Más respeto para la Marina de Cope / Pedro Costa Morata *

El que haya quedado descartada, por la acción judicial, la superurbanización en mala hora llamada Marina de Cope, en los términos municipales de Águilas y Lorca, no da lugar a que quepan (o que haya que promover) miniactuaciones de la misma índole que la fracasada, es decir, turística, simplemente porque sugieran un impacto menor. El enfoque no es ése, sino precisamente el contrario. 

Resulta que, de pronto, han aparecido en la franja costera de la Marina de Cope tres proyectos de índole turística que, debido a la singularidad de ese espacio y su estatus jurídico-ambiental, merecen ser rechazados de entrada. 

El primero de ellos, ahora en información pública, consiste en un camping junto al símbolo de la comarca, la Torre de Cope, elevada en el siglo XVI en el sistema defensivo de nuestras costas, pero de origen más antiguo, seguramente romano. Como suele suceder en el caso de iniciativas que quisieran eludir cualquier examen crítico, este camping pretende ser de alto nivel ('cinco estrellas', dicen los empresarios, franceses a la sazón), queriendo decir con ello que Águilas debiera sentirse muy honrada con este proyecto, dando todas las facilidades para su instalación.

El asunto es que, como bien se sabe, la Marina de Cope está declarada Parque Regional y que, pese a ello, carece de Plan de Ordenación de Recursos Naturales, veinte años después de su protección formal, simplemente porque las instituciones siguen sin atreverse a hacerlo, atemorizadas por las organizaciones agrarias locales. 

Es bien conocido el cerrilismo de, concretamente, el líder local de ASAJA, José Martínez, que no sólo no disimula su hostilidad a este espacio y esta protección, sino que tiene a gala decir que no dejará el puesto «hasta que no se haya cargado el Parque» (¡qué fino, qué gracioso!); y debe sentirse muy contento porque, campaña tras campaña, el avance de los cultivos antiecológicos va erosionando fatalmente la Marina, para satisfacción de agricultores con la misma sensibilidad que el susodicho. 

El hecho de que, de forma tan dolosa, este Parque no haya recibido la normativa de protección correspondiente, y ya que su protección legal inicial está vigente (aunque la agricultura intensiva la vulnere descaradamente), como el Tribunal Constitucional tuvo que recordar, no cabe utilizar este relativo vacío legal para 'colar' proyectos comerciales de tipo turístico. 

Es al revés: como no hay normativa, no debe autorizarse nada, por mínimo que aparente ser el impacto a esperar, mientras no sea realidad el tan boicoteado Plan de Ordenación de Recursos. No quiero pensar que el ayuntamiento de Águilas haya dado esperanzas a estos promotores, porque su actitud institucional debe ser bloquear cualquier ocurrencia de ese tipo precisamente, ya digo, por la ausencia de marco legal concreto y de aplicación. 

Da la impresión de que, concretamente en el ayuntamiento de Águilas, se piensa que el medio ambiente, con sus serias exigencias, es un ámbito de acción política en el que existen grandes posibilidades de lograr imagen y lustre, lo que constituye un craso error, ya que el medio ambiente, por esas mismas razones de singularidad y conflictividad que casi siempre le acompañan, suele generar más problemas y quebraderos de cabeza que otra cosa; y no ofrece, siendo realistas, oportunidades para explotar fotos ni discursos. 

Me preocupa ver en un proyecto ambiental sobre basuras marinas, dirigido por este Ayuntamiento, a la asociación Ambiente Europeo, dirigida por Daniel Rolleri, que me parece un listo que ha encontrado su hueco en esa parte, nociva, del ecologismo oportunista, que explota las subvenciones y el trabajo gratis de los voluntarios, con frecuentes campañas de recogida y contabilización de residuos en nuestras playa; pero que culminan con el secreto de los resultados, que el citado personaje guarda celosamente no sé muy bien dónde ni por qué. 

Esto es lo que deduzco después de haberle reclamado por dos veces, sin éxito, que me facilite la estadística que produce el trabajo de tantos bienintencionados (y en una ocasión, y puntualmente, el mío propio y el de mi nieto); una información que, por cierto, estoy seguro de que pondría en evidencia la contaminación atroz de nuestro dominio público litoral por la actividad agraria intensiva. Pienso solicitarle esos datos una tercera vez, aunque no sé si ponerle música a mi petición o hacerlo mediante requerimiento notarial, ya que antes o después deberán ser puestos a disposición del fiscal Díaz Manzanera. Por supuesto que esto no va a quedar así. 

Sobre el asunto que nos ocupa, el camping previsto en el lugar más significativo de la Marina de Cope (y a los pies del sacrosanto Cabezo, que no deja de sufrir intemperancias y necedades varias), resumiré diciendo que sería deseable evitar que este proyecto junto a la Torre o las otros dos iniciativas anunciadas y que pueden venir a continuación, se judicialicen y arrastren al partido mayoritario en Águilas, erosionándolo precisamente a un año de las elecciones municipales, cuando ya casi todo lo que se haga, o se deje de hacer, habrá de entrar necesariamente en campaña. 

Mientras tanto, es de lamentar que se mantenga el escaso interés de los ayuntamientos de Águilas y Lorca por la protección de este espacio, coincidiendo tanto el PP como el PSOE, y hasta Podemos, en dejar hacer a los antiparque, que no disimulan su objetivo de liquidar finalmente sus valores ambientales y entregarlo, por la vía de los hechos, a la acción corrosiva actuante. La intimidación del poder agrario pilla de lleno a la mayor parte de la clase política, resultando incomprensible en el caso de PSOE y Podemos (que no pueden esperar apoyo electoral de estos agricultores tan agresivos, volcados táctica y estratégicamente en el PP). 

Así que, un respeto, más cuidado y prudencia: un mínimo de sensibilidad ecológico-ambiental, una mirada al futuro y fortaleza ante las presiones, sean agrarias, sean empresariales. Y de momento, prodúzcase un rechazo sin ambigüedades, público y municipal, al proyecto de camping en la Torre de Cope.

(*) Ingeniero, activista y profesor jubilado

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2018/05/23/respeto-marina-cope/924278.html

El insoportable cinismo de Aznar / Rubén Amón *

No está claro si Aznar tenía un Gobierno o si pretendía asaltar el tren de Glasgow. Porque se le están amontonando los ministros implicados en casos de corrupción. Y porque la detención de Zaplana con las sirenas de la Guardia Civil demuestra que el expresidente del Gobierno descuidaba el escrúpulo de los castings. 

La imagen de su Ejecutivo en las escaleras de Moncloa parece una rueda de reconocimiento. Un círculo rojo caracteriza el tormento judicial Rodrigo Rato, de Jaume Matas, del propio Zaplana. Y sobrentiende el papel tutelar de Aznar como cabecilla inmune e impune del laberinto en que ahora se haya preso Rajoy.

La responsabilidad in vigilando se antoja tan embarazosa como la opulencia de la boda escurialense. La megalomanía de Aznar en el monasterio de Felipe II es el pecado venial de la orgía de corrupción en que incurrieron los invitados y que ahora ha quedado escarmentada con la sentencia ejemplar de la Gürtel. No bastan las conjeturas para señalar el papel inductor de José María o la autoría intelectual, pero sobran las impresiones y las exhibiciones para identificar en aquellos fastos nupciales el descaro de la cultura del cohecho, de la comisión, del blanqueo y de la obscenidad.

La resaca de la corrupción en tiempos del aznarismo amenaza con sepultar las últimas opciones políticas del PP. Se explica así que la exhumación de Zaplana haya pretendido resolverse en Génova como una manifestación extemporánea del antiguo régimen, hasta el extremo de que los populares identifican el silencio de Aznar como un gesto de cobardía o como una expresión de complicidad. 

El objetivo no solo consiste en hacer responsable al antiguo jerarca de los años del pelotazo y de las sentencias en curso, sino en fomentar el papel candoroso e impecable de Rajoy. Sería la de Mariano una corrupción heredada. El presidente del Gobierno ha encontrado oxígeno de baja calidad en los socorristas del PNV, pero la estabilidad que le garantizan los Presupuestos se expone a la conspiración de los esqueletos. 

Han salido de sus tumbas los fantasmas del aznarismo. Y va a resultarle muy difícil desvincularse de ellos. Entre otras razones porque el propio Rajoy,  atrincherado en la superstición de los "casos aislados", proviene de aquella época oscura y porque proliferan los escándalos contemporáneos. Bárcenas era “su” tesorero de confianza. Rato fue “su” presidente de Bankia. Rita Barberá prosperó a su vera. Incluso la trama del PP madrileño operó debajo de su despacho.

Aznar ha logrado sustraerse a las fechorías que cometieron sus ministros y sus compadres. Acusa a Rajoy de haber dilapidado el patrimonio político que le dejó en herencia, pero se desvincula al mismo tiempo de los escándalos que van a laminar la credibilidad del PP. La lentitud de la Justicia se entromete en la agonía de Rajoy como el agua de antiguas tormentas, de forma que los aliados del presidente han decidido matar al padre Aznar. 

No ya como referencia atmosférica de las antiguas corruptelas y como fusible de los escándalos que se avecinan, sino porque se ha erigido en adulador y protector de Albert Rivera, ungiéndolo en la intimidad como campeón del liberalismo y del patriotismo. Estremece la paradoja: Aznar elude su responsabilidad en la época más nauseabunda del PP y aspira a convertirse en evangelista de la victoria de Ciudadanos.

(*) Periodista

https://elpais.com/elpais/2018/05/24/opinion/1527149802_525152.amp.html

¿Es una rebelión? No, Sire, es una revolución / Ramón Cotarelo *

Mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado La revolución catalana, en el que, con el ánimo más constructivo posible, se pretende aclarar a los jueces la diferencia entre una rebelión que se afanan en buscar y no encuentran y una revolución que se encuentran a cada paso sin buscarla. 

 

Aclaración necesaria porque en la formación intelectual de sus señorías impera una lógica franquista que no les permite ver la realidad. No existe rebelión porque no hay violencia. Hay una revolución. Pero esta no puede perseguirse penalmente. No es un concepto jurídico, sino prejurídico, político, sociológico, filosófico. No es un delito. 

 

Más fríamente: la revolución solo es delito si fracasa porque, entonces, los vencedores juzgarán a los vencidos con su código y los acusarán de rebelión. Eso es lo que hizo Franco: condenó por rebelión a quienes habían defendido la legalidad frente a su rebelión. Que esto fuera justo o no, en aquella situación de dictadura, era indiferente. Como lo es ahora en la de dictadura actual.

Pero eso es solo si la revolución fracasa. Si triunfa se inaugura un orden jurídico nuevo en el que aquella acusación de rebelión se reduce a lo que es: un disfraz jurídico de una persecución política, ideológica, contra el independentismo. Que la revolución no violenta, democrática, transversal, fenómeno político articulado a través de la desobediencia y la resistencia pacífica, triunfe o no, no depende de los tribunales, sino de la correlación de fuerzas entre el independentismo y el nacionalismo español en el contexto internacional de hoy. 

Aquí, la versión castellana:

La revolución catalana

Sus señorías están desconcertadas. Llevan seis meses hablando de rebelión y esta no se manifiesta por lado alguno; al menos según su propia definición que exige la presencia de violencia. Violencia de verdad, no la imaginaria. No un ceño fruncido, una voz más alta que otra o algún gruñido. Violencia en serio. Como la que ejercen las fuerzas de seguridad del Estado cuando reciben la orden de apalear ciudadanos sin miramientos. De ahí, para arriba. 

 

Violencia como el atentado de las Ramblas. Y de eso no hay ni rastro en la acción del movimiento independentista que lleva años ejerciéndose y en todo tipo de contextos. No hay violencia y no pueden inventársela, aunque lo intentan. Por tanto, no hay rebelión.

Lo que hay es una revolución. Pero esta no está en el código penal, no es un delito. Es un concepto político y hasta filosófico pero no jurídico. Y, sin embargo, en cuanto alteración radical del ordenamiento jurídico es el peor y más general de los delitos. Pero no se puede castigar por no estar definido como tal. 

 

Y no se puede castigar porque, además de lo problemático de la definición, el derecho penal de la modernidad, como el civil, nace precisamente de una revolución, la francesa. En realidad, la rebelión no es más que una revolución fracasada y reprimida por el poder. Cuando triunfa, nadie la condena y hasta es la fuente del derecho.

Es el caso de la revolución catalana, a la que el Estado, evidentemente, no puede hacer frente porque no la entiende. Hace años que los comportamientos individuales y colectivos del independentismo catalán no encajan en los tipos delictivos del derecho penal español. 

 

Como tampoco lo hacen en los esquemas mentales de los políticos que rivalizan (o debieran rivalizar) por conseguir la gobernación del Estado. Aplican estos concepciones estereotipadas trasnochadas, incapaces de dar cuenta de la novedad del independentismo catalán. Y llegan al delirio. 

 

El señor Sánchez ha arremetido contra el “supremacismo” y “racismo” del señor Torra con una base documental falsa y manipulada con auténtica pasión justiciera. Lo ha comparado con Le Pen muy contento de haber encontrado un supuesto punto débil en el adversario, lo que le ahorra tener que razonar por qué está en contra de las demás cuestiones. 

 

Sin embargo resulta que el señor Torra no es racista ni xenófobo y, para amigos de Le Pen, los socios de Sánchez, C’s, que se fotografían gustosos con cuanto lepenista encuentran y andan en negociaciones con el señor Valls, el de la expulsión de las niñas gitanas.

Esta obstinación en que nada se mueva, en que no hay innovación, muy típica de España, va contra el ciclo largo de cambios que se viene dando en Europa desde el fin de la guerra fría y la división en bloques. Todo el sistema político continental ha tenido y sigue teniendo cambios de gran envergadura. 

 

Han aparecido y desaparecido Estados, han cambiado regímenes políticos, han mutado o se han reformado estructuras constitucionales, ha habido cambios radicales de sistemas de partidos, las fronteras heredadas de la guerra han mudado, se han creado y destruido asociaciones, alianzas y coaliciones de todo tipo, las ideologías han resucitado y son administradas por los medios de comunicación.

Algunos ejemplos de innovaciones y singularidades: en Portugal hay un gobierno de unidad de la izquierda que funciona; en Italia se inicia un curso tempestuoso de la mano de dos partidos que todos califican de antisistema, La Liga y el M5 estrellas, por el que nadie daba un euro hace un par de años; la UE, aquejada de Brexit, tiene que encontrar una nueva forma de justificación y organización.

En ese clima europeo de cambio y mudanza, la revolución catalana como un movimiento transversal, sin distinción de clases, pacífico, cívico, democrático con un enorme respaldo social a través de asociaciones que forman un entramado con gran capacidad de movilización es un fenómeno nuevo para el Estado. No lo es en sí mismo, pero sí para un Estado que jamás se vio obligado a enfrentarse a él más que por la fuerza de las armas. Y ahora no es el caso. Y no sabe qué hacer.

La falta de competencia y experiencia de los políticos españoles se debe a que nunca han tenido que hacer política de verdad. Nunca por ejemplo ha habido gobiernos de coalición en España desde la muerte del dictador. Su espíritu es de imposición y no de negociación y, a base de perseverar en ese error, a base de abordar una cuestión política como una de orden público, a base de judicializar y, por tanto, cegar, toda posibilidad de entendimiento, han llevado la situación a un punto de todo o nada.

Un punto en el que creen que van a ganar porque el nacionalismo español tiene la fuerza y la emplea y el independentismo catalán está “descabezado”, maniatado, controlado e intervenido. Da la impresión, sin embargo de que es al revés: el nacionalismo está al final de la escapada pues únicamente puede conservar su dominio en Catalunya por medios represivos, a través de una dictadura de hecho que no podrá prolongar.

Enfrente se encontrará una sociedad en revolución, no en rebeldía, que no está dispuesta a ser gobernada como una colonia. Y la desobediencia civil y la resistencia pacífica de esa sociedad acabarán prevaleciendo sobre la imposición.

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

La palabra del PNV y su pacto con el PP / José Antich *

Primera lección. En política la palabra dada vale lo que vale y, con los tiempos que corren, cada vez vale menos.

Segunda lección. Lord Palmerston fue el primero que acuñó la siguiente frase: "Las naciones no tienen ni amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes".

Tercera lección. El catalanismo político se ha deslumbrado históricamente con el nacionalismo vasco. También han tenido una relación de amor-odio, donde encuentros y desencuentros han ido sembrando una distancia política entre ambos espacios de difícil reconducción desde hace mucho tiempo.

Cuarta lección: En la política española, el PNV ha demostrado que hoy por hoy, y perdonen la expresión, es el puto amo.

Ni la inhumana e injusta prisión provisional de una parte significativa del Govern cesado por Mariano Rajoy y también de varios líderes del independentismo, ni el exilio de la otra mitad del Ejecutivo catalán, ni el solemne compromiso de no aprobar los presupuestos del Estado si no se levantaba antes el artículo 155 que ha suspendido la autonomía catalana, ni una hemeroteca-fonoteca-videoteca a rebosar de declaraciones aparentemente sinceras durante estos meses han decantado al PNV hacia las posiciones del independentismo catalán. 

El PNV ha priorizado un acuerdo millonario para regar el territorio vasco. Le ha sacado la cartera a Rajoy y a Montoro y, hasta aquí nada que decir. En otras ocasiones lo ha hecho el nacionalismo catalán y le ha importado poco lo que pensara el PNV y el perjuicio que acabar teniendo por una negociación bilateral a sus espaldas.

Pero, al menos visto desde Catalunya, esta ocasión era diferente y ambos partidos estaban obligados a dejar de lado las viejas afrentas y rencillas. Por en medio hay presos políticos, un deambular de la extrema derecha como nunca se había visto antes en Catalunya, recortes de libertades y, sobre todo, la palabra dada cuando nadie le pidió al PNV unas declaraciones públicas tan contundentes. 

Mariano Rajoy ya tiene sus presupuestos en un año clave ya que es en el ecuador de la legislatura. De hecho, con este acuerdo político puede fácilmente completar los cuatro años correspondientes. 

En el otro lado, el del independentismo catalán, quizás sus dirigentes aprendan alguna de las cuatro lecciones del principio. El hecho de ser nuevos muchos de ellos no debería hacerles olvidar que la historia es cíclica y que casi todo lo que pasó antes o volverá a pasar. 

Al tiempo.

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-pnv-presupuestos-pp_271218_102.html 

Revista de Prensa / Alfredo López-Luque *

El PNV su­perstar con sus cinco votos de oro copa casi todas las por­tadas y aper­turas este jueves por su pro­ta­go­nismo en la apro­ba­ción de los Presupuestos, la es­ta­bi­lidad de Rajoy y la alu­sión her­mé­tica de que en Cataluña puede le­van­tarse muy pronto el 155 por la for­ma­ción de un Govern via­ble. El fre­nazo de Torra a la toma de po­se­sión se in­ter­preta ma­yo­ri­ta­ria­mente como paso atrás en el desafío por el desafío, aunque si­guen las ten­siones en la ca­lles, las playas y las co­lumnas de opi­nión en Cataluña. El alivio para Rajoy se in­ter­preta como vía libre para el inicio de hos­ti­li­dades en busca del voto per­dido a costa de Cs, con un pis­to­le­tazo de sa­lida: la cobra mutua de Montoro y Rivera al cru­zarse en el he­mi­ciclo y mirar a otro la­do... 

Abundan otros ejes de ac­tua­li­dad: Bruselas aprueba con re­paro las cuentas en­viadas por Madrid, pero man­tiene a España como único país en dé­ficit ex­ce­sivo y ad­vierte de que este año tam­poco se cum­plirá el ob­je­tivo: me­ga­con­trato fe­rro­viario de 5.700 mi­llones en Gales fe­rro­vial en alianza con SNCF; parque eó­lico ma­rino de Iberdrola en Massachusetts, con una in­ver­sión de 2.400 mi­llo­nes; el ple­bis­cito en Podemos por el cha­let, con di­fe­rentes ver­siones sobre si di­mi­tirán Pablo igle­sias e Irene Montero se no llegan a 75.000 o a 120.000 apo­yos; fuga del ra­pero Valtonyc para no ir a la cárcel de este 'Estado fas­cis­ta'; ad­ver­tencia en Bruselas de los pre­si­dentes de Santander, BBVA y CaixaBank de que debe haber re­glas claras e iguales para todos para que las fin­tech no com­pitan con ven­taja; y suma y sigue de Zaplana y Fernández de Moya; y en la prensa in­ter­na­cio­nal, anuncio por sor­presa en EEUU de po­si­bles aran­celes del 25% al im­por­ta­ción de au­to­mó­viles al am­paro de una an­tigua ley que in­voca la 'seguridad na­cio­nal'. 

INFORMACIÓN GENERAL. La Vanguardia: El Supremo alemán po­dría acabar pro­nun­cián­dose sobre Puigdemont: la Fiscalía de Schleswig-Holstein tiene la op­ción de pedir un dic­tamen vin­cu­lante (María-Paz López). Otro ti­tu­lar: Puigdemont idea una fe­de­ra­ción del in­de­pen­den­tismo (Jaume Pi). 

El Español: Así se en­seña a los niños el 1-O: 'Hubo más de mil he­ridos por culpa de la po­licía es­pañola' (Carmen Lucas-Torres). Otro ti­tu­lar: El TC afirma que la pri­sión de un po­lí­tico li­mita 'de forma in­de­fec­ti­ble' sus de­re­chos (María Peral). El Confidencial: 'Operación lim­pie­za': así quieren blan­quear la imagen de su­pre­ma­cista de Torra (A. Fernández). 

El País: Eurobarómetro: los eu­ro­peos con­fían en los nuevos par­tidos más que en los tra­di­cio­nales (Lucía Abellán). Público: Zaplana uti­lizó la red de blan­queo de Villarejo para mover di­nero entre España y Uruguay (Patricia López). El Correo: Bildu y PNV re­gu­la­rían en el nuevo Estatuto cómo se ob­ten­dría la na­cio­na­lidad vasca. 

ECONOMÍA Y EMPRESAS. Vozpopuli: Rajoy y Sánchez va­loran un tándem Yebra-Vegara para di­rigir el BdE: la ex­se­cre­taria del Tesoro con Guindos ejer­cería de go­ber­na­dora y el ex nú­mero dos de Solbes como sub­go­ber­nador (Jorge Zuloaga y Miguel Alba). Otro ti­tu­lar: La fi­lial bra­si­leña de Iberdrola pide 350 mi­llones más para la guerra por Eletropaulo (Raúl Pozo). 

Capital Madrid: Iberdrola y Enel se disputan el con­trol del mer­cado eléc­trico bra­si­leño: ambas temen que China puje por Eletropaulo y se haga fuerte en el ne­gocio re­gional (Julián González). Otro ti­tu­lar: El pin­chazo de la zona euro con­dena a la banca a un final de tri­mestre duro en Bolsa (Quesada Vargas). 

El Confidencial: Iberdrola vende todas sus plantas de co­ge­ne­ra­ción en España: pre­tende rotar ac­tivos por 3.000 mi­llo­nes. Otro ti­tu­lar: Competencia au­to­riza a Acciona la venta de Trasmediterránea a Naviera Armas (Víctor Romero). El País: El ne­gocio de la ma­ni­pu­la­ción di­gital en España: la des­in­for­ma­ción y los bulos son ren­ta­bles gra­cias al mo­delo pu­bli­ci­tario en la Red (Fernando Peinado y Daniel Muela). 

Expansión: Santander, BBVA y Caixa: las 'fintech' deben re­gu­larse; Ana Botín, Francisco González y Jordi Gual re­claman una ar­qui­tec­tura legal igua­li­ta­ria. Otro ti­tu­lar: El Corte Inglés re­mo­dela su equipo di­rec­tivo. Otro ti­tu­lar: Telefónica, Vodafone y Orange cargan contra el im­puesto di­gital de Montoro (Mercedes Serraller). Otro ti­tu­lar: José Moreno busca aliados para ganar poder en Sacyr (C. Morán). 

El Economista: Los edi­fi­cios de El Corte Inglés valen el doble que su ne­go­cio: si sale a Bolsa, la ac­ti­vidad queda en 10.400 mi­llo­nes, frente a los 21.700 de los in­mue­bles (L. de la Quintana y J. Romera). Cinco Días: Entrevista a Klaus Regling, di­rector ge­rente del MEDE: ‘España de­bería tener col­chón fiscal para cuando cambie el ci­clo’; ‘Puede haber acuerdo en junio para un fondo de ga­rantía de de­pó­sitos eu­ro­peos’. 

(*) Periodista

https://www.capitalmadrid.com/news_links/2650 

Podemos pide abordar el "desafío" del agua en la cuenca del Segura con herramientas coherentes con su situación

CARTAGENA.- María Giménez, diputada regional de Podemos, ha señalado tras la comparecencia en la Asamblea Regional del presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez Beltrán, que la transición de la que ha hablado sólo puede hacerse como él mismo ha dicho "si entendemos la complejidad de la cuenca. Desde Podemos apostamos por supuesto por el mantenimiento del Tajo Segura pero siendo conscientes de que es un recurso finito, mientras que el agua desalada es un recurso propio que como ha resaltado Jiménez Beltrán es hasta de más calidad que la que baja por el trasvase".

Giménez también ha pedido al gobierno del Partido Popular que deje de intentar "enfrentar" a agricultores con el resto de partidos políticos puesto que "es entre todos como podemos alcanzar soluciones para el déficit de la cuenca".

De ahí que la diputada de Podemos haya calificado como "pérdida de oportunidad" el hecho de que el Pacto Regional del Agua se quede en un documento "inerte, caduco, puesto que aborda la cantidad de problemas técnicos y medioambientales a los que nos enfrentamos, con herramientas del siglo pasado. En ese pacto sólo se habla de los mismos instrumentos que ya han sido fallidos en las últimas décadas".

Por ello, María Giménez ha hecho hincapié que el futuro sólo se puede afrontar "con la unidad entre los representantes públicos, los agricultores y el resto de sociedad civil implicada en la gestión del agua". 

Esta era una de las principales reivindicaciones de Podemos en el Pacto Regional, la transparencia y la participación, junto con la realización de una auditoria de los regadíos ilegales de la Cuenca. Ambas propuestas fueron rechazadas.

Por último, la diputada de Podemos ha incidido en que tal y como ha dicho el compareciente, "es incomprensible que los dirigentes de la Región de Murcia no estén aprovechando el mayor recurso natural que tenemos, el sol. Podríamos ser un territorio puntero en cuanto a innovación y tecnología. Lamentablemente, seguimos con políticas que piensan más en lo que no tenemos que en lo que nos hace fuertes de manera natural".

El PSRM apuesta por la gratuidad de las matrículas universitarias de los alumnos que superen las asignaturas

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha asegurado, en la primera reunión con el rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, que: "Queremos beneficiar a los estudiantes de familias que más lo necesitan, premiando siempre la cultura del esfuerzo".

Para ello, mientras el Gobierno de España no acometa la reforma del sistema de becas, pedimos en la Asamblea Regional que las universidades públicas puedan aplicar en los precios de matrícula de grado una bonificación equivalente al 99% de los créditos aprobados el curso anterior. Esta bonificación se aplicaría ya a los alumnos de segundo el próximo curso y se irá ampliando en los cursos de tercero y cuarto en los dos años siguientes.

A esta reunión, que ha tenido lugar este miércoles, ha acudido el vicesecretario general y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López, la vicesecretaria general Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas, Gloria Alarcón, y el diputado Ángel Rafael Martínez.

"La brecha social y la desigualdad es el principal problema que tenemos en la Región. Las universidades públicas, tanto la UMU como la UPCT, son el principal elemento para generar igualdad de oportunidades entre los jóvenes de cara a su futuro".

Diego Conesa ha recordado que numerosos jóvenes, tanto de familia numerosas como familias monoparentales, o hijos de mujeres víctimas de la violencia de género, requieren de un apoyo adicional al que tienen. 

"El futuro de las universidades públicas es el futuro de la Región de Murcia. Esto lo hemos planteado en la Asamblea Regional y al rector Luján".

En la reunión, se ha planteado la necesidad de que se incremente la partida presupuestaria de becas y ayudas al estudio en los próximos años para sufragar la primera matrícula. 

"Este incremento permitirá ir aumentado el umbral de renta paulatinamente para la compensación de la primera matrícula, comenzando con los tramos de renta familiar más bajos hasta alcanzar el 100% del alumnado en cuatro años".

En los últimos años de crisis muchos estudiantes universitarios han tenido que abandonar sus estudios por razones económicas. 

"A los problemas económicos de las familias se une el endurecimiento de la política de becas que ha realizado el gobierno del PP, lo que ha disuadido a muchos estudiantes de la Región a iniciar estudios superiores".

Otra de las cuestiones expuestas ha sido la necesidad de establecer, mediante el acuerdo entre el Gobierno de España, la Comunidad y las universidades públicas, un nuevo modelo de financiación del sistema universitario, que lo haga converger -en un plazo de 4 años- con la media de gasto de la Unión Europea y los países de la OCDE, lo que supone en torno al 1,3% del PIB. 

López Pagán indicó que este acuerdo tendrá que recoger una referencia de precios públicos de matrícula, para evitar las excesivas diferencias de precios existentes entre unas comunidades autónomas y otras.

Aprobado el decreto que regula las pruebas de aptitud para obtener la licencia de caza en la Región de Murcia

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, el decreto que regula las pruebas de aptitud para obtener la licencia de caza en la Región.

Este examen de cazador deberá ser superado por quienes quieran obtener la primera licencia de caza, así como las personas a las que se les haya retirado la que tenían por resolución administrativa o sentencia judicial firme.

Asimismo, la norma establece las convocatorias anuales, la composición del tribunal para el examen de cazador, los requisitos para presentarse a las pruebas, los temarios teórico y práctico, los cursos de formación y cómo se tienen que homologar las entidades que quieran impartir estos cursos.

El objetivo es lograr y consolidar una caza planificada y ética, la caza del siglo XXI, en la que la formación del cazador se considera necesaria para un uso sostenible de los recursos cinegéticos y ayuda a compatibilizar el resto de usos y usuarios de los espacios naturales y agrícolas.

Para lograrlo, la acción cinegética debe ser llevada a cabo por cazadores deportivos con suficiente formación para hacer un uso adecuado de los recursos, basada en el conocimiento de la legislación cinegética, de las especies cazables, de las modalidades de caza, ética del cazador y de las normas de seguridad en las cacerías y correcto manejo de las armas.

Para poder realizar el examen para la obtención de las diferentes modalidades de licencia de caza en la Región de Murcia habrá que tener al menos 14 años cumplidos, haber abonado las tasas del examen y no estar cumpliendo una sanción que inhabilite para la práctica de la caza.

El decreto establece que la Comunidad convocará al menos dos exámenes anuales para la acreditación de la aptitud para cazar, concretamente en abril y septiembre, ya que las convocatorias se deberían de realizar antes de comenzar la temporada de caza y antes de la temporada general de caza menor.

El decreto ha sido sometido a evaluación del Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial, Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

'Ahora Murcia': "Ballesta vuelve a engañar a los vecinos de La Paz"

MURCIA.- La Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo ha presentado a los grupos de la oposición el proyecto de intervención social en el barrio de La Paz. Según el concejal de Ahora Murcia Miguel Ángel Alzamora "este proyecto es propio de las prácticas políticas en materia social de los distintos gobiernos del Partido Popular en el municipio de Murcia. Es un cúmulo de acciones de muy poco impacto en la vida de los vecinos, sin indicadores claros sobre los resultados a conseguir y con una inversión económica ínfima".

Ahora Murcia asistió a la última reunión que se celebró en el barrio para presentar el trabajo que se estaba ya realizando de revisión técnica sobre los edificios del barrio: "Allí los concejales del Gobierno municipal pudieron escuchar las demandas sociales del barrio: viviendas muy deterioradas y con hacinamiento; problemas con las personas mayores solas y personas enfermas que viven en pisos muy altos sin ascensor; problemas muy graves de desempleo entre jóvenes y trabajadores pobres; abandono escolar temprano; entre otros", señala Alzamora.

Según Ahora Murcia, el "proyecto social" presentado es muy débil, e incide en dejar la grave situación que sufre gran parte de la población del barrio en el mismo lugar en el que ha estado todos estos años. En el proyecto no se plantean objetivos operativos que presenten resultados medibles y que puedan impactar en la vida de la gente. 

"Cuando se quiere mejorar la vida de la gente en un barrio como La Paz, hay que proyectar a largo, medio y corto plazo. En primer lugar, para lograr el ascenso social a largo plazo, por lo que hay que empezar a trabajar en serio con los menores, para que mejoren su rendimiento escolar. No se puede seguir con refuerzo escolar dos o tres días a la semana como hasta ahora, y de forma parcial, tiene que ser todos los días y con objetivos medibles".

De la misma forma, "hay que programar cada año con el objetivo de conseguir un número concreto de inserciones laborales de calidad y estables para jóvenes y otras poblaciones afectadas por el desempleo y el trabajo hiperprecario. Los problemas de ocupación de viviendas, las viviendas precarias y el hacinamiento intergeneracional hay que comenzar a abordarlos con políticas reales de vivienda social en el municipio, hoy inexistentes. Todo apoyado con un sistemas de ayudas serio y bien planificado. Esto son sólo algunos ejemplos de lo que venimos repitiendo una y otra vez desde Ahora Murcia en el Ayuntamiento", afirma Alzamora.

"Hoy mismo hemos comprobado cómo una familia a la que Servicios Sociales ha atendido después de un mes, para una ayuda de emergencia por una avería grave en los suministros básicos de su vivienda, le han dicho que si puede busque financiación por otro lado hasta que llegue la ayuda dentro de dos o tres meses", narra el concejal, que recuerda que Ahora Murcia llevó al Pleno del Ayuntamiento hace dos una moción para reorganizar y potenciar los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

El concejal Alzamora recuerda que "el barrio de La Paz es calificado como barrio vulnerable desde 2001 por el Ministerio de Fomento, considerándolo el barrio con los problemas más graves en materia de vivienda, algo que se ha denunciado reiteradamente y nada se ha hecho".

Por ello, afirma, "desde Ahora Murcia seguimos solicitando al Gobierno municipal del PP que se tome en serio la cuestión social de pésimas condiciones que sufren gran parte de los vecinos y las vecinas de La Paz, y planifique políticas sociales y de vivienda en el municipio con el objetivo claro de disminuir las desigualdades que les afectan y que son imprescindibles para mantener la cohesión social en el municipio".

La Comunidad Autónoma declara Bien de Interés cultural las Norias de Abarán

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Turismo y Cultura, la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de lugar de interés etnográfico, de las Norias de Abarán, situadas en las márgenes derecha e izquierda del río Segura, desde el Azud del Menjú en Cieza hasta el Puente de Hierro de Abarán.

El lugar etnográfico de las Norias de Abarán cumple con los criterios de singularidad, autenticidad, integridad, representatividad o valor simbólico sobre los que se basa la declaración BIC, ya que en apenas tres kilómetros se manifiestan los ejemplos más característicos del aprovechamiento del agua para el riego mediante los aparatos elevadores de agua y se puede considerar como un paisaje cultural del regadío tradicional e histórico en la Vega Alta de Segura.

La declaración incluye las cuatro norias (sus acueductos y balsas) que se conservan en la zona, entre las que destaca la Noria Grande de Abarán, una construcción de madera (excepto el eje y los platos metálicos) realizada en los primeros años del siglo XIX y reconstruida en 1951. Se trata de uno de los aparatos de mayor diámetro que se conservan en la actualidad, con casi 12 metros de altura, 64 palas y 128 cangilones.

La noria de la Hoya de Don García es una construcción también de madera de la que se tienen las primeras noticias en 1818 y que fue sustituida en 1901; la más pequeña es la de la Ñorica y el conjunto se completa con la de Candelón. Ambas son metálicas.

Se incluyen, asimismo, otros bienes vinculados como el Azud de El Menjú, la acequia principal de AbaránMayor de Blanca, la Acequia de La Charrara, la Central Hidroeléctrica de El Menjú, los muros de 'piedra seca' llamados 'hormas', el partidor y acueducto de la zona de Las Canales, el lavadero y el Molino del Parque o Molino de las Pilas. 

Unos bienes a los que hay que sumar un patrimonio inmaterial de gran riqueza que comprende los usos, conocimientos y técnicas que se han ido generando y transmitiendo a lo largo de los siglos.

La Asamblea solicita unificar los servicios funerarios entre CC AA para evitar a las familias esperas dolorosas de 24 h.

CARTAGENA.- La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional, ha aprobado por unanimidad, una moción defendida por la diputada regional, Adoración Molina, en la que se solicita al Gobierno de España que promueva una acuerdo con las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el fin de homogeneizar los criterios de la prestación de los servicios funerarios en el ámbito de la sanidad.

La diputada del PP, Adoración Molina, ha expuesto los problemas que ocasiona que exista distinta normativa entre las comunidades , el traslado de fallecidos entre regiones ocasiona múltiples problemas dada las diferentes regulaciones en cuanto a autorizaciones, plazos y distintos trámites. 

Y ha añadido que en algunas comunidades no permiten el traslado hasta que no transcurren 24 horas desde el fallecimiento, lo que origina dolorosas esperas a los familiares.

Molina ha explicado que la prestación de los servicios funerarios se rige por un Decreto del año 1974, es una normativa antigua desarrollada a través de un reglamento propio por algunas comunidades autónomas. 

La asimetría legal es lo que la diputada regional considera necesario corregir, de tal manera que exista en todo el territorio nacional una normativa única que regule la prestación de los servicios sanitarios en lo que se refiere a sanidad mortuoria.

La Comisión ha acordado solicitar al Gobierno de la Nación una rebaja del IVA para los servicios prestados por las funerarias y los servicios de cremación, de tal manera que estén sujetos al tipo reducido.

'Ahora Murcia': "Ballesta está desaparecido frente al caos existente en torno a las obras del AVE"

MURCIA.- Ahora Murcia denuncia que el alcalde Ballesta "lleva meses totalmente desaparecido frente al caos existente en torno a las obras del AVE: la desinformación de los vecinos de la zona Sur del municipio, la construcción de la pasarela, el cierre de pasos a nivel., y también respecto al permanente deterioro de los trenes cercanías". 

La concejala Angeles Micol se ha referido en estos términos en la rueda de prensa ofrecida hoy en las vías de Santiago el Mayor junto a diputados regionales de Podemos y a ediles del cambio en otros ayuntamientos de la Región. Todos ellos han puesto de relieve la apuesta del PP para que el AVE llegue a la Región "como sea con tal de que sea antes de las elecciones de 2019", y han hablado también del lamentable estado del transporte en cercanías en nuestra Región.

Micol ha afirmado que "el PP hace dejación de los servicios públicos con el objetivo de que se vayan deteriorando, y eso es justamente lo que ha venido sucediendo con los cercanías, que se encuentran en un estado indigno". 

Para la concejala, "el PP está desmantelando los trenes de cercanías para primar el AVE, que encima va a llegar en superficie, por no esperar un tiempo con la estación provisional en Beniel".

La edil critica que "esta ansiedad que le ha entrado al PP por traer el AVE como sea va a ocasionar que se parta el municipio en dos, con el consiguiente desastre para la población que vive en la zona Sur, más de 60 mil vecinos". 

Así, "muchos de estos vecinos van a tener como único paso peatonal la pasarela de Santiago el Mayor, con la única opción alternativa de desplazarse largas distancias".

"El Gobierno del PP no ha realizado un plan de movilidad para las molestias causadas por las obras del AVE", afirma. 

"No ha tenido en cuenta a una parte importante de la población del municipio a la hora de tomar decisiones, y todo por hacerse una foto con la llegada del AVE". 

Además de este gravísimo problema, "ahora asistimos al cierre del paso a nivel de Senda de los Garres, con una falta total de previsión y sin un plan de movilidad que dé solución a los miles de vecinos afectados".

Para Micol, "estamos ante un auténtico desastre, que será recordado durante mucho tiempo en nuestro municipio y que va a tener efectos muy graves en la ordenación del territorio. Y

mientras tanto, el alcalde Ballesta, está desaparecido cuando debería estar en las vías defendiendo a los vecinos e informándoles de los planes de Adif y el Ministerio para el municipio. Ballesta, de una manera irresponsable, ha preferido desaparecer y hacer dejación de sus funciones".

"Por todo esto", adelanta, "desde Ahora Murcia y Podemos estaremos apoyando la manifestación del 30 de mayo, convocada por Renfe y Adif, por el mal estado de las líneas de cercanías y media distancia. Estaremos como siempre con los vecinos de los barrios del Sur afectados por este desastre que es la llegada en superficie del AVE y exigiendo inversiones en los trenes de cercanías, que son el modo de transporte diario de miles de ciudadanos".

Reunión en Cieza de todos los alcaldes socialistas afectados por el 'fracking' para hacer un frente común

CIEZA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Joaquín López, asegura que los colectivos de agricultores y cooperativas, así como los ecologistas se están pronunciando en su totalidad en contra del fracking por los perjuicios que produciría en nuestra tierra.

A la reunión que tuvo lugar en Cieza, asistieron los alcaldes de Calasparra, Caravaca, Moratalla, Bullas, Mula, así como los diputados regionales responsables en la materia González Tovar, Martínez Baños y Navarro, liderados por el portavoz del grupo en Cartagena y vicesecretario regional del PSRM, Joaquín López.

Con motivo algunos de los intereses de nuestro municipio, como la agricultura y la protección de nuestro entorno el alcalde de Cieza, Pascual Lucas, convocó una reunión sobre el camino a trazar para impedir que nuestra agricultura y nuestros parajes se vean dañados por el fracking. 

"Tenemos la obligación de presentar y liderar una proposición de ley que no provoque la declaración de inconstitucionalidad del TC. Con el fracking, la contaminación de nuestros acuíferos está garantizada y, ¿qué harían nuestros agricultores en épocas de sequía? Acuñaba Lucas en su intervención.

Por otro lado, Joaquín López, apostillaba y reconocía el respaldo por unanimidad a la declaración de la Región de Murcia Libre de Fracking propuesta por el PSRM en consonancia con colectivos ecologistas. 

Aun así, señalaba: "Consideramos que esta práctica tiene muchos perjuicios y, por eso vamos a seguir presentando iniciativas en la Asamblea Regional y encabezaremos un frente serio con los alcaldes y con todo el PSOE porque no nos fiamos del Gobierno regional. En el Ministerio se siguen dando cabida a este tipo de iniciativas y tenemos que garantizar que ningún proyecto se lleve a cabo en nuestra Región".

En torno a esto, hemos de declarar la existencia de un rechazo social mayoritario a esta práctica. Sectores que en ocasiones no han ido de la mano, se han unido entorno a unos objetivos comunes, intentando que el cuidado de nuestra Región esté garantizado por todas las instituciones.

Finalmente, destacar el trabajo realizado en el Congreso de los Diputados donde se han presentado distintas iniciativas que acotan el fracking e impiden su expansión por el territorio nacional y regional. 

A partir de este momento el Partido Socialista de la Región de Murcia, con sus alcaldes al frente, están reformando una propuesta de ley regional para que no incurra en recurso de inconstitucionalidad por las competencias de cada administración. Así como buscando apoyos en el resto de grupos parlamentarios, tratando de hacer realidad la demanda de gran parte de nuestra sociedad.

C's dice al alcalde de Murcia que se tome en serio su enfrentamiento con algunos empresarios de la hostelería

MURCIA.- El grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia ha pedido al alcalde José Ballesta (PP) que “asuma su responsabilidad y se tome en serio su enfrentamiento con un sector de los empresarios de la hostelería en el municipio”.

La formación naranja ha insistido en la necesidad de abordar el tema del  ocio nocturno separando los locales con música de cafeterías, bares o restaurantes que no tienen, así como la ocupación de la vía pública, su distribución y modelo de mesas, sillas, toldos, entre otras cuestiones.

Tras el paro de la hostelería –ha señalado Mario Gómez-  seguimos sin tener noticias de posibles avances con los sectores  y colectivos implicados. “Es necesario ofrecer seguridad jurídica para unos y garantizar el bienestar de los vecinos, tanto a nivel individual como colectivo, buscando el equilibrio y la convivencia del espacio público”.

Según el estudio elaborado por un grupo de expertos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y en el que se ha analizado la evolución del municipio desde el año 2001 considera como poco o nada problemático para los murcianos el ruido producido por el ocio nocturno, “lo que evidencia”, ha destacado el portavoz naranja, “que hay que poner en marcha actuaciones localizadas y puntuales desechando las iniciativas generales”.

Por ello, ha puntualizado, “entendemos que el PP está generando un problema global donde no lo hay, sino la existencia de focos más problemáticos que están localizados y son reducidos, incluso alguno fuera de las zonas de protección acústica que contiene el falso mapa de ruido elaborado por el Gobierno local”.

En este sentido, Gómez ha pedido al PP que tenga en consideración el estudio elaborado por la UPCT y reconsidere su propuesta genérica “para elaborar una ordenanza que contemple y refleje las singularidades de cada local, situación geográfica, actividad, superficie del local y espacio público al que afecta”.

C's-Calasparra exige al alcalde socialista que acate la sentencia judicial que le obliga a hacer públicas las cuentas de la Comisión Taurina

CALASPARRA.-  Ciudadanos Calasparra ha vuelto hoy a exigir al alcalde, el socialista José Vélez, que “acate las sentencias judiciales y entregue de una vez las cuentas de la Comisión Taurina correspondientes a los ejercicios de 2013 y 2014”, después de que la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo rechazara el recurso del primer edil. 

El portavoz local naranja, Jesús Alajarín, ha añadido que “el alcalde perdió en su día el juicio y ahora también el recurso a la sentencia, por lo que solamente le queda cumplir con la Justicia. Esta resistencia a someterse al dictado de los jueces no es nueva, y solo alimenta más las sospechas de que en las cuentas no está todo claro. Le pedimos al alcalde que cumpla la ley y acate las sentencias, que dé ejemplo a todos los calasparreños, a los que no se les ocurre estar cuatro meses sin cumplir con una sentencia”. 

Alajarín ha informado además de que Cs ha solicitado al juzgado una ejecución de la sentencia “ante la pasividad del Ayuntamiento”.

La sentencia que queda ahora por ejecutar indica en sus hechos probados que el alcalde vulneró la ley 7/85 en su artículo 69, el artículo 230 de la ROF, la ley 30/92 e incluso el artículo 105.b de la Constitución Española. 

Para Alajarín es evidente que “ha sido un intento claro por no dejarnos fiscalizar las cuentas de una comisión taurina que manejó el propio Ayuntamiento, y que se saldó con unas pérdidas, según señaló el propio consistorio de 30.000 euros. Unas cuentas que al parecer no tienen expediente como tal”.

La formación naranja sospecha que las cuentas de las comisiones de los años 2013 y 2014, que están sin fiscalizar, puedan esconder alguna actuación no ajustada a derecho o al procedimiento administrativo. 

Alajarín ha recordado que “varios toreros denunciaron públicamente haber cobrado por debajo de lo que estipulaba en convenio colectivo. Nosotros no sabemos si esto es así o no, pero nuestra intención es, entre otras cosas, comprobarlo”.

Los hechos se remontan a 2014 cuando un vecino de la localidad y posteriormente concejal de la formación Ciudadanos solicitó hasta en cuatro ocasiones se le permitiese acceder a la documentación de la comisión taurina de ambos años. 

La respuesta a estas solicitudes por parte del alcalde socialista José Vélez fue que “la documentación está archivada y no existen medios en el Ayuntamiento para volver a recopilarla”. 

Además, el alcalde añadía que dicha documentación “estuvo expuesta en octubre del 2014 y Ud. no se interesó por las citadas cuentas, aunque sí lo hicieron otros ciudadanos de nuestro municipio”.

La sentencia del juzgado señala que en ningún momento el Ayuntamiento indica donde estuvo dicha documentación a disposición de los ciudadanos y queda claro y demostrado que dicha comisión fue auspiciada por el Ayuntamiento, haciéndose cargo del pago de facturas e impuestos y de los cobros correspondientes a los festejos organizados.

“Ante esta sentencia y el posterior recurso perdido por el alcalde ya no cabe esperar más, y ya estamos tardando mucho en conocer la realidad de la gestión del equipo de Gobierno en esta comisión taurina que, según el propio alcalde, costó a las arcas municipales 30.000 euros de dinero público. Es muy triste que para poder fiscalizar al gobierno haya que estar tres años esperando, primero la sentencia, después un recurso y que encima tengamos que pedir al juzgado el cumplimiento de la sentencia”, ha lamentado Alajarín.

Duro dictamen de la Comisión Europea por la captura de fringílidos en la Región, según 'Anse'

CARTAGENA.- La Comisión Europea ha remitido recientemente un duro dictamen motivado contra diversas Comunidades Autónomas, entre las que se encuentra la Región de Murcia, por la captura de fringílidos, concluyendo que se ha incumplido la Directiva Aves y dando un plazo de dos meses para la adopción de medidas.

El caso de la Región de Murcia resulta particularmente grave ya que la Asamblea Regional se posicionó contra esta práctica, pero el requerimiento fue desoído por el Administración Regional que permitió la captura pese al recurso de alzada interpuesto por ANSE que fue rechazado.

No hay dudas para la Comisión Europea: 9 comunidades autónomas (Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja y Madrid) y las dos ciudades autónomas han incumplido las obligaciones derivadas de los artículos 5 (protección general de las aves), 8 (captura masiva, uso de redes) y 9 (régimen de excepciones) de la Directiva Aves.

Las autoridades comunitarias llegan a dicha conclusión tras analizar 87 hechos en un dictamen de 64 páginas donde se recogen las sucesivas advertencias y peticiones de información que se han realizado desde Bruselas a las diferentes Comunidades Autónomas y que no han conseguido paralizar, como pedían las organizaciones conservacionistas desde 2003 , la captura de aves silvestres para destinarlas a la cautividad.

En el caso concreto de la Región de Murcia, el dictamen de la Comisión recoge que si bien la captura de fringílidos estaba destinada supuestamente al desarrollo de la cría en cautividad, la autoridades de la Región de Murcia no han sido capaces de determinar el stock cautivo y por tanto no han justificado la necesidad de nuevas capturas considerando que en 2015 había más de 20.000 ejemplares en cautividad, pero se tienen intención de prorrogar las capturas hasta 2018. 

Igualmente, la Comisión Europea recoge la declaración de la Administración Regional que indica que los silvestristas no han puesto suficiente empeño en desarrollar la cría en cautividad. Igualmente, se destaca que el periodo de captura coincide parcialmente con el periodo de reproducción del jilguero.

Las advertencias de la Comisión Europea respecto a la Región de Murcia resultan particularmente preocupantes, pues la Administración Regional autorizó las capturas de fringílidos desoyendo la Moción aprobada en la Asamblea que exigía el cese inmediato de las capturas y rechazando el recurso de alzada que interpuso ANSE. Ahora el dictamen de la Comisión Europea da la razón a ANSE e indica un claro incumplimiento de la Directiva Aves por parte de las autoridades de la Región de Murcia.

Por todo lo anterior, ANSE lamenta que la Administración regional se deje doblegar por el sector cinegético en lugar de velar por la obligatoria conservación de las aves silvestres. Además, la Asociación recuerda que en caso de sanción esta deberá ser asumida con fondos públicos.

El Congreso aprueba los Presupuestos de Rajoy con el apoyo del PNV

MADRID.- El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, los segundos del Gobierno de Mariano Rajoy en minoría y con el mismo respaldo que en 2017: PP y sus socios electorales de UPN y Foro, más Ciudadanos, los canarios de Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC), y también el PNV, pese a seguir en vigor el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Durante las votaciones decisivas, el resultado más repetido ha sido 176 votos a favor frente a 171 en contra, de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y EH-Bildu. Entre los votos del 'no' había tres ausencias (dos diputadas de Unidos Podemos y otra del PSOE).

Al concluir la última votación, todo el Grupo Popular se ha puesto en pie para aplaudir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha saludado al presidente Mariano Rajoy y se ha abrazado con la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría. Una secuencia que ha precedido una serie de 'selfies' y fotografías de los diputados del PP con los ministros.

El PNV, a última hora

Pese a sus reticencias iniciales a negociar y apoyar los Presupuestos por la situación en Cataluña, lo que retrasó la tramitación de los Presupuestos, al final el PNV acabó negociando el proyecto con el Gobierno y este miércoles ha ratificado su voto a favor.

Según ha dicho el partido nacionalista, votar a favor de los Presupuestos estando en vigor el 155 no ha sido una decisión fácil y s e ha tomado "por responsabilidad" y porque, a su juicio, contribuirá a levantar la intervención del Estado en Cataluña.

Todo ello después de haberse cobrado la mayor enmienda de todas las introducidas en los Presupuestos: la subida de pensiones al 1,6% para 2019 y 2020, el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56% este año y al 60% el siguiente y el retraso del factor de sostenibilidad, previsto para 2019, hasta 2023.

En total, el  proyecto de Presupuestos sale del Congreso en dirección al Senado con 329 enmiendas incorporadas, todas ellas con el beneplácito o el acuerdo del PP salvo una enmienda pactada por UPN con la oposición, y apoyada por Ciudadanos, para habilitar primas más generosas a la generación de energía renovable por parte de pequeños productores.

Violencia de género, justicia y policía local

Otras enmiendas han encontrado el apoyo de todas las fuerzas políticas, como el aumento en 120 millones de euros contra la violencia de género, 100 millones para las administraciones autonómicas y 20 millones para las entidades locales, en conformidad a lo acordado por los grupos en el Pacto de Estado. 

También ha encontrado apoyo de los principales grupos de la Cámara la enmienda dedicada a facilitar la prejubilación de policías locales, al definir un tipo adicional de cotización del 10,6% --se aplicará una vez el Gobierno desarrolle el reglamento sobre el coeficiente reductor a la edad de jubilación para este colectivo-- y otra con 2 millones adicionales para impulsar la modernización del sistema pública de Justicia.

Acuerdos con PSOE, Podemos y hasta con PDeCAT

De todas las enmiendas aprobadas, la gran mayoría, 257, fueron incorporadas en la Comisión de Presupuestos, todas ellas del PP y de los grupos que apoyan las cuentas del Gobierno. Ya en el Pleno, el proyecto ha sumado otras 72 enmiendas, incluidas algunas pactadas del PP con otros grupos, como el PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT o Compromís.

Con el PSOE, el Gobierno ha pactado incorporar en el articulado de la ley una disposición para eximir del límite de reposición las plazas fijas de empleo público para reservistas de especial disponibilidad y militares en sus últimos diez años. 

Con Unidos Podemos, los acuerdos alcanzados contemplan 100.000 euros para investigar los perfiles genéticos de los bebés robados (a raíz de una propuesta de Compromís) y permitir una utilización más flexible de las cinco semanas de paternidad por los empleados públicos.

Rebajas fiscales e IVA reducido en dependencia

Por otro lado, la enmienda que el PDeCAT ha conseguido pactar con el PP para los Presupuestos pasa por tributar al tipo reducido del 4% del IVA todo servicio a la dependencia que cuente con, al menos, el 10% de financiación pública. 

Antes, en la Comisión de Presupuestos, el PP pactó con Ciudadanos distintas rebajas fiscales, como elevar a 10.000 euros el mínimo exento a tributar de los premios de Lotería, deducciones a la compra de acciones de empresas de nueva creación y que la Agencia Tributaria pueda revisar pérdidas contables de empresas que busquen convertir créditos fiscales. 

Asimismo, también han comprometido que en todas convocatorias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se incluyan becas específicas para estudiantes con necesidades especiales a partir del curso en 2019-2020, un complemento mensual de 250 euros para los examinadores de Tráfico.

Más inversión en Navarra, Asturias y Canarias

Las enmiendas pactadas con UPN han supusieron movilizar unos 50 millones de los Presupuestos, principalmente dedicados a inversiones de carreteras, la cuenca hidrográfica del Ebro, e instalaciones deportivas, mientras que Foro ha llevado a las cuentas 20 millones en ayudas a las centrales térmicas para reducir emisiones, más ayudas a la reconversión industrial y reactivación de las cuencas mineras. En total, más de 60 millones, según aseguran desde esta formación. 

Por su parte, con Coalición Canaria el PP ha pactado las condiciones por las que las comunidades pueden gastar el remanente de sus superávit, con un límite de inversiones de hasta 25 millones, a partir del cual estas administraciones deberán contar con la autorización de Hacienda. 

Tanto Nueva Canarias y Coalición Canaria han pactado con el PP que Energía pueda aumentar las retribuciones a aquellas instalaciones eléctricas que aumenten su capacidad. Además, con el diputado de NC, Pedro Quevedo, el Gobierno ha pactado bonificaciones al 75% del transporte interpeninsular, con vigencia indefinida, y extendida también a Baleares, Ceuta y Melilla.

La UCO registra el despacho de Zaplana en Telefónica

MADRID.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han trasladado a primera hora de la tarde de este miércoles al expresidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana a su despacho en la sede de Telefónica de la calle Gran Vía para practicar el último de los registros que se han llevado a cabo durante la jornada en la capital, según han informado fuentes de la investigación.

Los agentes no han registrado su vivienda de la calle Zurbarán al encontrarse en obras. Numerosos medios de comunicación estaban concentrados a las puertas de la vivienda del exministro, donde supuestamente se iba a efectuar un registro en presencia de Zaplana, pero un agente les ha comunicado a los informadores que no se realizaría porque la casa estaba en obras.

Tras la detención de Zaplana el martes poco después de las ocho de la mañana cuando salía de su casa en Valencia, que también fue registrada junto a otra propiedad en Benidorm, Telefónica anunció que había suspendido "con carácter inmediato" la relación laboral que mantenía con el exministro.

Según las citadas fuentes, la UCO ha practicado este miércoles en Madrid varios registros y el de su despacho en Telefónica será el último antes de que Zaplana vuelva a la Comandancia de Valencia, donde quedará a la espera de pasar a disposición del Juzgado que instruye la causa en la que han sido detenidas otras seis personas de su círculo más próximo.

Zaplana ha pasado la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en València después de que durante toda la jornada se efectuasen registros tanto en su domicilio de la capital valenciana como en Benidorm, ciudad en la que fue alcalde.

La Fiscalía Anticorrupción y la UCO rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana.

Montoro subirá el tipo que cobra a las autonomías para 'echarlas' del FLA

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública elevará el interés de los préstamos del FLA para situarlos al mismo nivel que los del mercado, y propiciar así que las autonomías abandonen progresivamente este mecanismo y logren, de nuevo, financiarse por sí mismas.

Así consta en el documento de conclusiones del Comité Técnico del Consejo de Política Fiscal en torno al debate de la financiación autonómica, que el ministro Cristóbal Montoro ha remitido a los gobiernos regionales y al que ha tenido acceso El Economista.

El citado informe, de 55 páginas, asegura que el Gobierno y las autonomías estarían de acuerdo con "la conveniencia de reducir los mecanismos -como el FLA- de manera sustancial", de modo que su utilización "sea cada vez más extraordinaria" y motivada solo por cuestiones "muy graves". 

Además, el texto incluye la recomendación de "adaptar las condiciones financieras" que ofrecen los citados mecanismos "a las actuales condiciones de mercado", esto es, elevar los intereses. Todo ello "aprovechando el entorno favorable y los bajos tipos para alargar los plazos de endeudamiento".

En esa consideración, no se oculta la intención última de "incentivar la salida a los mercados de las comunidades autónomas" después de un sexenio de anormalidad. Fue en 2012 cuando Montoro, con el grifo de la financiación casi cerrado para España y muerto para las autonomías, ideó el FLA y la Facilidad Financiera para que los gobiernos regionales pudieran pagar facturas y atender vencimientos sin incurrir en quiebra. 

Desde entonces, esos fondos han dejado en las arcas regionales casi 250.000 millones de euros, el equivalente al 23% del PIB español. De esa cantidad, las autonomías deben devolver aún 157.000 millones.

De cualquier manera, la reforma de la financiación autonómica que pretende pactar Hacienda incluirá la creación de un nuevo fondo de financiación extraordinario que "permita atender posibles situaciones excepcionales" y que solo sea utilizado en caso de "una verdadera necesidad de liquidez". 

Una idea que, además, ya aconsejaron el verano pasado los sabios que recibieron el encargo de diseñar un marco para la nueva financiación autonómica.

Por último, y respecto a la famosa quita de la deuda a la que habitualmente se refiere Montoro, el informe del Comité Técnico advierte sobre "la conveniencia de acometer una reestructuración transparente", siempre a través de la ampliación de plazos o la modificación de tipos de interés, como sucedió con Grecia. No habrá, en ningún caso, perdón del principal.

El documento que Montoro ha remitido a las comunidades debe servir de base para que, ahora sí, se produzca una reunión del Consejo de Política Fiscal y se aborde de una vez la revisión del modelo, pendiente desde 2014. Ese encuentro debería tener lugar, tal y como sugirió el presidente Mariano Rajoy, entre finales de este mes y principios del próximo.

El informe que maneja el Gobierno también repasa la capacidad tributaria de las CCAA y el conjunto de recursos tributarios cedidos por parte del Estado. Hay una predisposición por parte de Hacienda de una armonización del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Actividades de Juego y el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito (IDEC). 

Las CCAA reciben ya en la actualidad los rendimientos generados en su territorio de los tres impuestos mencionados, pero no a través del Sistema, sino al margen de él. El departamento de Montoro aboga por integrarlo de una vez en el sistema.

La posición mayoritaria de las CCAA sobre el IP ha sido la de mantener el impuesto, apostando por la homogeneización de su base imponible y la simplificación de algunas exenciones y deducciones y bonificaciones de la cuota, así como por el establecimiento de niveles mínimos de tributación que eviten deslocalizaciones fraudulentas.

En el ITPAJD, las CCAA, también, defienden la necesidad de modificar la regulación de la base imponible sustituyendo el concepto de valor real por valores objetivos que minimicen la conflictividad. 

En ocasiones se plantea también introducir como nuevo medio de comprobación de valores el valor de referencia determinado por la Dirección General del Catastro. Y en el ISD las CCAA quieren mantenerlo pero apelan a la necesidad de revisar y actualizar su normativa. "No obstante, no existe consenso en relación con algunos aspectos técnicos, como la posibilidad de mantener el impuesto estructurado en base a una tarifa progresiva o bien establecer tipos fijos en función del grado de parentesco o sobre la supresión o modificación de reducciones, entre otros", indica Hacienda en el documento.

Otras de las pretensiones de las CCAA son obtener mayor participación en los tres grandes impuestos del Estado como IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Hasta ahora parte de ellos están transferidos. Hacienda se opone a la modificación de estos tributos y alude a que no hay consenso al respecto. 

Además, señala en cuanto a la posibilidad de instrumentar un tramo colegiado en el IVA o los Impuestos Especiales, "muchas CCAA han puesto de manifiesto en el CTPE las dificultades de su implementación, tales como que el nivel existente de tipos de IVA podría considerarse ya elevado o el hecho de que un instrumento de estas características podría generar competencia fiscal entre las CCAA y el Estado para anticiparse en la ocupación de un determinado espacio fiscal".

También rechaza el posible aumento de cesión del IRPF como propuesta alternativa a los impuestos colegiados "porque alteraría la capacidad redistributiva de la Administración central, por lo que se considera que no procede una modificación de esta cesión".

Fomento impulsa con obras por 2.100 millones el Corredor Mediterráneo

MADRID.- El Ministerio de Fomento dará un impulso decisivo al Corredor Mediterráneo en los próximos meses con la licitación de contratos por un volumen total de más de 2.097 millones de euros en los próximos meses. La inversión total de este proyecto se estima en alrededor de 23.000 millones. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 contemplan una inversión de 923 millones, un 23,4% más que en 2017, según recoge hoy El Economista.

Hasta la fecha, la ejecución del proyecto "supera los 14.000 millones", según señaló a este diario Juan Barios, coordinador para el Corredor Mediterráneo del Ministerio de Fomento, tras participar en una jornada del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Esto representa un grado de avance "cercano al 70%", agregó. Un nivel que se eleva por encima del 90% en el caso de Cataluña y que rebasa el 60% en los de la Comunidad Valenciana y Murcia. Precisamente, serán estas dos Autonomías junto con Andalucía las que acapararán el grueso de las próximas licitaciones programadas.

Adif sacará a concurso en 2018 y principios de 2019 un total de 17 contratos del Corredor Mediterráneo. De ellos, 15 ya están definidos, con un presupuesto conjunto de 2.097 millones. En los otros dos, el acceso al Puerto de Castellón y el Cambiador La Boella-Vandellós, el Ministerio aún tiene que culminar los proyectos de redacción y fijar su volumen de inversión.

El Ministerio de Fomento dará un impulso decisivo al Corredor Mediterráneo en los próximos meses con la licitación de contratos por un volumen total de más de 2.097 millones de euros en los próximos meses. La inversión total de este proyecto se estima en alrededor de 23.000 millones. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 contemplan una inversión de 923 millones, un 23,4% más que en 2017.

Hasta la fecha, la ejecución del proyecto "supera los 14.000 millones", según señaló a este diario Juan Barios, coordinador para el Corredor Mediterráneo del Ministerio de Fomento, tras participar en una jornada del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Esto representa un grado de avance "cercano al 70%", agregó. 

Un nivel que se eleva por encima del 90% en el caso de Cataluña y que rebasa el 60% en los de la Comunidad Valenciana y Murcia. Precisamente, serán estas dos Autonomías junto con Andalucía las que acapararán el grueso de las próximas licitaciones programadas.

Adif sacará a concurso en 2018 y principios de 2019 un total de 17 contratos del Corredor Mediterráneo. De ellos, 15 ya están definidos, con un presupuesto conjunto de 2.097 millones. En los otros dos, el acceso al Puerto de Castellón y el Cambiador La Boella-Vandellós, el Ministerio aún tiene que culminar los proyectos de redacción y fijar su volumen de inversión.

El PP sabe que en el ‘caso Zaplana’ aparece Alejandro Agag

MADRID.- La operación protagonizada este martes por la UCO contra empresarios y ex cargos del PP, con la detención de Eduardo Zaplana, tuvo respuesta inmediata por parte de Génova 13: suspendió de militancia al ex presidente de la Generalitat Valenciana. La noticia, no obstante, no pilló por sorpresa a importantes dirigentes del partido.

Según explican a El Confidencial Digital desde el PP de la Comunidad Valenciana, altos cargos del partido habían sido advertidos hace semanas de la operación contra Zaplana. Un aviso que también llegó a la ejecutiva nacional, donde se esperaba desde hace tiempo una decisión así por parte de la Justicia.

Las fuentes consultadas explican: “Ya sabíamos que la UCO iba detrás de Zaplana desde que reingresó en España dinero que había enviado a paraísos fiscales”.

No obstante, el “run run” sobre una posible detención se hizo más intenso en los últimos días, hasta que finalmente “todo ha explotado”.

Por eso no se ha atacado a PSOE y Compromís

El PP, por tanto, maneja información de primera mano sobre las pesquisas de la Guardia Civil, tal y como reconocen a ECD algunos de sus dirigentes. Una circunstancia que ha sido clave en la decisión del partido de no ir a por PSOE y Compromís pese a la investigación abierta en Valencia por la financiación ilegal de ambos partidos.

Los populares valencianos reconocen que, en un primer momento, se barajó la opción de impulsar una comisión de investigación en las Cortes Valencianas, con el objetivo de desgastar al gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra. No obstante, añaden, “nunca se dio el paso definitivo” y pocos entendían el porqué.

La razón, “obviamente”, no era otra que el “aviso de lo que podía pasar” en próximas fechas con Eduardo Zaplana. “Nos llegó el aviso. Y lo peor es que esto no ha acabado todavía, según lo que nos dicen”.

Alejandro Agag y el circuito de Fórmula 1

La información que le ha llegado al PP es tan “delicada”, que en el partido se preparan para una “investigación global”, en la que el ‘caso Zaplana’ sea solo la punta del iceberg: “Todo está relacionado. Con la Gürtel y también con la Púnica, porque los empresarios son los mismos”.

Así las cosas, y a pesar de que las investigaciones al ex presidente valenciano se están centrando en las concesiones de las ITV durante su etapa al frente del Consell, la línea de actuación de la UCO no ha concluido: “Todo se va a revisar. Desde las irregularidades durante la visita del Papa en 2006, hasta las obras del circuito de Fórmula 1”.

Sobre la construcción del circuito urbano, la información que maneja el Partido Popular es que los investigadores poseen documentación, y también declaraciones de empresarios procesados, en los que aparece el nombre de Alejandro Agag.

Al partido le llega que el yerno de José María Aznar, marido de Ana Aznar, aparece en “papeles”sobre las obras que se hicieron en Marina Real -próxima al puerto de Valencia- para el circuito urbano de Fórmula 1.

La información de la que dispone el PP indica que ni el juez ni la Guardia Civil tienen prevista de momento ninguna acción contra Alejandro Agag. No obstante, añaden las fuentes consultadas, “no hay que descartar que alguno de los detenidos este martes mencione su nombre cuando pasen a disposición judicial”.

Peligro para la actual cúpula del PP

En el PP dan por sentado que las detenciones de ayer no solo reabrirán viejas investigaciones sobre el circuito de Fórmula 1, sino también sobre el rescate a Valmor, la sociedad mercantil que poseía los derechos del trazado urbano, y que estaba gestionada por Bancaja, Jorge Martínez Aspar y Fernando Roig.

Cabe recordar que la Generalitat Valenciana, con Alberto Fabra al frente, decidió asumir en 2011 la deuda de más de 32 millones de euros, y que el PSOE decidió llevar esa operación, llena de interrogantes, ante la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora, señalan las fuentes consultadas, ese episodio se volverá a reabrir y supondrá un duro varapalo para algunos integrantes de la cúpula del PP a nivel regional. Entre otros, la actual presidenta del partido, Isabel Bonig, y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues, que respaldaron, desde sus puestos en el Consell, la decisión de Fabra.