Desde que la UCAM, apoyada por el Gobierno del PP y en concreto por
Valcárcel, inició el negocio de la Facultad de Medicina se sabía que
tarde o temprano se haría patente el fraude de aprobarla sin existir
garantía de un hospital docente propio. Se confiaba en que el hecho
consumado acabaría presionando para obtener recursos sanitarios
públicos. Un caso más de parasitismo de lo privado sobre lo público como
tantos a los que nos ha acostumbrado el PP en toda España. 
El
caso era preocupante puesto que no había justificación social para
formar más médicos, tal como señaló la Conferencia de Decanos de
Medicina. Todo lo contrario, ya sobran médicos y conviene reducir su
número. Pero la dinámica empresarial del negocio privado fue adelante y
en esa tesitura entra en conflicto con la Facultad de Medicina de la
UMU, provocando el plante de la misma en este inicio de curso. Por la
Ley General de Sanidad (LGS,1986) mediante los convenios suscritos entre
ambas instituciones (Universidades públicas y Servicios de Sanidad de
las diferentes Comunidades Autónomas) es la estructura sanitaria pública
con acreditación formativa la encargada de la formación práctica de los
estudiantes de Medicina de las Facultades públicas.
Estaba
cantado el conflicto al querer ocupar la UCAM los mismos hospitales para
sus alumnos que los que dispone la UMU según convenio vigente hace ya
años. Hasta ahora se habían guardado las formas y las sucesivas
consejeras de Sanidad regionales habían hecho gala de cierta
neutralidad, pero con Pedro Antonio Sánchez como sucesor de Valcárcel,
al nombrar a Encarnación Guillen, profesora de la Facultad de Medicina
de la UCAM consejera de Sanidad, tales formas se han roto. Se es juez y
parte. Se usa claramente el Servicio Murciano de Salud, SMS, como
complemento del negocio de la UCAM, retorciendo la legislación (si hace
falta) y entrando en favoritismos y supuestas prevaricaciones para
ofrecer el derecho a disponer los hospitales de la región por parte de
la UCAM confiando luego en que el sudoku de distribuir los alumnos de
una y otra institución en los mismos hospitales acabe cuadrando.
Consideramos
inaceptable la pretensión de la empresa privada del señor Mendoza, la
Facultad de Medicina de la UCAM, de aprovecharse de la estructura
sanitaria pública para obtener un beneficio neto de 800.000 euros
(cuando todos los cursos estén implantados) al pagar por cada
alumno/hora 0,70 euros y cobrarles 9.000 de matrícula. Nos parece
igualmente inaceptable, como ya se dijo, que la consejera de Sanidad,
profesora de la Facultad de Medicina de la UCAM, gestione este conflicto
como juez y parte.
En este momento de conflicto entre la Facultad
de Medicina de la UMU y la de la UCAM, debería abrirse una comisión de
investigación en la Asamblea Regional para determinar si hubo comisión
de delito al aprobar en su momento, por el Gobierno regional del PP, la
puesta en marcha de una Facultad de Medicina privada sin justificación
social y sin garantía de disponer de un hospital docente propio
acreditado para las prácticas clínicas, cuestión que va más allá de los
informes meramente técnicos emitidos en su día por la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA.
Además,
conviene recordar que los profesionales sanitarios de las instituciones
sanitarias públicas pueden verse amparados por las disposiciones legales
que arrancan de la Ley General de Sanidad, LGS, y de los convenios
públicos, pero nunca por convenios con instituciones privadas con ánimo
de lucro.
En el actual conflicto, y mientras se depuran
responsabilidades, nos parece necesario que dimita la consejera de
Sanidad, por mínima ética, así como que se suspenda el Convenio de
Prácticas con la UCAM.
(*) Catedráticos de la Universidad de Murcia
No hay comentarios:
Publicar un comentario