beneficiados de las más de 120 modificaciones del PGOU de Cartagena. De Tomas Olivo es contar y no parar.

Pero el expolio no ha terminado. Con la ayuda de “Tele 5”, podemos evitar que más de 200 afectados por los Peri de Monte Sacro y del Molinete, sean arrebatados injustamente de sus propiedades a golpe de expropiación forzosa. Además, si tenemos en cuenta que el casco histórico de Cartagena es reconocido por ley, desde el año 1982, como Conjunto Histórico- Artístico y que por esa razón se han conseguido fondos europeos para rehabilitar dicho casco, dichos fondos han sido utilizados por Casco Antiguo S.A. sociedad municipal, en expropiar, expulsar y desarraigar a lo vecinos afectados de los Peri y derribar todos los edificios para dejar un inmenso solar.

Hay muchos temas de corrupción o tratos de favor o “pelotazos”, también en el Campo de Cartagena. La concentración parcelaria de las tierras cae en manos de don Mariano y sus amiguetes. Y qué contar del vertedero municipal, gran chollo, nunca la mierda produjo tan suculentas rentas: 1.800 millones al alimón para Portmán Golf (Pan de higo y M.Roca. Y...

Esperemos que “Tele 5” informe a la sociedad de lo que ocurre en Cartagena, donde PP y PSOE parecen la misma cosa y unidos por los mismos fines. De todo lo expuesto existen documentos y copias de documentos oficiales, actas de embargo y de valoraciones, fotografías...

Hasta nuestros días Cartagena ha sido conocida como la ciudad de los “cuatro santos”: San Fulgencio, San Isidoro, San Leandro y Santa Florentina. Ahora también como Cartagena cuna de "Los Malayos".

Y dos notas de cierre:

* Las cuentas corrientes de Tomás Olivo parece ser que están en Paribás (B.N.P).

* J.A. Roca fue empleado de Tomás Olivo, que lo “despidió”, pero luego fue el que llamó a Olivo a Marbella, y le abrió las puertas.

El Calamarí

La sociedad civil al rescate de "Cajamurcia"

La primera entidad de crédito de la Región de Murcia, propiedad última de todos los ciudadanos residentes y/o censados aquí, se encuentra desde hace meses en el ojo del huracán del Ministerio de Economía, del Ministerio del Interior, del Banco de España, Hacienda y de nuestra sociedad civil menos complaciente ante su apuesta radical por la economía especulativa en vez de la productiva o la social. “Cajamurcia” está hoy, además, bajo sospecha hasta de la perspicaz administración federal norteamericana por ciertas compañías que frecuenta y el sorprendente montante de algún crédito concedido.

Otorgar créditos más que multimillonarios a empresas promotoras relativamente jóvenes, muy por encima del capital social desembolsado por éstas, parece algo más que una temeridad de los máximos gestores de “Cajamurcia” ante las insuficientes garantías de devolución, por muchos millones de metros cuadrados de suelo recalificado que se ofrezcan como aval, en virtud de legalmente dudosos convenios urbanísticos firmados con ayuntamientos ahora sospechosos de corrupción por presunto cohecho y supuesta prevaricación. Este tema ya se trabaja en alguna redacción madrileña desde enero.

No gusta tampoco nada su enorme implicación como inversor de referencia en negocios dudosamente rentables y, por el contrario, su renuencia a financiar políticas sociales prioritarias por derecho constitucional. Ni la competencia de “Cajamurcia”, posiblemente desleal, a tradicionales pequeñas/medianas empresas de determinados sectores de la economía murciana, por abuso de posición de dominio institucional en un contexto más general del mercado no financiero. El cliente clásico no está muy a gusto.

Un cualificado sector de la sociedad civil regional y de la comunidad universitaria está muy alarmado, precisamente por eso, con la gestión del casi sexagenario director general de “Cajamurcia”, Carlos Egea Krauel en la última década sobre dos más en el cargo, y así se lo han puesto abiertamente de manifiesto en persona algunos de sus más significativos exponentes, al Gobierno de la Nación y a otras altas instancias del Estado para su conocimiento y efectos, ante el cariz de la derrota tomada por la citada entidad de ahorro de fundación pública. El proceso de su rescate se acaba de poner en marcha.

La unidad de vigilancia financiera de la Guardia Civil (en su calidad de policía administrativa), con sede en el propio Banco de España (institución con capacidad legal suficiente para solicitar el cese del máximo ejecutivo de cualquier entidad), en Madrid, sabe bien de las actividades, parece que un tanto heterodoxas, de “Cajamurcia” en las comarcas prelitorales y litorales de la geografía regional, y en el paraíso fiscal de las islas Caimán (prestigioso y acreditado lavadero caribeño de capitales opacos a cualquier fisco). Es ya más que un rumor que se avecinan serios problemas para alguien concreto.

La extendida convicción de que “Cajamurcia” no cumple plenamente tampoco su función social pese al eufemismo contemplado en estatutos y la opacidad galopante de algunos de sus departamentos clave, refractarios a cualquier tipo de auditoria, preocupa seriamente en círculos muy cualificados de la sociedad civil regional, que se apresta a intervenir, con premura y sin más dilación, con todos los medios legales a su alcance ante la sensación del práctico secuestro de la entidad por determinadas personas de nuestra vida pública, que no han sido elegidas nunca por los ciudadanos. Especulen.

Se quiere pues que sea pronto la Asamblea Regional el verdadero y primer órgano de control democrático de una entidad fundada en el seno de la extinta Diputación Provincial y ahora asumida como parte de la Comunidad Autónoma. Su actual utilización extrema arbitraria por determinados miembros del Ejecutivo conservador y bajo sospecha, con la total connivencia de la dirección general proveniente del tardofranquismo, aconseja un profundo replanteamiento de la misión suprema de “Cajamurcia” de cara a la próxima legislatura autonómica. La transparencia en su gestión se considera fundamental en esa nueva etapa para conjurar posibles actuaciones ventajistas, y hasta caprichosas, en atención a peticiones interesadas desde la política.

La democratización inaplazable, efectiva y real en “Cajamurcia” de sus órganos de representación y gobierno también debiera alejar de una vez por todas las suspicacias en cuanto a lo auténtico del proceso electoral y sus resultados para evitar las actuales profundas dudas sobre su eventual contaminación por el control ejercido desde la estructura directiva sobre candidaturas únicas y previsibles, elección tras elección, repetidas con gentes que hacen profesión por ocupar tanto las bien remuneradas poltronas. A partir de ahí, “ormetá” a cambio de sustanciosas dietas de asistencia y legitimación unánime de todo lo que se presenta para aprobar a gente muy controlada.

El director general debiera responder a varias preguntas formuladas públicamente ya por esa sociedad civil al rescate, en órganos independientes de prensa y en aras de la debida transparencia inherente al sistema democrático, para demostrar que no estamos ante una enfermiza actitud patrimonialista respecto de la entidad, clara propiedad de todos los murcianos sean o no impositores de “Cajamurcia”. Si no lo hace y subestima a una sociedad civil en marcha, más pronto que tarde parece tendrá nuevas complicaciones insolubles a tenor de las exigencias puestas en circulación sin más contemplaciones. En 2007 comienza un nuevo ciclo de vida para una Caja de todos.

No es, sin embargo, ningún secreto que “Cajamurcia” atraviesa uno de los peores momentos de su corta historia debido a demasiado abandono de su negocio financiero tradicional y prudente por acorde con su modesta dimensión comparada. Su tradicional opacidad ha disparado toda suerte de rumores sobre una base verosímil de dificultades previsibles como consecuencia de varias inversiones industriales fallidas aparte de créditos otorgados con cierta ligereza a amigos o recomendados del poder político regional actual o nacional anterior. Los amables certificados de solvencia adquiridos ya no parecen colar, como tampoco una cuenta de resultados de ingeniería y no sometida a contrastes públicos. Pertinente contemplar a la sufrida Fundación dentro de un conjunto.

Su excesiva intervención directa, de un tiempo a esta parte, en todo lo que afecta al mundo económico murciano más osado, no gusta del todo a amplios sectores de la sociedad al desvirtuar su papel original de simple coadyuvante. La perturbación que origina del mercado regional no debe gustar tampoco mucho a las autoridades de la Competencia, en Bruselas, ni a la gran banca privada española en Madrid. Esa ansiedad de sus gestores por estar repicando y en la procesión es casi seguro, según observadores locales muy cualificados, que ha llevado a “Cajamurcia” a meterse en más de un charco y a protagonismos excesivos, que ahora supuestamente la tienen con el agua al cuello.

Las profundas dudas que suscita “Cajamurcia” al jugar de lleno en la política regional en busca de ventajas por estar en todas las salsas locales, la sitúan a un tiempo en un plano de notoriedad y desgaste, que está ahuyentando a mucha gente porque no desea que con su dinero se participe en tramas peligrosas, de privilegios socialmente rechazados u órganos de propaganda partidista para anestesiar ideológicamente a su propia y plural clientela. La entidad debe volver a ser, simplemente, una caja de ahorros al servicio del pueblo llano y olvidarse de disparar a todo lo que se mueve en el universo murciano con la vana pretensión de no dejar escapar ni un solo euro a ganar desde una histórica renta de situación y favorecida posición por mor de la política.

http://murcia-digital-news.blogspot.com

17 medidas contra la corrupción y especulación urbanística

Ben Magec-Ecologistas en Acción considera que las propuestas del Gobierno

Central y de algunas organizaciones políticas no aportan soluciones

concretas y se convierten en "pura filosofía".

El portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Heriberto Dávila, valora

como "muy tibias las medidas propuestas por los partidos y considera

necesario que estos se dejen de tirar la pelota unos a otros y comiencen a
dar ejemplo ante al ciudadanía".

Dávila afirmó que "es por ello que hacemos llegar las presentes propuestas a
la opinión pública y a las administraciones competentes para su estudio y
debate, como aportación para que se adopten las medidas legales y políticas
que consigan paralizar esta vorágine urbanística, que eviten nuevos casos de

corrupción, que garanticen la conservación de nuestro medio ambiente y

nuestros recursos naturales y que promuevan un desarrollo sostenible y
equilibrado".

Los ecologistas entienden que es necesario un compromiso político, social e
institucional para que estas medidas puedan ponerse en práctica y evitar así
que la especulación y la corrupción urbanística siga extendiéndose de forma
irreversible en nuestro archipiélago.

Algunas de las medidas que proponemos son las siguientes:

1ª. Prohibición legal de los convenios urbanísticos, que son puras
compraventas de recalificaciones urbanísticas.

2ª. Prohibición de venta de los aprovechamientos urbanísticos de los
Ayuntamientos y de suelos públicos para usos que no sean equipamientos
públicos o viviendas protegidas.

3ª. Prohibición de Modificaciones Puntuales que tengan por objeto
reclasificar suelos no urbanizables a urbanizables, o recalificar suelos
terciarios, industriales, de equipamientos, zonas verdes... a usos
residenciales.

4ª. Obligatoriedad de construcción de los equipamientos con carácter
previo a los desarrollos inmobiliarios.

5ª. La protección de un suelo debe suponer la imposibilidad de su
reclasificación como suelo urbanizable, y más en las condiciones de
limitación de nuestro territorio insular.

6ª. El crecimiento urbanístico de los pueblos y ciudades debe tener un
límite legal, en base a las necesidades de vivienda protegida y de
equipamientos públicos. No permitir a ningún Ayuntamiento reclasificaciones
y/o recalificaciones que supongan más de un 10% de aumento de viviendas y
suelo urbano/urbanizable por cada década, con la única excepción de las
necesidades de vivienda protegida.

7ª. Los crecimientos urbanísticos deben realizarse como ampliación de
los actuales núcleos urbanos, recogiendo estrictamente la filosofía al
respecto de las Directrices Generales de Ordenación, prohibiendo las
urbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos.

8ª. Aumento de la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo
Terrestre de los 100 metros mínimos que prescribe la ley a los 500 metros,
para blindar el frente litoral contra las presiones especulativas, este
aumento se podría realizar donde no haya núcleos urbanos consolidados.

9ª. Retirada total o parcial de las competencias sobre suelo que no sea
urbano a los Ayuntamientos.

10ª. Exigencia de certificación de la legalidad de las inversiones antes
de aprobar cualquier plan urbanístico o licencia de obras para impedir el
blanqueo de dinero.

11ª. Obligatoriedad de realizar una declaración anual de bienes de los
cargos electos y de libre designación de los Ayuntamientos, si es que
existen, y de sus familiares directos, con acceso público.

12ª. Compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya la
destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, que
esté imputado, procesado o condenado por la justicia.

13ª. Modificación legal para hacer responsable económico directo a los
cargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos que
las informen favorablemente. Exigir el pago de los gastos de su defensa a
los cargos públicos que sean condenados, al margén de sus responsabilidades
penales.

14ª. Potenciación de las fiscalías anticorrupción y contra los delitos
medioambientales y urbanísticos con dedicación exclusiva. Crear juzgados
insulares o provinciales especializados en este tipo de delitos.

15ª. Facilitar el ejercicio de la acción pública a las asociaciones
entre cuyos fines se encuentran la defensa de la legalidad, del territorio
y/o del medio natural, así como la exigencia de responsabilidad a los
miembros de dichos tribunales y fiscalías si hicieran dejación de las
funciones encomendadas.

16ª. Promoción de la participación pública en los procedimientos
administrativos, facilitando el acceso a la información de las normas,
planeamiento municipal y de todo tipo de proyectos de construcción, así como
de los informes técnicos y jurídicos que lo justifican, implementando la
posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie mediante consulta popular
sobre los proyectos importantes de cada municipio o isla.

17ª. Potenciación del suelo rústico como principal valor de nuestro
territorio y facilitar la posibilidad de la recalificación de suelo urbano a
suelo rústico o de protección ambiental.

www.ecologistasenaccion.org

El ladrillo

Maximiliano Bernabé

(...) Si repasamos nuestra historia de los últimos años nos encontramos con una expresión que se repite bastante en los titulares: “burbuja inmobiliaria”. Hace referencia al gran crecimiento de nuestra economía basado, en gran parte, en la especulación inmobiliaria. España, en el s. XX ha tenido dos grandes empujones económicos. Uno fue, así aproximadamente, desde 1959 hasta 1974, y el otro comenzó en la segunda mitad de la década de 1990, y en el cuál todavía estamos. Han provocado un gran aumento del nivel de vida, que haya habido una gran brecha entre nuestra sociedad actual y una basada en la actividad agrícola y una economía precaria que traía una solución de continuidad de varios siglos anteriores. También, ha extendido bastante una estética chabacana de nuevo rico, del que ha hecho dinero –o, a lo mejor, no tanto- pero no ha tenido tiempo de pulirse un poco.

En este segundo salto, es donde ha desempeñado un gran papel la especulación inmobiliaria: Si damos un paseo por cualquier calle, veremos que donde antes había una panadería ahora hay una agencia inmobiliaria. Sólo en España se ha construido más en los últimos años que en varios países de la Unión Europea juntos; creo que cada español tocaría a dos casas si se repartieran todas. La urbanización desenfrenada arrasa muchos espacios naturales, multiplica el consumo de agua y parece como si nuestros campos fueran a convertirse, primero, en un mar de grúas y luego en filas de adosados. El precio de la vivienda se ha cuadruplicado en muy poco tiempo, lo que ha provocado una precarización en el acceso a la misma, es decir, hipotecas que, a este paso, acabarán institucionalizando la esclavitud por deudas, descenso de la calidad, infraviviendas, etc. Hasta las conversaciones de mucha gente parecen estar centradas casi exclusivamente en estos temas. No obstante, ningún ciclo de expansión, como nada, es eterno; mucho menos aquellos basados en la creación artificial de riqueza, es decir, en la especulación.

El caso paradigmático es el “crack” de Estados Unidos en 1929, que no fue tan fortuito como pudiera parecer sino que tuvo signos premonitorios. De hecho, las grandes fortunas, los magnates de aquellos años, se vieron tocados, claro, pero no perdieron ni fortuna ni poder. Las riquezas deshechas fueron, más bien, las de “medio pelo”. Si alguien –que tiene acceso a mucha información- ve signos de que el río va a venir crecido, trata de llevarse lo que tiene en la orilla a otro sitio. Otros, que no saben de dónde les viene el viento, cuando ven esto, primero fingen impasibilidad, luego se desconciertan y, más tarde aún, viene el pánico. Y al final de la cascada, los que más acaban sufriendo siempre son los que tenían muy poco o nada.

Eso que oímos tan frecuentemente de que “la burbuja inmobiliaria se va a desinflar” nos parece algo tan lejano, una mezcla de redención y catástrofe, algo que no sabemos si desear o temer, siempre en la esfera de lo nebuloso, como las catástrofes o los amaneceres de gloria. Sin embargo, quizá sea algo más cotidiano y hasta anodino, que ya está pasando. Puede que lo que vemos sean signos, puede que no sea nada, es absurdo jugar a profeta. Están los movimientos de capital de que hablábamos más arriba. Está el aumento continuado de las tasas de interés de los préstamos hipotecarios –cuando los precios están más bajos, los intereses suelen ser altos, cuando los precios suben mucho el precio del dinero baja, lo que no suele coexistir durante mucho tiempo sin convulsiones es precios altos y “dinero caro”-. Están, claro, todas las viviendas que han sido construidas en los últimos años; todas las que están en venta, que no se venden tan rápidamente como algunos pretenden hacernos creer. Y ahora, si jugamos un poco a la ciencia ficción podemos suponer lo que pasaría si esto sigue así, digamos, dos años más.

Se sigue construyendo mucho, la oferta está saturada. Pero, al mismo tiempo, la subida de los intereses hace que el pago de una hipoteca sea cada vez más oneroso. Por consiguiente, los bancos se cuidan mucho de conceder estos préstamos a quienes no ofrecen garantías de poder hacerles frente. Como consecuencia, sumado a la saturación del mercado, la venta de viviendas comienza a ralentizarse, cada vez más. Mientras tanto, muchos promotores, que han continuado construyendo, han de hacer frente a sus pagos. Alguno, incluso, puede llegar a estar en una situación apurada. Frente a la disyuntiva de quebrar o bajar el precio de las viviendas, y perder algo pero continuar en pie, la elección es clara. En cuanto uno baje, otros, empujados por la competencia, lo harán también.

Durante todo este proceso, es posible que los grandes intereses económicos hayan dejado de invertir en un sector que ya no proporciona ganancias tan rápidas. Sin embargo, no habrá desplome aún, porque muchos pequeños y medianos inversores aprovecharán para comprar mucho de lo que ha bajado o, al menos, no ha subido. Después de todo, la vivienda todavía conservará parte de su prestigio como inversión segura. Esto reactivaría el sector sólo momentáneamente; antes o después la caída continuaría.

Esto no es ningún apocalipsis, la construcción y venta de viviendas continuaría, a una escala mucho menor. Los primeros interesados en ello son los intermediarios, las inmobiliarias: ellos cobran su porcentaje tanto de una transacción alta como de una más baja, lo que no quieren es que le mercado se paralice. Naturalmente, muchas constructoras e inmobiliarias de las que han proliferado en estos últimos años quedarán por el camino. Al descender grandemente el ritmo de construcción y venta, muchas empresas que dependen de ello cerrarán; habrá despidos, el paro crecerá y el crecimiento económico español se parará, o bajará mucho. Esto es lo que se denomina una crisis.

El que pierda su empleo o su poder adquisitivo, no podrá hacer frente al pago de sus deudas, es decir al recibo de la hipoteca. Como es técnicamente imposible que los bancos ejecuten miles o millones de viviendas impagadas –coste económico, opinión pública-, el Estado se vería obligado a intervenir de alguna forma que estaría por ver, puede que de alguna parecida al “corralito” argentino. Y puede que incluso se recortasen o suprimiesen las competencias urbanísticas de los municipios: algunos han actuado como sociedades mafiosas para intereses turbios, y muchos han recalificado terrenos, cuando menos, irresponsablemente. En cualquier caso, nada de esto es tan descabellado, y en algo así podría consistir el fin de la “burbuja inmobiliaria”.

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La hipótesis Trillo/El Minarete

Francisco Poveda

La más que probable precipitación de serios acontecimientos en las próximas semanas (véase la reciente entrada de la Guardia Civil en dependencias municipales cartageneras con alcaldesa del PP) podría estar aconsejando en las filas nacionales de este partido, manejar algunas hipótesis de salida para la grave crisis política que se aventa en nuestra región, por parte del líder nacional Mariano Rajoy. Se vuelve a cuestionar allí la conveniencia de mantener de candidato a Valcárcel pese al empecinamiento del secretario general de la CROEM, el director general de “Cajamurcia” y algunos otros de sus peones, enrocados en sus propios intereses más que privados de saurios políticos.

Una de ellas, la que parece más probable y ha trascendido, es la “hipótesis Trillo” para aparcar casi por sorpresa en su tierra al cachorro fraguista cartagenero y ex ministro de Defensa en lo que le resta de vida política. Suena ahora en Génova 13 como sustituto de Valcárcel si éste renunciase finalmente, casi a la fuerza, a su cuarta reelección. Pero la cosa no es tan sencilla en esta Baviera panocha y bicéfala, con tres vértices para no olvidar a una Lorca que siempre inclina la balanza a favor de la capital regional.

La reciente gira propagandística por California, tan mal concebida por Carlos Egea y el miembro de la sospechosa Fundación “Cajamurcia” y actual cónsul de España en Los Ángeles, Inocencio Arias, vuelve a demostrar las limitaciones internacionales de su candidato preferido intentando justificar el aeródromo de Corvera en la necesidad de escalas entre USA y Oriente Medio o en unas exportaciones murcianas desplomadas por encarecidas o de tecnología obsoleta. Definitivamente, es que le sube mucho la tensión.

El objetivo último sería volver a controlar el PP murciano desde la sede central para que deje de ser un instrumento exclusivo del trío Carlos-Antonio-Ramón Luis y de la trama caciquil que, por conveniencia, lo mantiene. Por algo Valcárcel prometió estar solamente dos legislaturas y ahora quiere aspirar a perpetuarse en el poder regional sin pactarlo con la dirección nacional del PP. Vamos para dieciséis años de pelele pillo.

Pero a nuestro pobre presidente es cierto que se le complican las cosas conforme avanza el calendario hacia la fecha electoral del 27 de mayo. Al secretario general del PP murciano y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, los hados también se le están tornando en contra al ser investigadas a fondo las verdaderas razones del hermanamiento de Murcia con Miami en 1998 y sus efectos sobre el urbanismo municipal y regional.

Es un tema muy oculto pero que, de salir a la luz, puede dar mucho de sí e invalidarlo como alternativa natural en San Esteban. Tiene tela tanto viaje de algunos a la República Dominicana para colocar los dineros que se llevan conseguidos aquí. O de otros a “cazar” a Polonia. ¿Ha “cazado” ya la Interpol a alguno de nuestros “cazadores”? Parece que hay localizadas unas cuentas corrientes muy comprometedoras en algún lugar de Caribe, que sorprenderán a la audiencia cuando se conozcan en marzo.

En cuanto a Gómez Fayrén, no está del todo en la carrera de recoger la herencia envenenada del duodenato ni tiene la más mínima fuerza en la organización regional del PP. Lucharía, de poder ser alcalde de la capital regional. Pero su sentido de la libertad individual le impide ceder más y más…para, al final, nada de nada o más de lo mismo. Tiene su dignidad y la vida resuelta como para dejarse utilizar tan burdamente por ancianos locales tan resentidos con la monarquía y la democracia. Se mantiene a la expectativa, seguro de que tendrá su oportunidad en un escenario regional renovado.

Pero la guerra entre las facciones murciana y cartagenera del PPRM lleva abierta meses. Y las batallas de “Lo Poyo” y “Puerto Mayor” por hacerse con el gran botín ha llenado de costurones a los lugartenientes Ayala y Sánchez Carrillo; éste, victorioso total en un principio, pero en el punto de mira de la Justicia. Ese es un ámbito mucho más dominado por los abogados Trillo y Ayala que por el letrado Carlos Valcárcel y sus exclusivos “socios” Antonio y Ramón Luis. El concejal es hoy el talón de Aquiles de todo el entramado valcarcelista y quien puede acelerar los acontecimientos si “canta”.

No obstante, los cartageneros tienen en Madrid muchos más agarres que el provinciano que nos gobierna y que no alberga ni la décima parte de la astucia que el ex comandante jurídico de la Armada. En territorio “comanche” ha quedado también la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, tras el insólito “asalto” de nuestra particular Gendarmería a su ayuntamiento en busca de pruebas documentales que la incriminen en presuntos delitos urbanísticos. Es mujer, en política, de Sánchez Carrillo más que de Andrés Ayala. Ojo.

En la Región los apoyos sociales a Valcárcel van disminuyendo, es cierto, pero Trillo sólo es fuerte en Cartagena aunque tenga de su lado a verdaderos pesos pesados como el ex portavoz vaticano Joaquín Navarro-Valls y a su hermano Juan Carlos, subdirector general de “Cajamurcia” y primero en la línea de sucesión de Carlos Egea (¿se jubila el lorquino el 14 de febrero próximo al cumplir los 60 años o preferirá aguantar hasta 2017, tal como le permiten los vigentes estatutos de la entidad?). Zapatero está por retirar de primera fila a todos los protagonistas de la Transición con más de 50 años.

También cuenta Trillo con toda la fuerza de inercia que le pueda quedar al presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, pese a sus rifirrafes veraniegos con su ex profesorado miembro del “Opus Dei”. Y no es desdeñable su opción por el ex ministro del decano diario “La verdad” y también de “El Faro”. ¿Qué haría “La Opinión”? Apoyar al ganador: Trillo, aunque en la televisión autonómica el clan cartagenero no haya conseguido todavía ni un sólo resquicio de poder por decisión del centralismo murciano más radical. ¿Se retira Viudes de la Autoridad Portuaria de Cartagena el año que viene?

En el trasfondo de esta soterrada lucha en la derecha extrema por conservar o hacerse con los resortes de poder en la Región de Murcia, late la histórica rivalidad entre las viejas burguesías conservadoras de Murcia y Cartagena, la competencia entre sendas oligarquías y, ahora, la necesidad histórica de conseguir la provincialidad con una reforma del Estatuto de Autonomía que Valcárcel retrasa y retrasa para no abrir el melón de su propia sucesión al conllevar la pérdida del control de los tiempos. Su sectarismo huertano no concibe siquiera un pacto de convivencia que estabilice políticamente nuestra autonomía con dos provincias. No tiene sentido de Estado ni de nada.

Trillo calla, mientras alberga la esperanza de lograr la impunidad necesaria frente a los efectos judiciales del accidente del “Yak-42” siendo presidente para entonces de su Comunidad Autónoma. Lo tiene más fácil que otras veces pero la situación que le dejan Valcárcel, Clemente García y Carlos Egea, con la Fiscalía investigando los excesos de los gobiernos regionales del PP desde 1995, dificultan que su partido siga ganando en la Región frente a un centro izquierda renovado y con un mensaje lejano a las viejas rencillas de los poderes caciquiles del ya muy alejado siglo XX.

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Reflexión sobre cómo engaña el PP

La verdad no está de moda entre las filas populares. Es vista como algo totalmente prescindible, inútil e incluso incómodo. El uso cínico de la mentira al que nos tiene acostumbrado el Partido Popular a partir de prácticas antipolíticas que alimentan un estado permanente de distorsión de la realidad responde a una estrategia perfectamente estudiada por sus expertos de marketing, desarrollada ambiciosamente visto el éxito que ha tenido en otros países como EE.UU.

Por mis estudios de psicología, este tema siempre me ha fascinado, y en mis libros de texto siempre ha ocupado un lugar privilegiado para la reflexión y profundización. Muy a menudo recupero mis apuntes de psicología social y les doy un repaso para refrescarme y recordar que la palabra puede ser más eficaz y puede hacer más daño que una pistola. Es interesante saber como responde la mente humana a un mensaje, cuando este es efectivo, cuando no, el tipo de lenguaje indicado según sea el público, según el nivel cultural de los receptores, así como las más diversas y efectivas técnicas de manipulación y persuasión que se puedan imaginar.

El Partido Popular aplica todos los días aquellos principios que ya entonces un tal Goebbels asentó en los oscuros años de nazismo. Lo de repetir una mentira mil veces hasta que se convierta en verdad está a día de hoy más de moda que entonces. Porque el espejo donde el PP se mira es el Partido Republicano de G. Bush y el ejemplo es que allí, sin un líder preparado, con un discurso falto de contenidos y con una gestión pésima, los neoconversadores se llevaron las últimas elecciones presidenciales contra todo pronóstico.

Porque han sido los republicanos de EEUU los que han estudiado con mayor celebridad e interés, invirtiéndo muchísimo dinero, los mecanismos del voto, las motivaciones de las personas cuando lo ejercen, y cómo los mensajes pueden hacer diana facilmente en el electorado. Una apuesta contundente por ganar a cualquier precio mediante el engaño, la falacia, la confusión y las malas artes con el adversario si fuesen necesarias. La ley del mínimo esfuerzo en definitiva, la elección del camino más corto para llegar a meta dejando de lado cualquier atisbo de ética o moral, porque repito, la verdad no les importa, es como lo demás, un negocio con el que se puede traficar.

Nos tienen tan estudiados que da miedo pensar hasta que punto los ciudadanos podemos caer en las garras de la persuasión con una facilidad pasmosa, indefensos y presos de técnicas mentales de última generación, estudiadas en laboratorio y estudios de campo de cierta importancia. Mi intención hoy queridos lectores es que seais conscientes de las técnicas que emplea el Partido Popular, directamente importadas de la potencia numero uno del mundo, para someter y aborregar a un buen numero de ciudadanos. Porque solo conociendo como actuan, podemos poner coto a sus trampas dialécticas.

Dicen los expertos que los republicanos basan su estrategia en la activación de las estructuras inconscientes, los llamados "frames" palabra traducible como marco, armazón o estructura: una especie de marcos mentales, de metáforas estructurantes de la personalidad, que organizan nuestros modos de pensar y nuestros miedos. Por decirlo de un modo más simple, nuestros prejuicios más básicos, nuestra identidad más primaria. Son aquellas cuestiones que como humanos, nos caracterizan y ante las cuales casi genéticamente solemos responder. Automática y casi irreversiblemente, cuando un mensaje logra activar un frame, poco podemos hacer si no estamos prevenidos, respondemos como simples autómatas.

No importa que se lance un mensaje falaz, subjetivo, desproporcionado, disparatado, nada de eso importa si logra activar un frame dando en la diana de los sentimientos y acertando en el inconsciente colectivo humano. Por muy simple y lamentable que parezca, esto está ocurriendo a día de hoy en la política española a imagen y semejanza de que ocurre en EEUU bajo mandato republicano.

Su acción política tiene un único fin: abastecer de miedo irreal y de inseguridad innecesaria el frame más elemental de sus votantes y de todos aquellos que puedan cazar por el camino. Solemos reirnos con cierto desparpajo, y yo el primero, de las campañas que denuncian que "España se rompe" aquellas que dicen que "el gobierno se rinde a ETA". Pero os puedo asegurar que tienen mucho más impacto del que os imaginais y merecen, si no un respeto, una consideración (o varias).

Muchos direis que eso es exagerado, que no llega la sangre al río, pero quizá formulais este planteamiento en términos erroneos, es decir, "como a mí no me engañan, no creo que engañen a mucha gente". Falso, no apliquemos nuestro rasero a los demás porque la persuasión y la psicología política son temáticas requete-estudiadas. Ellos conocen, porque así lo tienen estudiado, que una parte importante de la sociedad, de nivel cultural medio-bajo, poco dada a informarse, a leer prensa, sin inquietudes, vota por criterios vacilantes, de subjetividad acuciante, por una mera cuestión de que tal candidato despierte simpatía, seguridad o confianza.

Así ganó Bush, por dar sensación de fortaleza, de seguridad, de ser alguien que no vacila y que sería capaz de llenar el mundo de bombas atómicas con tal de defender la patria. A eso se pretende jugar desde Génova. Pintar un país caótico que solo puede salvarse en manos de alguien recto, duro y sin miramientos: su candidato.

Aquí en España mucha gente se mueve en esos parámetros que os comentaba a la hora de votar. Más de lo que nos imaginamos. Gente que ve manifestaciones de las victimas del terrorismo y automáticamente llega a la conclusión de que "si se manifiestan con todo su dolor, será que el gobierno está cediendo en algo, quizá tengan razón".

Nosotros, por nuestra ideología, simpatía o conocimiento sabemos que esto objetivamente es incierto, pero el frame profundo sigue siendo machacado constantemente y por relevos: empieza Zaplana, continua Acebes y remata Rajoy.

Todo junto a un ruido mediático organizado minuciosamente desde los mass media afines, léase La Cope o El Mundo y complementado por colectivos como el de las victimas que activan frames de "solidaridad" "empatía" o "apoyo incondicional". Infundir miedo, desconfianza en las instituciones, pintar al rival político como bobo, como débil, para después vender que lo que este país necesita es fortaleza y mano dura y que la dureza de Rajoy está más que justificada.

Su acción política tiene también un único argumento: "Nosotros somos los únicos defensores verdaderos de España, cualquier Gobierno que no sea el nuestro o político que no seamos nosotros hace daño a España". ¿Qué importa mentir? ¿Qué importa que la democracia se resienta? ¿Qué importa que la convivencia se vaya al carajo? ¿Qué importa que sufra el Estado de Derecho? Todo vale, todo está permitido, no hay límites, así lo aprendieron de los que ganaban comicios montando escándalos sexuales al presidente de turno. La verdad no importa porque no es imprescindible para llegar a la victoria.

Porque aunque no somos tontos, ni digo que lo seamos, un catedrático puede perfectamente caer en las redes de esta gente si no toma conciencia de las intenciones del emisor y si el mensaje es lanzado bajo una serie de premisas. Aquellos que día a día se topan y tienen la responsabilidad de rebatir los argumentos de la bancada popular deberían estudiar estas cosas para no caer en la trampa.

Para los Rajoy, Acebes o Zaplana se trata de recuperar el poder al precio que sea. En una sociedad líquida, frágil, esto es especialmente rentable, aunque sea repugnante, reaccionario y nada indicado para favorecer el fortalecimiento democrático de la sociedad española. Sus cartas están claras. Nada de lo que nos importa a la mayoría preocupa seriamente a estos extremistas que hoy dirigen el Partido Popular. Ni la convivencia ni el futuro ni poner en riesgo las reglas del sistema democrático que tanto luchamos por construir. Se sirven de todo: del terrorismo, de la Justicia, del Ejército, del debate territorial, de la enseñanza de nuestros hijos, de la religión, del trabajo, de la economía, del medio ambiente, de la guerra y de la paz.

Lo más peligroso de todo este asunto, es que el gobierno, el partido socialista y los grupos progresistas del Congreso no son capaces de contrarrestar estas eficaces técnicas de persuasión. Las ridiculizan, se autoconvencen de que la gente no es tonta, se ciñen a que el contenido del mensaje es irreal, y santas pasquas, a mirar para otro lado; aunque solo fuese por higiene democrática y por limpiar el polvo de la clase política, deberían prestar más atención a estas cuestiones. No se puede dejar mano ancha al "todo vale", como mínimo hay que denunciarlo, pero claro, sabiendo denunciarlo.

Ellos llevan a la práctica con brillantez una serie de premisas que todos podemos ver en cualquier cara a cara o debate entre candidatos. Ellos son los que usan un tono más fuerte, para dar la impresión de sólidez y convencimiento en su discurso. Ellos son los que más ironizan, los que más se burlan de la posición del rival que casi siempre mantiene las formas porque tiene otro talante. Ellos pierden las formas, pero no de cualquier manera; lo justo para darnos la impresión de que el oponente está diciendo disparates; incluso pueden permitirse de gastarles una "coña" para desviar el debate cuando les interesa un tiempo muerto.

Interrumpen sistemáticamente para poner nervioso al rival, llaman la atención del moderador para mostrarse victimas y hacer ver que el oponente no cumple el reglamento. Cuidan sus gestos hasta el milímetro. Todo esto unido, a los ojos de un espectador imparcial, sin ideología, sin preferencias, resulta mucho más atractivo. Hay formas de combatir estas trampas dialécticas sin ponerse a su altura, nadie propone que un debate se convierta en una pelea de gallos.

Ejemplos de "frames" utilizados por el PP, vamos allá para que quede bien claro. A los ya comentados de la unidad de España y la rendición a los asesinos de ETA, algunos más. Por ejemplo esa insistencia machocona de repetir hasta la saciedad (esta es una ténica basica que se llama "disco rayado") que Zapatero es amigo y aliado exclusivo de Castro y Hugo Chavez y que hemos pasado de ser aliados de la primera potencia mundial a darnos palmaditas con dictadores. "No somos nadie en el exterior porque nadie nos quiere ni nos hace caso". Aquí introducen un recurso patético pero efectivo, la ridiculización del político, por ejemplo, llamar a Moratinos "Desatinos". Hoy en día, hay casí más gente que conoce a nuestro ministro por lo segundo que por su apellido real.

Otro frame, muy de moda y más rentable todavía, es la utilización del frame "solidaridad" para justificar una política hídrica basada en los trasvases, aunque estos sean irracionales económica y medio ambientalmente y respondan a oscuros intereses urbanísticos más que a una sincera preocupación por los agricultores. Hoy en día todavía recogen los gobiernos populares de Murcia y Valencia los frutos de severas y machaconas campañas del Agua para todos por todo Levante, aunque eso suponga insultar y enfrentarse con otras comunidades, aquí tampoco importa el precio a pagar; "Carod Rovira nos quiere secar o todo para los catalanes", un frame complementario llamado "catalanofobia" y sobre el que no hace falta hablar. Quien no se pliegue a esas condiciones, no solo es tachado de insolidario, si no que por ejemplo, un murciano que se opone al trasvase del Ebro es automáticamente apartado y tachado de "antimurciano".

"Ellos son los malos, los catalanes, los aragoneses, a por ellos"; una forma muy inteligente de trasladar el foco de atención de la gente hacia el exterior para poder hacer lo que a uno se le antoje de puertas hacia dentro; luego nos extrañamos de los niveles de corrupción de Valencia, Alicante, Murcia, pero la realidad es que la gente, hipnotizada por un mensaje de defensa ante supuestos enemigos (ya se encargan ellos de decir quienes son), todo condimentado con un nacionalismo hidráulico bastante paleto, no ha controlado la gestión de sus gobernantes y así, muchos corruptos así han podido meter la mano con toda tranquilidad y enriquecerse con la absoluta tolerancia de unos habitantes que miran para otro lado. ¿Me equivoco o no?

Me podría explayar mucho más en el tema. Mis conocimientos me lo permiten pero no quiero ser pesado. Una de las motivaciones que me llevaron a abrir este blog fue contrarrestar y desenmascarar las técnicas persuasivas del PP. Porque yo sé perfectamente como romper ese discurso, como evitar que activen frames y en su caso, activar contra-frames (otros frames que desactivan uno anterior).

Habrá muchas personas, expertos, más instruidos que yo seguro, que deberían tener despacho en Ferraz, en La Ser o en cualquier medio interesado en desenmascarar las malas artes de la derecha mediática. No os quepa duda que un buen aparato de comunicación y unos buenos asesores pueden obrar milagros, incluso que un ex-alcohólico que cree hablar con Dios por las noches dirija el mundo.Ojalá este escrito sea leído por algún político del PSOE y lo tenga en cuenta, le de valor y ponga sobre la mensa de los compañeros esta humilde reflexión.

Es esencial que Zapatero se rodee de los mejores psicólogos, sociólogos, expertos en markenting y asesores y que la política de comunicación tenga la importancia que se merece, ni más, ni menos. Casi todo está estudiado y está en los libros, no es tan difícil. Hace un año circuló por todas las agrupaciones socialistas un documento que trataba de instruir a los cargos para comunicar eficientemente y llegar al electorado, todo ello junto con una serie de consejos para una buena labor política. Eran insuficientes, superficiales, y además, no se han aplicado porque la iniciativa provocó más cachondeo que otra cosa. Cuidado con las formas, que nos guste o no, son tan o más importantes que el contenido.

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Cajamurcia pierde, gana o no juega, ¿cómo lo sabemos?

Lo peor de estas instituciones que tienen una ligera pátina democrática es que al amparo de ésta, la realidad es que son las más desconocidas. Las Cajas de Ahorro, que disfrutan de un estatus privilegiado en el ámbito financiero, son unas de esas instituciones opacas que esconden con la habilidad y audacia del prestidigitador, las miserias (que las tiene) las actuaciones ventajistas (que las practica y se aprovecha de un halo del mal llamado “retorno social” que casi siempre oculta tras de sí actuaciones arbitrarias y muchas veces caprichosas) con las que atienden peticiones interesadas, en esa especie de cajón de sastre donde encuentra cómodo un roto y un descosido.

Pero lo que más llama la atención es que en su estructura hay una participación asamblearia de diversos agentes, políticos, de impositores, etc., que suelen manejar con bastante soltura los dirigentes de las cajas, de forma que rara vez la composición de los órganos de representación está contaminada de gentes que no estén absorbidas por la estructura directiva que asistió solicita la formación de las candidaturas, que suelen ser únicas y sin ningún resultado incierto. ¿Se imaginan ustedes que las cajas tuvieran un resultado en la composición de la Asamblea o el Consejo de Administración que fuera incierto? Les daba algo a algunos, desde luego.

Así que se repite, legislatura tras legislatura con gentes que ya tienen oficio y ¿beneficio? Con ocupar sillones que parecen hechos a su medida. Sin empacho se perpetúan y como ya tienen oficio, nada pasa, nada se sabe, nada trasciende, nada ocurre. ¿Saben ustedes algo de Cajamurcia? ¿Cómo van las inversiones que hace y los líos en los que se mete? ¿Cómo ha respondido a toda la trama ladrillera que atravesamos? ¿Cuál ha sido su papel y cuál es su situación? ¿Tiene el agua al cuello por alguna historia en la que ha metido la pata? Porque los errores los pagamos todos con el trato financiero que nos da.

¿O es que se creen ustedes que no estamos pagando los errores en las inversiones que Cajamurcia ha cometido y comete cuando se mete en tareas de inversión industrial? ¿Cuánto nos va a costar el “fallo” de Bioferma? ¿Alguien sabe lo que ha perdido Cajamurcia? ¿Cuántas Biofermas hay en danza? En estas tramas que hoy nos agobian como ciudadanos ¿hasta qué punto Cajamurcia está en la tostada y por tanto corriendo el riesgo que no valoró cuando se inició la jugada? Es posible que cualquier iniciativa de inversión tenga que pasar por la Gran Vía. ¿Quién le da privilegios a Cajamurcia para que tenga la llave de casi todas las jugadas?. Eso no sólo es atribuible a la profesionalidad, ni mucho menos, vamos, ni de broma .

¿Se podrá hacer algo en esta Región en lo que no tenga nada que ver Cajamurcia o simplemente en lo que actúe como entidad financiera que es, nada más? Si lo vemos será en el futuro, porque al día de hoy, ni de broma.

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Sánchez Carrillo "en capilla"

El concejal del Ayuntamiento de Murcia y presidente del comité electoral regional del PP, amén de recaudador preferente, el promotor-constructor Antonio Sánchez Carrillo, podría ser el primer político murciano conducido a declarar ante la Fiscalía del TSJ por unidades especiales de la Guardia Civil, según se ha podido saber hoy de fuentes solventes de Anticorrupción.

El aludido es aquí el “hombre fuerte” de la organización como máximo responsable de elaborar todas las candidaturas electorales pero está muy mal visto en Génova 13, donde desaprueban que ahora intente optar a un escaño en la Asamblea Regional buscando la protección de ser persona aforada.

Las investigaciones en marcha, a punto de concluir, parece que lo señalan como centro, y hasta “cerebro” bis, de una trama a la que presuntamente también se vincula al conocido y reconocido letrado Carlos Valcárcel Siso, hermano del presidente de la Comunidad Autónoma y socio fijo desde hace muchos años de Sánchez Carrillo en la Promoción y Construcción de viviendas.

El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, estrechamente vinculado al exministro cartagenero Federico Trillo (de siempre su hombre de máxima confianza en esta Región), estaría informado de todos los antecedentes y se mostraría conforme, si procede, con que se cumpla la ley sin excepciones ni privilegios.

Sánchez Carrillo habría sido investigado en un principio por sus supuestas conexiones con alguno de los imputados en el “caso Malaya”, como Juan Antonio Roca o Tomás Olivo, pero a raíz de las pesquisas se habría elaborado un mapa con los alcaldes murcianos presuntamente colocados en las candidaturas con “cierto sentido” oculto, para, al parecer, facilitar negocios especulativos a terceros, personalmente por este hombre de máxima confianza política de Ramón Luis Valcárcel y ahora salpicados por indicios racionales o dudas razonables de presunta corrupción urbanística, caso de Murcia, Cartagena, Mazarrón, Águilas, San Javier, Totana, Cieza, Torre- Pacheco, Fuente Álamo, Caravaca, Mula, Aledo, Molina, Ulea, Villanueva o Alcantarilla.

El momento no resulta políticamente fácil para el propio presidente de la Comunidad Autónoma, una vez perdido todo pié en Madrid, y abandonado aquí por casi todos sus aduladores y otrora beneficiados en este difícil trance. Los negocios de personas, más que próximas, a la sombra de su poder y las evidencias de irregularidad puestas de manifiesto por ilustres especuladores al llamar a Valcárcel “inútil y cobarde”, le colocan en una situación de extrema debilidad ante su partido, la sociedad, el electorado y el propio cuerpo regional de altos funcionarios. Puede finalmente no ser el candidato del PP a San Esteban por decisión firme de su dirección nacional y ser sustituido por el cartagenero Francisco Celdrán, actual presidente del Parlamento murciano.

El concejal Sánchez Carrillo, natural de Patiño, aparece en las investigaciones como la pieza maestra de un “puzzle” político-urbanístico que lo sitúan en el centro de una trama con conexiones claras en “Lo Poyo”, “Nova Carthago”, “La Zerrichera”, “Nueva Condomina”, “Puerto Mayor” “Cooperativa Edificio Banco Exterior” o “Polaris World”, entre otras.

Según fuentes de la Benemérita, su jerarquía frente al alcalde murciano Miguel Ángel Cámara y la alcaldesa cartagenera Pilar Barreiro estaría más que probada y, su repetición por tres veces como cabezas de lista en las elecciones municipales de 1995, 1999 y 2003, así lo confirmaría.

Ambos políticos, oriolano uno y ferrolana la otra, también han sido, o están siendo todavía, investigados por Anticorrupción desde hace algunos meses, especialmente la alcaldesa de Cartagena en las últimas semanas a raíz de su cambio de actitud ante determinados macroproyectos urbanísticos en su término municipal y desarrollados siempre por “amigos” de Sánchez Carrillo.

Autoridades gubernativas de la Región ha viajado esta semana a Madrid para ser informados de los operativos policiales especiales diseñados para combatir la delincuencia de "cuello blanco" y la corrupción urbanística entre los murcianos.

La corrupción mancha la imagen de España

La corrupción urbanística empieza a manchar la imagen de España. Transparencia Internacional, la organización no gubernamental pionera y más importante en la lucha contra la corrupción en el mundo, sitúa la acción de los ayuntamientos como el principal problema de España desde el punto de vista de la corrupción.

El informe 2006, recién publicado, parte de la base de que “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.

Transparencia Internacional recuerda un informe del Defensor del Pueblo en el que se indica que los convenios urbanísticos permiten que el titular de unos terrenos se comprometa a llevar a cabo determinadas cesiones de suelo, independientemente de lo que exige la ley, o incluso a pagar dinero, a cambio de que el municipio afectado reclasifique o aumente la edificabilidad mediante la firma del correspondiente convenio urbanístico. Esta práctica, según la citada ONG, ha hecho posible que en la actualidad “se estén generando situaciones de corrupción muy numerosas”.

En concreto, se citan nueve formas de operar:

1. Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos.

2. La modificación de los planes es frecuente.

3. La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa.

4. Las sanciones suelen consistir en multas y casi nunca en demoliciones.

5. En España hay una enorme cantidad de dinero negro que se refugia naturalmente en la construcción. Normalmente, un tercio del precio de la vivienda se paga con dinero opaco, con lo que las pérdidas para Hacienda son muy cuantiosas.

6. Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar una aparente escasez del mismo y la consiguiente subida de precios.

7. Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos.

8. Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a elecciones locales para conseguir la concejalía de urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan; en otras ocasiones se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos.

9. La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna, así, donde dicha corrupción es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias.

Financiación de los partidos políticos
El informe recuerda que en España, como en otros países europeos, aún está pendiente una adecuada regulación de la financiación de los partidos políticos. Y por lo tanto, hasta que se resuelve esa cuestión, “será normal que sigan surgiendo escándalos sobre sobornos y extorsiones en las obras públicas”.

La conclusión que saca Transparencia Internacional no deja lugar a dudas: “El problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos. Éste es el principal cáncer y en el que el nuevo Gobierno deberá demostrar voluntad moralizadora”, concluye el documento.

El informe está firmado por el profesor Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, quien apunta que las administraciones locales, especialmente las que gobiernan los pueblos costeros, son las más vulnerables a la corrupción por su dependencia del urbanismo.

Este hecho, constatado a través de los procedimientos abiertos por la Fiscalía Anticorrupción y las sentencias del Tribunal Supremo, tiene su origen en la dependencia de los ayuntamientos de los ingresos urbanísticos.

Por esta razón, en opinión de Villoria, los alcaldes son tan proclives a firmar convenios urbanísticos. Además, la vigilancia sobre las construcciones ilegales "es poco intensa", mientras que las sanciones no tienen capacidad disuasoria "porque consisten en una multa y rara vez en la demolición".

En este contexto, Villoria cree esencial que los dos partidos mayoritarios alcancen un acuerdo de financiación municipal para cortar esta dependencia de los ingresos urbanísticos. También entiende imprescindible que se endurezca la ley de incompatibilidades para prohibir taxativamente que un constructor o un empresario que contrate con las administraciones sea alcalde.

En el informe se pone de manifiesto que aproximadamente el 30% del precio de las casas en España se paga con dinero negro, un dato que, a juicio de Villoria, no pasa desapercibido en Hacienda. En su opinión para poner freno a esta práctica sería necesario actualizar el catastro e investigar todas aquellas ventas que se produzcan formalmente por debajo de los precios establecidos.

En el informe se pone de relieve cómo la corrupción va vinculada a la inestabilidad política y a la aparición de partidos independientes con fuerte dependencia de grupos inmobiliarios, aunque también destaca que los partidos tradicionales se ven asaltados por militantes que responden a intereses ajenos al político.

Villoria sospecha que los sucesivos gobiernos realmente no ponen en marcha las medidas precisas para impedir la corrupción vinculada al urbanismo porque "la construcción representa un porcentaje importante del Producto Interior Bruto (PIB) y es difícil, por tanto, que se tomen medidas drásticas que se sabe que penalizarían una actividad clave".

Este panorama se cierra, según resalta el estudio de Transparencia Internacional, con la corrupción judicial. "La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna. Así, donde es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias", sentencia. Villoria precisa, además, que la judicatura española es una de las que peor imagen, "sino la peor", transmiten en Europa. "En teoría los jueces se autocontrolan, pero no lo hacen y muestran gran corporativismo".

Para Villoria 'negocios y política cada vez van más unidos' y destaca el sector de la construcción en España como 'el más peligroso para la ética empresarial, influye en el blanqueo de capitales de los grupos criminales, se conecta con la corrupción política de los ayuntamientos y con la financiación de los partidos políticos'.

Ya en su informe de 2005, TI decía que la retención de bolsas de suelo en el entorno de las ciudades más pobladas y con mayor densidad, a la espera de recalificaciones, viene a ser el denominador común de unas prácticas que sitúan a España entre los países más corruptos de la UE por obra y gracia del fraude inmobiliario. De acuerdo con esta organización, se trata de los lodos que arrastran las aguas de un sistema de ingresos “preconstitucional” de los ayuntamientos y las corporaciones locales en España. Según este análisis, la exigencia de que los promotores cedan hasta un 10% de los terrenos a la Administración local sin que se especifique en qué condiciones se ha convertido en “un impuesto revolucionario” que genera “irregularidades y desigualdades”, ya que favorece a los grandes constructores y propietarios.

El Gobierno planea ahora aumentar la cesión de suelo obligatoria a los ayuntamientos, lo que, de acuerdo con el análisis de este organismo fiscalizador, se traducirá en mayores riesgos de prácticas corruptas. Gran desproporción entre el peso del sector público y el privado. Pero siempre hay más recursos al alcance de los ayuntamientos. Los planes parciales son, a juicio de muchos, el parche idóneo para retocar a la medida la estructura urbana de una ciudad sin tener que llegar al meollo de unos planes generales que, en muchos casos, datan de los ochenta. Sobre ese escenario, con políticas de remiendos, es donde muchos promotores entran en acción. Éstos son sólo dos botones de muestra de un sector que ni se inmuta ante los planes del Ejecutivo de liberar suelo público para promover hasta 28.000 pisos protegidos al año.

El contraste de otros dos datos sirve para ilustrar grandes desequilibrios: durante el último año, auspiciado por el Plan de Vivienda (se ejecuta exista ministerio del ramo o no), se ha aprobado la construcción de algo más de 51.400 viviendas protegidas para su venta. Mientras, en el mercado libre se han empezado a levantar más de 650.000. El 51% de la inversión extranjera en España, destinada a inmuebles. Mucho tiene que ver en todo esto ese urbanismo a toda costa del sol y playa que ha convertido la costa mediterránea en la más amenazada por un boom sin precedentes. ¿Las causas? Pues, entre otras, una de peso. Y es que la compra de inmuebles copa ya el 51% de la inversión extranjera en España.

Según datos de Caixa Catalunya, en el año 2000 las adquisiciones de pisos por no residentes representaban tan sólo un tímido 9% del total. Es esta tendencia lo que marca un inédito furor urbanístico en la costa mediterránea y que se salda, por ejemplo, con una previsión para levantar hasta medio millón de viviendas en Murcia y Almería. Pero estos planes se dan de bruces con la tozuda realidad que muestra la Confederación Hidrográfica del Segura. En esta cuenca, según Medio Ambiente, no hay un litro de agua para el desarrollo urbanístico de hasta un total de 23 municipios. Pero si la urbanización del litoral mediterráneo se encuentra en el dique seco, no es menor el auge que están experimentando las zonas costeras del norte peninsular. Sólo en la comunidad gallega está previsto construir más pisos que en toda la Costa del Sol.

Un total de 76 municipios costeros están revisando sus planes generales para aumentar la edificabilidad y abrir hueco urbanístico a nada menos que 600.000 nuevas viviendas. Otro tanto sucede en Asturias y Cantabria, mientras que en el centro, en comunidades como Madrid, es tal la presión urbanística que son los municipos del área metropolitana los que desde hace años albergan a auténticos magnates del suelo. La nómina vuelve a ser tan reducida como heterogénea la procedencia de estos empresarios, algunos originarios del mundo del fútbol; otros, antiguos concejales, como sucede en Getafe. Sus negocios se suman a las grandes del sector (ACS, Acciona, Fadesa, Ferrovial, Obrascón, con grandes bolsas) que, además, ven ahora en las filiales de las cajas de ahorros a un nuevo competidor.

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La vuelta de Javier Guillamón a Murcia

El actual vicepresidente murciano de la CAM, Javier Guillamón Álvarez, cesará en breve tras las negociaciones entre el PP y el PSPV-PSOE para cubrir los puestos vacantes en el consejo de administración de la entidad a comienzos de 2007. Ni en Valencia ni en Murcia tiene suficientes apoyos ahora como para mantenerse en el puesto. Su vuelta a casa como docente e investigador universitario no tiene retorno.

El vicepresidente alicantino, Armando Sala, muy relacionado con el sospechoso sector de la promoción inmobiliaria, tampoco repetirá ante su insensibilidad manifiesta con la Obra Social y sus peligrosas amistades, conservadas en su calidad de viejo aparejador. Su antigua relación personal con Zaplana también ha servido para descartar desde Valencia su continuidad. Un alicantino en la órbita de Camps será ahora su sustituto.

En total, el catedrático de Historia de la UMU ha estado casi una década en su actual cargo gracias al apoyo político recibido en su día de los diputados y ex ministros de Aznar, Federico Trillo y Eduardo Zaplana, y por la fuerte aportación previa de su suegro, el especulador Miguel Vivancos, a los recursos ajenos de la CAM. Sin embargo, su aportación intelectual a la actividad ordinaria ha sido casi nula y errática las más de las veces por su desconocimiento del negocio bancario y por no dar nunca la talla en la concepción de la actividad cultural.

Su fuerte concurso político, además, en el espinoso asunto de “Nova Cartago”, junto al Mar Menor, que ha enredado a la CAM en una investigación sobre presunta corrupción urbanística, ha terminado de una con Guillamón, quien también llegó a ser presidente de la cuestionada empresa promotora-inmobiliaria “Hansa Urbana”, hoy con polémica presencia en Mazarrón. Los sindicatos presentes en la entidad tampoco han aprobado nunca sus fuertes gastos en dietas y viajes, a cargo de la partida de representación, pagados finalmente por todos los impositores. Su imagen interna ha terminado siendo desastrosa.

El actual presidente de la Generalidad, Francisco Camps, del PP, no piensa ahora, pues, en Guillamón para mantenerlo como consejero elegido por las Cortes Valencianas y, por tanto, al no ser tampoco, por falta de confianza política, el candidato de Ramón Luis Valcárcel, ha de salir y dejar paso a otro de consenso esta vez, que muy bien pudiera ser en enero uno de los actuales consejeros del gobierno autónomo o persona muy próxima (como su hermano Carlos, el verdadero“cerebro” de la familia) en lugar del empresario Ángel Martínez, tal como se deseaba en 2003. (Sus relaciones con el Presidente están muy deterioradas por la libertad de crítica que ejerce el ex dirigente de la UCD murciana y su enorme pérdida de peso en un PP regional controlado “de facto” por el concejal y también íntimo amigo, Antonio Sánchez Carrillo).

La manejada candidatura del ex consejero Patricio Valverde, aparte de estar fuera de tiempo, resulta ya prácticamente inviable ante las investigaciones policiales sobre el fuerte incremento experimentado por su patrimonio en 300 millones de pesetas, valor de tasación de su actual residencia en la exclusiva urbanización “Monte Príncipe”, junto a “Altorreal”, construida por el cuestionado empresario cartagenero Alfonso García, quien antes recibió cuantiosas subvenciones del INFO para el parque eólico de La Unión cuando Valverde era director general o consejero de Industria e Innovación. Su parentesco con Egea Krauel hace también desconfiar en la sede central de la CAM en Alicante.

Durante la permanencia de Guillamón en la CAM, sus enfrentamientos frecuentes con el presidente y potentado Vicente Sala (nombrado en su día por los socialistas de Juan Lerma) y el vicepresidente valenciano, Gil Terrón, han sido el denominador común y el más notable balance del murciano en las reuniones del Consejo, que él siempre iniciaba con divagaciones para luego nunca concretar nada tras exasperar al presidente Sala. Sus relaciones con "Polaris World" tampoco eran bien vistas.

Ariete de Zaplana contra esa Presidencia y su principal valedor para conseguir los arriesgados créditos a “Terra Mítica”, Guillamón se ha “quemado” en su misión institucional para Madrid, Murcia y Vega Baja del Segura, precisamente por ser agente del hoy muy cuestionado cartagenero más que hombre en la CAM del otro asesor de Aznar en La Moncloa, el vallisoletano Carlos Aragonés, hoy en la órbita de Rajoy, en excedencia registrador de la Propiedad en Santa Pola. ¿Irá ahora su colega y sustituto Riquelme, también de consejero a la CAM?

Las relaciones nada discretas de Guillamón con la extrema derecha mediática de Alicante y sus extrañas alianzas con felones dentro de la nómina de la CAM para preparar la conjura de Zaplana contra el ex director general, Juan Antonio Gisbert, socialista, pronto le valieron la desconfianza de círculos económicos alicantinos históricamente relacionados con la entidad. El paso de Guillamón por Alicante le ha proporcionado numerosos detractores, entre quienes le han conocido personalmente, por mantener una postura demasiado identificada públicamente con sus dos mentores políticos de fuera. Para el empresariado clásico ha resultado ser un fiasco.

En su década prodigiosa, este catedrático nacido en la Ronda de Garay, en el seno de una conocida familia murciana (es hermano del decano del colegio de Ingenieros de Caminos, Juan Guillamón), tampoco supo granjearse las simpatías de los círculos económicos de la Región mientras la CAM ha seguido cediendo cuota de mercado en Murcia a favor de otras cajas, entre ellas “Cajamar” por ser la que más ha crecido a su costa. (En Alicante siempre lo consideraron como un infiltrado de “Cajamurcia” en la CAM por su vieja amistad y proximidad con su eterno director general, Carlos Egea).