Las
dos realidades hoy en pugna en España, el Estado y la Generalitat, son
sí, dos poderes enfrentados, hasta dos mundos políticos. Pero hay algo
más, algo que comparten de forma que, sea cual sea su respectivo tamaño,
fuerza, volumen y capacidad de destrucción, lo que se ve, el agua, como
en los vasos comunicantes, está siempre al mismo nivel. Es como una
metáfora. Por más que el Estado se obstine en interactuar con la
Generalitat con superioridad jerárquica, en una relación de mando y
obediencia, no lo consigue.
Y por más que intente disfrazar esta actitud
invocando la voluntad de diálogo "político", tampoco. Razón sencilla:
si por político ha de entenderse la "no juridificación" del conflicto, que tanto molesta a Sánchez, la existencia de presos políticos (llámelos el gobierno como quiera) desbarata el intento y lo convierte en una farsa política añadida a la judicial.
El
agua está al mismo nivel en cuanto al sentido de lo que se dirime. El
Estado tiene el mismo derecho a defender su idea de la nación española
como la Generalitat a defender la suya de la nación catalana. El derecho
a la nación es igual en ambos casos, los dos tienen la misma fuerza
moral, política y jurídica; lo que no tienen es la misma fuerza bruta.
Pero ¿cómo se justifica un orden político basado en la fuerza bruta?
Aquí la versión castellana.
Líneas de fractura
En
la dínámica de poder dual (gobierno del Estado y Generalitat) que vive
el Estado español en Catalunya, cada una de las instancias está
cumpliendo con las expectativas que generó. En su comparecencia, del
martes, el presidente Torra expuso el plan de acción de su gobierrno
para los cuatro años que vienen con bastante detalle.
Se recuerda la
insistencia con que no hace mucho se decía que Catalunya debía contar
con un gobierno “efectivo” antes que nada. Ese gobierno “efectivo” es el
que emerge del plan aprobado en el Consejo Ejecutivo: medidas claras y
concretas en cuatro ejes: cohesión social, prosperidad económica,
fortalecimiento de la democracia e internacionalización del proceso.
El
origen de este previsto itinerario es el cumplimiento del mandato del
1-O que insta a consolidar la república y la independencia. El término
(que será cuando sea y, de momento, imprevisible), la restitución del
legítimo presidente, Puigdemont. A lo largo del camino seguirá
robusteciéndose la Repúblicana catalana como realidad de hecho.
A
su vez, el otro poder, que se enfrenta al orden republicano, el del
gobierno central de la monarquía española, atrapado en el galimatías
parlamentario de su debilidad y las tensiones entre aliados y
adversarios, no solo carece de un plan articulado como el de la
Generalitat, sino de toda posibilidad de coordinar la acción según sus
objetivos estratégicos. De hecho es dudoso que tenga algún objetivo
estratégico al margen de sobrevivir con 84 diputados y conseguir que la
llamada “cuestión catalana” no arruine sus escasas perspectivas.
Por no
tener, no tiene ni presupuestos, que son la columna vertebral del plan
de acción de cualquier gobierno. Sus ministros, que parecen sacados en
una tómbola circense, concentran su atención en mantenerse en el cargo
frente a las intrigas de los adversarios y sus propias meteduras de pata
en el pasado. Su presidente anda recorriendo el mundo y, de paso,
informándose de que no es como él creía en su nacionalismo español de
toros y pandereta o como le ha contado el ministro Borrell, un enajenado
cuyo odio a Catalunya lo lleva a sostener la absurda tesis de que
España es una democracia más avanzada que Francia o Bélgica.
Con
estas bases de información y este clima político propio de un auténtico
patio de delincuentes, es claro que la dualidad de poderes en España se
resolverá a favor de Catalunya en el corto plazo. Sin duda alguna, pero
¿qué hay del medio y el largo plazo? Esto es, ¿cuándo y cómo
conseguiremos la República y la independencia de derecho y el
correspondiente reconocimiento internacional?
Esta
es la línea de fractura más importante en este momento, pero las
circunstancias solo nos permiten levantar constancia de su existencia,
no de su resultado en forma de ruptura. Los dos poderes hoy enfrentados,
el catalán con su ambicioso plan de construcción republicana y el
español atascado en la tarea de sobrevivir e impedir como sea que la
Generalitat lleve adelante su proyecto, cada uno en su estilo, pueden
dar el paso que abra una vía de solución, aunque no está claro con qué
consecuencias.
El
gobierno español, privado de margen de maniobra por voluntad propia,
solo tiene que seguir invocando cínicamente la separación de poderes
para dejar que un poder juidicial franquista y corrupto vaya adelante
con su farsa procesal y su persecución política a los disidentes. Frente
a ello, el gobierno de la Generalitat acabará abocado al ejercicio de
la desobediencia frente a la arbitrariedad y la tiranía españolas, algo
tan inevitable como la sucesión de los días y las noches.
A
su vez, las respectivas sociedades, la catalana y la española también
interactúan en el mismo espiritu en que este conflicto está viviéndose
institucionalmente. La posición española es básicamente política,
partidista, mediática y descansa en la capacidad de movilizar grupos de
ultras, fascistas y provocadores más o menos instigados por la
constelación reaccionaria, PP, C’s, Vox, SCC, Democracia Nacional y
otros nazis.
Su finalidad es suscitar un clima de violencia en Catalunya
(que unos jueces presuntamente prevaricadores no encuentran ni son
capaces de inventarse) que justifique la intensificación de la represión
y, llegado el caso, la intervención del país y la supresisón del
autogobierno.
La
sociedad catalana, en cambio, sólida y coordinadamente movilizada, no
solamente apoya sus instituciones y se compromete en su preservación
sino que, muy concienciada en su proyecto independentista, también marca
el camino a sus políticos para que, a pesar de la represión que
padecen, no desfallezcan en el objetivo común.
Es esta voluntad este
movimiento social el que apunta a un horizonte de resistencia y
desobediencia a los mandatos del ocupante, la que se puso de manifiesto
hace unos días en la Plaça de San Jaume, cuando se impidió una
concentración anticatalana en tan emblemático lugar y el que apunta
también a una repetición, cuando está anunciada otra manfestación de
agentes españolistas (básicamente policías, guardias civiles y sus
amigos) en el mismo lugar con el objetivo de provocar a la población con
un homenaje a los vándalos que aporrearon a la gente el 1-O.
En
este momento, la línea de fractura pasa por la resistencia y la
desobediencia tanto institucional como popular. La República Catalana se
hace realidad defendiéndola al unísono en las instituciones y en la
calle.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
