viernes, 17 de marzo de 2017

Dos políticos imputados y un tercero sospechoso intervendrán en el XVI Congreso regional del PP


MURCIA.- Casi 3.000 personas tienen previsto asistir al XVI Congreso Regional del PP, que se celebra este sábado en el auditorio Víctor Villegas de Murcia, según avanzó en rueda de prensa el presidente del Comité organizador del Congreso, Joaquín Buendía, alcalde de Alcantarilla.


La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, se perfila como nueva número dos del PPRM y el lorquino Fernando López Miras, como nuevo coordinador general.

Buendía, que compareció hoy acompañado de una nutrida representación del Comité Organizador, explicó que el Congreso, presidido por José Ballesta, alcalde de Murcia, se podrá seguir a través de la web https://www.16congresoppmurcia.es/ y de las pantallas que se instalarán en el auditorio, que abrirá sus puertas a las 8.15 horas para la entrega de credenciales y documentación.
Igualmente, se habilitarán tres salas, además de las de reuniones y de prensa. 
Buendía destacó que el 99,5 por ciento de los votos depositados en las urnas "han sido de apoyo al presidente Pedro Antonio Sánchez, lo que manifiesta la confianza en su persona de cara al futuro inmediato del partido"
En este XVI Congreso del Partido Popular se presentarán cuatro ponencias, que han sido elaboradas por una veintena de personas: 'Política y Reglamento', coordinada por el alcalde de Lorca, Francisco Jódar; 'Sociedad del Bienestar y Nuevas Oportunidades', coordinada por la concejal del Ayuntamiento de Murcia, Conchita Ruiz; 'Agua y Medio Ambiente', coordinada por la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez; y 'Región de Murcia, Espacio de Libertad Económica', coordinada por Francisco Bernabé.
Joaquín Buendía destacó que “por vez primera se han registrado más de 200 enmiendas a los textos de las ponencias que se debatirán mañana sábado" en el cónclave‘popular’. Según el 'popular', los coordinadores de las ponencias están trabajando desde ayer en las enmiendas para ver cuales se incorporan al texto y cuales se transaccionan, "siempre en contacto con los enmendantes, así como aquellas que queden pendientes y que serán abordadas mañana en el debate de las ponencias”.
En cuanto al orden de intervenciones, el primero en hablar será el presidente saliente del partido, el sospechoso Ramón Luis Valcárcel, sobre las 13.00 horas; y media hora después lo hará el electo, el imputado Pedro Antonio Sánchez. El encargado de cerrar el acto será el coordinador general del PP y vicesecretario de Organización y Electoral, el también imputado Fernando Martínez-Maillo, a partir de las 13.45 horas.
Sobre la presencia del coordinador general del PP, con cuya presencia cuentan "como un apoyo incondicional a la Región de Murcia y al presidente Pedro Antonio Sánchez”.
Más de cinco mil afiliados avalaron con su firma la candidatura de Sánchez frente a las algo más de 700 presentadas por Valcárcel en su última reelección, y en las votaciones registradas en las juntas locales donde alcanzó un porcentaje de apoyo del 99,5% de los afiliados, según informó el presidente del comité organizador del congreso, Joaquín Buendía.


Relevo de la 'vieja guardia'

Corruptos activos y pasivos de la vieja guardia del PPRM desaparecerán de los órganos de dirección bajo la excusa de la regeneración generacional, entre ellos,  el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara, el exconsejero Juan Carlos Ruiz, y la exalcaldesa de Pliego Isabel Toledo; el expresidente de la CARM, Alberto Garre, el tesorero Francisco Porto, aparte de Ramón Luis Valcárcel, que queda sólamente como presidente de honor tras 25 años al frente del PPRM. Es posible que salgan también  Jaime García-Legaz y Antonio Sánchez Carrillo junto con el imputado Joaquín Bascuñana, ex delegado del Gobierno.

El Gobierno central destina 7,7 millones a reparar los daños del temporal en las playas de la Región

MADRID.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, aprobó este viernes 7,7 millones de euros para la ejecución de las obras de emergencia para la reparación de los daños producidos durante los temporales de noviembre y diciembre de 2016 y por los temporales del 16 al 22 de enero de 2017, respectivamente, en las costas de la Región de Murcia.

Las obras de las que hoy el Consejo de Ministros ha tomado razón suponen una inversión total de 27,6 millones de euros, repartidos entre Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia y Andalucía, para unos trabajos que están ya en ejecución y se enmarcan en el Plan Litoral 2017.
Las fuertes precipitaciones, rachas de viento y altura del oleaje, unidos al temporal marítimo, causaron destrozos en las costas españolas, que vieron afectadas sus playas y accesos, paseos marítimos, senderos, escolleras y acantilados.
En el caso de la Región, la inversión se reparte entre 4,5 millones para obras por el temporal de diciembre, y otros 3,2 millones relacionados con los fenómenos meteorológicos de enero. En el primer caso se está trabajando en la recarga de arena en playas, daños en el paseo y playa de los Alcázares, pérdida de pasarelas en el Mojón y San Pedro del Pinatar, y en diversos desprendimientos en El Portús Cartagena. En el segundo, se trabaja en las playas de San Javier y Cartagena para restaurar paseos marítimos y carreteras de acceso a playas.

Tovar presentará la semana próxima las bases para un acuerdo que lo lleve a la presidencia


MURCIA.- El secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, anunció este viernes que la semana que viene presentará las bases para alcanzar un acuerdo con el resto de fuerzas de la oposición, con el objetivo de «dar estabilidad a la Región de Murcia durante los próximos dos años».

Según González Tovar, la solución pasa por «el desalojo del PP del Gobierno regional y por tener claro qué hay que hacer en los dos próximos años en la Región». 
«Esta situación provocada por el PP no tiene más prórroga, y así se lo hicimos saber ayer a Ciudadanos». La formación naranja ya ha anunciado que únicamente se plantea apoyar una moción de censura como instrumento para convocar elecciones anticipadas.
«No vamos a parar y seguiremos intentando hasta la saciedad ese necesario acuerdo, en eso estamos y vamos a estar la próxima semana, porque es un problema de región, no de partido ni personal», señaló.
Recordó que ya se ha cumplido un mes de la crisis política e institucional que vive la Región de Murcia, «en la que el PP es el mayor responsable y su incapacidad por resolverla ha quedado claramente manifiesta».
En este sentido, el PSRM está trabajando en un acuerdo que haga posible una moción de censura para desalojar del Gobierno «a quienes no apuestan por la regeneración democrática, mienten e insultan permanentemente». 
El PP se ha instalado en el insulto como respuesta al grave problema que tiene la Región, no cumple ni las leyes, ni su palabra», insistió.
«Ayer, y como resultado del mandato de nuestro comité regional, reiniciamos las negociaciones con Ciudadanos y Podemos con el fin de solucionar esta crisis política que ha generado el PP, y también pedimos que se hiciera sin condiciones ni líneas rojas», comentó el dirigente socialista.
«Acudir a estas negociaciones sin condición previa era uno de los puntos que se aprobó por unanimidad en el comité regional, en el que se ratificó la estrategia y la posición que ha venido manteniendo la ejecutiva regional del PSRM», añadió.
González Tovar pidió al resto de fuerzas políticas que aparte las posiciones partidistas, porque lo que está en juego es el interés de la Región de Murcia, «y debe ser la única línea que marquemos para acabar ya con esta vergonzosa situación y buscar una política limpia y de regeneración, tan necesaria para esta comunidad autónoma».
«Y esto solo es posible mandando al PP a la oposición, abriendo ventanas y levantando alfombras para limpiar la política regional y generar un necesario clima de avance y de convivencia entre todos», remarcó.
En su opinión, Ciudadanos «tiene que apostar ya decididamente por buscar la solución a este problema, y esa respuesta no se puede demorar por mucho tiempo por el daño que hace».
«El tiempo se está acabando y creemos que tenemos la obligación de, tal y como le dijimos a la ciudadanía de la Región en las elecciones de 2015, buscar el cambio y esa nueva política que necesitan los murcianos y murcianas», consideró.
«Nosotros sabemos que es muy difícil pero creemos que es posible si dejamos las tácticas de partido y nos vamos a los intereses de la Región para debatir y acordar», resaltó.
Para González Tovar, hoy más que nunca el PP debe ir a la oposición para regenerarse. «Mañana en su congreso regional se va a demostrar que quien miente, incumple las leyes, falta a la palabra dada, y no cumple lo que ha firmado, en vez de tener un castigo, tiene un premio, porque en el PP esas actitudes se premian», subrayó.
«Mañana, sin la presencia de Rajoy, que no ha querido dar la cara en este caso, se premiará a Pedro Antonio Sánchez», concluyó.

Piden la reforma urgente de la Ley de Transparencia regional


MURCIA.- Pacto por la Transparencia remitió una carta a la presidenta y a los portavoces parlamentarios de la Asamblea Regional de Murcia que pide que reformen en profundidad con urgencia la ley que regula el parlamento autonómico para atribuir al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno regional la capacidad de sancionar los incumplimientos de la norma.

El objetivo de estos cambios es contribuir a restablecer la "maltrecha confianza" de los ciudadanos en las instituciones públicas de la Región.
La petición se produce pocas semanas después de que se planteara el debate sobre si el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, incumplió el artículo 54 de la ley regional de Transparencia y Buen Gobierno al no dimitir estando imputado por el caso Auditorio por tres delitos que esa norma califica como de corrupción.
La plataforma propone que el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno regional (CTRM), el encargado de vigilar la Asamblea, tenga una composición despolitizada e independiente, personalidad jurídica propia y plena capacidad de actuar, para lo que debe tener recursos y personal suficiente.
Igualmente, pide un CTRM con competencias precisas y bien definidas de supervisión sobre todas las entidades bajo su ámbito de actuación y dotarlo de facultades y autoridad para sancionar los incumplimientos conscientes y reiterados de las obligaciones de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana recogidas en la ley.
También debería atribuirse al CTRM una entidad promotora del voluntariado ciudadano y establecer una obligación clara e inequívoca para que el proceso de modernización tecnológica que debe afrontar la administración regional incluya la exigencia de que toda la información se encuentre accesible, pide también el pacto.
Finalmente, expresa su "más alto reconocimiento" a la labor desarrollada por el presidente del CTRM, José Molina (en la imagen), pese a la "escasez de medios, personal y competencias y a los enormes obstáculos que ha ido encontrando para desarrollar su cometido".

No se ampliará el período de presentación de alegaciones al PGOM de Totana, que finaliza el próximo día 22 de marzo


TOTANA.- El alcalde comunista de Totana que por turno le corresponde, Juan José Cánovas, ha comunicado hoy al presidente de la Confederación de Empresarios del Bajo Guadalentín (CEBAG), José Luis Hernández, que no se va a ampliar el período de presentación de alegaciones al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que finaliza el próximo día 22 de marzo, de forma que finalmente no se convocará el pleno extraordinario para este asunto.

El primer edil ha dado respuesta a la solicitud realizada por el presidente de CEBAG el pasado 7 de marzo, por registro de entrada, en la que pedía la suspensión o ampliación del plazo de alegaciones al Plan General.
Juan José Cánovas ha señalado que "tras la reunión mantenida entre ambas partes y convocada la Junta de Portavoces el martes de esta semana, al ser competencia del Pleno municipal, en la misma, por parte de la Alcaldía, se expuso la situación a los portavoces y tras las deliberaciones oportunas, se llegó al acuerdo mayoritario por la representación ponderada de cada portavoz de no convocar el Pleno, puesto que la opinión mayoritaria es de no suspender ni aplazar el período establecido de alegaciones".
El alcalde ha explicado que "se considera que el período de alegaciones es suficiente y que el PGMO es un elemento más que conocido por la población dado el debate público y la información que todos los agentes políticos y sociales están realizando en los medios de comunicación social y a través de otras vías de difusión, por lo que sería absurdo convocar un pleno extraordinario con la certeza de que no se va a aceptar la propuesta realizada por la CEBAG".

Urbanismo adquirirá un sistema aéreo no tripulado para actualizar la cartografía del municipio de Murcia

MURCIA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el pliego de condiciones para adquirir un sistema aéreo no tripulado pilotado de forma remota para el Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística.

Esta herramienta de producción cartográfica se utilizará para zonas localizadas, no para grandes extensiones, que sean necesarias para el servicio lo que permitirá actualizar la cartografía de la que se dispone.
Es un equipo totalmente autónomo que no requiere de otros servicios exteriores, gracias al cual se podrá realizar todo el proceso de producción cartográfica hasta el producto final que es la cartografía y la ortofotografía.

De esta forma se podrá realizar los siguientes trabajos:

Controles de calidad de productos cartográficos contratados por dicho Servicio.
Levantamientos fotogramétricos para la actualización de la cartografía municipal.
Producción de cartografía de determinadas zonas del municipio.
Generación de Ortofoto de zonas localizadas.

La aeronave tendrá que disponer de despegue y aterrizaje vertical con multirrotor, equipo de navegación, estación de control terrestre y software de planificación, cámaras y sensores incorporados, software para fotogrametría, baterías y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.
El Ayuntamiento invertirá 36.300 euros en este nuevo sistema que tendrá que ser suministrado en un plazo de 10 semanas desde su adjudicación.

Comienzan los trámites para iluminar el tramo urbano del cauce del Río Segura a su paso por Murcia

MURCIA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el proyecto y pliego de condiciones para contratar los trabajos de iluminación del cauce del Río Segura en su tramo urbano, entre las pasarelas de Manterola y de la Fica, coincidiendo con la construcción del carril bici que ya se está ejecutando.

La iluminación va a consistir en la instalación de 155 proyectores LED de baja potencia (sólo 10 W.) que iluminarán ligeramente los muros del cauce del río de tal forma que se pueda transitar de forma segura por el carril bici pero no afecte ni a la fauna ni a la flora de los márgenes fluviales.
Además se instalarán 141 proyectores de color programable en las columnas simuladas del muro, con 7º de apertura del haz luminoso, con el que se conseguirá una línea vertical de luz del ancho aproximado de la columna.
Estos proyectores permitirán juegos de colores y estarán coordinados con la iluminación del mismo tipo que ya hay instalada en la pasarela de Manterola.
Además el proyecto incluye la renovación de la iluminación ornamental existente en el Puente Viejo y en Los Molinos del Río.
La potencia total instalada es de 17.480 W., correspondiendo 15.930 W a la iluminación ornamental y 1.550 W. al alumbrado de los caminos.
La interdistancia entre los puntos tanto para el alumbrado público como para la iluminación ornamental será aproximadamente de 20 metros mientras que la altura de la instalación será variable ya que irá en función de la altura del muro y tendrá una disposición unilateral.
El presupuesto asciende a 237.000 euros y el plazo de ejecución es de cuatro meses.

El plan del garbancillo de Tallante compatibiliza su recuperación y protección con los usos agrícolas en la zona


CARTAGENA.- La consejera Adela Martínez-Cachá visitó hoy la población cartagenera de Tallante, acompañada por vecinos, técnicos y representantes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y del Ayuntamiento, y valoró el trabajo conjunto desarrollado por la UPCT, la Consejería y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) desde que en 2004 el garbancillo de Tallante fuera redescubierto. En este sentido, destacó que el plan de recuperación "ha contado con una participación social muy importante".

"El gran esfuerzo destinado a la sensibilización y divulgación fue un gran acierto, ya que no solamente se ha centrado en la planta, sino también en el territorio y en las personas que trabajan y viven en este entorno", dijo la consejera. La presencia del garbancillo de Tallante está ligada a terrenos de gran valor geológico, ya que aparece en enclaves volcánicos de la zona y destaca por su dependencia de un hábitat que generalmente está ligado a prácticas agrícolas tradicionales de baja intensidad.

Medidas de conservación
Entre las medidas de conservación que contempla el plan para conseguir alcanzar un tamaño de población que permita excluir a la especie de la categoría 'en peligro de extinción' se encuentra establecer nuevos núcleos poblacionales, al menos cuatro, en el área de distribución potencial de la especie. También contempla reforzar las subpoblaciones con un bajo número de brotes, cuando se considere una amenaza para su conservación, así como aplicar intensamente las directrices de manejo del hábitat de la especie.
Igualmente, incluye acciones de vigilancia y control de los impactos causados por la fauna, y se tendrán en cuenta los periodos graves de sequía que pudieran comprometer la supervivencia de las poblaciones, para lo cual se aportarán riegos suplementarios, tanto en las siembras como en las poblaciones originales.
Asimismo, prevé colaborar con los propietarios de los terrenos de las áreas de aplicación del plan, se promoverán convenios de gestión con entidades de custodia del territorio, titulares de derechos y propietarios en los que se localice la especie o su hábitat potencial. Además, se recolectarán y enviarán semillas al banco de germoplasma, se establecerán plantaciones 'ex situ', se realizarán labores de eliminación de especies exóticas y se instalará cartelería, como seguimiento biológico y demográfico de la especie.
El plan se desarrollará mediante un programa de actuación inicialmente de cinco años, pudiendo revisarse en función de la evaluación periódica de su efectividad en el logro de los objetivos. Además, cada medida de conservación se evaluará al finalizar su vigencia.

Descubrimiento de la especie
El garbancillo de Tallante se describió para la ciencia en 1910, cuando se descubrió "en algún lugar de Cartagena", según anotaron los botánicos de la época, y, tras casi un siglo sin tener datos sobre él, se redescubrió en 2004 en el Cordel de Perín, entre las localidades de Tallante y Los Puertos de Santa Bárbara.
La Consejería, en colaboración con investigadores de la Universidad de Murcia, realizaron las primeras prospecciones en Los Pérez Bajos y en el Cabezo Negro de Tallante, localizándose 46 individuos. A partir de 2005 se localizaron más y comenzó la colaboración con el Departamento de Producción Vegetal de la UPCT, que comenzó sus primeras investigaciones. Además, se iniciaron los primeros trabajos de divulgación, en el marco de un convenio con ANSE.
En 2012, el avance de los trabajos, la importancia de la especie y el novedoso planteamiento de la propuesta fueron determinantes para que la Comisión Europea concediera el proyecto LIFE 'Conservación de Astragalus nitidiflorus en su hábitat potencial en la Región de Murcia', que finalizó recientemente y ha servido para impulsar el plan de recuperación.

IU-V Lorca: "Alguien ha debido hacerlo mal para que la muestra cultural "Huellas" no esté hoy en San Patricio"

LORCA.- La concejal de IU-V en el Ayuntamiento de Lorca, Adoración Peñas, ha lamentado esta mañana que la inauguración de la Colegiata de San Patricio, tras las obras -aún no concluidas- de restauración del templo, no se haya podido hacer coincidir con la inauguración en ese espacio tan emblemático de la muestra cultural "Huellas".

La edil de IU-V recuerda que su Grupo presentó al Pleno de octubre de 2015 una moción que ligaba dos asuntos de importancia para nuestra ciudad: la situación lamentable del conjunto histórico-artístico de Lorca con la necesidad de implementar iniciativas para su recuperación integral y, como complemento puntual de lo anterior, la petición para que el Ayuntamiento de Lorca impulsase al más alto nivel los contactos con el Gobierno regional de Murcia, solicitando de éste que para 2016, o a lo sumo para 2017, coincidiendo con la culminación de la restauración de la Iglesia de San Patricio, Lorca fuese sede de una nueva edición de la muestra cultural Huellas.
Planteábamos entonces, recuerda Peñas, que esa muestra de Murcia propició un impacto muy positivo para la cultura y para el turismo de la Región 15 años atrás, y que se enmarcó en una serie de proyectos culturales similares repartidos por toda la geografía española, entre los que destacaron "Las edades del hombre", una iniciativa que, como se sabe, se desarrolló fundamentalmente en las ciudades históricas de Valladolid, Burgos y León, con temáticas diversas.
Pero la moción de IU-V no prosperó tal y como venía redactada y, finalmente, tras una enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular a la moción de IU-V, se aprobó lo que sigue: 1°.- El Pleno del Ayuntamiento de Lorca apoya las gestiones que desde hace años viene realizando el Sr. Alcalde ante distintas instituciones, como Gobierno Regional y Fundación Cajamurcia, para que tras la restauración de la Colegiata de San Patricio se celebre en la misma una exposición similar a la que bajo el nombre de "Huellas" se celebró en la Catedral de Murcia en el año 2002.
Desde esa fecha, denuncia la edil de IU-V, han pasado ya 16 meses y no hemos vuelto a saber nada de "Huellas", ni de las gestiones que se han hecho desde el gobierno local, ni del interés de la Fundación Cajamurcia, ni del apoyo del Gobierno Regional. La Colegiata -tras su restauración aún inconclusa- va a ser inaugurada esta tarde por el obispo de la Diócesis de Cartagena, y alguien debe dar explicaciones sobre el fracaso de ese empeño de Lorca de hacer coincidir la inauguración con la muestra de Huellas.
IU-V plantea dos acuerdos al Pleno de este mes sobre esta cuestión. El primero de ellos abunda en la necesidad de explicaciones con la exigencia al gobierno local para que elabore y haga público un informe pormenorizado sobre los trámites realizados hasta la fecha para la consecución de la muestra "Huellas" en Lorca, que relate los contactos habidos, los compromisos adquiridos y en su caso los logros conseguidos, con aportación de fechas previsibles para la realización de la muestra, si es que la muestra acaba realizándose algún día en Lorca, que evidentemente no será ya coincidiendo con la inauguración del templo tras su restauración.
En el segundo acuerdo se plantea que, a resultas de ese informe, y a la vista de que la muestra no podrá ya celebrarse coincidiendo con la inauguración de las obras de restauración, si las fundaciones e instituciones con las que se han podido mantener contactos han dejado de estar interesadas, este Ayuntamiento interese el apoyo de otros interlocutores, entre ellos del Ministerio de Cultura.

UPA urge a Agricultura el pago de las ayudas 2016 de la PAC del ovino y caprino


MURCIA.- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Murcia (UPA-MURCIA) urge a la Consejería de Agricultura el pago inmediato de las ayudas de la PAC 2016 a las explotaciones de ovino y caprino, una vez que el pasado día 13 de marzo el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, hizo públicos los importes unitarios de las ayuda asociadas para las explotaciones de ovino y caprino.

La publicación de dichos importes unitarios permite a las Comunidades Autónomas realizar el pago de hasta el 90% del total de la ayuda, y UPA recuerda que "estas ayudas fueron incluidas en el actual régimen de la PAC como apoyo a sectores en riesgo de abandono y de escasa rentabilidad, como es el caso del ovino y caprino, de forma que es necesario que los ganaderos perciban de inmediato los importes de estas ayudas, al objeto de ver aliviada la difícil situación que están padeciendo", apunta Carlos Esparcia, Secretario de Ganadería de UPA Murcia.
UPA señala que uno de los requisitos impuestos por el FEGA para que las Comunidades Autónomas puedan realizar los pagos, es haber finalizado los controles administrativos y de campo con carácter previo, de forma que según Esparcia "no admitiremos que se produzcan retrasos en el pago, y menos si el motivo es debido a que los controles estén aún sin realizar en nuestra Región, ya que después de haber pasado casi un año desde la presentación de la solicitud de las ayudas, la Consejería debería tener todo dispuesto, y de no ser así, supondría toda una irresponsabilidad por su parte".
Aunque es cierto que actualmente se llevan realizados el pago de un importante número de otros tipos de ayudas de la PAC correspondientes a la campaña 2016, desde esta organización consideran que no pueden producirse interrupciones y deben ser atendidos todos los sectores según lo vaya permitiendo el Ministerio de Agricultura, más cuando se trata de sectores como el ovino y caprino predominante en zonas desfavorecidas y con pocas alternativas de diversificación de producción, resaltando que estas ayudas que ya se pueden pagar, suponen un montante total de más de 3,6 millones de euros, que corresponde con unos 900 solicitantes.

C's Cartagena recrimina al Gobierno local su mala gestión en la licitación para la apertura de los chiringuitos


CARTAGENA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos recrimina al Gobierno local de Cartagena su mala gestión con el concurso de adjudicación de los permisos de instalación de los chiringuitos, quioscos y otros servicios en las playas. 

"Se confirma lo que temíamos y denunciábamos el pasado 3 de marzo, el riesgo de que estas instalaciones no puedan abrir en Semana Santa es alto, el propio Ayuntamiento, a través de fuentes de la Vicealcadía reconocían el retraso públicamente y lo achacaban a la supresión del Instituto Municipal de Servicios del Litoral (Imsel) que obligó, según ellos, a los técnicos a empezar desde cero la gestión del proceso".
"Ahora sabemos que el motivo del retraso se debió a que el Ayuntamiento se saltó la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia tal y como era su obligación según la Ley de Costas, y lejos de reconocer el problema o la contradicción con su argumento anterior, vuelven a hacer eso tan propio de la mala política que es escurrir el bulto a otra administración afirmando que Demarcación de Costas no les ha dado el mapa definitivo de las ubicaciones". 
Manuel Padín asegura que en cualquier caso, "todo es preocupante: nos preocupa que la supresión del IMSEL haya sido precipitada y dé lugar a que 78 negocios sigan a la espera de rentabilizar su actividad en Semana Santa, es preocupante la falta de comunicación entre las administraciones estatal y municipal, y es preocupante que tengamos un Gobierno, el de MC y PSOE, sin la capacidad de reconocer con honestidad sus errores y por tanto de aprender algo y mejorar el servicio que prestan a sus ciudadanos".
Por este motivo, el Grupo Municipal de Ciudadanos elevará al próximo Pleno una batería de preguntas para tratar de aclarar los errores cometidos, y buscar las responsabilidades políticas por este asunto, "se han dado aquí varias versiones de lo ocurrido, se han pasado la pelota entre Costas y el Consistorio, y la Administración local tiene que dar las explicaciones y garantizar que está trabajando para que estos retrasos no vuelvan a ocurrir". 
En cuanto a la petición que algunos de los aspirantes a gestionar estos servicios hicieron llegar al alcalde de Cartagena sobre prorrogar los permisos de 2016, el portavoz de la formación naranja, ha señalado que "hemos dado traslado de esta solicitud a nuestros servicios jurídicos para que analicen su viabilidad y legalidad".
Padín ha recordado que "no es el único problema reciente con los procedimientos de licitación, hace unos días, conocimos que la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (Aseja) ha impugnado el procedimiento para el nuevo contrato de jardines porque el Ayuntamiento no publicó la convocatoria en el Diario Oficial de la Unión Europea, para aumentar la competencia".

"La alcaldesa de Moratalla, denunciada por varios presuntos delitos, intenta desviar la atención y eludir su responsabilidad", dice el PP

MORATALLA.- Tras la publicación en prensa, de la querella criminal presentada por la secretaria municipal, contra la alcaldesa de Moratalla (Candi Marín), por los presuntos delitos de acoso laboral, lesiones y odio, " desde el PP de Moratalla, manifestamos nuestra repulsa a este tipo de actitudes y denunciamos la campaña ruin, que tanto la alcaldesa como su grupo político (IU), están haciendo en contra de la trabajadora municipal y del PP", dice este partido en un comunicado.

"La señora alcaldesa, en rueda de prensa ha dicho que la querella es de carácter personal; No Sra. alcaldesa, la querella criminal no es de carácter personal, sobre todo cuando las situaciones manifestadas por la trabajadora se han producido en el entorno laboral y en el desempeño de sus funciones como alcaldesa de Moratalla. Usted es la alcaldesa de Moratalla y a todos los vecinos nos interesa el trato que usted da a sus trabajadores, no hable de cuestiones personales.
Cuesta mucho creer que se trate de supuestos falsos, cuando los presuntos hechos delictivos que hemos conocido a través de los medios y relatados en la querella, se apoyan en grabaciones y además se proponen testigos.
Hay una trabajadora que se ha sentido acosada, perseguida y humillada, y ustedes están tratando la situación de falsa y eludiendo su responsabilidad, diciendo que se trata de una maniobra del PP.
Si se tratara de un trabajador de IU, y el alcalde fuera del PP o del PSOE, estamos convencidos que le daría un tratamiento totalmente diferente, lo defendería con uñas y dientes, pero claro, como no es el caso, quien ahora manipula, miente y acosa es el trabajador.
También habla en su rueda de prensa, que nadie que conozca su trayectoria política y sindical, creerá que haya podido ejercer ningún tipo de acoso o presión a compañeros o trabajadores. Este tema no trata de lo que la gente crea que es capaz o no de hacer usted, estamos hablando de hechos presuntamente delictivos que una trabajadora ha denunciado en el Juzgado. No hablamos de un caso aislado, ya que usted es especialista en responsabilizar a los trabajadores de sus errores, como pudimos comprobar durante el pasado mes de julio con la presión a la que sometió a un trabajador del servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos, que tuvo que denunciar su situación a través de una emisora de radio; así como otros trabajadores, que han puesto de manifiesto el "trato poco adecuado" recibido por su parte, mediante escritos presentados en el Registro del Ayuntamiento.
No se puede escudar ante la demanda de un trabajador, diciendo que el PP ha puesto en marcha una estrategia de acoso contra su persona, hay cosas con las que no se puede jugar y menos con la dignidad de las personas.
No se puede manipular a la gente, ni utilizar la situación dramática que ha vivido una trabajadora, implicando o mezclando al PP en cuestiones que nada tienen que ver, solo para eludir su responsabilidad y tratar de desviar la atención de la gravedad del asunto.
Insistimos en que el PP no intenta trasladar al ámbito judicial una estrategia política, ya que esta no es la estrategia del PP, (para eso están otros partidos incluidos el suyo) es una realidad de una trabajadora, que ha puesto de manifiesto una situación de trato vejatorio y humillante por parte de la alcaldesa sindicalista que es usted, señora Cándida Marín.
No juegue con la dignidad de los trabajadores, deje de tergiversar y deje actuar a la justicia que para eso está.
Hay que respetar el derecho de la trabajadora a denunciar un trato que considera vejatorio y humillante, igual que usted tiene el derecho a defenderse de esas acusaciones.
No manipule a la opinión pública, aquí quien tiene que aclarar es la justicia.
No condene al silencio, ni siga humillando más".

Albert Rivera asegura que no habrá tripartito con Podemos en la Región de Murcia


MADRID.- No habrá gobierno tripartito en la Región de Murcia. Así lo asegura Albert Rivera este viernes, que descarta cualquier posibilidad de que el PSOE presida el Ejecutivo regional tras la presentación de una moción de censura. En una entrevista en el diario El Independiente, el líder de la formación naranja se mostró tajante: "Tripartito no va a haber y Ciudadanos no va a apoyarlo". 

Rivera explica que únicamente aceptan dos opciones: unas elecciones convocadas por el propio PP, o unos comicios forzados por la presentación de una moción de censura, que en ningún caso servirían para hacer presidente a Rafael González Tovar. "Si el candidato socialista piensa que frente a la imputación del presidente va a pescar en río revuelto una presidencia que no le toca, no la va a tener, que se lo quite de la cabeza", sentenció el presidente de Ciudadanos.  

Preguntado sobre la aceptación que tendrían unas nuevas elecciones -las terceras en un año y medio- en la Región de Murcia, Albert Rivera señaló que "lo que no es beneficioso es tener un presidente imputado por cuatro delitos y que no haya mayoría parlamentaria para aprobar ninguna ley. Es que roto el acuerdo, el señor Sánchez no puede sacar nada en el Parlamento, entonces yo estoy convencido de que los murcianos preferirían decidir ellos y no que decida Pedro Antonio Sánchez ni el portavoz de Ciudadanos o del PSOE". 
Asegura que, aunque "no es lo mejor", su partido no puede tolerar el incumplimiento del "punto número uno de nuestro compromiso".

Fomento confía en un acuerdo el martes que permita un nuevo decreto sobre la estiba

MADRID.- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confía en que los sindicatos de estibadores y la patronal del sector lleguen a un acuerdo el próximo martes en torno a la última propuesta presentada por el Gobierno, lo que permitiría aprobar un nuevo real decreto ley de reforma de la estiba.

De la Serna ha señalado hoy, en una entrevista en Onda Cero, que la propuesta del Ejecutivo es "generosa", "no tiene precedentes en la historia reciente" y ofrece a los estibadores "condiciones francamente garantistas para el mantenimiento del empleo".
El titular de Fomento ha recalcado que, en su opinión, si se llega a un acuerdo entre las partes, no debería haber problemas para tramitar un nuevo real decreto ley, aunque ha dejado claro que su contenido no será muy distinto porque la capacidad del Gobierno para cambiarlo "es muy limitada".
"No podemos modificar el real decreto ley como nos venga en gana, no tenemos la capacidad de introducir en la ley cuestiones que incluso nos puedan parecer razonables. La Comisión Europea (CE) establece las limitaciones y debe dar el visto bueno al real decreto ley. Si no, no desistirá de la multa y caerá la segunda sentencia", ha explicado.
Sobre la presencia del Gobierno en la reunión del martes, De la Serna ha explicado que los ministerios de Fomento y Empleo tienen que decidir aún "quienes deben estar para tratar los aspectos técnicos", una vez que el propio ministro presentó la propuesta el pasado jueves.
En la vía política, De la Serna mantendrá contactos "personalmente" con el resto de los grupo parlamentarios. El ministro ha reiterado que el Gobierno "ha ejercido su responsabilidad" con la reforma de la estiba porque deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) y porque, en caso de incumplimiento, la multa será más elevada. De la Serna ha avisado de que "está a punto de salir la segunda sentencia" del Tribunal de Justicia de la UE, que elevará la multa hasta 134.000 euros al día.

CSSP exige a MC y PSOE que se opongan al derribo parcial de la cárcel cartagenera de San Antón


CARTAGENA.- Cartagena Sí Se Puede (Podemos) exigió, a través de un comunicado, que Movimiento Ciudadano (MC) y PSOE, socios en el Gobierno municipal, se opongan al derribo de forma parcial del interior de la antigua cárcel de San Antón, para abrir un parking, como ha solicitado la empresa propietaria.

En Podemos recordaron que en el Pleno de febrero de este año se aprobó una moción, con los votos favorables de los concejales de MC y PSOE, en la que se recogía el compromiso expreso del Ayuntamiento para inventariar y catalogar la cárcel; para modificar el Plan General Urbano para declarar el edificio Bien de Interés Cultural (BIC); y que no se autorizara ninguna licencia de derribo.
Los planes de la sociedad del Hospital Perpetuo Socorro, que pagó en una subasta unos 560.000 euros a una empresa del Ministerio del Interior, pasan por conservar los muros exteriores, las torres y la puerta y oficina principales.
«Tanto PSOE como MC han olvidado lo que votaron hace un mes atrás, ya que no comunican a los grupos políticos los pasos que se van dando, ni han dejado claro ante la opinión pública, la Comunidad y el reciente propietario del inmueble que por parte del Gobierno no están dispuestos a permitir el derribo de un edificio emblemático de la ciudad», explicó la portavoz de Podemos, Pilar Marcos. La edil exigió que se respeten los acuerdos de Pleno y que no se deje pasar la oportunidad de cumplir con los programas electorales.

El TSJ tumba otro plan parcial en El Esparragal por defectos en la Memoria Ambiental

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha anulado un plan parcial que fue aprobado por el Ayuntamiento de Murcia en noviembre de 2011 porque no introdujo en la Memoria Ambiental las modificaciones que habían sido fijadas por la Dirección General de Medio Ambiente.

La sentencia estima así en parte el recurso que presentó el Banco Gallego, entidad que, como consecuencia de la declaración de nulidad, no estará obligada a someterse a la ejecución por parte del Consistorio de los avales que prestó en su día a favor de una de las empresas promotoras del plan, Fadesa.
El TSJ, que hace un pormenorizado recorrido por las múltiples vicisitudes por las que atravesó este plan parcial desde la aprobación del convenio urbanístico en febrero de 2006, señala que el mismo suponía el compromiso de entregar a las arcas municipales ochenta millones de euros por parte de las empresas que lo promovían.
Esas empresas eran, además de Fadesa, que aportaba casi el 19 por ciento de los terrenos, ubicados en la pedanía murciana de El Esparragal, Castillo Larache, Ideas y Desarrollos Urbanos, Mediterráneo Hispagroup y Tricenter Albamur, además de un particular.
El texto del acuerdo a suscribir entre el Ayuntamiento y los promotores señalaba que con el mismo se trataba de promover la transformación urbanística y la delimitación de un sector de planeamiento parcial en suelo urbanizable con calificación dotacional-residencial.
También se incluía la delimitación de un plan especial que permitiera la sustitución del enclave económico-productivo por el uso residencial.
Al estimar en parte el recurso que presentó el letrado Jorge Pérez Maldonado en nombre del Banco Gallego, la Sala declara la nulidad de la aprobación del plan parcial.
Dice al respecto que "el Ayuntamiento de Murcia aprobó de forma definitiva el plan sin tomar en consideración, tal y como le exigía, la resolución de la Dirección General de Medio Ambiente relativa a la Memoria Ambiental".
Y añade que el Consistorio estaba advertido de que era preciso redactar una Memoria Medioambiental que introdujera determinadas modificaciones, lo que no se tuvo en cuenta.
"Se optó por la aprobación definitiva -concluye la Sala- sin que, previamente se hubieran recogido aquellas modificaciones introducidas en la Memoria Ambiental por el órgano competente, lo que determina su nulidad de pleno derecho".

Se prepara un recurso de casación

Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Murcia están preparando el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia que ha anulado un plan parcial que fue aprobado por el ayuntamiento porque no introdujo en la Memoria Ambiental las modificaciones que habían sido fijadas por la dirección general de Medio Ambiente.
Los servicios municipales entienden que se trata de la incorporación de un informe que se entiende que forma parte y está recogido en el documento final del plan parcial.
El texto Refundido del Plan Parcial que fue objeto de aprobación definitiva por el Pleno en noviembre de 2011 incorporaba, según los servicios técnicos municipales, todos los aspectos ambientales que se tuvieron en consideración durante el proceso ambiental y que la memoria de la Dirección General de Medio Ambiente de 17 de noviembre recogía.

Investigan al exdirector comercial de una empresa de Santomera por vulnerar la cláusula de confidencialidad


MURCIA.- Un juzgado de Instrucción de Murcia ha admitido la querella que la empresa Atosa, con sede en Santomera, y su representante legal presentaron contra el que fue su director comercial y consejero, V.P.C., por un presunto delito de descubrimiento de secretos empresariales.

La querella fue presentada por el bufete de abogados murcianos Pardo Geijo, y la misma contiene más de sesenta correos electrónicos que el querellado envió a personas ajenas a la empresa querellante.
Para esta, su actuación supuso una vulneración del compromiso de confidencialidad que firmó en noviembre de 2005, por el cual tenía prohibido incurrir en las conductas que se recogen en la denuncia.
Por ese compromiso, debía respetar el secreto profesional, de manera que tenía vedado desvelar información de la empresa a terceros.
La querella fue acompañada de numerosas sentencias del Tribunal Supremo y de distintas audiencias provinciales que refuerzan las consideraciones recogidas en la misma sobre la comisión de esta figura delictiva y lo que debe entenderse por protección de datos y descubrimiento de secretos empresariales.
Dicen los letrados que "es obvio que los hechos narrados en este escrito de querella afloran demoledores a la hora de dar apariencia inicial a la vulneración del bien jurídico protegido por el tipo penal del delito objeto de imputación".
Y añaden que "basta con la revelación a terceros de información confidencial para consumar el delito, no siendo preciso que se llegue, efectivamente, a producir un perjuicio a la mercantil o beneficiar al tercero receptor".

El Frob renuncia a recuperar las ayudas de Bankia y BMN


MADRID.- El Frob ha renunciado al objetivo de recuperar todas las ayudas públicas concedidas a Bankia y BMN, que ascienden a 24.100 millones de euros, una vez ambas entidades se fusionen. Fuentes del organismo dependiente del Ministerio de Economía reconocieron este jueves a El Economista que lo único a lo que se pueden comprometer es a conseguir el máximo dinero posible y que la integración de las dos nacionalizadas sirva para generar valor, después de haber rechazado la oferta de 1.061 millones de euros.

El fondo de rescate, que controla el 65% del capital de sendos grupos financieros, confía en volver a colocar paquetes de Bankia después de que se haya completado la absorción y haber salido del capital antes de finales de 2019, plazo máximo que fija la ley. 
Tras las subidas de los últimos días, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri tiene un valor de mercado de 12.150 millones, por lo que el Frob conseguiría apenas 7.900 millones por su participación. Un importe que crecerá, previsiblemente, con la fusión de BMN, cuya aportación máxima, según el asesor independiente contratado por el Frob, será de unos 1.090 millones, incluyendo los 401 millones de sinergias.
En los próximos meses los consejos de Bankia y BMN determinarán la ecuación de canje con la que se materializará la operación. Desde el Frob señalan, eso sí, que estarán atentos a que la propuesta sea razonable, es decir, que no sea muy baja. Pero no descartan que Bankia pueda valorar BMN por debajo de la oferta realizada por el único postor que ha tenido el proceso competitivo por el grupo que lidera la antigua Caja Murcia.
Por otra parte, el Frob ha enviado a la Fiscalía nueve operaciones sospechosas de delitos realizadas por Caja Duero y Caja España, además de una de Sa Nostra -perteneciente a BMN-.
Según el organismo público, los perjuicios económicos de las transacciones de las dos entidades castellano y leonesas ascienden a 120 millones de euros y se refieren, principalmente, a créditos refinanciados para la adquisición de inmuebles por parte de algunas compañías. La de Sa Nostra también procede de una financiación. Todas las operaciones irregulares son de 2010 o de ejercicios anteriores.

Piden diez años de inhabilitación a la exalcaldesa socialista de Lorquí por presunta prevaricación

MURCIA.-El fiscal ha pedido diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Resurrección García, que fue alcaldesa socialista de Lorquí entre los años 1995 y 2007 y que está acusada de un presunto delito de prevaricación administrativa por rebajar 27 multas urbanísticas más allá de lo permitido.

Señala el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales que con esa rebaja desproporcionada la acusada causó un perjuicio a la hacienda local que superó los 57.000 euros, cantidad que reclama que se le condene a pagar como indemnización.
Asegura el ministerio fiscal que en esos expediente incoados por infracciones urbanísticas acordó rebajar la multa en una cuantía superior al 50 por ciento que permite la ley en el caso de que los infractores reconozcan su responsabilidad.
Y añade que esas decisiones fueron, además, "injustas y discriminatorias", ya que en otras resoluciones "aplicó escrupulosamente la reducción legalmente prevista del 50 por ciento del importe de la sanción propuesta".
Resurrección García ha sido convocada por el tribunal de la Audiencia Provincial de Murcia para el 24 de marzo próximo por si reconoce los hechos y se conforma con la pena que puedan pactar el fiscal del caso y su defensa, lo que evitaría la celebración del juicio.

Aprueban definitivamente el filtro verde en la rambla del Albujón

MURCIA.-La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha aprobado de forma definitiva el proyecto de construcción del filtro verde en el entorno de la desembocadura de la rambla del Albujón en el Mar Menor.

La resolución, que aparece publicada hoy en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) de hoy, señala que esa aprobación ha sido hecha tras tener en cuenta las sugerencias presentadas durante el plazo de exposición pública del proyecto.
Y añade que para evitar filtraciones entre el filtro verde y el terrenos se procederá a compactar cada una de las capas correspondientes y a la colocación de una lámina de impermeabilización de polietileno de alta densidad.
El acuerdo recoge también que se han incluido la contestación a la consulta realizada a la dirección general de Calidad y Evolución Ambiental, en la que se indica que las actuaciones proyectadas no suponen afección negativa a la Red Natura 2000.

El juez Velasco, el de la 'trama Púnica', rechaza el puesto ofrecido por el Gobierno en la UE

MADRID.- El juez Eloy Velasco, el de la 'trama Púnica', ha rechazado el puesto ofrecido por el Gobierno de Rajoy como coordinador de la Unión Europea durante cuatro años de la lucha contra el narcotráfico en América Latina. Este juez tiene solicitada al TSJRM la imputación del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por varios presuntos delitos en relación con dicha trama de supuesta financiación ilegal del PP . Por contra es uno de los tres candidatos a la sala de apelación que se va a crear en la Audiencia Nacional como segunda instancia.

Su candidatura contaba ya con todas las bendiciones del CGPJ y era con dedicación exclusiva, por lo que el juez ha argumentado que perdía dinero al compatibilizar actualmente su función de juez con actividades privadas de tipo docente en centros de enseñanza superior de Madrid, todas autorizadas convenientemente por el CGPJ.
Como titular del juzgado central nº 6 de la Audiencia Nacional Velasco percibe 80.000 euros brutos anuales más otros 50.000 como profesor y conferenciante mientras en el puesto ofrecido no pasaría de los 100.000 euros.
Sin embargo, Eloy Velasco es uno de los tres candidatos a integrar la nueva sala de apelaciones de la Audiencia Nacional que se va a crear de forma inminente. Actualmente y como titular del juzgado central nº 6 únicamente tiene competencias para instruir sumarios pero no para dictar sentencias. Y este nuevo destino sería un primer paso para poder optar más adelante a ocupar plaza de magistrado en el Tribunal Supremo.

Los trabajadores de 'Navantia' impiden entrar a los directivos en el astillero de San Fernando


SAN FERNANDO.- Ante la falta de carga de trabajo, la ausencia de respuestas y el recibimiento en las sedes de Madrid (con controles policiales e impedimentos para registrar documentos y exponer sus quejas), los trabajadores de Navantia han decidido ayer impedir a directores y directivos entrar en la factoría isleña, según publica La Voz Digital.


El comité de empresa de la factoría de Navantia en San Fernando cada vez está más preocupado ante la falta de trabajo. A las seis y cuarto de la mañana se apostaron en la puerta y, sin cortar el tráfico, a toda persona con cargo de responsabilidad no le dejaron pasar, teniendo que dar la vuelta.
Después tomaban el relevo los técnicos superiores que se han sumado a las protestas pidiendo la regulación de las condiciones laborales. En este sentido sí han cortado el acceso a la factoría.
El nivel de crispación y nerviosismo sube cuando se está a pocas semanas de la botadura del último Buque de Acción Marítima (BAM) realizado en Navantia San Fernando. Será el día 30 de marzo y ahora la cuestión está en saber si para entonces habrá un diálogo fluido o por el contrario la situación se complica y las protestas continúan en un día tan señalado.
La protesta tiene su origen en la falta de carga de trabajo. La plantilla ha denunciado que el contrato de las corbetas aún no se ha firmado y, por tanto, la obra de los cinco buques permanece en el aire. Además, el colectivo está indignado con la Dirección General de Navantia
El pasado martes, el comité Intercentros realizó una concentración ante las puertas de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a la que pertenece Navantia) para reclamar el convenio colectivo y sobre todo un plan urgente para rejuvenecer a la plantilla.
Ningún miembro de la SEPI ni de Navantia mantuvieron contacto con los manifestantes. El comité de empresa considera que ya se ha llenado el vaso de la paciencia y han decido pasar a la acción.
 «Con una plantilla insuficiente y envejecida, con el incumplimiento del convenio colectivo, el opaco proceso de contrataciones y las cobertura de vacantes y frente al nulo diálogo social de la compañía, el comité de Navantia ha decidido impedir la entrada de los directores y jefes de producción a partir del día de hoy» 

La recuperación inmobiliaria de Alicante, a dos velocidades


ALICANTE.- La recuperación del sector inmobiliario en la provincia de Alicante va por zonas. Una cosa es el litoral, donde la actividad ha renacido, no con las magnitudes de la época del boom, pero se ha reactivado en definitiva; y otra cosa muy distinta es el interior, en el que el encefalograma plano parece irreversible. Apenas hay negocio en los municipios alejados de la costa. La demanda se ha volcado en las poblaciones costeras en busca de primeras residencias y casas para las vacaciones; el interior sigue pasando su particular invierno inmobiliario, según publica 'El Mundo'.

Hay un ladrillo de dos velocidades en Alicante: el de la costa, con nuevos proyectos y perspectivas de mejora, y el de interior, que casi ha desaparecido.
La Vega Baja, con Orihuela y Torrevieja, Alicante ciudad y algunos puntos de las Marinas, son la cara de este mercado dual; el Vinalopó y las comarcas de interior, como, Elda, Alcoy, Ibi, Villena, etc, son la cruz. Ver aquí una grúa trabajando en una promoción de viviendas es casi un milagro. La inversión en esta parte de la provincia es meramente testimonial. La costa concentra el grueso del dinero que quiere invertir en promociones.
Lo dicen los últimos datos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. La provincia cerró 2016 con visados para 4.829 viviendas nuevas, lo que supone un 19% más que en 2015. Se trata del mejor registro de los últimos ocho años. Hay que remontarse a 2008 para encontrar un dato más alto de viviendas nuevas visadas en Alicante. Ese año se registraron 8.103; fue el inicio de la crisis económica en general, y la del sector inmobiliario en particular.
No en vano, un año antes, en 2007, en Alicante se concedieron visados para la construcción de 31.655 casas. La media de inmuebles de nueva edificación visados en el periodo 2000-2007 fue de 44.740 anuales, un nivel impensable en estos momentos e irrepetible dadas las condiciones actuales del mercado.
En este contexto, la Vega Baja capitaliza un año más el resurgimiento de la promoción inmobiliaria provincial. Orihuela es el centro neurálgico de la construcción de casas nuevas, con 909 en 2016; le sigue Torrevieja, con otras 585; también en la comarca sureña destacan Pilar de la Horadada (388), Rojales (184), Guardamar (168), y Algorfa-Benejúzar (163). La mitad de todas las viviendas nuevas que se iniciaron el año pasado en Alicante se localizan en la Vega Baja.

Los números

La comarca se ha llevado unos 140 millones de euros de los 358 invertidos en la provincia según los distintos presupuestos de ejecución material registrados por el Colegio de Aparejadores en 2016. La respuesta de la demanda de vivienda vacacional,sobre todo extranjera, explica que la Vega, especializada en este segmento de mercado en los últimos años, se haya convertido en la locomotora del sector. Y a esta clientela, según fuentes empresariales, no le interesa por lo general el interior de la provincia.
Alicante (con una demanda también de segunda residencia y primera vivienda) y las Marinas (otro mercado tradicional del público foráneo) son las otras grandes plazas de la construcción de viviendas. La capital de la provincia por fin ha remontado el vuelo, y se apunta unas 500 casas nuevas, mientras que poblaciones como Benidorm suman 323, Calp (128), y Xàbia (259); Finestrat, La Vila y Dénia también arañan poco a poco posiciones aunque lejos de las marcas de la Vega Baja.
Por su parte, en Elche se dieron permisos para 178 viviendas nuevas. Y en el interior, poco o casi nada. Alcoy, con cuatro viviendas, es el principal ejemplo de la depresión inmobiliaria en el interior de la provincia. En esta tendencia también figuran Elda(6), Petrel (6), Villena (3), San Vicente (15), Ibi (2), Novelda (9), o Crevillente, siempre según 'El Mundo'.

A Dios rogando y con el decreto dando / Adrián Ángel Viudes *

Decíamos ayer, en un artículo publicado en las páginas de nuestro diario de las libertades: "La responsabilidad de adecuar el sector a la normativa comunitaria es de usted, no intente trasladarla a los empresarios".

Nos referíamos, naturalmente, a don Íñigo Joaquín de la Serna, al ministro de la cosa. No nos hizo ni caso. Es más, de tapadillo, sin que estuvieran presentes los decididores, se presenta en la sala para, cual rey mago con la alforja llena de presentes, eso sí, costeados con nuestros dineros, intentar salvar lo insalvable: la aprobación de su chapucero Real Decreto, justificado por el éxito del acuerdo.

Pregunto señor ministro: ¿quién le aconseja en esta errada estrategia? ¿Quizá el presidente de Puertos del Estado, Sr. Llorca, ausente, cual ectoplasma, en todo este zafarrancho?

Se lo voy a repetir una vez más, con todo respeto: los empresarios de la estiba no pueden considerarse patronal; son comisionistas del cargador, del que paga por importar o exportar su mercancía a través de los puertos.

Conociendo la forma de negociar de los de La Coordinadora (así se llama el sindicato de los estibadores), es una insensatez y una cobardía dejar a los empresarios a los pies de los caballos, solos ante el peligro.

"A ti qué más te da; si la cuenta de escala sube, tú se la repercutes a tu cliente, así que si te interesa que el barco zarpe, atiende nuestras justas peticiones". Este mantra es repetido una y otra vez en cada acuerdo marco, en cada negociación, bien para aumentar las desorbitadas remuneraciones de los estibadores, bien para ampliar, sin motivo, el censo de los mismos.

Y ahora una de arena. Comprendo, señor ministro, el cabreo que debe de tener, viendo a la señora Pastor encaramada a su cómodo sitial institucional, cuando, como usted sabe, y muchos sabemos, nada quiso hacer por la liberalización de la estiba cuando era ministra de Fomento, a pesar del dictamen de Bruselas y la sentencia de Estrasburgo, y teniendo como tenía el PP mayoría absoluta en el Congreso que hoy lo ha vapuleado.

Otro que tal: el ministro de Justicia, secretario de Estado de Infraestructuras en aquel entonces. Y no digamos nada del señor Llorca, que incluso hizo suyo, en nombre del Estado español, un informe de La Coordinadora que presentó en Bruselas para intentar defender lo indefendible, a pesar de lo cual usted lo sigue manteniendo en el cargo, sin que se sepa la razón de tal proceder.

¿Y ahora qué? Ahora, a negociar a toda prisa. La liberalización de la estiba es no solamente una imposición de Bruselas, sino una obligación ineludible si queremos que nuestros puertos, sobre todo los que justifican su existencia por el trasbordo, puedan seguir existiendo. Supongo que lo sabe, pero si la estiba no se liberaliza, y conseguimos así bajar los costes del paso de la mercancía por el puerto, el de puerto de Algeciras desaparece, el de Málaga también, y el de Valencia entra en pérdidas, al no poder aguantar la competencia de otros puertos cercanos que no están sometidos a ese infumable monopolio.

Usted tiene la razón y la fuerza del poder, pero debe saber que su jefe, don Mariano, concita tal grado de rechazo que los críticos por su reprobable actitud estaban deseando darle en todos los morros.

No se desanime. En usted confiamos para que, rodeado por personas capaces, sensatas y conocedoras de la problemática de la estiba, sea capaz de poner a cada uno en su sitio; y, lo que es más importante, sin tener que recurrir a nuestros dineros, que mucho nos cuesta conseguirlos.

Que Dios reparta suerte.


(*) Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena entre 1996 y 2014.



Estiba o revienta: un grave problema que se ha dejado pudrir / José Oneto *

Hace ya dos años y tres meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó al Reino de España, al considerar contrarios al Tratado de la Unión Europea, aspectos relevantes de la regulación de la estiba (el servicio portuario de manipulación de mercancías) en la Ley española de Puertos. La estiba, es algo fundamental para el funcionamiento de los puertos que en el caso de nuestro país aportan 9.000 millones de euros anuales a la economía nacional. 

Más de la mitad del comercio con la UE y la práctica totalidad del que se mantiene con terceros países, se hace por vía marítima, hasta el punto que los puertos, considerados un sector estratégico de la economía de un país, son uno de los principales motores de la economía nacional. Sin embargo, este sector se encuentra marcado, según el Tribunal de Justicia de la UE, por varios retos, entre los que se encuentra la adaptación de la estiba a un mercado global competitivo y liberalizado.

Por eso, no se entiende que en estos dos años y tres meses, el presidente Mariano Rajoy y su Gobierno, que han estado gobernando durante ese periodo con mayoría absoluta, y que han tenido que asumir una primera multa de 21,5 millones de euros, por violar un Tratado de la Unión, hayan sido incapaces de encontrar una solución para cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo y, sobre todo, para evitar la nueva multa de cincuenta millones de euros, a razón de 134.000 euros mensuales, que ha anunciado Bruselas, si no se toman una serie de medidas en el sector para liberalizarlo, según las normas de la Unión Europea que cumplen todos los países de la UE.

Ha tenido que ser ahora, cuando está a punto, de empezar a correr el plazo, y cuando el Gobierno está más inestable, porque no tiene la necesaria mayoría parlamentaria, cuando ha comenzado a intentar solucionar un conflicto, que debería estar más que resuelto, pero que no se ha querido abordar por no enfrentarse con una situación que recuerda, en algunos aspectos, la reconversión industrial con la que, con un gran coste político, tuvo que enfrentarse el PSOE, en la década de los ochenta del siglo pasado, recién llegados al Gobierno tras la victoria de 1982.

El citado Tribunal de Justicia en esa primera condena, consideraba que el régimen legal en que se desenvuelve el servicio portuario de manipulación de mercancías contravenía el artículo 49 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este régimen, al que se opone y castiga Bruselas, obliga con carácter general a las empresas estibadoras que operan en los puertos de interés general españoles a inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), y no permite recurrir al mercado para contratar su propio personal, ya sea de forma permanente o temporal, a menos que los trabajadores propuestos por la SAGEP no sean idóneos o sean insuficientes. 

Bruselas impuso entonces una multa diaria de cerca de 28.000 euros hasta que se produjese la liberalización. La Comisión Europea llevó a España por segunda vez el año pasado, ante el Tribunal de Justicia por no haber cumplido una sentencia previa en la que se exigía al país que liberalizase el sector de los estibadores, y le instó a actuar para evitar sanciones.

Ahora, deprisa y corriendo, se ha elaborado un decreto ley que ha sido llevado al Parlamento este jueves y, por primera vez en la historia del Parlamento democrático español, ese decreto ley que no contaba previamente con el apoyo de los distintos partidos políticos, ha sido rechazado con los votos en contra de todos los partidos, excepto los del PNV y Partido Popular, y la abstención de Ciudadanos, en lo que ha sido calificada como una derrota histórica. Una derrota que ha dejado al Gobierno en una situación comprometida con Bruselas que había dado el visto bueno al decreto, en el que se recogían las peticiones de la UE y que ha puesto de manifiesto hasta dónde llega la capacidad de diálogo del Ejecutivo, su cintura política y, sobre todo, su improvisación después de más de dos años de dudas no resueltas.

Es verdad que a última hora se ha hecho algún tipo de concesión a los trabajadores, que son conscientes de la fuerza que tienen y de su capacidad de paralizar los principales puertos del país (especialmente Valencia, y Algeciras). La oferta del Gobierno, rechazada por los sindicatos, con la que se pretendía evitar la derrota política en el Parlamento, incluía prejubilaciones voluntarias para los trabajadores con 50 daños, cinco años antes de su edad de retiro, manteniendo el 70 por ciento del sueldo. Una oferta que ya quisiera para sí cualquier otro sector social de este país.

Los sindicatos siguen manteniendo que la reforma del sector impone la liberalización y romper el monopolio de la SAGEP, que tiene el control de la estiba, tanto en el establecimiento como de la contratación. Asimismo esta reforma del sector supondrá una reducción de su sueldo en un 60%. Los portavoces de la CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías) han denunciado que la reforma del Gobierno convertiría los actuales contratos indefinidos en “puestos de trabajo precarios”, pues las empresas podrán “sustituir libremente” a un 25, 50 y 75 por ciento de las actuales plantillas durante los próximos tres años. 

El Gobierno argumenta que lo importante es que las empresas en este país puedan contratar libremente a sus trabajadores. Que en el sector de la estiba pueda entrar a trabajar, por ejemplo, un desempleado de Algeciras que lleva 5 años en paro y que tenga las mismas oportunidades laborales que otra persona que ya está dentro del sector.


(*) Periodista y economista



“La oposición de coalición” y la negociación política / José Manuel Otero Lastres *

Desde el comienzo de la actual legislatura, el Gobierno está obligado a desarrollar una intensa actividad política de negociación; es decir, va a tener que realizar tratos dirigidos a la conclusión de pactos legislativos. El asunto principal que va a requerir esta actuación negociadora es la confección de los Presupuestos Generales para el año 2017, pero, como estamos viendo, no es el único. En estos días, estamos pendientes de la adaptación del sector de la estiba portuaria a la normativa europea.

Las actitudes que han dejado traslucir los implicados en el asunto de la estiba parecen revelar una mayor sensación de fortaleza de los que tienen menos poder de gobierno. Así, a la posición sumamente exigente de la “oposición de coalición”, integrada por el PSOE, Podemos y Ciudadanos, se contrapone una postura inevitablemente transigente del Gobierno. 

De suerte que, frente a la exigencias que plantean los sindicatos, apoyadas sin fisuras por Podemos (las imágenes de ayer dirigidas a los sindicalistas levantando el puño en señal de victoria de Pablo Iglesias son muy reveladoras) y con el desconcierto propio de los boxeadores noqueados por parte del PSOE y C,s, el Gobierno reitera su voluntad de seguir dialogando con los interesados con vistas a desmontar la posición monopolista en la que se encuentra dicho sector.

Si tuviéramos que valorar las posiciones de las partes negociadoras por las armas que blanden públicamente, tal y como hacen algunos animales ante de enzarzarse en la pelea, habría que considerar ganadores a los que negocian con el Gobierno. Éste muestra tal necesidad de alcanzar el pacto que se convierte en debilidad, y genera la apariencia de que es al único que le interesa. 

Es tal la necesidad cortejadora que tiene el Gobierno (que tiene que acatar ineludiblemente las directrices europeas) con sus negociadores que es lógico que produzca en ellos engreimiento. Por eso, se comprende que otros protagonistas hayan salido a la escena política para animar al cortejado a que desdeñe al pretendiente y lo obligue en último término a convocar elecciones generales.

Y es que mostrar debilidad no parece la mejor actitud para iniciar los tratos que deben desembocar en el pacto. La sensación de endeblez inherente en la propia necesidad de alcanzar el acto por uno de los negociadores produce en el otro el consiguiente aumento de su arrogancia. Y desde esta posición altanera que se deja alcanzar a la “oposición de coalición”, es mucho más difícil llegar a un acuerdo que no consista en otorgarle todo lo que previamente había exigido. 

Dejar que públicamente se crezca en exceso al otro negociador es un inconveniente añadido para lograr el pacto, que hubiera sido perfectamente evitable de haber puesto desde el principio sobre el tapete las enormes fortalezas negociadoras que tiene el Gobierno, como sucedió por ejemplo hace cierto tiempo en las negociaciones con los controladores aéreos.

La “oposición de coalición”, en lugar de mostrarse tan ufana por darle un revolcón al gobierno, debería tener muy presente que nuestra Constitución establece que es el Gobierno –y no la mayoría parlamentaria coaligada- quien dirige la política interior y exterior de España y que eso significa que tiene encomendado la defensa del interés nacional. Y este interés consiste indiscutiblemente en acatar las exigencias europeas y evitar el pago de una multa diaria de más de 130.000.


(*) Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá


Marasmo / Ramón Cotarelo *

El domingo pasado, en un post titulado Disonancias decía Palinuro que "este gobierno no puede gobernar, pero tampoco convocar elecciones anticipadas por razones obvias." Que no puede gobernar viene siendo patente desde el comienzo de su nuevo mandato en el que no ha hecho nada, pero la derrota de ayer en el decreto sobre los estibadores es mucho peor que nada, ya que supone andar en dirección contraria a su programa. Incumplir el programa no es cosa que preocupe en el PP, pero no incumplir por imposición ajena, en defensa de los intereses de los estibadores.

La prueba definitiva, el 31 de marzo con la aprobación de la cuentas en el consejo de ministros. Si los presupuestos no se aprueban es de esperar una convocatoria de elecciones anticipadas y ahí es donde se verá si la premonición de Palinuro es acertada o no: el gobierno no puede gobernar, pero tampoco convocar elecciones anticipadas. Caso de hacerlo, España afrontará el tramo final de la hoja de ruta catalana con un gobierno en funciones. Cierto, el que hay ahora no está mucho mejor, pero, cuando menos, hay actividad parlamentaria y foro de debate en el que seguramente se forjará una sacra unión nacional de partidos dinásticos (PP, PSOE y C'S) para proteger la monarquía y la unidad de España. Con un gobierno en funciones todo eso es muy difícil.

La división en el PSOE es una muestra más de las turbulencias en España. El enfrentamiento entre la candidatura oficialista de Susana Díaz y la de las bases de Pedro Sánchez es total y reproduce el del país. El campo de Sánchez acusa al de Díaz de todo tipo de guerra sucia: manipulación del censo, campañas de descrédito, censura y empleo del aparato del partido a favor de la candidata. Es obvio que hay unas sinergias en el campo de Díaz con el aparato, los barones, los tertulianos, los ex, los medios, los votantes del PP y hasta el Ibex35. De no haberse sublevado las bases insospechadamente, la candidatura de Díaz, una candidatura de caudillaje, con efluvios de PRI, se hubiera impuesto por aclamación. De hecho, al no ser todavía candidata oficial, Díaz viene a ser la tapada del PRI.

A primera vista, si no se hacen malabarismos con el censo, ni se ponen inconvenientes al voto telemático, ni se incordia a las candidaturas de mil formas, puede ganar Pedro Sánchez con un discurso de izquierda. De suceder, podría abrirse una interesante etapa de búsqueda de la unidad de la izquierda. Pero, a los efectos del gobierno y la legislatura, esta situación sería irrelevante. Al no ser el nuevo SG diputado del Parlamento (en ninguno de los dos casos), el grupo parlamentario del PSOE mantendría su composición y línea de actuación. 

La sola esperanza de Rajoy de mantenerse en el gobierno y conseguir al tiempo algún tipo de gobernabilidad es que Susana Díaz gane las primarias. Para ello ha de posponer la convocatoria de elecciones con el riesgo de que, si gana Sánchez, la gobernabilidad se evaporará, habrá que ir a elecciones y es posible que en ellas dé Sánchez una sorpresa.

La cuestión con el gobierno de España ya no es cómo se siguen depilfarrando los caudales públicos con las multas que habremos de pagar a causa del fiasco de la estiba, sino quién y cómo estará tomando decisiones respecto a la hoja de ruta catalana.

Añádase el rosario de casos de corrupción y podremos preguntarnos cómo es posible haber llegado a este marasmo con tal grado de incompetencia.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED